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Operación Kitchen

El juez propone juzgar al exministro Fernández Díaz por organizar el espionaje ilegal a Bárcenas para tapar la corrupción del PP

La exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, junto al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, tras la presentación del libro de este 'Cada día tiene su afán'.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha cerrado la investigación de la operación Kitchen. En un auto, propone juzgar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por la trama de espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas por la que también procesa al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Sin embargo, la instrucción no pasa de ahí y queda fuera la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Con este final, se descarta así seguir indagando en la posible implicación de las más altas instancias del partido conservador y la posible pista sobre el expresidente Mariano Rajoy se pierde.

Con esta resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 considera que lo que ha quedado indiciariamente acreditado es la participación de la cúpula del Ministerio del Interior en el primer gobierno de Rajoy, pero también de los mandos policiales imputados, hasta una decena, con los comisarios jubilados José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño a la cabeza, así como el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino. Igualmente, el instructor procesa al que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera.

Como ya apuntaba el magistrado en el auto en el que imputó a Fernández Díaz, y ahora confirma, las investigaciones permiten situar el "centro nuclear de la operación Kitchen en el Ministerio del Interior”, pues en este departamento es donde “se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de éste, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad”. Según el auto, todo fue organizado por el exministro y puesto en práctica por el ex secretario de Estado. Desde la época de los GAL, no se había visto a una cúpula de Interior procesada para sentarse en el banquillo de los acusados.

Así, Fernández Díaz y Martínez son los únicos altos cargos políticos que deberán responder por el operativo parapolicial que se puso en marcha a mediados de 2013 para hacerse con documentación sensible para el PP que se habría llevado Bárcenas tras ser despedido. Las operaciones de seguimiento y espionaje, que se alargaron hasta 2015 e implicaron a altos mandos de la Policía Nacional, supusieron también la captación como confidente del chófer del extesorero, Sergio Ríos, como confidente, a razón de 2.000 euros al mes provenientes de los fondos reservados.

Pero además, en casi tres años de instrucción, la operación Kitchen ha desbordado las tesis iniciales de los investigadores y lo que empezó como un plan parapolicial sin control judicial dirigido por altos mandos policiales para seguir a Bárcenas y robar información que se hubiese podido llevar del PP tras ser despedido ha acabado convirtiéndose en una trama que abarca varios años y que apunta a altas instancias del Ministerio del Interior del primer gobierno de Rajoy. La conspiración habría ido desde tener controlado al extesorero a través de la captación de su chófer, el robo de documentación sensible sobre la financiación ilegal del PP, presiones para apartar al principal investigador del caso Gürtel y la caja b, así como la estrategia común con Bárcenas para "salvarle" antes de que la confianza se viniera abajo en 2013. El sumario también ha revelado que el operativo parapolicial llegó hasta la cárcel de Soto del Real en los primeros años en los que el extesorero estuvo en prisión preventiva para seguir el rastro de una supuesta grabación que comprometía a Rajoy en la investigación de la financiación ilegal.

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El pasado mes de mayo, en el auto en el que imputó a Cospedal y López del Hierro por cohecho, malversación y tráfico de influencias, el juez ya apuntó que esta pieza 7 del caso Villarejo contaba con "la madurez necesaria para encarrilar la fase preparatoria". La instrucción caduca este 29 de julio, debido a los nuevos plazos legales, por lo que para continuar con las pesquisas debía prorrogarlas, pero finalmente ha optado por no hacerlo. Tras oír en declaración a la ex secretaria general y su marido, el magistrado ha optado por desimputarles, al no haber podido acreditar indiciariamente su participación o conocimiento en el operativo ilegal.

El resumen de la comparecencia de Cospedal es que negó cualquier tipo de conocimiento sobre el operativo parapolicial diseñado para espiar a Luis Bárcenas e incluso en alguna ocasión hasta puso en duda que llegara a existir, se dedicó a atacar al extesorero cuestionando su credibilidad, defendió a su partido, del que fue la número dos durante diez años, y sólo admitió lo que no puede ocultar porque hay grabaciones que lo corroboran, y es que conocía al comisario José Manuel Villarejo.

Un mes después, el magistrado exculpa a Cospedal, su marido y su exjefe de gabinete. "A diferencia de los responsables ejecutivos del Ministerio de Interior, (...) respecto de los que existe una sólida base indiciaria, resulta llamativa la debilidad de las razones que justifican la incriminación" de ellos tres, ha explicado el juez en el auto. A su juicio, la imputación a Cospedal y López del Hierro de una participación intelectual no deja de ser "resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno, pues no hay reflejo de ello en las actuaciones".

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