El entramado societario al que Víctor González Coello de Portugal, vicepresidente primero de Vox, aparece adscrito y cuya existencia ha hecho aflorar el alquiler de la nueva sede de Vox no termina en Luxemburgo sino en un territorio incluido en la lista negra de paraísos fiscales de la UE hasta hace ocho meses: el archipiélago caribeño de las Bahamas.

Como ha publicado infoLibre, Víctor González es apoderado de Coravest SL, la empresa que en septiembre compró un local de 400 metros en el céntrico distrito madrileño de Chamberí para de inmediato alquilárselo al partido de Santiago Abascal por 3.500 euros al mes (a razón de 9,8 euros por metro cuadrado) y cuyo hilo societario conduce a una empresa de Luxemburgo: Fincora Group Sàrl, dueña del 99,97% del capital de Coravest SL.

Pero el vicepresidente de la formación ultraderechista también es apoderado de una segunda empresa del sector inmobiliario: Energreen Capital SL. Y el accionista único de Energreen es otra compañía Certus Energy Group, creada en Bahamas hace una década. La firma caribeña quedó constituida en Nassau el 29 de abril de 2009; la española Energreen nació siete meses más tarde en Madrid con 90.000 euros de capital social. Hoy, ese importe se ha disparado hasta los 3,25 millones.

El 19 de febrero de 2014, Certus trasladó su domicilio a Luxemburgo y cambió su sufijo Ltd. (Limited) por el de Sárl (sociedades de responsabilidad limitada en el ordenamiento del Gran Ducado). Así lo acreditan los documentos mercantiles obtenidos por infoLibre.

A tenor de sus cuentas, Energreen Capital SL es la única filial de Certus. ¿Fue fundada Certus con el objetivo de preparar el terreno desde Bahamas para el nacimiento de la firma inmobiliaria española? ¿Cuál era el sentido de constituir una sociedad en uno de los paraísos fiscales de la larga lista de territorios opacos cuya colaboración con la justicia española ha sido históricamente nula, como demuestran distintos sumarios de corrupción? No hay respuesta. Ni los portavoces de Vox ni Víctor González Coello de Portugal han respondido tampoco este viernes a la nueva tanda de preguntas formuladas por infoLibre. 

A diferencia de Coravest SL, cuya única propiedad es, según el Registro, el local de la calle Nicasio Gallego de Madrid arrendado a Vox semanas después de haberlo comprado, Energreen posee una cartera inmobiliaria que valora en casi 20 millones. Sus cuentas de 2017, las últimas disponibles, cifran en 19.227.300 euros sus inversiones en ese segmento. Y reflejan una hipoteca de 7,04 millones ligada a un edificio localizado en un área de negocios al noreste de Madrid. 

Entre Energreen Capital SL y Coravest SL existe una clara conexión. En sus organigramas se repiten dos nombres: el de González Coello de Portugal como apoderado y el del administrador único, Ignacio Riva Fierro, un español con residencia en Suiza a quien el Registro de Luxemburgo presenta como el dueño exclusivo tanto de las acciones de Fincora Group Sárl como de las de Certus Energy Group Sàrl. Además, es Ignacio Riva quien, como administrador de Energreen, certifica las cuentas presentadas por Coravest.

Actividades inmobiliarias... y explotación de cotos de caza

En febrero de 2014, Energreen amplió su objeto social. Y así, además de al negocio de compraventa, tenencia y alquiler de bienes inmuebles, sumó a su repertorio la "realización de actividades cinegéticas" y "explotación de cotos" de caza.

La defensa de la caza se ha erigido en una de las señas de identidad de Vox dentro de un marco ideológico que sitúa el "amor a la patria" en el frontispicio de su programa.

Este periódico no ha logrado que el partido de Abascal exprese su posición sobre los hechos relacionados con su nueva sede: que es propiedad de una empresa en la que su vicepresidente desempeña el cargo de apoderado; que la matriz de esa empresa se ubica en Luxemburgo, y que aparece conectada a otra que durante años operó desde el archipiélago de las Bahamas. 

González Coello fue nombrado administrador solidario de Coravest SL en noviembre de 2016. En febrero de ese año ya había adquirido el mismo rango Energreen Capital SL. Para entonces, la Audiencia de León ya le había inhabilitado durante tres años "para administrar bienes ajenos" por "irregularidades contables relevantes" en la gestión de una de sus empresas, Marmolería Leonesa.

Dictada el 30 de junio de 2015, la sentencia fue confirmada por el Supremo en enero de 2018. Así lo desveló en diciembre El País, semanas antes de que el mismo diario publicase una segunda serie de informaciones sobre las donaciones recibidas por Vox de un grupo iraní tanto para su fundación como partido como para acometer su primera campaña electoral, las europeas de 2014.

Que Coravest SL, propietaria de la nueva sede de Vox, sea filial de una empresa luxemburguesa implica en la práctica que los fondos desembolsados por Vox en concepto de alquiler acabarán trasvasados a otro país. En principio, los 42.000 euros anuales pactados para el primer año. Y finalmente, los 78.000 euros por ejercicio que ingresará Coravest una vez que el alquiler llegue a los 6.500 euros mensuales anunciados por su propio gerente en unas declaraciones realizadas a El Confidencial  en octubre de 2018.

En noviembre de 2017, Intermón Oxfam cifró en 9.544 millones de euros la inversión española con destino a paraísos fiscales detectada en el ejercicio anterior. En un estudio titulado El dinero que no ves. Paraísos fiscales y desigualdad, la ONG católica lanzó la siguiente alerta: "La actual crisis de desigualdad global tiene un claro aliado en la figura de los paraísos fiscales. Estas jurisdicciones suponen el agujero negro de las oportunidades de desarrollo de millones de personas en todo el mundo".

Los más de 42.000 euros anuales que cuesta a Vox la nueva sede central que alquiló en octubre acabarán, literalmente, en Luxemburgo. Porque Coravest SL, empresa propietaria del inmueble y en la que, como publicó este jueves infoLibre, figura como apoderado el vicepresidente primero de la formación ultraderechista, pertenece a su vez en un 99,97% a una compañía domiciliada en el Gran Ducado: Fincora Group Sárl.

Así lo atestiguan las cuentas de 2017 –las últimas disponibles– depositadas por Fincora en el Registro Mercantil de Luxemburgo, que opera como un verdadero paraíso fiscal en el corazón de la UE. Tanto los portavoces de Vox, que ha hecho del "amor a la patria" su mascarón de proa ideológico, como su vicepresidente primero, Víctor González Coello de Portugal, han rehusado responder a la pregunta formulada por este periódico sobre el porqué de una operación mercantil que, en la práctica, implica un trasvase de fondos a otro país. 

El contrato de alquiler de la nueva sede de Vox fue suscrito el pasado mes de octubre, apenas semanas después de que, el 27 de septiembre, Coravest SL hubiese formalizado ante notario la compra de este local de 387 metros cuadrados. El inmueble se localiza en la calle de Nicasio Gallego, en pleno distrito de Chamberí, uno de los más caros de la ciudad. El precio que, según difundió Vox en octubre, abonará por el arrendamiento se limita a 3.500 euros mensuales, es decir, solo 9,8 euros por metro cuadrado.

Una compra sin hipoteca

Sobre el inmueble no pesa a día de hoy ninguna carga. Dado el escaso tiempo transcurrido desde su adquisición, apunta a que Coravest pudo afrontar la compra con sus fondos propios, aunque no cabe descartar que obtuviera un préstamo bancario sin garantía hipotecaria o desembolsado por otras empresas o personas físicas.

Constituida en octubre de 2016 con 3.000 euros que se incrementaron luego en 160.000 mediante una ampliación de capital suscrita a finales de 2018, las cuentas de la empresa en los dos ejercicios de existencia ya cerrados (2016 y 2017) no registran ni un solo céntimo en ingresos. Tampoco, ningún empleado. 

infoLibre ignora el precio de compra del local al que ya Vox prepara su mudanza en un clima de euforia por su rápido crecimiento y mientras persisten las dudas sobre su financiación por las donaciones recibidas de un grupo iraní. Las únicas cifras que han trascendido son las del importe de ese arrendamiento: el partido de Santiago Abascal aseguró en octubre que sólo pagará al principio "3.500 euros mensuales más IVA", lo que equivale a 9,8 euros por metro cuadrado.

Fue en una noticia publicada el 3 de octubre por elconfidencial.com donde el gerente de Vox, Enrique Cabanas, anunció que el partido había "pactado con el propietario pagar menos al principio" porque el inmueble destinado a convertirse en su nueva sede necesitaba "una reforma en profundidad muy costosa". Pero que el precio se iría incrementando a razón de 500 euros mensuales cada año hasta llegar a los 6.500 euros más IVA. Vox no ha accedido a responder cuánto han costado finalmente esas obras.

Anticipo en Luxemburgo "en efectivo y sin intereses"

Es el administrador único de Coravest SL, Ignacio Riva Fierro, quien consta en el Registro luxemburgués como accionista exclusivo de la empresa matriz, es decir, de Fincora Group Sárl. Este periódico tampoco ha logrado localizar a Riva, que comparte presencia con González Coello de Portugal en una segunda mercantil española –Energreen Capital SL– y que en los documentos de Luxemburgo consta domiciliado en un municipio suizo próximo a la ciudad de Ginebra.

En las bases de datos públicas no aparece ningún teléfono a nombre de Coravest ni la empresa ha tenido ni un solo empleado desde su fundación en octubre de 2016. Empleados de la gestoría que asesora a Coravest en materia contable aseguraron que Riva sabe que este periódico lleva intentando contactar con él desde el miércoles.

Constituida en agosto de 2014, el capital social de Fincora se cifra en 12.500 euros, que Riva declara haber suscrito en su integridad. El balance de 2017 aporta el siguiente dato en la nota relativa a los acreedores: "A 31 de diciembre de 2017, el epígrafe 'otros acreedores' se corresponde con un anticipo en efectivo y sin intereses del accionista único. (2016: 50.000 euros [procedentes] de una tercera compañía)". Sobre ese texto, el cuadro reservado al ítem "otros acreedores" consigna 80.000 euros en 2017 y 54.000 en 2016.

La imposibilidad de recabar la versión de Ignacio Riva o la de Víctor González en su doble condición de apoderado de la empresa arrendadora y de alto dirigente del partido arrendatario deja de momento en el aire preguntas sin respuesta. No es factible, por ejemplo, saber si Coravest compró el local de Nicasio Gallego con el objetivo de alquilárselo de inmediato a Vox. Ni si, dado que la organización que dirige Santiago Abascal asume el coste de reforma del inmueble, el pacto resulta más ventajoso para el inquilino o para el propietario. 

La formación ultraderechista Vox es desde octubre inquilina de Coravest SL, una empresa inmobiliaria directamente vinculada a su vicepresidente primero, Víctor González Coello de Portugal, y que había escriturado la compra del local objeto de arrendamiento menos de un mes antes: exactamente, el 27 de septiembre. El nombre del vicepresidente primero de Vox saltó a la palestra en diciembre cuando El País desveló que el Tribunal Supremo había confirmado su inhabilitación para administrar sociedades durante tres años por "irregularidades contables" en una de sus compañías, Marmolería Leonesa.

En octubre, el partido de Santiago Abascal ya difundió que por la nueva sede, de 387 metros cuadrados según la información registral obtenida por este periódico y situada en el distrito de Chamberí, uno de los más caros de Madrid, solo pagaría al principio "3.500 euros mensuales más IVA": es decir, 9,8 euros por metro cuadrado. Fuentes del portal inmobiliario idealista.com consultadas este miércoles cifraron en 17,6 euros por metro cuadrado el precio medio de las oficinas de alquiler en el conjunto de la capital a diciembre de 2018. 

Fue en una noticia publicada el 3 de octubre por elconfidencial.com donde el gerente de Vox, Enrique Cabanas, anunció que el partido había "pactado con el propietario pagar menos al principio" porque el inmueble destinado a convertirse en su nueva sede necesitaba "una reforma en profundidad muy costosa". Pero que el precio se iría incrementando a razón de 500 euros mensuales cada año hasta llegar a los 6.500 euros más IVA. 

Para llegar a ese techo de 6.500 euros (16,7 euros el metro cuadrado) deben transcurrir seis años completos desde la firma del contrato de alquiler. La noticia de elconfidencial atribuía al local 450 metros cuadrados. La nota registral la reduce en cambio a 387,49 metros: 258,19 metros cuadrados de superficie más una entreplanta de 129,3 metros cuadrados. El nuevo espacio corporativo de Vox se localiza en la céntrica calle de Nicasio Gallego, a escasa distancia de puntos centrales del mapa madrileño como son la calle Génova o la Glorieta de Bilbao. A 50 metros se levanta la Fiscalía Anticorrupción.

¿Compró Coravest el local de Nicasio Gallego con el fin de alquilárselo a Vox, que de inmediato anunció que asumiría el coste de la reforma, o su arrendamiento al partido donde uno de sus dos apoderados ocupa el segundo puesto del organigrama partidario fue fruto de una mera concatenación de casualidades? ¿Resulta más ventajosa la operación para Vox o para Coravest? De momento, los interrogantes permanecen abiertos en un momento en que arrecian las dudas sobre la financiación de Vox tras las noticias sobre las donaciones recibidas de un grupo iraní.

Constituida en octubre de 2016 con 3.000 euros de capital, a nombre de Coravest SL, cuyo objeto social consiste en la venta y alquiler de inmuebles, no aparece ninguna línea telefónica en las guías y servicios de información de acceso público. Sus cuentas de 2017, que son las últimas disponibles, reflejan nula actividad: ni un euro de cifra de negocio y ni un empleado. La empresa acometió en 2018 una ampliación de capital por 160.000 euros de la que el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) dio cuenta el pasado 12 de diciembre.

El caso de la nueva sede no es el único de Vox donde lo privado y lo institucional confluyen en una frontera brumosa. Como publicó infoLibre en octubre, la web del partido pertenecía desde su creación a una promotora de viviendas de lujo que tiene como "socio director" a otra figura clave del partido, Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales.

Entonces, Espinosa aseguró a este periódico lo siguiente: "La elección del nombre llegó antes que la constitución del partido, así que cuando reservé el dominio aún no se podía poner a nombre de un partido que todavía no existía. El dominio se reservó por cinco años, plazo que se cumple en estas fechas". Este miércoles, 23 de enero de 2019, la web de Vox continuaba a nombre de su empresa. 

infoLibre contactó este miércoles con los portavoces de Vox y con la empresa que asesora en materia contable a Coravest SL, empresa propietaria de la nueva sede del partido de Abascal y donde, según el Registro Mercantil, González Coello de Portugal ocupa el cargo de apoderado solidario mancomunado.

Vox no respondió a ninguna de las preguntas formuladas, entre ellas la de cuánto ha costado finalmente la reforma de la futura sede, a la que el partido prepara ya su traslado. Tampoco Víctor González ni ningún portavoz de Coravest SL devolvió la llamada. Este periódico ignora si el vicepresidente primero de Vox es socio de Coravest SL, pregunta para la que tampoco hubo respuesta.

La opacidad de Vox impide conocer si el partido de extrema derecha se financió legalmente en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014. El Tribunal de Cuentas desmintió haber fiscalizado y declarado “legales” las donaciones recibidas por Vox de seguidores del denominado Consejo Nacional de Resistencia Iraní (CNRI), con las que se habría pagado hasta el 80% de la campaña electoral. Y la formación presidida por Santiago Abascal también rechaza facilitar información a los medios de comunicación que se han interesado por aclarar el tema. Así lo indicó uno de los periodistas de El País que publicó informaciones sobre la financiación de Vox y el mismo resultado negativo han obtenido las peticiones de información planteadas por infoLibre. Entres otras cuestiones, este periódico trasladó a los responsables de Vox una pregunta sobre el periodo en el que recibió las aportaciones de los iraníes, un dato que es fundamental para dilucidar si Vox incurrió en una ilegalidad en aquellos comicios, en los que el expresidente del PP catalán Alejo Vidal-Quadras se presentó como cabeza de lista. Abascal era el secretario general del partido.

En las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, el partido recurrió para financiarse al conocido como micromecenazgo. Gracias a este mecanismo, consiguió ingresar alrededor de 800.000 euros a través de 146 donaciones procedentes de una quincena de países distintos –Alemania, Italia, Suiza, EEUU o Canadá, entre otros–, aportaciones que realizaron seguidores del CNRI, un colectivo heredero de una organización que en su momento fue incluida en varias listas de grupos terroristas. Aunque desde Vox dicen estar “absolutamente tranquilos”, el resto de formaciones han pedido que aclare las cuestiones surgidas en torno a estos donativos. Este martes, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha instado a Vox a resolver “todas las dudas”. Mientras tanto, el PP está estudiando llevar a la formación ultraderechista a la comisión de investigación sobre la financiación de partidos del Senado.

¿Son legales las donaciones de personas extranjeras?

La Ley de Financiación de Partidos Políticos, aunque prohíbe expresamente aceptar cualquier aportación procedente “de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras”, sí que permite a las formaciones, en su artículo 7.1, recibir “donaciones no finalistas" –es decir, que no tengan un fin concreto– de personas extranjeras. No obstante, tales aportaciones tienen que respetar ciertos límites, requisitos y condiciones. En la actualidad, las donaciones procedentes de un mismo individuo no pueden superar los 50.000 euros anuales, y todas aquellas superiores a 25.000 euros deberán ser notificadas obligatoriamente al Tribunal de Cuentas “en el plazo de tres meses desde su aceptación”; en 2014, esos límites cuantitativos se situaban en 100.000 y 50.000 euros, respectivamente. Además, tendrán que ser nominativas, es decir, deben estar perfectamente identificadas por los partidos dejando constancia de “la fecha de imposición, importe de la misma y del nombre e identificación fiscal del donante”.

De cara a un proceso electoral, sin embargo, la cosa cambia. El artículo 128 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), además de prohibir tajantemente la aportación a las cuentas electorales de fondos provenientes de cualquier Administración, organismo autónomo o empresa del sector público, entre otros, tampoco permite aquellos “procedentes de entidades o personas extranjeras, excepto los otorgados en el Presupuesto de los órganos de las Comunidades Europeas para la financiación de las elecciones al Parlamento Europeo”. Sin embargo, según aclaró la Junta Electoral Central en un acuerdo del 10 de octubre de 2013, dicho artículo 128.2 de la Loreg “no resulta aplicable a las aportaciones de fondos que puedan realizarse fuera del periodo electoral”. Es decir, que la prohibición sólo rige durante los 54 días que separan la convocatoria de elecciones y la cita con las urnas.

Falta de transparencia

Teniendo en cuenta que el decreto de convocatoria de los comicios se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 31 de marzo de 2014, y que las elecciones fueron el 25 de mayo, cualquier aportación procedente del extranjero que Vox hubiera recibido en ese marco temporal habría sido irregular. Vidal-Quadras, que mantiene una relación estrecha con los opositores iraníes desde 1999, aseguró este lunes en declaraciones a eldiario.es que no percibió ni un solo euro de los seguidores del CNRI cuando los comicios ya estaban convocados. “Si lo hubiera hecho habría contravenido la ley y yo siempre cumplo con la ley”, apuntó el también exvicepresidente del Parlamento Europeo, que aseveró que todo se respetó “escrupulosamente”. Pero el partido se niega a aportar dato alguno al respecto.

Tanto la Junta Electoral Central (JEC) como las Provinciales son las encargadas, en cualquier proceso electoral, de velar por el cumplimiento de las normas, pudiendo pedir la colaboración del Tribunal de Cuentas. Para desarrollar su función fiscalizadora, según la Loreg, “podrán recabar en todo momento de las entidades bancarias y de las cajas de ahorro el estado de las cuentas electorales, números e identidad de los impositores”, así como solicitar a los administradores electorales “las informaciones contables que consideren necesarias”. Sin embargo, fuentes de la JEC consultadas por infoLibre explican que a día de hoy, cinco años después de las europeas, no pueden hacer nada. “Una vez transcurrido el plazo que va desde la convocatoria hasta los cien días siguientes a la celebración de las elecciones, la Junta Electoral ya no tiene ninguna competencia, por lo que no puede hacer absolutamente nada en relación con el tema”, explican.

El Tribunal de Cuentas desmiente a Vox

En las últimas horas, varios dirigentes del partido de extrema derecha reconocieron las aportaciones de seguidores del CNRI en aquellos comicios, aunque asegurando que el Tribunal de Cuentas había afirmado que eran “legales”. “Cuando Santiago Abascal asumió el partido, vimos que una parte de la financiación de la campaña europea (…) había recibido donativos provenientes del exterior. Nosotros, inmediatamente, presentamos las cuentas, toda la documentación que teníamos, al Tribunal de Cuentas pidiéndole que las analizase. La respuesta fue clara y contundente: todos los donativos habían sido legales, totalmente transparentes”, afirmó el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. Unos segundos después, volvió a insistir: “Como desconocíamos si eso tenía o no alguna irregularidad, lo presentamos al Tribunal de Cuentas, que dijo que era perfectamente legal”.

El órgano encargado de fiscalizar a los partidos, sin embargo, negó la mayor. Fuentes de la institución explicaron a este diario que, según el artículo 133.1 de la Loreg, sólo tienen obligación de presentar la contabilidad electoral ante el Tribunal de Cuentas las formaciones que hubieran alcanzado los requisitos establecidos para recibir subvenciones electorales o que hubieran solicitado adelantos con cargo a las mismas. Con la normativa sobre la mesa, desde el órgano apuntan que en los comicios europeos de 2014 la formación “no obtuvo representación alguna y, por tanto, no estaba obligada a la presentación de la correspondiente contabilidad electoral para su fiscalización”. “No consta en el Registro del Tribunal de Cuentas entrada alguna que tuviera por remitente o asunto la formación Vox en el año 2014, en relación con las citadas elecciones”, sentenciaron.

El partido liderado por Abascal tampoco presentó ante la institución auditora su contabilidad anual de 2014. De nuevo, no tenían obligación de hacerlo. La Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos establecía que sólo debían presentar sus cuentas anuales ante el órgano fiscalizador todas aquellas formaciones que “recibieran algún tipo de subvención pública” de las previstas en la citada norma –es decir, las que reciben los partidos en función de su representación parlamentaria–. Tras la entrada en vigor de la reforma del año 2015, dicha obligación de depositar su contabilidad se extendió a todas las formaciones inscritas en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior. “Por consiguiente, (…) el primer ejercicio en el que la formación Vox ha presentado las cuentas anuales a esta institución ha sido el ejercicio de 2016”, señalaron fuentes del Tribunal de Cuentas.

Vox se sirvió del exilio opositor iraní en su primer intento para acceder a la política comunitaria. La formación de extrema derecha financió el 80% de la campaña electoral de los comicios al Parlamento Europeo de 2014 con aportaciones que hicieron los seguidores del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI), colectivo que tiene sus orígenes en una organización que tanto la Unión Europea como Estados Unidos incluyeron en su momento en la lista de grupos terroristas, según reveló este domingo el diario El País. En las últimas horas, el partido ultraderechista, que se presentó a los comicios con el expresidente del PP catalán Alejo Vidal-Quadras encabezando la candidatura, ha confirmado tales donaciones, asegurando que el Tribunal de Cuentas afirmó que habían sido “legales”. Sin embargo, fuentes del órgano que fiscaliza a las formaciones políticas niegan, en conversación con infoLibre, haber auditado la contabilidad de Vox relativa a aquellos comicios, en los que el partido de extrema derecha se tuvo que conformar con menos del 2% de los votos.

En las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, Vox recurrió, al igual que otras formaciones políticas, al conocido como micromecenazgo –crowdfunding en inglés–, un mecanismo de financiación a través de pequeñas aportaciones económicas procedentes de gran cantidad de personas. A través de esta técnica, habría recibido, siempre según la información publicada, 146 donativos de seguidores del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán. Las aportaciones, procedentes de más de una quincena de países –Alemania, Italia, Suiza, EEUU o Canadá, entre otros–, permitieron a la formación ingresar en sus cuentas alrededor de 800.000 euros, una cantidad que habría sido utilizada para financiar el 80% de la campaña electoral. El actual presidente de Vox, Santiago Abascal, era entonces secretario general provisional del partido y ocupó uno de los puestos de cierre de la candidatura capitaneada por Vidal-Quadras.

El PP, que ha conseguido que tanto Ciudadanos como Vox apoyen la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, tilda el caso de “preocupante” y no descarta que la formación de extrema derecha tenga que explicar su financiación en la comisión que investiga las cuentas de los partidos políticos en el Senado. Desde Vox se defienden con el siguiente argumento: “Lo tendrá que aclarar el Tribunal [de Cuentas], que tiene todas nuestras cuentas. Nosotros, en todo caso, no tenemos fondos iraníes, hemos recibido donaciones de personas que pueden ser extranjeras. La financiación de Vox es absolutamente legal, ha sido auditada por una empresa, ha sido depositada en el Tribunal de Cuentas y estamos absolutamente tranquilos con esa cuestión. (…) Y además disfrutamos con la desesperación de los medios de comunicación intentando hurgar en el pasado de Vox”, señaló este lunes el propio Abascal durante un desayuno informativo en Madrid.

En la misma línea se pronunció horas antes el secretario general del Vox, Javier Ortega Smith, durante un acto en Burgos. Sin embargo, el número dos de la formación fue un paso más allá, aseverando hasta en dos ocasiones que el Tribunal de Cuentas había dado su beneplácito a los donativos de procedencia iraní que su formación recibió en 2014. “Cuando Santiago Abascal asumió el partido, vimos que una parte de la financiación de la campaña europea (…) había recibido donativos provenientes del exterior. Nosotros, inmediatamente, presentamos las cuentas, toda la documentación que teníamos, al Tribunal de Cuentas pidiéndole que las analizase. La respuesta fue clara y contundente: todos los donativos habían sido legales, totalmente transparentes”, afirmó Ortega Smith. Unos segundos después, el número dos de Vox volvió a insistir nuevamente: “Como desconocíamos si eso tenía o no alguna irregularidad, lo presentamos al Tribunal de Cuentas, que dijo que era perfectamente legal”.

El Tribunal de Cuentas lo niega

El órgano encargado de fiscalizar a los partidos, sin embargo, niega la mayor. Fuentes de la institución explican a este diario que, según el artículo 133.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, sólo tienen obligación de presentar la contabilidad electoral ante el Tribunal de Cuentas las formaciones que hubieran alcanzado los requisitos establecidos para recibir subvenciones electorales o que hubieran solicitado adelantos con cargo a las mismas. Con la normativa sobre la mesa, desde el órgano apuntan que en los comicios europeos de 2014 la formación “no obtuvo representación alguna y, por tanto, no estaba obligado a la presentación de la correspondiente contabilidad electoral para su fiscalización”. “No consta en el Registro del Tribunal de Cuentas entrada alguna que tuviera por remitente o asunto la formación Vox en el año 2014, en relación con las citadas elecciones”, sentencian las fuentes consultadas por infoLibre.

Efectivamente, no hay ni una sola mención al partido de extrema derecha en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas relativo a las elecciones al Parlamento Europeo de 2014. De hecho, el primer documento en el que consta que la institución ha auditado la contabilidad electoral de Vox es en el informe de fiscalización correspondiente a las elecciones locales de mayo de 2015, comicios en los que consiguió representación en algunos ayuntamientos, lo que le obligaba a presentar las cuentas de aquella campaña.

Este diario se puso en contacto con la formación para saber en qué escrito el órgano había dejado claro que los donativos recibidos por simpatizantes del CNRI eran “legales”, tal y como apostilló su secretario general. “Todo lo que teníamos que decir ya lo ha dicho hoy Santiago en el desayuno y ayer Javier Ortega en Burgos”, se limitaron a responder.

El partido liderado por Abascal tampoco presentó ante la institución auditora su contabilidad anual de 2014. De nuevo, no tenían obligación de hacerlo. La Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos establecía que sólo debían presentar sus cuentas anuales ante el órgano fiscalizador todas aquellas formaciones que “recibieran algún tipo de subvención pública” de las previstas en la citada norma –es decir, las que reciben los partidos en función de su representación parlamentaria–, explican desde el Tribunal de Cuentas.

Tras la entrada en vigor de la reforma del año 2015, dicha obligación de depositar su contabilidad se extendió a todas las formaciones inscritas en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior. “Por consiguiente, (…) el primer ejercicio en el que la formación Vox ha presentado las cuentas anuales a esta institución ha sido el ejercicio de 2016”, aseveran fuentes del Tribunal de Cuentas.

“Islamista, marxista y feminista”

Los orígenes del denominado Consejo Nacional de Resistencia Iraní se remontan a hace más de medio siglo. En 1963, un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad de Teherán pusieron en marcha la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (Mujahedin-e-Khalq, MeK), una organización cuya ideología combinaba “islamismo, marxismo y feminismo”, según detalló el Departamento de Estado de EEUU en un informe del año 2010. Su razón de ser giraba en torno al derrocamiento de la dictadura del sha Mohammad Reza Pahlavi, al que consideraban un títere a las órdenes de Estados Unidos. Y, para conseguirlo, apostaron por la utilización de la lucha armada. Así, en la década de 1970, Mujahedin-e-Khalq llevó a cabo multitud de atentados contra intereses norteamericanos en suelo iraní, siendo responsable del asesinato de tres militares y otros tres civiles estadounidenses durante ese periodo. También respaldaron el asalto a la embajada de EEUU en Teherán, en el que más de medio centenar de diplomáticos permanecieron secuestrados durante más de un año.

En la actualidad, el CNRI se define como un “parlamento en el exilio” que busca el “establecimiento de una república democrática” en Irán basada en la separación de religión y Estado. Compuesto en un 50% por mujeres, está integrado por veinticinco comités que “forman la base para un gobierno provisional de coalición una vez que los mulás hayan caído”, una suerte de Ejecutivo que estaría en el poder durante seis meses y cuya “responsabilidad principal” sería la celebración de elecciones “libres y justas” para la formación de una asamblea nacional legislativa. Aunque oficialmente se desvinculan del MeK, afirmando que solo es una más de las movimientos que forman parte del proyecto, lo cierto es que el FBI apuntó en una investigación en 2004 que el CNRI “no es una organización separada”. “Es, y ha sido, una parte integral del Mujahedin-e-Khalq”, aseveraron.

La entrada del Consejo Nacional de Resistencia Iraní en la arena política española se produjo de la mano de Vidal-Quadras. “Al poco de estar en Bruselas conocí a un diputado portugués socialista, Paulo Casaca. Él llevaba unos años trabajando con la oposición democrática iraní y me pidió que recibiera a unos representantes de este movimiento. Tenemos una larga conversación, me aportan documentos y me explican las circunstancias en las que está Irán y su historia. Ahí comienza nuestra relación”, explicó el propio Vidal-Quadras en 2014 a Estrella Digital. Tras esto, parlamentarios y dirigentes políticos, de izquierda a derecha, se han dejado ver por las convenciones anuales que cada mes de junio celebra el CNRI en suelo francés. Entre ellos, los expresidentes del Gobierno José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

Cuando Fraga murió, el 15 de enero de 2012, la mayoría de los medios de comunicación nos regalaron la vista y el oído con unas cuantas horas de música celestial. El disco solo tenía cara A: hombre de Estado, político extraordinario, uno de los más importantes del siglo XX español, padre de todo lo bueno que podía exhibir la derecha actual en el poder. Pocos hicieron sonar la cara B, la otra cara del mismo disco, inseparable, compuesta con anterioridad, cuando la música tenía un solo director.

Fraga fue ministro de Franco, desde 1962 a 1969, y ministro del Gobierno de Arias Navarro que se formó tras la muerte de su caudillo, desde el 12 de diciembre de 1975 hasta el 1 de julio de 1976. Nunca fue ministro con la democracia. Su autoridad nació de la dictadura y tuvo después en sus manos durante unos meses, como ministro de Gobernación, todo el aparato represivo intacto, ese que cargaba en las calles contra los manifestantes, detenía y encarcelaba de forma arbitraria y sin garantías, torturaba en los cuarteles y comisarías y, si hacía falta, disparaba mortalmente a los trabajadores, como en Elda, Tarragona, San Adrián de Besós, Basauri o en el asalto policial a la iglesia vitoriana de San Francisco de Asís, una masacre que dejó cinco muertos y decenas de heridos. Y todo ello en apenas medio año, cuando quedó al descubierto el talante reformista de los franquistas sin Franco, cómo trataban a opositores y huelguistas, "desórdenes callejeros" los llamaban, y la impunidad de las fuerzas armadas.

Más de cuarenta años después de la muerte del dictador, demostrada hasta la saciedad la venganza cruel, organizada e inclemente que administró a todos sus oponentes, todavía tiene que aparecer un diputado o político relevante del Partido Popular que condene con firmeza el saldo de muerte y brutalidad dejado por las políticas represivas de la dictadura y defienda el conocimiento de esa historia como una parte importante del proceso de aprendizaje de los valores democráticos de la tolerancia y de la defensa de los derechos humanos.

Todo lo que se les ocurre es recordar el terror rojo, y legitimar a los verdugos franquistas por los supuestos crímenes anteriores de sus víctimas, como si la función del relato histórico fuera equilibrar las manifestaciones de barbarismo. Es como si para explicar el gulag y los crímenes estalinistas tuviéramos que recurrir a la represión de la policía del zar o a las tropelías del Ejército Blanco durante la guerra civil rusa.

Y al mismo tiempo, se ríen de quienes "remueven tierra buscando huesos", proponen pasar página, negar el recuerdo, cancelar el pasado. Aznar y Rajoy, voces autorizadas para millones de personas que piensan como ellos, lo repetían siempre que salía el tema: el Gobierno no puede dedicarse a tonterías como la memoria histórica o a la investigación sobre miles de desaparecidos en el pasado. Es la sombra alargada del legado ideológico de la dictadura de Franco, un legado pesado que regresa con diferentes significados, que actualizan desde la democracia sus herederos, políticos, periodistas o aficionados a la historia.

Desde la democracia, les produce una enorme incomodidad el recuerdo de la violencia franquista, ejercida desde arriba, durante 40 años, por el nuevo Estado surgido de la sublevación militar y de la Guerra Civil, que puso en marcha mecanismos extraordinarios de terror sancionados y legitimados por leyes hasta la muerte del dictador.

No resulta sorprendente, por lo tanto, que cada vez que se ha planteado en los últimos años la necesidad de políticas públicas de memoria, como se ha hecho en otros países, aparezca un enérgico rechazo de quienes más incómodos se encuentran con el recuerdo de la violencia, con la excusa de que se siembra el germen de la discordia y se pone en peligro la convivencia y la reconciliación. Acostumbrados a la impunidad y al olvido del crimen cometido desde el poder, se negaron, y se niegan, a recordar el pasado para aprender de él.

Las posiciones de Vox respecto a todos esos teman no son nuevas y estaban ya presentes en muchos sectores de la sociedad española, orientados por los políticos del Partido Popular. Se oponían a investigar los crímenes del franquismo, a averiguar el paradero de miles de desaparecidos, a que hubiera políticas públicas de memoria y educación. Tampoco tenían ningún problema en recordar o reinventar, para adaptarla a su gusto, la historia de la Reconquista, de los Reyes Católicos, del descubrimiento de América, de la grandeza de la monarquía imperial o de la gloriosa Guerra de la Independencia.

Lo que va a hacer Vox es unir todas esas ideas que se propagaban más en bares y en restaurantes, en las redes sociales, que en el Congreso. Dejar bien claras, sin complejos, como les gusta decir, esas airadas reacciones de la derecha política que ya existían. Y para eso necesitan también revisar la historia y situar en lugar sagrado los mitos nacionales.

Las declaraciones interesadas sobre la historia, ampliamente difundidas y manipuladas por medios de comunicación de diferente signo, contribuyen a articular una memoria popular sobre determinados hechos del pasado, hitos de la historia, que tiene poco que ver con el estudio cuidadoso de las pruebas disponibles.

Coincide esa ola de revisionismo, además, con un momento en que las democracias europeas se están volviendo más frágiles, la política democrática sufre un profundo desprestigio, traducido en el crecimiento de organizaciones de ultraderecha y de nacionalismo violento en casi todos los países, desde Holanda a Finlandia, pasando por Hungría o Francia, y la corrupción y los desastres económicos alejan a las nuevas generaciones de aquel ideal de Europa que sirvió para estabilizar al continente en las últimas décadas del siglo XX. La cosa va en serio. ____________Julián Casanova es investigador en el Institute for Advanced Study de Princeton.

Hasta ahora, el grueso de sus declaraciones públicas y su discurso político se han basado en temas como la inmigración, la supuesta "ideología de género" o el peligro de los "comunistas" y los "separatistas". Pero Vox también cuenta con un programa económico que abarca propuestas fiscales, laborales o para las pensiones, entre las que se cuentan las rebajas impositivas a las empresas, la bajada de impuestos a las rentas más altas o la conversión de la mayor parte del suelo en urbanizable.

Desde que comenzó a despegar en las encuestas y, especialmente, a raíz de sus buenos resultados en Andalucía, el partido ultraderechista ha buscado marcar perfil propio en el bloque de la derecha haciendo hincapié en algunas de sus propuestas más polémicas a nivel territorial o de derechos civiles, como son la supresión de las autonomías o la derogación de la ley de protección contra la violencia de género. Pero, pese a su escueto nivel de detalle y a no incluir cifras sobre su coste, Vox también ha hecho bandera de su intención de bajar los impuestos o acabar con tasas que consideran confiscatorias. Hace unos meses, el partido hizo públicas sus 100 propuestas prioritarias, y estas son las principales a nivel económico:

  1. Una rebaja de impuestos a los más acaudalados

Con las cifras en la mano, España no es un país que exprima los bolsillos de los ciudadanos a través de los impuestos, sino todo lo contrario: según los últimos datos de Eurostat, los ingresos que el Estado consigue mediante la tributación ascienden a un 37,9% del PIB, muy lejos del 44,8% que tienen de media los países de la UE y con una diferencia de casi 17 puntos porcentuales con Francia, que es el estado europeo con mayores ingresos (equivalen al 53,8% de su PIB). No obstante, Vox apuesta por una fuerte rebaja impositiva en España pese a que entre sus propuestas no se cuenta una reducción de la inversión en sanidad o educación, si bien el programa económico de la formación no explica cómo se compensaría la caída de los ingresos sin tener que recortar los servicios sociales.

Una de sus propuestas más radicales a nivel económico es la reforma del IRPF, el principal impuesto por recaudación. Actualmente, la tasa sobre la renta está dividida en cinco tramos que gravan los ingresos en función de su cuantía, pero Vox pretende acabar con esa distribución y dejar únicamente dos tramos: uno del 20% para las rentas hasta 60.000 euros y otro del 30% a partir de esa cifra. En la práctica, eso supondría una importante rebaja impositiva para buena parte de las rentas, pero especialmente para las más altas, ya que actualmente los ingresos por encima de los 60.000 euros están gravados al 45% y el tramo de entre 35.200 euros y 60.000 euros, al 37%. Las rentas por debajo de los 12.000 euros no tendrían que pagar IRPF, cuando ahora mismo se benefician de esta exención quienes ingresen menos de 14.000 euros.

Con respecto a los impuestos de sucesiones, donaciones y sobre el patrimonio, que gravan respectivamente las herencias, los donativos y la riqueza acumulada a partir de una determinada cuantía, la receta de Vox es simple: su supresión "en todo el territorio nacional".

  2. La promoción de la "familia natural" mediante rebajas tributarias

Entre sus propuestas para fomentar su concepción de la familia "natural" –la formada por hombre, mujer y su prole–, la formación ultra también propone implantar una "reducción mínima del 50% en el IBI para familias con hijos", así como la exención total de este tributo para las familias numerosas. En esta línea, Vox plantea el "tratamiento conjunto de la renta familiar repartida entre los dos cónyuges, para no penalizar que uno de los miembros de la familia se dedique al cuidado de los hijos o de los dependientes". 

La única modificación del IVA propuesta por los ultraderechistas también tiene que ver con la potenciación de su modelo de familia, que pretenden reconocer "como institución anterior al Estado": Vox propone reducir este impuesto a su tipo superreducido (del 4%) para los "productos y fármacos infantiles y geriátricos". Asimismo, el partido plantea crear "cheques servicio que subvencionen parte de las necesidades familiares como los libros escolares, transporte público, etc" y "establecer bonificaciones proporcionales al número de miembros de las familias en todo tipo de suministros básicos como luz o gas o el acceso a bienes culturales", así como otorgar un mínimo de 100 euros al mes por hijo a cargo.

  3. El fin de las restricciones para construir

Entre sus 100 propuestas fundamentales, hechas públicas hace unos meses, Vox apenas incluye una relativa al problema del precio de la vivienda: la de "liberalizar el suelo" y dar mucha mayor manga ancha a la hora de construir. La ultraderecha apuesta por "convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados", unos motivos de los que no ofrece más detalles. "El mercado del suelo es especialmente rígido y su regulación provoca una escasez artificial que eleva su precio", razona Vox. Aunque no fue el único factor, algunos expertos recuerdan que la ley de liberalización del suelo promulgada por el gobierno de José María Aznar contribuyó a la burbuja inmobiliaria cuyo estallido años más tarde derivó en la crisis financiera y el rescate público de las cajas de ahorros.

Asimismo, el partido propone reformar la Ley del Suelo "y corregir sobrevaloraciones a efectos de IBI de construcciones agrarias", así como "rebajar los impuestos directos del gasóleo agrícola (combustible, fertilizantes, herbicidas, plásticos) por encarecer los costes de producción", pese a sus implicaciones medioambientales.

  4. Menos impuestos para las empresas

Al igual que ocurre con el IRPF, Vox también plantea una rebaja del impuesto de sociedades, el que tienen que abonar las empresas por desarrollar su actividad. Actualmente, esta tasa tiene un tipo general del 25%, que no obstante puede quedar reducido mediante exenciones y deducciones hasta el 7,88% que pagan, de media, las grandes empresas, o el 2,8% que abonan los grupos bancarios. La propuesta de la ultraderecha pasa por rebajar este impuesto al 20%, con la opción de que esa cifra se quede en el 15% "en el caso de que los beneficios no se distribuyan y se mantengan en la empresa como reservas". El impuesto de sociedades de las pymes, igualmente, quedaría reducido al 15% –ahora mismo las pequeñas compañías pagan un tipo efectivo del 18,78% y las medianas, del 13,65%–. 

Pero no son las únicas ventajas fiscales que plantea Vox para las empresas, ya que entre sus medidas prioritarias se encuentra la reducción de las cotizaciones sociales que pagan las compañías por sus trabajadores. La formación propone "la reducción de un 20% de las cotizaciones de la empresa para nuevos contratos de carácter indefinido" de mayores de 50 años, y la creación de un plan de primer empleo "que exonere de las cargas sociales en la primera contratación de jóvenes menores de 24 años y por un periodo máximo de dos años". La tercera pata de este paquete de medidas tiene tinte xenófobo: Vox plantea reducir un 10% "las cotizaciones de la empresa" cuando ésta haga "nuevos contratos indefinidos" para trabajadores españoles que se encuentren en el paro, siempre que la tasa de desempleo esté por encima del 8%.

  5. La reforma de las pensiones

Vox propone reformar de nuevo el sistema de pensiones para implantar paulatinamente un modelo "mixto de capitalización y reparto". En este nuevo modelo se garantizaría una pensión mínima a los jubilados a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, y esa cuantía se complementaría con un porcentaje de la nómina que, durante la vida laboral del trabajador, iría a parar a una cuenta a su nombre que se invertiría donde éste quisiera. Los futuros pensionistas también podrían hacer aportes voluntarios mayores a esta cuenta durante su vida laboral.

Además, las pensiones contributivas estarían exentas de pagar IRPF, "no por doble tributación sino por justicia con quienes han tributado durante toda su vida laboral". El partido no explica con cifras cómo afectará esta exención a las cuentas públicas y la sostenibilidad del sistema de pensiones ni cómo se compensará esta caída de los ingresos.

  6. Sanidad y educación

La reforma que plantea Vox para los sistemas públicos de sanidad y educación tampoco incluye muchos detalles, más allá de que está basada en la recentralización de las competencias y la implantación de un sistema único para toda España. En cuanto a la salud, la ultraderecha plantea "suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud" como son, a su juicio, el "cambio de género" o el "aborto", así como acabar con la sanidad universal eliminando "el acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales" e implantando un sistema de copago para "todos los residentes legales que no tengan un mínimo de 10 años" de residencia en España.

En lo relativo a la educación, Vox propone poner en marcha el polémico "sistema de cheque escolar", y su programa también establece un incremento de las deducciones fiscales para particulares y empresas que colaboren "en la restauración y protección del extenso patrimonio cultural nacional".

Permítanme que vaya, como hacen ellos, directamente a las emociones. (Ustedes podrán comprobar si estos apuntes se basan en datos).

Sí. Las derechas van ganando. Entre otras razones por incomparecencia no ya de las izquierdas, sino de los demócratas. Lo más preocupante no es que Vox pueda crecer hasta un 10% (o más) en número de votos a costa fundamentalmente de los apoyos a PP y Ciudadanos o de un abstencionismo antipolítico. Eso hay que aceptarlo en una democracia que constitucionalmente no exige militancia. Tienen en ella cabida incluso quienes se proponen destruirla si no lo hacen con violencia. Lo grave es que desde el minuto uno de su éxito andaluz ya está contaminando por completo el debate público. Mientras situamos los focos en una discusión bizantina sobre la violencia de género, la inmigración o la supuesta ruptura de España estamos regalando a la extrema derecha populista y a esos entusiastas pescadores en río revuelto un protagonismo impagable. Mientras aceptemos su marco de discusión, por falsario y retrógrado que sea, estaremos alimentando los monstruos que asedian a la democracia no sólo aquí, sino en EEUU, en Brasil, en Italia, en Hungría…

Esta nueva ola ultraconservadora no se frena simplemente gritando “¡que vuelven los fachas!”. Entre otras razones porque nunca se fueron. Como los niños, hay nuevas voces que simplemente repiten “lo que escucharon en casa”. Más allá del desgastado (aunque no inválido) eje izquierda-derecha, es hora de activar el sentimiento y el pensamiento democrático. Los valores colectivos y compartidos. No es casual que hayan elegido al feminismo como enemigo. Pocos movimientos transversales concitan un mayor consenso que el de la igualdad. Nadie se parece tanto a un pobre como otro pobre, sea cual sea su país o religión. Nadie comprenderá mejor a una mujer maltratada que otra maltratada, sea cual sea su origen o estatus. Puede que el mayor “éxito” de propaganda hasta ahora de la nueva extrema derecha se convierta en su primer gran error. Siempre que reaccionemos todos y todas las demócratas como se merecen: desmontando sus mentiras y no permitiendo ni un paso atrás. Emplazando a sus voceros a hablar menos de la patria y más de la precariedad; a hablar menos de la "ideología de género" y más de la fiscalidad; a exagerar menos sobre el número de inmigrantes y a concretar más si creen o no en las pensiones públicas; a explicar si aspiran a una España integrada en una Europa de los derechos humanos o prefieren dar un portazo a cualquier futuro compartido. Hablemos más de lo nuestro y menos de lo suyo. 

Tiene España ya lo tantas veces anunciado y casi siempre bien disimulado: una ultraderecha a la altura de las redes sociales y la Semana Santa, una extrema derecha moderna en definición 4K que quiere hacer de España algo grande, más grande si cabe. Tiene España también su Santiago Matamoros, Abascal, que no se corta un pelo de la perilla califal a la hora de decir que este país es para los españoles y que la familia estuvo antes que el Estado; y que los toros y la caza mayor, se respetan, coño, porque así lo manda la tradición. Lo más inquietante del asunto es que ahora parece que todo el mundo vio venir la manada que se desplegaba desde los invernaderos de El Ejido hasta el frente de Madrid, que los politólogos ya sabían y los genios estadísticos también, pero nadie se dio cuenta de que son, al menos, 400.000 esos desafectos de la democracia que caminan con paso firme a dar otro trabucazo electoral este año que comienza.

La Reconquista (en las banderas de fachada hemos pasado del águila al toro y de este, a la Babieca del Campeador, como si fuera el horóscopo chino) que esta formación pretende, con ganchos electorales como la abolición del Estado de las Autonomías y la ley de violencia de género, hace pensar que hay estudios de mercado habilitados para que alguien compre la mercancía, en cierto modo la misma que le valió a Trump la conquista del reino americano: desprecio al sistema democrático, proteccionismo a ultranza, unas migajas de buena conciencia para los pobres (si son españoles) y las familias numerosas (trenes gratis) y mucha, mucha, intoxicación y mala hostia en las redes, los perfiles, los digitales, la televisión, los medios.

El alunizaje en el escaparate electoral ha sido de todos modos tan poderoso que ha hecho un corrimiento de tierras entre el PP y Ciudadanos, que mal disimulan ahora sus componendas en el arte de convertir a la ultra al buen gobierno, después de despellejar a los jacobinos por pactar con golpistas que no respetan ni los toros, ni las procesiones y, mucho menos, la unidad de España.

Estamos donde solíamos. Cabreados, precarizados, desnortados. Por eso, y porque empezamos otro año, encomendamos a nuestros cronistas que nos cocinaran una portada esquizofrénica: de una parte Vox, de otra los pecados carnales; el profeta y la chuleta en la misma mesa. Supongo que habrá lectores a los que se le indigeste el menú orgánico. Para ellos, lo mejor es que cojan la revista por la última página y dibujen, ayudados por el lápiz de Leonard Cohen, un brindis por la vida. Salud y feliz 2019.

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Ser tesorero en un partido político es un cargo de riesgo. Sólo hay que echar un vistazo a los antecedentes en el PP para comprobarlo. Cinco de los seis responsables de cuentas que ha tenido la formación conservadora han sido investigados por la justicia o tienen causas penales abiertas, entre ellos Luis Bárcenas, que ya pasó por prisión. A lo largo de 2018, infoLibre también ha desvelado que el tesorero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, lleva años presentando en el Registro Mercantil de Barcelona unas cuentas de su empresa que contienen múltiples falsedades y que aportó 791.000 euros de origen desconocido a una de sus sociedades. ¿Y el tesorero de Vox? Andrés Porta Monedero es de momento un desconocido para el gran público... aunque también es cierto que sólo lleva dos años y medio en el cargo y que su partido empezó a despertar interés mediático desde el multitudinario acto que celebró en Madrid en octubre.

Andrés Porta, economista de 55 años originario de Huesca, inició su carrera en el partido ultraderechista como coordinador en Zaragoza. Formó parte de la lista encabezada por Alejo Vidal-Quadras en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, donde los 244.929 votos –1,56%– que logró rascar el partido fueron insuficientes para lograr escaño en la Eurocámara. En aquella ocasión, el economista, que según figura en su currículum cursó el programa de Dirección General del IESE de la Universidad de Navarra en el año 2004, ocupó el puesto 45 de aquella candidatura.

Porta pasó a dirigir la tesorería de la formación ultra integrando la lista que Santiago Abascal presentó para el Comité Ejecutivo Nacional durante la Asamblea celebrada en marzo de 2016. En la brevísima biografía que acompañaba su nombre en el cónclave de Vox, se decía que Porta siempre ha sido “empresario por vocación”. Según consta en el Registro Mercantil, el actual tesorero de la formación de extrema derecha ha ocupado cargos en una veintena de empresas diferentes. La mayoría de ellas son firmas dedicadas a actividades del sector primario, como la agricultura o la ganadería. Pero también ha tenido puestos relevantes en compañías ligadas a la venta de automóviles o a las energías renovables.

En la actualidad, según figura en el registro mercantil, ocupa cargos en media decena de sociedades. Porta es, desde septiembre de 1998, administrador único de Granja Porta Energía SL, dedicada a la "valorización de materiales ya clasificados". El mismo cargo desempeña desde septiembre de 2007 en Yerbero SL, una firma dedicada a la fabricación de piensos compuestos que, a día de hoy, está especializada en perros y gatos, aunque sin olvidar, señalan en su página web, el pienso para avicultura doméstica y caballos. También es administrador único de Wexhan SA, una pequeña compañía dedicada a “la intermediación en el comercio, la compraventa de todo tipo de inmuebles y la compraventa de bienes de producción y consumo”, y de Molino Casayus SL, dedicada al sector inmobiliario. La lista se completa con Harinas Porta SA, en la que figura como apoderado desde principios del año 1992.

infoLibre intentó hablar con el tesorero de Vox sobre sus actividades empresariales, pero la respuesta de un portavoz del partido fue la siguiente: "Podéis publicar lo que queráis, pero no vamos a colaborar".

El desastre de 2005

Constituida el 30 de diciembre de 1985, Harinas Porta es la joya de la corona del negocio familiar. Esta firma tiene tras de sí el nombre de José Porta Callén. Descendiente de una vieja saga de molineros, el padre del actual tesorero de Vox continuó con el oficio familiar y, tras la Guerra Civil, puso en pie la harinera oscense. Andrés Porta fue nombrado miembro del consejo de administración en 1990, cuando tenía 27 años. Desde entonces, y hasta junio de 2006, el economista fue consejero de la compañía. Desde ese sillón, el empresario oscense contempló uno de los episodios más negros de la historia de la harinera. El 14 de abril de 2005, una explosión en la fábrica de Harinas Porta causó la muerte a cinco personas por quemaduras graves e hirió a más de una docena. Un suceso que conmocionó a Huesca y que acabó llegando a los tribunales cuatro años después.

El juicio por la explosión de la harinera oscense se inició en abril de 2009. En el banquillo de los acusados se sentó el que era máximo responsable de la compañía y hermano del actual tesorero de Vox, José Porta, para el que la Fiscalía solicitaba una pena de tres años por un presunto delito de imprudencia en concurso con otro contra la seguridad de los trabajadores. La acusación promovida por CCOO, por su parte, pidió para José Porta penas que sumaban 62 años de cárcel. Finalmente, tras reunir a más de 30 peritos y a medio centenar de testigos, el juez terminó absolviendo de todos los cargos a José Porta al considerar que no había quedado acreditado “de forma inconcusa” que la explosión se produjera, tal y como señalaban las acusaciones, por el mal estado de un molinillo. Y añadió que Porta, cuya defensa apuntaba a la caída de un rayo como causa del desastre, “no tuvo la posibilidad de evitar la explosión porque no pudo prever dicho acontecimiento”.

Entre 2006 y 2013, siempre según los datos del Registro Mercantil, Andrés Porta no ocupó ningún cargo en la empresa harinera. Pero en 2013, años después de la tragedia y del juicio que absolvió a su hermano, regresó como administrador único de Harinas Porta. Ocupó el cargo durante dos años.

Políticos en la familia

Andrés Porta no es el primer político de la familia. De hecho, su hermano José –el que fue juzgado y absuelto por la mortífera explosión– llegó a desempeñar el cargo de consejero de Industria del Gobierno de Aragón, entre 1999 y 2002 a propuesta del Partido Aragonés. Durante su mandato tuvo que comparecer en la comisión de Industria del Parlamento autonómico para aclarar que se había inhibido en las solicitudes que habían realizado empresas de su familia para participar en el Plan de Evacuación de las Energías de Régimen Especial en Aragón (Perea). Su pasado político también llevó a José Porta, en mayo de 2012, a declarar como testigo ante el juez instructor del caso Gürtel. Tras su destitución como consejero de Industria, abandonó la política.

Ahora le toca probar suerte a su hermano Andrés. Y lo hace llevando las cuentas de la ultraderecha española. Una labor sencilla hasta ahora, ya que en 2016 y 2017 los ingresos del partido no llegaron al medio millón de euros, pero que se complicará tras el éxito en Andalucía y los posibles buenos resultados electorales en 2019, que multiplicarán las cantidades que maneja el partido. 

Por tanto, al conversar con el cuñado de Vox, es preferible no perder mucho tiempo en discutir si en España hay muchos o pocos inmigrantes, si lo de Puigdemont fue un golpe de Estado o si el de los ERE fue el mayor caso de corrupción en España. Es preferible dedicarle a las imprecaciones del machote diez o doce segundos por acusación concreta, y volver a las verdades incontestables:

Que Vox es un partido de extrema derecha, de ultraderecha o fascista: todo el mundo lo reconoce ya así –veáse cualquier medio internacional presentable– y ese sencillo hecho sitúa ya a Vox fuera del espacio central de la política española.

Que Vox es, por tanto, el partido hermano del Tea Party y Trump, de la extrema derecha francesa de Le Pen, de La Liga italiana y Salvini, y el partido heredero del fascismo europeo de los años 30. Vox es el partido añorado por los franquistas de antaño y los que quedan hoy.

Que Vox es un partido patriotero, pero antipatriótico. Si por patria entendemos el reconocimiento compartido de un pueblo tolerante, abierto y progresista, como es España. Quienes son ajenos a la identidad de nuestro país son precisamente ellos.

Que Vox es un partido de miedosos. Miedo a la diversidad, miedo al distinto, miedo al cruce de culturas, miedo a la libertad de pensamiento y de creencias, miedo al avance de la ciencia, miedo a la democracia.

Los votantes de Vox –pretendidamente patriotas, duros y devotos– se incomodan y balbucean cuando discutes sus fundamentos morales básicos. Y cuando demuestras que no representan a España –mucho más solidaria que ellos–, que se guían por el miedo, y que son reaccionarios que trabajan contra la libertad.

No es rechazando la bandera, despreciando su religión o recurriendo al buenismo como se les erosiona, sino resignificando nuestra bandera como la de un país distinto al que ellos proponen, pidiendo respeto a todas las creencias, sin imposición de ninguna, o siendo tan tajante como ellos, o más si cabe, en la defensa del orden. Sí, del orden, pero no el orden de quien prohibe a los cómicos hacer sátira, por ejemplo, sino el que garantiza que esos mismos cómicos puedan actuar sin coacciones.

Es reclamando otra idea de la identidad, otra idea de la autoridad y otra idea de la santidad y la pureza, como los moderados podemos enfrentar el peligro de la extrema derecha. No negando sus fundamentos morales, sino haciéndolos nuestros.

Con respecto a las mentiras y las falacias, para los diez segundos que debemos dedicar a desmontarlas, la semana que viene hablamos. Bienvenidos a la lucha. No pasarán.

Cinco de los 12 electos de Vox que ocuparán otros tantos escaños en el Parlamento de Andalucía han omitido en sus declaraciones de bienes el saldo de sus cuentas bancarias. La legislación andaluza obliga a todos los candidatos a presentar una declaración de actividades y bienes previa a la celebración de los comicios. Pero el dato relativo al saldo de los depósitos está ausente en las declaraciones formuladas por los dos médicos de la lista, Pilar Piñero, número dos por Sevilla y el onubense Rafael Segovia, que ejercen en el ámbito privado de manera exclusiva; los empresarios autónomos Rodrigo Alonso, de Almería, y Francisco José Ocaña, de Granada; y el ex guardia civil jiennense Benito Morillo, que ha dejado igualmente en blanco el apartado relativo a sus actividades profesionales. Este martes por la tarde, infoLibre transmitió los datos referidos a Vox , que no ofreció explicaciones sobre el porqué de esas ausencias. 

Para la declaración de actividades, bienes e intereses hay un modelo  común que deben cumplimentar los aspirantes a la Cámara autonómica una vez proclamadas las candidaturas. Y el punto 2.2 aparece por lo general cubierto en todos los formularios por cuanto se refiere a un concepto del que, salvo contadísimas excepciones, ningún adulto logra sustraerse: la posesión de cuentas bancarias, incluso si esas cuentas acumulan el exiguo importe de 1,54 euros, como ocurre en el caso de un candidato por Almería cuyas siglas no han obtenido ningún escaño por ninguna circunscripción.

Lo que el formulario requiere a los aspirantes a un acta de la Cámara andaluza es, simplemente, que en ese punto 2.2 anoten el "saldo total de cuentas bancarias (a la fecha de declaración)". Las declaraciones de los candidatos de los partidos que concurrieron a los comicios del domingo fueron publicadas por el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) en sus ediciones de los días 14 y 27 de noviembre. Puedes consultar ambos boletines pinchando aquí y aquí. 

La relación de los bienes e intereses declarados por los 12 representantes de Vox a los que las urnas han asegurado un acta parlamentaria es la siguiente:

Francisco Serrano, cabeza de lista por Sevilla y candidato de la formación ultra a la Presidencia de la Junta de Andalucía, declara ser propietario del 89% del despacho jurídico al que da nombre, Bufete Serrano Abogados, una sociedad limitada profesional (SLP). Traducido a dinero, ese porcentaje representa 5.400 euros según la declaración del exjuez, que en 2011 fue inhabilitado dos años. La condena por prevaricación recayó sobre Serrano por alterar el régimen de visitas que un juzgado de violencia de género había impuesto al padre de un menor. Lo hizo sin escuchar a la madre y con el objetivo proclamado de que el niño pudiera salir en una procesión de la Semana Santa sevillana de 2010.

Serrano, que logró que el Supremo anulase la decisión del Poder Judicial de impedirle el reingreso en la carrera una vez cumplida la condena y que luego pidió la excedencia, declara un saldo bancario de 8.500 euros y la copropiedad de dos viviendas, una en Sevilla y otra en Cádiz. Les asigna a ambas la inicial M, que el formulario destina a aquellos inmuebles en régimen de "multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad parcial del bien". La primera tiene un valor catastral de 150.000 euros y la segunda, de 120.000. La cara visible de Vox en Andalucía refleja dos hipotecas: por la primera debe 7.183 euros y por la segunda, 17.450. No declara vehículos cuyo valor supere los 6.000 euros ni acciones o fondos de inversión ni seguros de vida.

La médica María José Piñero, número dos en la candidatura sevillana, anota en su escueta declaración, y también junto a la inicial M de multipropiedad, una vivienda en Sevilla con valor catastral de 60.000 euros y un automóvil cuantificado en 9.000 euros. Ni rastro del saldo de cuentas bancarias. Y, a tenor de lo declarado, no tiene préstamos ni seguros ni acciones.  

Este periódico ignora si Serrano y Piñero han seleccionado de forma errónea la inicial M de multipropiedad y si lo que querían hacer constar es que el inmueble también pertenece a sus cónyuges.

El cabeza de lista por Málaga, el veterinario Eugenio Moltó, adscrito al Servicio Andaluz de Salud y que fue presidente del Colegio de Veterinarios de su circunscripción, refleja un saldo bancario de 1.000 euros, una vivienda en Estepona con valor catastral de 215.742 euros, un seguro de vida cuya indemnización asciende a 60.000 euros, una hipoteca por 20.000 y un segundo préstamo por idéntica cuantía.

La segunda electa de la lista malagueña, la pensionista Ana Gil, tiene el pleno dominio de dos viviendas, la primera valorada en 217.964 euros según el catastro y la segunda, en 51.473 euros. Su saldo en cuentas era de 280 euros el día en que hizo la declaración y no refleja deudas. 

La declaración del gaditano Manuel Gavira, abogado en ejercicio y que declara también una relación profesional con la empresa Loomis Spain, es una de las más escuetas de la serie: se limita a reseñar que tiene en el banco 15.000 euros. Nada más.

Su compañera Ángela Mulas, la segunda electa por Cádiz, ofrece más información: es abogada y trabaja para la empresa Fluidmecánica Sur SL y Zambrano-Mulas Abogados. Aunque su declaración no lo dice, Mulas detalla en su perfil de la red social Linkedin que es socia fundadora de ese bufete, que opera en Jerez y su área. La virtual diputada autonómica de Vox posee el pleno dominio de la mitad indivisa de una vivienda heredada en Cádiz y valorada por el Catastro en 24.384 euros y la mitad indivisa de una segunda vivienda adquirida por compra en 2005, igualmente localizada en esa provincia y valorada en 43.577 euros. 

Las cuentas de Mulas arrojan un saldo de 5.093 euros. Tiene dos coches, cada uno de ellos tasado en 6.100 euros, un seguro de vida por 60.765 euros y debe dos préstamos: el importe pendiente del primero alcanza los 60.765 euros y el del segundo, 997 euros.

El onubense Rafael Segovia, que ejerce la medicina en su consulta y detalla para qué aseguradoras trabaja, no hace en cambio mención a sus cuentas bancarias. Segovia declara una vivienda y un local en Huelva, la primera valorada catastralmente en 84.423 euros y el segundo, en 58.929 euros. Bajo el epígrafe dedicado a las acciones, fondos de inversión, certificados de depósitos y otros valores mobiliarios, el cabeza de lista de Vox en la provincia más occidental de Andalucía consigna 50.000 euros de Previsión, 3.000 de la Caixa y 26.403 del Santander. Tiene un seguro de vida por 36.000 euros y debe 107.567 euros de un préstamo.

El granadino Francisco José Ocaña es el tercero de los que han eludido desvelar cuánto dinero hay en sus cuentas. Ocaña, que se define como autónomo con una empresa de drones, declara la nuda propiedad –la posesión de un bien cuyo usufructo corresponde a un tercero–de tres viviendas en Granada, seis propiedades urbanas enclavadas en la misma provincia –el formulario les asigna la inicial O, "otros inmuebles urbanos", categoría en la que se encuadran, por ejemplo, las plazas de garaje pero no los locales comerciales– y un bien rústico en Almería. El valor catastral conjunto de esas 10 propiedades se cifra en 61.689 euros, según su declaración. En el apartado reservado a acciones, fondos de inversión, certificados de depósitos y valores mobiliarios, el virtual diputado declara 1.843 euros en la Caja Rural. Tiene un seguro de caza por 35.000 euros y un coche valorado en 21.500 euros.

El abogado cordobés Alejandro Hernández declara una vivienda en esa provincia valorada en 49.427 euros, 5.000 euros en sus cuentas y "créditos hipotecarios" por 120.000 euros. 

El jiennense Benito Morillo, que según la información difundida por su partido fue guardia civil pero cuya actividad profesional a día de hoy no figura en su declaración como candidato, es el cuarto de la lista que deja el hueco de los saldos bancarios. Morillo declara la nuda propiedad una vivienda en Jaén con un valor catastral de 150.000 euros, una moto de 6.500 euros y una hipoteca por 150.000 euros. 

El quinto candidato que no ofrece datos sobre el importe depositado en sus cuentas es el almeriense Rodrigo Alonso. Autónomo con una empresa de telecomunicaciones y marketing digital, Alonso declara el pleno dominio de dos viviendas en Almería tasadas por el catastro en 220.000 y 100.000 euros así como un bien inmueble de los calificados bajo la inicial O y cuyo valor catastral se cifra en 4.000 euros. En acciones, fondos de inversión y valores mobiliarios anota las siguientes cantidades: 5.000 euros en Caixabank, 14.000 en Unicaja y 1.900 en Liberty. Tiene un coche de 8.000 euros y tres préstamos: una hipoteca de 72.000 euros, otra de 50.000 y una póliza de crédito de 6.000. 

La última candidata de la lista, la también almeriense Luz Belinda Rodríguez, no hace declaración de actividades. Declara el pleno dominio de una vivienda y dos propiedades urbanas de las conceptuadas como de otra naturaleza; anota junto a la letra M –multipropiedad– cuatro propiedades rústicas y junto a la letra N –nuda propiedad– otra más. En total, suman un valor catastral de 167.135 euros. En sus cuentas anota 3.176 euros, tiene un coche de 12.500 euros y debe una hipoteca de 75.975 euros.

Este proceso de transformación ha llegado a una de las Comunidades Autónomas más estables, Andalucía, con cinco partidos que han superado el 10 por ciento del voto. El PSOE, por su parte, ha perdido su histórica condición hegemónica, cayendo por debajo del 30 por ciento.

Lo más llamativo, en cualquier caso, ha sido el ascenso de Vox. Como es lógico, no obedece a un solo factor. Pero de todos los que se pueden considerar, me parece que hay uno determinante. Si pensamos en factores como la crisis económica o la inmigración, han estado presentes mucho antes de las elecciones andaluzas; no sirven, por tanto, para explicar por qué Vox ha obtenido un apoyo importante justamente ahora. Me parece evidente que Vox irrumpe en estos momentos debido a la crisis constitucional que atraviesa España desde la crisis catalana de otoño de 2017. Es una consecuencia más de los daños que ha producido no haber negociado y desactivado el conflicto cuando todavía era posible.

Hasta el año pasado, el eje principal de debate público entre las fuerzas políticas era el socioeconómico, con una presencia añadida e importante de la corrupción. La recesión y sus efectos estructurales (desigualdad, recortes de las pensiones, un mercado de trabajo basado en la precariedad, falta de oportunidades para los jóvenes, problemas en el mercado de la vivienda) monopolizaban las diversas propuestas políticas.

La crisis de Cataluña rompe con ese marco de discusión. Se produce, además, en un momento en el que el crecimiento económico es notable, con la consiguiente reducción de la tasa de paro y la recuperación (parcial) de los ingresos públicos que financian las políticas sociales y de inversión.

La crisis territorial explota tras años de inacción del Gobierno de la derecha y de radicalización creciente del movimiento independentista catalán. Constituye un fracaso colectivo, pues el ideal democrático consiste en encontrar fórmulas inclusivas en la resolución de los conflictos de interés y lo que nos encontramos en este caso es un enfrentamiento descarnado en el que cada una de las partes trata de imponerse a la otra con poco respeto por el principio democrático.

El ascenso de Vox, a mi juicio, debe entenderse ante todo como resultado de un conflicto identitario y cultural.

No descubro nada nuevo a estas alturas si afirmo que la crisis catalana ha activado el lado más excluyente e intolerante del nacionalismo español. Hasta dicha crisis, con todos los matices que se quieran, el nacionalismo español (que nunca ha dejado de existir) se basaba en valores cívicos, era compatible con un cierto cosmopolitismo europeísta y tenía su base en la Transición y, más específicamente, en la Constitución de 1978. Era un nacionalismo comparable al de muchos países avanzados. La crisis catalana, sin embargo, ha producido una inflamación emocional: una buena parte de la sociedad vive dicha crisis como una ofensa, como una herida en su orgullo nacional. Y sale de ahí un espíritu excluyente, vengativo y primario, que considera que defender la patria consiste en renunciar a integrar y que ve en el independentismo catalán una anomalía patológica que debe corregirse mediante la justicia penal. Sin remilgos, sin complejos.

El ambiente que se ha creado en España a raíz de la crisis catalana resulta irrespirable. Se han ido imponiendo ideas cada vez más extremas y atrabiliarias, como la de que en Cataluña se produjo un golpe de Estado fallido. Se ha presentado además al movimiento independentista como antidemocrático y antiliberal. La deslegitimación sin contemplaciones del independentismo catalán impide cualquier solución negociada o pactada. Con los “golpistas” nada hay que hablar; tan sólo cabe juzgarles por rebelión.

Buena parte de la sociedad española se ha intoxicado con ese discurso, que cuenta con el apoyo cerrado de todos los partidos de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox no se diferencian en la cuestión catalana), de una parte del propio PSOE (sobre todo de sus dirigentes de mayor edad), de los principales medios de comunicación y de la mayoría de analistas e intelectuales.

Fuera de España no se ve así y no me refiero solo a los varapalos judiciales que ha recibido nuestro país en los últimos tiempos, sino al último barómetro del Real Instituto Elcano, en el que puede verse claramente que una mayoría de belgas, alemanes, británicos, franceses, italianos, holandeses, polacos, suecos y portugueses consideran que el Gobierno de Mariano Rajoy fue poco dialogante y demasiado autoritario en respuesta al independentismo catalán. En nuestro país, sin embargo, la crítica a la forma en la que el Gobierno, la monarquía y el sistema judicial están tratando el asunto catalán se entiende como muestra de complicidad con el independentismo y, por tanto, como una traición a España.

Frente a ese discurso tan extremo y de bajo contenido democrático, no se ha construido una forma alternativa de hablar y razonar sobre la crisis catalana. El talante dialogante del PSOE actual no supone realmente una interpretación distinta de lo sucedido y el propio Pedro Sánchez se dejaba arrastrar por el clima dominante en mayo pasado afirmando que los independentistas habían cometido un delito de rebelión. Podemos es el único partido que ha mostrado una resistencia firme, aunque sin darle demasiado protagonismo a la cuestión porque cree que le perjudica electoralmente. Más allá de los partidos, las asociaciones, grupos y personas que se desvían de la corriente principal no han conseguido hacer oír su voz.

En un terreno de juego tan favorable a este nacionalismo español excluyente, sin apenas contrapesos, el discurso contra los “golpistas” ha ido recalentándose gracias a la competición entre PP y Ciudadanos y a la presión de los medios más conservadores. Al final, se ha creado el caldo de cultivo para que surgiera un partido de la derecha radical como Vox.

El ascenso de Vox es consecuencia, en última instancia, de la debilidad de nuestro debate público sobre política. Se han impuesto las posiciones más estridentes acerca del nacionalismo no español y el independentismo. No ha ayudado nada, por supuesto, el comportamiento irresponsable y desleal de los líderes independentistas durante el pasado otoño, ni el empeño de algunos de ellos en atacar de forma exagerada al sistema democrático español, calificándolo de “neofranquista” y autoritario. Pero si en lugar de caer en una cadena de agravios y ofensas hubiéramos buscado una salida democrática al problema catalán, no estaríamos ahora lamentándonos por el crecimiento de Vox.

La web www.voxespana.es, canal institucional de difusión de propuestas, noticias y actividades del partido que dirige Santiago Abascal, pertenece desde su creación a una promotora inmobiliaria de viviendas de lujo. El dominio fue registrado el 9 de enero de 2014 por la sociedad Premium Capital Management SL, que entonces se llamaba Metaphore Project Management SL y que tiene por "socio director" y administrador único al responsable de relaciones internacionales de la formación ultraconservadora, Iván Espinosa de los Monteros.

La inscripción de la web a nombre de la citada mercantil, que ostenta así todos los derechos legales sobre ella, se produjo cuando Vox ya constaba en el registro de partidos del Ministerio del Interior, al que se había incorporado el 17 de diciembre de 2013. 

Este martes por la mañana, infoLibre preguntó a los portavoces oficiales de Vox por qué la web del partido fue registrada –y así permanece– a nombre de Premium Capital Management SL, empresa de nacionalidad española pese a que su denominación inglesa evoca otra homónima radicada en Nueva York y dedicada a la inversión financiera. Por la tarde, las fuentes consultadas confirmaron que el partido nada tiene que decir al respecto. "Es una chorrada", fue la respuesta.

Ni un empleado

Mediante el teléfono que figura en la web de premiumproperty.es, marca comercial de la promotora inmobiliaria de lujo Premium Capital Management SL, este periódico contactó con Espinosa de los Monteros, a quien formuló dos preguntas. La primera, por qué la web de Vox es titularidad de su empresa; la segunda,  a través de qué compañía efectúa la promoción en sí de los inmuebles que anuncia Premium dado que esta carece de empleados y presenta una cifra modesta –90.000 euros en 2016– de ingresos.  

La respuesta del vicesecretario de relaciones internacionales de Vox, cofundador de la formación junto con Santiago Abascal y primogénito del hasta ahora alto comisionado de Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, llegó por correo electrónico. Y es esta: "La elección del nombre llegó antes que la constitución del partido, así que cuando reservé el dominio aún no se podía poner a nombre de un partido que todavía no existía. El dominio se reservó por cinco años, plazo que se cumple en estas fechas. Por ese motivo, la titularidad de la web está en estos momentos en tránsito hacia el partido. Respecto a mi actividad privada, no tengo ningún comentario que aportar".

La titularidad de la web de Vox expira el próximo 9 de enero. No es posible verificar si el partido ha iniciado ya los trámites para la migración del dominio. ¿Habría podido la empresa de Espinosa de los Monteros entregar el dominio al partido de forma sencilla y barata –"incluso menos de 100 euros", cuantifica un abogado consultado por infoLibre– desde que el 9 de enero de 2014 quedó inscrito? Por supuesto. [Pincha aquí si quieres conocer los pasos necesarios para la transmisión voluntaria]. 

Que una empresa sea la poseedora de su web convierte a Vox en una auténtica excepción. Las webs del PSOE, el PP, Ciudadanos, PNV, PDeCat y ERC son propiedad del partido, y así lo ha verificado este periódico. La de Podemos –asegura su dirección– consta a nombre de un afiliado que inscribió el dominio el 11 de diciembre de 2013, es decir tres meses antes de que la organización que lidera Pablo Iglesias lograra su entrada en el registro de partidos del Ministerio del Interior. 

InfoLibre preguntó a Podemos por qué su web figura a nombre de una persona física. Las fuentes consultadas respondieron así: "Como la gestión de la página está bajo nuestro control, no nos ha preocupado que el dominio siga a nombre de D.B.B. [Podemos facilitó a este periódico el nombre y los dos apellidos del titular, firmante de algunos artículos de prensa como militante de Izquierda Anticapitalista], cuya identidad no resulta visible en las páginas de búsqueda de dominios por las cautelas que la normativa sobre protección de datos impone sobre personas físicas".

Santiago Abascal, presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) y exdirigente del PP vasco es hoy uno de los rostros de Vox, la formación política que impulsó junto a algunos de sus antiguos compañeros en el PP como José Antonio Ortega Lara o Alejo Vidal-Quadras. En los últimos años, tras distanciarse del equipo de Antonio Basagoiti, sustituto de María San Gil en el PP vasco tras la marcha de esta de la presidencia regional, Abascal encontró refugio en la Comunidad de Madrid. No es, no obstante, el único miembro de la etapa de San Gil acogido por Esperanza Aguirre, ahora presidenta del PP de Madrid.

Tras pasar por la Agencia de Protección de Datos, donde aterrizó en febrero de 2010, una reestructuración anunciada por Aguirre en noviembre de 2011 se llevó por delante este organismo. Y, en abril de 2013, según reconoció él mismo en la Asamblea de Madrid, se le encomendó la dirección de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social de la Comunidad. El pasado 17 de diciembre, reunido el patronato, se acordó extinguir la fundación "de ser posible, en el primer trimestre de 2014". Y también se decidió que fuera Santiago Abascal la persona encargada de pilotar la supresión de este organismo. El presupuesto de la Comunidad de Madrid para la fundación durante este 2014 es de cero euros. Pero el integrante de Vox, fundación que pretende aglutinar a los molestos con la actual dirección nacional del PP, sigue cobrando gracias a "remanentes" de años anteriores. Así lo confirmó él mismo a infoLibre. 

En 2013, el presupuesto de esta fundación fue de 252.818 euros. De estos, 183.600 provienen de la Comunidad de Madrid y el resto se corresponde con donaciones empresariales y de la Obra Social de Caja Madrid. El salario bruto anual de Abascal, que ya fue objeto de polémica a finales del pasado año, es de 82.491 euros. Son datos facilitados por el propio exdirigente del PP vasco en sede parlamentaria.

Antes de anunciar la creación de Vox hace un par de semanas, Santiago Abascal comunicó en noviembre a la dirección nacional del PP que abandonaba el partido. Al mismo tiempo, según relata, puso su cargo en la fundación a disposición del presidente regional, Ignacio González. 

Actos para pedir un cambio de rumbo en el PP

En los últimos meses, la de Abascal ha sido una de las voces más críticas contra las políticas de Mariano Rajoy en el Gobierno. Su desencanto le condujo a dejar la militancia. Pero desde dentro del PP promovió actos, junto a Ortega Lara o Vidal-Quadras, cuyo eje argumental era la demanda de un cambio de rumbo en el Ejecutivo y en el PP, sobre todo en materia de política antiterrorista.

El pasado 17 de diciembre, se celebró una reunión del patronato de la fundación. En el punto dos de las actas, documento al que ha tenido acceso infoLibre, se abordó la disolución y se recuerda que Abascal había puesto sobre la mesa "su deseo de renunciar al puesto por razones personales". "Se le solicita, y se propone por unanimidad, que sea el encargado de proceder a la disolución de la Fundación, con objeto de no tener que realizar un nuevo nombramiento para un breve periodo y no ocasionar perjuicio a la fundación", reza el texto.

Asimismo, se acordó "por unanimidad" que "el remanente excendente", una vez se haya procedido a disolución se ingrese en la Caja General de la Comunidad de Madrid. Pero de ese remanente sigue cobrando su sueldo Abascal.

Según la página web de la fundación, esta "tiene por objeto la gestión de operaciones de patrocinio y mecenazgo destinadas a actividades de interés general y carácter social, el asesoramiento de empresas y entidades sobre las potencialidades del patrocinio y el mecenazgo, así como la sensibilización de la sociedad de esta modalidad de actuación social".