Excluidos, como se ha podido ver en este recorrido descendente, los inmuebles corporativos para generar residencial que no sea de alta gama o atienda a las tendencias dirigidas a un colectivo flotante creciente, las opciones para quien busca un hogar normal se reducen. Una de ellas, desde luego bastante menos ambiciosa, es la de poner en el mercado plantas (no edificios enteros) que habían funcionado hasta ahora como oficinas una vez obtenido el cambio de uso y transformadas en viviendas de rango más normal.

El reciente bum inmobiliario, estimulado por un largo periodo de tipos de interés bajos y que ahora aguarda expectante la consolidación de una nueva fase de rebajas, contribuyó al desarrollo de decenas de compañías especializadas en la rehabilitación de casas viejas. La fórmula consiste en comprar pisos, acometer una reforma que se suele anunciar como integral (aunque rara vez incluya los factores de sostenibilidad y de eficiencia energética) y venderlos a un precio superior. Entre los activos adquiridos y mejorados se encuentran, aunque testimonialmente, algunas plantas corporativas ubicadas en inmuebles residenciales. 

Un ejemplo paradigmático es el de Velzia Homes, la empresa fundada por Chany Chapnik y Gabriel Giesen, nacida (ahí sigue su sede) en el barrio conocido popularmente como de Manoteras (distrito de Hortaleza) y que se dedica a convertir casas veteranas o algo deterioradas en “el mejor piso” de la zona de que se trate (cualquiera) de Madrid capital. Desde 2019, Velzia ha reformado centenares y entre ellas se encuentran algunas que ejercían de oficina. Aun siendo pocas, el efecto multiplicador es reseñable, dándose el caso de que una planta corporativa ha dado lugar a cuatro viviendas; eso sí, de la categoría Milano, donde la compañía ubica los pisos con un precio de venta a partir de los 950.000 euros. Ello se debe a que Velzia, sin abandonar su objeto social original, se ha sumado también al carro del lujo, en sintonía con todas y cada una de las empresas e inversores mencionados hasta ahora. Cuestión de márgenes.

El efecto multiplicador se repite, con mayor frecuencia, en oficinas o locales comerciales a pie de calle. Por seguir con Velzia, está en proceso de cambiar la fisonomía de parte de la calle Ardemans (barrio de la Guindalera, distrito de Salamanca), al convertir en 12 viviendas los 1.300 metros cuadrados de dos bajos casi consecutivos. Ya están terminadas las cinco del número 58 (colección Emerald, precio mínimo 400.000 euros), todas de un dormitorio y con amenities comunes (ocho puestos de coworking, sala de cine, gimnasio de 100 metros cuadrados, sala de billar, sauna), que han reemplazado a una superficie que fue, hasta su abandono, una oficina religiosa: un templo hindú.

Ardemans 58 es una excepción. La reconversión de bajos de uso terciario en viviendas ya era tendencia, aunque se disparó por la crisis pandémica; pero este fenómeno ha sido residual en los barrios del centro histórico. De hecho, las más de 8.300 transformaciones en Madrid capital han tenido primordialmente lugar en los distritos de Puente de Vallecas, Latina (no confundir con el barrio del mismo nombre), Tetuán, Ciudad Lineal, Carabanchel y Hortaleza, que coinciden casi al milímetro con las zonas donde han claudicado más tiendas de barrio.     

La escasez de oferta, un problema estructural en España al que se le ha sumado la derivación de inmuebles o suelo hacia las demandas descritas en esta serie de artículos, ha alimentado la burbuja de precios (la de obra nueva se encareció un 11,2% en el segundo trimestre de este año) y expulsado del mercado de compraventa a millares de familias, abocándolas a buscar piso en régimen de alquiler. Pero ni por esas: también es acuciante la falta de producto de arrendamiento y la renta subió de media otro 9% interanual en el segundo semestre; y ojo, no hay apenas comunidad autónoma que se libre. La cara (para algunos) de este caso flagrante de fallo del mercado es que “más de la mitad de las ventas de 2023 se pagaron al contado”; la cruz, que el 40% de las familias se ven o verían obligadas para comprar una casa a un esfuerzo superior al 33% de sus ingresos (el máximo recomendado por el Banco de España), porcentaje que se eleva al 76% para las que optan por alquilar. Más madera: más de la mitad de los españoles que comparten piso como inquilinos (el coliving más tradicional) lo hacen porque no les queda otra; y a duras penas, porque el precio de alquilar una habitación ha subido un 90% en nueve años.

La última esperanza que les queda, y armándose de paciencia, es que la colaboración público-privada promueva viviendas asequibles. Según un informe reciente, España necesita construir 1,2 millones de unidades a rentas moderadas en los próximos 10 años, con especial énfasis en Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. De la cifra total, 761.000 deberían ofrecerse a un alquiler (renta) un 20% inferior al del mercado libre y las restantes, dirigidas a los más vulnerables, con un descuento del 40%.

Se da la circunstancia de que uno de los dos firmantes del informe es Culmia, muy presente en el incipiente mercado español de alquiler asequible y propiedad del grupo de inversión alternativa estadounidense Oaktree. Culmia acaba de anunciar la reconversión de dos edificios de oficinas en Madrid (no ha concretado si ciudad o provincia). Se suma así a la última iniciativa legislativa de esta comunidad autónoma en materia de vivienda, con la que pretende facilitar y agilizar la conversión de estos inmuebles (y la construcción desde cero en parcelas calificadas con ese uso) en viviendas protegidas por un periodo máximo de 15 años.

Como curiosidad, el impacto prometido por la Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso, 1,2 millones de metros cuadrados transformados en 20.000 viviendas, coincide al milímetro con el estimado por la consultora EY (ver la primera entrega de esta serie) cuando, sin embargo, ésta atribuye un peso sustancial a zonas de la capital (Velázquez, Serrano, Almagro, Santa Engracia, Génova, La Moraleja, El Plantío) donde, por lo visto hasta ahora, son más proclives a cubrir la demanda prime que a satisfacer la de alquileres protegidos, así como a poblaciones de su periferia como Majadahonda y Alcobendas. De hecho, la propia Comunidad Autónoma acaba de admitir que el número de estas viviendas en la ciudad de Madrid erigidas sobre oficinas o solares terciarios corporativos será de 7.500, y que sólo se podría (en condicional) llegar a las 20.000 anunciadas a medida de vayan terminándose los nuevos desarrollos urbanísticos.

Además, se da la circunstancia de que otras voces cualificadas como la de Mikel Echavarren, CEO en España de la también consultora inmobiliaria Colliers, sostienen que “lo que ha sacado la Comunidad de Madrid está muy bien pensado, salvo para las oficinas que ya existen. No salen los números (...) Sí tiene sentido para suelos destinados a oficinas que no sean viables”. Su homólogo en Merlin Properties, Ismael Clemente, coincide (también al milímetro) con esta argumentación. Echevarren confiesa que “es menos políticamente correcto, pero tendría sentido si te lo dejan reconvertir en vivienda libre para venta”. Puede ser que quienes elogian genéricamente la nueva ley madrileña, aunque aguando su eventual alcance, pretendan persuadir al Gobierno regional para que mejore las condiciones. 

Sea como fuere, el grueso de estas viviendas protegidas comprometidas, en el número que resulte finalmente, provendrá casi en su totalidad de obra nueva sobre solares calificados como residencial o, en menor medida, pensados originalmente para oficinas, lo que las alejaría (salvo excepciones) de la almendra central de Madrid ciudad (dentro de la M-30) al ubicarlas en barrios cada vez más periféricos y en otras poblaciones de la comunidad autónoma, cuando el problema más grave reside en la capital. En esa tesitura se encuentran desarrollos urbanísticos muy recientes (en términos inmobiliarios) como el de Valdebebas, donde el interés real por esos activos terciarios ha defraudado los planeamientos y expectativas originales. Algo parecido ha ocurrido en el distrito 22@ de Barcelona.

Después de 33 y 29 años, respectivamente, gobernados sin apenas alternancia por el mismo partido político, el Ayuntamiento y la Comunidad madrileños han terminado por abrazar el concepto de vivienda protegida. De las más de 260.000 viviendas nuevas que se están promoviendo o proyectando en la capital y localidades cercanas como Alcobendas, Pozuelo y Alcorcón, cerca de la mitad tendrá algún tipo de protección pública. Otra cosa son los plazos: según El Economista, la culminación del nuevo Madrid tendrá lugar en 2050, y su pico de comercialización, en 2031.

La mera puesta en el mercado de tal cantidad de residencial asequible debiera destensar, cuando sea, los precios de compraventa y de alquiler. Ésa es, al menos la teoría, pero de momento uno de los desarrollos urbanísticos más avanzados, el de Valdecarros (cuando se culmine serán 51.656 pisos, el 55% protegido), ha experimentado un encarecimiento de la vivienda de hasta el 60% en ocho años porque parte de su promoción, y desde luego el resto de los desarrollos, aún no son una realidad. Es el problema de los tiempos inmobiliarios, que transcurren muchos años, y a veces una eternidad, desde que se intenta acompasar la oferta a la demanda y, muy probablemente, ésta haya cambiado cuando se entregan las llaves.

Por lo que respecta a Barcelona, cuyos ciclos inmobiliario y político, fuertemente imbricados, han caminado en los últimos años por otros derroteros, la previsible rebaja de la obligación de destinar a vivienda social el 30% de la obra nueva o rehabilitada y un eventual fin de la moratoria hotelera en el centro de la ciudad pueden cambiar el paso de la ciudad y estimular, entre otros efectos, la reconversión de oficinas obsoletas en residencial.

Mientras todo esto ocurre, aún queda un colectivo ciudadano al que le vienen muy grandes las oficinas, el lujo, los hoteles, el flex-living y hasta el alquiler asequible: las personas sin hogar. Al menos hay en España dos sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis), Primero H y tuTechô, que compran pisos para alquilárselos a las entidades sociales que intentan ayudar a las personas que sufren el sinhogarismo a que puedan salir de su agujero vital. 

Dicen que “sobran los motivos”. Dicen que se ha cercenado “un derecho constitucional como es el de la vivienda”. Por eso, 39 colectivos han unido fuerzas para, más allá de decir, convocar este próximo domingo, 13 de octubre (13O), una manifestación que recorrerá el centro de Madrid, en la que demandar a las distintas administraciones que hagan posible el acceso de la ciudadanía a “un lugar digno para vivir”.

Calientan motores. Bajo el lema La Vivienda es un derecho, no un negocio, sindicatos como el Inquilinas, el de Estudiantes, CCOO y UGT; plataformas como la de Afectadas por la Hipoteca (PAH), por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) o por la Línea 7B de Metro desde donde exigen “soluciones ya”; entidades sociales como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) o Amnistía Internacional; y organizaciones ambientalistas como Greenpeace, Ecologistas en Acción o Amigos de la Tierra, entre otras, marcharán desde las 12:00 horas, con salida en Atocha y hasta Cibeles. Lo harán con un objetivo: "Cambiar el paradigma de la vivienda". Algunos de esos entes forman parte de la Plataforma por el derecho a la vivienda en Madrid, que se constituyó en octubre de 2023, ante "un malestar que empezaba a ser palpable".

Desde la FRAVM animan a “desbordar las calles” para que “las administraciones públicas empiecen a tomarse en serio este problema social porque la vivienda es un derecho, no un negocio, que es en lo que se ha convertido gracias a modalidades como los pisos turísticos", recalcan. Llaman a formar el domingo una “amplia columna vecinal” y confían en que la protesta sea “el arranque de una movilización social” que obligue a “cambiar las políticas de vivienda". “Hay que pasar a la acción”, sintetizan.

La portavoz del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, explica a infoLibre los motivos que los han llevado a secundar la iniciativa: “La vivienda se ha convertido en una emergencia social impostergable. Saldremos a la calle para exigir que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que siga siendo un derecho y no un privilegio, como lo es ahora, y que no sea una fuente de negocio para los grandes especuladores, los bancos, los fondos buitres y los rentistas, que hacen de algo que es un derecho una forma de vida muy rentable”. Se enfoca en los estudiantes, “en la juventud en general”, para criticar que tengan que “lidiar” a diario “con los precios, las cláusulas abusivas, con lo difícil que es encontrar un piso en las grandes ciudades, o con que la edad de emancipación sea a los 30 años, precisamente porque no hay facilidades para poder irse de casa de los padres”. A lo expuesto suma “el negocio multimillonario que son las residencias universitarias privadas” que les “exprimen hasta el último euro”.

“Salimos a decir que basta ya. El Gobierno tiene que tomar medidas urgentes y radicales para solucionar este tema. Entre las comunidades y el Ejecutivo central se lanzan la pelota, pero no se pueden lavar las manos. Si de verdad se quiere apostar por una vivienda accesible y digna, hace falta un parque público, que los alquileres no se coman más del 10% del salario, o contratos indefinidos para los inquilinos, aunque haya que confrontar con los bancos, los fondos buitre…”, resume. Se muestra convencida de que será “una manifestación multitudinaria” que reflejará “la rabia que hay por debajo. Y ahí estará el Sindicato de Estudiantes”, cierra.

El portavoz de la PAH Vallecas, Diego Sanz, confirma que “la mayoría de PAH” estarán en la protesta del 13O, “con acentos distintos”. Cree que si la manifestación ha de “servir de algo”, debe ser para “señalar el fracaso absoluto de la Ley de Vivienda, un año y medio después de ser aprobada”. Lo argumenta: "Avisamos en su momento de que dejaba fuera el alquiler temporal, el alquiler social obligatorio antes de un desahucio, la prohibición efectiva de éstos, porque el proceso de mediación que incluyeron en la norma es un unicornio que no los está parando… Ayuso no es la única culpable de que suban los alquileres en Madrid, que también, y están empezando a elevarse a máximos históricos, por encima de la burbuja inmobiliaria”, lanza.

Censura que entidades “como Sareb o Caixabank, con participación pública", estén "funcionando para que suban los precios de la vivienda y vuelva a haber un ciclo constructor e hipotecario, que pareciera que es realmente la agenda de los partidos del Gobierno”, proclama. “Con nosotros que no cuenten, si de lo que se trata es de volver a dar hipotecas y de avalar las que no pueden dar los bancos, porque venimos de un drama con el tema hipotecario, como para que nos vuelvan a meter a los bancos en casa”, anticipa. Para terminar poniendo el acento en que se “ha dejado fuera de toda regulación de precios a caseros que tienen tres, cuatro o seis viviendas”, al no considerárseles “grandes tenedores, por no contar con más de diez”.   

¿Qué busca el Sindicato de Inquilinas con la marcha del 13O? "Expresar un gran clamor popular como es el que el tiempo de los políticos se ha terminado en lo que a gestión de vivienda en este país se refiere", verbaliza su portavoz Lucas Vaquero. "Durante los últimos años –enlaza–, los gobiernos de cualquier signo político han fracasado estrepitosamente en adoptar cualquier medida que pudiera solucionar, al menos de forma parcial, el grave problema de vivienda que se vive en España". A su juicio, esto ha tenido una consecuencia: "Que la clase inquilina sea hoy muy numerosa y cada vez más desprotegida frente a los abusos de rentistas y especuladores que de forma parasitaria viven a costa del fruto de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Por eso, basta ya".

Han demandado estos días la dimisión de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, por "su connivencia con la minoría rentista", entre otras razones, y mandan un mensaje claro a la clase política y a las instituciones: "Vamos a ser nosotras las que nos organicemos para conseguir victorias y cambios sostenibles y perdurables en el tiempo. Vamos a comenzar a diseñar estrategias que nos permitan caminar hacia una huelga de alquileres. Si ellos no bajan los precios, nos los vamos a auto regular nosotros”, remata Vaquero.

Alfredo Villafranca, secretario de Política Sectorial de CCOO Madrid, asevera que "la vivienda debería ser un bien de uso, un derecho irrenunciable", sin embargo, "es cada vez más un bien inmobiliario. Se legisla, de hecho, para que lo sea", afea. Relata que desde la Plataforma por el derecho a la vivienda empezaron hace unos meses a plantear la convocatoria de una manifestación, a la que se han adherido más colectivos. "Cada vez carece más de sentido que firmemos un convenio con una subida salarial del 2 o del 3%", expone, en relación a la labor de su organización sindical específicamente, "si luego en tu ciudad la vivienda ese año se eleva el 15%. Al final es como si fuera un salario diferido", lamenta.

Espera que el 13-O sea "un primer paso". “No es el punto de llegada, es el de salida para poner el foco en la calle de que se tiene que legislar de una vez por todas y a nivel de todas las administraciones, aunque no todas tengan la misma culpa", matiza. Y finaliza: "La Comunidad de Madrid la tiene en especial por su modelo inmobiliario".

Desde la esfera ambientalista desean igualmente que los ecos del 13-O retumben con fuerza. Fuentes de Ecologistas en Acción aportan que “sólo en Madrid hay más de 100.000 viviendas vacías” y entienden que la dificultad creciente de que los inmuebles acojan "personas" es “una consecuencia del modelo especulativo y depredador de recursos” que se ha instalado, en el que “la especulación inmobiliaria y la ausencia de políticas decididas de vivienda pública, ha provocado la expansión de los precios hasta unos niveles que resultan inalcanzables para muchos". Y ello, mientras, "paradójicamente, se ha ampliado el suelo urbano a costa de los agrarios o de espacios naturales”.

Por su parte, María Prado, responsable de campaña de Energía, Clima y Movilidad de Greenpeace, traslada a este periódico que son convocantes de la protesta ciudadana al pensar que la vivienda “es un derecho fundamental” y porque reclaman “dignidad en el acceso y dignidad en su habitabilidad”. “La vivienda es una palanca de cambio para tener vidas más dignas, no sólo ha de ser refugio climático, sino que es un elemento de transformación del modelo socioeconómico”, defiende.

La multinacional "verde" apuesta por el impulso a “viviendas descarbonizadas y que sean eficientes energéticamente, porque de nada sirve acceder a ellas, si son agujeros de temperatura donde la gente no puede pagar sus facturas de luz, calefacción o de comida, en un mercado de la energía bastante perverso”, anota. Y abrocha: “La exigencia de entornos, barrios y municipios sostenibles ha de empezar en las casas. Es el primer elemento dentro de la comunidad que construimos para contribuir a vivir en un planeta más sostenible”.   

En general, los convocantes alimentan la ilusión de que "ésta sea la manifestación por la vivienda que marque el punto de inflexión", como lo fue el 15M, conscientes de que "quizás" deberían "haber intentado lograr más movilización ciudadana antes," dado que "hay mucho mar de fondo", reconocen. En cualquier caso, miran al próximo domingo con "optimismo". "Ahora que no llueva", piden algunas de las fuentes sondeadas. El sol no es un requisito imprescindible para manifestarse, pero contribuye a que el recuento de asistentes sea al alza. Aquel "Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo" del 15M volverá, de otra forma, a rugir en las calles.

“Gobernamos con el PSOE, pero no somos el PSOE”. Es la frase que más repite Lara Hernández durante la entrevista con infoLibre. Sobre sus hombros pasa ahora parte del futuro de la izquierda. Es una pieza en el complicado puzle como secretaria de Organización de Movimiento Sumar y como una de las cuatro personas que pilota la gestora del partido.

Entre sus manos está la organización de la asamblea de Movimiento Sumar el próximo mes de diciembre, donde se aprobará el nuevo modelo de dirección y la futura hoja de ruta. No da ninguna pista y defiende que Yolanda Díaz sigue siendo el mayor activo político a pesar de haber dejado su cargo orgánico. Hernández (Madrid, 1986) avisa de que se está produciendo un cambio de etapa, que no de ciclo, en la política. Llama a hacer un diagnóstico de lo que está pasando y se para especialmente en la vivienda. Ella irá a título personal a la manifestación del próximo domingo. 

El PP ha retirado del orden del día en el Senado la ley que incluye la convalidación de penas en el extranjero a presos etarras, que se introdujo a través de una enmienda de Sumar. ¿Por qué presentaron ese texto? ¿Lo hicieron a escondidas como les acusan el PP y Vox?

Presentamos esa enmienda porque queremos cumplir con los principios fundamentales del derecho penal. Y hago una pregunta, que hay que plantear a la ciudadanía: ¿A alguien le parece de sentido común que un preso o una presa pueda cumplir dos veces la misma condena por un delito? Si alguien le parece que entra dentro de los principios fundamentales que rigen el derecho penal, entonces estará de acuerdo, como han reiterado Yolanda Díaz e Íñigo Errejón, que esta enmienda es totalmente pertinente. Y hay que poner encima de la mesa otra cuestión.

¿Cuál?

La hipocresía del PP. Lo que estamos haciendo es una trasposición de una directiva europea y es un trámite parlamentario que ha atravesado tres instancias: ponencia, comisión y Pleno, donde se aprobó con unanimidad del Congreso. No es de antes de ayer. 

Les acusan desde el PP y Vox de ocultarlo a la ciudadanía.

Insisto: es la hipocresía del PP. Lleva semanas en el trámite. Y fue Alberto-Ruiz Gallardón, ex ministro de Justicia, quien sacó a relucir esta cuestión en su tiempo. Estamos simplemente haciendo la transposición de la directiva europea homologando el marco jurídico y penal con el resto de países de la UE. Estamos cumpliendo con la legislación vigente. Es lo que tiene que hacer el PP. Y a Vox hay que decirle que se lea los papeles.

¿Lo pactaron con el PSOE?

Es algo que nosotros presentamos y que se ha debatido en el seno del propio grupo parlamentario de Sumar. Obedece a una lógica que defendemos en Sumar: la defensa a ultranza de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Nuestra agenda pasa por ahí. Somos un partido distinto al PSOE, tenemos una agenda política y social. Nosotros gobernamos con el PSOE, pero no somos el PSOE.

Hablemos de otro proceso polémico: la Mesa del Senado aprobó la cesión de un espacio para un cumbre antiabortista. El PSOE, presente en ese órgano, admite que no se dio cuenta en ese momento. El órgano de gobierno de la Cámara Alta mantiene esa cita para el 2 de diciembre. ¿Veremos finalmente allí a los antiabortistas? ¿Se va a poder frenar? ¿Qué le parece que una institución acoja este tipo de cónclave?

Vivimos en una democracia parlamentaria. Politizar estas instituciones obedece a una falta de responsabilidad política y de altura de miras. No podemos permitir ni tolerar que un partido instrumentalice las instituciones de todos los españoles para actos de este calibre.

¿Va a durar la legislatura?

Va a durar por supuesto. Tenemos una tarea ingente por delante, tenemos que poner por delante asuntos como la vivienda. Hay que aprobar la reducción de la jornada laboral y hablar de cuestiones para ensanchar los derechos de los ciudadanos. Y en segundo lugar: parece que el PP ha entendido que va para largo. No es casualidad que estemos asistiendo a un giro en lo social de los populares, pero hay que ponerlo en la nevera. Si el PP quisiera implementar políticas sociales, lo haría en sus comunidades. Obedece a que se ha dado cuenta de que un partido no puede estar todo el rato dándose cabezazos contra un muro intentando tirar a un Gobierno legítimo elegido democráticamente por la ciudadanía. Lo intentaron con los indultos, con la amnistía, con Begoña Gómez… y han levantado acta de que es una estrategia fracasada. El PP ha rectificado, han leído que va a ser una legislatura larga. Pero si están tocando los temas de permisos, vivienda y reducción de la jornada es porque Sumar los ha puesto encima de la mesa.

Sobre la vivienda, hay una manifestación el próximo domingo en Madrid. ¿Será multitudinaria?

Absolutamente.

¿Tiene el apoyo de Sumar a pesar de estar en el Gobierno?

Personalmente acudiré. No es un problema generacional, es de país y es una emergencia nacional. Vamos a acudir desde Sumar a título individual. El protagonismo es de las personas que acudirán y de las organizaciones que llevan trabajando en esta materia desde hace mucho tiempo. Iremos porque es un tema que nos interpela directamente. Nosotros lo estamos demostrando desde el Gobierno peleando en los presupuestos generales y poniendo encima de la mesa cuestiones. El tiempo parlamentario es lento para la realidad de la calle. Los problemas son acuciantes. Hay datos: tres de cada cuatro personas en España piden que se restrinjan los alquileres de temporada y los alquileres han subido el doble respecto a los salarios. Estamos canalizando este malestar en medidas concretas.

¿Cuáles?

Hay que prohibir la compraventa de vivienda en zonas tensionadas, regular los alquileres turísticos a través de los impuestos, prohibir las golden visa y aplicar la ley de vivienda. Pero no basta, hay que ir mucho más allá. Hay que tener planes ambiciosos de futuro.

¿Debe dimitir la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez?

Lo que tiene que hacer es comparecer.

Supuestamente en dos semanas lo hará.

Vamos a ver cuándo dirime la cuestión la Junta de Portavoces y cuándo se atreve a aparecer la ministra en la casa de la democracia. Rodríguez tiene que explicar a los españoles por qué no quiere aplicar la ley de vivienda, por qué no está retorciendo el brazo a las comunidades del PP e incluso, diría más, a las gobernadas por el PSOE.

Son muy críticos con el PSOE con este tema, ¿pero qué deberían hacer los socialistas?

Es muy sencillo. Basta de medidas estéticas. El PSOE está al frente de comunidades autónomas en España y tiene competencias y posibilidades administrativas reales de poner en marcha la ley de vivienda. No se pueden hacer brindis al sol, la gente está cansada. Es un problema que nos afecta directamente. Y en segundo lugar: hay que condicionar las ayudas estatales a las comunidades a que se aplique la ley de vivienda. Hay que prohibir, por ejemplo, la compraventa en zonas tensionadas. Son medidas que defendemos en los Presupuestos Generales. E insisto: gobernamos con el PSOE, pero no somos el PSOE. Los votos de Sumar van a ser absolutamente determinantes para los presupuestos y no vamos a conformarnos con cualquier presupuesto.

El Presupuesto depende de Junts, ni siquiera está acordada la senda de déficit. ¿Habrá pacto finalmente con los de Carles Puigdemont?

En política es un error hablar de futuribles. Se está trabajando en los Presupuestos intensamente y se ha reformulado la negociación con el bloque de investidura. Tenemos que ser optimistas, creo que los Presupuestos van a salir adelante con voluntad política, con esfuerzo, con mucho trabajo, con tesón y diálogo. Y si no salen, tenemos los de 2023 que son expansivos también. Vamos a seguir trabajando desde Sumar en esta dirección. Nuestro programa es propio y no vamos a conformarnos con cualquier presupuesto.

En la cuestión de los Presupuestos, hablan de que quieren abrir desde Sumar el debate de la prestación universal por hijo hasta los 18 años. El PSOE no está por la labor. ¿Se podrá llegar algún día a un acuerdo? ¿O damos por perdida esta medida durante esta legislatura?

Soy optimista al respecto. Me sorprende la falta de reflejos del PSOE ante el giro social del PP. Pero creo que los socialistas van a estar a la altura de una medida totalmente democrática y que está situada en un país del siglo XXI. Se homologa al conjunto de países y de economías avanzadas en el marco de la UE y sirve para combatir el fenómeno de la pobreza infantil. Creo que el PSOE va a saber escuchar las demandas que Sumar está colocando en la agenda política y social.

Dijeron que en julio se aprobaría la reducción de la jornada laboral, uno de los grandes puntos del acuerdo de coalición. Todavía no lo hemos visto, están priorizando un pacto conjunto con la CEOE y los sindicatos. La patronal no está muy por la laboral. ¿Confían en alcanzar ese consenso a tres? ¿La aprobarán con o sin la patronal? ¿Puede entrar finalmente el PP en la ecuación?

Este martes la vicepresidenta segunda anunció el acuerdo número veinte del diálogo social (protocolo LGTBi para las empresas). No tengo ninguna duda de que Díaz va a articular pactos con el conjunto de actores políticos, sociales, sindicales y empresariales en esta cuestión. Es la seña de identidad de Trabajo. Pero la reducción de la jornada laboral va a salir adelante sí o sí. No me cabe ninguna duda. Esta será la legislatura de la reducción de la jornada laboral. Es una medida de país, afecta al conjunto de la vida de los ciudadanos independientemente del color político. El PP lo ha entendido. Soy muy optimista. Va a garantizar trabajar menos para vivir mejor.

¿El hecho de que el PP entre puede descafeinar la idea inicial de la reducción de la jornada?

Como en la ley ELA, estamos trabajando para articular medidas de consenso. No nos interesa la publicidad, sino sacar adelante iniciativas como la subida del SMI o la reforma laboral. Confiamos en que se reme en este sentido. El PP ha levantado acta de una estrategia fracasada y ha entendido que la legislatura va a ser larga.

Se vive un momento de recomposición política después del hipervitaminado ciclo electoral que ha vivido España en los últimos años. El Gobierno tiene que ser remodelado por la salida inminente de Teresa Ribera a la Comisión Europea. Esto afectaría en principio solo a la parte socialista, ¿pero en Sumar quieren renovar sus cargos dentro del Ejecutivo? ¿Están tranquilos? ¿Han hablado con el presidente?

No puedo contestar al respecto porque es una materia que no se ha puesto encima de la mesa de momento. 

Hay asamblea de Sumar en diciembre, ¿se elegirá un nuevo liderazgo? ¿Habrá otra dirección? ¿Cómo se va a articular?

Esa respuesta la tiene que dar la propia asamblea de Sumar. Pero quiero dejar una cosa muy clara: el mayor capital político de Sumar tiene el nombre de Yolanda Díaz. Todo lo que tenga que ver con estas cuestiones es algo que se dirimirá en el seno de esa asamblea, normalizando el debate político. 

En las últimas encuestas se constata un descenso de apoyos de Sumar respecto al 23J. Ahora están mucho más abajo de Vox, ¿Han perdido fuelle? ¿Se pueden recuperar de cara a unos comicios? ¿Está sufriendo el espacio a la izquierda del PSOE por la fragmentación?

No me gusta comentar encuestas porque no ofrecen una foto fija. Los sondeos a tres años de unos comicios son algo más propio de alquimistas que de políticos. Pero muestran tendencias y por eso el PP pone encima de la mesa asuntos que Sumar ha traído a la agenda política: jornada laboral, permisos y vivienda. Hemos vuelto a tener la iniciativa política tras el verano. La oposición está tomando nota de ellos.

En las europeas sumaron más escaños el PP, Vox y Se acabó la fiesta que la izquierda. ¿Ha entrado España en un ciclo electoral de derechas como está sucediendo en otros países europeos?

Es algo preocupante y merece un análisis más de fondo. Estamos en un cambio no de ciclo, sino de época. Esto nos interpela a las formaciones de izquierdas para hacer un parón y un diagnóstico de país porque ha cambiado. Los desafíos pasan por hablar de la juventud, de la IA, de la guerra y de la emergencia climática. En Austria ha ganado por primera vez una fuerza de extrema derecha desde la II Guerra Mundial. No podemos normalizarlos. Debemos ser capaces de construir horizontes de futuro alternativos. De otra manera, no vamos a estar a la altura del momento. Desde Sumar queremos hacer una asamblea política para poder salir hacia fuera con mayor fuerza.

¿Qué le parece la información de que el rey emérito ha creado una fundación en Abu Dhabi para gestionar su herencia?

La salud de una democracia se mide también por que el jefe del Estado se someta a la ley. Además, estamos conociendo los famosos audios. No debería ser algo que se tratara en los programas del corazón, es algo que forma parte del debate público y todos los españoles tenemos derecho a conocer. De lo que estamos hablando en realidad es algo que ya sabíamos, los líos de faldas del emérito, pero la cuestión es lo que se está ocultando. Lo importante es lo que hay todavía por debajo. 

¿Se debería crear una comisión de investigación sobre la figura del rey Juan Carlos en el Congreso?

Son bienvenidas todas las comisiones de investigación en las que se normalizan la transparencia y la democracia. 

Su socio de Gobierno, el PSOE, tumbó la propuesta de la izquierda de retirar en el Congreso los bustos y símbolos del emérito. ¿No hablan con ellos de este tema?

Nosotros gobernamos con el PSOE, pero no somos el PSOE. Nuestro acuerdo de gobierno es para puntos específicos, pero tenemos nuestro programa. Nuestras medidas en este sentido son claras. Seguimos defendiendo que la salud democrática del país pasa, entre otras cosas, por acabar con esos bustos.

Sumar y el PSOE han acordado el plan de regeneración democrática. Uno de los puntos desvelados por ustedes es que se despenalizan los delitos de injurias a la Corona. ¿Tienen ya el calendario de cuándo se reformará el Código Penal?

Los plazos los manejan en la negociación Íñigo Errejón, Ernest Urtasun y Enrique Santiago. No puedo contestar.

Pero prometen que se hará, ¿no?

Es otra de las tareas importantes que tenemos por delante.

¿Cómo ha sido el desembarco en la primera línea política? ¿Existe ese fango del que habla el presidente del Gobierno?

Nací en la política en el 15M y he vuelto un tiempo después. He venido ya conociendo los caminos trillados por los cuales no hay que volver a pasar. La política tiene caminos enrevesados, pero estamos aquí para hacer cosas y para mejorar la vida de la gente. Ese es mi anhelo. 

¿Alguno de esos caminos podría conducir a Lara Hernández a ser la líder de Movimiento Sumar?

Es un debate que se va a dar en el seno de la asamblea de una manera democrática y colectiva. El mayor capital político que tiene hoy en día Sumar es Yolanda Díaz. He venido aquí para ayudarla.

Cuando el mercado funciona a todo gas, siempre hay quien intenta sacar más tajada. En el inmobiliario se está produciendo un auge de herramientas como las llamadas hipotecas inversas y las viviendas inversas o nuda propiedad. ¿En qué consisten? En las primeras, a diferencia de la hipoteca tradicional, no se realizan pagos mensuales al banco, sino que el propietario de un inmueble recibe una cantidad de dinero de una sola vez o en forma de renta periódica utilizando ese bien como garantía real. El dueño puede disfrutar de la casa hasta su fallecimiento, dado que no pierde su propiedad. Esta figura suele utilizarse para obtener liquidez con la que complementar la pensión de jubilación y el mecanismo en principio en simple: el crédito se devuelve cuando el propietario fallece o vende la propiedad.

Según se recoge en el informe La seguridad jurídica de las personas mayores, del Consejo General del Notariado, las hipotecas inversas han ganado relevancia en los últimos años. Si en 2017 se registraron 31 actos de ese tipo, en el primer semestre de este año se autorizaron 143, lo que representa un incremento del 361% en seis años y medio. 

También ha ganado “popularidad” en los últimos tiempos la vivienda inversa, según fuentes del sector inmobiliario que cifran “en miles” las operaciones de esa naturaleza “que se cierran al año”. Muestra de ello "es que los anuncios de nuda propiedad en portales inmobiliarios se han multiplicado”, afirman. En este caso, se trata de "la venta de una propiedad inmobiliaria a un inversor a cambio de un derecho de residencia vitalicio”. Se consigue, explican las fuentes sondeadas, “liquidez inmediata” y un “alquiler mientras se vive”, que “se deduce del pago inicial realizado por el inversor”. En algún anuncio de Idealista se ofrecen además de la vivienda elementos para llamar la atención como una “acción de club deportivo y social” y otro causó revuelo en redes sociales por la edad de quien sería usufructuario: 52 años. "Se supone que son las personas mayores las que más recurren a estos productos, aunque todo puede pasar en un mercado cada vez más precarizado y es probable que esa edad siga bajando”, admiten.

¿Tienen riesgos esos procedimientos inversos? Fuentes de la órbita financiera sostienen que uno de los peligros ligados a la hipoteca “es la falta de información al hipotecante. Por lo general suelen ser personas de cierta edad, que no siempre comprenden la verdadera carga jurídica y económica de lo que firman”, avisan. Para añadir: “Y puede pasar que la deuda que se genera supere el valor del inmueble”.

Antonio Gallardo, responsable de Estudios de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) considera que “hay que tener cuidado” con esas hipotecas “por muchas razones”, aparte de que “es un producto que no a todo el mundo que tiene una vivienda le es rentable”. “Si posees una que valga 150.000 euros -ejemplifica-, y te van a dar una renta de 180 o 200 euros al mes, no te tiene cuenta porque vas a generar una deuda muy grande para recibir una renta muy pequeña”. De ahí que, “las comercializaciones se enfoquen a centros históricos de ciudades o ensanches, zonas con viviendas de precios elevados”, dice, como pueden ser en Madrid áreas como “Moncloa o Chamberí”, con “casas de 500.000 a 700.000 euros, que son muy atractivas” para quienes captan a estos clientes.

Gallardo advierte luego de que hay otro elemento a tener en cuenta a la hora de contratar una hipoteca inversa: “Los tipos de interés son muchos más elevados que los normales, en torno al 6 y el 7%, cuando en el mercado se consiguen, sin estirar demasiado, tipos del 3% o del 3,5%. Es decir, es un coste del doble”, asevera. En el V Barómetro hipotecas Asufin, fechado en febrero de 2024, se hace notar específicamente que han apreciado “una diferencia notable” entre el producto que oferta “Ebn Banco, que se caracteriza porque ofrece un capital y no renta, al generar una deuda muy superior al resto” del “105,93%, frente al 60% aproximado” de los otros operadores. “La hipoteca inversa de EBN es la que genera un mayor sobreendeudamiento, dado que se recibe todo el capital al inicio de la operación -no en formato de renta-, generando por tanto intereses a pagar por la totalidad”, se recoge en el estudio.

“Culturalmente en España no estamos habituados a este tipo de productos, pero es cierto que esto puede cambiar porque la necesidad de dinero va a ser cada vez mayor y vamos a querer mantenerla mucho mejor durante más tiempo”, indica Gallardo, por lo que no descarta que esta hipoteca siga en expansión. “Pero tiene bastante riesgo en el sentido de que lo que se te va a ofrecer es muy pequeño en comparación con la deuda que te va a generar”, incide, por lo que recomienda: “Quien lo vaya a hacer, que se informe bien y que hable con sus herederos para evitar sustos”. ¿A qué se refiere? “Si alguien contrata una hipoteca inversa de una casa de 300.0000 euros, igual esa persona ha recibido unos 90.000 y la deuda puede ser superior a los 200.000 euros”, expone de cara a los descendientes.

Las llamadas viviendas inversas tampoco están exentas de peligros. “Aquí a veces se pierde dinero. Cuando eres muy mayor, el valor del usufructo es muy bajo, por lo que, si se vende la casa, se hará con un descuento muy grande y ahí es donde hay que poner énfasis a la hora de negociar, porque el comprador siempre van a intentar que el justiprecio sea a la baja”, anota el responsable de Estudios de Asufin. “Es una forma quizás mejor de conseguir el dinero -apostilla- porque lo logras todo de golpe y no tienes que pagar intereses, pero hay que estar muy atento a cuál es el valor de la nuda propiedad que te ponen, porque el truco del que comprar es intentar hacerlo con muchos descuentos”, recalca. Según fuentes del sector, "a veces llegan al 50%".

A juicio de Gallardo, “hay tanta demanda de vivienda en todos los segmentos de población, que hay tiburones que van a intentar cazarla cara y buena porque saben que hay mucho mercado y van a lograr un margen muy grande. Son los objetivos primordiales de hipoteca inversa y de venta de nuda propiedad”, concluye.  

De su lado, Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) constata que la fórmula de la hipoteca inversa “sólo tiene interés cuando se trata de viviendas con un alto valor y para personas que no tienen herederos porque la tasación que se hace es baja, la renta que se obtiene es pequeña y los tipos son prácticamente el doble de una hipoteca normal”. La OCU hizo un estudio sobre este tema en 2022 que ya reflejaba que “el 52% de los españoles de más 55 años tenía la pensión como única fuente de ingresos, alrededor de un 30% de los jubilados necesitaba un complemento y el 88% de ellos son propietarios de vivienda. De ahí sale la potencial demanda de este tipo de operaciones, aunque hoy en día no sean mayoritarias", expone.

A juicio de García, "la diferencia entre una modalidad y la otra", entre la hipoteca y la nuda propiedad, "es muy importante". Lo argumenta: "En una se obtiene un crédito que se pagará a la muerte de la persona solicitante y que asumirán o no los descendientes, mientras en la otra, quien adquiere la vivienda lo hace con la idea de que pasará a su plena propiedad cuando muera la persona que la habita".

Y las amenazas que puedan conllevar son distintas igualmente: “En la hipoteca el riesgo se puede medir en cuanto a cuantías y demás y son los herederos los que decidirán si pagan la deuda mediante la venta de la vivienda o hacen que el banco la ejecute y se quedan con la casa". En el caso de la nuda propiedad, "si el fallecimiento se produce pronto, la tercera persona habrá adquirido la casa a un menor precio que en el mercado en condiciones normales", finaliza. Al margen de los mayores, las fuentes del sector inmobiliario mencionan que recurren a esa última opción, asimismo, "gente que por varias razones, como haber estado tiempo desempleado, puede necesitar liquidez y recurre al patrimonio familiar heredado". "Hay incluso ferias inmobiliarias en las que se juntan vendedores y compradores/inversores. El problema para los primeros es que no hay vuelta atrás", aportan. El mercado se sigue afilando.

Bajo el lema “La vivienda es un derecho, no un negocio”, una treintena de colectivos han convocado una manifestación en Madrid este próximo domingo 13 de octubre, que dará comienzo a las 12h en Atocha para recorrer el centro de la capital hasta finalizar en Callao. La importancia política de la cita es enorme y puede marcar esta legislatura. ¿Por qué?

En primer lugar porque es un reto para el Gobierno, uno de carácter paradójico. La administración central tiene unas competencias muy generales en vivienda, aquellas referidas a la planificación y la coordinación de la actividad económica, así como a la ordenación del crédito y las exenciones fiscales, pero las herramientas concretas están en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Es decir, como ha sucedido con la última ley de vivienda, que pretendía declarar zonas tensionadas para tasar el precio del alquiler, si las comunidades autónomas, como es el caso de Madrid, se niegan a aplicarla, la propuesta queda sin efecto práctico. A pesar de este desigual reparto de responsabilidades, uno que muchos ciudadanos no tienen claro, las miradas se dirigen ya al Ejecutivo.

¿Qué es lo que ha hecho hasta ahora el Gobierno de coalición al respecto? Además de la citada ley, que en los lugares donde se aplica como Cataluña ha conseguido bajar el precio del alquiler hasta un 5% en medio año, ha movilizado algo más de 80000 viviendas mediante el Plan de Alquiler Asequible, de un total previsto de 1840000 inmuebles. Sin embargo, este esfuerzo no ha dado aún frutos apreciables. ¿Sobre qué?

Sobre el precio. En la última década los alquileres han experimentado en España una brutal subida del 77%. ¿Nuestro país ha sufrido algún tipo de catástrofre que haya destruído una gran parte de los edificios? ¿Los materiales de construcción o la mano de obra que los levanta han desaparecido misteriosamente? Si la respuesta a las preguntas anteriores es negativa, debemos deducir que no tenemos un problema con la vivienda, sino un problema con la inversión. ¿En qué sentido?

En el sentido de que las viviendas han pasado de ser un lugar, tal y como indica su nombre, para vivir, a un bien de inversión especulativa. Este es el punto central del problema. No se trata de que un ciudadano compre una vivienda para alquilarla o venderla en un futuro para obtener un beneficio razonable, sino de que el gran capital internacional ha tomado el mercado inmobiliario como la nueva gallina de los huevos de oro de donde obtener unas rentas astronómicas.

Es cierto que en España la inmensa mayoría de los caseros son pequeños propietarios, tanto como que ese 10% del parque de alquiler que pertenece a bancos y fondos buitre es capaz de alterar el precio del mercado provocando una espiral alcista sin control. El mercado de la vivienda ya está intervenido, pero por los intereses del mundo financiero.

Si a esto le sumamos que una parte sustancial de las viviendas que antes iban destinadas al alquiler convencional ahora se emplean para el alquiler turístico y de temporada, tenemos la tormenta perfecta que ha dejado a la intemperie a esos 3’6 millones de hogares que viven de alquiler, precisamente aquellos con las rentas más bajas.

Los hogares de los caseros son los de mayor renta del país, con alrededor de 50000 euros de ingresos al año, mientras que los inquilinos alcanzan con dificultades los 20000 euros. Para que nos situemos, la renta mediana del país se encuentra en 28000 euros, cantidad que alcanza los 30000 euros cuando el hogar tiene una casa en propiedad. Esto nos indica la brecha que se produce entre aquellos que pueden comprar varias casas y los que no pueden comprar ninguna.

Alquilar una vivienda es un negocio muy lucrativo, con un retorno medio que se sitúa alrededor del 7% pero que puede alcanzar dependiendo de las zonas hasta un 14%, porcentajes que sólo son posibles con inversiones en fondos tasados por la CNMV como de alto riesgo, esas que son como jugar a la ruleta. Si el relato de la ocupación fuera cierto, esa coartada que han impuesto los medios de derechas, nadie metería su dinero en el ladrillo.

“Ahora hay más inversores que pisos”, explicaba la presidenta de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunidad Valenciana en un reciente artículo en La Vanguardia. “Son chicos jóvenes, que han visto vídeos en YouTube y que quieren sacar rentabilidad de un piso, te lo dicen directamente. Piden pisos para reformarlos, para realquilarlos por habitaciones… Buscan altas rentabilidades a sus inversiones y eso solo pasa por subir los precios”. 

Y aquí entra la lectura aspiracional de todo este asunto, una que no se suele hacer por miedo a hablar claro: en este pelotazo en torno a los alquileres hay responsables y víctimas pero también una gran cantidad de colaboracionistas, una clase media con la educación financiera de un cuatrero, la moral de un vendedor de coches usados en Las Vegas y la visión económica de un asaltante de diligencias.

Todo este asunto se vuelve aún más insoportable si recordamos que España fue uno de los países más afectados del mundo por la Gran Recesión, la crisis sucedida entre 2008 y 2015, algo que pasó antes de ayer y que tuvo su génesis en la especulación en torno al ladrillo que el mundo financiero perpetró con tanta arrogancia como descontrol al inicio de este siglo. Cualquier beneficio exorbitado nos pone a todos a caminar por el filo de la navaja.

Como suele insistir Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, el mercado de la vivienda siempre ha estado intervenido, pero a favor de los especuladores. España gastó, entre el año 2001 y 2013 sólo en deducciones fiscales en el IRPF, cuarenta y dos mil millones de euros. ¿Alguien ha cuantificado qué parque público de viviendas se podría haber construido con esta exorbitante cantidad para que fuera el Estado, no los grandes inversores, quien en la práctica pudiera marcar los precios?

El problema con la inversión especulativa en vivienda, que este país lleva ya soportando los últimos 25 años, no tiene tan sólo como víctimas a los ciudadanos que no pueden desarrollar un proyecto de vida de una manera estable, con el consiguiente invierno demográfico, sino que es una losa para la economía productiva. Cada euro que las familias destinan a sufragar los beneficios de los rentistas es un euro que no va destinado al gasto en bienes y servicios, un euro que no crea empleo, un euro que no crea riqueza para todos.

Esta es una decisión que tenemos que tomar como país, una de las más importantes a las que nos enfrentamos. Si volver a ser una sociedad rota, ética y materialmente, como aquella que retrataron Azcona y Ferreri en El pisito, o ser una sociedad donde la prosperidad vaya asociada a las palabras estabilidad y justicia.

Un último apunte: tal y como marca nuestra Constitución en su artículo 33, el derecho a la propiedad privada está limitado por su función social, pudiendo intervenir el Estado por causa justificada de utilidad pública. No siempre se puede gobernar para todos, pero siempre se debe gobernar para la mayoría.

La consejera de Territorio y Vivienda de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha adelantado en el marco de la reciente Conferencia Sectorial estatal que los precios del alquiler podrían haber caído en Cataluña entre un 3% y un 5% durante los dos primeros trimestres de 2024, tras la entrada en vigor el pasado marzo de la regulación de las rentas que posibilita la actual Ley de Vivienda. A la espera de conocer los datos "con exactitud", infoLibre ha hablado con Mariona Segú, profesora de Economía, especializada en el mercado de la Vivienda, de la CY Cergy Paris Université, sobre un estudio científico centrado en ese mismo territorio, Cataluña, en el que se concluyó que las medidas de control sobre el alquiler inciden en las rentas para abaratarlas, además sin que la oferta se vea significativamente recortada.

Mariona Segú es autora, junto a los profesores Jordi Jofre-Monseny y Rodrigo Martínez-Mazza, de una investigación en torno a los efectos del sistema de control de alquileres que la ley catalana de vivienda de 2020 permitía en zonas tensionadas o con precios altos generalizados, hasta que fue declarada inconstitucional en marzo de 2022, que detallaron en el artículo científico Effectiveness and supply effects of high-coverage rent control policies, accesible en la plataforma ScienceDirect. Se centraron en 60 municipios de más de 20.000 habitantes con un mercado de alquiler ajustado. En las localidades con costes controlados, los anuncios y los contratos de arrendamiento tenían que incluir el límite de la renta aplicable y se estipularon multas para garantizar una mayor aplicación.

Segú, Jofre-Monseny y Martínez-Mazza usaron los contratos de alquiler firmados y finalizados en Cataluña entre 2016 y 2022 para comparar municipios regulados con un grupo de otros que no lo estaban y concluyeron, entre otras cuestiones, que “los alquileres disminuyeron entre un 4% y un 6%” en las ciudades donde se aplicaba la normativa. En cambio, no encontraron evidencia de que “la regulación redujera el número de contratos de alquiler firmados, lo que sugiere que la escasez de oferta en el corto plazo no es necesariamente sustancial”, se recoge en el artículo.

“Ningún científico pone en duda que el control de alquileres es eficaz bajando el precio”, asevera la profesora de Economía, para apostillar: “El debate viene con qué pasa con la oferta, con si, al caer los precios, la gente se va del mercado. Y ahí es donde la evidencia es más variable, porque cuesta mucho medir esa oferta”, explica. En ese sentido, sostiene que en el caso del trabajo centrado en Cataluña, los datos sí son “muy fiables”, al tratarse de contratos reales registrados, que no están disponibles en todas las comunidades. “En otros contextos como Alemania, por ejemplo, lo miden con los anuncios en portales de internet, y es una aproximación, pero al no ser exactamente la oferta, es una medida más volátil”, dice.

Junto a la constatación de la reducción de los precios, su análisis permite hacer otra afirmación: “El número de unidades alquiladas no se redujo como consecuencia de la regulación”. Tampoco varió “el tamaño” de las viviendas arrendadas, de acuerdo a lo reflejado en la investigación.

“No pudimos determinar que disminuyera la oferta”, confirma Segú. Y hay más: “En lugares como Berlín encontraron un efecto que se detecta a menudo, que es que bajan los alquileres donde se aplica la ley, pero justo después de la frontera donde no, suben. Esto tampoco lo encontramos en Cataluña, al revés, lo que vimos fue un contagio. Descendieron en esos sitios”. Preguntada por los motivos que podría haber detrás de esas circunstancias, anota que, “seguramente la zona contralada era ya bastante extensa en Cataluña y la parte del mercado que no lo estaba, quedaba muy lejos y no era un sustituto tan perfecto de las viviendas” que se hallaban en las áreas topadas.  

La profesora de la CY Cergy Paris Université admite que el resultado de su investigación, a la que no se puede despojar de seriedad científica, “es bastante sorprendente”, al ir “en contra de lo que diría la teoría económica”. Consideran que se debe a un combinado de factores: “Para empezar, el mercado de la vivienda no es perfectamente competitivo, por tanto, la teoría básica de la teoría económica no se aplica en este caso”. Asimismo, mantienen que, “cuando se pone un control”, los propietarios “se ven obligados a bajar el precio” de su inmueble, “pero no lo suficientemente como para que les cambie por completo su decisión de eficacia”. Dicho de otro modo, la reducción del alquiler no es tanta “como para que decidan hacer otra cosa” con esa fuente de ingresos declara.

Y esto porque: ¿cuáles son las alternativas? “Se puede vender la vivienda y luego invertir ese dinero en otra parte que te dé un rendimiento superior a esto”, apunta Segú, pero estima, como sus colegas de estudio, que en el momento en el que realizaron su trabajo, “el activo de la vivienda daba tanto rendimiento que aunque te cortaran un poco el margen, no había un sustituto que te diera más”. “La opción de vender -apostilla- no era lo suficientemente atractiva”.

En la actualidad, en cambio, sí atisba una tercera alternativa que podría tener influencia en los datos que finalmente haga públicos la Generalitat sobre las consecuencias de la aplicación de la nueva Ley de Vivienda, en esta ocasión estatal: el alquiler de temporada. Esa opción existía cuando los profesores hicieron su análisis. ¿Por qué no se activó entonces? Segú baraja un par de teorías al respecto: “O bien porque es un tema de hecha la ley, hecha la trampa; o por el covid”. En relación al primer punto, hace notar que como la ley catalana “duró un año y medio solo”, quizás no dio tiempo a que la gente explorase la vía del alquiler temporal, mientras en el último tramo de 2024 “ha tenido más tiempo para entender y ver cómo evitar la ley”, desliza. En relación a la pandemia, indica que, al desarrollarse aquella primera normativa “justo después” de la sacudida mundial que supuso el coronavirus, “no había tanta demanda de ese tipo de contrato, porque el turismo y el movimiento internacional en general se había parado”.

De vuelta al hoy: “Sí que podría imaginar que la oferta de viviendas en alquiler baje un poco a causa de esta tercera alternativa. Pero va a ser muy difícil de evaluar, porque es pronto, no hay registro de los contratos temporales y no se pueden medir igual que nosotros lo hicimos, y los municipios impactados por la regulación son muchos más, lo que implica que no tienes con qué comparar”, al haber mermado el territorio a usar “como grupo de control”. “Los estudios van a ser mucho más difíciles”, augura.

Los resultados del trabajo de los tres investigadores, por el contrario, son “fiables y robustos”, incluso incluyendo a  Barcelona en la muestra o excluyendo a municipios turísticos. Y el fin del control de alquileres en marzo de 2022 “proporciona un ejercicio adicional de solidez”. “Observamos –se plasma en el artículo diseccionado– que los efectos de la política sobre los precios fueron aproximadamente constantes entre el primer y el último trimestre de la regulación, pero, una vez que la regulación terminó, la diferencia de precios entre los municipios regulados y no regulados volvió a los niveles previos a la regulación”.

En resumen: “Las políticas de control de alquileres pueden aplicarse y, por lo tanto, son efectivas para reducir el crecimiento de los alquileres en las ciudades”, finalizan los investigadores, para contrarrestar opiniones como las manifestadas por varios líderes del PP. La receta de los populares para solucionar el problema de acceso a la vivienda cada vez más visible pasa por modificar la ley nacional en vigor en asuntos como declarar zonas  tensionadas y el “intervencionismo”, para sustituirlo por acciones que “promuevan el incremento de la oferta de viviendas” o la lucha contra la ocupación. 

Coliving, senior living, student housing, serviced apartments, extended stay… las sociedades evolucionan y los ciudadanos, por voluntad propia o forzados por las circunstancias, demandan o se resignan a otras formas de alojarse: ese alumno universitario, español o internacional, que cursa una carrera o posgrado en una ciudad o país distintos; esa familia que va a visitar o a cuidar a sus padres durante una temporada o esa otra que está de obras en su domicilio y tiene que mudarse temporalmente; o esos (primordialmente) jóvenes que prefieren o se resignan a un hogar con menos superficie privativa, más elementos comunes (salón, cocina) y servicios de hotel, donde no obstante puedan interactuar con personas con parecidas inquietudes y/o situación, o personas de edad avanzada no incapacitadas que buscan lo mismo; o profesionales desplazados en comisión de servicios, o el teletrabajo… sin olvidarnos de las nuevas hornadas de nómadas digitales. En definitiva, un variopinto colectivo de población flotante que se suma a la derivada del turismo. 

El flex living, que es la marca que aglutina a esta versión actualizada del arrendamiento de temporada de toda la vida, es otra de las demandas inmobiliarias pujantes y España lleva camino de convertirse en el tercer mercado europeo a corto-medio plazo. Para hacerse una idea, la consultora Colliers calcula que este segmento ha atraído un volumen de inversión de 4.000 millones de euros, lo que equivale a “casi el 50%” del total en España en residencial y multiplica por siete la estimación de su colega JLL hace sólo cinco años.  

Cabe añadir que el alquiler flexible también se está utilizando para intentar sortear los requisitos y limitaciones que la Ley de Vivienda impuso al alquiler tradicional, llegando hasta el punto de que en ciudades como Barcelona y San Sebastián su peso en la oferta total es muy destacado. Sin embargo, es Málaga la reina del flex al menos para ejecutivos nómadas, y no exclusivamente a nivel nacional sino mundial, sólo precedido por Dubái y Abu Dabi. Para separar el grano de la paja, el Gobierno central ha anunciado que dificultará normativamente este uso fraudulento. 

La vía escogida por los inversores para incrementar la oferta un 55% (mientras la del alquiler tradicional no deja de caer) es, principalmente, mediante el desarrollo de suelo pensado en origen para oficinas aunque, también, a través de la transformación y reposicionamiento de edificios empresariales desfasados.

En Madrid, Orinoquia (familia venezolana Capriles), con 26 unidades de alquiler de corta y media estancia en Málaga y 25 en Valencia, vendió a un family office catalán 12 viviendas en régimen de “alojamiento de lujo por temporadas” (Alcalá 84), ha acondicionado 22 en lo que fue un convento para ofrecer “alojamiento alternativo para todo tipo de viajeros, nómadas digitales y turistas en general” (Eraso 5) y está transformando una antigua nave industrial en 31 apartamentos flex (Lérida 41) en Tetuán, distrito en plena remodelación con el flex living como uno de sus vectores. Dos ejemplos: en un acelerado proceso que algunos llaman ‘gentrificación productiva’, Dazia Capital, vehículo inversor de Daniel Mazín, heredero de Tryp Hoteles, ha ido adjudicándose en subasta pública o adquiriendo hasta seis edificios corporativos (como los del que alojaron la redacción e imprenta de la revista Interviú e instalaciones que fueron de Hidroeléctrica Santillana) y okupados donde promoverá, junto con la francesa Eurazeo, 8.000 metros cuadrados de coliving repartidos entre más de 200 apartamentos, zonas comunes y amenities; y la plataforma de inversión Argis, gestora española de dinero latinoamericano e israelí, ha sacado a la venta siete colivings (4.800 metros cuadrados) ya operativos en uno de los barrios de este distrito, muestra de que las carteras de estos activos empiezan a rotar. Todos ellos colindan con o son vecinos de “luminosos ‘lofts’ con piscina en la azotea” (el lujo no sólo florece en el centro) y de otro coliving que se ha vendido como el primero que se construirá en madera y cuya promotora es Urban Campus, pionera francesa de esta modalidad residencial.

Que Argis venda en Tetuán no implica que abandone su apuesta por el coliving: sin ir más lejos, convertirá las antiguas oficinas de Metro en Cavanilles 58 (barrio de Pacífico, distrito de Retiro) en 200 habitaciones. Por cierto, el edificio está casi pegado a otros dos colindantes que van a cambiar de manos (y también de uso): Mapfre negocia con Ibosa (ya presente en el barrio y, atención, con una fuerte vocación por el alquiler residencial asequible) la venta de Doctor Esquerdo 138, mientras que Azora, la plataforma inmobiliaria fundada por Fernando Gumuzio y Concha Osácar, ha anunciado la compra de las oficinas multi-inquilino sitas en el portal inmediatamente anterior, Doctor Esquerdo 136.  

La boutique inmobiliaria Persépolis ha apostado por otra zona de la capital (Prosperidad/Ciudad Jardín, distrito de Chamartín, en plena remodelación como Tetuán), adquiriendo 3.000 metros cuadrados de oficinas para transformarlos en flex. Los “jóvenes internacionales y nómadas digitales” a los que va dirigido este proyecto tendrán como vecinos, en la acera de enfrente, a los propietarios e inquilinos de la promoción de viviendas más sostenible de Madrid, levantada sobre inmuebles que tuvieron un uso mixto (industrial y de oficinas) por Caledonian, cuyo expertise es el alto standing. 

Dazia, esta vez asociada al fondo británico Aermont, se ha hecho con un edificio de oficinas en Tres Cantos (Madrid) para transformarlo en 176 apartamentos flexibles. El objetivo que ambos se han marcado es invertir 350 millones en 3.000 viviendas de alquiler de temporada. En ello ya andan, con proyectos en lugares como Las Tablas (distrito de Fuencarral-El Pardo). Estas ubicaciones, al norte de Madrid ciudad o en su periferia septentrional, protagonizan una confluencia de desarrollos urbanísticos a los que han acudido otros actores relevantes: es el caso de Stoneshield, compañía fundada por Felipe Morenés y Juan Pepa que ha puesto en marcha el Madrid Science & Innovation District (Masid, con campus en Tres Cantos y Fuencarral-El Pardo). Esta última ubicación tiene como vecinos cercanos los hospitales La Paz y Ramón y Cajal, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y la nueva sede de IE University (con capacidad para 6.000 alumnos), donde la Comunidad de Madrid ha anunciado (parece que ésta es la definitiva) la creación de una ciudad de la salud.

Con este cóctel urbanístico, no es de extrañar que Stoneshield haya adquirido en la zona un edificio de oficinas a Generali (sumando ya un total de 16 inmuebles) en el mismo cuadrante en el que Acciona ha comprado un parque empresarial de 30.000 metros cuadrados a Iberdrola y Mapfre para convertirlo en viviendas de alquiler; muy probablemente flex, ya que la división inmobiliaria de la familia Entrecanales ya está desarrollando 455 viviendas de coliving en Méndez Álvaro, acaba de adquirir un inmueble de oficinas en paseo de la Castellana 186 con esa pretensión y, para quienes critican el excesivo foco madrileño de los análisis sobre este fenómeno, convertirá en residencia de estudiantes el Hospital Xeral de Santiago de Compostela (Galicia).  

El elenco de la zona que acogerá la ciudad de la salud se completa con Metrovacesa, que regenerará (con hoteles, oficinas y residencial) 89.000 metros cuadrados en el entorno de la antigua fábrica de Clesa. Como se puede deducir, en este polo sanitario, científico y de innovación tendrán un papel destacado las residencias de estudiantes y el alquiler de media estancia, formatos que Stoneshield también pondrá en práctica en una parcela de 26.000 metros cuadrados de edificabilidad aledaña a la Ciudad Deportiva del Real Madrid (en Valdebebas) que ha adquirido a Merlín.

Síntoma de que este estado de ebullición dejará muy pronto obsoletas las cifras y proyecciones actuales es que Ibervalles, la socimi de la familia Isidro, fundadora y vendedora de Europac, ha anunciado que entrará en apartamentos flexibles y hoteles. Dicho y hecho: promoverá un establecimiento de cinco estrellas en la parcela ubicada en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu que hoy ocupa un edificio de oficinas que será demolido. Se suma así a la fiebre de lujo derivada del boom turístico que fue objeto de la segunda entrega de esta serie.

Otro síntoma: IE University se plantea lanzar su propia filial de residencias universitarias; subsector, por cierto, en el que España repite como líder europeo y, aun así, tiene recorrido, ya que mantiene un déficit de 450.000 camas.

A las 14:25 horas de este viernes recibo una nota oficial del Partido Popular que recoge la intervención de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, en el Foro La Toja (ver aquí qué es lo que es). Y reza así el comunicado: “Feijóo reclama tratar ya la situación excepcional de la vivienda y anuncia un plan integral para este mes…” ¡Eureka! Hay que celebrar una noticia estupenda: parece que Feijóo asume que centrar el debate público en la amnistía, ETA, Venezuela o la ruptura de España resulta un poco extraterrestre cuando millones de personas viven al borde de la pobreza o de la rebelión ciudadana (o ambas cosas) por culpa de los costes inasumibles que supone pagar por tener (aunque sea temporalmente) un techo bajo el que resguardarse.

Vamos a cerrar ojos y oídos, contar hasta mil e incluso obviar el hecho de que las competencias sobre vivienda están mayormente transferidas a comunidades autónomas y ayuntamientos y que el PP gobierna en once de las 17 comunidades más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. “No se puede esperar a la Conferencia de Presidentes de diciembre”, clama Feijóo. No se debió esperar a que el líder del PP viera la luz en La Toja, añado yo. Pero bienvenido sea. Hablemos de lo que más importa: de conciliación, de reducción de jornada, de vivienda… ¡Ya era hora!

Sé que la necesidad obliga, y que el PP ha visto en las encuestas lo mismo que sabe el Gobierno de coalición: donde se juega la confianza política en los próximos años es en las cosas del vivir, y muy en especial en ese bucle que forman la especulación inmobiliaria, la falta de vivienda pública, la multiplicación de pisos turísticos, los disparatados precios del alquiler… para absorber hasta el 70% (o más) de los ingresos de cualquier trabajador o trabajadora, joven o no tan joven, de forma que el gasto en un techo y cuatro paredes arrastra a la clase media hacia el riesgo de pobreza. Una bomba de relojería. Si esta situación (que está ahí desde hace años aunque Feijóo la descubra ahora como “excepcional”) no estalla en un nuevo 15M, es porque el sujeto contra el que dirigir la indignación resulta (de momento) confuso. 

Se abre una ventana de oportunidad (que diría el gurú de la autoayuda). Quizás sea hora de contrastar modelos de solución a un problema complejo. La derecha tira de su recetario neoliberal: rebajas de impuestos que favorecen a los ricos, medidas que facilitan los desahucios (disfrazadas de una mayor consideración hacia los “vulnerables”), nueva liberalización de suelo (¡quién dijo miedo a una nueva burbuja inmobiliaria!), etc (ver aquí). Las izquierdas insisten en dar margen a los topes de los precios del alquiler incluidos en la ley de vivienda que el PP se niega a aplicar, en ampliar el parque de vivienda pública (¡ya era hora!), en poner coto a los pisos turísticos o alquiler temporal, etc (ver aquí).

No me parece buenista escribir que hasta hay puntos en los que puede haber consenso, aunque sólo sea en una reforma de la Ley del Suelo que equilibre de forma precisa la construcción de nuevas viviendas y el carácter asequible y no especulativo de las mismas. Inténtese, aunque sólo sea para que cada cual se retrate y retrate los intereses que representa. 

Vayan por delante algunos datos y argumentos para no despistarnos. Se viene demonizando como “inútil” y “contraproducente” el control de precios de los alquileres en las “zonas tensionadas” de grandes núcleos urbanos. Lo cierto es que los datos oficiales aportados por el Govern catalán (ver aquí) y los que concluye el único estudio académico (conocido por quien suscribe vía Pablo Simón) sobre los efectos de ese capítulo clave de la ley de vivienda (ver aquí) indican que esos topes al precio reducen en torno a un 5% el coste del alquiler.

En segundo lugar está ese anzuelo siempre sospechoso de las bajadas de impuestos como supuesta palanca para bajar precios. Conviene recordar que cualquier rebaja fiscal, si no es progresiva, siempre beneficia a las rentas más altas. Pero, además, los expertos advierten que en el caso de la vivienda hay una relación directa entre reducción de impuestos y subida casi automática de precios (ver aquí). Es el mercado, amigos, que diría Rato.

Para entendernos: mientras la inversión en vivienda destinada al alquiler tenga una rentabilidad media del 7,5% (más del doble que la del bono del Estado a 10 años), habrá todo tipo de inversores/especuladores que seguirán “calentando” el mercado inmobiliario. Mientras España siga a la cola de Europa en vivienda social, al nivel de Bulgaria, Eslovaquia o Hungría, será muy difícil alcanzar un equilibrio saludable y justo entre oferta y demanda. ¿Pánico al hiperventilado porcentaje de okupaciones? Vean el ejemplo que va implantando Euskadi: que sea el Estado (comunidad autónoma) quien garantice a los caseros el cobro del alquiler, en lugar de dejar esa función en manos del negocio privado (ver aquí).

Es un reto para el Gobierno de coalición y sus socios de investidura lograr avances significativos y eficaces en la solución del problema social de mayor enjundia que afronta España, con efectos político-electorales (no tan) incalculables, y muy concretos en términos de desigualdad. Importan ya poco los motivos que llevan al PP a entrar en el debate público de las cosas del comer (o del vivir). Pero es una oportunidad de oro para confrontar modelos ideológicos y sistémicos para mejorar la vida de la ciudadanía. Al lío: datos y argumentos (sin gritar).

P.D. Puede resultar frívolo (quizás lo sea) hablar o escribir de asuntos cercanos, por trascendentes que sean —como ocurre con la vivienda—, si observamos las diarias masacres a las que asistimos en Gaza o en Líbano por parte de los ejércitos y la ¿inteligencia? israelí. No es incompatible atender ambas urgencias en su justa proporción. Este sábado están convocadas manifestaciones en las principales ciudades (a las seis de la tarde en Atocha, Madrid) para reclamar el cese del comercio de armas con Israel (ver aquí). ¡Sigamos!

Parecía que iba a ser un encuentro cargado de decibelios, pero se ha cerrado incluso con algún acuerdo por unanimidad. La titular del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se enfrentaba este jueves 3 de octubre a su cuarta Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas. Las once gobernadas por el PP hicieron público antes de la cita un comunicado conjunto en el que se reafirmaban en su decisión de no declarar zonas tensionadas en sus territorios, esto es, áreas en las que se hayan disparado los precios y exista una dificultad mayor que en otras de acceso a la vivienda. No van a "intervenir” para intentar rebajar el coste del alquiler, como permite la Ley de Vivienda. Además, tildaban de “chantaje” la “amenaza” que vieron en las palabras de la ministra cuando advirtió hace unos días de que condicionará la financiación que las regiones reciben del Estado para esa materia, que cifró entre el 70 y el 75% del grueso que destinan a políticas de vivienda, a que acaten la norma estatal. Pero se ha confirmado que, como adelantó infoLibre, la idea que baraja el Gobierno es la de "premiar" a aquellas comunidades que apliquen la Ley de Vivienda, a través de medidas extraordinarias, en lugar de restar fondos a las rebeldes. 

Sin abandonar la ley nacional, el foro sectorial ha servido también para constatar que Cataluña ya no estará sola en su aplicación, ya que el País Vasco ha avanzado incluso que lo hará de forma “ambiciosa” en lo que se refiere a la declaración de zonas tensionadas, Galicia valora hacerlo, pese a haber rubricado el comunicado previo a la reunión; y Navarra “podría sumarse antes de finales de año”, según apuntan fuentes próximas a los asistentes a la Conferencia Sectorial. Mientras, la consellera catalana de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, la socialista Sílvia Paneque, ha indicado que la limitación de los alquileres ha empezado a dar frutos con leves bajadas del 3 al 5% en el precio medio.

Más allá de las zonas tensionadas, donde radica el grueso del desencuentro entre el ministerio y la mayor parte de las autonomías, se ha ratificado por la unanimidad de las comunidades de régimen común, las beneficiarias, el reparto de los 200 millones de euros del Bono Alquiler Joven. Se trata de una ayuda de 250 euros al mes a recibir durante dos años hasta un total de 6.000 euros, con el objetivo de facilitar el acceso a un inmueble o habitación en régimen de alquiler o cesión de uso, para que puedan emanciparse. De acuerdo a la distribución a la que se ha dado el visto bueno, Andalucía será el territorio donde más fondos irán a parar, en concreto 34,2 millones, seguida de Madrid, con 31,8. Entre las dos acaparan 66 millones, esto es, el 33% del global. Y ello, pese a que la gestión de esas ayudas por parte de ambas regiones ha estado rodeada de polémica y ha provocado incluso la creación de plataformas de afectados que han llegado a esperar dos años su bono, sin que este les llegara. Potenciales beneficiarios que temen que, con la nueva remesa de dinero, “todo vuelva a ser un caos”, como trasladaron a este periódico. 

De hecho, la propia Rodríguez ha lamentado hoy que se produzcan demandas de los jóvenes relacionadas con la "falta de agilidad, de transparencia, de pérdida de tiempo y, en algunos casos, de una gestión muy lenta de las convocatorias" por parte de las autonomías. Con todo, la ministra ha explicado que el Ejecutivo lanza otra reafirmándose en el "compromiso del Gobierno con la juventud española, que es quien está en peores condiciones en estos momentos para acceder a una vivienda". Gracias a ella, junto a las cantidades para Andalucía y Madrid, a Aragón se le asignarán 7,6 millones, a Asturias, 6,6; a Baleares, 4,8; a Canarias, 10,6; a Cantabria, 3,8; a Castilla y León, 10,8; o a Castilla-La Mancha, 8. De su lado, Cataluña recibirá 29 millones; Extremadura, 6; Galicia, 11,4; La Rioja, 3,4; Murcia, 8,8; y a la Comunitat valenciana, 22,8 millones de euros. Desde el ministerio aseveran que el criterio de reparto es el de la población, con lo que la gestión de los recursos no cuenta.

A partir de ahora, el Consejo de Ministros tendrá que dar el visto bueno a lo consensuado este jueves y con posterioridad se volverá a reunir la Conferencia Sectorial para ratificarlo, antes de que los territorios reciban las transferencias.

Rodríguez ha abordado con los consejeros del ramo otros temas como el próximo Plan Estatal de Vivienda, en el que el Ministerio trabaja desde el pasado mes de julio y que se aprobará el próximo año de cara a 2026. Es el vehículo por el que se podrían canalizar las bonificaciones extra para los territorios que acaten la ley estatal y sobre él planea un cambio de estrategia, o de “paradigma”, según la expresión empleada por la ministra: se trabajará sobre objetivos, en lugar de programas. 

Asimismo, la máxima representante del ministerio ha elevado un informe sobre rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, ligado al Plan de Recuperación, en el que ha destacado que se han transferido a las autonomías 4.328 millones de los 5.500 que se encuentran dentro ese bloque. Es decir, las regiones cuentan con el 85% de los fondos, a la espera de más que se les inyectarán próximamente. En este apartado, se han alcanzado acuerdos para construir 24.463 viviendas, para rehabilitar 47.000 y para la ejecución y tramitación de otras 600.000 viviendas en rehabilitación.

Rodríguez ha puesto énfasis igualmente en los principales hitos conseguidos con el Plan de Recuperación a través de más de 800 acuerdos firmados con comunidades y ayuntamientos, gracias a los que se construirán 24.463 viviendas del programa de alquiler asequible o se están rehabilitando 306 barrios, entre otras cuestiones.

La titular del ministerio le ha pedido al líder del PP, Núñez Feijóo, que arrime el hombre por un pacto de Estado de Vivienda y ha vuelto a instar a las comunidades a aportar más fondos a estas políticas. Algún representante territorial como el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, el socialista Denis Itxaso, ha animado al resto a sacar de “la confrontación partidista" un asunto que se está convirtiendo en un problema muy real para la ciudadanía.  

La Unesco ha declarado al barrio granadino del Albaicín, junto con la Alhambra, Patrimonio de la Humanidad. Sus laberínticas calles y sus miradores son un reclamo dentro del esqueleto de la ciudad que ningún turista quiere perderse, lo que se ha convertido, de otro lado, en un auténtico quebradero de cabeza para los vecinos. Es más el pasado abril se creó la plataforma ciudadana Albayzín Habitable para luchar “contra el crecimiento ilimitado y corrosivo de la industria turística”. Una de sus miembros, Olalla Luque, aporta a infoLibre un significativo dato: “Hay 7.000 personas censadas, empadronas en el barrio, y las plazas turísticas, contando las hoteleras y las de apartamentos y pisos turísticos, son más de 7.000”, lamenta.

“Tenemos una compañera que vive en una calle donde hay 55 viviendas y sólo 11 son de vecinos, todas las demás son apartamentos turísticos, legales e ilegales, y hostales u hoteles. Cada vez hay menos vecinos y tiendas”, ejemplifica, para añadir: “En otra de las calles más importantes de la zona, había dos locales, uno era un bar y el otro una tienda, y los han convertido en apartamentos turísticos también”. Asegura que han realizado el trabajo de  “comprobar las casas que aparecen como turísticas en páginas de la Junta de Andalucía, con la realidad, y son muy diferentes”, critica. Han armado, de hecho, “un grupo de mapeos de apartamentos turísticos” con el que buscan lograr un dibujo “de las que son legales y las que no”, conscientes de que no es una tarea fácil. “En páginas webs como la de Mil anuncios se pueden alquilar apartamentos que ni siquiera se dan de alta como turísticos, aunque lo son, porque se ven los casilleros de las llaves puestos en las ventanas”, añade.

 “En otras ciudades como Barcelona o Valencia”, asevera Luque, “sí que hay algunos mapas sobre esto, pero en Granada no”, por lo que lo están “haciendo de forma manual”. Además, han presentado alegaciones “al borrador del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)” de la ciudad para intentar ponerle coto a ese fenómeno, como antes elaboraron propuestas ligadas a “una consulta que se hizo sobre el futuro de la vivienda turística en Granada”. Y han solicitado un encuentro con la alcaldesa, la popular Marifrán Carazo, que esperan desde mayo.

De momento no ha habido respuesta a su petición de reunión, pero ya tienen clara sus demandas que pasan por cuestiones como que “se refuercen los equipos de inspección municipal, se revoquen licencias en zonas saturadas y donde el porcentaje de vivienda turística supere el 10% del total, se prohíba la transformación de bajos comerciales en pisos del alquiler temporal, o se reduzca a 15 personas como máximo el tamaño de los grupos de turistas, que bloquean el transporte público”. “Quién va a mantener el barrio patrimonio de la Humanidad si no hay vecinos”, se pregunta Luque, quien cierra apuntando que “en otros países” del entorno europeo “ya se han puesto medidas” contra la presión turística. Y esta no decrece en el conjunto del Estado.

El país recibió 64,3 millones de visitantes internacionales entre enero y agosto de este año, lo que es un 11,2% más que en el mismo periodo de 2023 y un nuevo récord. Histórico es, asimismo, el gasto que realizaron los turistas durante su estancia, que sumó 86.471 millones de euros y creció un 17,6%, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Únicamente en agosto viajaron a España 10,9 millones de personas, un 7,3% más que un año antes, que desembolsaron cantidades por valor de 15.363 millones de euros, un 13% más.

En ese contexto, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación centrada en la publicidad de pisos turísticos ilegales, en el marco de sus competencias. “No podemos consentir que miles de viviendas que no disponen de licencia para esa actividad, sigan ejerciendo como tal”, ha defendido su máximo responsable, Pablo Bustinduy. A través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) propusieron a las ciudades que se adhirieran a la iniciativa. “La premisa es muy clara: si una vivienda no dispone de licencia para su uso turístico, la publicidad de ésta es ilegal y deber ser perseguida”, en palabras del ministro, para quien es “una manera de intervenir en una realidad que está afectando muy negativamente a la vida de millones de personas”, al tener “un impacto enorme sobre la oferta disponible de viviendas en alquiler, los precios y sobre el tejido social porque se están vaciando barrios”, según expuso en RTVE.

Si bien, por ahora, de acuerdo a lo trasladado por el ministerio a este periódico, sólo han “recibido información por parte de 36 municipios, correspondientes a diez comunidades autónomas” distintas. Cuando en España, a la luz de datos del INE de nuevo, hay un total de 8.132, es decir, que se han implicado el 0,4% del global, aunque no todos padecen los efectos de la llamada turistificación. Con todo, desde el área del Gobierno que comanda Bustinduy quieren dejar claro que la Dirección General de Consumo continuará adelante con unas “actuaciones tendentes a perseguir la publicidad de pisos turísticos que no cuentan con la habilitación preceptiva”. Al tratarse de acciones que “están abiertas”, han rehusado aportar más detalles sobre el asunto, para remitirse a lo comentado por Bustinduy, quien sí ha afirmado que “en ciudades como Madrid, hasta el 90% de las viviendas que se destina al alquiler turístico de corta duración, no dispone de licencia para ello”.

¿En qué puede acabar el proceso arrancado por el ministerio? El secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, cree que con multas. Mantiene que “es necesaria la colaboración entre el ministerio, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que cada uno actúe en el marco de sus competencias” de cara a “sancionar a las empresas que incurren en alquileres ilegales de pisos turísticos”. A su juicio, mientras el departamento ministerial de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, “puede sancionar a las plataformas que hagan publicidad ilícita a nivel nacional”, las autonomías y los municipios “pueden multar en sus respectivos ámbitos” territoriales y competenciales.

“¿Es normal que alguien sin licencia para esa actividad abra un bar, lo publicite y haga negocio, mientras los establecimientos legales a su alrededor intentan hacer las cosas bien y pagan impuestos?”, lanzan otras fuentes de la órbita de Sumar, para responderse: “No". "Pues con los alquileres turísticos debe ser igual. Si quienes especulan con esas viviendas sienten que se les vigila y se les multa, tendrán menos incentivos para hacer lo que hacen”, concluyen. Toca esperar todavía para conocer el resultado de la conjura del Ministerio de Consumo, de la mano de aún pocos municipios, contra los pisos ilegales.

Es una forma de desahogo. En redes sociales se pueden leer mensajes de usuarios que critican los eufemismos que se emplean para vender casas como tildar de "piso cardiosaludable" a uno sin ascensor, o que se pidan “180.000 euritos" por viviendas a las que antes se las “llamaba un trozo de nave industrial, de 60/70 metros cuadrados”. En X existe desde hace años un perfil en el que se ironiza sobre los zulos o los “cuartos de escoba” que se anuncian en portales como Idealista. En este sitio de internet se puede encontrar, en el momento de elaborar esta información, un ático situado en la zona de Lavapiés-Embajadores de Madrid, que cuesta 135.000 euros como “el lugar donde tus sueños urbanos se hacen realidad”. Tiene 11 metros construidos, 10 útiles, no dispone de habitación y está en un edifico levantado en 1900 sin ascensor.

También se muestra como un luminoso inmueble en la misma zona, un estudio de 16 metros cuadrados construidos en 1890, 14 útiles, sin habitación y con el espacio justo para colocar un mini colchón en un altillo. Se piden por él 128.000 euros y sus propietarios se agarran para promocionarlo a la “gran variedad de servicios” que ofrece el barrio y a la “excelente comunicación” con la que cuenta.

Y hay más. En otra calle de la capital madrileña se esconde un “verdadero tesoro”. Un “encantador piso reformado”, que destaca por "su diseño diáfano”, pese a que son en total 20 metros cuadrados. Su precio es de 130.000 euros y en el propio anuncio se afirma que “es una oportunidad ideal para quienes desean invertir en el mercado inmobiliario y obtener un retorno significativo” y se avisa de que “puede contener errores”.

Sin salir de Madrid, por un cuarto piso de 20 metros cuadrados de un edificio del año 1900, con dormitorio en altillo, se llegan a demandar 143.000 euros. Se recurre otra vez a la ubicación y al barrio para que se apueste por él como “primera vivienda o para hacer una pequeña inversión”.

En Ciutat Vella, en Barcelona, hay un estudio “simplemente, cuco y genial”. Eso sí, no muy grande. Posee 11 metros y nueve realmente útiles por los que reclaman 157.000 euros.

En otro punto de España, en la zona Huerta Nueva-Jardín de Málaga, se ofrece un estudio de segunda mano sin habitación, con 27 metros cuadrados construidos y “para reformar” por 75.000 euros. Cerca, “en pleno corazón de Marbella”, se busca vender por 69.000 euros una edificación “rodeada de comercios y a pocos minutos del centro”. Un “acogedor estudio de 20 metros cuadrados, diseñado en un concepto de espacio abierto” que “ofrece una distribución funcional y moderna”, pese a ser un local convertido sin luz natural al ser un sótano, como se reconoce en el mismo anuncio.

Hay ejemplos en múltiples puntos del país y cabe hacerse una pregunta: ¿no tiene que tener una vivienda unas condiciones mínimas para ser habitable?

Fuentes del sector indican que existe un documento administrativo que acredita que una vivienda “reúne las condiciones básicas” para morar en ella que es la “cédula de habitabilidad”. Para adquirirla, el inmueble debe contar con una serie de características, entre las que se encuentra tener una superficie útil mínima de unos 36 metros cuadrados, una distribución de los espacios con unas estancias imprescindibles como un comedor, una habitación, de, como poco, seis metros cuadrados; un aseo; o un equipamiento de cocina. Se fija una altura mínima entre el pavimento y el techo de unos 2,50 metros o incluso de las puertas, entre otras cuestiones; además de que incluye cumplir la normativa vigente de eficiencia energética. Las fuentes sondeadas inciden en que “puede haber algunas variaciones” de esas condiciones, dependiendo de la región en la que se halle el inmueble, y su vigencia puede ser igualmente diferente por territorios, “aunque por lo general es de 15 años”, resumen.

Según trasladan desde Idealista a infolibre, “todos los pisos tienen que tener el certificado de habitabilidad, o al menos encontrarse en trámites”, para poder publicar el anuncio en su página de internet, “y lo mismo con el certificado energético”.

Pero, lo cierto es que, esa cédula “no es obligatoria en todo el territorio español”, según apuntan las fuentes consultadas. Hay comunidades en las que no es necesaria al vender o comprar una casa. El listado: Madrid, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y País Vasco. Aunque, no tenerla puede “suponer problemas a la hora de contratar los suministros de luz, gas, agua…; o de pedir una hipoteca, por ejemplo, dado que hay bancos que te la pueden denegar sin ese documento”, hacen notar. 

En relación a las áreas del país libres de esa obligación, fuentes del ámbito de la arquitectura explican que se trata de “un mecanismo que en algunos de los territorios se ha sustituido por la licencia de primera ocupación, que se tiene que poder tramitar en un tiempo y, si la administración no lo hace, opera el silencio positivo y se entenderá por concedida”, deslizan.

Desde Cataluña, fuentes del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) confirman que no en todas las autonomías se exige la cédula de habitabilidad, pero mantienen que la ciudadanía tiene otras herramientas a las que aferrarse. Aluden a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que es estatal y que determina que “una vivienda tiene que tener unas condiciones básicas de habitabilidad que impliquen que se pueda vivir de forma segura, cómoda y saludable”. Aunque “esto es muy genérico”, reconocen, engarzan que “la jurisprudencia mayoritaria dice que la casa ha de tener una estructura segura, ser sólida, estable y no generar riesgos de sufrir daños graves” para quienes vivan en ella. Asimismo, debe “tener acceso a los servicios básicos de agua potable, electricidad, gas… y condiciones higiénicas de limpieza” y que garanticen que “no haya elementos que puedan poner en riesgo la salud como plagas o residuos acumulados, humedades…”. Junto a lo expuesto, debería haber “ventilación y luz natural, aislamiento térmico e instalaciones, como las tuberías, en buen estado”. 

De su lado, el arquitecto Alfredo Carda, aporta, en relación al tamaño mínimo que habría de tener un habitáculo para poder ser utilizado como vivienda, que hay que guiarse por lo marcado en los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) municipales. Y advierte de que los más actuales permiten “destinar a uso residencial viviendas y apartamentos” y en concreto en los últimos, si están en edificios históricos, se puede reducir “casi discrecionalmente”.

Es consciente de que algunos de los pisos que se ofertan en los portales inmobiliarios van en contra del “artículo 47 de la Constitución que recoge el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. En él se asevera que son los poderes públicos los que tienen que promover “las condiciones necesarias” y “las normas pertinentes para hacer efectivo” ese derecho, “regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Carda señala otra norma a la que cabría mirar para denunciar abusos, la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), como la encargada de regular todas las fases del proceso constructivo, desde la planificación hasta la ejecución de las obras, y en la que “se definen las obligaciones que tienen los agentes que intervienen en él, con el fin de garantizar la calidad y la seguridad de los edificios”. Ésta remite, a su vez, al Código Técnico de la Edificación, que “es de obligado cumplimiento en todos los usos residenciales” y, de acuerdo al cual, los edificios han de “cumplir condiciones de aislamiento, de ventilación, de iluminación natural, de evacuación…”, enumera.

Todas las fuentes sondeadas coinciden en la idea de que “no se puede estabular a las personas en habitáculos inhabitables”, pero agentes inmobiliarios ponen el foco en que “es la ley de la oferta y la demanda”. “Se vende lo que se compra”, lanzan, en un contexto en el que "se cruzan un montón de normativas" y “las administraciones no pueden inspeccionarlo todo”. O, dicho de otro modo: "Es el mercado, amigos" y "en la actualidad es difícil ponerle freno a la especulación", concluyen.

La antigua sede del Monte de Piedad de Madrid, aledaña a la puerta del Sol, es hoy el segundo hotel Edition en España. Lo promovió, como el anterior de la misma marca sito en Barcelona, KKH Property, iniciativa conjunta de Josep Maria Farré y varios fondos Perella Weinberg Real Estate con la que arrancaba la primera entrega de esta serie. Atiende a otra demanda, la derivada del bum del turismo en su segmento más exclusivo. De hecho, la idea original para la torre de paseo de Gràcia 111, hoy residencial de lujo, fue transformar el edificio de oficinas original en un hospedaje de cinco estrellas, pero chocó con la moratoria hotelera del Ayuntamiento barcelonés de entonces.

El edificio Edition no es, ni mucho menos, el único de oficinas madrileño convertido o por convertir en hoteles exclusivos. Por mencionar sólo los de las inmediaciones de Canalejas, los Gut Revoredo de Prosegur abrirán uno (excepcionalmente de cuatro estrellas) en Alcalá 17, frente al complejo hotelero, residencial y comercial Four Seasons; Alcalá 26, antigua sede de la Mutualidad de la Abogacía, acogerá el primer establecimiento Nobu (del chef japonés Nobu Matsuhisa, el actor Robert De Niro y el productor de cine Meir Teper); UMusic repetirá la experiencia de hotel prime más teatro, música y entretenimiento del Albéniz con la apertura, en 2027, de otro establecimiento en la zona de Canalejas que incluirá el Teatro Reina Victoria (Carrera de San Jerónimo, 24) y otros dos edificios históricos contiguos, todos ellos propiedad de los dueños de Pescaderías Coruñesas, los García Azpiroz; el icónico Edificio Metrópolis, adquirido por el Grupo Paraguas (restaurantes), abandona sus usos comercial y de oficinas para alojar un hotel boutique y un club privado; la aseguradora Generali dedicará el inmueble de oficinas en desuso de Alcalá 21 a labores de hospedaje aunque sólo de cuatro estrellas; capital mexicano encabezado por Besant y Blasson acaba de cerrar la compra del edificio de oficinas de la aseguradora Zurich en Alcalá 44 con similares intenciones, aunque no descartan dedicarlo a residencial top; en Gran Vía cuesta seguir el ritmo de los anuncios y el número de los portales involucrados (20, 60, 76…). Una cadena francesa lleva retraso en la apertura de otro hotel de superlujo en Fomento, 2, en la plaza de Santo Domingo, a espaldas de la Gran Vía, en un edificio adquirido inicialmente por el fondo británico Princeton a Telefónica… 

Y también en el centro, pero en este caso a escasos 200 metros del hotel Mandarin Oriental Ritz Madrid y a dos tiros de piedra del parque del Retiro, en Ruiz de Alarcón 5, Inverbuilding montará otro cinco estrellas. 

En San Bernardo 41 (Madrid), los apartamentos vacacionales Arizónica Suites llevaban años funcionando sin licencia de hospedaje. El 7 de enero pasado, eldiario.es lo publicó; dos días después, la Policía Municipal presentó denuncia y el 25 de ese mes el Ayuntamiento de la capital decretó el cierre del negocio, propiedad del presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta, Karim Bulaix, y sus hermanos. No obstante, el Consistorio tramitaba en paralelo la solicitud de legalización presentada por el empresario, cosa que se produjo en el Pleno del 28 de mayo con los solos votos del PP. Poco después, Arizónica Suites fue sancionada con 270.009 euros por el tiempo que había operado sin licencia.

En ese pleno también se autorizaron, con los mismos votos a favor, los 66 apartamentos turísticos con los que Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, duque de Alba, quiere sustituir las viviendas y oficinas de Princesa 22 y 24, inmuebles contiguos al Palacio de Liria, residencia oficial madrileña de la Casa de Alba. Como en el caso anterior, la conversión ha destapado algunos elementos llamativos, como las visitas relámpago de los inspectores municipales y la suspensión de licencias de actividad a los despachos profesionales y empresas que ocupaban pisos pese a que su calificación era residencial; algo conocido por el duque, a tenor de que incluyó este extremo en su solicitud. No consta, al menos hasta ahora, la imposición de sanción alguna.

San Bernardo 41 y Princesa 22-24 han salido a la palestra en un momento de zozobra para el alquiler turístico. Su proliferación exponencial y descontrolada, favorecida por el nulo control administrativo, ha alcanzado tal punto de saturación y de conflictividad con los residentes que cuesta encontrar un alcalde o alcaldesa de una ciudad de cierto tamaño y proyección turística que no haya anunciado que, ahora sí, va a regularlo, o restringirlo o a aplicar efectivamente la normativa ya existente. Valga como ejemplo el de Madrid, que tiene 13.502 pisos vacacionales según el propio Ayuntamiento (cerca de 25.000 según Airbnb) y sólo el 7,4% de la primera cifra cuenta con la licencia municipal preceptiva. 

El Gobierno central también ha tomado cartas en el asunto contra los excesos e impactos en este sector, e incluso estudia más impuestos para los pisos turísticos (legales) que operen en zonas especialmente tensionadas.

Ante la enorme incertidumbre generada (el alcalde de Barcelona ha llegado incluso a comprometerse a cerrar todos los pisos turísticos de la ciudad, y el Ayuntamiento de Sevilla cortará el agua a unos 5.000 irregulares), cabe preguntarse si el duque de Alba y Bulaix saben algo más para mantener su apuesta contra viento y marea. Y no son los únicos: por poner cinco ejemplos, los dos hijos mayores de Alicia Koplowitz y Alberto Cortina llevan años trabajando para promover un “mini-Canalejas” del alquiler vacacional junto a la puerta del Sol. Orinoquia convirtió a este uso un hotel en Trafalgar 35; la catalana Alting reposiciona Fuencarral 5 de oficinas a alquiler de corta estancia, a dos pasos de la Gran Vía; Impar Grupo promueve un centenar de pisos turísticos en el centro (Doctor Cortezo, 15, Santa Engracia, 84 y Glorieta de Quevedo 8); y el empresario hotelero Kike Sarasola mantiene su apuesta por esta modalidad y no sólo en España.

Más información, mejores contactos, un enfoque e infraestructura más profesionales… o simplemente porque auguran que la fiebre regulatoria e inspectora, los eventuales cierres de negocios e imposición de sanciones anunciados por el Consistorio se centrarán en los miles individuales y dispersos (ese número A de la planta 3 del portal X de la calle Y) que carecen de licencia municipal por no haberla solicitado o porque, de haberlo hecho, les habría sido denegada al no tener, por ejemplo, una entrada independiente al portal de los residentes. Si los ayuntamientos, y el Gobierno central, acaban materializando sus tardías amenazas tras años de inacción, la oferta se reduciría (derivándose al alquiler tradicional o al mercado negro), dejando expedito el camino a esa minoría con capacidad para adquirir y transformar edificios enteros. 

Este conflicto se produce en un contexto de euforia inversora y de aumentos sostenidos de visitantes, pernoctaciones e ingresos. Por eso, es improbable que los actores involucrados, desde las inmobiliarias, aseguradoras, fortunas españolas y extranjeras hasta los propios viajeros presten la debida atención a la advertencia de BBVA Research, que en un reciente informe apuesta por que la sucesión continuada de récords del turismo post-pandémico, y su relevante contribución al crecimiento económico, pueden acabarse tan pronto como el año que viene. No es la única nube en el horizonte: por un lado, la apuesta decidida por fomentar visitantes de calidad (aka, de alto poder adquisitivo), unido al fuerte encarecimiento de los alojamientos y la restauración, puede expulsar a quienes no pueden permitirse precios disparados; si sirve de precedente, ya lo está haciendo con los nacionales. Pero además, la intensificación de la turismofobia o contra la masificación (España es, junto a Italia y Portugal, el país con mayor saturación) puede terminar retrayendo a esos visitantes que más dinero dejan, colectivo acomodado convertido en una vieja aspiración del sector y en el target de ciudades como Madrid. Sirva como indicio la política de contención de tarifas de Four Seasons, que se ha visto forzado a adoptar para ganar ocupación.

Hay asuntos que requieren de coraje político. La titular del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha dado un paso relacionado con Ley de Vivienda que se aprobó en 2023 con la mirada puesta en aliviar la presión en el mercado inmobiliario y que en la actualidad sólo aplica Cataluña, aunque Navarra lo valora, en el País Vasco se ha activado el proceso para declarar municipios como Errenteria e Irun zonas tensionadas y Galicia no descarta hacerlo, si lo solicita algún ayuntamiento. La ministra ha advertido a las comunidades de que condicionará la financiación que reciben del Estado para esa materia, que ha cifrado entre el 70 y el 75% del grueso que destinan los territorios a políticas de vivienda, a que acaten la norma.

“Quiero seguir apoyándolas económicamente, pero también quiero que ellas pongan más presupuesto para esta finalidad”, ha aseverado Rodríguez en una entrevista en TVE, para incidir luego en que, si las regiones “no se hacen cargo del cumplimiento de la ley”, ella les recortará recursos, dado que “no puede tratar por igual" a aquellas que están haciendo esfuerzos para cumplir la normativa y ayudar a sus ciudadanos, que a las que, "por atacar al Gobierno", se muestran "insumisas".

¿Cómo se materializará lo avanzado por Rodríguez? Fuentes del ministerio trasladan a infoLibre que la iniciativa está ligada al nuevo Plan Estatal de Vivienda en el que trabajan desde el verano, que contará con “un gran presupuesto” y al que se dará luz verde “a lo largo del año que viene”. Sustituirá al que está en vigor para el periodo 2022-2025, que había destinado hasta el pasado julio en sus 13 programas, 1.717 millones de euros, de los que 1.440 fueron a parar a diferentes líneas de actuación como ayudas directas al alquiler, a personas vulnerables, de acceso a la vivienda de jóvenes o a arrendadores como seguro de protección, entre otras.

Fuentes del ámbito jurídico cuestionan que el Ejecutivo tenga capacidad de podar la financiación en ese ámbito, si las comunidades se saltan la Ley de Vivienda, dado que “son ellas las que tienen las competencias y la propia norma deja abierta la decisión de que se aplique o no”. “No es obligatorio el control de los precios -engarzan-, con lo que no se puede castigar a quien realmente no incumple nada”, arguyen.

Sin embargo, el investigador de la University College of London Eduardo González de Molina, sí ve “margen” de maniobra. “La jurisprudencia constitucional -explica- establece que el Estado tiene competencias exclusivas en la regulación básica del derecho a la vivienda y en la planificación de la actividad económica general, lo que le permite imponer condiciones generales como los plazos de calificación permanente para las viviendas protegidas que se beneficien de ayudas estatales. Es decir, sería jurídicamente posible condicionar la financiación de los planes estatales de vivienda a la permanencia de la vivienda protegida". En más, apostilla que “el artículo 18. 5 b) y c)” de la norma, que el TC consideró constitucional, fija que “el Estado central, a través de los Planes Estatales de Vivienda, podrá financiar con ayudas específicas y adicionales a las comunidades autónomas que declaren zonas de mercado residencial tensionado”. En su opinión, “lo más probable es que haya unos fondos incondicionados bajos generales” para todas las autonomías” y otros “condicionados altos” destinados a “incentivar y premiar a las que lo hagan”, vaticina.

De hecho, la ministra ha expresado que la norma la “faculta” para, “de manera extraordinaria, trabajar con aquellas comunidades que se han comprometido a cumplirla y que están dando respuesta a sus ciudadanos" y ha recordado que el Constitucional ha determinado que "el Estado es competente para garantizar la igualdad de los españoles en el acceso a la vivienda". Junto a ello, otras fuentes del Gobierno anotan que “se pueden plantear objetivos” vía el nuevo plan nacional “e inyectar el dinero en función de que se alcancen o no”.

Del lado de los socios de gobierno del PSOE, de Sumar, se muestran igualmente partidarios de que se “fuerce” a las comunidades a respetar la normativa “supeditando los fondos estatales” que lleguen a los territorios rebeldes. En ese sentido, desde la formación apuntan a fuentes de fondos con las que se podría jugar: “Hay 2.000 millones en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que todos los años se destinan a política de vivienda”, a los que se añaden “6.820 millones del Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana procedente de los fondos europeos”, que Bruselas “va liberando según se alcanzan hitos”, por lo que se podría “revisar la condicionalidad” de los planes impulsados, pero “aún no ejecutados completamente”, y detraer dinero de ahí. Aunque fuentes de la otra ala del Ejecutivo avisan de que el reparto de los recursos procedentes de Europa se acordó “en Conferencia Sectorial y ya están” distribuidos y “los que van por hitos” se adjudicarán entre aquellas regiones que “son cumplidoras”, como se pactó en el mismo foro.

Al margen de ese dinero, Sumar ha incluido en su propuesta de PGE para el próximo ejercicio 2025 “un fondo de 40.000 millones de créditos blandos para financiar la creación de un gran parque de vivienda pública que rebaje los precios", construyendo inmuebles que "se alquilarían a 400 euros al mes”, cuya distribución podría igualmente condicionarse, de aprobarse las cuentas.

A la espera de conocerse el detalle de lo avanzado por la máxima responsable del Ministerio de Vivienda, su intervención ha servido para reavivar la polémica entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. Rodríguez se ha dirigido expresamente a la presidenta de esa región, la popular Isabel Díaz Ayuso, para afirmar que "hay miles de madrileños y madrileñas que sufren por su insumisión a la ley" y que viven una situación que es "insostenible socialmente". Ha señalado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha transferido a esta comunidad 2.000 millones desde 2018 para políticas de vivienda a través de diferentes programas y ahora, lo que “quiere” es “que se ejecuten bien” y que “se orienten al cumplimiento de la ley”, como reclaman muchos ayuntamientos de la región. Si acepta ese requisito, Rodríguez ha dejado la puerta abierta a dar “más fondos, con más recursos, con respuestas extraordinarias” a Madrid.

Ayuso le ha dado la réplica a través de su perfil en la red social X, antes Twitter, manifestando que no pueden “limitar el precio de la vivienda porque no funciona” y “porque es un atentado contra la propiedad”. En relación a sus palabras, González de Molina hace notar que “los precios de alquiler han subido un 103% en la Comunidad de Madrid en la última década, bajo gobiernos del PP” y es la comunidad con “la mayor proporción de grandes tenedores de España: hay 26.573 que tienen más de 10 viviendas”. Respecto a la propiedad, fuentes socialistas deslizan que “es en la Constitución, en concreto en el mismo artículo en el que se reconoce el derecho a la propiedad privada, el 33, donde se refleja que la función social del mismo delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes”. “Si Ayuso es constitucionalista, debería saberlo”, lanzan.

La presidente madrileña ha dejado claro que no va a “gobernar con políticas de izquierda trasnochada” aunque el Gobierno les “amenace” y ha criticado que éste lleve “seis años, cero viviendas y 41 ministros obsesionados con Madrid”. Aferrada a ese tono se ha preguntado si la ministra “será tan brava con regiones como País Vasco, que han recurrido esa nefasta Ley de Vivienda” o si dejarán de regalarle millones “al independentismo en Cataluña, que incumple sistemáticamente los derechos constitucionales de los catalanes”, en una mezcla de argumentos nada extraña en el acelerón constante en el que se ha instalado buena parte de la clase política. 

De su lado, la consejera de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio de Andalucía, Rocío Díaz, ha tildado las manifestaciones de la ministra de "inaceptables", además de ser "la prueba más clara del afán intervencionista del Gobierno de Sánchez" y suponer "un chantaje a las comunidades autónomas" para que se adhieran a la Ley de Vivienda. No se "plegarán", ha zanjado, ante medidas que no son obligatorias como las zonas tensionadas o la limitación de los precios del alquiler "por muchas amenazas" que se formulen. Continuará.

La Comisión Europea tendrá a partir de diciembre, si es confirmado por el Parlamento Europeo, un comisario de Vivienda y Energía. La cartera de Energía es clásica y sus competencias, aunque reducidas, están claras. La de Vivienda es nueva y es una concesión de la presidenta del Ejecutivo Europeo, Úrsula Von der Leyen, a los socialistas europeos, que la habían exigido. El nominado es el socialdemócrata danés Dan Jorgensen. Su carrera política es muy larga. En 2004, con apenas 29 años, fue elegido eurodiputado. Estuvo nueve años en Bruselas. Volvió a Dinamarca en 2013 tras ser nombrado ministro de Agricultura y Alimentación. En 2019 pasó a la cartera de Clima y Energía y en 2022 a la Cooperación al Desarrollo y Política Climática Global. Es un peso pesado de la socialdemocracia danesa, con experiencia en Energía y ninguna en Vivienda.

Dos formas de saber las competencias prácticas que tendrá como comisario son mirar qué direcciones generales de la Comisión Europea tendrá bajo su mando y la carta de misión de la presidenta Von der Leyen, una especie de programa político para cada comisario. En cuanto a dirección generales, Jorgensen sólo tendrá la Dirección General de Energía, porque no existe Dirección General de Vivienda.

Lo más llamativo es la carta de misión. Como los tratados no otorgan a las instituciones europeas ninguna competencia en Vivienda que no sean las relacionadas con Energía (eficiencia energética, por ejemplo), los pocos párrafos sobre Vivienda de la carta son un quiero y no puedo de ideas variadas que tocan sobre todo competencias nacionales.

La carta empieza diciendo que “millones de jóvenes y familias sufren para encontrar una vivienda asequible por toda Europa” y que la Comisión debe movilizarse para desbloquear “inversión pública y privada en vivienda sostenible y asequible”. Y empieza a concretar.

Jorgensen será responsable de “poner en pie el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible”. Que consistirá en ofrecer “asistencia técnica” a ciudades y Estados miembro y se centrará en “inversiones y cualificaciones profesionales”. Como si uno de los principales problemas de la vivienda fuera técnico. Ese plan tendrá una “Estrategia Europea de Construcción de Vivienda”, que no significa que las instituciones europeas se vayan a poner a construirlas, sino que intentarán aprobar medidas que reduzcan el coste de la construcción y mejoren la cualificación de la fuerza laboral.

Tal vez la única idea, aunque en realidad no depende de la Comisión Europea sino del Banco Europeo de Inversiones, que desde enero dirige la española Nadia Calviño, es establecer “una plataforma pan-europea de inversiones” que atraiga financiación pública y privada para la construcción de vivienda asequible y sostenible. Es una indicación política a Calviño, y aunque el Banco Europeo de Inversiones tome sus decisiones de forma independiente, tendrá en cuenta ese mensaje.

La carta tiene algunos puntos sin mucho sentido, como decirle a Jorgensen que se apoye en el comisario de Cohesión y Reformas, el melonista italiano Raffaele Fitto, para “inyectar liquidez en el mercado de vivienda”, a la vez que, con la vicepresidenta de Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, para que como comisaria de Competencia las normas de Ayudas de Estado permitan a los gobiernos invertir en vivienda social. Como si ahora tuvieran alguna limitación en hacerlo.

Jorgensen también tendrá el mandato de poner sobre la mesa medidas contra los problemas que crean los alquileres vacacionales en los mercados de vivienda, pero la Comisión Europea no tiene ninguna competencia en la materia. Si un gobierno o incluso un ayuntamiento quiere limitarlos puede hacerlo sin permiso de Bruselas.

A mediados de 2023, el ático dúplex que corona el edificio sito en el número 111 del paseo de Gràcia de Barcelona, esquina con la avenida Diagonal, fue vendido por más de 40 millones de euros (61.500 euros por metro cuadrado), estableciendo un récord absoluto en España. Culminaba así la reencarnación de la que fuera sede de Deutsche Bank y el bufete Cuatrecasas, que se convirtió en el buque insignia de una de las tendencias del mercado inmobiliario que plantea el cambio a residencial de edificios de oficinas vacíos, obsoletos y/o desubicados para paliar el precio desorbitado de la vivienda debido a la escasez de oferta. El Gobierno ha estimado que el déficit residencial es de un millón de pisos y aumenta a razón de 100.000 al año. El Banco de España lo rebaja a unas 600.000, mientras que las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) son a más largo plazo y sus cifras, igualmente mareantes: en los próximos 15 años habrá que construir tres millones de pisos.

Desde luego, el de Mandarin Oriental Residences Barcelona, que así se llama ahora, es un ejemplo extremo del aumento de la oferta residencial por la vía del cambio de uso de oficinas. Y lo es porque sólo unos pocos pueden plantearse y permitirse adquirir una de sus 30 viviendas y cuatro áticos para “primera, segunda o tercera residencia”, o incluso quedarse “con más de un piso”, según explicó en esta entrevista Josep Maria Farré, exconsejero delegado de Renta Corporación y fundador de la promotora responsable del cambio de cara del inmueble, KKH Property. Pero que sea un proyecto difícilmente replicable (o, como se verá, no tanto) no quita para que, una vez descontados sus rasgos más fastuosos, su reconversión integral mantenga puntos en común con un número creciente de antiguas oficinas redivivas. Dicho de otra forma: ante varias demandas residenciales disparadas (la normal, la de más alto standing, la hotelera/turística y la flexible), los esfuerzos del sector apenas se han dirigido a satisfacer la primera.  

Las múltiples noticias publicadas sobre este fenómeno han reproducido el siguiente razonamiento: la dificultad para acceder a una vivienda (en propiedad o alquiler) es un problema que afecta a las expectativas vitales de muchos ciudadanos; como inmobiliarias, aseguradoras, fortunas patrias y empresas tienen activos varados y depreciados (no sólo de oficinas, pero principalmente) por los cambios sociales, tecnológicos, laborales y urbanísticos, ¿por qué no contribuir con los segundos a atenuar la primera? Planteada la tesis, los textos citados se han hecho eco de estudios de consultoras como CBRE o Savills que cuantifican el alcance de esta tendencia, especialmente en Madrid y Barcelona: según su colega EY, en ambas ciudades hay “2,5 millones de metros cuadrados de espacios destinados a empresas que deberían cambiar de uso a viviendas, lo que aportaría 28.000 nuevas casas, en su mayoría “en el centro”.

Sin embargo, si se pasa de las proyecciones a los proyectos surgen las dudas, porque la inversión en transformar oficinas no parece haber implicado, al menos de momento, un aumento reseñable de la oferta de pisos asequibles; que es lo que podía inferirse del razonamiento enunciado por los inmobiliarios y replicado por algunos políticos municipales y autonómicos. Los tiros van por otro lado: pensemos, por ejemplo, en Persépolis Investments, fundada en 2014 por Mitra Ghamsari y que se autodefine como “gestora de inversiones boutique”. Hace dos años adquirió a Colonial el inmueble histórico y de uso mixto sito en el número 27 de la madrileña calle de Sagasta. Según Idealista, en su estado actual, pre-reforma, el edificio cuenta con tres viviendas (que el portal inmobiliario valora entre 1,23 y 2,22 millones de euros) y siete oficinas, incluida la de la propia compradora. La intención es convertirlo en residencial prime, “ligado a marcas de lujo” y “con servicios de hoteles de cinco estrellas”: lo que en el argot inmobiliario se conoce como branded residences. La torre de paseo de Gràcia 111 es otra de ellas.

No obstante, fue Madrid la primera ciudad española en contar con una, de la cadena Four Seasons, en las inmediaciones de la puerta del Sol. Se erigió en el complejo Canalejas, cuya penúltima función, antes de pasar a su actual uso mixto (hotelero, residencial y comercial) fue la de oficinas. Ahora busca otro inmueble idóneo en el distrito de Salamanca para abrir las que serían sus primeras branded residences puras. Competirá en la zona con Mandarin Oriental, que tras la aventura barcelonesa promoverá otras en Hermosilla 47. Lo hará en un solar que albergó, hasta su reciente demolición, una central de Telefónica que ha acabado en manos de Pictet y Blossom Property. También habrá que sumar las de Ennismore (grupo Accor) en Infantas 40 y las que se erigirán en Padilla 32. Ambos inmuebles también pertenecen a Persépolis, y el último se lo adquirió a la familia de Anna Gamazo, esposa de Juan Abelló. 

La consultora Colliers augura que la oferta de branded residences se triplicará en cuatro años, incorporando la Costa del Sol y Baleares como nuevos emplazamientos.

En la que fuera la sede de Iberia en Barcelona, en paseo de Gràcia 30, la familia Escoda levantó 21 viviendas de superlujo con una piscina en la cubierta; la de la aseguradora Winterthur en la Ciudad Condal, en Francesc Macià 10, se ha transformado en seis viviendas de 600 metros cuadrados y un ático de 1.250 de la mano de Squircle Capital, comandada por José Caireta.  

Barcelona lideró la conversión de oficinas y, en general, proyectos residenciales que pulverizaban récords de precios. Corría 2017 cuando el Ayuntamiento autorizó el cambio de uso de la Torre Antares, que se convirtió dos años después en un residencial de lujo de 24 plantas y 89 pisos. Pero todo cambió con la norma municipal que obligaba a cualquier nueva promoción a destinar el 40% a vivienda protegida. Fue a partir de entonces cuando Madrid tomó el relevo, con un papel relevante (y diferenciado respecto a su competidor) de las fortunas latinoamericanas. Hoy es la ciudad europea con el mayor encarecimiento de los pisos más exclusivos. Como se puede leer en aquí, Lagasca 99, que había albergado instalaciones de Mutua Madrileña y de Repsol, se convirtió en “el anticipo del Madrid que iba a venir”, que ha venido.

La española Admara y la mexicana Be Grand, del empresario mexicano Nicolás Carrancedo, demolerán en la calle Fúcar (cerca de Atocha) un edificio que fue de Telefónica para construir 57 pisos entre estudios y viviendas con uno o dos dormitorios y con lo que en la jerga del alto standing inmobiliario se denominan amenities, que no hay que confundir con los jabones, geles y betunes de los hoteles tradicionales. Asimismo, construirán lujo (“10 viviendas de tres o cuatro dormitorios y dos áticos con cuatro o cinco”) en paseo de la Castellana 45, donde ahora hay embajadas y oficinas.

La última operación conocida de Orinoquia Real Estate, de los venezolanos Capriles, ha sido la adquisición de un inmueble corporativo en Arturo Soria (José Silva 17) para convertirlo en 18 viviendas. Quizás sea esta compañía de las que más han frecuentado esta fórmula: lo hizo con Barquillo 12 (barrio de Justicia, distrito Centro), antigua sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid; con Serrano Anguita 9 (Justicia), que acogió temporalmente el Centro Universitario de Estudios Financieros (Cunef), y con Españoleto 19 (barrio de Almagro, distrito de Chamberí), que lo fuera de Analistas Financieros Internacionales.

La adquisición de Montalbán 9, edificio histórico pegado al parque del Retiro, es (que se sepa) la más reciente. El comprador es Inmobes Real Estate, de capital mexicano y que lleva tiempo trabajando en el segmento del lujo (150 viviendas) en Madrid provincia. Según Idealista, el inmueble (que acoge a pie de calle un prestigioso restaurante gallego) tiene siete viviendas y el mismo número de oficinas. En su web, Inmobes anuncia que próximamente dará a conocer su proyecto para este “enclave exclusivo y vibrante”. Vistos sus antecedentes y la voracidad inversora de los ricos por esta zona, no caben demasiadas dudas.

La Mutualidad de la Abogacía ha vendido Paseo Recoletos 14, edificio de oficinas cuyo comprador, tras reconvertirlo, lo explotará como mínimo como viviendas exclusivas o como branded residences. En Arturo Soria (distrito de Ciudad Lineal), la estadounidense HIG ha comprado dos oficinas y un hotel (20.000 metros cuadrados) para construir 267 unidades residenciales que satisfagan “la demanda de jóvenes profesionales y familias de viviendas nuevas con comodidades de lujo”.

Otra muestra de la demanda de exclusividad es el giro de Merlín: pensaba comercializar oficinas en el inmueble histórico de Velázquez 22 y lo ha puesto a la venta para viviendas de alto standing. La socimi estima que el cambio de uso puede funcionar para un mínimo de 50.000 metros cuadrados de su cartera.

ActivumSG (ASG) y Green Oak compraron Fuencarral 77, cuyas siete plantas de residencial y oficinas (por ejemplo, de la Seguridad Social) se transformarán en viviendas “de alta calidad”. ASG entregará el año que viene 28 pisos exclusivos en Marqués de Ahumada (distrito de Salamanca); según Idealista, a partir de 486.000 euros los de un dormitorio.

Quirón (sanidad privada) se mudará de sede (Zurbarán 28). Sita en el cotizado barrio de Almagro, distrito de Chamberí, la francesa Ardian se debate entre reformarla para vivienda prime a secas o para asociarla a una marca (branded). En parecida tesitura se encuentran Besant y Blasson, que han adquirido a la aseguradora Zurich Alcalá 44, en uno de los epicentros prime (residencial y hotelero) de la capital.    

Fuera del centro, el grupo vasco Amenabar promueve en otro solar que albergó oficinas 76 viviendas (desde 755.000 euros; quedan pocas por vender) “en una urbanización exclusiva y delimitada de más de 1.400 metros cuadrados” sita en el barrio Salvador (distrito de San Blas-Canillejas), junto a 190 hectáreas de espacios verdes como la Quinta de los Molinos. En todos los proyectos mencionados participan estudios de arquitectura de postín y, en su caso, de paisajismo.

Lar y Colonial deshojan la margarita sobre dos edificios emblemáticos. La primera se ha asociado a la mayor gestora del mundo, Blackrock, para adquirir la participación de Hacienda en María de Molina 50, y promover 153 unidades de residencial premium (sin descartar branded) y una residencia de estudiantes. Esto último tiene sentido per se (es otra tendencia), aunque también porque unos números más abajo, donde antes se ubicaban las oficinas de Ogilvy, la Universidad Europea ha erigido su nuevo campus madrileño.

Colonial es dueña de uno de los mayores inmuebles de oficinas de la capital, la antigua sede de IBM en Santa Hortensia 26-28: 50.000 metros cuadrados y 10 plantas. Por si sirviera de pista, la inmobiliaria acaba de vender a los latinoamericanos de Impar Grupo la que fuera sede de McKinsey, ubicada en los números 31 y 33 de la calle Sagasta. Sólo un número, el 29, los separará del portal que Persépolis adquirió a Colonial para branded.

Colonial se ha diversificado hacia proyectos híbridos de transformación urbana. Un ejemplo es Madnum, en la pujante zona de Méndez Álvaro, “el primer campus en España que une oficinas, vivienda, retail y zonas verdes”. Grupo Catalana Occidente le ha comprado más de 20.000 metros de oficinas, con los que liberará tres inmuebles también de oficinas en el centro: el icónico Plus Ultra (en plaza de las Cortes 8), Cedaceros 9 (muy próximo al Congreso) y el de mayor tamaño, en paseo de la Castellana 4. Se admiten apuestas sobre su uso futuro.

El fenómeno no sólo tiene su expresión en la capital. Dos ejemplos: Habitat adquirió el año pasado Torre Mapfre, en pleno barrio sevillano de Triana, para albergar 70 casas con “terrazas, jardines, zonas comunes y una piscina en la cubierta”. Por su parte, ASG obtuvo el cambio de uso de unas oficinas (demolidas) en plena plaza de España de Salamanca para promover 27 apartamentos.

Cabe suponer que estos cambios de uso forman parte de los miles de metros cuadrados de oficinas que, según las consultoras y parte de la clase política, se podían transformar en pisos para contribuir a abaratar la vivienda. Más dudas plantea si en ese cálculo se incluyen también los cambios a otros usos similares, sí, pero no equiparables al de proporcionar un hogar permanente a las familias. 

La vivienda es el sexto problema que perciben los ciudadanos en España, según el Barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), aunque llegó a escalar hasta la primera posición el pasado verano. La preocupación está latente. Con ese asunto como telón de fondo, más de 30 organizaciones, entre las que se encuentran la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas, Amnistía Internacional, CCOO o UGT, han convocado una manifestación el domingo 13 de octubre en Madrid bajo el lema La vivienda es un derecho, no un negocio. Y no será la única protesta. Antes, más de un centenar de entidades, sobre todo catalanas, han llamado a otra marcha el próximo miércoles 25 de septiembre en Barcelona contra la tercera edición del congreso inmobiliario The District. Y el Sindicat de Llogateres i Llogaters baraja acciones contra la celebración de la Copa América de Vela, que se celebra en la capital catalana entre el 22 de agosto y el 27 de octubre, dado que “siempre se ponen por encima los intereses económicos de unos pocos, frente al derecho de muchos a la vivienda”.  

En ese hervidero ciudadano, ¿puede la crisis de la vivienda ser el germen de otro 15M en España, en el que organizaciones como la PAH o V de Vivienda jugaron entonces un papel relevante? Pablo Simón, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III, cree que “el motor de la crisis de la vivienda es diferente al que generaba la demanda política en el 15M, por eso es muy complicado que se dé con la misma forma”. Sustenta su opinión en varias razones. “La problemática del acceso a la vivienda, a diferencia de lo que ocurría con el 15M, es global. Esto es una novedad, afecta a todo occidente y tiene que ver con la financiación de ese sector, en el que no sólo ha entrado la especulación de los fondos buitres, también los alquileres vacacionales y las dinámicas del turismo, lo que es un segundo punto de novedad”, arranca.

Recuerda que, “cuando se discutía sobre esos temas en el 15M, se hablaba de los desahucios y de la gente que se había entrampado en dos viviendas porque el crédito era barato" y el acceso a un inmueble "notable". "Cuando colapsa la burbuja inmobiliaria –tras las crisis financiera mundial que provocó la caída del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers–, muchos se quedaron atrapados. Pero hoy la problemática de la vivienda va en una dirección distinta”, explica. Junto a esto, anota que el 15M respondió a un abanico muticausal: “La vivienda era una de las demandas, pero había otras relacionadas con la regeneración política, el malestar con el sistema electoral, los bancos, el bipartidismo… V de vivienda fue una de las organizaciones que estuvo ahí, pero también Juventud sin futuro y otras”. Aquello tuvo un caldo de cultivo económico que ahora no existe, argumenta. “No tenemos un incremento del desempleo entre los jóvenes o malestar respecto a la economía”, asevera.

Y hay más diferencias: “El motor del debate de la regeneración democrática es ahora el Gobierno. Entonces se hablaba de despolitizar la Justicia y ahora de que la Justicia está impidiendo al Congreso hacer su trabajo y de que los jueces están persiguiendo al presidente. El marco no tiene nada que ver”. En relación a la vivienda, Simón plantea que, aún reconociendo que hay un runrún social difuso que “se empieza ahora a articular en protestas”, es un tema “muy difícil de regular por la fragmentación de administraciones y porque tiene unos ganadores y unos perdedores muy claros. El 75% de la población tiene vivienda en propiedad, por lo que es muy difícil de tocar. Y ni siquiera está claro que las medidas que están encima de la mesa sean eficaces”, lanza. 

En ese sentido, apunta a otro elemento distanciador del 15M: “No está claro contra quién se tiene que protestar porque el Gobierno quiere aplicar controles de alquiler, mientras las autonomías y los ayuntamientos del PP no quieren”, ejemplifica. Por todo lo expuesto, no ve “el germen de una revolución en diferido que genere que emerjan nuevos partidos o cosas así. El 15M fue un movimiento social espontáneo, con múltiples causas, que hablaba de un reset del sistema político y que se tradujo en que permeó con nuevos partidos y en los viejos”. A juicio de Simón, “pinchar una burbuja inmobiliaria en la que la gente estaba siendo desahuciada o ahogada por su hipoteca genera consensos más transversales que la situación actual, en la que los jóvenes son los perdedores, pero los padres no, porque ya tienen la vivienda en propiedad. Hay una dinámica mucho más complicada porque afecta a sectores muy concretos con una capacidad de movilización limitada”, defiende. Y remata: “Así como las medidas que proponía el 15M podían tener un apoyo transversal, hoy, busca una política que sea popular a derecha y a izquierda para solucionar el problema de la vivienda. Es muy complejo. Los potenciales ganadores son difusos y los perdedores están muy claros y la gente quiere proteger su inversión”.

De su lado, la politóloga Cristina Monge sostiene que “es verdad que en la emergencia del 15M la vivienda fue importante, la PAH tuvo un papel muy relevante, pero también Juventud sin futuro, entre otras entidades, que fue una de las impulsoras de todo aquello y hablaba mucho del tema. Pero además había un malestar social más amplio, que tenía que ver con el desempleo porque estábamos en años en los que superaba el 50% en el caso de los jóvenes”. En agosto de este año, el desempleo de los menores de 25 años subió un 1,25% respecto al mes anterior, para colocarse en las 177.112 personas, si bien se trató de la cifra más baja de la serie en ese periodo. Y acumula 40 meses consecutivos de caídas interanuales.

“Había –enlaza Monge– una crisis económica grave, casos de corrupción continuamente en la prensa… Fue el conjunto de todo eso lo que hizo prender la mecha y, de momento, en 2024 no hay ese problema de empleo. Aunque sí hay una sensación de precariedad, el empleo se está comportando bastante bien”. 

Añade que, cuando surgió el 15M para trastocar códigos habituales y hacer entender que ya no servían, “la percepción de la sociedad era que, en aquella coyuntura de crisis, su Gobierno, en vez de intentar solucionar los problemas que estaba generando, lo que hacía era proteger a los poderosos que la habían creado”. En la actualidad, “esa sensación no está instalada en la sociedad”. “Podrás estar más o menos de acuerdo o contento con el Gobierno, pero no se piensa que no nos representan”, une, para concluir: “Hay que ver cómo evoluciona, pero a priori, no se dan todos los elementos que se juntaron entonces y ni están surgiendo nuevos movimientos ni nuevas entidades”.

Javier Gil, investigador del Grupo Estudios Críticos Urbanos de la UNED, comparte que “no se dan las condiciones para que se repita un 15M, en el que se juntaron una serie de factores que facilitaron que se produjera la movilización que se dio. Y no sólo en el Estado español, también en otros lugares”. Centrado el foco en 2024, considera que “la rabia en torno a lo que está pasando con la vivienda está yendo a más” y habrá que ver “cómo canalizarla en movilización política”.

A su entender, “la clave va a ser la capacidad que tengan entidades como el Sindicato de Inquilinos de organizar a las personas que están sufriendo la situación de la vivienda”. ¿Por qué? “Legislativamente no se va a solucionar nada, lo vimos en la votación reciente en el Congreso –alude a la que el no del PP, Vox y Junts tumbó una proposición de ley para intentar regular el alquiler temporal–“ y, más allá de las movilizaciones que puedan ir brotando, Gil piensa que será fundamental “cómo los inquilinos, que se están empobreciendo masivamente por culpa del alquiler, se organizan para transformar esa situación de injusticia y de rabia en formas de desobediencia civil colectivas y masivas, que agiten a la sociedad para que empiece a haber cambios. En corto: “Más que algo como el 15M o cambios legislativos que puedan solucionar, entramos en una fase de cómo organizar la rabia para transformar la situación de todas esas personas”.

Alba Agraz, coordinadora del área de Trabajo y Vivienda en el think tank Ideas en Guerra, afirma que “la vivienda podría ser la causante de la siguiente movilización masiva”, pero para que cristalice, “hace falta cambiar el rumbo de la batalla cultural”. Mover el foco, por ejemplo, de “que los malos son los okupas, y ponerlo en que la problemática de que la juventud para emanciparse, a los 29 años de media, tiene que destinar el 80% de su sueldo”. Igualmente tilda de “indispensable” la “organización colectiva” y “el pensar este conflicto como conjunto, no como que yo no me puedo emancipar o yo no puedo vivir de alquiler o mi salario no me da para llegar a fin de mes. No habría que verlo como un problema individual, sino como uno que afecta a toda la sociedad” para poder perforar creencias.

Agraz hace notar que uno de los ejes del Manifiesto por el Bienestar que han armado y lanzado en Ideas en Guerra recientemente, versa sobre la vivienda y se proponen en él algunas posibles soluciones, reconociendo, como el resto de los sondeados, que es un debate complejo porque el inmobiliario podrá ser un negocio, pero es un negocio con gente de por medio. “Hay que organizarse en sindicatos de barrios y asociaciones vecinales para poder llegar a soluciones y presionar a las clases políticas para que aborden el problema”, remata.

La vivienda se ha convertido en un problema con muchas aristas. A la dificultad de acceso por la elevación de los precios, se han sumado factores como los conflictos vecinales que están provocando contratos como los turísticos y los temporales; o el que fondos de inversión o sociedades inmobiliarias se hayan convertido en activos agentes del mercado de la vivienda junto a los multipropietarios, provocando en ocasiones el desalojo de vecinos que no pueden luchar contra Goliat.

infoLibre ha hablado con varias personas afectadas por alguna de las caras del poliédrico asunto de la vivienda: trabajadores, vecinas que soportan a diario los inconvenientes de los pisos turísticos, estudiantes, propietarios y mujeres desalojadas de sus hogares. Todos cuentan sus historias, con la esperanza de que algo cambie.

A Andrés le ha sacudido lo que a priori era una buena noticia. Pretende mudarse desde el municipio madrileño de Getafe a Cádiz capital, donde ha conseguido una plaza para trabajar en la Administración General del Estado. Tiene 24 años y será administrativo, “con un sueldo de más de 1.500 euros” al mes. Pero no encuentra en su lugar de destino “un alquiler de larga duración para poder estar más de 10 meses en el mismo piso”. “Me quieren obligar a irme en verano a otro sitio para poder ponerlo de alquiler turístico”, denuncia. No puede renunciar a la plaza que “se ha ganado” porque se quedaría en el paro. “En el peor de los casos, me tendré que alejar de mi centro de trabajo e irme a otros municipios como Puerto Real o El Puerto de Santa María pero, por lo que me han dicho, la cosa está muy parecida por allí…”, anota.

Está “agobiado” porque es probable que tenga que incorporarse a su puesto a mediados de noviembre y, “por un lado, están los procedimientos administrativos que tienes que hacer para poder tomar posesión de la plaza, y, por otro, el lío de dónde voy a vivir”, explica. “Cuando tenga la confirmación al cien por cien del puesto en Cádiz, tendré un mes para hacerlo todo y me estoy encontrando con que, en la zona, el 90% de los pisos son de alquiler de temporada y es todo muy difícil”, lamenta. Admite que el proceso le ha “generado ansiedad” al estar “sin saber muy bien dónde” va a “poder vivir en estos meses, pese a ser un trabajador con un salario medio”. De hecho, le parece “dramático” el que “ya dé un poco igual el sueldo que tengas”. “Los alquileres en Cádiz están entre 800 y 900 euros, acercándose al precio de Madrid, pero es que además está el problema del tipo de contrato de alquiler”, explica.

No está solo. El 38% de los españoles ha experimentado angustia o ansiedad ante la perspectiva de perder su vivienda y verse obligado a regresar al domicilio familiar, según un estudio sobre vivienda y salud mental elaborado por GAD3 para el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE). Un estrés que es más común entre los encuestados que viven de alquiler, quienes también sufren soledad y depresión.

El proceso de exploración del mercado desactivó las expectativas de Pep. Es médico residente y ha optado por pagar 575 euros por disponer de una habitación en un piso que comparte con otra persona para no destinar más de la mitad de su sueldo a la vivienda. Trabaja en el barrio de El Raval, el más poblado de los que conforman el distrito de Ciutat Vella en Barcelona. “Quería un sitio que estuviera a una media hora en transporte público”, algo que no parece descabellado, “pero hay muy pocos pisos por debajo de los mil que no estén en la periferia”, asevera. Hasta en el que gasta su tiempo por fin llegó “no porque fuera el mejor, sino porque era el menos malo”, ironiza.

Por el camino se topó con quienes pedían “precios más altos de los que ponían en el anuncio”. Pretendían subirlo anualmente o reclamaban “hasta dos meses por adelantado, con lo que había que pagar 3.000 euros sólo para entrar a vivir en una habitación”, detalla. Él ya no tiene que escudriñar portales, pero sabe que en la actualidad “se subarriendan habitaciones, se hacen contratos de meses”, se intentan “vender habitaciones muy pequeñas, en las que las que meter una cama individual y una mesa es complicado”, al ser del espacio de un trastero. “En Barcelona la situación está tremenda, y el hecho de que todo esto no esté regulado hace que suban los precios a la gente que estamos buscando un sitio donde vivir para sobrevivir, para que sea nuestra residencia habitual. El mercado está infladísimo”, cierra. De hecho, la capital condal es la ciudad española más cara para arrendar una habitación, con un coste medio de 565 euros mensuales, según un informe de Idealista con datos relativos al segundo trimestre del año.

M. A. tiene 66 años y nació en la casa en la que habita en la calle Preciados de Madrid, que se ha convertido en territorio hostil para “los vecinos de toda la vida”. Vive en un edificio con siete pisos, aunque, tres son locales comerciales. El suyo es el quinto. El sexto está destinado a alquiler habitual, el cuarto lo han arrendado estudiantes, y los propietarios del tercero y el segundo los han dedicado al alquiler turístico y temporal. “Esto era una casa de vecinos normal, de las de siempre, pero se han ido vendiendo los pisos, han entrado los turísticos y nos han fastidiado”, se lamenta. “Ha habido hasta ‘camas calientes’ porque sus dueños sólo quieren dinero”, afea.

Enumera con cierta resignación las preocupaciones que ese tipo de negocios le han provocado. “Lo primero es la inseguridad. No sabes con quién te puedes encontrar por la escalera o en el ascensor. Estás vendida”, comenta. A lo que hay que añadir “los ruidos y las molestias” que provocan “constantes llamadas a la Policía”. Es más, relata que una vez tuvo que indicarle ella misma a los agentes donde están los apartamentos turísticos porque “había un inglés borracho perdido por la escalera”. Lo desenreda: “Sus compañeros le habían escrito en un antebrazo la dirección de la calle a donde tenía que ir, pero no el piso, e intentó meter la llave en todos, hasta que alguien llamó a la Policía al pensar que querían entrar en su casa”, recuerda. Las fiestas en el inmueble son habituales. “Hemos tenido una temporada en la que a las 12 de la noche empezaban los cumpleaños felices. Luego la basura la dejan por cualquier lado del edificio y eso genera olores, bichos… Vemos colillas cerca del ascensor, en un inmueble con las escaleras y otras muchas cosas de madera. Hay llamadas al telefonillo y a la puerta a todas horas e incluso usan una buhardilla de almacén y suben y bajan un carrito con sábanas, toallas, cosas de limpieza… A veces se les ha caído por la escalera”, aporta.

El trasiego de gente y maletas es ya parte del bloque. Y además M. A. sabe lo que son las “presiones” para que se marche. “En las reuniones de la comunidad me dicen que por qué no me voy al campo a vivir más tranquila”, cuenta. Pero no tiene intención de hacerlo: “No me van a decir dónde tengo que vivir. Son ellos los que están haciendo algo ilegal”, sentencia. Cerca de 351.400 viviendas turísticas salpican España, según la última actualización de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los vecinos que sufren sus efectos no entran en la estadística. 

Hay otros damnificados por la situación del mercado inmobiliario: los estudiantes. Marina comenzó a buscar alquiler en la capital madrileña el pasado marzo y descubrió que “en barrios obreros como Usera, Villaverde, Aluche o Carabanchel, pisos de dos o tres habitaciones no bajaban de los 900 o los 950 euros” y con que “se publicaban anuncios en los portales inmobiliarios que apenas duran unas horas”. Hechas las primeras cribas, “de 100 mensajes que envías, igual consigues que te contesten diez, y luego los propietarios organizan los días de visitas y es un casting para elegir quién se queda con el piso”. Tuvo que pasar por unos cuantos. Lo referido es “en el caso de que los propietarios sean particulares”, porque “los requisitos de las agencias” son de partida “imposibles para un estudiante”, constata. Para arrancar, les solicitan “ingresos que rondan los 2.000 euros y avales”. “Hay algunas –encadena– que te piden una entrada de cuatro mensualidades, dos para la agencia, que es ilegal, pero te las piden igual, una de fianza y otra de gastos de alta de suministros”. “Es imposible cumplir esas condiciones, si eres estudiante, y es que más del 90% de las ofertas son de agencia”, se queja. Ella compagina estudios de idiomas y una oposición. En su caso el rastreo acabó bien: comparte piso con otra compañera en el barrio de Aluche. “Pero por familiares de familiares de familiares, por los contactos, porque al final conoces a alguien”, matiza. “Como lo intentes hacer a través de los portales inmobiliarios o de agencias, no se puede”, manifiesta.

Desde otro punto del mapa de España, Málaga, un propietario, N. M., confirma que “hay muchos estudiantes que están desesperados” y que al colgar el anuncio de su inmueble en una página web tuvo “un aluvión de llamadas en menos de una hora”. Su vivienda tiene tres habitaciones y está situada en una avenida bien conectada con el centro de la ciudad por lo que la arrienda por 800 euros, que no es un precio muy elevado, tratándose de la capital malagueña. Es más, asegura que, “en varias ocasiones”, le han llegado a “ofrecer más” para poder quedarse con la casa e incluso en alguna “el doble, para que fuera para un joven y un amigo”. No lo aceptó. A N. M. lo que le preocupa es “dar con gente normal” que no le “destroce la vivienda”. Afirma que no quiere “enriquecerse con ella”, pero tampoco que le suponga “una carga o un quebradero de cabeza”. Cree que “ha acertado” con sus inquilinos y puede que ellos hayan tenido suerte con él.

La vivencia de Zohra y su familia se ha hecho pública porque ha decidido darle visibilidad de la mano del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. El pasado 24 de julio, ella, su marido y su hijo de nueve años fueron desahuciados de la casa que moraban desde hacía una década en el barrio madrileño de Lavapiés, pese a que un grupo de personas bloqueó la puerta para intentar impedir el desalojo y un activista por el derecho a la vivienda incluso se colgó en el vacío del patio del bloque. Zohra y su familia sobreviven con una pensión y el Ingreso Mínimo Vital, por lo que habían demandado un alquiler social que nunca llegó y que se suspendiera el desalojo, al cumplir con los requisitos de vulnerabilidad exigibles. Pero, según el sindicato, no pudo demostrar que su casero es un gran tenedor “que posee 27 pisos”. En la calle, el Samur Social les ofreció una alternativa habitacional en Las Caracolas, un centro de acogida temporal formado por cubículos prefabricados en los que cada familia dispone de una habitación sin cocina en la que pasar unas cuantas semanas. Pero los han expulsado de ahí igualmente para enviarlos a una pensión, a la que han arribado con los nervios hechos un nudo. Zohra tiene una barrera: la lengua, no habla bien castellano. Y un miedo: que "le quiten a su hijo", según quienes la están acompañando en su batalla.

Lola, con 50 años, ha afrontado con su madre, de 79, un informe de vulnerabilidad oficial y una pensión no contributiva de 500 euros, otro desalojo. El propietario vendió el que era su edificio en Getafe a una sociedad y transmitió a los vecinos que "finalizaban los contratos". Se inició entonces un proceso judicial que terminó en desahucio, fechado para el pasado 11 de septiembre. Intentaron un aplazamiento, pero un juez lo denegó.

La madre de Lola pasó más de una década en su ya antigua casa y más de 70 años en la misma barriada. Ha soportado, según su hija, escenas “muy crueles”. Lola no pudo “ni entrar a recoger” sus “cosas” cuando se produjo un desahucio en el que “no se hizo ni inventario”. Al menos han hallado una solución habitacional gracias a su red familiar: un primo de Lola les ha ofrecido una vivienda a la que se han traslado las dos, hasta que ella vea como su madre "se va adaptando”. “Todo ha sido agotador y de vez en cuando le dan bajones”. Y todavía no ha acabado, el día siguiente al desahucio, el juez “admitió a trámite el recurso” que habían interpuesto. ¿Qué herramientas tenemos realmente los ciudadanos para defendernos”, se pregunta. Y engarza: “Hay gente con 87 años a la que le está pasando esto. Igual hay mujeres que cobran 1.200 o 1.400 euros, pero tampoco se van a poder quedar en sus casas porque, en cuanto compran el edificio, les meten la finalización del contrato y punto”, proclama rotunda.

Mabel, en Palma de Mallorca, ha tenido que destruir universos domésticos construidos. “Me ha costado mucho y ha sido triste”, indica a este periódico. Se refiere a que se ha visto obligada a pedir a una inquilina con la que han "mantenido una relación de 15 años” que deje la casa por la que “ha pagado puntualmente la renta” que acordaron porque la “necesitaba” para su hijo. “Trabaja y quiere emanciparse para vivir con su pareja, pero como los alquileres en esta ciudad están por las nubes y por menos de 900 a 1.500 euros no encuentras nada, hemos tenido que recurrir a esa casa familiar, pero con pena por la inquilina”, reitera. Habla apretando lo dientes y agrega que su hijo ha explorado la compra, “pero no puede dar la entrada que le han pedido los bancos”, sintetiza.

“Hay una inversión de fuera de la isla muy importante y un tercio de la vivienda está siendo comprado en muchos casos por fondos de inversión para especular y dedicarlo al negocio del alquiler turístico. Los demás estamos pagando las consecuencias”, concluye. El precio de la vivienda libre se encareció un 5,7% en el segundo trimestre de 2024, hasta los casi 1.896 euros por metro cuadrado, el importe más alto registrado desde el tercer trimestre de 2009, según la última información difundida por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La Comunidad de Madrid y Baleares se colocaron por encima de los 3.000 euros por metro cuadrado, que no se alcanzaron aún en otros enclaves del país. Números en los que quedan fagocitadas las ilusiones de muchos.

“Hemos sufrido mucho hasta llegar aquí”, confiesa Carme Arcarazo (Barcelona, 1996), portavoz del Sindicat de Llogateres de Catalunya. Ese aquí es el "no" a la toma en consideración de la proposición de ley sobre el alquiler temporal que se ha impuesto en el Congreso de los Diputados gracias a los votos en contra de los siete diputados de Junts, que se han sumado a los de PP y Vox; y pese al sí de Sumar, ERC, Bildu, BNG, Podemos, PSOE y PNV. Según ella, el esfuerzo prueba que el movimiento social se organiza para intentar alcanzar logros, pero no siempre se materializan. Ha sido un jarro de agua fría.

Ninguno quería de partida, pero se empeñaron. El origen del paso sindical hay que buscarlo en las negociaciones de la Ley por el Derecho a la Vivienda que fue aprobada por el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022 y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en mayo de 2024. Ya entonces los sindicatos de inquilinos alertaron de que “había un hueco enorme que se llamaba alquiler de temporada y el PSOE no quiso hacer nada en la norma. Se acabó incluyendo, in extremis, que se crearía un grupo de trabajo para regularlo”, explica Arcarazo. Un núcleo que “ha sido básicamente un fraude porque la patronal inmobiliaria estaba muy sobrerrepresentada y los plazos que se han manejado son muy largos”. En ese punto, las mencionadas organizaciones sindicales, que además están federadas tejiendo una red con tentáculos en distintos territorios del Estado, concluyeron que “no se podía esperar mucho de ese grupo” y optaron por “tomar las riendas de la situación”.

"Ha tenido que pasar más de un año para que llegue al Congreso una propuesta que han escrito los propios inquilinos, la gente que vive de alquiler, ante la inacción de los políticos”, anota la portavoz catalana. El proceso de armar la proposición de ley ha sido complejo, pero fecundo, pese a las "presiones" de "la patronal inmobiliaria". Confiaban en que los partidos mostraran "voluntad política" para respaldar su iniciativa, ya que "cada día que pasa se fuga oferta habitual al mercado basura de temporada”, proclama Arcarazo.

De hecho, los datos no parecen indicar que la tensión sobre la burbuja del arrendamiento vaya a evaporarse. Los temporales no paran de aumentar en un contexto en el que arrendar una vivienda es un 83% más caro que pagar una cuota hipotecaria, según se desprende de un estudio elaborado por el portal Idealista. Los elevados precios de los pisos constriñen vidas en un país en el que siete de cada 10 jóvenes con empleo no pueden emanciparse y el 83%, unos 6 millones, cohabita con sus padres, según se refleja en un informe del Consejo de la Juventud de España, relativos al segundo semestre de 2023.

“Ser inquilino no debería ser sinónimo de inestabilidad y de angustia constantes, pero lo cierto es que en España estamos viviendo en unas condiciones cada vez más lamentables”, reconoce Arcarazo. De ahí que la iniciativa parlamentaria de los sindicatos de inquilinas fuera "en la línea de que se justifique muy bien cuándo se hacen contratos temporales y de que no les puedan endosar los gastos de las inmobiliarias a los inquilinos”. A juicio de Arcarazo, los contratos de vivienda no habitual han de “tener también garantías”, por lo que la propuesta de los sindicatos, que "es muy quirúrgica", se enfocó a "resolver un problema de la Ley de Arrendamientos Urbanos que no se atajó: la falta de un marco regulatorio para el alquiler de temporada y el de habitaciones”, desliza. Los movimientos sociales que detectaron ese “vacío legal”, han llevado a cabo “una propuesta normativa muy técnica para que básicamente se considere vivienda, porque ahora no es así, y juegue con las mismas reglas que cualquier contrato de alquiler”, insiste su portavoz. 

Expresado de otro modo: “En la actualidad, el arrendamiento temporal y de habitaciones ofrece condiciones ventajosas para los que quieren especular, pone más fácil saltarse las obligaciones que tiene un casero”. A partir de ese diagnóstico, han pretendido que “no se propicie, a través de huecos legales, un tipo de contrato que es más inestable, más precario y más perjudicial para la gente que vive de alquiler”, sintetiza. 

Durante la jornada de este 17 de septiembre, algunos partidos habían dejado caer que había términos del texto que no compartían, pero, por ejemplo, el PNV expresó su "apoyo crítico". La portavoz de Vivienda del grupo vasco, Maribel Vaquero, no ocultó sus reticencias sobre algunos apartados como el de limitar a seis meses el alquiler de temporada. Y se suponía que Junts "se iba a abstener", así se lo trasladaron a los promotores de la proposición, según fuentes de estos.

Con todo, había dudas. “Todos recordamos lo que pasó con una propuesta que hizo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el Congreso hace unos años. Los partidos la dejaron tramitar, pero luego la destrozaron y al final no siguió adelante”. Alude a la proposición de ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada, que quedó en nada. Temían que la historia se volviera a repetir. “Necesitamos que se haga la votación", dado que “la crisis de la vivienda en España es gravísima, pero empeorará aún más y en poco tiempo, si esto no se hace con celeridad y bien hecho”, lanzaba la portavoz del sindicato en Catalunya, a la espera del recuento de votos.

Pero no pudo ser. "Junts nos ha dejado tirados y se ha convertido en el enemigo número uno de los inquilinos. Son unos mentirosos", lamentaba Arcarazo, constando que "se habían comprometido" con ellos a no hacer descarrilar la iniciativa.

Tienen claro el siguiente paso: tumbado el texto, los partidos los verán "en las calles". “Nos organizaremos ciudad a ciudad porque es un problema que afecta a todo el país, a todas las grandes capitales como Barcelona, Madrid, Sevilla, Donosti…; a las ciudades de estudiantes; a las turísticas como Baleares, que está infectado de esos contratos...”. “Habrá movilizaciones movilizaciones no sólo en Cataluña, en todo el Estado”, confirma con rotundidad. De momento, este martes no ha ganado el poder ciudadano, pero no dan por perdida la lucha.

“Trocear una vivienda para alquilar habitaciones se está convirtiendo en una práctica habitual para esquivar los derechos contenidos en la Ley Vivienda o la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y hacer contratos basura, sujetándolos al Código Civil o en la fórmula del alquiler de temporada”, avisan fuentes del ámbito jurídico. El fenómeno se ha bautizado ya con expresiones como “casas colmena” o “chabolismo vertical”. Según datos del portal inmobiliario Idealista, en el segundo trimestre de 2024 la oferta de alquiler de temporada se disparó un 55%, suponiendo ya el 13% del global, mientras el muestrario de habitaciones en pisos compartidos creció casi un 30% y las personas interesadas en cada una se elevaron un 15%. El precio medio nacional se ha colocado en los 400 euros al mes por habitación, que trepan hasta los 565 en Barcelona o a los 500 en ciudades como Palma de Mallorca o Madrid. 

Lo expuesto está contribuyendo a la espiral ascendente de precios en el mercado inmobiliario en general, pero no sólo. También a “burlar los escasos controles” existentes en el mismo, a reducir la oferta de alquiler residencial o a permitir “los anuncios de inmobiliarias que te cobran 10 euros o más sólo por visitar un inmueble”, anotan las fuentes consultadas. Y se explican: “La ley marca que en los casos de vivienda habitual, los gastos de intermediación inmobiliaria y de formalización del contrato correrán a cuenta del arrendador, del propietario. Pero en alquiler de temporada no hay normativa que regule eso y dependerá de un acuerdo entre las partes, con lo que no sería necesariamente ilegal cobrar por ver el piso, si el futuro inquilino está de acuerdo en abonar una determinada cantidad sólo por hacerlo”. 

Y no es lo único que cabe por el coladero en el que se ha convertido ese tipo de alquileres. “Como no tienen que respetar la LAU, se pueden saltar los plazos mínimos de arrendamiento de cinco o siete años —durante los cuales el precio de la renta no puede subirse más allá de la inflación—, y pueden poner los que quieran, incluso meses. Cada vez que pase ese tiempo, se puede rescindir el contrato o amenazar con ‘o te vas, o te subo el alquiler’. No se respetan los derechos de los inquilinos recogidos en la ley”, advierte Víctor Palomo, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Hay más: “En los contratos de temporada y alquiler de habitación hay libertad de pactos y te pueden hacer tragar con cláusulas abusivas como permitir que entren en la vivienda los caseros, limitar la estancia de cualquier otra persona, que esté prohibido fumar… Cláusulas que son muy intrusivas en la vida de los inquilinos”, sostiene Palomo. “En los de habitación pasan con mucho descaro”, apostilla, consciente además de que otras circunstancias, como tener niños o animales domésticos, están constituyendo en la actualidad en algunos casos una “barrera antes de firmar el contrato de alquiler”.

En ese dibujo de situación, los sindicatos de inquilinos de ámbito nacional han impulsado una proposición de ley para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos e intentar “poner fin al fraude de los alquileres temporales y de habitación”, que fue registrada en el Congreso por Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG y que se vota este martes 17 de septiembre. 

Con la iniciativa parlamentaria buscan que “a los alquileres de habitación se les aplique la misma ley que a la vivienda habitual, que no haya diferencias. Y para los de temporada, que sean contratos de seis meses, prorrogables por otros seis, si hay acuerdo entre las partes; y que el arrendador tenga que especificar la causa de la temporalidad, las circunstancias concretas que la justifican”. Si se pasan los seis meses o se encadenen más de dos contratos consecutivos, se entenderá como un arrendamiento de vivienda habitual y le serán de aplicación todos los preceptos previstos para dichos acuerdos contractuales.

“Nuestra propuesta”, aporta Palomo, “se basa en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que para poder optar a ese tipo de contrato se tiene que justificar por qué el arrendatario necesita cuatro meses de alquiler o los que sean, porque la mayoría de las personas no quiere una casa para dos meses”, proclama Palomo. Los motivos de alquileres temporales más comunes son laborales, por estudios, vacaciones u obras en el domicilio habitual, entre otros.

La medida legislativa ahora en el foco recoge que, en caso de no quedar debidamente acreditadas las características de la temporalidad, se presumirá que el contrato es de vivienda habitual, lo que supone introducir en la LAU una presunción general a favor de ese último, incluido "el arrendamiento de una habitación o estancia de la vivienda".

¿Y qué pasa con los estudiantes universitarios que necesitan piso por unos nueve meses? Desde los sindicatos de inquilinos defienden que sus contratos “han de ser de alquileres de vivienda habitual” para no tener que “pasar por el calvario de encontrar vivienda cada verano” cuando “la van a usar cuatro o cinco años”. “Y si sólo fueran nueve meses, abogamos por que pueda ser el inquilino, el estudiante, el que tenga la opción de desistir del contrato”, indican desde la órbita de estas organizaciones sociales. De hecho, la iniciativa parlamentaria fija que en los contratos temporales el arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento, una vez que haya transcurrido al menos un mes desde su formalización, comunicándolo al arrendador con diez días de antelación.

La regulación de los contratos temporales, como la de los turísticos, quedó excluida de la Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada hace más de un año, aunque se ha creado un grupo de trabajo en torno a ellos. Y el pasado julio, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, anunció que su departamento prepara un real decreto para obligar a justificar la causa de los alquileres temporales y a incluir esos inmuebles en una plataforma de registro único que Vivienda quiere crear, junto al Ministerio de Turismo, con la mirada puesta en el Reglamento 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se regula el intercambio de datos relativo al servicio de alquiler de alojamientos de corta duración, para entre otras cuestiones, combatir el fraude. Esta operará “en todo el país” e incluiría por primera vez a “pisos turísticos, temporales, habitaciones y embarcaciones flotantes”, según adelantaron a infolibre desde el ministerio. El objetivo es que cada inmueble tenga como “una matrícula” por la que se podrá saber qué tipo de vivienda es. Pero esa herramienta no se espera que esté operativa hasta finales de 2025.

Para Eduardo González de Molina, investigador de la University College of London, ambas líneas de actuación, el real decreto del Gobierno y la regulación que promueven las organizaciones sindicales, son compatibles. Cree que la plataforma “servirá para controlar” y para que los propietarios "carguen los contratos y la justificación de por qué son de temporada y no de alquiler de larga duración”. “Lo uno es una regulación y lo otro una manera de control y de inspección”, sintetiza.

Y respecto a la Proposición de Ley, confía en que el Congreso le dé vía libre porque el arrendamiento temporal es "el mayor agujero que tiene la Ley de Vivienda y es una forma de contratación basura, que se está haciendo a personas que van a vivir de manera permanente y que se quedan sin una protección mínima”, lamenta.

A juicio de González de Molina "hay una clara falta de regulación sobre qué es el contrato de temporada y con qué causas se justifica" que ha posibilitado que "muchos arrendadores y, sobre todo agencias inmobiliarias, hayan decidido optar por esa herramienta que precariza y genera ciudadanos de tercera, los inquilinos temporales". De ahí que, en esencia, le parezca "bien" el sentido de la propuesta legislativa, ya que "igualaría derechos", recalca. 

De momento, el PSOE se ha mostrado abierto a apoyar en el Pleno del Congreso la admisión a trámite de la proposición de ley, por lo que desde los sindicatos de inquilinas piden a PNV y a Junts, cuyos votos se han turnado cruciales, que no les “quiten el derecho al menos a que se debata, a que se pueda discutir”. "Esperamos que no se eche más leña al fuego del problema social de la vivienda que no para de agrandarse y podría convertirse en un polvorín”, deslizan. “Con que uno vote a favor y el otro se abstenga, nos vale”, resumen, a modo de ruego.

Es mediodía en la plaza de Anaya de Salamanca y un grupo de estudiantes aprovecha el sol de septiembre. Los universitarios han regresado esta semana a una capital de provincia que muta completamente con su llegada y su partida. Uxía Novoa es de Cangas do Morrazo (Vigo), Hugo Zafra es de Langreo (Asturias), Nayra Torres y Marina Redondo son de la ciudad. Los cuatro estudian tercero de Traducción e Interpretación en la universidad pública pero sus situaciones son muy diferentes. Con la subida incesante del precio de la vivienda, la economía familiar y el lugar de origen condicionan una de las elecciones más importantes de la vida de un joven: qué estudiar y dónde hacerlo.

A Uxía Novoa le habría encantado irse a Barcelona, tanto por la ciudad como por el prestigio de su carrera allí, pero nunca fue una posibilidad. “Las grandes ciudades a muchos estudiantes se nos pasan de precio. Conozco a gente que está allí compartiendo pisos que son zulos, a las afueras y con gastos insostenibles”, cuenta. Estudia japonés, así que sus opciones fuera de Madrid y Barcelona eran más limitadas. Y en Vigo, la universidad que le quedaba más cerca, la facultad “es muy pequeña y modesta, con poca oferta de idiomas”. En Salamanca ha podido estudiar lo que desea, aunque a casa, que le queda a casi seis horas de autobús, sólo va en vacaciones y tiene que trabajar en verano a pesar de contar con la ayuda de sus padres y de que hasta ahora tenía beca.

En Salamanca —destino estudiantil, Erasmus, iberoamericano y turístico— suben los precios de los alquileres y se complica encontrar un piso de estudiantes decente, pero sigue siendo una opción más asequible en comparación con otras ciudades de gran demanda universitaria. “Cuando hablo con amigos que se han ido a Madrid, me ven como si hablase de cosas baratísimas, porque allí hay habitaciones por el precio por el todavía puedes encontrar un piso aquí”, dice el cacereño Ilde Calvo, que estudia Física y se moviliza por el derecho a la vivienda en el Colectivo Estudiantil Alternativo. El precio medio de alquilar una habitación en la capital del Tormes es de 275 euros al mes, según el estudio Viviendas compartidas en España en 2024, publicado esta semana por el portal inmobiliario Fotocasa. Una cantidad cercana a lo que costaba de media en España este tipo de alquiler en 2015 (258 euros). Ahora la media nacional es de casi el doble: 488 euros al mes. Y por encima de esa cifra están las dos grandes ciudades con mayor oferta universitaria: Madrid (573 euros) y Barcelona (638 euros). 

Los expertos en el mercado inmobiliario destacan no sólo que los precios ascienden sin freno sino la gran velocidad a la que lo hacen: en apenas un año el coste medio del alquiler de una habitación ha subido un 9,8%. Los universitarios de distintos pueblos y ciudades consultados para este reportaje cuentan haberse mudado de piso, algunos incluso cada año, ante las subidas continuas de la renta. Los que consiguen algo bueno y estable intentan no perderlo. Esa rara suerte la ha tenido Iago Carril Hierro, de 24 años, que lleva en el mismo desde que llegó a Santiago de Compostela para estudiar Políticas. “El casero nos mantiene el precio de 550 euros sin gastos por tres habitaciones, son 183 cada uno, en el centro. No lo soltamos ni de broma hasta que acabemos de estudiar todos”, explica por teléfono desde ese pequeño milagro que les ha permitido una tranquilidad ya muy difícil de encontrar en la capital gallega.

A principios de julio, unas imágenes ya conocidas en Galicia saltaron a los medios nacionales: filas interminables de estudiantes a las puertas de las inmobiliarias porque conseguir un piso en Santiago no es sólo cada vez más caro sino realmente muy complejo. Los precios oscilan entre el mínimo que pagan Iago y sus compañeros y los 500 o 600 por una habitación que se equiparan con cifras de grandes capitales. La presión turística y la insuficiente oferta, con la particularidad del fenómeno peregrino, dificultan el acceso al alquiler no sólo de los estudiantes sino también de los trabajadores, a los que el mercado inmobiliario, como en otras ciudades, expulsa a las periferias. 

La Asamblea de Inquilinas de Salamanca, que nació hace un año, se esfuerza para que se hable no sólo de los estudiantes sino también de quienes tienen que vivir de manera permanente en la ciudad. “Salamanca es una especie de parque temático para estudiantes y turistas. Barrios que antes eran más obreros, como el del Oeste, ahora tienen sobre todo viviendas para estudiantes que alquilan por habitación o lo que llaman miniestudios (pisos partidos y remodelados para rentabilizarlos más) y a las que los caseros le sacan muchísimo más dinero”, considera Juanan, miembro de la organización. Además, se considera que los estudiantes son un pagador más seguro porque en su gran mayoría tienen el aval de los padres. A la Asamblea les llegan todo tipo de quejas, sobre todo de pisos sin mantenimiento, con problemas graves de instalación eléctrica o caldera. “Los propietarios se niegan a invertir, porque es una propiedad para sacar ganancia”, dice Juanan. “Percibimos que los propietarios y las inmobiliarias se sienten con la impunidad de hacer lo que quieran”, añade su compañero Fran Cabañas.

El Ministerio de Educación aumentó la cuantía de las becas de residencia el año pasado, de 1.600 a 2.500 euros, con el objetivo de “garantizar el derecho a la educación de estudiantes que residen en localidades pequeñas y en zonas rurales, que deben desplazarse para continuar sus estudios”. Cuando presentó la medida, la ministra Pilar Alegría cifró en unos 187.000 los alumnos en esta situación. Consultado por infoLibre, el Ministerio ha indicado no disponer de información sobre el número de estudiantes que se desplazan a estudiar, sólo de las becas concedidas, que en el último curso fueron 83.285. El número ha variado en los últimos años entre esa cifra y los 98.911, en función del número de solicitudes y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria. “La beca da para lo que da, está bien, subió con los precios, te cubre tus gastos de habitación un año en algunas ciudades, pero luego hay que comer, vivir, hay que pagar facturas”, comenta Iago Carril Hierro. Los 2.500 pueden cubrir 10 meses de una habitación de la decreciente franja barata en Salamanca o Santiago, pero no alcanzan ni para la mitad del curso en Madrid o Barcelona. 

En paralelo a los pisos, suben los precios de las residencias universitarias y los colegios mayores. “Si antes las había por 400 euros, ahora no bajan de 600 o incluso 800”, apunta Ilian Colino, que estudia tercero de Filosofía en Salamanca porque en Bilbao, que le quedaba más cerca de su Urretxu natal, los costes eran más altos (621 euros por habitación, según el informe de Fotocasa). La subida de la vivienda desvía el camino deseado de muchos estudiantes. Si no les da la nota para la pública en su ciudad, a veces les sale más económico ir a la privada que mudarse a otro lugar, una situación que se escucha a menudo en Salamanca. “Si no hubiera entrado en Traducción, me habría metido en Filología Inglesa para poder quedarme”, cuenta Marina Redondo. Su compañera Nayra Torres se siente agradecida por haber podido estudiar en su ciudad, porque incluso así depende de la beca y teme tener que hacer alguna segunda matrícula por su coste.

Los estudiantes entrevistados para este reportaje recuerdan que muchos de ellos tienen que trabajar en verano o durante el curso para poder estudiar, y que eso puede repercutir en su desempeño académico. Hugo Zafra está en un alojamiento a medio camino entre el piso y la residencia y paga 600 euros todo incluido. “Mi abuela cobra una pensión por mi abuelo minero que es un gran apoyo a la economía familiar y me permite estudiar aquí, si eso cambiara yo tendría que buscarme un trabajo”, dice. Él sí eligió Salamanca como opción prioritaria porque en Asturias no hay su carrera y le parecía la mejor opción en sus circunstancias. La pregunta siguiente es el después. Quienes han logrado salir a estudiar fuera gracias a que aún es medianamente asequible en lugares como Salamanca son conscientes de que no está todo hecho, una gran parte sabe que para encontrar trabajo en su campo deberá volver a mudarse y seguramente, esta vez sí, a las grandes ciudades donde el piso compartido ya no es un concepto asociado sólo a los estudiantes, sino que puede alargarse toda la treintena o más allá.