La pregunta fue clara y precisa: ¿Debería Escocia ser un país independiente? Sí o no. Para aprobarse la propuesta en el referéndum pactado entre Londres y Edimburgo bastaba una mayoría simple. Escocia se convirtió en el modelo perfecto para todo independentista bien informado del planeta. ¿Qué podía salir mal en plena efervescencia secesionista y con los ojos de toda Europa encima? Todo. El no se impuso con el 55,3 % de los votos, frente al 44,7 % de los partidarios del sí. La participación fue del 85 %. El ministro principal de Escocia, el afable Alex Salmond, y su Partido Nacional Escocés (SNP) habían pilotado con éxito la escalada independentista hasta poner a Downing Street y su inquilino, David Cameron, contra las cuerdas. En la madrugada de aquel 18 de septiembre de 2014, los perdedores acogieron con serenidad democrática su, para ellos, inesperada derrota. Salmon tiró la toalla y dejó los mandos del país a su mano derecha, Nicola Sturgeon. Desde entonces, todo ha ido de mal en peor para los herederos de William Wallace, el legendario noble independentista interpretado en Braveheart por Mel Gibson y animador del tan mítico como improbable mayor calvo de la historia a un ejército invasor.

Este lunes, el SNP presentó al que será nuevo ministro principal, John Swinney. Sus primeras palabras fueron marcar las prioridades del nuevo Gobierno: “La sanidad pública, la educación, los servicios sociales y la lucha contra el cambio climático”. ¿Y la independencia? Con el laborismo pisándoles los talones en las urnas y un nuevo partido de radical pedigrí indepe creado por el propio Alex Salmon, el SNP no está para esas cosas y apuesta por la economía y las políticas sociales. John Swinney sustituye a Humza Yousaf, que tuvo que dimitir hace nada tras perder el apoyo parlamentario por su decisión de echar a dos ministros verdes de su Ejecutivo. Alex Salmon se ofreció a sostenerle a cambio de reactivar un referéndum, esta vez por la vía unilateral. Yousaf, de origen pakistaní y musulmán, dijo que no. ¿Pero qué fue de Sturgeon? Arrasó en las urnas y se convirtió en un referente para Bruselas en medio del tsunami del Brexit. Pero en 2022 se vio envuelta en un caso de financiación ilegal de su partido que pondría fin a su carrera política. Durante su mandato, diez excolaboradoras de Salmon denunciaron a este por acoso sexual. Los tribunales le exoneraron por falta de pruebas, pero el exlíder del SNP culpó a su antigua discípula de ponerse al frente del linchamiento. Y, como venganza, creó su propio partido.

Carlos Carrizosa, candidato de Ciudadanos, imita en los debates a Albert Rivera sacando todo tipo de cachivaches para entretener a la audiencia. En el de este lunes en laSexta, exhibió dos fotos de Carles Puigdemont y Antonio Machado. "Vean la diferencia entre un fugado y un exiliado", explotó. En este partido existe la obscena tradición de toquetear el pasado. Un 8M, por ejemplo, Albert Rivera intentó fichar para la causa naranja a Clara Campoamor por haber afirmado una vez eso de que era “liberal”. Esta vez la víctima fue el autor de Campos de Castilla. El culpable de que nos sepamos de memoria versos del gran poeta español es precisamente un catalán, Joan Manuel Serrat. “Profeta ni mártir quiso Antonio ser. / Y un poco de todo lo fue sin querer”, canta al autor cuya muerte en Colliure es el símbolo de lo que es ser un patriota, una persona que ama a su país y procura su bien. Porque todos parecen amar a su país, Salmon, Sturgeon, Yousaf, Cameron, Puigdemont e incluso Albert Rivera. Este domingo los catalanes decidirán en las urnas quién creen que quiere más a su país y qué relato de lo que ha pasado en la última década se creen. William Wallace acabó descuartizado en cachitos que el pérfido rey inglés ordenó repartir por toda Escocia. Allí empezaría todo. Para que luego hablen del juez García Castellón.

Jessica Albiach se presentó al inicio de la campaña con una camiseta en la que se podía leer Catalunya potaxie. Unos tiktokers de lo más común habían esperado a la candidata en un mitin en el Poble Sec, en Barcelona, para regalarle la prenda. Albiach no dudó en estrenar el out fit con el turbador mensaje, mientras que Ada Colau, más clásica, comparecía con una muy procedente kufiya palestina. ¿Potaxie? No hace falta que acudan a Google. Ser potaxie es, básicamente, estar en el lado correcto de la historia. O sea, siempre al lado de las mujeres y el colectivo LGTBI. Y su arma es también la correcta, el humor. ¿Y quién es el enemigo? Los fife, ese tipo de hombres básicos y futboleros, homófobos y machistas que se multiplican tanto en la realidad virtual como a cinco metros reales a la redonda. Actualmente, potaxie es uno de los términos más populares en la jerga TikTok a pesar de que lleva ahí tres años, una eternidad en la realidad virtual. Su hashtag se mide por billones de visualizaciones. El aguacate es su símbolo. Si no han visto ningún aguacate virtual en las últimas 48 horas en su quehacer diario es que están ya un poco mayores.

Harold Hotelling fue un investigador estadounidense clave en matematizar la economía. La ley Hotelling establece que, en determinadas circunstancias, la opción más rentable para las empresas es producir productos casi iguales al de la competencia en un mismo mercado. Es lo que ha pasado con los teléfonos móviles. Y es lo que ha ocurrido en Cataluña este 12M con Vox y Aliança Catalana. Los de Abascal compiten por primera vez en unas elecciones con unos clones, los capitaneados por la independentista Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll (Girona). Ambas formaciones tienen como manual la teoría del gran reemplazo –Le grand remplacement, acuñado por los ultras franceses–, según la cual los blancos cristianos europeos están siendo sistemáticamente sustituidos por árabes, norteafricanos y subsaharianos gracias a la inmigración masiva. Ambas franquicias ultra coinciden en culpar a los gobiernos de izquierdas de una operación para destruir Cataluña, en un caso, o España, en otro. Vox ha convertido la inseguridad asociada al inmigrante en uno de los ejes de su campaña. Ya lo intentó con escaso éxito mediático en la campaña de Euskadi, donde no existe un problema real con la delincuencia y, además, hay una escasa inmigración. Pero en Cataluña la situación es diferente.

La alcaldesa de Ripoll y los de Abascal van bien en las encuestas. Este domingo, el sondeo de Ara da a Aliança Catalana cinco diputados, uno más que en la proyección de hace una semana. A Vox le da 11 y al PP, 10. La encuesta de elnacional.cat otorga a los ultras independentistas entre cero y dos escaños, y pronostica un empate técnico entre PP y Vox, con una horquilla que va de los 11 a los 13 asientos. Sílvia Orriols se ha convertido en el objetivo a batir de todos los partidos independentistas. La temen porque su entrada en el Parlament complicará aún más la aritmética del bloque del procés. Desde ERC y CUP, la temen además porque ya bastaba con Vox para alimentar los bulos xenófobos desde el altavoz del Parlament. Y desde Junts, porque ya solo les faltaba tener a una Marine Le Pen con estelada robándoles suelo en el antiguo paraíso convergente. Pero dejemos aparte qué nación defienden Abascal y Orriols. Y vayamos a lo que da verdaderamente miedo. Los gais, denuncian, ya no pueden caminar seguros por las calles ante el acoso islamista. Las mujeres, sostienen, corren el peligro de ser agredidas sexualmente por manadas de tez oscura. Sí, hay que ponerse ya la camiseta potaxie. La kufiya ya la llevamos en el corazón. 

Es la hora de la verdad. Y Pere Aragonès es consciente de que en estos cinco días se juega el futuro de Esquerra. La formación que tiene ahora en sus manos el Palau de la Generalitat sigue tercera en las encuestas tras el PSC y Junts, pero confía en poder remontar los sondeos en el esprint final, mirando especialmente a quitarle a Carles Puigdemont la segunda plaza.

En el entorno de Aragonès dicen que no le hacen caso ya a los sondeos: “Estamos curados de espanto”. La estrategia final está dibujada perfectamente sobre la mesa y esperan que dé sus frutos. El president catalán piensa remontar principalmente gracias a dos aspectos: los debates finales y una potente batería de anuncios de medidas que irá desplegando durante la semana, según indican fuentes republicanas.

El president salió contento del encuentro en TVE la semana pasada. Le gusta debatir, se siente cómodo en el formato. Por eso tiene mucha fe en captar votantes en el cara a cara que organiza laSexta este lunes y en el que tendrá lugar el jueves con TV3 como anfitrión. Se esperan buenos datos de audiencia en un momento donde puede ser decisivo un escaño arriba y abajo. Además, en Esquerra creen que les beneficia el hecho de que Carles Puigdemont no acuda a estas citas. “Hay partido, depende en gran parte de nosotros, lo tenemos que hacer bien y que se desgasten los otros”, deslizan.

Aragonès y su equipo quieren focalizarse durante estos días en dos cuestiones que son vitales para ellos: la abstención y los indecisos. Es lo que más preocupa en estos momentos a tenor de los estudios que manejan y la cuota que puede hacer que Esquerra venza esa tercera posición y tenga posibilidades de retener la Presidencia de la Generalitat. En el barómetro del CIS de cara al 12 de mayo se llegaba a cifrar en un 18,8% el número de personas que no sabe o no contesta lo que hará. Es en esa masa del electorado es donde los republicanos van a incidir.

¿Y cómo lo van a hacer? Aragonès tiene en la cartera una serie de anuncios de medidas concretas que irá haciendo públicos en los actos previstos de aquí al viernes. Además, las fuentes describen que serán de carácter muy social, algo que, entienden, les va a diferenciar de Salvador Illa, al que van a seguir intentando enmarcar dentro del centroderecha frente a su modelo progresista.

Así lo resumen en el entorno del presidente catalán: “Illa no es de izquierdas, el PSOE es mucho más progresista que el PSC. Aquí los socialistas catalanes han comprado alegremente el programa de Ciudadanos y de la patronal. Es que sólo hablan de la ampliación de aeropuerto y de la B40”. Además, en la candidatura de Aragonès dicen irónicamente sobre el PSC: “Nosotros vamos a Lleida y decimos que es Lleida y no Lérida. Lo mismo en el Baix Llobregat, que no es el Bajo Llobregat”.

La campaña catalana ha sido eclipsada en su primera semana por el periodo de reflexión que se tomó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que acabó finalmente con la decisión de aguantar al frente del Palacio de La Moncloa. ¿Esto beneficia al PSC? En Esquerra no ven que vaya a incidir para que Illa gane votantes porque creen que el presidente ha elegido la solución que “más complica” a su partido porque no casa con la imagen de seriedad que vende el líder del PSC. “No dimite, pero no propone nada”, critican en Esquerra, donde sostienen que esto perjudica a sus rivales: “Ha pasado muy rápido de dimitir a la Feria de Abril”. De hecho, en Esquerra confiesan que ellos tenían más miedo electoralmente si la decisión hubiera sido la renuncia del líder del PSOE porque sólo se hablaría de los socialistas.

Otra de las líneas de ataque que desplegará Aragonès con mayor fuerza durante estos días es la supuesta sumisión de la Generalitat a La Moncloa si gana Illa. El presidente catalán incidirá en asuntos como la financiación singular para la comunidad y venderá la imagen de un “Pedro Sánchez pidiéndole a Salvador que no le busque problemas”. Por lo tanto, en Esquerra explotarán como negativa esa línea con Madrid.

En el entorno de Aragonès vaticinan que Junts puede ir hacia abajo durante el esprint final: “Puigdemont es mejor político que gestor. Está en un tono muy mitinero, pero luego no habla de cosas concretas”. Creen que ahí hay un hueco para que el presidente catalán pueda coger aire asociándose a la labor ejecutiva frente al aspirante de Junts que se mueve en el terreno sin medidas. Punto en el que añaden: “Buena parte del electorado ha desconectado ya del expresidente, porque él no le puede decir nada más. Sólo está en si Illa es más malo o más bueno”.

De lo que no quieren ni hablar en Esquerra es de pactos, que se ha convertido en el hilo argumental estos momentos del debate público. Entienden que “no se puede reducir todo a eso” porque el panorama es muy complicado y es imposible hacer una fotografía exacta del día después: “Dependerá de quién quede primero, con qué margen, si entra Aliança Catalana…” 

En ERC quieren evitar ahora ese debate, donde tendrán un papel primordial y con la pregunta sin resolver de si apoyarían un Govern junto a Illa o preferirían uno junto a Junts después de la traumática experiencia de la pasada legislatura. Las relaciones entre los partidos independentistas son malas, pero Junts es el que está presionando más por revivir esa unidad rota (llegó a proponer incluso una candidatura conjunta). El futuro dependerá básicamente de si suman los soberanistas la deseada mayoría absoluta de 68 escaños. En ese caso, en La Moncloa y en Ferraz creen que Esquerra acabará cediendo y dando la Presidencia a los posconvergentes.

El 12 de mayo los catalanes votarán. Pero esa medianoche arrancará una partida igual de importante: los pactos. El escenario complejo que se abrirá ya monopoliza el debate de la campaña con algunos partidos utilizándolo como principal arma mientras otros intentan evitarlo para no alejar apoyos. Lo que todos asumen es que será una batalla muy complicada con muchas posibilidades de bloqueo y de tener que ir a una nueva cita con las urnas.

Las encuestas dan en estos momentos al PSC como el gran favorito, situando posteriormente a la candidatura de Junts liderada por Carles Puigdemont. Esquerra está ahora mismo en tercera posición, a tenor de la mayoría de sondeos. Y posteriormente aparecen con representación en el Parlament el Partido Popular, Vox, los comunes y la CUP. Con posibilidades también de entrar está también la formación xenófoba de Aliança Catalana. Muchas cartas, muy repartidas y con una futura Cámara del parque de la Ciutadella muy fragmentada.

Son varias las combinaciones que aparecen sobre la mesa de cara a hacerse con las riendas del Palau de la Generalitat, pero, como reconocen en todas las formaciones, todo puede cambiar in extremis por un diputado arriba o abajo. La emoción será máxima. Pero la primera y fundamental incógnita, como señalan en los cuarteles generales de las principales formaciones, es si el independentismo logra sumar la mayoría absoluta (68 de 135 escaños).

Esta ha sido la fórmula que ha sostenido en los últimos años las investiduras en Cataluña gracias a la unión de fuerzas del espacio posconvergente, Esquerra Republicana y la CUP. Quien está apostando más fuerte por volver a esta fórmula es el propio Carles Puigdemont, quien ya el día en el que anunció que se presentaba tendió la mano a los republicanos incluso para ir juntos a la cita como hizo el independentismo con Junts pel Sí en 2015.  De hecho, el escenario de la suma del independentismo es el que más preocupa ahora mismo en el PSC. Hay convencimiento dentro del socialismo, según varias fuentes consultadas, de que Esquerra no aguantará la presión si queda por detrás de Junts y dan los números del bloque, por lo que terminará dando la presidencia a Puigdemont a pesar de las profundas discrepancias durante estos años.

La fórmula de Junts, ERC y CUP en el área del independentismo tiene un invitado nuevo en Aliança, soberanista y de extrema derecha. Carles Puigdemont, muy preocupado por los votos que puede robarle esta formación, ha cerrado la puerta a un posible acuerdo: “Nunca”. Por otra parte, Esquerra, los comunes y los cupaires firmaron el pasado mes de abril su rechazo a cualquier tipo de acercamiento a ese partido. “Si la extrema derecha obtiene representación. no colaboraremos de ninguna manera”, sostuvieron en su declaración.

El gran problema de un futuro Ejecutivo de corte independentista es la propia relación entre Esquerra y Junts, que está absolutamente deteriorada tras los choques durante los últimos años. De hecho, los de Carles Puigdemont decidieron dejar a mitad de legislatura la coalición, en tanto que Pere Aragonès siguió al frente de un Gobierno muy débil que se apoyó para algunas leyes en los socialistas y que vio cómo caían los presupuestos por el ‘no’ de los comunes.

El PSC es el gran favorito en esta cita y confía para poder gobernar en que el independentismo no sume. Lo primero que señalan los socialistas es que buscan un objetivo, aunque “parezca una obviedad”, que consiste en lograr el respaldo más amplio posible porque cambiará mucho, como indican, la distancia que le saquen al segundo para tener fuerza en esos acuerdos después del 12 de mayo.

Salvador Illa es el que muestra un abanico más amplio de posibilidades a la hora de tender la mano. Sólo excluye a los extremos de esas relaciones posteriores. El propio aspirante de los socialistas catalanes no ha descartado llegar incluso a un acuerdo con Junts, algo que antiguamente se conocía como la “sociovergencia”. No obstante, este viernes matizó un poco esa postura señalando que tiene “lógicas incompatibles” con el expresidente: “Puigdemont es bloqueo y década perdida y yo estoy aquí para avanzar”. Además, el partido independentista ha sido tajante y descarta ese escenario con su rival más difícil en estos momentos. Fuentes próximas al expresidente comentan que ahora todo “está muy ajustado” y se van a centrar en el argumento de que Cataluña “necesita un president que no dependa de Sánchez y que tenga la manos libres para gobernar y negociar con Madrid”.

Otra de las opciones más plausibles es un acuerdo con Esquerra Republicana, al que también se podrían incorporar los comunes. Esta experiencia ya se vivió en la época de José Montilla, donde el PSC pilotó el conocido tripartito en el que estaban los republicanos y la formación de ICV (que hoy está integrada en los comunes y en el espacio de Sumar). El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es reacio a hablar de qué fórmula es su predilecta, con los suyos diciendo que se concentran en ganar aunque son conscientes de que Illa será el primero. Pero, a partir de ahora, como recuerdan fuentes de Esquerra, todo dependerá de quién quede segundo, con qué fuerza y de lo que saque el soberanismo.

Los más claros a la hora de abordar esta cuestión son los comunes, cuya número uno en la papeleta es Jéssica Albiach. Su apuesta es total por un Gobierno “progresista” y sus opciones de pacto pasan por dos formaciones: el PSC y Esquerra Republicana. Además, si dan los números, su intención es formar parte de este Ejecutivo porque entienden que es la única manera de que haya verdaderas políticas de izquierdas frente a las posiciones más cercanas a la patronal de Illa y la “decepción” que les ha supuesto Aragonès.

En el escenario complejo también aparece la posibilidad de que Salvador Illa tuviera que necesitar los votos del Partido Popular para una investidura en un momento en el que los conservadores suben en las encuestas gracias a la absorción de buena parte del votante de Ciudadanos. Muchos miran al momento en el que finalmente Génova 13 dio su apoyo al PSC en la votación para que Jaume Collboni lograra la Alcaldía de Barcelona frente a Xavier Trias (Junts).

Pero ese requiebro se aleja cada días más. El propio candidato del PSC indicó en un debate electoral organizado por La Vanguardia que descartaba ser president con los votos de los populares, pero se abría a llegar a “acuerdos puntuales” para temas como el Pacte per la Llengua. Y este mismo martes Alejandro Fernández (PP) ponía el listón muy alto si el socialismo quiere sus votos con una condición que supondría hacer caer al propio Gobierno central: "Si ellos rompieran aquí y en Madrid todos sus acuerdos con Puigdemont y con ERC, podríamos sentarnos a hablar".

En el municipio de Reus, en Tarragona, tan sólo hay una residencia de mayores 100% pública, es decir, en la que la Generalitat es dueña del edificio y gestora de su interior. A finales del año pasado se anunció que los mayores que allí vivían serían trasladados a otros centros. Y los trabajadores también, claro. Sería algo temporal. Simplemente, hasta que se acabaran las obras de mejora de la infraestructura. Sin embargo, lo que a priori parece una noticia positiva ha provocado la oposición de los sindicatos y las familias de los residentes, que ven en la decisión una maniobra para, en realidad, privatizar el geriátrico.

No sería una sorpresa. Al menos, así lo entiende la presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residències 5+1, María José Carcelén, quien denuncia que el modelo del sector en Cataluña se basa en una apuesta decidida por la colaboración público-privada. "Es lo que la Generalitat quiere. Tiene una visión neoliberal en la que lo público, directamente, les molesta", lamenta.

La última prueba es lo que sucedió el pasado mes de febrero, hace apenas dos meses. Fue entonces cuando el Parlament aprobó, con los votos de ERC, Junts y PSC, las conclusiones definitivas del informe que intentó dar respuesta a lo sucedido en los geriátricos durante la pandemia. En estos centros murieron, entre marzo y abril de 2020, 3.891 usuarios con covid o síntomas compatibles con la infección. El 72% de ellos lo hicieron, además, sin ser trasladados al hospital. Pero el documento que salió de la Cámara no entró a señalar culpables. Ni a proponer un cambio de modelo, algo que las familias de los residentes consideraban necesario. El documento se limitó a reconocer "todos los aspectos mejorables del sistema". Y a, también, incidir en la necesidad de fomentar la colaboración público-privada. Sin embargo, y según los datos, el control privado en los geriátricos catalanes ya alcanza el 90% de todas las plazas. "Tenemos el sector más privatizado de todo el Estado", lamenta Carcelén.

Los números le dan la razón. Concretamente, los expuestos en el análisis estadístico que la semana pasada publicó el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y elaboró, durante dos años, el Imserso. Del documento se extrae que la presencia de las administraciones es mínima en toda España —en concreto, tan sólo hay un 14,2% de plazas en centros de titularidad y gestión pública—, pero todavía menor en Cataluña. Allí, tan sólo el 10% de las plazas en los geriátricos son completamente públicas. Son, en concreto, 5.089 de un total de 50.722 repartidas en 74 centros de este tipo (que representan, a su vez, el 9,4% de los que hay en la comunidad).

¿En manos de quién están el resto? El análisis publicado por el departamento de Pablo Bustinduy agrupa los geriátricos en cinco categorías: de titularidad pública y gestión privada con lucro —de sociedades mercantiles—, de titularidad pública y gestión privada sin lucro —controladas por entidades religiosas u ONG, por ejemplo—, de titularidad y gestión pública, de titularidad y gestión privada con lucro, y de titularidad y gestión privada sin lucro. Pues bien, más de la mitad de las plazas (el 54,6%) pertenecen al cuarto modelo, el que está completamente en manos privadas. En concreto, tienen en su poder 27.723 camas.

"Hace quince años que la Generalitat no construye una residencia pública. Y lo que es peor: muchas de las que siguen en sus manos se han ido privatizando poco a poco", lamenta Carcelén, que advierte de las consecuencias que ha traído —y seguirá trayendo— esta estrategia. "Si no hay una gestión desde la Generalitat, la presión que pueden ejercer las empresas es bestial", señala.

Pero además de la titularidad y la gestión, el quid de la cuestión está en el tamaño de los centros. Por muy privado que sea, no es lo mismo un geriátrico privado con espacio para 20 mayores, que uno que alberga entre sus muros a más de 200 ancianos. Este de hecho fue un elemento determinante en plena crisis sanitaria. Y más en Cataluña, donde un estudio científico certificó que fueron las consideradas macrorresidencias las que más mortalidad por covid acumularon durante la primera ola de la pandemia. Los datos, publicados en la revista Epidemiología, no dejan lugar a dudas: mientras que en los centros de entre 30 y 70 plazas fue del 6%, en los de más de 200 escaló hasta el 12%. Y en Cataluña, el 90% de las plazas ubicadas en centros de más de 200 camas están repartidas en ocho centros completamente privados. De este tamaño, tan sólo hay uno público.

En cualquier caso, para que un centro se considere macrorresidencia bastaría con superar las 126 camas. Y si atendemos a ese criterio —según otra vez los datos publicados por Derechos Sociales—, el 25% de los geriátricos catalanes pertenece a esta categoría. En proporción con los datos a nivel nacional, el 10% de las macrorresidencias están en Cataluña. La mayoría, una vez más, son de titularidad y gestión privada.

No es casualidad para Carcelén. "A los fondos de inversión les interesan las residencias muy grandes, con habitaciones dobles, porque son infinitamente más rentables", lamenta. E insiste: "La privatización sólo conlleva que primen los intereses economicistas de las empresas". Según los datos del Ministerio de Derechos Sociales, los geriátricos completamente privados tan sólo tienen un 32,1% de habitaciones individuales, un porcentaje que se eleva hasta el 50,6% en el caso de los centros de titularidad y gestión pública.

En cualquier caso, lo que realmente preocupa a las familias, y así lo indica Carcelén desde el otro lado del teléfono, es la atención que se da. Porque la consecuencia más importante de la alta privatización del sector es la calidad de la atención a los mayores. Y ésta, con el tiempo, no ha hecho otra cosa que no sea empeorar. "Estamos incluso peor que antes de la pandemia", sentencia la presidenta de la Coordinadora 5+1.

Luchan sobre todo por las ratios que, según el análisis elaborado por el Imserso, tiene peores datos en las residencias de mayores completamente privadas. En concreto, en este tipo de centros es de 36 trabajadoras —la mayoría son mujeres— de atención directa de primer nivel —entendiendo como tal gerocultoras, personal sanitario y técnicos de los cuidados— por cada 100 residentes, una cifra que en el caso de los geriátricos totalmente públicos asciende hasta las 53 empleadas por cada 100 mayores.

La cifra, según denuncian las familias, es claramente insuficiente. Y eso que, a priori, se ajusta al Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) aprobado en junio de 2022 con el objetivo de sentar las bases sobre las cuales construir un nuevo modelo de residencias, una vez visto que el que había tenía fallos estructurales que provocaron que los efectos del coronavirus fueran tan devastadores. Lo que firmaron el entonces ministerio dirigido por Ione Belarra y las comunidades autónomas fue un mínimo de 39 trabajadores de atención directa —entendiendo como tal gerocultoras, personal sanitario y técnicos de los cuidados— por cada 100 residentes en 2024 y 43 en 2030.

Cataluña fue una de las autonomías que votó en contra de este documento, aunque aun así, a preguntas de infoLibre, su Departament de Drets Socials aseguró hace ahora un año que el Gobierno estaba "analizando las diferencias entre los criterios" del Acuerdo del Ministerio y las normas vigentes en su autonomía. "La información recabada permitirá determinar el alcance de las medidas a adoptar. En cualquier caso, ya se está avanzado de manera decidida en el refuerzo de los procesos de desintitucionalización y, también, en la prevención de la institucionalización de las persones dependientes y con discapacidad", aseguraron. infoLibre se puso en contacto este lunes con las mismas fuentes para conocer si había habido avances en este sentido, pero a la hora de cierre de esta edición todavía no había obtenido respuesta.

En cualquier caso, Carcelén asegura que no ha habido ninguna nueva normativa. "No hemos visto absolutamente ningún cambio", sentencia Carcelén, que une a la privatización y a la falta de ratios adecuadas la ausencia de vigilancia de cumplimiento de la ley. "Sólo hay 29 inspectores en toda Cataluña. Y las inspecciones son mínimas. Si por incumplir la ratio las empresas consiguen ganar más dinero y o bien no las sancionan o lo hacen con una cantidad irrisoria, ¿qué van a hacer?", se pregunta.

Era 2021. La Escuela Turó del Drac, ubicada en el municipio de Canet de Mar (Barcelona), saltó el debate público después de que la familia de una alumna de 5 años reclamara recibir un 25% de clases en castellano. Desde ese momento se convirtió en un símbolo, pero lo paradójico es que lo fue para los dos bandos enfrentados en esta polémica: para los que defendían a la niña y para los que criticaron la petición por suponer, entendían, un ataque a la inmersión lingüística en Cataluña. El caso llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que dio la razón a la familia demandante. A partir de ahí el Govern elaboró una ley para no tener que garantizar el 25% de castellano en las escuelas y PP y Ciudadanos llevaron esa norma al Tribunal Constitucional. Pero más allá de esos movimientos, el debate no va más allá. No existe en las aulas, aseguran los expertos. Allí, el foco se sitúa en otros problemas muy diferentes como, por ejemplo, el altísimo grado de segregación, la pobreza infantil o los pésimos resultados académicos.

"El tema de la lengua no es un problema a nivel social, sino creado específicamente por determinados colectivos para señalarlo como tal". Toma la palabra Xavier Bonal, director del Departamento de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que aclara que el catalán tiene un "uso político". "Este asunto no había generado polémica. De hecho, ni siquiera entraba en la campaña hasta que lo puso encima de la mesa Alhora, el partido de la exconsellera Clara Ponsatí", coincide Sheila González, investigadora en desigualdad educativa de la Universitat de Barcelona (UB). La propuesta se hizo pública el pasado mes de abril. Consiste, en síntesis, en "copiar", dice González, el modelo vasco de modelos lingüísticos a escoger por el alumnado. Su idea, en concreto, es crear una doble red: la castellana y la catalana. Pero eso supondría acabar con el modelo de inmersión lingüística.

¿En qué consiste? Se trata de un método de aprendizaje que consiste en exponer al alumnado total o parcialmente a la lengua de una comunidad. En Cataluña comenzó a aplicarse en el curso 1983-1984 en diecinueve escuelas públicas de Santa Coloma de Gramenet, donde la mayoría de la población de alumnos era mayoritariamente castellanohablante. A partir del curso 1992-1993, se convirtió en el modelo de enseñanza en toda la comunidad. "Esto responde a una voluntad: que al acabar las etapas obligatorias todos y todas seamos competentes tanto en castellano como en catalán", explica González. Como añade Bonal, se respondía así también a una "lógica de compensación" después de años de prohibición del uso del catalán en el espacio público.

"Han pasado ya 40 años de ese momento, y por eso sería positivo revisar algunos aspectos", apunta el doctor en Sociología. Ahora bien, una cosa es eso y otra "forzar y decir que la inmersión lastra el aprendizaje". "No se lo cree nadie porque no hay una evidencia empírica que lo demuestre", denuncia.

Esa relación fue uno de los argumentos que la derecha utilizó para explicar los malos resultados que Cataluña había obtenido en la última prueba PISA, publicada el pasado mes de diciembre. Lo hizo por ejemplo la portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, que aseguró tras conocer los resultados del examen que "la inmersión lingüística es un sistema fallido".

El retroceso de las calificaciones fue tal que equivale a situarse un curso por detrás. En concreto, si lo comparamos con el examen realizado en 2018 —el publicado en diciembre se llevó a cabo en 2022—, el alumnado catalán ha perdido 21 puntos en matemáticas y 12 en ciencias. Pero el modelo de inmersión, dijimos antes, está instaurado desde el curso 1992-1993. Además, esta teoría la rechazó el propio secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, cuando fue preguntado por esta cuestión durante la presentación del informe. Lo argumentó poniendo como ejemplo el caso de Galicia, que también tiene una lengua propia y supera a Cataluña en 17 puntos en matemáticas, 23 en lectura y 29 en ciencias.

Para Bar el diágnostico era otro. A su juicio, "parece claro" que la presencia de una tasa mayor de alumnado migrante o socioeconómicamente más desfavorecido es parte de la explicación. "Y no tanto el tema de la lengua", dijo. Los expertos consultados coinciden con él. Y de hecho señalan que son estos los verdaderos problemas en el sistema educativo de Cataluña, empañado, sobre todo fuera de sus fronteras, por una cuestión lingüística que no suscita ningún debate. Y si lo hace, es en el sentido contrario al que habitualmente surge, apunta Bonal.

González tampoco tiene dudas. "Si hay una lengua en peligro en Cataluña esa es el catalán, no el castellano", sostiene. Se basa en los datos. Por ejemplo, en los publicados por el Síndic de Greuges, que revelan que fuera del aula se habla mayoritariamente en esta segunda lengua. En concreto, según sus cifras, dentro de las aulas de Primaria el catalán está presente en un 70, 2% del horario lectivo; el castellano, en un 22,0%, y una lengua extranjera, en un 7,5%. En el patio, sin embargo, la lengua de uso mayoritario es el castellano, que parece en el 56,5% del alumnado de Primaria.

Por eso la investigadora de la Universidad de Barcelona señala que mantener el catalán en las aulas es una manera de hacer "que la lengua no muera". Pero también una herramienta de "justicia social", para evitar la segregación y la desigualdad que, insiste, sí son los problemas de la educación. "El catalán es la lengua del sistema. No garantizar el acceso de los más vulnerables que son los que no lo hablan en su familia es cerrarles puertas", lamenta. Se refiere, sobre todo, a la población migrante.

Es esta la que sufre en mayor medida la segregación escolar que en Cataluña es especialmente acuciante. Lo señala también el Síndic de Greuges, que en 2022 publicó un informe sobre el grado de implementación del Pacto contra la segregación escolar firmado en marzo de 2019. Entonces, según señaló el organismo, "había que cambiar de centro" al 43% del alumnado extranjero en Primaria y al 35% en Secundaria para garantizar una escolarización plenamente equilibrada de este alumnado. Ahora, las cifras han mejorado, pero es insuficiente, puesto que los porcentajes se han reducido, respectivamente, al 33% y al 28%.

En este sentido, un informe elaborado por Save The Children y EsadeEcPol a raíz precisamente de los datos de las últimas pruebas PISA reveló que Cataluña es la comunidad donde más creció la segregación escolar por origen migrante entre 2018 y 2022. Y esto limita sus oportunidades, señala González. "En primer lugar porque los profesores reducen sus expectativas en torno a los alumnos más pobres. En segundo, porque cuando no hay mezcla de alumnado, el más vulnerable no puede tener otros tipos de referentes. Y en tercero, porque las condiciones de educabilidad no son las mismas en colegios con alumnado rico que con alumnado pobre. El primero, a lo mejor, puede realizar viajes culturales que el segundo no", señala la experta. Garantizar la inmersión lingüística y no crear esa doble red que propone Ponsatí ayudaría a que no existiera esa separación del alumnado por su origen.

"Dar matemáticas en catalán no es un problema. Hacer separatismo lingüístico sí", reafirma Bonal, que también apunta a la pobreza infantil como otro de los "retos mayúsculos" del sistema. Y las cifras que maneja Unicef Cataluña le avalan, puesto que la organización presentó el pasado mes de septiembre un informe en el que apuntaba que este es un "problema crónico", puesto que el 27,5% de los niños y adolescentes de la comunidad —378.500 menores, en números brutos— está en riesgo de pobreza.

Pero si hay otro elemento que perjudica a la hora de acabar con la segregación es el peso de la educación concertada. Y en Cataluña es bastante elevado. Es, de hecho, y según los datos oficiales del Ministerio de Educación, la tercera comunidad que más invierte en estos centros, suponiendo las transferencias un 21% del total de su gasto público en educación. Sólo la superan País Vasco (28,6%) y Madrid (27,3%).

Pero estas escuelas, además, están también enormemente financiadas por las familias, puesto que es en Cataluña donde la educación concertada es más cara. Lo reveló un informe de EsadeEcPol publicado la semana pasada, que fijó en 1.696 euros al año lo que paga, de media, una familia que opta por este tipo de enseñanza. Lo hacen, además, a través de las cuotas prohibidas expresamente por la ley Celáa.

Un total de 2.832.857 mujeres están llamadas a las urnas el próximo 12 de mayo en Cataluña. Suponen el 51,8% del electorado catalán. Quizá algunas de ellas se pregunten cómo es posible que en lo que va de año, cinco menores hayan sido asesinados en su comunidad a manos de sus padres. O por qué la mayoría de los juzgados del territorio deniegan sistemáticamente las órdenes de protección en contextos de violencia machista. Tal vez, esas mujeres estén interesadas en conocer los recursos a su disposición en caso de sufrir violencia sexual. Son muchas las preguntas que en clave de género sobrevuelan alrededor de los próximos comicios autonómicos. ¿Cuáles son los avances en la lucha contra violencia de género? ¿Cuáles los retos y las tareas por hacer? ¿Qué políticas públicas de igualdad se han desarrollado en los últimos años?

En lo que va de año, cinco menores han sido asesinados a manos de sus padres en Cataluña. La violencia vicaria ha marcado el inicio del año y ha hecho saltar las alarmas de los gobiernos. La Generalitat anunció a mediados de abril la constitución de un grupo de expertas capaz de confeccionar, antes de septiembre, un informe destinado a identificar medidas y políticas para combatir esta forma de violencia. El equipo está compuesto por psicólogas, pediatras, criminólogas y educadoras sociales. La consellera de Igualtat i Feminismes –departamento, por cierto, creado al inicio de la legislatura–, Tània Verge, reconoció hace un mes que apenas existen herramientas para detectar, evaluar y combatir esta forma de violencia que ya ha dejado a diez menores asesinados por sus padres en suelo catalán desde que existe recuento, en 2013.

Pero hay pasos en positivo. Hace apenas unos días, de un juzgado barcelonés emergió una sentencia pionera: la decisión de impedir a un maltratador acercarse a su hija de once años para prevenir la violencia vicaria. "Así se lo hemos dicho para que tú puedas salir a la calle o ir al colegio tranquila y sin miedo. Has sido muy valiente al decirnos algunas de las cosas que te dan miedo y que la razón por la que no quieres estar con él es porque te da mucho miedo que le haga otra vez daño a tu mamá", escribía la jueza que tomó la decisión, en una carta dirigida a la menor.

Lo cierto es que Cataluña puede presumir de haber ido marcando el camino en lo que respecta a la violencia que sufren los más pequeños. Por ejemplo, con el llamado modelo Barnahus. En 2023 fue inaugurado el primer centro Barnahus del Estado en Tarragona, después de consolidar en el mismo territorio una prueba piloto puesta en marcha años antes. Se trata de una iniciativa que replica el proyecto original islandés y que busca atender bajo un mismo techo a los menores víctimas de violencia sexual. Un centro pionero que no sólo ha demostrado su eficacia –desde su implementación en la provincia catalana "se ha multiplicado por cuatro el número de menores víctimas de abusos sexuales protegidos por el sistema", según la Generalitat–, sino que prevé extender sus servicios a todo el territorio. El pasado mes de marzo el actual president, Pere Aragonès, anunció la apertura de otros trece en los "próximos meses".

En 2023, un total de 4.027 mujeres presentaron en Cataluña 3.759 denuncias por delitos contra la libertad sexual, lo que supone un 33,5% más que en 2022. El de la violencia sexual es un problema central y también en suelo catalán se han ido fraguando avances para contenerlo. Lo cierto es que la responsabilidad en este punto es compartida entre la administración local y autonómica. Son los ayuntamientos los responsables de haber sacado adelantes protocolos específicos contra la violencia sexual en los entornos de ocio, como el No callem obra del Ayuntamiento de Barcelona, aquel que se activó durante la agresión de Dani Alves a una mujer en una discoteca de la ciudad condal. Sin embargo, también existen herramientas a nivel autonómico, como el Plan de acción contra las violencia sexuales en entornos de ocio, desarrollado por los Mossos d’Esquadra en 2022, o el Protocolo de seguridad contra la violencia sexual en entornos de ocio, trazado por el Departament d'Interior.

En enero, el Govern anunció la puesta en marcha de un servicio integral de atención a víctimas, formado por una treintena de psicólogas que atenderá de forma presencial las urgencias de las víctimas de violencia machista, también las de violencia sexual, en todo el territorio y en un máximo de dos horas. Se trata del Servicio de Intervención en Crisis (SIC), pensado para la atención ante agresiones con "potencial traumático" y que ya actuaba de forma puntual desde hace más de una década, pero que ahora amplía su capacidad de actuación.

En esa misma línea, la Ley del sólo sí es sí mandata la apertura de un centro de crisis de atención especializada a las víctimas de violencia sexual en cada provincia. ¿Ha cumplido Cataluña? Laia Rosich Solé, directora general para la erradicación de las violencias machistas, defiende su modelo. Lo cierto es que la ley catalana contra la violencia machista –en vigor desde 2008 pero reformada en 2020– contiene una definición amplia de la violencia de género, más allá del ámbito de la pareja o expareja. Por eso, insiste la directora general, los recursos disponibles son extensivos a las víctimas de violencia sexual. "Los servicios abordan todas las violencias, así que no podíamos crear dos redes paralelas para atender tipologías distintas", razona.

Algunas expertas sostienen que agrupar todas las violencias en un mismo recurso tiene sus desventajas, pues se suele priorizar la violencia dentro del marco de la pareja y desplazar todas las demás. "No es nuestra experiencia. Casi el 40% de las violencias que atendemos son sexuales", rebate Rosich. 

Desde que existen datos en el año 2003, en Cataluña han sido asesinadas 202 mujeres a consecuencia de la violencia machista. Es el territorio donde más feminicidios se registran, sólo por detrás de Andalucía. En lo que va de año, son cuatro las mujeres que han sido asesinadas a manos de hombres que eran sus parejas o exparejas. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un total de 6.431 mujeres denunciaron violencia machista durante el cuarto trimestre de 2023. El último año completo, 2022, registró 23.021 denuncias en la comunidad. Y sin embargo, en Cataluña se concentra, junto a Madrid, la mayor tasa de rechazo de órdenes de alejamiento, según publicó elDiario. 

En este punto, la directora general reconoce el trabajo por delante y lo enfoca a un elemento clave: el acompañamiento en el momento de interponer una denuncia. "Desde hace un año y medio se ofrece acompañamiento letrado en sede policial en un máximo de una hora", destaca. Precisamente un estudio sobre la concesión de órdenes de protección, elaborado por el grupo de investigación Antígona de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), determinó que la ausencia de asistencia jurídica a la hora de interponer la denuncia da como resultado relatos que tienden a dejar fuera parte de la violencia sufrida, dificultando de esta forma la interpocisión de medidas.

Dolo Pulido, activista en el seno de la organización Novembre Feminista, reconoce que tradicionalmente sí ha existido un compromiso notable a nivel institucional, especialmente en lo que respecta a la violencia machista. Sin embargo, entiende que no siempre han sido suficientes los recursos para dotar de sentido ese compromiso previo. "Está muy bien poner negro sobre blanco, pero falta llevarlo a cabo", dice al otro lado del teléfono. Pone un ejemplo: a principios del año pasado, las universidades catalanas lanzaron un protocolo marco para trabajar contra las violencias machistas, "pero no hay recursos para implementarlo" y las feministas que miran con lupa los pasos andados desconocen "qué medidas se tomarán para verificar que se está cumpliendo".

Pero si en algo pone el acento la activista, es en la necesidad de transversalizar la agenda feminista. La privatización de la sanidad, argumenta, es también un problema para las mujeres. También la concesión de ayudas a la educación privada, mucho más a las escuelas religiosas que "vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres". Y lo mismo sucede con las políticas de empleo y de vivienda. Los partidos tienen ahora dos semanas para demostrar que existe un compromiso real por integrar en su proyecto la agenda feminista, más allá de las palabras.

Recién estrenada la carrera hacia las elecciones, los partidos comienzan a definir cuáles serán sus líneas de trabajo. ¿Y qué proponen en términos de igualdad? ERC dedica buena parte de su programa electoral a su proyecto de "país feminista". Por un lado, saca pecho de las políticas desarrolladas durante la presente legislatura. Por otro, traza sus objetivos a futuro. Entre ellos, desplegar una "red lila de país" para abordar la prevención de las violencias machistas desde una perspectiva "comunitaria y que implique a toda la sociedad", con la participación de "comercios, mercados, centros comerciales, transporte público o espacios vecinales" entre otros.

Creen importante, igualmente, profundizar en el "derecho a la reparación de las violencias machistas con unos servicios más fuertes y especializados" y tejer una "estrategia nacional de cuidados". Entre las páginas de su programa tienen presencia también medidas feministas vinculadas a la sanidad –por ejemplo, el desarrollo pleno de la estrategia nacional de derechos sexuales y reproductivos– y a la educación –en el horizonte, una estrategia por la coeducación–. Cuestiones menos habituales como la necesidad de combatir la presión estética o la urgencia de confrontar con los discursos antifeministas en las redes sociales encuentran también acomodo entre las propuestas de los republicados.

El PSC, por su parte, dedica el quinto eje de su programa a la construcción de una Cataluña feminista. Entre las principales medidas, la implantación de planes de coeducación en todos los niveles, la creación de nuevas casas de acogida para víctimas, la aprobación de un pacto catalán contra la violencia machista y la persecución de "cualquier iniciativa privada que ofrezca servicios de prostitución o pornografía".

El partido de Carles Puigdemont, en cambio, no incluye ninguna propuesta relacionada con la igualdad de género, el feminismo o la lucha contra la violencia machista en el documento marco presentado este viernes y que pivota sobre cinco ejes clave. La CUP, por último, ha decidido centralizar su primer acto de campaña en una propuesta feminista liderada por su candidata, Laia Estrada, con el objetivo de visibilizar su compromiso por desarrollar políticas públicas "desde una perspectiva de género de forma transversal" y que se instalen no sólo en la lucha específica contra la violencia, sino también en asuntos como "las particularidades de la salud femenina" o la garantía de vivienda social "inmediata para mujeres solas, familias monomarentales y mujeres vulnerables".

El día en el que Euskadi estuvo más cerca de Cataluña fue el 5 de febrero de 1939. El lehendakari Aguirre, ya en en París, había prometido al president Companys acompañarle al exilio el día en el que las tropas franquistas ocuparan el último metro cuadrado de Cataluña. Los nacionales desfilaban aquel 26 de enero por Barcelona y un lehendakari desterrado se presentó en la frontera para cruzar junto al president por el paso de La Vajol (Alt Empordà). Cuentan que los dos se enteraron de que Manuel Azaña, Juan Negrín y Diego Martínez Barrio, presidentes de la República, del Gobierno y de las Cortes, estaban alojados en una casa próxima también a punto de pasar a Francia. Y quedaron los cinco a primera hora del día siguiente para, en una imagen épica de la derrota, cruzar juntos la frontera. El vasco y el catalán se acercaron a la hora y lugar acordados. Pero allí no había nadie. La República les había hecho gosthing. Tuvieron que caminar solos monte a través ese frío día de febrero rumbo a ninguna parte con las hordas de Franco pisándoles los talones.

Umberto Eco nunca escribió una novela en la que aparecieran las palabras máquina del fango. Sin embargo, todos volvemos la mirada hacia Número Cero, probablemente la obra más precaria del autor italiano, pero convertida, desde el momento de su publicación en 2015, en un influyente disparate. “Los periódicos ya no están hechos para difundir sino para encubrir noticias”. “No son las noticias las que hacen el periódico, sino el periódico el que hace las noticias”. “El periodismo es el arte de hacer que la gente crea que ha leído algo que no ha leído”. Todo el libro está repleto de referencias orwellianas. “Hubo un tiempo en que si no gustaba un presidente, como Lincoln o Kennedy, lo mataban –comentó Eco sobre su novela en una entrevista–. Con Clinton se miró qué hacía en el despacho oval o en la cama. Desde entonces se empezó a asesinar mediante la deslegitimación”. Pedro Sánchez ha desempolvado Número Cero en su carta del jueves para denunciar que esa maquinita va ahora a por él. Me temo que el perrosanxe ha dado en el clavo. No estamos hablando de política, estamos hablando de periodismo. 

"Lo más grave son los tics autoritarios del presidente y de su Gobierno, que se creen impunes en un no acatar la democracia que no veíamos desde Franco", ha dicho este sábado Feijóo en un acto electoral en Tarragona. A esa hora, miembros del Comité Federal del PSOE salían a la calle para sumarse a miles de militantes y simpatizantes concentrados en Ferraz al grito de “¡No pasarán!”. A ver si no acabamos escuchando otro día en otra calle el cuplé de la vedette falangista Celia Gámez: “¡Ya hemos pasao!”. Umberto Eco alertaba, al hablar de fascismo, que era nuestro deber de demócratas “desenmascararlo y apuntar con el índice a cada una de sus nuevas formas”. Está bien decirlo, pero ¿cómo hacerlo? El autor enumeró catorce rasgos que nos dibujan una imagen exacta de lo que denominó “fascismo eterno”, mucho más allá de la caricatura de “facha” que nos viene a la cabeza al oír a Abascal. Pueden consultarlos aquí. Pero tengan cuidado. No vayan a descubrir al leerlos que Celia Gámez se ha atrincherado en las capas profundas de su cerebro. Sí, el suyo.

[El 25 de abril se conmemora en Italia la liberación del país del fascismo y el nazismo. El sábado 20, estaba previsto que Antonio Scurati, el escritor que ha cautivado a media Europa con su monumental y adictiva tetralogía sobre Mussolini, hiciera un monólogo en la RAI. Esa misma tarde, se cayó de la escaleta. Meloni publicó en redes sociales que el autor de M iba a cobrar 1.800 euros, “el salario mensual de muchos trabajadores”, por leer unos folios. “Es un método fascista”, alertó Scurati. El texto se ha hecho viral]

Acababa de estrenarse el año 2015 y el expresident de la Generalitat de Cataluña Artur Mas defendía acérrimamente la colaboración público-privada en sanidad. "Cuando vamos juntos, administración pública y sociedad organizada, podemos superar muchas dificultades como país", dijo. Lo hizo a las puertas del Hospital de Mollet, en Barcelona, y esto no es simplemente un detalle. Años más tarde, el mismo centro ha sido también el lugar escogido por sanitarios y pacientes para clamar por una mejor sanidad. Según denunciaban, las listas de espera no disminuyen y la carga de trabajo, en consecuencia, no deja de aumentar. Aun así, Mas defendió ese modelo de colaboración como "genuinamente catalán". Y no mentía.

Retrocedamos unos años más. En 1981, cuando se hizo efectivo el traspaso de los servicios de asistencia sanitaria, la red ya era profundamente desigual. Entonces, tan sólo el 10% de los hospitales con el 27% de las camas eran públicos, como escribió Ramón Serna, del sindicato CATAC-CTS/IAC en su artículo El proceso de privatización en Cataluña. Los retoques de las izquierdas al modelo sanitario catalán. Por eso, y según recoge la Generalitat en su página web, "se puso de manifiesto la necesidad de contar con los hospitales concertados de una manera continuada y estable para garantizar la asistencia sanitaria". Era o eso o construir nuevos hospitales. Se optó por lo primero.

Así se creó el Servei Catalá de la Salut (CatSalut), el organismo, según explica Metges de Catalunya, que se encarga de contratar los servicios que necesita la población. Públicos o privados. Por eso cuando se habla del sistema sanitario catalán se habla necesariamente de una misma red que integra los dos modelos. Se llama Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña (SISCAT). Pero los números no están equiparados.

En Cataluña tan sólo hay ocho hospitales meramente públicos (es decir, de titularidad pública y gestionados por el Instituto Catalán de Salud, el ICS), mientras que otros 56, según explica Metges, están en manos de entidades de distinta naturaleza pero financiadas todas ellas con dinero público. Es decir, de conciertos. Pueden ser empresas, sociedades mercantiles públicas, entidades benéficas sin ánimo de lucro u otras privadas con ánimo de lucro. En cuanto a los centros de atención primaria (los denominados CAP), el orden es inverso: el 80% son públicos, mientras que el 20% son concertados. En total, suman 420.

El conseller de Salud Boi Ruiz, en el cargo durante la presidencia de Artur Mas y precisamente su acompañante durante sus declaraciones en el Hospital de Mollet, dijo en varias ocasiones que en la sanidad catalana "no hay privatización". Pero es que los conciertos son parte del modelo, que se basa en la colaboración público-privada. "El modelo catalán es, sin duda, el que desde una perspectiva de Gobierno inauguró en España las estrategias de colaboración público-privada en el ámbito sanitario y de externalización de la provisión de servicios", escribió el doctor Amando Martín Zurro en un artículo.

Entender el funcionamiento del sistema es importante, puesto que cuando se miran las estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad Cataluña aparece, indudablemente, como líder del gasto en conciertos, aunque desde Metges insisten en aclarar que no todos son con lo privado. Los últimos datos disponibles en la web de Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud corresponden a 2021 y cifran en un 23,3% el porcentaje de gasto sanitario destinado a conciertos en la comunidad.

Pero también hay otros números que, aunque no oficiales, siguen en la misma línea. Son por ejemplo los publicados por la Fundación IDIS en el apartado dedicado a Cataluña dentro de su informe Sanidad privada, aportando valor. Análisis de situación, 2023, que incluso incrementan el porcentaje hasta el 24,1%, lo que según sus datos corresponde a 3.373 millones de euros.

En cualquier caso, y da igual la fuente que se utilice, esta estadística deja a Cataluña muy lejos de la segunda comunidad que más invierte en conciertos sanitarios: Madrid. Según el Ministerio de Sanidad, lo destinado a esta partida en la autonomía supone un 11,24% del gasto sanitario. La media del país, por su parte, se sitúa en 8,76%.

Con estas cifras, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) siempre ha situado a Cataluña como uno de los epicentros de la "privatización sanitaria", uniéndola en ese ránking a Madrid, Baleares (que según los datos del Ministerio dedica un 8,58% a conciertos) y Canarias (con un 7,12% destinado a ellos). Marta Carrera, miembro de la organización, confirma que siempre ha sido así, es algo "histórico", detalla.

Y va más allá de estas cifras, recordando que la crisis económica y los recortes en servicios sociales que se produjeron después afectaron, sobre todo, al sector sanitario eminentemente público de Cataluña. Por ejemplo, Metges de Catalunya denunció en 2013 que, en tan sólo tres años, los centros del ICS —los 100% públicos— habían visto su gasto recortado en un 15%. Según la misma organización, el Servei Catalá de Salut aumentó las contrataciones al grupo privado IDC el mismo porcentaje. Y en el mismo periodo. "Los recortes no afectaron a las empresas privadas", recuerda Carrera.

En cualquier caso, la penetración de lo privado en Cataluña también llega de los propios ciudadanos. Es lo que señala el último informe de la Fundación IDIS, publicado precisamente este jueves. Según sus cifras, las tres comunidades en las que hay una mayor penetración de los seguros privados son, precisamente, las tres que más destinan a conciertos. Aunque en un orden diferente. Así, en cabeza está Madrid, con un 38,7% de asegurados y seguida de Cataluña, con un 32,4%, y Baleares, con un 30,9%. La media nacional, por su parte, se sitúa en 25,9%.

El último barómetro sanitario publicado por su parte por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) también sitúa a los catalanes en el pódium de los más asegurados con pólizas privadas. Según la encuesta, suponen concretamente el 29,4%, un porcentaje que en el caso de los madrileños desciende al 25,5% y en el de los baleares asciende al 33,7%.

Como se puede extrapolar de los datos —y según el propio presidente de la Fundación IDIS admitió este jueves durante la presentación de su último estudio sobre el sector de la sanidad privada—, los datos que reflejan el alto número de personas aseguradas están íntimamente e inevitablemente ligados al deterioro de la sanidad pública. Se ve claramente en el barómetro del CIS, que revela que el 75,5% de los encuestados que tienen seguro privado lo contrataron "por la rapidez con la que atienden". Los catalanes que dieron ese argumento fueron el 78,2%.

"Cada vez cuesta más la accesibilidad a la sanidad pública en Cataluña, por eso la gente tira cada vez más de los seguros privados", lamenta María Ángeles Rodríguez, de la federación de sanidad de CCOO en Cataluña. Y es que las listas de espera, aunque no son las peores, son demasiado largas. En diciembre de 2023, los últimos datos disponibles, había un 46,6% de catalanes que esperaban más de 60 días en ser atendidos en una consulta externa. Un año antes eran un 37,2%.

Para solucionarlo, Rodríguez apuesta por la receta que siempre hace falta: más financiación. "Desde el sindicato siempre hemos pedido una inversión pública mucho más elevada de la que hay. El sistema de salud está profundamente infrafinanciado", critica.

Lo entiende también así el secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart. "Todavía no nos hemos recuperado de la década de recortes", lamenta desde el otro lado del teléfono. Pero ya no es sólo cuestión de eso. Según explica, el segundo eje en el que su organización basa sus demandas tiene que ver con la necesidad de elaborar un censo de profesionales, algo que según recuerda marca la ley y también es necesario a nivel nacional. "¿Cómo pensamos planificar la jubilación y la atención a la ciudadanía en un sistema sanitario en el que el administrador no sabe ni cuántos profesionales tiene trabajando en el sistema público?", se pregunta.

En el caso catalán, además, es más complejo. Precisamente por su modelo. Porque muchos de los profesionales, aunque trabajan en centros concertados que se consideran, dice, sanidad pública —por dar cobertura a todos los beneficiarios del CatSalut—, no son contratados por la Generalitat. Y también reclaman que lo sean. "Todos los profesionales deberían depender 100% de la Generalitat", considera. "Independientemente de dónde trabajen", incide

Escarbar en las raíces de la Generalitat como institución supone retroceder siete largos siglos. Los y las historiadoras han convenido en señalar su génesis -un modelo muy diferente al actual- en el año 1359, "cuando el rey Pere el Crimoniós convoca la Corte de la Cervecera para obtener fondos y poder hacer frente a la invasión de los territorios de la corona por parte de las tropas castellanas de Pere el Cruel", así es como queda recogido en un recoveco de la página web del gobierno catalán. Al frente de la institución han desfilado, hasta hoy, un total de 132 líderes. Entre sus nombres, algún Miquel, varios Jaume y diversos Francesc. Pero aunque siete siglos dan para mucho, no han bastado para hacer hueco a ninguna mujer. Tampoco estas elecciones dejarán a una molt honorable presidenta al frente del gobierno autonómico.

La foto fija es la siguiente. Entre los principales partidos con opciones de gobernar, ninguna candidatura encabezada por una mujer. Esquerra Republicana mantiene su apuesta por el actual president, Pere Aragonès. El fichaje estrella de Junts no es otro que el expresident Carles Puigdemont y de la mano del PSC, el exministro de Sanidad Salvador Illa. El PP abraza a su candidato Alejandro Fernández y la extrema derecha de Vox se queda con Ignacio Garriga.

Existen algunas excepciones que sí aspiran a dar un giro radical a la historia y llevar a una mujer al frente de la presidencia. Por un lado se encuentran la CUP, con Laia Estrada, junto a Comuns Sumar, con Jéssica Albiach. Por otro lado, dos opciones que se estrenan en unos comicios autonómicos: el partido de extrema derecha Aliança Catalana, con la actual alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols; y la formación Alhora, gestada al calor de estos comicios y encabezada por Clara Ponsatí.

ERC, a pesar de su elección, sí dibuja entre sus prioridades la paridad: "Alcanzar la plena paridad es un reto que tenemos como sociedad y también como partido, por ejemplo con una candidata a la Generalitat", dicen fuentes de la formación a preguntas de infoLibre. El partido presume de llevar siempre listas cremallera –una fórmula que hará obligatoria la futura Ley de Representación Paritaria–, también saca pecho de contar con tres mujeres cabeza de lista en las circunscripciones de Tarragona (Raquel Sans), Lleida (Marta Vilalta) y Girona (Laia Cañigueral), las dos primeras además con cargos en la estructura del partido.

También desde el PSC lo dejan claro: se definen como una organización "profundamente feminista" y están "firmemente comprometidos con el avance de las políticas, derechos y libertades de las mujeres del país" que no son, subrayan, un colectivo "sino la mitad de la sociedad". Los socialistas catalanes destacan que dos de las circunscripciones están encabezadas por mujeres, lo que "ya supone paridad en el número de cabezas de listas". 

Pero lo cierto es que, más allá de las listas cremallera y de la paridad en las distintas circunscripciones, ninguna mujer será presidenta de la Generalitat tras el 12M. ¿Hay autocrítica? "Es evidente que todavía queda mucho camino que recorrer en términos de igualdad, también en la política", reconocen las mismas voces de ERC. A su juicio, lo fundamental no es sólo una "mayor presencia cuantitativa de mujeres en puestos de responsabilidad y en las listas electorales, sino también la plena igualdad en el ejercicio de las responsabilidades políticas". 

También las voces socialistas creen que los avances en materia de igualdad "no son suficientes" e insisten en que "queda muchísimo camino por recorrer". "De ahí probablemente que la mayoría de candidatos sean hombres", admiten. Sí creen importante la existencia de mujeres en puestos de responsabilidad que sean "referentes para las nuevas generaciones". En el plano discursivo, lo tienen claro: "Estamos convencidos de que es cuestión de tiempo, que estos perfiles femeninos lleguen a todas las esferas de la sociedad, no solo a la política, y que se puedan romper techos de cristal y limpiar los suelos pegajosos".

Quienes además de tenerlo claro mantienen cierta coherencia entre teoría y praxis, son partidos como la CUP y Comuns Sumar. "Es muy preocupante", señalan voces de la izquierda independentista, "también lo es que aún sea un hecho excepcional que una mujer sea la cabeza de lista de un proyecto político". En el proceso de elección de su candidata, la militancia del partido propuso una serie de nombres, posteriormente integrados en una comisión de listas. Esta vez, comentan las mismas fuentes, las dos listas resultantes fueron encabezadas por mujeres. 

No es un hecho arbitrario, sino que se trata precisamente de una apuesta decidida por el feminismo como principio político. Además, las tres primeras personas que encabezan las listas de la CUP son mujeres. Y van un paso más allá: "Creemos que lo más importante en la política no es quién encabeza los proyectos sino sus programas electorales". A su juicio, "de poco sirve tener una mujer si después tus políticas no son transversales en todos los ámbitos sociales", por lo que entre las páginas de su propuesta política se hacen hueco medidas como una renta básica universal que "permitiría a una mujer sin recursos poder ser autosuficiente y no depender de nadie" o la confección de una ley del aborto catalana que "garantizaría poder abortar libremente en todo el país".

El partido de Jéssica Albiach también carga contra la homogeneidad que, en clave de género, atraviesa a las elecciones catalanas. Unos comicios en los que entrarán en disputa candidatos "todos hombres, de una edad similar y de una procedencia social similar", por lo que apostar por una mujer no sólo "es un mensaje claro a favor de una Cataluña feminista y moderna", sino también la aspiración palpable de "hacer política para la mayoría desde el feminismo". La campaña que arranca la noche del jueves estará, lamentan, centrada en "las aventuras y desventuras de tres hombres que discuten", en lugar de priorizar "la vida de los catalanes y las catalanas".

"Seguir apostando por un debate político centrado en las discusiones personales de tres señores significa que la mayoría de partidos no han entendido que estamos en 2024 y no en 1990", denuncian fuentes del partido.

La imagen que deja la contienda electoral que tendrá lugar en suelo catalán no satisface a quienes miran desde una perspectiva de género. Mónica Grau Sarabia, investigadora del International Institute of Social Studies de la ERASMUS University y especialista en estudios de género, cree que la panorámica es sencillamente un reflejo de la situación "en la que nos encontramos respecto a la participación general de las mujeres en política" y que tiene que ver con una "falta de paridad". Pero hay más: igual de acuciante es la escasa "representación de otros muchos" sectores de la población. Aunque la sociedad catalana "es muy diversa", las candidaturas están copadas por "representantes que pertenecen al mismo grupo social", incide la investigadora. 

No es fruto de la casualidad, sino que se trata de la consecuencia lógica de todo un contexto previo construido en base a las necesidades de un grupo privilegiado: "En España somos muchas las generaciones que hemos crecido con la idea de padres de la democracia, un título que invisibiliza todo el trabajo y labor de las mujeres en la política", completa la entrevistada. 

La analista política y autora de El poder de la influencia: así se construye un liderazgo (Esfera, 2024), Verónica Fumanal, cree que alrededor de la imagen del 12M se construye un mensaje, cuanto menos, caduco. "La política de sólo trajes y corbatas", ligada al "estereotipo de liderazgo" basado en una "visión androcéntrica del poder". Si bien las listas cremallera imponen la presencia de mujeres, lo cierto es que ellas tienden a quedar relegadas a un eterno número dos.

El de las listas cremallera constituye uno de los diversos mecanismos que se han ido desarrollando en los últimos años, precisamente encaminados al fomento de la participación política de las mujeres. Lo recuerda Grau Sarabia. "Ha habido grandes cambios culturales y legislativos" de modo que la participación de las mujeres "en los ámbitos de poder sí se ha incrementado notablemente en los últimos años", reflexiona. Empezando por la Ley de Igualdad que en 2007 introdujo el criterio de presencia y composición equilibrada, basado en la proporción 40-60% de cada género.

"Es verdad que los ámbitos políticos donde hay una presencia equilibrada son muy reducidos" y además existe una "gran variabilidad" según el órgano, también es cierto que "el porcentaje de mujeres en el conjunto de cargos ejecutivos de los partidos ha ascendido ligeramente". Eso, celebra la investigadora, "confirma la tendencia al alza", así que la "foto no es del todo desoladora".

Fumanal añade una reflexión: situar a las mujeres en primera línea constituye un activo electoral. "En el elemento de la representación siempre tiende a haber prototipicalidad: si hay una persona de tu área geográfica o de tu profesión, se activa la simpatía". En ese sentido, la politóloga se apoya en un análisis interclasista según el cual existen una serie de intereses y problemáticas comunes entre las mujeres de izquierdas y de derechas: "Todas sufrimos las mismas violencias y estereotipos, discriminación en el trabajo, somos juzgadas diferentes y padecemos que no nos crean si denunciamos violencia sexual". "Una mujer de izquierdas tiene más en común con otra mujer de derechas que con un hombre de izquierdas".

En todo caso, coinciden las voces pulsadas, la imagen que dejan los próximos comicios es muestra de las muchas barreras que todavía existen para las mujeres. Por un lado, aquellas que tienen que ver con los estereotipos de género ligados al poder, señala Fumanal. Por otro, la violencia que campa a sus anchas, especialmente en internet y redes sociales, completa Grau Saraiba. Pero el obstáculo que más se resiste es, con diferencia, el reto de ir más allá del plano teórico para hacer del feminismo no sólo un discurso, sino también una forma de entender y practicar la política.