El presidente del Consell de la Información de Catalunya (CIC), Josep Carles Rius (Valls, Tarragona, 1956), acumula años de experiencia y de debates sobre la salud de periodismo y la necesidad de regular una profesión en horas bajas. También en la universidad y en el Col.legi de Periodistas de Catalunya, el más antiguo de España y la principal referencia para los que han venido después.

Rius, que acaba de publicar Periodismo y democracia en la era de las emociones (Universitat de Barcelona, 2024) un ensayo en el que reivindica un periodismo responsable, honesto y comprometido, porque la información veraz e imparcial es la mejor salvaguarda de la libertad y la justicia y sin él la democracia no es viable, conversa con infoLibre acerca del periodismo en España y los pseudomedios, así como sobre las herramientas capaces de dibujar una frontera nítida entre ambos.

¿Cuál es la experiencia del Consell de la Información de Catalunya?

Nació muy influenciado por la generación de periodistas que vivió y ejerció la profesión durante la época de Franco. Habían vivido el franquismo y insistían mucho en la autorregulación porque cualquier regulación que viniese por parte del Estado la veían con preocupación. De ahí que tanto el Col.legi de Periodistas de Catalunya como el CIC tengan en su ADN una autorregulación que no deja la decisiones sólo en manos de los periodista, sino que incorpora a la sociedad civil para evitar que sea una organización gremial. Es una entidad creada para defender a la sociedad de las malas prácticas del periodismo. 

¿Qué ha pasado desde entonces?

Ha habido cambios muy importantes. Sobre todo en la última época, con todo el nuevo ecosistema digital y una cierta degradación política y mediática. Y eso hace que tengamos que volver a repensar si con la autorregulación es suficiente. 

Si lo que dijo el presidente del Gobierno de la necesidad de regeneración democrática va en serio, hay que ponerse las pilas. El Parlamento Europeo ha aprobado una ley, la Ley de Libertad de Medios, que es muy interesante. Pues vamos a aplicarla aquí. ¿Por qué no legislamos para desarrollar en España la Ley de Libertad de Medios que tenemos en el marco europeo? 

Lo que no puede ser es que nadie sepa ni cómo se financian ni quién está detrás de todos estos medios. Una ley de transparencia muy rigurosa sería importante. Y esa otra ley que se quedó en el tintero en la anterior legislatura, que era la que desarrollaba la cláusula de conciencia y el secreto profesional. Esa ley decía que “se entiende por medio de comunicación todos aquellos canales que difundan información veraz y que estén sustentados en una sociedad editora o persona física propietaria comprometida con las buenas prácticas y códigos deontológicos que rigen el periodismo”. Y esto es poner en el centro de la labor de un medio de comunicación el cumplimiento de la ética. Yo creo que esto es básico: si queremos regeneración democrática, lo que hay que hacer es sacar esta ley del armario y aprobarla. Porque, al final, lo que define a un medio de comunicación es que esté comprometido con la veracidad y con la deontología. Eso es lo principal. 

¿Qué otras medidas se pueden impulsar?

En Cataluña, durante los gobiernos de Maragall y de Montilla, cuando yo era decano del Col.legi de Periodistes, conseguimos que para dar subvenciones públicas fuese un requisito tener el aval del Consell de la Informació de Cataluña. Esto yo creo que es súper importante. Es regular las ayudas, el dinero público que va a los medios. Conseguimos que fuesen transparentes y que no se recibiera dinero público si no se cumple el código deontológico. 

Pero no duró. A los medios les sentó fatal. Hicieron lobby, hicieron presión y cuando llegó el Gobierno de Artur Mas se cargaron la normativa. Dejó de ser un requisito imprescindible contar con el sello del CIC para conseguir subvenciones. Con la transparencia de los medios y con la transparencia y control del dinero público que va a los medios ya tendríamos un gran avance. 

En España ni siquiera existe un Consejo Audiovisual, como en la mayoría de los países de nuestro entorno.

En Cataluña lo tenemos y funciona con muchos problemas. Está muy politizado. Pero, ¿por qué no hay un Consejo de Audiovisual en España? ¿Por qué Telecinco y Antena 3 pueden hacer lo que les dé la gana mientras ocupan un espacio radioeléctrico que es de todos?

Se supone que la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) hace esa labor de supervisión.

En la práctica no lo hace. Porque no entra en valorar el factor del servicio público. Si tienes una televisión, ocupas un espacio que es de todos y tienes que tener una serie de requisitos de servicio público. No puede ser lo de llenar horas y horas de televisión basura o tertulias con discurso de odio. 

Otra cosa es el problema de la supervisión de los medios escritos.

Existe el Consell de la Informació de Cataluña, también en Andalucía, y está la Comisión de Quejas de la FAPE, que no equivale a un Press Council como los que hay en Europa. En España no hay un Press Council con atribuciones.

Y luego tenemos el problema de los medios públicos.

Esa es la tercera cuestión. Al final, la mejor forma de luchar por que se dignifique la televisión en España es tener unos medios públicos potentes y sobre todo creíbles y gestionados desde un punto de vista ético. Que saquen los colores al resto de medios audiovisuales haciendo un trabajo mucho más responsable. Hace falta blindar la televisión pública y que, sobre todo, esté en manos de profesionales responsables y que hayan demostrado que están comprometidos con el servicio público a lo largo de su trayectoria profesional. Es decir, que yo creo que, sin entrar en una regulación estricta por parte de las administraciones, tenemos un gran campo para trabajar.

¿Hay que regular a las plataformas digitales? 

Todo este periodismo basura se canaliza a través de las plataformas, a las que hay que pedirles responsabilidad. Porque si una plataforma multiplica un bulo, se tiene que hacer responsable de ese bulo. Con esto en Europa se ha puesto las pilas y yo creo que están haciendo avances.

Hay muchos campos sobre los que actuar.

Es un problema tan transversal, tan diverso, tan complejo, que hay que pensar un conjunto de medidas preservando, evidentemente, la libertad de información. Y la libre concurrencia, porque estos medios hipersubvencionados con intereses inconfesables, están compitiendo con medios que sí que hacen su trabajo. Es una competencia desleal. 

Nosotros hemos hecho en Cataluña varios comunicados conjuntos con las once universidades que tienen algún tipo de estudios de periodismo en Cataluña diciendo que se está pagando con dinero público el periodismo basura. La audiencia no es un criterio objetivo, porque si tú incumples el código deontológico y haces un clickbait bestial, engañas y potencias el discurso de odio que tienen mucha difusión en la red, puedes conseguir audiencias muy altas. Y encima, estas audiencias te las financian con dinero público. Es un círculo vicioso absolutamente perverso. Nos ha pasado en Cataluña, está pasando en la Comunidad de Madrid y está pasando en muchas comunidades. Esto hay que denunciarlo.

¿Ayudará la Ley Europea de Libertad de Medios?

Yo creo que sí. Porque se han creado monstruos con este sistema que hace que una comunidad autónoma genere a base de dinero público un ecosistema mediático absolutamente artificial que compite de manera desleal con los medios que cumplen los criterios éticos y que nunca harán estas prácticas. Un ecosistema que contamina absolutamente la opinión pública, porque está introduciendo mensajes vinculados al odio absolutamente antidemocráticos. 

Si no es la audiencia, ¿qué criterio debería regir el reparto de publicidad o de dinero público?

Aquí es donde tendría que intervenir el Press Council, este sello que nosotros tuvimos aquí en Cataluña durante el tripartito: que la administración tenga un dictamen acerca del servicio público que hace cada medio. Tiene que haber criterios cualitativos, porque puede haber medios pequeños con audiencias modestas, pero que son muy importantes socialmente. La prensa local, un medio de una comarca, por ejemplo, es importantísimo porque cohesiona una comunidad que está despoblándose. No va a tener las audiencias de Foro Coches, pero en cambio es importantísimo allí. Tiene que haber criterios cualitativos, no cuantitativos, porque si no lo que haces es fomentar el periodismo basura. 

¿Y quién vigila? ¿Debe haber capacidad para sancionar?

Yo en lo que creo es en la autoridad moral, porque no tenemos otra. En el CIC no ponemos sanciones, hacemos dictámenes que sacan los colores a los periodistas y a los medios. La autoridad moral nos la hemos ganado en 30 años de historia. Yo defiendo un Press Council de ámbito español que sea confederal, que esté formado por los Press Councils de las diferentes comunidades, porque cada comunidad tiene su propio ecosistema mediático.

No parece fácil.

Tal como está la profesión en España, es difícil tener un Press Council de consenso. Pero hay que intentarlo. Y que, sobre todo, sea percibido por la sociedad no como un organismo gremial de los periodistas, sino como una entidad que vela por la calidad democrática y en favor de la sociedad. La profesión tiene suficientes periodistas serios, con grandes trayectorias, como para poder formar un Press Council a escala española que pueda hacer esta función. 

Defiendes la definición legal de un medio como aquel que se compromete a cumplir el código deontológico. Pero los pseudomedios dicen que lo cumplen, así que el problema es quién supervisa.

Cumplir el código debe ser un criterio, por ejemplo, para decidir quién puede optar a publicidad institucional. Ellos pueden decir: “Cumplo el código deontológico”, pero un Press Council, con autoridad moral, puede decir: “Pues no”. A través de las quejas que recibimos de la gente, nosotros hacemos dictámenes y detectamos que existen medios en los que la práctica habitual es el incumplimiento del código. Con clickbaits brutales, con noticias no confirmadas. Estos medios, que ya los tenemos localizados en nuestro ámbito, que reciben quejas de los ciudadanos, a los que nosotros hacemos dictámenes en contra y no cumplen el código, la Generalitat debería preguntarnos antes de de conceder las ayudas para poder decirle que quien incumple sistemáticamente el código no tiene derecho a ayudas públicas. Y creo también en un Press Council que pueda decir qué empresas del IBEX, por ejemplo, están financiando medios que deterioran la convivencia.

¿Qué opinas sobre la discusión, que siempre vuelve, en torno a quién puede ejercer el periodismo?

Es un debate eterno. Tenemos ejemplos de gente que ha ejercido el periodismo de forma excelente y que no tenían el título. Y gente que tiene el título y hace barbaridades. Yo con esto creo que hay que tener una mirada amplia. A mí no me preocupa si una persona ejerce el periodismo de forma honesta y no tiene título. 

La carta de Pedro Sánchez ha abierto un buen puñado de interrogantes. También de debates. Entre ellos, el que gira en torno al uso de la mentira con fines políticos. No de la mentira aislada, puntual, fruto de un apuro, de una debilidad. Sino de la mentira sistemática, orquestada, instrumental.

He aquí la historia de una mentira sistemática. Una mentira de éxito, además. Una mentira que nos obliga a mirar más de un año atrás. Una mentira que nos ayuda a entender el presente.

El 28 de mayo de 2023 se celebraron en España elecciones autonómicas y municipales. Aquella era una convocatoria de especial relevancia dado que, además de servir para el reparto de un enorme poder territorial, se presentaba como la antesala de unas generales que, entonces, se esperaban para final de año. La derecha acudía con un objetivo: que los comicios dieran al traste con la XIV legislatura, aquella en la que se había conformado el primer gobierno de coalición progresista en ochenta años; aquella, también, que se topó con la pandemia de coronavirus, la guerra en Ucrania y un sinfín de hechos inusuales.

Esta cita electoral, el 28M, se vería marcada por la misma tónica que toda la legislatura: lo inusual.

Mientras los partidos de la izquierda se presentaban haciendo valer el programa de reformas sociales que habían puesto en marcha desde el Gobierno central, PP y Vox optaron por una campaña destructiva para que los asuntos municipales y autonómicos quedaran ensombrecidos bajo el “que te vote Txapote” y una cascada de infundios con el único objetivo de embarrar el debate y deslegitimar a Pedro Sánchez. Este plebiscito envenenado sobre el presidente otorgó a las derechas el éxito que esperaban, al hacerse con una buena parte del poder territorial.

La mayoría de analistas y encuestas habían pronosticado unas elecciones reñidas que iban a estar al borde del empate técnico. Y pese a la sensación de victoria abrumadora de la derecha, lo cierto es que fueron unos comicios decantados por un puñado de votos que inclinaron la balanza en muchos ayuntamientos y gobiernos autonómicos. Es decir, la movilización del electorado conservador en el último momento fue clave en una victoria que provocó además un adelanto de las generales al 23 de julio y la extendida sensación de que la llegada a Moncloa de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal parecía sentenciada.

¿Hubo algún suceso extraño que favoreciera aquella decisiva movilización de los votantes derechistas, o que provocara un mayor desencanto en las izquierdas?

En los dos días finales de la campaña, el jueves 25 de mayo y el viernes 26, justo antes de la jornada de reflexión, las portadas de los periódicos y los informativos dieron gran importancia a varios casos de supuesta compra de votos. Uno de ellos, en Melilla, afectaba a un partido local. El otro, en Mojácar (Almería), al PSOE. El resto, una decena larga de denuncias por todo el territorio, salpicaban también al PP. Casos aislados sin relevancia si son observados en el conjunto de una convocatoria a nivel nacional y que, sin embargo, a causa de la atención que se les otorgó en las escaletas televisivas, provocaron la impresión de que estábamos asistiendo a algún tipo de fraude generalizado.

¿Por qué algunos medios pondrían tanto interés en transmitir esta sensación?

Denuncias de compra de votos se han producido en todas las elecciones municipales desde hace décadas. Debido a su escasa o nula repercusión, a su carácter prácticamente anecdótico, nunca habían suscitado tanta atención. ¿Por qué esta vez el foco mediático las elevó a categoría de problema nacional, justo en los dos últimos días de campaña?

Este artículo trata de ofrecer claves para responder a esta pregunta, uniendo los puntos para obtener la imagen fiel de lo sucedido: una prolongada campaña de desinformación que hizo a la derecha concurrir dopada el 28M, ampliando el margen de su victoria, consiguiendo un inmenso poder institucional y despejando – creían muchos entonces– su camino hacia el triunfo en las generales.

Jueves 23 de junio de 2022. Junta general de accionistas de Indra Sistemas, la multinacional española que opera en diversos campos como seguridad, defensa y telecomunicaciones, cotizada en el IBEX 35 y una de las cien empresas más importantes del mundo en este ámbito. La compañía se encuentra en un proceso de transición que comenzó un año antes con el nombramiento de un nuevo presidente, Marc Murtra, quien sin embargo se encuentra en una situación peculiar al carecer de poderes ejecutivos. Su primer accionista, la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), 100% pública, decide en esa junta –23 de junio– destituir a cinco consejeros para asignar al nuevo presidente el mismo poder que tuvieron sus antecesores. A la operación se suman el fondo Amber Capital y SAPA, empresa vasca también centrada en la defensa.

El movimiento es parte de lo ya conocido. Los gobiernos nombran directivos de su confianza en aquellas empresas con participación pública. Así lo hizo Mariano Rajoy en 2015, cuando sustituyó en la presidencia de Indra a Javier Monzón por Fernando Abril Martorell. En aquel momento, la prensa de derechas elogió el cambio y el propio ministro de Defensa, Pedro Morenés, admitió incluso en Expansión que el Ejecutivo había explicado a la compañía “cuál era el proyecto” a seguir.

Por contra, en 2022, con el PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno, Expansión habla de “golpe de mano” y El Mundo califica el cambio de “impúdico asalto de Moncloa a Indra”. Un doble rasero que explica cómo entiende la derecha a este país: un cortijo con unos únicos capataces.

A pesar de la dureza y parcialidad de las piezas, en la prensa de derechas siempre queda la posibilidad de ir mas allá. The Objective habla, unos días antes de la junta de accionistas, en estos términos: “Las razones de Sánchez para controlar Indra: Defensa, ciberseguridad y el recuento de votos”. Este titular empieza a armar el esqueleto de la mentira. Porque Indra no cuenta los votos de nuestras elecciones, sino los ciudadanos elegidos por sorteo. Es más, el propio cuerpo de la noticia desmiente al encabezado y aclara cuáles son las tareas encargadas a Indra por el Estado, como administrar el “sistema de gestión y difusión del escrutinio”. Pero la bola ya esta echada a rodar.

Desconocemos si Esteban González Pons, vicesecretario del PP, es lector de The Objective. Lo que sí sabemos es que unos días mas tarde, el 27 de junio de 2022, usa la misma argumentación del tabloide amarillo en una rueda de prensa en la que desliza que Sánchez quiere controlar Indra para influir en los comicios: “Tras las elecciones andaluzas, se ha lanzado al control de Indra, al control del Tribunal Constitucional y al control del INE. En cuatro días, Indra, el TC y el INE. ¿Por qué? Porque ha perdido las elecciones en Andalucía. El presidente Sánchez no sabe perder [...]. Mire, el CIS hace las encuestas electorales, el INE el censo, e Indra cuenta los votos”.

González Pons, tras lanzar tal disparate, se cuida de recular, aunque sólo a medias: “Nosotros confiamos plenamente en los profesionales de estas tres instituciones y creemos que nuestro sistema electoral es serio, que merece respeto y que se puede confiar a ojos cerrados en él, pero no en la voluntad de Sánchez cuando busca controlar el CIS, el INE e Indra”.

Ese mismo día, el canal ultraderechista EDA TV recoge el guante, ofreciendo un mensaje sin matices en una tertulia que titula así: “¿Prepara Sánchez un pucherazo con Indra y el INE?”.

Observamos algo que se repetirá en toda esta historia y que es esencial para entender cómo se tramó el bulo del pucherazo: la connivencia argumental entre el PP y el aparato de las tormentas de los ultras.

Un día después, el martes 28 de junio, Cuca Gamarra, entonces portavoz del PP en el Congreso, abunda en la misma línea de González Pons al atribuir a Indra "una labor importante en lo que tiene que ver con los procesos electorales". Añade: "Y el Gobierno debe dar explicaciones de por qué da estos pasos y cambia a los consejeros independientes. Porque la duda está sin duda ahí”. Tras estas declaraciones, ya no cabe duda: no se ha tratado de un desliz de Pons, sino de una táctica calculada por el PP, que pretende asentar la idea de que Sánchez busca manipular las elecciones.

Esto no ha hecho más que empezar.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece que el escrutinio de cualquier votación lo llevan a cabo ciudadanos elegidos por sorteo, a los que se suman apoderados de todos los partidos, que vigilan el proceso. El presidente y los vocales de cada mesa entregan el acta de escrutinio al juzgado de primera instancia correspondiente en presencia de la policía, que custodia toda la operación. También los partidos reciben una copia de estas actas, que son las que recogen el resultado de cada mesa, exponiéndose una copia pública en todos los locales electorales.

El juzgado recibe las actas de su zona y se las entrega a la Junta Electoral Central, compuesta por magistrados del Supremo, que es la encargada de realizar el escrutinio de las elecciones tres días después de la jornada de votación. Ninguna empresa interviene en todo el proceso, por lo que no es posible, debido a la gran cantidad de actores implicados, que se produzca una alteración del resultado general.

Indra, o cualquier otra empresa dedicada a la gestión de informacion, participa en las elecciones centralizando esta gran cantidad de datos para que los medios, o cualquier ciudadano con conexión a internet, pueda acceder a la evolución del escrutinio en tiempo real. De esta forma, apenas tres o cuatro horas después de que hayan cerrado los colegios, todos conocemos cuáles han sido los resultados de manera fiable. Ninguna institución internacional ha mostrado dudas sobre la limpieza de los procesos electorales en España, que la Organizacion para la Seguridad y Cooperación Europea lleva certificando desde el año 2004.

Nada de eso impidió que Feijóo declarara con toda la intención a finales de junio de 2022: "Algo se esta moviendo en Indra y algo debería preocupar a los españoles de buena fe”.

Vivimos una época cargada de suspicacia. A raíz de la Gran Recesión de 2008, instituciones y consensos tradicionales perdieron su reputación. Lo que primero fue una crisis económica pasó a ser una crisis de legitimidad que afectó entre otros a los medios de comunicacion y a las instancias oficiales que fueron incapaces de proporcionarnos seguridad y confianza. Esta situación de inestabilidad valió para que en la primera mitad de la pasada década hubiera un cuestionamiento crítico de aquellos actores que habían sido parte de la crisis financiera, tomando las redes sociales como foros de expresión de la indignación.

Aquel furor iconoclasta de “lo nuevo frente a lo viejo” fue capaz, por un breve lapso de tiempo, de señalar todo lo que había fallado, pero no de articular una nueva estructura que lo sustituyera, tampoco en lo comunicativo. Así, muchos dejaron de confiar en medios e instituciones, pasando su papel a ser reemplazado por la aparente cercanía de los servicios de mensajería y las redes sociales. La oportunidad estaba servida para quien la supiera aprovechar. Los ultras no tardaron en sumar a sus técnicas de manipulación toda la potencia de lo digital, surfeando la ola de la suspicacia con una envidiable agilidad, lo que les reportó sus primeras victorias con Trump y el brexit.

La desconfianza hacia nuestro sistema electoral ya había aparecido en las elecciones del 26 de junio de 2016. Si recuerdan, en menos de un año acudimos a las urnas dos veces, en diciembre de 2015 y en la citada ocasión. Las izquierdas fueron incapaces de acordar un gobierno, pese a haber contado en dos ocasiones con números para lograrlo: más de diez millones de votos y una mayoría por encima de los 155 escaños. Tampoco Ciudadanos logró llegar a un acuerdo con Sánchez. Sólo la destitución de este como secretario general del PSOE, en octubre de 2016, generó las condiciones para que los socialistas entregaran el poder a un Rajoy acosado ya entonces por la corrupción.

En aquella repetición electoral de 2016 se constituyó Unidos Podemos, la coalición del partido morado con Izquierda Unida y otros partidos progresistas territoriales. Pablo Iglesias, en los últimos días de la campaña, aludió al peligro que entrañaba tener como ministro del Interior a Jorge Fernández Díaz, uno de los líderes de las cloacas, como supimos después por la operación Kitchen. La nueva coalición no valió para mejorar el resultado de 2015, al no sumar automáticamente el millón de votos que había obtenido IU en diciembre. Esto provocó que en Twitter, aquella noche electoral, surgieran dudas en algunos votantes de izquierda acerca de la limpieza de los comicios.

¿Cual fue la actitud de los dirigentes de Podemos frente a los rumores de fraude? Negar la mayor. Un ejemplo es la publicación de este tuit de Ramón Espinar:

Toda la prensa defendió la limpieza de los comicios, explicando que el papel de Indra pasaba sólo por la centralización de los datos con un fin informativo. Paradójicamente, El Mundo mostró entonces un especial interés en despejar dudas, publicando varios artículos donde explicaba que para que se pudiera dar un fraude “sería necesaria la mala fe de cientos, o incluso miles, de interventores de mesa que, conchabados con los observadores de los partidos, proporcionasen un resultado adulterado”.

Volviendo a nuestro pasado inmediato, vimos cómo el PP, en junio de 2022, asentó el relato de que Pedro Sánchez estaba llevando a cabo un “asalto institucional” para controlar Indra, Correos y el CIS y de esta manera influir de una u otra forma en los resultados electorales. ¿Cómo evolucionó este infundio en los meses posteriores? Un artículo de Alfonso Ussía, publicado en El Debate el 1 de enero de 2023, muestra en qué estaba derivando este despropósito: “Actuarán así hasta las elecciones, y si el proceso del fraude electoral se cumple, seguirán gobernando hasta destrozar el mapa de España, culminar el golpe de Estado contra la Constitución vigente, y proclamar la Tercera República Española en lo que quede de España. No es Sánchez el enemigo a batir. Es Indra. El resultado de las próximas elecciones no depende de las encuestas estúpidas del CIS de Tezanos, que se toman a risa y chacota incluso entre los suyos. Depende de la honestidad y decencia de Indra. ¿Para qué fue asaltado Indra? ¿Por qué fueron cesados los socios independientes? ¿Qué utilidad tiene la violación del organismo, hoy plenamente entregado al poder ejecutivo? Están obligados el PP y Vox a unirse en las sospechas, a unirse en las denuncias ante los españoles y la Unión Europea de la más que probable manipulación de los resultados electorales”.

Periodista Digital, el pasquín ultra de Alfonso Rojo, no se quedaba atrás, publicando piezas con titulares como “Suenan las alarmas: Sánchez podría utilizar al CIS e Indra para ‘reventar’ las elecciones y quedarse en Moncloa”, donde se hacía eco de comentarios en redes de Juan Carlos Girauta, hoy flamante fichaje de Vox, entonces un exdiputado de Ciudadanos: “Dados los síntomas autocráticos y la grosera manipulación del CIS, es especialmente preocupante la entrada del presidente de Prisa (el extraño amigo de Sánchez) en Indra. La empresa encargada de los recuentos tiene mil formas de reventar unas elecciones, incluso sin pucherazo”.

Las cuentas ultras en redes sociales, con canales de Telegram o Youtube, no tenían más que ir amplificando el relato iniciado por el PP de una manera cada vez mas burda pero no por ello menos efectiva. Los comentarios de cualquiera de los vídeos que circulaban en febrero de 2023 permiten entender la magnitud que estaba tomando el bulo: “Tendríamos que salir todos los españoles a la calle a echar a este gobierno traidor”. “El CIS apunta, INDRA dispara y Correos pega el tiro de gracia”. “Está claro, pucherazo al canto, guerra civil y la volverán a perder”. ”Es importante que el Yunque haga lo que tenga que hacer por el bien de España”.

El 17 de mayo de 2023, ya en arena preelectoral, El Periódico publica un artículo donde se nos advierte de que “la Seguridad del Estado detecta una campaña de ataques a la credibilidad" del 28M mediante “la inoculación en todo tipo de canales de internet de tergiversaciones y supuestas noticias que siembren dudas sobre la limpieza de los comicios". "Las fuerzas implicadas en este monitoreo tratan el caso como una oleada de desinformación organizada, y no espontánea”, añade la información. La Comisaría General de Información de la Policía Nacional y el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) son los encargados de realizar la vigilancia del fenómeno, que alcanza su mayor intensidad a partir de abril.

Se detectan dos narrativas para llevar a cabo la desinformación. Una es sobre Indra, con la palabra "pucherazo" como “yunque de resonancia”; la otra es sobre la ampliación del censo electoral con inmigrantes o residentes en el extranjero. Los encargados de difundir estos mensajes, según los expertos policiales, son cuentas anónimas asociadas a la ultraderecha, el negacionismo climático y los antivacunas, pero también “espacios de Telegram de conocidos propagandistas de la extrema derecha, como Alvise Pérez”. Por otro lado, se nos advierte de que estas narrativas están ganando “eco en prensa convencional conservadora", consiguiendo así una "legitimidad prestada, una homologación profesional cross media, un logro para cualquier campaña de desinformación”.

El texto de El Periódico explica que para la seguridad del Estado son relevantes por su similitud los antecedentes de los asaltos al Capitolio de Estados Unidos por parte de seguidores de Trump o la revuelta en Brasil protagonizada por votantes del ultraderechista Jair Bolsonaro. Asimismo, hay un párrafo de excepcional interés donde se nos describe que: “Para alarma de los agentes que vigilan el fenómeno en previsión de alteraciones del orden en la calle, la campaña ha contado con el apoyo de alguna figura de la estructura del Estado. En línea no tanto con Vox como con insinuaciones del PP, el 18 de abril el fiscal y exmagistrado –hasta diciembre del 22– del Tribunal Constitucional Antonio Narváez denunció un deterioro de las instituciones por parte del presidente Pedro Sánchez".

El martes 2 de mayo de 2023, El País nos informa sobre una cena que ha tenido lugar un par de semanas antes, el martes 18 de abril, en el Hotel Claridge de Madrid. En ella Feijóo se ha dado cita con fiscales conservadores para empezar a tratar el desmantelamiento de las leyes del Gobierno progresista. Es decir, que ocho meses antes del final de 2023, lo que entonces se estimaba como fecha de las generales, el líder del PP se reúne de manera discreta con parte del poder judicial para empezar a preparar su llegada al poder. De esta reunión podemos deducir dos cosas: la prisa que tenían por llegar a la Moncloa y lo clara que parecían tener su victoria.

En esta cita se tratan multitud de temas, como Cataluña, el delito de sedición, la ley trans e incluso una “larvada” crisis que, al parecer, va a dar al traste con la economía española. Se emplea un lenguaje contundente contra el Gobierno, del que el líder popular afirma que ha ocupado “el Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el CNI, el CIS”.

Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado, afirma que existe una “perversión del procedimiento legislativo” que va “unida a una perversión de la institución”, preguntándose: “¿Cómo devolver el normal funcionamiento a la institución si se tiene la tentación de hacer lo mismo que hicieron ellos para reequilibrar, si caemos en el mismo procedimiento?”.

La sensación que queda tras leer las intervenciones de Feijóo y los fiscales conservadores es que aquello es mucho más que una cena donde el líder de un partido presenta su programa. ¿Y quién se destaca, además de los ya citados, en sus intervenciones? El mismo Antonio Narváez, exmagistrado del Constitucional, que unos meses antes ha sido el impulsor de la paralización de una votación del poder legislativo, un hecho inédito en la historia democrática española. También el hombre al que los servicios de seguridad citan en su informe sobre la campaña de desinformación contra las elecciones como alguien que la apoya desde dentro de “la estructura del Estado”. ¿De qué hablan Feijóo y Narváez en aquella cena?

Según El Pais, Narváez “llegó a expresar su deseo, a título personal, de que Feijóo llegue a la presidencia del Gobierno”, poniendo "bajo sospecha los procesos electorales en los que interviene la empresa Indra”. Menos de un mes antes de las elecciones, el líder del PP es partícipe, junto a un exmagistrado del Constitucional, fiscal del Supremo, de una conversación donde el bulo del pucherazo se trata con absoluta normalidad. Todo está listo para el gran desenlace.

Tras estas páginas entendemos mejor el escenario que describimos al principio del artículo y por qué en los últimos días de la campaña determinados medios generalistas dieron tanta importancia a unos casos de compra de votos completamente anecdóticos. Durante un año se había sembrado con paciencia la semilla de la suspicacia contra nuestro sistema electoral. Para final de mayo ya sólo hacía falta tocar la campana para que el sujeto del experimento comenzara a salivar.

Lo que a muchos nos pasó desapercibido entonces es que parte del electorado de derechas había sido condicionado mediante sucesivos artículos en prensa, comentarios en plataformas digitales y declaraciones de sus líderes políticos en el sentido de que en España era posible un fraude masivo en el recuento del voto. Cualquier mención a algo que recordara, aunque fuera remotamente, a esta supuesta adulteración de nuestro sistema electoral actuaría como un silbato de perro, alertando a los destinatarios del mensaje con un sonido que sólo ellos parecían escuchar, lo que impedía al resto advertir lo ocurrido y darle la importancia que merecía.

¿Quién se encargó de soplar ese silbato? Jueves 25 de mayo de 2023. Dos últimos días de campaña. En el programa de Carlos Herrera en Cope, Antonio Naranjo abre su sección tirando la piedra y escondiendo la mano: “Melilla, Mojácar, Correos, Indra... La verdad es que suena un poco raro, pero hay que estar tranquilos con las elecciones. Hay que escuchar a los mejores tranquilizándonos a todos, los más creíbles, los que nunca dicen nada que no sea verdad, a Sánchez y a Bolaños juntos”. El Mundo titula su portada del viernes 26 de mayo de la siguiente manera: “La sucesión de escándalos trunca el final de campaña del PSOE”. ABC, el mismo día, dedica la primera página a este tema con un tono similar: “Sánchez calla ante el alud de escándalos de compra de votos que cercan al PSOE”. Vicente Vallés abre el informativo de Antena 3 del jueves 25 de mayo con esta alerta: “Se multiplican los casos de compra de votos a tres días de las elecciones. Este desaforado final de campaña ha situado al PSOE a la defensiva y con serias dificultades para que se hable de los asuntos que propone Pedro Sánchez en sus mítines”. Nadie podría haber resumido mejor en qué consistió todo aquello.

En aquel par de días, la sensación para cualquiera que se asomara a la actualidad era que en España estábamos a las puertas de un fraude a gran escala en las inminentes elecciones. Sobre todo si, además de estos medios, prestaba atención a los líderes políticos de la derecha. González Pons, quien había prendido la pólvora un año antes, acusó a Pedro Sánchez de ser partícipe de una “trama generalizada” de compra de votos. La cuestión no eran los casos aislados y residuales que se habían producido. La cuestión era que elevar esos casos a un problema nacional valió como detonante emocional para que brotara todo lo que se había sembrado en el año precedente.

¿Quién faltaba por sumarse a esta cuidada puesta en escena? Isabel Díaz Ayuso, que en un mitin el jueves 25 de mayo en Tres Cantos, en presencia de Feijóo, llamó “a votar masivamente para impedir que ninguna trampa retuerza la voluntad del pueblo español". Llama la atención que Ayuso hable continuamente de “traca final” y “ciclo final” del Gobierno progresista, pese a que en aquellas elecciones a quien se votaba era a los alcaldes y presidentes autonómicos, y pese a que los sondeos estimaban un empate técnico. Algunos parecían intuir que sus mentiras iban a precipitar algo mayor.

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que en España, desde mediados de junio de 2022 hasta finales de mayo de 2023 se llevó a cabo una campaña de desinformación para desprestigiar nuestro sistema electoral, acusando al Gobierno en general y a Pedro Sánchez en particular de tramar un plan para manipular el resultado de los comicios del 28M. Esta campaña, a la que podemos llamar “el bulo del pucherazo”, no pasó desapercibida para los servicios de seguridad del Estado, que alertaron de la misma unas semanas antes de los comicios. Su principal objetivo era –además de atacar el prestigio del presidente y los partidos de izquierda y con ello confundir y desmovilizar a sus potenciales votantes– agitar al electorado de derechas para que acudiera a las urnas espoleado por el temor a un fraude, algo que, a tenor de los resultados, sucedió, precipitando la convocatoria de elecciones generales. Unas elecciones que, en principio, estaban de cara para la derecha.

De hecho, y aunque esa es otra historia, el bulo del pucherazo continuó hasta el 23 de julio y mas allá, esta vez contrarrestado por medios progresistas y verificadores de datos. Lo que entonces nos pareció un fenómeno que había empezado en las autonómicas se demostraba como una narrativa que se fue asentando en parte de la opinión publica de una manera concienzuda y prolongada durante un año. En todo caso, este bulo no fue producto –no tan sólo– de cuentas ultraderechistas en redes sociales, sino que medios de comunicacion convencionales y referentes del Partido Popular siguieron la misma línea, tomando el liderazgo en su difusión.

Desconocemos quiénes fueron los artífices primeros de esta campaña de desinformación “organizada, y no espontánea”, según el DSN y la Policía Nacional. Lo que sí podemos afirmar es que el Partido Popular –mediante dirigentes como González Pons, Cuca Gamarra o el propio Feijóo– abre la veda en junio de 2022, sugiriendo que el Gobierno asalta Indra y otros organismos con la intención de alterar el resultados de las elecciones. Respecto a los medios, se suman a esta inercia de manera gradual. Mientras que los generalistas conservadores informan con profusión de los casos aislados de compra de votos, dándoles una importancia nunca vista y atribuyéndoles un carácter homogéneo, las cabeceras de menor entidad afirman durante un año, con completa impunidad, que el Gobierno va a alterar el resultado de las urnas, sin aportar prueba alguna.

Todo lo visto en esta historia, protagonizada por quien sugiere y quien afirma, quien tergiversa y quien miente, consigue en conjunto crear un clima de conspiranoia que arrasa la lógica con la intención de inducir en una parte de la población la creencia de que la izquierda podía cometer un fraude en las elecciones, asegurándose de esta manera la deslegitimación de una posible victoria progresista, que se acabó dando en julio. En España no vimos un asalto al Congreso como en Washington o Brasilia, pero sí, en las semanas previas a la investidura, aquello que se llamó “noviembre nacional”, con manifestaciones frente a las sedes del PSOE y el propio Parlamento que en Ferraz se volvieron violentas. Todos estos sucesos no se pueden entender sin esta campaña de desinformación.

Este largo artículo conduce a una última conclusión: la democracia en España esta amenazada. Y lo está no sólo por la ultraderecha, sino por una derecha convencional que se ha vuelto disruptiva, que usa la mentira para desprestigiar al adversario político y, si es menester, a nuestras propias instituciones y procedimientos democráticos, como el sistema electoral, algo que no había sucedido desde 1978.

No son deslices declarativos, no son episodios sin importancia, es toda una estrategia que abunda en la desinformación y la mentira para lograr sus fines. Una estrategia –ahora lo sabemos– que se repite y se repite.

Daniel Bernabé es escritor, periodista y analista político en diversos medios. En infoLibre escribe cada miércoles la columna semanal 'Mala hierba'. Su último libro publicado es 'Todo empieza en septiembre', editado por Planeta.

Los adjetivos se acumulan por toneladas en torno al movimiento realizado por Pedro Sánchez el miércoles, tomándose cinco días para decidir si dimite o no. Antes de anunciar el lunes su decisión tiene que "reflexionar" si "merece" la pena ser presidente del Gobierno, duda que le surge después de que un juzgado de Madrid abriera diligencias de investigación –tras una denuncia por corrupción del grupo ultraderechista Manos Limpias– contra su esposa, Begoña Gómez, acontecimiento que hay que insertar en el contexto de una campaña contra Sánchez del PP, Vox y medios afines que cada vez más recurre a su entorno familiar. Estamos ante un arranque "valiente" y "digno" del presidente, para sus defensores; un capricho "victimista" y "egoísta", para sus detractores; y una maniobra "sorprendente" y "desconcertante" para casi todo el país.

Pero, adjetivos al margen, el giro de Sánchez invita a reflexiones sobre al menos cinco temas de fondo, cinco asuntos de gran calado en una democracia.

Aquí es donde pone el énfasis el PSOE: el acoso de la derecha sería de tal nivel que llega a justificar incluso una quiebra emocional con consecuencias políticas. Esa es la reflexión a la que quiere convocar el presiente: sobre la limpieza de la oposición y los límites de la crítica, especialmente cuando se adentra en la familia.

Proporcionalidad de la reacción de Sánchez al margen, lo indudable es que existe una campaña de gran dureza contra él. Viene de atrás. No sólo ha habido un cuestionamiento de la legitimidad de sus gobiernos desde 2018 –discurso de la oposición que marcó la pasada legislatura–, sino que se ha producido –en esta, la presente legislatura– un ataque a la familia. Y aunque la política ha tenido picos de virulencia extrema en España, desde la última etapa de Felipe González hasta la primera de José Luis Rodríguez Zapatero, es difícil encontrar antecedentes a algunos de los ataques sufridos por el presidente.

"Una carta como la que hemos conocido solo resulta concebible en un sistema político tóxico, viciado al extremo", escribe en El País Ignacio Sánchez-Cuenca, director de Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales. ¿En qué se observa esta toxicidad? Hay ejemplos para elegir. El PP ha validado al máximo nivel expresiones como "me gusta la fruta" –una fórmula que remite al "hijo de puta" que se leyó en los labios, referido al presidente, a Isabel Díaz Ayuso en el Congreso– y "que te vote Txapote". Al uso rutinario de estas expresiones se suma el ataque al presidente por actividades de familiares. La principal diana ha sido Begoña Gómez, pero no la única.

El PP ya había ampliado el radio. "Tenemos a su suegro que se enriquece con esas saunas, todos sabemos a qué tipo de saunas me refiero ["saunas gays" sobre las que han publicado medios como EsDiario, EDATV, El Debate y Libertad Digital]; a su padre, que se enriquece con fondos Next Generation; a su hermano, que curiosamente ha mudado su domicilio a Portugal para no pagar impuestos en España", recitó precisamente el miércoles, horas antes de la carta, la dirigente del PP Ester Muñoz. No hay ningún procedimiento judicial abierto por ninguno de estos temas.

Cristina Monge, profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza, cree que la carta de Sánchez, "por el tono, la forma y la propia redacción desde las tripas", evidencia que el presidente en efecto está bajo un fuerte "impacto emocional" por los ataques a los suyos. Y cree que está servida en bandeja la oportunidad de preguntarse qué clase de política lleva a un presidente a un "extremo" así. Además, añade, lo ocurrido interroga sobre "hasta qué punto del entorno" de un responsable político puede llegar la crítica de sus adversarios. "Yo me acordé [tras leer la carta] de las hijas de Zapatero, a las que se machacó por vestir con estilo gótico", cuenta. Precisamente el expresidente socialista salió este miércoles a la arena pública a reforzar un mensaje: "Hay un límite en el que uno, aunque sea un político consistente y duro, sufre mucho, y ese límite es tu familia".

Carmen Lumbierres, profesora de Ciencia política de la UNED, cree evidente que hay "una parte de crisis personal" de Sánchez, pero está "teatralizada" con fines políticos. "El juego sucio de la oposición y los ataques a la familia son un tema importante, pero no son el tema aquí. No creo que [Sánchez] esté enarbolando una bandera ética, sino haciendo una llamada a que lo defiendan –y no sólo los suyos [el PSOE], sino también sus socios– ante una campaña de ataques frente a la que ya no puede más".

Va en relación con lo anterior, y también se incluye en el haz de discusiones que quiere abrir el PSOE. Ya lo dijo, refiriéndose a los ritmos y a la beligerancia de la vida política, el exdirigente andaluz de IU Antonio Maíllo al anunciar su vuelta al instituto en 2019: "Esto es incompatible con la vida". No es ahora la primera vez que se abre este debate. También apareció con fuerza cuando dimitió el año pasado la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacind Ardern, declarándose "sin energía" para seguir.

Habla Cristina Monge: "Hemos convertido al político en el muñeco para el pimpampum con el que desahogar nuestras iras. Se le exige dedicación exclusiva, pero se le paga poco y a la vez se lo somete al escrutinio total de toda su vida. Y encima, el ataque a la familia. En una conferencia hace poco, les pregunté a los asistentes: 'Si usted tiene un hijo con una carrera profesional –en el derecho, en la medicina, en la enseñanza– y de repente le dice que quiere ser concejal, ¿qué le diría?' Que no lo hiciera, respondían, claro. Justo cuando necesitamos a los mejores, cuando necesitamos el prestigio de la política, más se machaca a la política, al político y a sus familiares".

Coincide aquí Carmen Lumbierres: "La política es vista como una actividad infame y además condiciona no sólo tu vida, sino la de quienes están a tu alrededor. Se pide ejemplaridad cristiana hasta límites que no nos exigimos a nosotros mismos", señala la profesora de la Unidad, que recalca cómo a las trabas que a menudo afectan a quienes se dedican a la política para trabajar después en el sector privado se suman cada vez más las trabas a sus familiares para desempeñar cualquier tarea –por limpia que sea– que los ponga en relación con las Administraciones públicas. "Así, ¿quién va a querer dedicarse a la política?", pregunta retóricamente.

Responde Xavier Coller, catedrático de Ciencia Política en la UNED, con vasta experiencia en el estudio de los mecanismos de selección de élites en los partidos. Ante un ambiente "crispado" y con la certeza de que entrar en política es "malo profesionalmente y duro para la familia", se agudizará la tendencia a que se sientan atraídos por esta actividad "los más fieles, los más hooligans", algo que a su vez agravará el problema. "Es un caso claro de selección adversa", señala.

Sánchez no apunta sólo contra el PP y Vox –"derecha y la ultraderecha"–, también contra la "galaxia digital", un espacio en el que han prosperado las informaciones a las que les dan pábulo. Esta alusión lleva la mirada a los medios que publican falsedades y manipulaciones. El asesor de comunicación Antonio Gutiérrez-Rubí incluso cree que el formato de la misiva está pensado para iluminar –por contraste– ese punto: "En tiempos de bulos, intoxicaciones y deep fakes… Sánchez elige armas: una carta tradicional, en papel (en soporte pdf), analógica y sin membrete. Es un recurso clásico en sociedades hipertecnológicas. Apuesta por el texto, el sentido de la palabra y la narrativa discursiva frente a la ráfaga digital, el mundo troll y la fachosfera".

Lumbierres cree que aquí llegamos a un punto fundamental. La profundidad del fangal político sería imposible, señala, sin "pseudomedios" que "reciben financiación de administraciones del PP y viven en campaña electoral constante, generando contenido que se viraliza y es utilizado por ese mismo partido para apoyar sus denuncias, que a su vez son recogidas por otros medios". "Los pseudomedios, porque me niego a llamarlos medios, son fundamentales para llevar la política al barro. Lo hemos visto en Estados Unidos con el trumpismo y ahora pasa en toda Europa", añade. Este mismo jueves, la dirigente del PP Ester Muñoz, preguntada en TVE por las pruebas de sus manifestaciones contra el hermano, el suegro y el padre de Sánchez, afirmó: "Yo he hecho referencia a cuestiones que conoce todo el mundo y que están publicadas".

En el caso de la apertura de diligencias contra Begoña Gómez, la denuncia de Manos Limpias se basa en recortes de prensa, entre ellos una información falsa de The Objective que fue difundida –y después rectificada– por Telemadrid, con lo que "se cierra el círculo del bulo", apunta Lumbierres. Se pregunta Monge, con la vista en Manos Limpias: "¿Hasta dónde podemos y debemos admitir que una entidad legal, este pseudosindicato, mantenga este tipo de actividad?".

Un responsable de una formación en el espacio de Sumar señala que el debate sobre los medios es uno de los que permite "ir al fondo" en un asunto clave y evitar que toda la discusión se desarrolle en torno a "emociones" y "personalismos". "Sánchez no se puede limitar a quejarse sin hacer nada. Vivimos en una bulocracia. El poder mediático no es que mande, es que condiciona toda la vida democrática con estrategias absolutamente antidemocráticas. Y nadie hace nada. Es más, los medios que participan de esta estrategia reciben financiación pública", señala.

El mismo dirigente señala que otro ámbito en el que hay que "pasar a la acción" es la justicia. "Sánchez –señala– abre el debate de la justicia, pero al mismo tiempo deja que la renovación del CGPJ se pudra en Europa. No, no. Esto no es personal, es político, porque es la máxima expresión de una constante en España: cuando gobierna la izquierda, los poderes fácticos se revuelven. Hay que hacer cambios y no gestos. ¿O qué va a hacer [Sánchez] si no? ¿Dimitir y dejarnos el problema a los que nos quedemos, con la misma justicia politizada, sesgada e impune?". Desde Podemos son múltiples los mensajes que, mientras muestran apoyo al presidente, le recuerdan también que la formación morada ha sufrido "lawfare" y acusan a Sánchez de no haber actuado en su defensa.

En su carta, el presidente no acusa de nada al titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que ha abierto la investigación contra su esposa. No obstante, han cundido las interpretaciones que sitúan a la justicia como uno de los destinatarios del mensaje, más aún cuando por la mañana en el Congreso había dicho que seguía creyendo en ella "a pesar" de haber conocido dicha apertura de diligencias.

Las valoraciones jurídicas desde la apertura de las diligencias apuntan mayoritariamente a dos conclusiones. La primera, que no hay elementos –al menos, conocidos– para sostener un caso penal contra Gómez. La segunda, que la apertura de una investigación secreta contra Gómez basándose en la denuncia de Manos Limpias y sin consultar a la Fiscalía es como poco cuestionable. Así lo expresaba el catedrático de derecho procesal Jordi Nieva-Fenoll: "Leída la denuncia de Manos Limpias. Imposible entender que un juez haya podido admitir a trámite semejante escrito".

Cristina Monge cree que, más que en el "lawfare", aquí lo relevante estriba en la "absoluta falta de vías para la "rendición de cuentas" de la justicia. "Que jueces y fiscales no tengan mecanismo de este tipo los hace impunes ante todo. El poder legislativo tiene rendición de cuentas, que son las elecciones; el poder ejecutivo rinde cuentas [ante las Cortes]. Además, a estos dos poderes les exigimos cada vez más. Con la justicia no hay", señala Monge, que amplía el arco de su reflexión: "La conclusión fundamental es que en democracia todos los actores políticos y sociales, todos, tenemos un papel que cumplir y cuando uno o varios no lo cumplimos con diligencia, decimos eso de 'así mueren las democracias'".

Los críticos con Sánchez se centran en otro aspecto. A su juicio, la carta responde a un movimiento calculado y electoralista del presidente, que trata de aferrarse al poder convocando a un plebiscito emocional donde hay que elegir entre un nosotros, o más bien un yo virtuoso, y un ellos malvado. Asistimos a un "espectáculo de adolescente", resume el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para quien Sánchez sólo pretende "victimizarse" y "polarizar". Ahí es donde ven la gran cuestión democrática abierta.

Xavier Coller, autor de La teatralización de la política en España, Broncas, trifulcas, algaradas, no cree que el gesto del presidente haya llevado las dinámicas de polarización y crispación que dominan la vida pública a ninguna cota nueva, pero sí que no ha aprovechado la oportunidad de marcar un punto de inflexión. Y eso que, al principio, se lo pareció.

El académico leyó dos veces la carta de Sánchez. La primera le dejó buen sabor de boca. Entonces sí le pareció un "basta ya", un "no puedo más con este ambiente", un "hasta aquí hemos llegado". A su juicio –y así lo recoge en su libro–, para salir de la actual dinámica de polarización tiene que haber una figura del tablero político que rompa la inercia y "levante el teléfono" para decirle al adversario: "Por aquí no vamos bien, ¿hablamos?". Y la primera impresión de Coller es que la carta de Sánchez podía ser esa llamada. Pero la segunda lectura, más atenta, disipó esa esperanza. "Hay [en la carta] mucha insistencia en la derecha y la ultraderecha, en señalar al culpable. Si señalas así a aquel con el que quieres hablar, ¿de qué vas a hablar?". No obstante, Coller mantiene que el gesto del presidente –al margen de la decisión que anuncie el lunes– tiene el "efecto positivo" de haber conducido la atención pública a los riesgos de un tipo de política "que nos lleva por muy mal camino".

El economista y sociólogo Andrés Villena considera la carta un síntoma de un nivel tal de "disfuncionalidad" de la política en España que ha llevado "al límite" a uno de sus principales protagonistas. "En España se da un equilibrio entre élites polarizadas que a base de gritarse mantienen la estabilidad", señala Villena, para quien el gesto de Sánchez ahora tiene más de "intento de interrumpir" esta dinámica que de profundización en la misma.

Lumbierres cree que el movimiento de Sánchez se inserta en una lógica política cada vez más marcada por el espectáculo y la emocionalidad, pero señala que "lo más grave" de su movimiento, es el "hiperliderazgo personalista" que destila y que cada vez más se apodera de los partidos, influidos por Estados Unidos. "Aunque pueda haber una crisis personal, una decisión así no se debería tomar sin tener en cuenta a tu partido, en este caso el PSOE, que está gobernando en muchas instituciones. Si de verdad hay que reprobar algo a Sánchez, es actuar al margen de su partido", afirma.

Una querella del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias ha generado un terremoto político en Españas cuyas consecuencias son aún inciertas, ya que podría acabar con la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El socialista se ha dado unos días para reflexionar después de que el titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, abriera diligencias de investigación secretas contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, basándose en una denuncia de la organización ultra que –en siete folios y grandes caracteres para llenar los espacios en blanco– la acusa de tráfico de influencias y de corrupción.

En su misiva a la ciudadanía, Sánchez lamenta la cacería contra su esposa por un supuesto tráfico de influencias por el rescate de Air Europa y un intento de relacionarla con la trama de Koldo García. Todo auspiciado por la derecha. "Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa". Y pone nombres y apellidos a esos intentos: "Sin ningún rubor, el señor Feijóo y el señor Abascal, y los intereses que a ellos les mueven, han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano, Umberto Eco, llamó 'la máquina del fango'. Esto es, tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas".

La carta de Sánchez, que pilló por sorpresa hasta a sus colaboradores más cercanos, generó rápidamente una oleada de solidaridad por parte de dirigentes de su partido pero también de otras formaciones de izquierdas como Podemos, Sumar, Esquerra, EH Bildu o Compromís. Con todo, algunos de ellos también le recordaron al presidente del Gobierno que, en su momento, ya advirtieron de las consecuencias del lawfare, es decir,  la utilización de procedimientos judiciales con fines de persecución, desacreditación o destrucción de un adversario político.

"Hemos llegado hasta aquí porque cuando la ofensiva reaccionaria empezó contra el Gobierno, se guardó silencio y se decía que hacíamos ruido cuando denunciábamos el lawfare", asegura la exministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, a infoLibre. "Se nos ha llenado la democracia de jueces que encarcelan titiriteros, raperos, manifestantes, huelguistas o artistas. Y que han intentado hacerlo desde hace diez años con Podemos", valora, por su parte, el cofundador de la formación morada, Juan Carlos Monedero. Y añade: "Siempre que aparece algún defecto de nuestra democracia, aparece la transición. Jueces, policías, políticos, reyes que se acostaron franquistas amanecieron demócratas".

El propio Manos Limpias también denunció al actual portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, y en su momento dirigente de Podemos, por delitos de estafa y contra la seguridad social en relación con su contrato como investigador en la Universidad de Málaga y también, junto a Pablo Iglesias, por el Informe PISA. Ambas fueron archivadas pero sirvieron para engrosar muchos titulares. "Por desgracia, algunos sabemos lo que es el sindicato ultraderechista Manos Limpias y cómo actúa. En política sabes que vas a recibir ataques, pero también debería de haber líneas rojas y hace años que algunos se las han saltado", asegura Errejón, que confiesa que "se pasa mal y se sufre" porque afecta a sus seres queridos: "Esto es parte del daño que buscan", subraya.

Al igual que le sucedió a la magistrada Victoria Rosell, ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que se vio obligada a dimitir tras la denuncia del exministro José Manuel Soria presunto caso de prevaricación y cohecho. Un caso de lawfare de libro que se acabó destapando. En una entrevista reciente con infoLibre, Rosell confesaba que también utilizaron a su familia: "Si no pueden acabar contigo porque eres una persona íntegra, van a por tu familia. Y entonces te lo piensas. Te lo reconozco, entonces sí que flaqueas", aseguraba. Todo ello ocurrió antes de que Sánchez llegara a la Moncloa, pero con él al frente del Ejecutivo su izquierda ha sufrido ese tipo de ataques.

En estos últimos seis años los tribunales se han utilizado como campos de batalla política. Pasó con el llamado caso Neurona. La derecha mediática y política no dudó en venderlo como el gran caso de corrupción, la “Gürtel de Podemos”. En periódicos y tertulias se habló de manera profusa de una supuesta caja B, de sobrecostes en la reforma de la sede del partido, de financiación irregular, de facturas falsas, de comisiones, de sobresueldos y hasta de quién cuidaba a los hijos de la exministra de Igualdad Irene Montero. Y el PP, por supuesto, no dudaba en utilizarlo en la pugna política. "En Neurona hay mucho que afecta a la corrupción de Podemos", decía a comienzos de 2021 la entonces portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra.

Montero todavía recuerda la reacción de Sánchez a ese caso, cuando dijo que 'confiaba en la acción de la justicia' y que no 'comentaba casos en curso'. "Tristemente, no solo no se lo tomaron en serio sino que muchas veces miraron para otro lado, pensaron que si nos golpeaban a nosotros eso les podía beneficiar a ellos electoralmente, muchas veces no nos defendieron y llegaron a cuestionar que nosotras sí denunciásemos la guerra judicial y mediática", lamenta la candidata de la formación morada a las elecciones europeas.

El procedimiento de Neurona arrancó en el Juzgado de Instrucción nº42 de Madrid tras una denuncia interpuesta ante la Guardia Civil por el exabogado de Podemos José Manuel Calvente. A pesar de que parte de su declaración ante el juez José Manuel Escalonilla se sostenía sobre rumores o sospechas, esta acabó derivando en una decena de líneas de investigación. Una macrocausa que ha perseguido a la formación morada durante prácticamente toda la pasada legislatura. Y a la que se le acabó dando carpetazo en diciembre del pasado año al no apreciarse indicios de delito en la última rama del procedimiento que aún quedaba viva.

Para Montero lo que la izquierda debe hacer en este tipo de casos es "nunca ponerse de perfil," ni "mirar para otro lado, guardar silencio cómplice o ceder ante las ofensivas reaccionarias pensando que si cedes te van a perdonar": "A ver si aprendemos de una vez a no volver a decir 'algo habrá hecho' o 'esperemos a ver qué dicen los jueces' cuando a una compañera le abren un proceso judicial falso", resume. "El lawfare es una cuestión política aunque ataquen a personas concretas. A los reaccionarios se les para avanzando en derechos", zanja.

Esto pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país". Con esas palabras la exvicepresidenta del Govern valenciano y una de las caras más visibles de Compromís, Mónica Oltra, se despedía de la política institucional en junio de 2022, tras ser imputada por el supuesto encubrimiento del caso de abusos sexuales a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido. Tras cinco días de presiones, Oltra dejaba todos sus cargos "con la cabeza bien alta y con los dientes apretados": "Que nadie se pregunte dentro de veinte años o dentro de veinte meses que cojones pasó en este país", sentenciaba casi entre lágrimas.

No han sido veinte, sino veintidós meses después cuando el el magistrado Vicente Ríos ha dado recientemente carpetazo al asunto al entender que los indicios que fundamentaron las imputaciones "se han desvanecido por completo". Sin embargo, en su momento, la propia Oltra se vio forzada a dimitir por las presiones que llegaron por todos los frentes. Por parte de la derecha, de su socio de Gobierno —el PSPV— y también desde su propia formación. Detrás de aquellos multitudinarios silencios se escondía la creencia casi unánime de que lo mejor que podía hacer era dimitir —así lo decidió la Ejecutiva de Compromís— y mejor cuanto antes. "Se ha generado un ecosistema mediático para justificar una determinada decisión", lamentaba entonces la dirigente valenciana, que todavía no se ha pronunciado sobre si volverá a la política.

Para el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, la clave para evitar casos como el de Oltra se sustenta en dos patas: cambiar el poder judicial y tener presencia en todas las tertulias. A su juicio, se deben "dignificar dos poderes absolutamente fagocitados por la derecha en este país" como son el judicial y el mediático: "No para que entre gente de izquierdas o de derechas, sino para que entre gente decente". Bajando al detalle, aboga por ayudar o becar la carrera judicial ya que "el 90% de la familias de este país no pueden permitirse cuatro años de estudios-oposición de ese calibre" y "potenciar el periodismo y no el servilismo" con un "servicio in situ de fact check en las tertulias indicando quién mienta en datos o afirmaciones".

Monedero, al igual que Rufián, también cree que se debería "facilitar y democratizar los estudios de judicatura" y añade que se deberían "incorporar enseñanzas de feminismo, ecologismo, derechos humanos". Además, considera que el PSOE debería haber reformado el Consejo General del Poder Judicial "buscando una mayoría  simple  para evitar el veto del PP pero reforzada con, al menos, cinco grupos parlamentarios".

El Gobierno local de Ada Colau llegó a acumular durante su mandato cerca de una veintena de querellas y denuncias de fondos, empresas, hoteles o rivales políticos. Quince de ellas ya han sido archivadas. A dos meses de las elecciones, Colau tuvo que ir a declarar en medio de un enorme revuelo mediático. Todo por una ofensiva judicial que el fondo emprendió, según la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, "simplemente porque no le eran favorables las políticas de vivienda" que la exalcaldesa de Barcelona “propició durante su mandato”.

Este frente judicial tenía como epicentro el Bloc Llavors, propiedad de Vauras Investments. El ayuntamiento abrió un proceso sancionador contra el fondo por incumplir la normativa catalana de vivienda. Y éste último interpuso una querella contra los dirigentes políticos. La jueza la inadmitió por falta de indicios. Pero la Sección Octava de la Audiencia de Barcelona corrigió esta decisión y ordenó abrir causa por coacciones y prevaricación administrativa.

Errejón también recuerda que, casos como el del gobierno municipal de Barcelona en Comú, al igual que el de Mónica Oltra o los que han sufrido Iglesias y Montero, plantean un debate de fondo sobre la democracia. "Aquí lo que está en juego es una pregunta sobre la democracia española. ¿Tiene la izquierda derecho a gobernar en España o cuando gobierna la izquierda en España todo vale para que se haga el clima irrespirable y la gente ya no pueda más?", lanza.

Montero se muestra convencida de que quienes realizan la guerra judicial y mediática buscan "que te canses y que no te merezca la pena": "Es evidente que nos van a hacer pagar un alto coste político por transformar, ojalá el presidente, que ahora empieza a sufrir el lawfare en primera persona, nunca llegue a pasar por lo que hemos pasado nosotros", asegura. Así, confiesa que ella se ha rodeado de compañeras que le han transmitido el mensaje de que "no estaba sola".