El Tribunal Constitucional (TC) blindó en diciembre de 2021 a Enrique Arnaldo ante una recusación sustentada en que su cercanía al PP y la publicación de artículos alineados con la formación conservadora vulneraban la apariencia de imparcialidad. En beneficio de Arnaldo, ahora encargado de proponer si se acepta o se rechaza el recurso del PP contra una ley –nada menos que la del aborto, a la que el magistrado también dedicó latigazos en la prensa–, el TC se aferró a lo que ya había dictaminado ocho años antes: exactamente en septiembre de 2013, cuando bajo mayoría conservadora libró de otra recusación por sintonía con la formación conservadora a su entonces presidente, Francisco Pérez de los Cobos, afiliado y donante del PP “al menos” entre 2008 y 2011.

Lo que, con mayoría conservadora al igual que en 2021, vino a decir el tribunal de garantías en el caso de Pérez de los Cobos se resume así: que una cosa es ser imparcial y otra neutral. Refrendado por un pleno donde ocupaba plaza de vocal del TC el actual consejero madrileño de Justicia, Enrique López, aquel auto no detalla cómo deben diferenciarse ambos conceptos.

El auto que hace 15 meses salvó a Arnaldo y Espejel de verse apartados del recurso planteado por independentistas catalanes y les preparó el terreno para mantenerse dentro del coso jurídico en el recurso contra la ley del aborto reproduce lo que en 2013 hizo constar el TC en relación a Pérez de los Cobos. La argumentación literal fue esta: “(…) la imparcialidad que exige el artículo 22 LOTC [Ley Orgánica del Tribunal Constitucional] no equivale a un mandato de neutralidad general o a una exigencia de aislamiento social y político casi imposible de cumplir en cualesquiera profesionales, también en los juristas de reconocida competencia”. En 2013, la resolución del TC registró dos votos particulares, es decir, discrepantes. En diciembre de 2021, recién estrenado el asiento de Arnaldo en el TC, el auto fue aprobado por unanimidad.

El papel que jugará el magistrado como quien ha de llevar la batuta en el recurso del PP gana ahora protagonismo en el debate abierto tras abstenerse en dos casos el exministro socialista Juan Carlos Campo y en uno la exdirectora general Laura Díez. También crece la relevancia de cómo, salvo sorpresa de última hora, Concepción Espejel participará en las deliberaciones y la votación sobre el recurso contra la ley del aborto. En 2009, cuando la norma se encontraba en tramitación parlamentaria, Espejel era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de la judicatura avaló como constitucional la futura norma. Espejel se opuso emitiendo un voto particular.

Es justo en medio de ese debate cuando el PP acaba de presentar el denominado Plan de Calidad Institucional. En el apartado dedicado al tribunal de garantías, el documento remarca lo que sigue: "El Tribunal Constitucional debe configurarse como una institución de prestigio, transparente y que dicte resoluciones en plazo. La excelencia profesional, desvinculación política y ejemplaridad de sus miembros debe ser incuestionable".

Ahora, la apariencia de imparcialidad estará muy presente en el primer cónclave del renovado Tribunal Constitucional. Este martes, el Pleno de la corte de garantías deberá decidir si acepta las renuncias que los dos magistrados designados por el Gobierno, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa y catedrática Laura Díaz, han planteado a la hora de participar en determinados recursos. El primero de ellos, ha pedido abstenerse en los casos sobre la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual –más conocida como la ley del sólo sí es sí– y sobre la decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados y su actual pareja, Meritxell Batet, de no permitir que el diputado del PP Alberto Casero corrigiese su voto favorable a la reforma laboral. Batet, al fin y al cabo, es su actual pareja sentimental.

Díez, por su parte, ha pedido no participar en las deliberaciones sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en relación con la ley y el decreto-ley de la Generalitat que pone freno a la entrada del 25% de castellano en las aulas catalanas. En el pasado, la catedrática intervino como vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias, órgano asesor del Ejecutivo catalán, firmó dictámenes relacionados con esta cuestión.

Pieza clave en la maniobra inédita con que el Tribunal Constitucional (TC) impidió hace un mes al Senado votar la reforma precisamente destinada a desbloquear la renovación del tribunal de garantías, el conservador Enrique Arnaldo tendrá de nuevo un papel protagonista en menos de tres semanas. Magistrado del TC a propuesta del PP desde hace poco más de un año, Arnaldo es quien en el pleno del tribunal fijado para el 7 de febrero defenderá una propuesta de sentencia: aquella que, aún nítido el recuerdo de cómo Vox ha intentado aplicar en Castilla y León un retroceso legal, determinará si triunfa o fracasa el recurso del PP contra la ley del aborto de 2010. Lo peculiar es que, designado en 2021 ponente del caso en un Tribunal Constitucional ahora ya con mayoría progresista, Arnaldo difundió su oposición a la ley del aborto cuando en 2008 y 2009 la preparaba el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y esa es la ley sobre la que ahora se pronunciará el Tribunal Constitucional.

La posición del magistrado, en aquella época letrado del Congreso y columnista del digital El Imparcial, se sustentaba en los mismos pilares que la del PP. Sobre la entonces futura norma ampliatoria de derechos de la mujer para la interrupción voluntaria del embarazo escribió, por ejemplo, lo que sigue: que el Ejecutivo hablaba del debate abierto pero avanzaba “a cierta velocidad para llegar al fin pretendido por más que se violenten algunos principios o alguna jurisprudencia por el camino”. A Arnaldo nadie lo ha recusado como ponente sobre la ley del aborto ni él ha considerado oportuno abstenerse. Esto último, abstenerse, es lo que ya han solicitado hacer sobre tres asuntos pendientes el exministro Juan Carlos Campo y la exdirectora general Laura Díez, recién nombrados miembros del TC a propuesta del Gobierno. Precisamente en el pleno convocado para este martes está previsto que se aborden tanto esas peticiones de abstención como las recusaciones planteadas por Vox contra cuatro magistrados del tribunal del sector progresista.

Presentado en junio de 2010 y desde entonces en el limbo de un cajón del tribunal, el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la ley del aborto incluía entre los puntos impugnados uno que en 2015 borró ya de la ley el Gobierno de Rajoy y ahora pendiente de la reforma impulsada por Igualdad: que una adolescente de 16 o 17 años pueda interrumpir voluntariamente el embarazo sin autorización previa de sus progenitores.

Según el PP, aquello era “una flagrante violación de los derechos de los padres a que sus hijos reciban una formación conforme a sus propias convicciones”. Un año antes y en un artículo fechado el 15 de marzo de 2009, Arnaldo comenzó ridiculizando la decisión de que las mayores de 16 pudieran “decidir por sí mismas sin autorización de los padres o tutores”. “Si pueden casarse o tener hijos pueden también abortar”, entrecomilló al final del párrafo. A renglón seguido, mantuvo el testarazo: “Por la misma regla de tres podrían constituir hipotecas, comprar o vender inmuebles, bonos Madoff, letras del tesoro, trabajar en turno de noche, hacer horas extraordinarias (…) ¡Ah! Y por supuesto votar en las elecciones, consultas populares y referéndum varios. ¿Por qué no?”

El artículo se cerraba invocando lo que los americanos llaman la estrategia del wag the dog: desviar la atención con algo vistoso que eclipse el debate sobre lo importante. “Por lo demás —se lee en el texto— seguimos estando hartos de cortinas de humo y de maniobras de distracción. Lo que nos preocupan son otras cosas muy graves, las que afectan al bolsillo, al empleo, a los impuestos…”. El derecho al aborto, se infiere de ese párrafo, no pertenece a la categoría de cosas relevantes que preocupen a la poblacón.

“Para el Super Presidente —sostenía refiriéndose a José Luis Rodríguez Zapatero en otro artículo tres meses más tarde— es más importante cambiar la ley del aborto que las reformas sustantivas de la Seguridad Social, del sistema tributario o del régimen financiero”. Modificar la ley del aborto implicaba “el estiramiento jurídico a la carta”. Imposibilitaba, por tanto, “saber a qué atenernos y no depender del ukase [los decretos de los zares rusos] o de la ocurrencia del momento”.

El Gobierno —venía a mantener Arnaldo en otro artículo en ese mismo 2009 y también con carácter profético de lo que el PP divulgaría al año siguiente— estaba perjudicando a los padres centrados en “difundir a sus hijos los valores propios de una sociedad civilizada”. Esos padres —añadía- “se ven zarandeados por unas políticas públicas probotellón (desde los 18), proaborto (desde los 16), proaprobado general (desde los 6), prosubvencionadoras (desde el nacimiento)”.

De nuevo, bien por casualidad o bien porque sus textos resultaban inspiradores, en 2010 y durante los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, Mariano Rajoy retomó el hilo de que con la ley del aborto el Gobierno pretendía desplazar del debate los asuntos de importancia: “Nadie reclamaba en nuestro país una ley del aborto que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional y de la que esperamos un pronto fallo por parte de sus magistrados”.

Enrique Arnaldo no es el único magistrado del TC que ya había manifestado su desacuerdo con la ley del aborto de 2010. La otra integrante del tribunal propuesta por el PP en 2021, la jueza Concepción Espejel, también se había mostrado abiertamente en contra de la norma luego recurrida por el PP. Integrada entonces en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Espejel emitió en 2009 un voto particular contra la futura ley del aborto del entonces Gobierno socialista.

Como en 2021 publicó El País, Espejel concluyó que era inconstitucional. “De la actuación del Estado —adujo— cabe esperar, en esta materia, no una actuación neutral, sino guiada activamente por una finalidad protectora de la vida del concebido, que exige de los poderes públicos una actitud decididamente disuasoria de la realización de la interrupción voluntaria del embarazo”. No consta hasta el momento que Espejel haya decidido abstenerse de participar en la deliberación sobre el recurso del PP.

La Audiencia Nacional ratificó en octubre una resolución por la que el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) había obligado a Wolters Kluwer España SA a pagar 3,7 millones por el impuesto de sociedades de 2008 y 2009. Lo paradójico de la condena, dictada por la Sala de lo Contencioso de la Audiencia y ajena por tanto al ámbito penal, es que cabe definir a Wolters Kluwer como gigante de la edición de libros jurídicos y bases de datos, la implantación de herramientas digitales y la organización de cursos y otros eventos donde los protagonistas son jueces, fiscales y abogados de alto nivel. La segunda mitad de la paradoja estriba en que en 2008, el primero de los dos años en que una posterior inspección de Hacienda puso en jaque sus números sobre el impuesto de sociedades, Wolters activó una fundación sin ánimo de lucro. Y en la práctica, esa fundación se fue convirtiendo en mecenas de juristas, buena parte de ellos del sector conservador. Entre ellos, Enrique Arnaldo, el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) cuyo dictamen contra la reforma legal para la renovación de ese mismo tribunal ha maniatado al Parlamento.

InfoLibre no ha logrado recabar la versión de la empresa que con su recurso ante la Audiencia Nacional intentó sin éxito anular la orden de pagar 3,7 millones, orden que a tenor de sus últimas cuentas anuales dictó un tribunal administrativo ya en 2012 y que la empresa desembolsó: de lo contrario, y así lo explican las fuentes jurídicas consultadas, no habría podido acudir a los tribunales, como hizo al plantear el recurso que ha terminado tumbando la Audiencia Nacional. Tampoco ha sido posible contactar con la fundación ni acceder a sus estatutos, su actual patronato y sus memorias y cuentas anuales.

Como se lee en el BOE del 24 de abril de 2008, que anunció su inscripción oficial, la fundación había sido constituida por la empresa de la que tomó el nombre: Wolters Kluwer España SA. Arnaldo era uno de los tres miembros con poderes para actuar en nombre de la recién nacida fundación, en cuyo patronato ostentaba el cargo de secretario. Fuentes del TC trasladaron el viernes a infoLibre que Arnaldo abandonó la fundación en cuanto quedó confirmado en noviembre de 2021 que se convertiría en uno de los integrantes del tribunal de garantías.

En el patronato –es decir, el órgano de gobierno– de Fundación Wolters Kluwer compartían en 2008 mesa con Arnaldo otras figuras del mundo del derecho. Entre ellas, Jaume Matas, más tarde condenado por corrupción en el caso Palma Arena y con quien Enrique Arnaldo hizo negocios de doble dirección: a través de su empresa privada –Estudios Jurídicos y Procesales SL–, cobró del Gobierno balear que presidía Matas al tiempo que ejercía como letrado del Congreso y le pagó luego a Jaume Matas 60.000 euros después de que en julio de 2007 dejara de ser jefe del Ejecutivo del archipiélago. Como desveló la Cadena Ser, Estudios Jurídicos y Procesales SA cobró un millón de euros de distintas administraciones gobernadas por el PP.

Como patronos fundacionales también aparecían en el BOE de abril de 2008 los siguientes políticos: Enrique López, ahora consejero de Justicia de Madrid en el Gobierno de Isabel Diaz Ayuso, antes vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP, luego magistrado del TC,  responsable de Justicia del PP con Pablo Casado y que dirigió el Observatorio de la Calidad de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer; José María Michavila, ministro de Justicia con José María Aznar; y Virgilio Zapatero, ministro de Relaciones con las Cortes con Felipe González.

De las razones que justificaban aquellos pagos efectuados por Arnaldo a Matas escribió una carta en marzo de 2010 el hoy presidente del TC, Pedro González-Trevijano, cuyo mandato caducó en junio. En el pleno del TC que ha provocado un choque institucional inédito, Trevijano votó la semana pasada contra la reforma legal que, de haberse aprobado, le habría obligado a abandonar de inmediato el tribunal.

Otra misiva de descargo sobre aquellos pagos de Arnaldo para Matas llevaba la firma de Rosalina Díaz Valcárcel, entonces directiva del grupo empresarial de Wolters Kluwer y primera presidenta y tesorera de su fundación.

Bajo el paraguas de una empresa que en 2020 facturó a tenor de sus cuentas oficiales 95,8 millones y habitual colaboradora del Ejecutivo autonómico de Madrid desde los tiempos de Esperanza Aguirre, la Fundación Wolters Kluwer carece de página web. En 2010, el Gobierno regional llegó a otorgarle la Distinción a la Excelencia Europea. Y en 2016 le encargó una Guía Jurídica: en este caso, para “acercar la justicia a las personas con discapacidad intelectual”.

Pero también otras instituciones cooperan con la fundación. Por ejemplo, en diciembre de 2020 el TC presentó el libro Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, del que la organización impulsada por el grupo Wolters Kluwer fue coeditora junto con el BOE, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el propio Tribunal Constitucional.

A día de hoy, pertenece al patronato de la fundación el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, el conservador Manuel Marchena. Y en 2020 se incorporó la delegada del Gobierno de Pedro Sánchez en Cataluña, la abogada Eugènia Gay, cuya versión no ha conseguido este periódico.

A preguntas de este periódico, Marchena recalcó que la sentencia por la que la Audiencia Nacional ratifica la resolución del TEAC que impuso a Wolters Kluwer España SA el pago de 3.751.341,94 euros concierne a hechos anteriores a su entrada en el patronato de la fundación.

Tras consultar una base de datos jurídica, el magistrado facilitó a infoLibre otra sentencia que involucra a Wolters Kluwer, esta por discrepancias tributarias en 1987:  aquí, relativas al IRPF. En ese caso, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional confirmó la resolución del TEAC donde se declaraba la existencia de un “fraude de ley” en la venta masiva de acciones por parte de dos personas físicas a Wolters Kluwer España SA.

“He podido comprobar –relató Marchena en un mensaje para infoLibre– la existencia de una sentencia de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional de fecha 1 de junio de 2006, que declaró fraudulentas las liquidaciones practicadas por Wolters Kluwer, en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1989, por cuantía –la mayor– de 5.566.635,39 euros”.

En noviembre de 2018, el nombre del presidente de la más que relevante Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ocupó grandes titulares. Ocurrió tras difundirse un whatsapp donde el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, presumía ante los suyos de que el partido seguiría controlando “desde detrás” la Sala Segunda del Supremo.

¿Qué nexo enlazaba a Marchena con aquel mensaje cuya difusión dinamitó como una bomba el acuerdo alcanzado ya entonces por PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)? Pues que aquel pacto le asignaba la presidencia del órgano de gobierno de los jueces. Pero una vez el whatsapp de Cosidó vio la luz, el magistrado saltó como un resorte y renunció de inmediato a asumir ese puesto. A partir de ahí y como sigue haciendo hoy, el PP bloqueó la renovación del CGPJ.

En referencia a la Fundación Wolters Kluwer y a las dos sentencias de la Audiencia Nacional confirmatorias de resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), Marchena se expresó en los siguientes términos: “Pertenezco a esa fundación desde el año 2013, por tanto, con posterioridad a todo lo relacionado con los hechos que motivaron esas sentencias”.

El magistrado subrayó que cuenta “con la declaración de compatibilidad del CGPJ” y que ha tenido “la oportunidad de coincidir” con “juristas tan relevantes como Virgilio Zapatero –patrono fundador–, Ángeles Amador –ex ministra de Sanidad en el gobierno de Felipe González–, Miguel Rodríguez Piñero –presidente del Tribunal–, Juan Fernando López Aguilar –ministro de Justicia en el Gobierno de Rodríguez Zapatero y actual eurodiputado por el Partido Socialista–, y Eugenia Gay, actual delegada del gobierno en Cataluña”.

 El correo electrónico dirigido el jueves a la “Recepción” del holding siguiendo las indicaciones de una operadora ha quedado sin respuesta. Por tanto, este medio ignora de momento cuál es la relación nominal completa del patronato de la fundación y cómo pueden consultarse sus estatutos así como las cuentas y memorias anuales, datos todos ellos de carácter público. Quienes atendieron las distintas llamadas telefónicas tampoco facilitaron una web de la entidad sin ánimo de lucro, si es que existe. La url que emerge en algunos buscadores ya no funciona.

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado por unanimidad desestimar los diez recursos de súplica y las solicitudes de aclaración relativas al auto de 15 de diciembre por el que inadmitió de plano las 33 solicitudes de recusación formuladas contra el presidente Pedro González-Trevijano y los magistrados Concepción Espejel y Enrique Arnaldo para cuestiones relativas al procés independentista de Cataluña, informa Europa Press.

El auto del pleno confirma la extemporaneidad de cuatro de las recusaciones presentadas, al considerar que al encontrarse los recursos de amparo avocados al Pleno, y atendida la naturaleza de los motivos aducidos, el día de inicio del cómputo del plazo es la fecha de publicación en el BOE del nombramiento de los magistrados recusados -coincidente con la toma de posesión-, momento en el que se conoce la composición del Tribunal.

Cita al hilo el artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para señalar que "la recusación deberá proponerse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues en otro caso no se admitiría a trámite". Apuntan que esa actitud proactiva está vinculada a la necesidad de evitar que se use la recusación como un "mecanismo intimidatorio" que sobrevuele la intervención de un magistrado en un procedimiento.

Apunta que en el presente caso no puede inferirse que los hechos que sustentan los incidentes de recusación fueran posteriores a la fecha de publicación de los nombramientos de los magistrados recusados.

El tribunal insiste, como ya hiciera en el auto por el que rechazaba las recusaciones, que la necesaria pluralidad de perspectivas jurídicas que confluyen en sus deliberaciones y decisiones, en estrecha correspondencia con el pluralismo político, se convierte en una seña de su propia identidad, y no en un condicionamiento negativo que afecte a su imparcialidad.

"La singular naturaleza de este tribunal determina que (...) la composición del pleno no pueda estar sujeta a normas de reparto o de atribución de competencia territorial o funcional", añaden.

Apuntan asimismo que el carácter insustituible de los magistrados que conforman el tribunal debe llevar a que su composición debe preservarse frente a los intentos de paralizar el funcionamiento de la jurisdicción constitucional. "Los magistrados -del TC- no pueden en ningún caso ser sustituidos en el ejercicio de sus funciones en caso de ser recusados", dice.

Y añade que dado el número de peticiones de recusación se impone que quienes hayan sido recusados previamente o cuya abstención haya sido aceptada -como la del magistrado cándido Conde-Pumpido- puedan formar parte del órgano que haya de decidir sobre propuestas de recusación para que haya quorum suficiente.

Apunta el auto que en este caso teniendo en cuenta las recusaciones existentes y las planteadas, si se apartaran de la decisión todos, esto abocaría al bloqueo de la institución e impediría la resolución de las pretensiones que se solicitan.

"Evitar dicho indeseable efecto justificó el análisis conjunto de las 33 recusaciones planteadas por el total de los magistrados presentes que integran el tribunal, (...) lo que llevó a apreciar que comportaba un uso abusivo de esa facultad por parte de los recurrentes tendente a impedir el normal ejercicio de su jurisdicción por este tribunal", añade el auto.

Además, afea que las recusaciones presentadas por el expresident Carles Puigdemont, y los exconselleres Clara Ponsatí, Antoni Comín y Lluis Puig se formularan de forma genérica, mediante escritos idénticos, sin argumentar la vinculación de las causas de recusación invocadas con el objeto del proceso, y sin que estas tengan encaje en esas causas. "La apreciación de una pérdida de la imparcialidad objetiva (...) no se puede llevar a cabo en abstracto", dicen, para añadir que el recurrente debe razonar especificar y acreditar en que aspecto los magistrados tienen algún interés directo o indirecto.

Por otro lado, frente a la insistencia de los recurrentes en que concurren las causas de recusación invocadas, el auto remite a las razones expuestas en ese auto de diciembre, al no quedar desvirtuadas por los argumentos contenidos en los recursos de súplica.

Sobre la recusación de Arnaldo y de González-Trevijano, el auto señala que los argumentos que se usan en los incidentes es genérico, poco preciso y que no argumenta o justifica "en qué aspecto concreto la amistad invocada -entre ambos- trasluce algún interés por parte del presidente en el pleito o causa.

Y ahonda en el asunto del quorum enfatizando que con las recusaciones se pretendía "paralizar" el TC de facto para que no resolviera sobre recursos pendientes. "Dicha actuación procesal ha de considerarse objetivamente abusiva", añade.

Cabe recordar que en diciembre el Pleno del TC apoyó por unanimidad no recusar a estos magistrados apuntando que los tribunales "deben ser integrados por jueces que no tengan la mente vacía sobre los asuntos jurídicos sometidos a su consideración". Explicaban así que "no puede pretenderse la recusación de un juez por el mero hecho de tener criterio jurídico anticipado sobre los asuntos que debe resolver".

El órgano de garantías insistía en que "va en la propia naturaleza de las cosas que un magistrado del Tribunal Constitucional haya sido designado precisamente por sus ideas y opiniones expresadas a través de los instrumentos habituales de difusión jurídica".

Así, consideraban que "debe descartarse" que pueda fundarse una "duda legítima de imparcialidad" contra sus integrantes, ya sea por la "exteriorización jurisdiccional de un criterio jurídico" en un voto particular, o por las "manifestaciones vertidas en publicaciones académicas o en artículos de opinión antes de haber adquirido la condición de magistrado".

En este sentido, subrayaron que lo que precisa la función jurisdiccional son "jueces con una mente abierta a los términos del debate y a sus siempre variadas y diversas soluciones jurídicas que están, normalmente, en función de las circunstancias específicas del caso".

Enrique Arnaldo mantuvo contratos de defensa jurídica con el Banco Santander mientras fue letrado del Congreso, puesto que el próximo jueves dejará atrás una vez tome posesión como magistrado del Tribunal Constitucional (TC). Elegido por el PP como uno de sus dos candidatos y aceptado por la coalición de Gobierno, Arnaldo representó en los tribunales desde 2003 y al menos hasta 2019 –año de la última sentencia localizada– a la que antes de la fusión de la Caixa con Bankia era la primera entidad financiera del país. Al mismo tiempo que ejercía como letrado del gigante bancario, Arnaldo asesoraba a la Cámara en materia de legislación aunque ningún documento lo relaciona con las comisiones parlamentarias que pudieran abordar asuntos económicos, tributarios o directamente vinculados al sector financiero.

Como ya publicó infoLibre, entre finales de 2001 y noviembre de 2020, Arnaldo ejerció como administrador solidario de Estudios Jurídicos y Procesales SL pese a que la normativa sobre incompatibilidades prohíbe que un funcionario ostente cargos en empresas con contratos públicos. La suya los tenía. Y alternaba los servicios a administraciones públicas con grandes, medianos y pequeños clientes privados. Un documento de Hacienda incorporado al sumario del caso Matas, por el que Arnaldo permaneció imputado más de un año aunque el juez le exoneró por completo en julio de 2011, indica cuáles de esos clientes privados estaban en cabeza en la primera década del siglo. El Santander era uno de ellos: solo en el periodo 2003-2008, reportó a Estudios Jurídicos y Procesales SL 418.000 euros. 

A preguntas de este periódico, el banco ha declinado precisar cuándo comenzó exactamente Arnaldo a prestarle servicios jurídicos y cuándo finalizó la relación profesional con su despacho. Ha rehusado también aclarar si la entidad conocía que el jurista ocupaba en paralelo una plaza de letrado del Congreso.

Sí ha facilitado datos sobre otro puesto, este vinculado con la docencia, que aparece integrado en la panoplia de actividades profesionales del prolífico Enrique Arnaldo: la dirección de la Cátedra Santander Justicia, adscrita al centro privado Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE). Fuentes oficiales del Santander aseguran que se trata de una cátedra patrocinada por el banco pero que fue ISDE la que designó quién debía dirigirla. El pasado verano, añaden los portavoces consultados por este periódico, se acabó el patrocinio.

Pero el caso del Santander no es el único. En el ranking de clientes de Estudios Jurídicos y Procesales entre 2003 y 2008 superan a las restantes dos empresas del constructor ya fallecido Francisco Hernando, El Pocero. Ambas figuran como enormes fuentes de ingresos para la firma de Arnaldo y los otros dos abogados que con él formaban un trípode societario. Entre 2005 y 2007, las dos compañías de El Pocero incrementaron los números de Estudios Jurídicos con un total de 1.685.800 euros.

El introductor de Pablo Casado en el centro privado donde acabó con rapidez Derecho

Como publicó El Confidencial, el letrado ha infringido la Ley de Universidades al impartir clases en la universidad pública Rey Juan Carlos (URJC) y en el centro universitario privado Cardenal Cisneros, adscrito a la Complutense. Fue en este último donde el líder del PP, Pablo Casado, terminó la carrera de Derecho.

En 2018 y en una entrevista al diario El Mundo, el antiguo director del Cardenal Cisneros, Alberto Pérez de Vargas, contó cómo conoció al hoy presidente de la formación conservadora: "La primera vez que vi a Casado entró en mi despacho acompañado de Enrique Arnaldo, que era profesor de Derecho Político, y de un familiar lejano mío que ya ha muerto,José Pérez de Vargas, que le dio a este chaval Derecho Civil y que era una persona de enorme poder en el Cisneros, que era también presidente del Patronato de la Rey Juan Carlos. Los dos venían a decirme que el chico venía aquí a terminar la carrera".

En la misma entrevista, Pérez de Vargas añadió esto sobre las 18 asignaturas que Casado superó en el Cardenal Cisneros, donde recaló tras haber pasado por el Icade: "Yo creo que sólo se examinó de cuatro o cinco, pienso que el resto se las convalidaron". Este jueves, el exdirector del centro privado ha confirmado a la Cadena SER que todo ocurrió tal como él mismo narró hace tres años.

Con una imagen de persona capaz de facilitar la consecución de objetivos de apariencia difícil –y así le retratan las conversaciones con el expresidente madrileño Ignacio González interceptadas por la Guardia Civil en Lezo, el segundo gran caso de corrupción donde emerge su nombre– Arnaldo enfila la recta final hacia el Constitucional dejando incógnitas sin resolver. Por ejemplo, ¿resulta compatible que un letrado del Congreso ponga de forma simultánea sus conocimientos jurídicos al servicio de la sede de la soberanía popular y de un gigante bancario?

Desde el momento en que hace menos de un mes trascendió que Arnaldo había permanecido 18 años al frente de una empresa privada, el Congreso se ha atrincherado en el silencio. La duda sigue, por tanto, abierta. El ya virtual magistrado del Tribunal Constitucional sostiene que a su empresa no le afectan los artículos las incompatibilidades previstas en el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Estudios Jurídicos y Procesales SL, con la que dijo haber roto amarras en mayo de 2017 aunque en realidad no cesó como administrador solidario hasta noviembre de 2020, no presta servicios a administraciones sino "asistencia jurídica".

Esa es su versión. Respaldado por el Congreso como persona idónea para escalar al TC, Arnaldo se convirtió hace un año en el protagonista de una sentencia donde la Audiencia Nacional dictamina que bajo su presidencia en el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) burló nada menos que la Ley de Administraciones Públicas. La vulneración del artículo de ese ley que garantiza el principio constitucional de transparencia en lo que a la imposición de sanciones concierne cierra la puerta de forma taxativa a que el instructor de un expediente disciplinario sea a su vez presidente del tribunal encargado de decidir sobre el resultado final. Catedrático de Derecho

Junto con el contenido de la sentencia enunciada en el párrafo anterior, el único otro dato innegable a día de hoy es este: que no se conocen los términos exactos de la compatibilidad que se le concedió en 2002 para compaginar la abogacía al servicio del Estado y la dirigida a defender intereses privados. Exactamente la resolución donde han de figurar las condiciones exigidas a Arnaldo es la que el diputado socialista Odón Elorza pidió el miércoles al PSOE que reclamara a la Mesa del Congreso. En la votación telemática que finamente ha aupado al TC a los cuatro juristas pactados por el PP y el PSOE con el apoyo de Unidas Podemos, Elorza fue uno de los que rompieron la disciplina de voto. 

La Audiencia Nacional dictaminó  en una sentencia de diciembre de 2020 que la actuación de Enrique Arnaldo al frente del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) burló lo que la Ley de Administraciones Públicas preceptúa para preservar la imparcialidad a la hora de imponer sanciones. El origen de la sentencia, ya declarada firme y a la que ha tenido acceso infoLibre, se sitúa en un episodio protagonizado en 2015 por Arnaldo durante su etapa al frente del TAD, órgano adscrito al Consejo Superior de Deportes (CSD). El futuro magistrado del Constitucional a propuesta del PP intervino a la vez como instructor y como presidente del Tribunal del Deporte en un expediente disciplinario que acabó en sanción. Lo hizo pese a que la Ley de Administraciones Públicas prohíbe la duplicidad de funciones. Lo prohíbe en un artículo (el 134.2) que, según las fuentes jurídicas consultadas, se cimenta justamente en el derecho constitucional a un proceso con todas las garantías.

La sentencia [puedes leerla pinchando aquí] no ocultó la dureza del reproche unánime de los cinco magistrados de la Sala de lo Contencioso que le dieron luz verde. En uno de sus párrafos finales se lee lo siguiente: "Esa necesaria disociación entre el órgano que instruye y el que decide que refleja el citado artículo 134.2 se ha burlado en este caso, donde las funciones de instruir y decidir han sido desempeñadas por la misma persona". infoLibre envió este miércoles a Enrique Arnaldo un mensaje donde reproducía el entrecomillado anterior y en el que solicitaba su versión de lo sucedido. Arnaldo no respondió. Según su currículum, Arnaldo presidió el TAD entre febrero de 2014 y el  mismo mes de 2018.

Con los mimbres argumentales que desarrollan lo expuesto en el párrafo anterior, la sentencia tumbó la dictada dos años antes por un juzgado central de lo Contencioso. Y anuló la sanción impuesta en 2015 por el TAD al expedientado –inhabilitación por un año–  "al no ser ajustada a derecho".  El pasado 18 de marzo, un decreto de la Sala confirmó que la sentencia había pasado ya a ser firme dado que no había sido recurrida ante el Supremo.

Tomando como referencia actas del Tribunal del Deporte sobre el expediente que en relación a un conflicto electoral terminó con la sanción al entonces presidente de la Federación de Caza, Andrés Gutiérrez Lara, la Audiencia consideró más que probado que Arnaldo actuó "simultaneando" dos funciones incompatibles entre sí: las "de decisión e instrucción". "Dichas actas –se lee en la resolución– aparecen suscritas por el Presidente y también Instructor, y en ellas se constata la adopción de acuerdos tales como el archivo de escritos solicitando la personación en el expediente de referencia, o la incorporación de diversa documentación". 

Pero los argumentos que fundamentaron el varapalo a Arnaldo y su equipo no se detuvieron ahí. Porque, recalcó la Audiencia, "con todo ello se evidencia que durante la tramitación del procedimiento el señor Arnaldo Cubilla intervino al mismo tiempo como presidente del TAD y como instructor, y desempeñó las funciones propias de ambos cargos, decisoria e instructora, de manera simultánea".

En teoría, la separación entre la fase de instrucción y la de decisión existía "al menos formalmente". Y, según la sentencia, Arnaldo no participó en la reunión del tribunal que inhabilitó durante un año al expedientado por "infracción muy grave en materia de disciplina deportiva". Pero, añade la Audiencia a renglón seguido, "no puede desconocerse que dentro de la fase de instrucción se adoptaron acuerdos por el Tribunal –por ejemplo, el archivo de los escritos de terceros que solicitaban la personación en el procedimiento– en los que intervino como Presidente quien era al mismo tiempo, insistimos, Instructor del expediente".

Arnaldo pertenece al Cuerpo de Letrados del Congreso desde 1986. En 2002 y pese a que tanto la Ley de Incompatibilidades como el Estatuto del Personal de las Cortes lo prohíben, comenzó a ejercer el cargo de administrador solidario de una empresa privada con múltiples contratos públicos, Estudios Jurídicos y Procesales SL. Solo en el periodo 2003-2008 y como desveló la Cadena SER,  la firma ingresó casi un millón de euros por adjudicaciones públicas, en su mayoría de administraciones y entidades controladas por el PP. Asimismo, y como en este caso publicó El Confidencial, también compagina la docencia en una universidad privada y otra pública, lo que la Ley de Universidades también prohíbe.

Este jueves y salvo viraje sorpresivo, Arnaldo obtendrá el respaldo definitivo de la Cámara Baja para ocupar un puesto en el tribunal de garantías, el peldaño más alto de la justicia española dado que su misión consiste en proteger los derechos constitucionales. Y obtendrá ese respaldo parlamentario gracias a los votos de quien le propone, el PP, así como los de los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Arnaldo forma parte del paquete pactado para desbloquear la renovación de órganos constitucionales, hasta ahora bloqueada por el partido que dirige Pablo Casado.

Estudios Jurídicos y Procesales SL, a cuyo frente permaneció hasta hace un año el futuro magistrado del Tribunal Constitucional (TC) a propuesta del PP, Enrique Arnaldo, obtuvo en 2019 un contrato del Ayuntamiento de Las Rozas (PP) en cuya tramitación participó un concejal que había sido asesor directo de Ignacio González como "coordinador del gabinete del presidente de la Comunidad de Madrid". Se trata de Gustavo Rico, ahora primer teniente de alcalde del gobierno local y que asesoró al heredero político de Esperanza Aguirre durante todo su mandato presidencial, desde octubre de 2012 hasta junio de 2015. 

En noviembre de 2016, la Guardia Civil intervino una conversación telefónica en la que Arnaldo le anunciaba a Ignacio González que se estaba moviendo para conseguir que el nuevo fiscal general fuese "bueno". El ya virtual juez del tribunal de garantías, que en contra de lo que determina la legislación sobre incompatibilidades de funcionarios del Congreso fue administrador solidario en Estudios Jurídicos y Procesales a lo largo de 18 años, ya prestaba servicios al Ayuntamiento de Las Rozas desde marzo de 2015. Y aunque tanto en su currículum oficial como en su comparecencia ante el Congreso sostuvo que rompió amarras con la compañía en 2017, el contrato de Las Rozas se suma a la lista de documentos oficiales que atestiguan lo contrario. Y confirman que en 2020 seguía formando parte de ella: rubricado el 30 de marzo de ese año, el contrato señala de forma expresa que Estudios Jurídicos y Procesales viene obligada a "adscribir al contrato" a dos abogados. Uno de ellos era Enrique Arnaldo, a quien cita con su nombre y sus dos apellidos.

Concejal de Las Rozas desde las elecciones municipales de 2015, Gustavo Rico intervino en la tramitación del expediente para cuatro años más tarde adjudicar de nuevo a una empresa externa el servicio de defensa jurídica del consistorio. El concejal y antiguo "coordinador del gabinete del presidente de la Comunidad de Madrid" –así aparece en su cuenta de LinkedIn– desempeñó el puesto de "presidente suplente" en dos sesiones de la mesa que debía otorgar el contrato. Se celebraron el 8 y el 9 de agosto de 2019. ¿Por qué las presidió él y no el que tenía asignada la tarea, el entonces concejal de Hacienda? Porque este último se encontraba de vacaciones de verano, asegura el ayuntamiento. 

La primera de las dos sesiones presididas por Rico fue la que abordó la "valoración de los criterios basados en juicios de valor". Es decir, la que debía medir los "criterios subjetivos" indicados en el pliego de condiciones. Estudios Jurídicos ganó ahí por goleada. Este lunes, portavoces oficiales del gobierno local remarcaron que la mesa no adoptó en esas dos sesiones "resolución alguna sobre el fondo (propuesta de adjudicación)" y que en ambos casos la votación obtuvo "la unanimidad de los miembros presentes, todos ellos funcionarios municipales salvo el presidente".

Victoria por goleada en "criterios subjetivos"

Como señala el acta de aquella sesión, la del 8 de agosto, Estudios Jurídicos obtuvo en la fase de "criterios subjetivos" 25 puntos. El siguiente bufete, 20. Y quedaron a gran distancia los otros seis que también pujaban por este lote del contrato global de defensa jurídica del municipio, la del área de lo contencioso. Su importe se cifraba en más de 100.000 euros al año frente a los alrededor de 10.000 del segundo lote (función pública) y los algo más de 25.000 del tercero (justicia penal). 

La otra sesión que presidió Rico, concejal de Presidencia, tuvo lugar al día siguiente, el 9 de agosto de 2019. Su orden del día: "Apertura de criterios evaluables automáticamente". Un informe posterior incorporado al expediente atribuyó a otro de los concursantes –Despacho Lista– una oferta "anormalmente baja". Aquello benefició a Estudios Jurídicos. La mesa concluyó que en cuanto a oferta económica la más ventajosa era la suya.

El contrato se firmó el 30 de marzo por importe de 109.759 euros por año, IVA excluido, y prorrogable hasta un máximo de cinco años. Por parte del ayuntamiento lo firmó Rico. Por parte de la empresa, la otra administradora solidaria de la sociedad, cargo que también ostentó Arnaldo hasta noviembre de 2020. El concejal, detallan los portavoces municipales, también ha estampado su nombre en el contrato del lote adjudicado a otro bufete: el del área de función pública, Gaona Abogados. Y lo hará con el tercer adjudicatario –Despacho Lista, que finalmente se hizo con el lote de justicia penal–, cuyo contrato está ya "redactado pero no firmado".

La relación entre Enrique Arnaldo e Ignacio González salió a la luz una vez se conoció que la UCO había interceptado dos conversaciones entre ambos. Ocurrió en noviembre de 2016 en el marco de las investigaciones sobre el caso Lezo, en una de cuyas piezas el político madrileño se encuentra ya en espera de juicio. En aquel momento, González ya estaba siendo investigado por la compra de un ático de lujo en Estepona, caso finalmente archivado.

Incorporadas al sumario de Lezo, la transcripción de las dos charlas telefónicas revela que Arnaldo le dijo a su interlocutor que él mismo se estaba moviendo para conseguir un nuevo fiscal general "bueno". En esa misma conversación, Arnaldo vino a exponer ante el político madrileño que los cambios en Anticorrupción también serían positivos para él. Sus palabras fueron estas: "Hay que mover la pieza principal. Y, luego, las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la [Audiencia] Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Esa operación, que yo sepa, está preparada". 

Tres meses después, el nuevo fiscal general, José Manuel Maza, nombró fiscal anticorrupción a Manuel Moix, que en 2007 y 2009 se había negado a investigar la construcción de un campo de golf con el que la familia González dio un auténtico pelotazo y por el que ahora el expresidente madrileño está en espera de sentarse en el banquillo.

La contradicción entre sus negocios privados y la legislación sobre las actividades prohibidas a funcionarios, su intrincado mapa de relaciones con involucrados en dos grandes casos de corrupción –Ignacio González y Jaume Matas– y los datos que ha ocultado a la Cámara han terminado por poner en jaque la nominación de Enrique Arnaldo como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional (TC). Candidato del PP con el aval del PSOE y Unidas Podemos y a menos de una semana de que el Congreso culmine el trámite para renovar cuatro puestos del TC, las revelaciones sobre su trayectoria se han convertido en una bola de nieve que no cesa de crecer. Y que amenaza con extender un manto de sombras sobre el tribunal de garantías.

Durante años y en contra de lo que con claridad determinan tanto la Ley de Incompatibilidades como el Estatuto del Personal de las Cortes, Arnaldo compaginó su puesto de funcionario como letrado del Congreso con el cargo más alto de una empresa que solo en el periodo 2003-2008 ingresó casi un millón de euros por contratos públicos, en su mayoría otorgados por administraciones del PP: Estudios Jurídicos y Procesales SL. Y aunque tanto en su currículum oficial como en su intervención del pasado martes ante el Congreso sostuvo que rompió amarras con esa compañía "en 2017", los documentos oficiales le desmienten: ocupó el cargo de administrador solidario hasta noviembre de 2020.

Un mes antes, acababa de firmar las cuentas anuales de Estudios Jurídicos, trámite esencial y vetado a cualquier persona ajena al organigrama de una empresa. Esas cuentas eran las de 2019, que terminó con la adjudicación a Estudios Jurídicos de un contrato de 144.000 euros otorgado por el Ayuntamiento madrileño de Las Rozas, donde gobierna el PP. El expediente administrativo demuestra que Arnaldo aparecía primero como letrado "adscrito" al proyecto para el que se había convocado el concurso –defensa jurídica del ayuntamiento– y luego como "coordinador" [puedes ver las dos actas pinchando aquí y aquí]. 

Pero la abigarrada actuación profesional de Arnaldo tampoco termina en su papel en Estudios Jurídicos y Procesales SL. Catedrático de Derecho Constitucional en la universidad pública madrileña Rey Juan Carlos (URJC), el jurista hace doblete en ese campo impartiendo clases en el Colegio Universitario Cardenal Cisneros, de titularidad privada. Y como desveló El Confidencial este viernes, también ese solapamiento está prohibido. En este caso, por la Ley Orgánica de Universidades.

Arnaldo aduce que quien hasta 2013 fue rector de la URJC, hoy magistrado del TC y considerado el futuro presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, no objetó nada a la duplicidad académica. La relación entre ambos es estrecha, como lo demuestra que en 2009 y al arrancar la campaña para las convulsas elecciones a rector de la URJC, Arnaldo se convirtió en el "representante general" de González-Trevijano [puedes ver el documento pinchando aquí]. Las elecciones fueron anuladas por sentencia del TSJ madrileño en junio de 2011. Pero el Constitucional aceptó un recurso de amparo y a los cuatro meses denegó que se ejecutase la resolución judicial, contraria a Trevijano. Al año y medio, el rector dejó de serlo al incorporarse al TC a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy.

El Ejecutivo eligió en aquella tanda a un segundo jurista para el TC: Enrique López. También con él mantiene relación Arnaldo: fue su abogado cuando el ahora consejero de Presidencia de Madrid y responsable de Justicia del PP nacional fue cazado por la Policía conduciendo una moto de noche, sin casco y con tasa de alcohol superior a la permitida. López tuvo que dimitir como magistrado del Constitucional. Para entonces, julio de 2015, Arnaldo ya simultaneaba la docencia en la URJC y en Cardenal Cisneros. En ese centro privado adscrito a la Complutense fue donde Pablo Casado estudió Derecho y, según publicó el diario El Mundo,  consiguió aprobar media carrera en cuatro meses el año en que logró su escaño. En la URJC realizó el mismo máster por el que terminó imputada y finalmente absuelta Cristina Cifuentes. El Supremo concluyó que aun existiendo indicios de que se había "dispensado un trato de favor" a Casado, nada permitía inferir que hubiera existido "un acuerdo previo o simultáneo del aforado con los responsables del máster para que tal trato le fuera dispensado".

Del contrato para Matas a la búsqueda de un fiscal "bueno" para Ignacio González

La boyante facturación de Estudios Jurídicos y Procesales SL entre 2003 y 2008 se conoció después de que infoLibre publicase que, justamente por tres contratos que el Gobierno balear de Jaume Matas le había adjudicado a dedo y bajo sospecha de haber sido amañados, Arnaldo permaneció imputado más de un año en el caso Matas, aunque finalmente se le exoneró: por prescripción de parte de los hechos y por falta de pruebas en lo restante. Entre los miles de documentos de aquel sumario figura uno que desvela cómo la tortilla cocinada entre Arnaldo y el político dio la vuelta: es el contrato por el que Estudios Jurídicos y Procesales SL fichó en 2008 a Matas para realizar distintos "servicios profesionales". El primero de la lista es el de "Relaciones con las Administraciones Públicas" [puedes ver el contrato pinchando aquí]. 

Ocho años después y en el seno de la investigación de otra de las grandes causas de corrupción que afectan al PP, el caso Lezo, la Guardia Civil interceptó dos conversaciones telefónicas entre Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y Enrique Arnaldo. Muy preocupado porque ya una jueza estaba investigando la compra de un ático de lujo en Estepona, González escuchó cómo su interlocutor le comunicaba que se estaba moviendo para conseguir un nuevo fiscal general "bueno". En esa misma charla, Arnaldo vino a exponer ante el político madrileño que los cambios en Anticorrupción también serían positivos para él. Se lo dijo así: "Hay que mover la pieza principal. Y, luego, las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la [Audiencia] Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Esa operación, que yo sepa, está preparada". Tres meses después, el nuevo fiscal general, José Manuel Maza, nombró fiscal anticorrupción a Manuel Moix, que en 2007 y 2009 se había negado a investigar la construcción de un campo de golf con el que la familia González dio un auténtico pelotazo y por el que ahora el expresidente está en espera de sentarse en el banquillo. 

En contra de la política de transparencia, el Congreso guarda un silencio sepulcral desde que infoLibre reveló cómo Arnaldo sostiene que los contratos de su empresa quedaban exentos del veto legal pese a que la Ley de Incompatibilidades y el Estatuto del Personal de las Cortes prohíben  que un funcionario ostente cargos en empresas con adjudicaciones del sector público. Aquí, ese cargo era el de administrador solidario de Equipos Jurídicos y Procesales. Pero el futuro magistrado del Tribunal Constitucional argumenta que el objeto de los centenares de miles de euros en contratos adjudicados por ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas e incluso ministerios no era la prestación de servicios sino la de "asistencia jurídica". 

No solo sobre Concepción Espejel sino también sobre Enrique Arnaldo. Sobre ambos planea el riesgo de que, una vez aupados al Tribunal Constitucional (TC) a propuesta del PP y con el aval definitivo del pleno del Congreso, se les recuse por falta de imparcialidad y se vean obligados a apartarse de la sentencia sobre la ley del aborto. Porque, al igual que Espejel, también Arnaldo se pronunció públicamente y por escrito contra la conocida como ley de plazos, a la que llegó a comparar con los decretos autoritarios de los zares rusos y a definirla como "la ocurrencia del momento". Aprobada bajo el Gobierno de Zapatero en 2010, fue recurrida de inmediato por el PP. Y  lleva en la lista de espera del TC nada menos que 11 años. 

Como publicó infoLibre hace una semana, Espejel dejó claro su rechazo al oponerse en julio de 2009 a un dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que respaldaba la constitucionalidad de la ley, entonces en fase de tramitación. La jueza, en aquel momento vocal del CGPJ, emitió un voto particular o discrepante contra el informe. Arnaldo, que años antes también había sido vocal del mismo órgano, ocupaba  en esas fechas su plaza de letrado del Congreso a la vez que el cargo de administrador de una empresa privada con contratos públicos. Los dos coincidieron en su rechazo absoluto a que las mayores de 16 y menores de 18 años pudieran abortar sin el consentimiento de sus padres. Aquello –vinieron a sostener Espejel y Arnaldo a través de cauces distintos– no era constitucional. Porque, y ese era el argumento compartido, quien no ha alcanzado la mayoría de edad no puede prestar consentimiento al aborto por su sola voluntad.  El de las menores de edad aparece como uno de los elementos clave del recurso del PP. 

En su bofetada escrita a la ley, el abogado se adelantó a la magistrada Espejel cuatro meses: el 15 de marzo de aquel año dedicó a la nueva norma sobre interrupción voluntaria del embarazo uno de los artículos que con periodicidad semanal difundía en el digital conservador El Imparcial. En el penúltimo párrafo de una pieza titulada Aborto para mayores de 16 años, se lee esto: "El estiramiento del ordenamiento jurídico a la carta es el final de la certeza, que es la clave o la razón última del Derecho. Saber a qué atenernos y no depender del ukase o de la ocurrencia del momento". "Pero –añadió– exigir conocimientos en los gobernantes es mucho pedir". Así cerró el ataque: vapuleando la norma al equipararla con los antiguos edictos arbitrarios de los zares rusos –en castellano, los ucases– y recalcando de forma indirecta que el Ejecutivo de Zapatero ignoraba las pautas básicas de cómo legislar. 

Nada más arrancar el artículo, Arnaldo había acudido a lo dicho por la entonces ministra de Igualdad, Bibiana Aído: "Si pueden casarse o tener hijos, pueden también abortar". Lo hizo para a continuación desplegar un abanico de ejemplos en busca de desvirtuar la ley que un año más tarde resultaría aprobada. "Por esa regla de tres –dice el texto en referencia a las menores de edad que ya han cumplido los 16– podrían constituir hipotecas, comprar o vender inmuebles, bonos Madoff, letras del Tesoro, trabajar en turno de noche, hacer horas extraordinarias (...)".  Arnaldo remataba de esta forma su razonamiento: "¡Ah! y por supuesto, votar en las elecciones, consultas populares y referéndum varios. ¿Por qué no?".

Con su lista de comparaciones, el prolífico analista –solo en El Imparcial, 331 artículos– abrió paso a la almendra jurídica de su tesis: "No se olvide, sin embargo, que la Constitución de 1978 en su artículo 12 no se limitó a remitir a la ley la fijación de la mayoría de edad, sino que la concretó en los 18 años. La razón de ello se encuentra en la seguridad del tráfico jurídico, que obliga a establecer un momento concreto a partir del cual se atribuye a las personas la capacidad plena de obrar. Se fija en los 18 años atendiendo al criterio racionalmente contrastado de que en tal edad se entiende alcanzado el nivel de desenvolvimiento mental exigible".

En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una reforma que pasó a impedir el aborto de las menores de 18 años sin el consentimiento de sus padres. En julio de este año, trascendió que la ministra de Igualdad, Irene Montero, tiene previsto abordar en breve una reforma de la ley para modificar y derogar, entre otras cuestiones, que las jóvenes de 16 y 17 años deban contar con el permiso de los progenitores para interrumpir el embarazo

Los "non papers" de Bárcenas y la UDEF "hinchándose a hacer informes repetidos"

Casi siempre con una nota de humor sarcástico, salpicados de citas académicas y literarias y un claro sesgo conservador, vistos ahora destaca entre los artículos de Enrique Arnaldo uno sobre el caso Bárcenas. Lo publicó el 7 de febrero de 2013, una semana después de que el diario El País lanzase el misil informativo que ya ha derivado en tres sentencias –dos de la Audiencia Nacional y una del Supremo, que confirma la primera de la serie– donde la caja b del PP se declara probada. 

El texto del artículo sobre los papeles de Bárcenas comienza con un relato que revela la desconfianza de Arnaldo. Básicamente, desconfianza hacia una investigación policial que convirtió al inspector Manuel Morocho en el perseguido del PP. Bajo el titular La que hay liada, el próximo magistrado del Tribunal Constitucional sembraba sospechas sobre la unidad policial UDEF: "Se ha liado parda con Bárcenas –así empezaba el texto– y sus non papers, con sus cuentas en el exterior y con su regularización fiscal. Al ex-tesorero apenas le quedan horas libres en su agenda entre declaraciones ante el Fiscal, el Juez, los medios, las comunicaciones con su Abogado, los desmentidos, las consultas al asesor fiscal … Mientras tanto, los de la UDEF siguen hinchándose a hacer informes, incluso algunos repetidos. Tampoco deben disponer de mucho tiempo libre. Nadie ha explicado muy bien de quién dependen y a quién dan cuenta. Ya hay quienes sostienen que el responsable que debería enterarse de algo en realidad ni sabe ni quiere saber o quizás se ha puesto de canto".  Entonces, el ministro del Interior era Jorge Fernández Díaz, a quien el juez del caso Villarejo propone juzgar por la operación de espionaje a Luis Bárcenas para tapar la corrupción del PP. Y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Una semana antes, Arnaldo había firmado un artículo sobre el mismo tema –Debe aclararse de inmediato– en el que instaba a dar explicaciones. "En cualquier caso, personalmente desconozco si es verdad lo que esos apuntes reflejan. Prefiero pensar que no es verdad dormir tranquilo esta y las noches sucesivas pensando que tenemos una clase política inmaculada (...) Se debe proceder a una inmediata aclaración de los hechos, que no se puede fundar en hacer una auditoría de la contabilidad ordinaria. Ha de explicarse sin ocultaciones qué son esos apuntes, a qué corresponden, de dónde provienen los fondos… o, en otro caso, quién y por qué ha fabricado este montaje". Lo publicó el 2 de febrero. Ese mismo día, Rajoy negó los ingresos que le atribuyen los papeles de Bárcenas y descartó dimitir. El 7 de febrero, el ahora virtual miembro del TC escribió el segundo artículo. Es decir, el que lanzaba ya dardos contra la UDEF. 

En esa segunda pieza y en línea con el discurso manejado entonces por el PP, Arnaldo incorporó lo siguiente: "Mientras se ha liado esta parda (...), en la acera de enfrente duermen a pierna suelta con el tema de los ERE's made in Junta de Andalucía". Por el caso ERE ya han sido condenados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como otros 17 ex altos cargos de la administración andaluza bajo los gobiernos del PSOE. El tronco del caso se encuentra en espera de que el Supremo resuelva los recursos planteados. Pero faltan múltiples ramas por juzgar. De momento,  no hay ningún recurso presentado en el TC.

La "tamaña ceguera" y "la contumaz actuación" de Cataluña

Con un lenguaje que por lo general huye del trazo grueso, en la producción periodística de Enrique Arnaldo hay una excepción: Cataluña. Por ejemplo, durante la etapa de Zapatero y tras su retirada abundó en críticas a su gestión pero sin romper la baraja de las formas: "En su fuero interno espera que la gente se olvide pronto de sus aventuras y despilfarros", publicó en junio de 2013. Y nunca ocultó su antipatía por Baltasar Garzón, pero tampoco traspasó las líneas rojas: "España parece reducirse al juez estrella. Jamás ningún juez había logrado que se hablara tanto de él", escribió en febrero de 2012.

Pero en el caso de Cataluña hay un salto cualitativo hacia la descalificación desnuda y, a veces, rayana en el insulto. Su rechazo a lo que durante décadas se conoció como formaciones catalanistas, en 2013 Arnaldo publicó en El Imparcial un artículo con un titular extraído de la más célebre frase de Cicerón: Hasta cuando abusarás de nuestra paciencia. Ahí, quien en breve ocupará uno de los 12 asientos del Tribunal Constitucional ya mostró su posición sin ambages: "Cicerón fue la personificación del sentido común, que allí llamaban seny. Levantado de su tumba quedaría estupefacto ante tanto desatino, ante populismo tan barato, ante tamaña ceguera. Es constatable que ha calado en una parte importante de la población, que ha comprado el discurso del amigo-enemigo. Pero los causantes del mal, los que empezaron a tensar la cuerda que ahora no saben cómo desenredar se están dando de bruces contra el muro por su estulticia, porque las masas del grito y la bandera les han sobrepasado con creces. Y ahora mismo ya no saben cómo parar el tren. Un tren que conduce al abismo".

Con artículos académicos incorporados a los Cuadernos de FAES sobre las sentencias del TC en relación a Cataluña, el enfado de Arnaldo se desató cuando la convocatoria del referéndum del 1-O de 2017 aparcó el concepto catalanismo y la palabra procés se apropió del espacio. Esta vez, el medio donde Arnaldo plasmó sus puntos de vista fue el digital El Español. En Una medida necesaria, cuyo núcleo central era la defensa del artículo 155 y cuya aplicación dejó en suspenso la autonomía catalana, el jurista se expresó así: "El único artículo de la Constitución pensado para no ser aplicado jamás acaba de ser activado tras haberse constatado la sostenida, constante, manifiesta, negligente y contumaz actuación de la comunidad autónoma de Cataluña de incumplimiento de sus obligaciones constitucionales". El texto se publicó el 21 de octubre, el día en que entró en vigor el 155 y el ahora fugado Carles Puigdemont cesó como presidente de la Generalitat por decisión del Gobierno de Mariano Rajoy.

"La intervención en Cataluña propuesta por el Gobierno –aparece bajo el titular– es necesaria y proporcional. No se sustituye la autonomía, sino a los desleales responsables del desorden constitucional".

Las medidas aprobadas, concluyó, eran "coercitivas, pues se basan en la intervención en una comunidad autónoma que se ha saltado a las bravas, arbitrariamente, la legalidad". La conclusión final quedó expuesta con lo que viene a continuación: "No se suspende la autonomía, sino que se sustituye a los autores del desorden y de la deslealtad para hacer real y efectiva la vuelta a la Constitución".

Enrique Arnaldo, uno de los dos juristas propuestos por el PP como magistrado del Tribunal Constitucional, recibió este martes el aval del Congreso tras un examen en el que tanto su currículum oficial como su relato sobre las actividades privadas desarrolladas en los últimos años chocan de plano con documentos oficiales que le desmienten. Esos documentos –entre ellos dos actas de un expediente administrativo municipal– prueban que lejos de desligarse en 2017 de Estudios Jurídicos y Procesales SL, empresa que llegó a hacerse con múltiples contratos públicos, Arnaldo se mantuvo activo en ella  hasta hace un año. De hecho, su firma consta en las cuentas anuales de 2019, depositadas en el Registro Mercantil en octubre de 2020. Y no fue hasta un mes más tarde –el 26 de noviembre de 2020– cuando el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publicó su cese como administrador solidario de la compañía. 

Letrado del Congreso con rango de alto funcionario, durante su comparecencia en la sede de la soberanía popular Arnaldo enfatizó que no había tenido "ninguna relación" con un contrato público otorgado en noviembre de 2019 a la empresa de la que dice haberse desligado "en mayo de 2017" –así consta en su currículum oficial– de Estudios Jurídicos y Procesales SL. Pero el expediente del concurso, convocado por el Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) para externalizar la "defensa jurídica ante juzgados y tribunales" y uno de cuyos lotes ganó la sociedad donde operaba Arnaldo, demuestra lo contrario: que lejos de haber roto amarras con la firma donde llevaba casi dos décadas ocupando el cargo de administrador solidario, el funcionario aparecía primero como letrado adscrito a los servicios ofertados; y luego, como "coordinador". Puedes consultar ambas actas, una de agosto de 2019 y la segunda, de noviembre de ese año, pinchando aquí y aquí. La convocatoria del concurso se había publicado en abril de ese año.

La segunda acta indica además que, entre otros papeles, la empresa había enviado al Ayuntamiento de Las Rozas (PP) una "declaración responsable de los medios para la ejecución del contrato", valorado en 144.000 euros IVA excluido. La declaración responsable posee carácter oficial. Y según los expertos consultados, indica con nombres y apellidos qué personas ligadas a la empresa adjudicataria se ocuparán de las tareas sujetas a contrato. Pero lo que Arnaldo contó a los miembros de la Comisión de Nombramientos del Congreso fue esto: "Puede que efectivamente se haya incorporado mi currículum ahí pero no he tenido ninguna intervención de ninguna clase en relación con ese ayuntamiento [el de las Rozas] en los últimos años".

Al igual que hizo la semana pasada en respuesta a las preguntas de este periódico, Arnaldo remarcó que desde 2002 tiene concedida por el Congreso compatibilidad para ejercer la abogacía con carácter privado. El jurista esgrimió los mismos argumentos –que los contratos públicos adjudicados a Estudios Jurídicos y Procesales SL no son de "servicios" sino de "asistencia jurídica"– para repetir que la normativa sobre incompatibilidades nunca le ha afectado.

Fue en respuesta a las preguntas del durísimo interrogatorio al que le sometió el diputado socialista Odón Elorza en la Comisión de Nombramientos cuando Arnaldo se expresó en los términos enunciados. Y  cuando lanzó su versión sobre cuándo se había desligado de Estudios Jurídicos: "Terminé la relación con esta sociedad en 2017 pero la venta de las participaciones y por tanto la desaparición [de su nombre] en el Registro [Mercantil] se produce en fechas posteriores". ¿Por qué? Pues según el jurista, porque "una de las personas que estaba allí falleció, hubo una serie de condicionantes para retrasar la salida formal aunque se había producido la salida de hecho". Al término de la sesión, y al igual que Unidas Podemos así como el patrocinador de su candidatura, el PP, los socialistas votaron a favor de que Arnaldo se incorpore al Constitucional.

Al hablar de un fallecimiento que habría demorado su "desaparición" del Registro Mercantil, el futuro magistrado del TC se refería al de otro de los tres juristas que hasta 2019 habían formado el trípode sobre el que se sustentaba Estudios Jurídicos y Procesales SL. Pero, tal como este martes refrendaron el catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense Julio González y otros expertos consultados por infoLibre, vender las participaciones que alguien posee en una sociedad puede ser un proceso lento. En cambio, cesar como miembro de su órgano social, máxime en una SL, constituye un trámite que se finiquita con rapidez. "Los ceses como administrador son automáticos, se tiene solucionado en cuatro o cinco días una vez lo decide la asamblea de socios,", explica González. Y son los administradores, confirma el profesor, quienes "tienen la responsabilidad de presentar las cuentas" anuales de la sociedad. Las de 2019, depositadas en el Registro Mercantil en octubre de 2020, llevan la firma de Enrique Arnaldo. ¿Resulta lógico que alguien que ya no mantiene vínculos con una empresa estampe su rúbrica en unas cuentas que no conoce y se arriesgue así a asumir culpas si encierran desfases o mentiras a efectos mercantiles o tributarios? Todos los expertos consultados coincidieron en su respuesta: no.

Como adelantó la cadena Ser, solo entre 2003 y 2008 Estudios Jurídicos y Procesales SL logró casi un millón mediante contratos públicos, en su mayoría concedidos por administraciones bajo control del PP. La cifra se conoce por los papeles incorporados al caso Matas, donde Arnaldo permaneció imputado un año justamente por tres contratos concedidos a dedo a la empresa de la que era socio. En julio de 2011 quedó por completo exonerado y así lo remarcó el futuro juez del tribunal de garantías español. En el Congreso, Arnaldo subrayó que no tiene "amigos" en política. 

Este periódico le envió dos preguntas tras su comparecencia. Son estas: ¿Por qué ha negado toda relación con el contrato de Las Rozas si los documentos oficiales le sitúan en el centro del escenario en cuanto a su tramitación? ¿Por qué no cesó de inmediato como administrador solidario de la compañía con la que asegura haber roto amarras en mayo de 2017? El futuro magistrado del TC no respondió.

Enrique Arnaldo, uno de los dos juristas propuestos por el PP para el Tribunal Constitucional (TC) y que esta mañana ha recibido el visto bueno de la comisión de nombramientos, ocultó información al Congreso. Arnaldo entregó un currículum que presenta una discrepancia de calado con la realidad en uno de los aspectos más controvertidos de su trayectoria profesional. Letrado del Congreso y por tanto funcionario, Arnaldo comunicó a la Cámara que su relación como socio de Estudios Jurídicos y Procesales SL, una empresa que obtuvo múltiples contratos públicos, acabó en mayo de 2017. Y que desde esa fecha "ejerce la abogacía autónomamente".

Un contrato suscrito por la empresa en noviembre de 2019 con el Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) demuestra que en esa fecha seguía al frente de la firma, como adelantó la Cadena Ser el domingo por la noche. Los datos mercantiles oficiales y las cuentas de la sociedad del ejercicio 2019 corroboran, y así lo ha comprobado infoLibre, que hasta 2020 figuraba como administrador solidario de la firma. Y que en esos tres años que aparecen casi como un agujero negro temporal la empresa mantenía vivas adjudicaciones de "servicios" para el sector público. 

Tanto la Ley de Incompatibilidades como el Estatuto del Personal de las Cortes Generales prohíben a todo funcionario desempeñar "cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros". Pero, ante las preguntas de este periódico, Arnaldo sostuvo el pasado jueves que tal prohibición no le afecta. Según el futuro magistrado del Constitucional, los contratos obtenidos por su empresa no eran contratos de servicios sino de "asistencia y consultoría jurídica". "La legislación de contratos del año 2000 –continuaba en su respuesta escrita a las preguntas de este periódico– distinguía nítidamente los contratos de servicios de los de asistencia y consultoría jurídica". Y esos –argumenta– "estaban excluidos de la aplicación del precepto" que prohíbe compaginar el puesto de funcionario público con cualquier cargo en el organigrama de empresas privadas que trabajen para el sector público. La semana pasada, la Cadena Ser adelantó que Estudios Jurídicos y Procesales SL ingresó entre 2003 y 2008 casi un millón de euros mediante contratos públicos, en su mayoría adjudicados por administraciones bajo control del PP. 

Lo que Arnaldo ha incluido en su currículum oficial es esto: "Fue Abogado-socio del despacho "Estudios Jurídicos y Procesales" (desde diciembre de 2001 hasta mayo de 2017). Desde esta fecha ejerce la abogacía autónomamente". Por qué ha incorporado una fecha irreal que literalmente se come tres años de presencia en esa firma como administrador solidario constituye una incógnita. Pero lo innegable es que en 2019 Estudios Jurídicos y Procesales SL permanecía ligada a "contratos de servicios de asistencia jurídica y representación procesal" con varios ayuntamientos.

Así consta en sus cuentas anuales de ese año, firmadas también por Enrique Arnaldo por su condición de administrador solidario y depositadas en el Registro Mercantil en octubre de 2020, como acaba de comprobar infoLibre. Entre esos contratos se cuenta uno suscrito con el ayuntamiento de Las Rozas (Madrid). El acta de la sesión municipal que lo aprobó el 29 de noviembre de 2019 resume así el acuerdo adoptado: "Adjudicar, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de criterios, el contrato de servicio de Defensa jurídica ante Juzgados y Tribunales (...) a Estudios Jurídicos y Procesales S.L". Vigencia, un año. Importe, "109.750,59 €, excluido IVA". Área de actuación, la "jurisdicción contencioso-administrativa (a excepción de función pública)".

Arnaldo permaneció imputado en el caso Matas entre 2010 y 2011caso Matas justamente por tres contratos que el Gobierno balear otorgó a dedo y bajo sospecha de amaño a Estudios Jurídicos y Procesales SL. En 2016 y en el seno de la investigación sobre el caso Lezo, la Guardia Civil interceptó dos conversaciones telefónicas mantenidas por Arnaldo con el expresidente madrileño Ignacio González.

En esas dos conversaciones, Arnaldo anunció a González que estaba moviéndose para conseguir que el nuevo fiscal general del Estado fuese "bueno". Se congratuló luego de que el elegido para ese cargo por el Gobierno de Mariano Rajoy fuese José Manuel Maza: "¡Estamos muy contentos, sí, sí, sí!". Y le trasladó la idea de que los cambios en Anticorrupción serían positivos para él: "Hay que mover la pieza principal [la Fiscalía General].Y, luego, las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la [Audiencia] Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Esa operación, que yo sepa, está preparada". Maza nombró jefe de Anticorrupción a Manuel Moix, quien en 2007 y 2009 se había negado a investigar una operación urbanística impulsada por Ignacio González que benefició a la empresa de su familia y por la que Ignacio González se encuentra ahora pendiente de juicio. El nuevo fiscal jefe de Anticorrupción dimitió a los pocos meses de su nombramiento tras revelar infoLibre su participación oculta en una empresa de Panamá.

Enrique Arnaldo, uno de los dos elegidos por el PP para convertirse en magistrado del Tribunal Constitucional, no solo comunicó el 3 de noviembre de 2016 a Ignacio González que se estaba "moviendo" para que el nuevo fiscal general del Estado fuera "bueno" sino que en esa misma charla telefónica le contó algo más: que lo primero era "mover la pieza" principal –la cúpula del ministerio público– pero que luego vendrían los relevos en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en Anticorrupción. Las palabras que Arnaldo transmitió a González, a quien la justicia ya investigaba por la compra de un ático de lujo en Estepona, fueron estas: 

–Enrique Arnaldo (E. A.) Hay que mover la pieza principal. Y, luego, las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la [Audiencia] Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Esa operación, que yo sepa, está preparada. Ahora, hombre, es una garantía que siga Rafael [Catalá, entonces ministro de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy] porque ya se lo conoce, no tiene que volver a empezar desde el principio".

El significado de la respuesta que dio Ignacio González tras escuchar lo que acababa de exponer Arnaldo fue inequívoca. La transcripción indica que interpretó cómo los cambios en las piezas "que van al lado" de la Fiscalía General serían positivas para él. A renglón seguido, Enrique Arnaldo asintió. Le bastó una sola palabra: "¡Perfecto!".

–Ignacio González (I.G.) ¡Está claro, está claro, está claro! bueno, bueno, pues nada a ver si, a ver si le, le, si damos un paso en la buena dirección, joder.

–Enrique Arnaldo (E.A.): ¡Perfecto!

–I.G. De todas formas, a ver si hablamos.

Grabada por la UCO, la conversación se produjo antes de que el heredero político de Esperanza Aguirre cayera de bruces en abril de 2017 arrastrado por el macrocaso que gira en torno a un rosario de actuaciones supuestamente corruptas, Lezo. Transcurrida una semana de la charla del 3 de noviembre entre González y Arnaldo, el Gobierno propuso como fiscal general a José Manuel Maza. Y tres meses después, en febrero de 2017, Maza aupó a la jefatura de Anticorrupción a Manuel Moix, aunque su estancia en el cargo fue efímera: en junio de ese mismo 2017, Moix se vio forzado a dimitir tras desvelar infoLibre su participación oculta en una empresa del paraíso fiscal de Panamá.

Como publicó en su día este periódico, Maza acabó designando a Moix, tal y como había barajado González en otra conversación telefónica con el exministro Eduardo Zaplana. En vísperas del nombramiento, integrantes de la Unión Progresista de Fiscales advirtieron a Maza advirtieron a Maza de que circulaba un insistente rumor sobre una investigación de la Audiencia Nacional en la que aparecía el nombre de Moix en conversaciones grabadas a políticos que lo situaban como alguien favorable a los intereses del PP. A pesar de esa advertencia, el nuevo fiscal general eligió a Moix para el puesto sin tan siquiera motivar su decisión por escrito, algo que ha irritado a amplios sectores de la carrera fiscal que expresan su alarma ante el probable deterioro de la credibilidad de esta institución judicial.

Entre 2007 y 2009 y en su calidad de fiscal jefe de Madrid, había archivado dos denuncias contra Ignacio González por impulsar en suelo público un campo de golf cuya construcción benefició a su familia. El político madrileño se sentará ahora en el banquillo por la operación que Moix se negó a investigar.

Aquella no fue la única conversación telefónica en la que Ignacio González recibió un auténtico tutorial de estrategia jurídicay planes a seguir a través de Enrique Arnaldo, catedrático, antiguo vocal del órganode gobierno de los jueces (CGPJ) a instancias del PP y entre 2010 y 2011 imputado durante casi año y medio por contratos a dedo del Gobierno balear y pagos a Jaume Matas. Persona cercana al actual consejero de Justicia de Madrid y responsable de esa área en el partido, Enrique López, a quien asistió como abogado cuando en 2014 la Policía le cazó conduciendo ebrio y sin casco, Arnaldo recibió a la semana siguiente una nueva llamada de Ignacio González. Esa mañana, la del 11 de noviembre de 2016, el Gobierno había anunciado que  Maza sustituiría a Consuelo Madrigal. Tras el saludo inicial, la transcripción de un diálogo que ni llegó a los tres minutos no ofrece dudas sobre la proximidad entre González y Arnaldo:

–Ignacio González (I.G.): ¿Qué tal, Don Enrique?

–Enrique Arnaldo (E.A.): ¡No me equivocaba mucho!

(...)

–I.G.: ¿Has acertado?

–E.A.: Je, je, ¡he acertado!

–I.G.: Ahhh, bueno, o sea, que estamos contentos ¿o no?

–E.A.: ¡Estamos muy contentos! Sí, sí, sí.

(...)

–I.G.Vale.

–E.A.: Ayer cenamos pero no lo celebramos.

Triple nexo: una fundación privada, contratos a dedo y pagos al expresidente

A partir de ahí, Arnaldo tejió un discurso de alabanza hacia José Manuel Maza, a quien describió como "una persona con criterio y valiente". Casado con quien entre enero de 2001 y abril de 2004 había sido directora general de Política Autonómica en el Gobierno de José María Aznar y muy bregado en el mundo jurídico, cuando la UCO grabó aquella segunda charla con Ignacio González hacía años que Enrique Arnaldo basaba buena parte de su experiencia en el bufete del que sigue constando como copropietario: Estudios Jurídicos y Procesales SL. 

Entre 2003 y 2008, la empresa de Arnaldo había prestado servicios a múltiples organismos públicos. Incluso a la Comunidad de Madrid. Y a varios ministerios. En la lista de grandes clientes privados aparecía Francisco Hernando, el entonces célebre Paco el Pocero. Y había percibido del Gobierno balear de Jaume Matas 165.476 euros gracias a tres adjudicaciones sin concurso. En 2010, el diario El País publicó que Arnaldo pertenecía al patronato de una fundación privada hermanada con FAES y en la que compartía cargos con Matas, así como con su exjefa de gabinete, Dulce Linares. Se trata de la Fundación Antonio Maura de Baleares.

Linares jugó un papel decisivo en la adjudicación del primer contrato asignado a dedo a Estudios Jurídicos y Procesales, un estudio para la implantación de la radiotelevisión balear. Oficialmente, el Gobierno balear cursó invitación a dos empresas y a un abogado como persona física. Ninguno de los tres debía estar vinculado a los otros dos. En eso consiste el trámite legal en los procedimientos negociados sin publicidad. Pero como quedó registrado en el sumario, la copropietaria de la segunda firma invitada admitió que su compañía y la de Arnaldo estaban conectadas, tanto que compartían logotipo y dominio en las direcciones de email. Y el tercer abogado declaró que ni sabía nada del mundo audiovisual ni tenía ni idea de por qué le habían invitado a participar en aquel procedimiento negociado sin publicidad que ganó el bufete de Enrique Arnaldo.

Nada más cesar como presidente en mayo de 2007, Arnaldo fichó a Matasp para manejar las "relaciones con las Administraciones Públicas". Así aparece en el contrato bilateral firmado por ambos y que ese primer año de colaboración profesional reportó 27.000 euros a quien había sido el hombre más poderoso del archipiélago y todavía mantenía intacta su impunidad. Los contratos y los posteriores pagos a Matas sustentaron la imputación de Arnaldo en una de las piezas del luego conocido como caso Palma Arena. En julio de 2011, el juez José Castro archivó las diligencias en lo que respecta al futuro magistrado del tribunal de garantías español.

En 2017, todo aquello de Baleares quedaba lejos. Y lo que aquí, en el caso de Enrique Arnaldo, se había mantenido intacto era su capacidad para el análisis y una especie de prognosis o conocimiento anticipado de lo que iba a suceder. En el diagnóstico sobre las cumbres del mapa de la Fiscalía que Arnaldo trazó ante Ignacio González destacaba lo siguiente: que Maza disponía de "una ventaja". ¿Y cuál era esa ventaja? Que al  nuevo fiscal general,  fallecido de forma inesperada en noviembre de 2017, nadie le podía "colar goles". 

González le dio aquí una respuesta que abre un interrogante sobre el porqué del plural que cierra la frase:

–Ya, ya, ya, bueno, bueno, oye, que, que, qué alegría tío, vamos a ver si lo celebramos, a ver si seguís.

Enrique Arnaldo, uno de los dos juristas que se convertirán en magistrados del Tribunal Constitucional (TC) a propuesta del PP, estuvo imputado durante año y medio en el caso Matas. Finalmente, el juez le levantó la imputación en julio de 2011. Tres contratos adjudicados por el Gobierno balear a su empresa, Estudios Jurídicos y Procesales SL, y los pagos que tras el tercero efectuó esa misma sociedad a Jaume Matas fueron la clave de su imputación. infoLibre ha intentado sin éxito contactar con Arnaldo, que no atendió la llamada y a cuyo teléfono móvil profesional este periódico envió un mensaje para conocer si considera que haber estado involucrado en el caso Matas puede perjudicar su trabajo como magistrado del TC. Y el PP rehusó igualmente pronunciarse.

El caso Matas, más conocido como Palma Arena y del que también cuelga el caso Urdangarin, no es el único de corrupción donde aparece Enrique Arnaldo. En una conversación telefónica intervenida por la Guardia Civil el 3 de noviembre de 2016, cuando el expresidente de Madrid, Ignacio González, ya estaba siendo investigado, el futuro magistrado del TC hizo este anuncio: "Estoy moviéndome para que el nuevo que sustituya a esta señora sea bueno”. La señora era Consuelo Madrigal, entonces a punto de ser relevada como fiscal general del Estado. Y la conversación aparece incorporada al sumario de la Operación Lezo.

El origen de la imputación  de Arnaldo en marzo de 2010 por la llamada pieza 5 del caso Matas se sitúa en tres contratos que, sin concurso y mediante procedimiento negociado, obtuvo del Gobierno balear su empresa, Estudios Jurídicos y Procesales SL. En 2007, meses después de la firma del tercer contrato –"más bien un encargo", escribió luego el juez en uno de los autos incorporados a la causa– y cuando Matas acababa de cesar como jefe del Ejecutivo, el político recibió ese mismo año de la empresa de Arnaldo 31.320 euros.

Los pagos al expresidente balear prosiguieron en 2008 y en 2009: 18.000 el primer año y 10.000 en enero del siguiente. La explicación sobre esos abonos que Arnaldo, exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), facilitó al juez y que se tradujo en su exoneración tras año y medio de investigaciones fue que Matas le había pedido trabajo. Su oferta era la de dar a Estudios Jurídicos y Procesales "los servicios que habitualmente prestan los que dejan la política y que básicamente consistían en ofrecer relaciones, identificación de proyectos para inversiones, captación de clientes y consultoría económico- financiera".

Esa posterior y "cercanísima" contratación "privada" de Matas por parte de Arnaldo, remarcaba el juez dos meses antes de levantar en julio la imputación que pesaba sobre el futuro miembro del TC, no hacía "sino confirmar la estrecha relación entre ambos imputados". Que Matas hubiera realizado efectivamente trabajos para Arnaldo le libraba de ser sospechoso de haber colaborado en un delito de blanqueo, argumentó el juez. Pero aquello dejaba "incólumes los indicios de la posible comisión de un delito de tráfico de influencias, o de otros tipos penales". No obstante, el magistrado accedió en julio a la petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para que sobreseyera la imputación. Como subrayó el magistrado, la defensa de Arnaldo había centrado su petición de archivo en "la falta de suficientes indicios incriminatorios respecto de la participación de su representado en los hechos objeto de investigación". La clave del sobreseimiento fue que una parte de los hechos podía considerarse prescrita –la de los contratos de 2004– y que sobre la más reciente no había datos suficientes para mantenerlo como investigado.

Un contrato de un año por el que cobró cuatro a través de prórrogas

El primer contrato de la Administración balear para Estudios Jurídicos y Procesales, de mayo de 2004, tenía por objeto la "implantación y organización de un Ente Público RTV en las Illes Balears" y su importe ascendió a 29.696 euros.

El segundo, suscrito ese mismo año, comprometía al bufete a dar "prestación de servicios para el asesoramiento técnico-jurídico en todas las cuestiones referentes a las competencias atribuidas al ente público" y garantizaba a Arnaldo 2.000 euros mensuales: los cobró mediante sucesivas prórrogas hasta que en abril de 2008 y sin Matas en la Presidencia balear el Govern zanjó la relación contractual.

La tercera contratación, por 12.000 euros, llegó para Estudios Jurídicos y Procesales en abril de 2007. Esta vez se le encomendaba elaborar un “dictamen sobre el objeto y los límites de las campañas institucionales y de las campañas de presentación de logros y realizaciones de la legislatura”.

Dicho contrato, se lee en el auto que en mayo de 2011 había denegado sobreseer las diligencias respecto a Arnaldo, "fue precedido de un encuentro personal, en el despacho del propio Sr. Matas, encuentro en el que el entonces Presidente del Govern “encarga” al Sr. Arnaldo Alcubilla la elaboración de dicho informe". "Por tanto –prosigue la resolución– y respecto de este contrato, existe algo más que una mera sospecha sobre la comisión de un posible delito de prevaricación, cometido por quienes, sin ser órgano de contratación, y obviando los trámites oportunos –también existen para los contratos menores, en especial, la concurrencia del requisito de la necesidad de la contratación y que ésta responda al interés público-, “adjudican” en una conversación la elaboración de informes".

En un auto anterior, este fechado el 30 de marzo de 2010, el juez del caso Matas, José Castro, escribió esto: "La situación se hace más llamativa aún cuando el máximo representante de la entidad aludida, Don Enrique Arnaldo Alcubilla, es llamado por el Presidente del Govern en el mes de marzo de 2.007 para encargarle directa y personalmente un estudio sobre los límites de los poderes públicos en una campaña institucional que se tramita, dado su importe de 12.000 euros, como contrato menor y genera un inevitable recelo cuando se advierte que Estudios Jurídicos y Procesales abonó a Don Jaume Matas Palou en una cuenta que éste tenía abierta en Bancaja 31.320 euros repartidos en varios ingresos en los meses de septiembre y octubre de 2.007, abonos que en cuantía de 10.000, 8.000 y 10.000 euros se producen también en fechas 06/08/2008, 07/11/2008 y 20/01/2009, respectivamente, en la cuenta que Aremas LLC tenía abierta en la entidad Banco de Valencia". Aremas Llc era una sociedad creada por Matas en EEUU. 

Vinculado al PP y habitual de la Fundación FAES, Enrique Arnaldo formó parte del órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, entre 1996 y 2001. Allí coincidió con Enrique López, consejero de Justicia de Madrid y responsable de esa área en la dirección del PP. Es letrado de las Cortes y desde 2002 compagina esa labor con la de abogado especializado en derecho público, constitucional y administrativo en el despacho Estudios Jurídicos y Procesales.

Aquí tienes el auto por el que se desimputó a Enrique Arnaldo: