La hoja de ruta de la ultraderecha para edificar un ICE europeo

Paramilitares con las caras tapadas, fuertemente armados, recorriendo las calles en busca de cualquier persona cuyos rasgos sugieran un origen diferente al europeo. Estas patrullas a la caza de seres humanos, estética y funcionalmente muy parecidas a las SA nazis —los camisas pardas de la Alemania de entreguerras—, que asociamos con los Estados Unidos de Trump, pueden convertirse a medio plazo en una realidad en Europa. Solo hace falta que los partidos de extrema derecha consigan hacerla realidad con la ayuda de la derecha tradicional, cada vez más dispuesta a asumir como propias las propuestas de sus hermanos radicales.

La fascinación de los ultras europeos por la agencia federal estadounidense, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas –ICE, por sus siglas en inglés–, es evidente. Creado en 2003 bajo el paraguas del Departamento de Seguridad Nacional tras los atentados del 11S, el ICE opera en el interior del territorio norteamericano con una lógica que lo distingue radicalmente de cualquier cuerpo de control fronterizo convencional.

No vigila las fronteras: las interioriza. Busca, localiza y expulsa a personas que ya viven, trabajan y en muchos casos han formado familias dentro del país. Ese modelo —esa filosofía operativa de la “extracción interna”— es hoy la plantilla que los movimientos de extrema derecha europeos están trasladando con entusiasmo a sus programas y adaptando a sus respectivos contextos nacionales.

Lo que durante años fue considerado retórica incendiaria instalada en los márgenes del espectro político ha devenido, en un lapso de tiempo sorprendentemente breve, en propuestas legislativas concretas. En el Reino Unido, en Alemania, en Italia, en España. Y, crucialmente, en las propias instituciones de la Unión Europea.

El trasvase del modelo ICE al vocabulario político europeo no es casual ni espontáneo. Tiene fechas, nombres y eventos. En mayo de 2025, Milán acogió la llamada Cumbre de la Remigración, un encuentro transnacional donde representantes de partidos ultras de varios países europeos pusieron en común estrategias y marcos conceptuales.

“Remigración”

El término "remigración" —entendido no como flujo natural de población, sino como programa político de expulsión masiva e ingeniería demográfica— pasó en ese encuentro de ser un concepto tabú a convertirse en punto de partida de un programa de gobierno.

La admiración que estos sectores profesan al ICE trasciende lo meramente operativo. En las fuentes y documentos que alimentan estas propuestas aparecen de forma recurrente referencias a la “virilidad” y la “eficiencia administrativa” de las tácticas desplegadas por la agencia estadounidense bajo la Administración Trump. Es una retórica que apunta a una concepción del Estado como instrumento de expulsión, una máquina capaz de actuar con rapidez precisamente porque ha liberado sus engranajes de lo que estos actores denominan “obstáculos judiciales”.

En el Reino Unido, Kemi Badenoch y el Partido Conservador han traducido esa admiración en cifras y estructuras concretas. Su propuesta contempla la creación de una removals force —una fuerza de expulsión— dotada con 1.600 millones de libras y con el objetivo declarado de deportar 150.000 personas al año.

Un plan que va más lejos que cualquier cosa vista hasta ahora en Europa occidental: incluye el uso de reconocimiento facial sin previo aviso en espacios públicos para identificar a candidatos a la expulsión, y, en su apuesta más rupturista, propone la abolición de los tribunales de inmigración, transfiriendo el poder de decisión directamente al Ministerio del Interior. La lógica es transparente: si los jueces frenan las deportaciones, se eliminan los jueces.

La propuesta complementa esta arquitectura con una extensión del control migratorio al conjunto del aparato de seguridad. Siguiendo el modelo del programa 287(g) estadounidense —que vincula a la policía local con el ICE—, el plan británico obligaría a los agentes a realizar controles migratorios en cada detención o parada de tráfico. La policía dejaría de ser un cuerpo de seguridad ciudadana para convertirse, parcialmente, en una extensión de la fuerza de expulsión.

Toque de queda

Alemania aporta al mapa su propio capítulo. La AfD en Baviera ha presentado formalmente una propuesta de unidad policial especializada inspirada en el ICE, cuya función sería el rastreo de solicitantes de asilo y la coordinación de deportaciones. Lo llamativo no es solo la existencia de la unidad, sino las tácticas que contempla, incluidos toques de queda nocturnos para migrantes, lo que facilitaría su localización y aprehensión durante la madrugada, cuando la movilidad es restringida y la vulnerabilidad, mayor. Es una medida que combina el control social con la lógica de la caza.

En Italia, el vicepresidente Matteo Salvini ha expresado su admiración por el modelo estadounidense con menos ambages que ningún otro líder europeo de primer nivel. Ha propuesto cuotas de deportación de 100.000 personas anuales, una cifra que, de materializarse, implicaría una maquinaria de gestión de expulsiones sin precedentes en la historia del país.

Mucho más matizada es la posición de Marine Le Pen en Francia. Aunque lidera el grupo Patriots for Europe, Le Pen ha rechazado oficialmente el término “remigración” e incluso cortó vínculos con la AfD alemana por considerarlos demasiado extremistas en este punto, consciente de que la suavización de sus postulados será clave en las próximas elecciones presidenciales de su país.

Vox, aunque sostiene que no se puede trasladar mecánicamente la política migratoria de Trump a España —por motivos legales, no porque no les guste—, sí defiende un plan de catorce medidas que incluye la expulsión inmediata de España de inmigrantes en situación irregular y la supresión de toda ayuda social para este colectivo. La lógica del “entorno hostil” —hacer la vida insostenible para forzar la autodeportación— es aquí explícita.

Los ultras españoles, en todo caso, tienen claro que las deportaciones masivas, para las que necesitan poner en marcha mecanismos como el ICE o movilizar a las fuerzas del orden para estas tareas, son una condición sine qua non para hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, en el caso de que en las elecciones de 2027 ambas fuerzas obtengan mayoría absoluta en el Congreso.

La “ICE-ificación” de Europa

En cualquier caso, lo que durante años fue un proyecto de la periferia ultraderechista ha terminado por penetrar en el corazón institucional de la Unión Europea. El Reglamento de Retorno que el Parlamento Europeo debatió este lunes es, según los analistas que llevan meses estudiando su texto, la expresión más acabada de lo que ya se denomina en algunos círculos académicos la “ICE-ificación” de Europa.

El reglamento no es una medida aislada. Es el resultado de una presión política sostenida que ha desplazado el centro de gravedad del debate migratorio europeo hacia posiciones que hace una década habrían resultado impensables en el seno de las instituciones comunitarias.

Las medidas que contiene el texto son de un alcance considerable. Por un lado, autoriza la creación de return hubs —centros de retorno— en terceros países. La idea es retener a migrantes fuera del territorio europeo mientras esperan la resolución de su situación, incluso cuando no tienen ningún vínculo con el país donde son trasladados. El objetivo explícito es eludir las protecciones legales que confiere el suelo europeo: si la persona no está técnicamente en Europa, determinadas garantías jurídicas no se aplican. Es la extraterritorialidad como evasión del derecho comunitario.

En esta línea, el cada vez más popular activista ultra austriaco Martin Sellner ha diseñado como guía un plan de tres fases que incluye un sistema de evaluación permanente de asimilación para examinar a los migrantes y la creación de ciudades de deportación en el norte de África.

Por otro lado, el texto amplía el periodo máximo de detención de 18 a 24 meses. Permite que la falta de documentación o encontrarse en situación de calle sean motivos suficientes para la detención, medida que podría afectar también a menores. Autoriza el decomiso de dispositivos electrónicos y el acceso a registros personales y de salud para agilizar identificaciones.

Sistemas de identificación y vigilancia

Y, en lo que los críticos señalan como la pieza más perturbadora del puzle, elimina el efecto suspensivo automático de las apelaciones: una persona podría ser expulsada mientras su recurso judicial aún está en tramitación. El plazo para presentar ese recurso se acortaría, además, a catorce días.

Por si eso fuera poco, el artículo 6 del reglamento impone a los Estados miembros la obligación de establecer sistemas de identificación y rastreo para personas en situación irregular, lo que incluye seguimiento por GPS y vigilancia de teléfonos móviles presentados, con notable eufemismo, como "alternativas a la detención".

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Algunos autores han acuñado para describir esta deriva el término "fascismo tecnocrático": el Estado no actúa mediante la violencia descarnada sino mediante la gestión algorítmica, el procesamiento de datos y el lenguaje aséptico de la "eficiencia administrativa" y la "gestión de riesgos". La maquinaria del siglo XXI al servicio de una política de exclusión que encuentra su genealogía en los proyectos más oscuros del siglo XX.

En todo este asunto, de lo que nadie quiere hablar —ni los promotores del ICE europeo ni los documentos que respaldan estas iniciativas— es de los costes económicos reales de semejante aparato. La expulsión de cientos de miles de personas al año requiere una infraestructura de detención, transporte y gestión burocrática de un tamaño que ningún Estado europeo ha operado jamás. A ello se suma el impacto en sectores económicos que dependen estructuralmente de mano de obra migrante: desde la agricultura a la hostelería, pasando por los servicios de cuidado o la construcción.

La hoja de ruta existe. Lleva años tomando forma en manifiestos, propuestas legislativas y cumbres transnacionales. Lo que se debate las instituciones de la UE es si esa hoja de ruta encuentra, por primera vez, una validación institucional a escala continental. Eso, por sí solo, es historia.