La exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar y la exdirectora de Comunicación del mismo Ejecutivo Isabel Gallego justificaron la contratación del conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, porque éste había trabajado anteriormente para los socialistas vascos, según consta en las declaraciones como imputadas de las dos altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre, a las que ha tenido acceso infoLibre.

"Yo necesitaba ese servicio, estuve mirando con más empresas y apareció este señor, y a mi me pareció que trabajaba bien. De hecho, me dijo que trabajaba para el Gobierno vasco, que hizo la estrategia a Patxi López, con el Partido Socialista de Valencia y con Ayuntamientos del PP en Valencia, y había mucha pluralidad [de clientes ya que trabajaba] con el Real Madrid, con Telecinco, con Sacyr y con OHL", aseguró el 31 de marzo pasado Isabel Gallego en su declaración como imputada tras ser preguntada por los contratos con la empresa Eico, de Alejandro de Pedro.

Patxi López, el más valorado

En el interrogatorio de Isabel Gallego, el juez Eloy Velasco se interesa también por su primera reunión con Alejandro de Pedro en la que éste, según la versión de la directora de Comunicación de Aguirre, aludió a Patxi López: "¿Le presentó un power point o se lo dijo de palabra?", le preguntó el magistrado, a lo que Gallego respondió: "Me lo dijo de palabra". "¿No le dejó un dossier para justificar que tenía tanta clientela?, le replicó Velasco, que obtuvo como respuesta: "No me acuerdo, pero yo sí pude comprobar, cuando me metí en Google para comprobar esos trabajos, que en ese momento el señor Paxi López era el político más valorado en las redes sociales y el que más se interconectaba con los ciudadanos, y vi que eso efectivamente era así. Me dejaría un dossier, pero yo no me acuerdo", completó Isabel Gallego.

En este sentido, en un escrito de 22 de abril de 2015, Isabel Gallego reclama al juez Velasco que confirme las credenciales de De Pedro en el campo del seguimiento y posicionamiento en internet con las empresas Sacyr y Mediaset España, así como con el Real Madrid Club de Fútbol y el Partido Socialista de Euskadi (PSE). 

Partido Socialista de Euskadi

Según consta en el sumario de la Operación Púnica, Eico se encargó de mejorar la reputación de decenas de cargos políticos, en su mayor parte del Partido Popular. "Todavía no he encontrado ningún contrato vinculado con el PSOE, pese a que Isabel Gallego dijo que le había llevado la reputación al Partido Socialista de Euskadi (PSE). Ya nos han contestado que no es cierto, que nunca Alejandro de Pedro había trabajado para el PSE", explica el propio juez Eloy Velasco, el instructor del caso en la Audiencia Nacional. infoLibre intentó este jueves, sin éxito, conocer la versión del PSE sobre los documentos enviados al juez.

Por su parte, la exconsejera de Educación Lucía Figar, al igual que Gallego imputada por su presunta implicación con la red Púnica, aludió el 26 de junio al ser interrogada por el juez Velasco al Ejecutivo vasco encabezado por Patxi López para justificar la contratación de Alejandro de Pedro. "Yo no sé lo que les ha negado el Partido Socialista de Euskadi o el Gobierno de Euskadi, sí que le puedo decir que la presentación inicial que él tiene, la gran carta de presentación que él hacía políticamente, era haber trabajado para el Gobierno vasco y para el lehendakari Patxi López y a mí me consta, porque he visto publicado que el Gobierno vasco, en esa época, tuvo contratos de escucha activa en internet. No sé si ese trabajo lo hizo él mismo, con otra empresa o con otros socios. Pero existe", respondió Figar.

"Trabajó para el Gobierno vasco"

Figar aportó durante el interrogatorio dos anuncios del Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) mediante los cuales el Ejecutivo vasco adjudica dos contratos de "escucha activa y consultoría de comunicación permanente en internet y en las redes sociales".

Al leer el juez los anuncios del Boletín vasco entregados por Figar, el instructor aseguró en ese momento: "Esta empresa no nos ha salido. ¿Yo pregunto por qué este señor consigue tantas adjudicaciones en Consejerías vinculadas a Gobiernos del Partido Popular....?". Figar responde: "No sé si lo habría hecho como trabajador, como socio o como otra empresa". Y añade: "Su gran carta de presentación no era ningún Ayuntamiento del PP, a mi lo que me expuso fue la tarea que había hecho para el Gobierno vasco y para el lehendakari Patxi López".

Los documentos que entregó Figar, y que están incorporados al sumario, se refieren a dos adjudicaciones del Gobierno vasco: el primer contrato se formalizó el 1 de octubre de 2010 con la empresa Colbenson SL, mientras que el segundo se firmó el 1 de junio de 2011 con la compañía To You Dot Cero SL. Aunque la exconsejera de Educación de Aguirre no lo explica en su declaración ante el juez, esta última empresa es la que conectaría a Alejandro de Pedro con personas vinculadas al Gobierno vasco de Patxi López.

La administradora y socia única de To You Dot Cero SL es Carmen Llop Mestre. En el año 2009, Mestre y el conseguidor de la Púnica (De Pedro) eran socios de una empresa denominada Open Minds – Open Ideas SL. Cada uno de ellos tenía un 2% del capital. Los accionistas mayoritarios eran otras dos empresas: Autoritas Consulting SA, que controlaba el 60% del capital, y Nuevas Soluciones Informáticas SL, que tenía el 36% restante. En aquella época el principal ejecutivo de estas dos sociedades era Xavier Llinares. La actual presidenta de Autoritas Consulting SA es, precisamente, Carmen Llop.

El rostro más conocido de Autoritas Consulting SA era, sin embargo, César Calderón. Conocido consultor político y militante socialista, Calderón colaboró con la campaña de Patxi López en las elecciones autonómicas de 2009, que lo convirtieron en lehendakari. Calderón tenía además un porcentaje minoritario –en torno a un 2%– del capital de Autoritas Consulting SA. A preguntas de infoLibre, Calderón indicó lo siguiente: “Es público y notorio que yo colaboré con la campaña de Patxi López… y Alejandro de Pedro no estaba allí. Creo que le he visto dos veces en mi vida. Y yo desconocía por completo la parte societaria de Open Minds”. En otras palabras: Calderón sostiene que no sabía que Autoritas Consulting SA y De Pedro eran accionistas de la misma empresa (Open Minds-Open Ideas SL).

"De Pedro fue socio, pero no trabajó en Euskadi"

Fuentes cercanas a la empresa Autoritas Consulting han asegurado a infoLibre que el conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, no tuvo ninguna relación con los contratos otorgados "tras un concurso público" por el Gobierno vasco a las empresas To You Dot Cero S.L. y Colbenson S.L.

Las mismas fuentes reconocen que Autoritas Consulting SA fue socia en 2009 y 2010 de Alejandro de Pedro en la firma de desarrollo de software libre Open Minds–Open Ideas SL. Además, explican que el acuerdo "duró apenas nueve meses" y que "no hubo ninguna actividad económica". Tras este periodo de tiempo, siempre según estas fuentes, la empresa se cerró por falta de actividad.

Además, en un informe realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 28 de mayo, los agentes vinculan de forma directa a la ssociedad Autoritas Consulting SA con Alejandro de Pedro: "Ahora también se conoce que habría empleado otras empresas, como Autoritas Consulting" para sus trabajos con los Ayuntamientos. Como por ejemplo en el municipio valenciano de Gandía.

Fuentes cercanas a esta empresa consideran que justo tras el cierre de Open Minds–Open Ideas SL Alejandro de Pedro creó sus propias sociedades, emulando de esta forma los trabajos de posicionamiento online online que se desarrollaban en Autoritas Consulting SA.

Se trata en concreto de Lares del Sur Sociedad Cooperativa Madrileña y de Altamira Sociedad Cooperativa, que según la Agencia Tributaria abonaron en total 4.281.677 euros a empresas que la investigación vincula con la red corrupta encabezada por el ex secretario general del PP madrileño, Francisco Granados. "Hay que conocer la razón de dicha facturación", adelanta el informe realizado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

El documento de Hacienda, al que ha tenido acceso infoLibre, analiza la facturación realizada entre 2001 y 2013 por el consorcio urbanístico Los Molinos-Buenavista, cuyos titulares eran la Comunidad de Madrid (60%) y el Ayuntamiento de Getafe (40%).

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe constituyeron el consorcio el 30 de noviembre de 2001, después de que fuera autorizada su creación y aprobados sus estatutos por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de MadridComunidad de Madrid, mediante un acuerdo adoptado el 18 de octubre de 2001, y por el Pleno del Ayuntamiento de Getafe el 19 de junio de 2001.

Consorcio Los Molinos-Buenavista

En el caso de Lares del Sur, Hacienda resalta que esta cooperativa paga al consorcio urbanístico Los Molinos-Buenavista un total de 9.191.066 euros por la adquisición de un terreno de 6.000 metros cuadrados. Y el informe pone de manifiesto que entre los autorizados en las cuentas de la cooperativa de viviendas entre 2006 y 2010 se encuentran Sara Sánchez Hervás y Ricardo López Ramón.

Estas dos personas, especifica el documento, reciben retribuciones de la empresa Área Iniciativas Inmobiliarias "por trabajo personal" entre 2006 y 2010, en el caso de Sara Sánchez Hervás, y entre 2006 y 2008 en el de Ricardo López Ramón.

Precisamente, la firma Área Iniciativas Inmobiliarias tiene como administrador único, a lo largo de los años, a otras empresas vinculadas al número dos de la red corrupta, David Marjaliza, número dosDavid Marjaliza, y otros implicados en la trama Púnica. En concreto, las sociedades Servicios Logistíticos Inmobiliarios, Ozery Gestión y Vancouver Gestión.

2,5 millones a Marjaliza

Asimismo, la Agencia Tributaria destaca que la cooperativa de viviendas Lares del Sur realiza entre 2007 y 2010 cuatro pagos por un valor total de 2.536.543 euros a la empresa Gestión y Técnicas de Ordenación Urbana, que a su vez estaría administrada por firmas vinculadas a Marjaliza, como por ejemplo es el caso de Devadai, Sauca Inversiones, Arauna Corporación y Consulting, Vancouver Gestión, Servicios Logísticos Inmobiliarios y Valparaíso Técnicas de Promoción.

Este es el motivo por el que el informe de Hacienda destaca la necesidad de conocer la razón de la facturación entre Lares del Sur y la empresa Gestión y Técnicas de Ordenación Urbana.

La segunda de las cooperativas que investiga la Agencia Tributaria es la mencionada Altamira Sociedad Cooperativa Madrileña. Y entre los autorizados en las cuentas de esta entidad entre 2006 y 2010 se encuentra directamente Marjaliza. 

Altamira pagó 8,8 millones

Al igual que en el caso de la cooperativa Lares del Sur, Altamira también abonó en 2007 al consorcio urbanístico de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Getafe 8.883.972 euros tras la venta de una parcela de 6.000 metros cuadrados en el municipio del sur de Madrid.

La cooperativa Altamira abonó a la firma Área Iniciativas Inmobiliarias, vinculada con Marjaliza, 1.745.133 euros en los años 2007 y 2008Marjaliza, especifica la Agencia Tributaria, que también se plantea determinar la razón de dicha facturación.

La cooperativa de viviendas Altamira está en concurso de acreedores, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 4 de marzo de 2015. 

Otras empresas de la trama

El informe de la Agencia Tributaria de noviembre de 2014 también apunta los nombres de otras empresas, vinculadas con Marjaliza, y que también habrían abonado cantidades millonarias al consorcio urbanístico de la Comunidad de Madrid y el Consistorio de Getafe.

Es el caso de Akira Inversiones, administrada por empresas de Marjaliza y cuya sede social coincide con la cooperativa Altamira, que pagó 5.716.878 euros al consorcio; Obrum Urbanismo y Construcciones (4.862.493 euros) y Obras y Vías (4.548.900 euros). "Si son operaciones de permuta habrá que conocer la valoración en dicho momento de los inmuebles permutados y respecto de los entregados por Akira Inversiones indagar cuándo y por cuánto los adquirió.

El documento de la Agencia Tributaria pone de manifiesto que entre los administradores del consorcio urbanístico Los Molinos-Buenavista aparecen cinco personas que reciben retribuciones "por trabajo personal" de la empresa pública de la Comunidad de Madrid Arpegio Área de Promoción Empresarial. Arpegio, que dependió de Granados durante su etapa de consejero de Presidencia madrileño, está siendo investigada en el seno de la trama Púnica por sus adjudicaciones a Marjaliza.

Educación, Familia y Sanidad

El informe sobre las dos cooperativas de viviendas de Getafe se une a las pesquisas iniciadas por el juez Velasco en diferentes áreas de la Comunidad de Madrid. En educación, el magistrado investiga a seis empresas que la Guardia Civil vincula con la trama Púnica porquese embolsaron más de 222 millones por la construcción de 13 colegios privados y concertados222 millones, según consta en un informe de la Agencia Tributaria.

Asimismo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga la adjudicación de contratos por parte de la Consejería de Familia madrileña, por un valor superior a los 56,3 millones, a la empresa Atención Social y Estancias Residenciales (Grupo Aser).

Entre los contratos sospechosos por su implicación en la Púnica se encuentran los realizados por el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), dependiente de la Consejería de Sanidad madrileña, que pagó en 2006, 2007 y 2009 un total de 10,7 millones a Obrum Urbanismo y Construcciones.

Este dato se conoce después de que este periódicoadelantara este martes que seis empresas que la Guardia Civil vincula con la trama Púnica se embolsaron entre 2001 y 2011 al menos 222,8 millones de euros por la construcción de 12 colegios concertados y uno totalmente privado, según consta en un informe de la Agencia Tributaria, que también especifica que la red se hizo con otros 19 millones mediante el cobro a las cooperativas de profesores que gestionan los colegios.

"Se da además la circunstancia de que a partir de la vinculación con David Marjaliza, la empresa Atención Social y Estancias Residenciales obtiene cuatro contratos con la Comunidad de Madrid", especifican los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe en el que analizan los negocios de la trama con los centros de mayores. Ante estas conclusiones, la Fiscalía Anticorrupción anuncia al juez Velasco su intención de revisar "las concesiones".

Todas estas cantidades se reflejan en un informe de 19 de mayo de 2014 de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción, que ha servido de base para que el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, impute a los propietarios del Grupo Aser, Elena Moreno Pascual y Juan José Amor Moreno, los delitos de cohecho y fraude. Tanto Elena Moreno Pascual como su hijo, Juan José Amor Moreno, se negaron a declarar ante el magistrado en marzo pasado, tal y como consta en las grabaciones a las que ha tenido acceso infoLibre.

Cuatro contratos de la Comunidad

El documento de Hacienda aporta los cuatro contratos. El primero de ellos, de noviembre de 2007, supuso un ingreso inicial para el Grupo Aser de 17.808.850 euros por la gestión del centro de personas mayores en el distrito madrileño de Villaverde. El 10 de noviembre de 2011, la firma implicada en Púnica obtuvo una prórroga de dos años por 2.458.170 euros. En esa fecha, la consejera de Familia y Asuntos Sociales era Gádor Ongil.

Los otros tres centros de mayores los adjudicó la consejera Engracia Hidalgo, ahora titular de la cartera de Economía y Hacienda del Ejecutivo de Cristina Cifuentes. El 29 de septiembre de 2008, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales otorgó al Grupo Aser la gestión de los centros de mayores de Puente de Vallecas (9.866.845 euros), Villa del Prado (8.333.021 euros) y Usera (11.663.058 euros). 

Al igual que en el caso del centro de mayores del distrito madrileño de Villaverde, en los otros tres la Comunidad de Madrid también prorrogó los contratos iniciales con un desembolso añadido de 6.643.647 euros. En total, los más de 56 millones de euros que se reflejan en el informe de Hacienda enviado al juez Eloy Velasco.

Una residencia en Valdemoro

Los agentes de la UCO se remontan al año 2006 para mostrar la vinculación entre Marjaliza y los propietarios de la empresa Atención Social y Estancias Residenciales. En ese año, el Ayuntamiento de Valdemoro, considerado el epicentro de la red corrupta dirigida por Francisco Granados, adjudicó a Obrum Urbanismo y Construcciones, empresa de Marjaliza, la edificación de un centro de mayores. Esta firma ingresó casi 20 millones de euros. La sociedad que gestionó el mencionado centro geriátrico se denomina Atención Social y Residencial Valdemoro. Y en la misma eran socios Marjaliza y Elena Moreno Pascual, del Grupo Aser.

Precisamente, un auto firmado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional el 27 de octubre de 2014 pone de manifiesto la importancia de la firma Atención Social y Estancias Residenciales (Grupo Aser) en la trama. El juez, accediendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, acordó el embargo de todos los bienes de la empresas de la trama, entre las que se encuentra la sociedad beneficiada por las adjudicaciones de la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de Esperanza Aguirre.

En la resolución, Velasco explica que la decisión de embargar los bienes se produce por considerar que los mismos proceden de un delito de blanqueo de capitales. Hacienda especifica que la empresa Atención Social y Estancias Residenciales consta como "contribuyente en proceso concursal".

Otros 10,7 millones de Sanidad

Pero, además de las Consejerías de Familia y Educación, el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, pagó en 2006, 2007 y 2009 un total de 10,7 millones de euros a la empresa Obrum Urbanismo y Construcciones, tal y como adelantó este diario.

infoLibre ha comprobado que en junio de 2014 la Comunidad abonó otros 1,3 millones a la constructora que pertenece a David Marjaliza, el principal socio de Granados. En total, la empresa habría percibido del Servicio Madrileño de Salud más de 12 millones de eurosmás de 12 millones de euros.

La Guardia Civil, en un informe de 8 de octubre de 2014 dirigido al juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, da cuenta del contenido de una conversación telefónica clave, que tuvo lugar el 23 de septiembre, y cuyos interlocutores fueron el cabecilla de la red corrupta, David Marjaliza, y el considerado testaferro Alfonso Ferrón del Río, quién intercambió mensajes con el hoy secretario de Estado: "Respecto a estos procedimientos públicos se han registrado nuevas llamadas con Alfonso Ferrón en las que abordan la situación de estos procedimientos de licitación. Respecto a un procedimiento análogo en Seseña, le comenta que tiene un mensaje del otro día del consejero (se deduce de una llamada anterior que sería Marcial Marín) en el que dice que tiene mucho interés en sacarlo y que le avisará cuando lo haga".

Por la importancia de esta conversación entre Marjaliza y Ferrón del Río, la Guardia Civil hace en el informe una transcripción literal de la misma, que es la siguiente: "Yo te llamo también por lo de Seseña, yo tengo un mensaje del otro día del consejero [...] que tiene tanto interés como yo en sacarlo, ehhh, y que bueno, que me avisará". La conversación prosigue: "Y es bastante amable, lo tienen que sacar porque es un concurso que tienen que sacar, pero yo lo que quisiera saber es cuándo lo van a sacar".

En la declaración como imputado de Ferrón del Río, el juez Velasco le interpela sobre el colegio de Seseña. Así, ante la pregunta de si estaba preparando con Marjaliza un concurso para un colegio en Seseña, el administrador de Alfedel contestó de forma afirmativa.

Y entonces el magistrado volvió a preguntar: "¿Y por qué de socio Marjaliza?". "No, no era socio, no era nada. Él me dijo que iban a sacar un colegio en Seseña que no se adjudicó", respondió Ferrón del Río. El juez interpeló de nuevo al imputado sobre si conocía de dónde sacaba Marjaliza esa información: "No lo sé, señoría".

Consejero de Cospedal

En las fechas señaladas, Marcial Marín, ahora secretario de Estado de Educación tras la salida de José Ignacio Wert, era consejero de Educación del Gobierno del PP de María Dolores de Cospedal. Y Alfonso Ferrón del Río, imputado en la Púnica, es el administrador de la empresa Alfedel, que representa a cooperativas de profesores. Alfedel obtuvo la adjudicación de una veintena de colegios concertados, la mayor parte de ellos en la Comunidad de Madrid. La Guardia Civil considera que Alfedel podría ser en realidad propiedad de Marjaliza.

Tal y como adelantó infoLibre, seis empresas vinculadas a Marjaliza obtuvieron ingresos superiores a los 222 millones de euros222 millones de euros por la construcción de 12 colegios concertados y uno totalmente privado. Además Alfedel se embolsó otros 19 millones de los propios cooperativistas.

Conversaciones entre dos imputados

Fuentes cercanas al secretario de Estado aseguraron a este diario que no hay "ninguna" actuación judicial que afecte a Marcial Marín en el sumario de la Operación Púnica. En relación a las charlas reflejadas en el informe de la Guardia Civil entre Marjaliza y Ferrón del Río, las mismas fuentes explicaron que se trata de "conversaciones entre dos imputados en el caso. En ningún momento consta ninguna conversación directa del señor Marín"señor Marín.

Por su parte, el administrador de Alfedel, Alfonso Ferrón del Río, ha reconocido a infoLibre el intercambio de mensajes con el entonces consejero de Educación de Castilla-La Mancha, aunque restó importancia al responder a la pregunta de si había recibido un mensaje de Marcial Marín : "Como a todos, se le enviaba el mensaje para preguntarle ¿cuándo va a salir? Y te contestaba: pronto, yo lo estoy deseando. Y esto lo escribía a todos los licitantes. De hecho, todavía estamos preguntando", respondió Ferrón del Río.

"Marín, de nombre no lo sé"

En la conversación con infoLibre el administrador de Alfedel, imputado en Púnica, identifica a la persona con la que intercambió mensajes: el consejero de Educación de Castilla-La Mancha: "Marín, de nombre no lo sé. No ha habido más".

Las fuentes cercanas al secretario de Estado explican, por su parte, que Marín fue consejero de Educación de Castilla-La Mancha durante cuatro años "y todas sus actuaciones se han enmarcado en la más estricta legalidad objetividad y transparencia".

Un ejemplo de ello, prosigue la citada fuente vinculada a Marcial Marín, es que, "a pesar de la creciente demanda de escolarización en Seseña durante el mandato de Marín como consejero de Educación, el concurso para la licitación de dicho colegio se declaró desierto al no cumplir ningún licitador los requisitos técnicos previstos en la convocatoria, que se llevó a cabo de acuerdo con el procedimiento legalmente previsto. A día de hoy, ese concierto está pendiente aún de adjudicación por la nueva administración educativa autonómica".

Aulas de 45 metros

Ferrón del Río da su versión de los hechos relacionados con el concurso del colegio de Seseña: "Nos presentamos cuatro. La diócesis toledana; otro ultrarreligioso, me parece que de los Legionarios de Cristo; otro también religioso y una cooperativa, encabezada por mí. Salió el concurso y quedó desierto". Y según el administrador de Alfedel el motivo de esta decisión se debió a una modificación puntual de la ratio de alumnos. "Se subieron las ratios a 30 niños por aula. Y todos nos presentamos con aulas de 40 metros para cumplir la ley, pero la modificación puntual de la ley, que fue temporal, hizo que se declarara desierto el concurso, porque las aulas tenían que tener un mínimo de 45 metros".

Las grabaciones de las conversaciones realizadas por la Guardia Civil aportan más datos sobre el centro educativo de Seseña. En concreto, el 30 de agosto del año pasado Alfonso Ferrón del Río le dice a Marjaliza que en Seseña "se retrasa el tema por que hay un informe de un inspector que dice que no se necesita escolarizar a niños, y David [Marjaliza] dice que será uno de los rojos, como siempreDavid [Marjaliza]".

En otra conversación, en la que participan los mismos interlocutores, Ferrón del Río le dice a Marjaliza, que le había preguntado por los temas pendientes: "La oposición más fuerte es la del alcalde, porque quiere meter a un religioso ultra. David [Marjaliza] le comenta que eso es porque no le ha tocado bien".

Comisiones Obreras y el PSOE reaccionaron este miércoles a las informaciones que viene desvelando por infoLibre sobre los negocios que hacían empresas vinculadas a la trama Púnica con la puesta en marcha de colegios privados concertados. En el sindicato denuncian el "escándalo" que suponen estas revelaciones y reitera su petición de una auditoría para esclarecer posibles actuaciones irregulares en la cesión de suelo a centros privados-concertados así como en las externalización en educación. Por su parte, los socialistas ven "asqueroso" y "vergonzoso" todo lo que se está conociendo sobre la red corrupta y reclamaron explicaciones al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como la dimisión de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre.

Este diario viene sacando a la luz informaciones recogidas en un informe de la Agencia Tributaria que prueban que seis empresas que la Guardia Civil vincula con la red se embolsaron entre 2001 y 2011 al menos 222,8 millones de euros por la construcción de 12 centros concertados y uno totalmente privado. Y también que la compañía que promovía los centros se hizo con otros 19 millones de euros mediante el cobro a las cooperativas de profesores que son las que, en última instancia, gestionan los colegios. La trama garantizaba a los docentes, según se deduce de la investigación, que los municipios liberarían suelo para los centros y que la Administración les daría el concierto.

En declaraciones a Cuatro, la secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red del PSOE, María González Veracruz, solicitó además "explicaciones" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, porque, dijo, "ha estado muy cerca de Granados, ahí en el corazón de la Púnica". González Veracruz recordó la otra red de corrupción Gürtel, que afecta al PP, para argumentar que el partido está "absolutamente podrido" y que "tendría que cambiar": "Cada día está más claro que está absolutamente metido en una trama de corrupción que no se merecen los españoles y que repercute negativamente sobre los gobiernos", destacó.

CCOO, por su parte, recuerda que de 2001 a 2011, periodo al que se refiere el Informe de la Agencia Tributaria analizado por este periódico, las cantidades destinadas a conciertos y subvenciones en la Comunidad de Madrid pasaron de 399,6 millones de euros a 913,7 millones. El incremento fue, por tanto, del 129%. El resto de los capítulos del presupuesto de Educación sólo tuvieron, en ese mismo periodo, un incremento del 53%, es decir, menos de la mitad del incremento de los conciertos.

El sindicato asegura, además, que las construcciones de colegios concertados se hicieron, en la mayoría de los casos, sobre suelo público que fue cedido gratuitamente a titulares de empresas privadas. "De esa manera, los Ayuntamientos se descapitalizaron, perdiendo importante patrimonio", subrayan. 

La puesta en marcha de colegios privados concertados sirvió a la trama Púnica para hacer negocios por una doble vía. Por un lado, seis empresas que la Guardia Civil vincula con la red se embolsaron entre 2001 y 2011 al menos 222,8 millones de euros por la construcción de 12 centros concertados y uno totalmente privado, tal y como adelantó infoLibre este martes. Por otro, según consta en un informe de la Agencia Tributaria al que ha tenido acceso este periódico, la compañía que promovía los centros se hizo con otros 19 millones de euros mediante el cobro a las cooperativas de profesores que son las que, en última instancia, gestionan los colegios. La trama garantizaba a los docentes, según se deduce de la investigación, que los municipios liberarían suelo para los centros y que la Administración les daría el concierto. 

Alfedel es el nombre de la empresa que promovió los veinte colegios que aparecen citados en el informe, de los que 19 son concertados, es decir, se sostienen con fondos públicos. El otro es totalmente privado. De los 20 centros, 12 fueron construidos por empresas vinculadas a la trama. En los otros, la Guardia Civil no ha encontrado por el momento vinculación entre la red corrupta y las compañías que los edificaron.

El administrador de Alfedel, Alfonso Ferrón del Río, está imputado en el caso y tanto la Guardia Civil como el juez instructor, Eloy Velasco, lo consideran "testaferro" de David Marjaliza, socio del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y uno de los principales cabecillas de la Púnica. Marjaliza es, a su vez, dueño de Obrum Urbanismo y Construcciones, la principal sociedad beneficiada con la edificación de colegios (ingresó 202 de los 222 millones cobrados por la trama por la construcción de los centros). Algunos de estos colegios están situados en la localidad de Valdemoro (Madrid) –considerada epicentro de la Púnica–, así como en otros ayuntamientos del área de influencia del exdirigente conservador. 

El informe, elaborado por la Unidad de Apoyo de Hacienda a la Fiscalía Anticorrupción y fechado el 25 de julio de 2014, recoge que de los citados veinte colegios sólo en uno, que coincide que no tiene licencia, no se han registrado pagos a Alfedel. De los otros 19 sí existen abonos a la compañía de Ferrón del Río por un valor total de 19.030.315 euros. Es decir, los cooperativistas tenían que pagar, de media, un millón de euros por colegio. Y lo hacían en contraprestación por supuestas labores de aseoría para la puesta en marcha del centro. Eso hacía que los cooperativistas iniciaran la actividad de colegio con deudas que, en algunos casos, han llegado a rozar el millón y medio de euros sólo por este concepto, tal y como ha podido confirmar este periódico.  

En su página web –ahora está borrada, pero algunos de sus contenidos están recogidos en el citado documento de la Agencia Tributaria–, Alfedel detallaba que entre sus funciones estaba la de "realizar todas las gestiones necesarias para la adquisición del terreno, la obtención de licencias municipales, la obtención de autorizaciones y la concesión de los conciertos educativos", así como la realización del proyecto de cada edificio.

Cooperativistas consultados por infoLibre aseguran que en las reuniones con ellos, el administrador de Alfedel "presumía de tener garantizado el concierto educativo". Según estas fuentes, atribuía esta capacidad a su "amistad y confianza con personas cercanas a Esperanza Aguirre". "De esa manera nos hacía ver lo importante que era al mismo tiempo que conseguía situarse en una posición de poder ante nosotros", añaden. Ferrón del Río, en conversación con este diario, niega que él diera por hecho en las reuniones con los cooperativistas que iba a conseguir los conciertos por sus buenas relaciones con el entorno de la expresidenta Aguirre. "Eso es mentira, eso es falso", subraya. 

Los pagos, tal y como consta en la documentación analizada por este diario, no se hacían de una vez. En algunos casos llegaron a extenderse a lo largo de seis años, aunque lo habitual es que la deuda con Alfedel se zanjara en dos ejercicios. No obstante, a preguntas de este periódico, Ferrón del Río aseguró no poder contestar con exactitud a la pregunta de cómo se hacían los pagos. "No se pagaba en tres años, yo creo que de una vez, pero no lo sé, tampoco puedo contestar", señaló.

Asimismo, Ferrón del Río señaló que él reclamaba a los cooperativistas el 7% de la inversión inicial aunque asegura que no ha cobrado "de la mayoría de los colegios". "Mi deuda es subordinada, cobraré dentro de 15 años, aunque yo ya sé que lo tengo perdido. Lo que yo cobro queda para cuando haya beneficios", señala. "No hay que olvidar que en el Colegio Villamadrid, que nadie quería hacer un colegio en la Colonia Marconi, nadie me daba un crédito y avalé hasta con los dientes un crédito de tres millones de euros. Realmente di el crédito para comenzar la obra, y todavía continúo de avalista", añade.

La realidad es que, según los datos de Hacienda, Alfedel ingresó más de 19 millones de euros procedentes de las cooperativas.

Una mordida de 1,14 millones 

¿Y cuál era la relación entre Ferrón del Río y la trama Púnica? La investigación judicial debe aclarar si el administrador de Alfedel era realmente un testaferro de Marjaliza. Pero de lo que no hay duda es de que, por cada colegio puesto en marcha, Marjaliza se llevaba una comisión de 1,14 millones de euros. Al menos desde 2007.

Entre los documentos presentes en la investigación de la trama Púnica está un contrato [consultar aquí en PDF] firmado dicho año, al que ha tenido acceso infoLibre, que viene a legalizar ese cobro de las mordidas por parte de Marjaliza, el socio del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados. En virtud de ese contrato, el presidente de Alfedel –a través de su sociedad cooperativa Magerit– acuerda con Marjaliza –que participa con su empresa Servicios Logísticos– que "le gestione la adquisición de suelo en la Comunidad de Madrid con el fin de construir un centro escolar".

El contrato estipula que en el caso de que se adjudicara a Magerit la parcela apta para la construcción del centro "se considerarán finalizados los servicios contratados" a la compañía de Marjaliza, recibiendo esta unos honorarios de 990.000 euros, a los que se añadía el IVA para sumar en total 1.148.400 euros. La comisión pactada, según recoge el contrato, se abonaría en dos plazos y mediante "un talón nominativo". 

Es decir, que por "buscar" el suelo para cada colegio Marjaliza ingresaba una comisión de casi un millón de euros.

Entre los documentos que están siendo analizados por el juez Velasco constan también sendos informes tanto de la Guardia Civil como de la Fiscalía Anticorrupción que ponen negro sobre blanco el papel que Granados y Marjaliza jugaban en la trama en relación al negocio creado en torno a la construcción de colegios concertados. Así, en un escrito de la Fiscalía Anticorrupción que tiene fecha del 24 de octubre de 2014, se detalla que Marjaliza "con el transcurso de los años ha ido ampliando su complejo entramado de sociedades", unas compañías que ha utilizado "para poder rentabilizar los contactos e influencias públicas y políticas en sectores diversos como el de los colegios".

La Fiscalía, en otro escrito, en este caso del 29 de enero de 2015, señala que Marjaliza "a raíz de la crisis del negocio inmobiliario se introdujo en otros sectores donde siguió utilizando sus influencias". Y la principal influencia política que tenía era su amigo y socio Granados. 

No obstante, la Guardia Civil advierte –en este caso en un escrito fechado el 22 de abril de 2015– que en el caso de los colegios de Alfedel "pese a que ya se han iniciado ciertas indagaciones no ha sido posible todavía ni siquiera comenzar el análisis", circunstancia que atribuyen a "la amplitud de la investigación y la limitación de medios". Por tanto, la cuestiones reveladas hasta el momento pueden ser sólo el principio. 

Denuncia de CCOO

Las revelaciones de infoLibre sobre los ingresos de la trama, gracias a la puesta en marcha de los colegios concertados han generado malestar en la comunidad educativa. La Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid denuncia el "escándalo" que suponen estos ingresos, referidos exclusivamente a construcciones de colegios concertados y privados. Así, aseguran que para poner las cifras en contexto es importante ver la evolución de las cantidades destinadas a conciertos y subvenciones en la Comunidad de Madrid, que pasaron  de 399,6 millones de euros en 2001 a 913,6 millones en 2011. El incremento es, por tanto, del 129%. En el mismo período –según cifras aportadas por el sindicato– el resto de los capítulos del presupuesto de Educación sólo tuvieron un incremento del 53%.

El sindicato ha solicitado personarse en la causa que investiga el juez Eloy Velasco. Su secretaria general, Isabel Galvín, asegura que CCOO seguirá "hasta el final para exigir responsabilidades y que el dinero se recupere para la educación madrileña". 

Se trata, en concreto, de las siguientes sociedades: Obrum Urbanismo y Construcciones; Dirección de Técnicas y Consulting de Obras; Valparaíso; Servicios Logísticos Inmobiliarios; Atalia Grupo Patrimonial y Vancouver Gestión, que según los informes de la Guardia Civil y la Agencia Tributaría están vinculadas a uno de los principales cabecillas de la trama, David MarjalizaDavid Marjaliza, y al socio de éste José Luis Capita Gallardo.   

El documento, elaborado por la Unidad de Apoyo de Hacienda a la Fiscalía Anticorrupción el 25 de julio de 2014, eleva la sospecha a un total de veinte centros educativos promovidos por la empresa Alfedel, que abonó más de 325 millones de euros en todos sus negocios. El administrador de Alfedel, Alfonso Ferrón del Río, está imputado en Púnica.

"¿Y usted qué hacía?"

En su declaración como imputado ante el juez Eloy Velasco, que se desarrolló el pasado 26 de febrero en la Audiencia Nacional en Madrid, Ferrón negó ser un hombre de paja de Marjaliza: "¿Todo lo hacían las empresas? ¿Y usted que hacía? ¿Usted no es un testaferro de Marjaliza?", le interpeló el magistrado: "No", contestó Ferrón, quien más tarde reconoció que dos de las cuatro constructoras que edificaron los cuatro colegios concertados que ha promovido la cooperativa Alfedel en Valdemoro (Madrid) están vinculados con Marjaliza.

infoLibre se ha puesto en contacto con el propio Ferrón del Río, que aseguró no tener "ni idea" sobre el beneficio que ha tenido Marjaliza con los colegios promovidos por su cooperativa de colegios privados.

Valdemoro es un municipio madrileño del sur de Madrid considerado el epicentro de la trama Púnicatrama Púnica. El presunto cerebro, Francisco Granados, fue alcalde del Ayuntamiento de esta localidad, para posteriormente llegar a ser secretario general del PP madrileño y consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid gobernada por Esperanza Aguirre.

"Un subordinado"

El magistrado Velasco trata de profundizar durante el interrogatorio a Ferrón en el papel que pudo desempeñar Marjaliza en la cooperativa Alfedel: "¿Por qué tiene tantas llamadas de David Marjaliza por el tema de los colegios que se están licitando, así como los que ya está gestionando Alfedel. ¿Por qué se dan cuenta? Eso no es asesoría, eso es darse cuenta, es muy distinto asesorar de contar.¿Por qué tiene tantas llamadas y usted parece un subordinado de Marjaliza, y por lo tanto un testaferro?", argumenta Velasco. "No", vuelve a responder Ferrón del Río, ante lo que Velasco continúa preguntando: ¿Por qué da esa impresión cuando oye uno las escuchas?".

Pero el administrador de Alfedel le interrumpe: "No tengo tantas llamadas de Marjaliza...". Y el magistrado prosigue: "Para mí el negocio no es de usted, es de él". Y Ferrón del Río trata de defenderse: "No es así señoría, no. También he hecho un colegio en Palma de Mallorca, y no tiene nada que ver David, y también he hecho un colegio en Murcia, y tampoco tiene nada que ver David Marjaliza".

¿Es usted testaferro de Marjaliza?

En el interrogatorio del responsable de Alfedel el juez Velasco vuelve a interesarse por la vinculación de Marjaliza con los colegios que gestiona la cooperativa: "Nada, excepto el contrato de servicios, es decir asesoramiento". Y entonces el magistrado vuelve a preguntar a Ferrón del Río sobre su vinculación con el detenido: "¿Es usted testaferro de Marjaliza y en realidad las empresas son de él, y usted es el que figura?". "No", volvió a declarar el imputado.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destaca, además, que Alfedel ha tenido concesiones de colegios en múltiples municipios de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Valdemoro, Pinto, Villanueva de la Cañada, Arganda del Rey, Torrejón de Velasco, Majadahonda y Sevilla La Nueva. Asimismo, aparece Cartagena (Murcia), un municipio también vinculado con la red corrupta dirigida por Granados.

Obrum, 202 millones

Entre las seis sociedades beneficiadas por la edificación de los colegios privados destaca Obrum Urbanismo y Construcciones, de David Marjaliza. Precisamente, los funcionarios de la Agencia Tributaria consideran que los mayores beneficios por la puesta en marcha de los colegios tienen su origen en la edificación de los centros educativos.

Solo la constructora Obrum de Marjaliza, siempre según el documento de Hacienda, habría ingresado más de 202 millones de euros en 12 centros educativos. En el resto de empresas agraciadas, en concreto Dirección de Técnicas y Consulting de Obras, Servicios Logísticos Inmobiliarios, Valparaíso Técnicas de Promoción, Atalia Grupo Patrimonial y Vancouver Gestión, también aparece Marjaliza como administrador o socio.

Las conclusiones del mencionado informe de Hacienda indican que cuando la posible constructora del centro educativo es Obrum Urbanismo y Construcciones, "aparecen simultáneamente, salvo en un caso, pagos o bien a entidades posiblemente emisoras de facturas falsas, como Ademo Asesoría Integral, Constructora Reprocom y Constructora Larsson Madrid 2004".

17 centros en Madrid

En otros casos emergen sociedades de Marjaliza. Además, la Agencia Tributaria considera necesario analizar el motivo por el que Avintia Infraestructuras, la matriz de una de las empresas que construyó otro de los colegios de Alfedel, en concreto Nobelis en Valdemoro, abonó en 2010 un total 232.000 euros a la firma de Marjaliza Servicios Logísticos Inmobiliarios.

En el reparto geográfico de los 20 colegios bajo sospecha por su vinculación con la red Púnica destaca la Comunidad de Madrid, con 17 centros educativosComunidad de Madrid. Alfedel también promovió tres centros educativos en la Región de Murcia, Castilla-La Mancha e Illes Balears.

Precisamente, el colegio promovido por Alfedel en Yebes (Guadalajara) llamó la atención de los funcionarios de Hacienda, ya que pese a no haber entrado en funcionamiento la cooperativa llegó a abonar más de 21 millones a Obrum y otras empresas de Marjaliza. La empresa se denomina Milenia, y está detrás de la construcción del colegio Luz de Yebes. El Ayuntamiento otorgó una concesión de 50 años a la cooperativa para construir y gestionar el centro: "Pero tal concierto nunca se obtuvo de la Junta de Castilla-La Mancha, lo cual ha abocado a la cooperativa a entrar en un procedimiento concursal, cuestionándose la regularidad de tal concesión", indica el informe de Hacienda.

Colegio Malvar, 29,3 millones

En cuanto a los ingresos de las empresas de Púnica, destaca el caso del Colegio Malvar, de Arganda del Rey, en el que Obrum Urbanismo y Servicios Logísticos Inmobiliarios obtuvieron 29,3 millones. El inmueble en el que está ubicado el centro escolar tuvo como titular catastral hasta 2005 al Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid).

Le siguen en volumen de negocio el Colegio Litterator, en Aranjuez (Madrid), por cuya construcción los integrantes de la trama se embolsaron 22,3 millones; Hélade (Boadilla del Monte) 22,2 millones; Colegio Arula (Valdeolmos) 20,2 millones; Colegio Valle del Miro (Valdemoro) 20,1 millones;  Helicon (Valdemoro) 16,3 millones; y Colegio Caude (Majadahonda) 13,7 millones.

En el interrogatorio del juez Eloy Velasco al administrador de Alfedel, el magistrado interpeló a Ferrón del Río sobre si conocía a Gonzalo Cubas Navarro, exalcalde del PP de Torrejon de Velasco (Madrid), municipio en el que la cooperativa gestiona el Colegio El Catón: "¿Lo amañó este señor?, ¿le dió información privilegiada?". Estas preguntas también tuvieron una respuesta negativa. Según la Agencia Tributaria, las empresas de la trama se embolsaron con la puesta en marcha de este colegio un total de 15,9 millones.

Convoca la Comunidad de Madrid

En todos los casos, los terrenos en los que se construyeron los centros educativos han sido transmitidos por los Ayuntamientos a la Comunidad de Madrid, que es la que convoca finalmente el concurso. 

Precisamente, el interrogatorio del juez Velasco al administrador de Alfedel se centra en la presencia de la cooperativa en 13 municipios de la Comunidad de Madrid: "¿Y por qué tiene en Valdemoro cuatro colegios? Puedo pensar que es gracias a la labor de Marjaliza, que le utiliza a usted como testaferro... ¿es así?": "No", contesta de nuevo Ferrón del Río, que recuerda que gestiona unos 20 colegios en la Comunidad de Madrid, que salen por concurso público en los ayuntamientos.

Ferrón del Río ha asegurado a infoLibre que tras su comparecencia como imputado el juez Velasco no estableció medidas cautelares contra él, lo que probaría, según su versión, que el magistrado considera creíble que no es testaferro de Marjaliza. Asimismo, el gestor de la cooperativa explicó a este diario que ahora mismo "Alfedel no tiene actividad" al margen de los concursos que ganó en el pasado.

El director del banco Société Générale en España y Portugal, Donato González-Sánchez, recurrió a Francisco Granados, considerado el cerebro de la trama Púnica, para transmitir "información" al ministro de Economía Luis de Guindos, según consta en el sumario del caso que instruye en la Audiencia Nacional el juez Eloy Velasco. Granados volvió a trabajar en este banco en 2014 al abandonar la política, tras conocerse que era propietario de una cuenta en Suiza.

El 2 de octubre de 2014, el que fuera secretario general del PP madrileño con Esperanza Aguirre de presidenta llama a Donato González-Sánchez. Y, según la transcripción de la conversación realizada por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el director general en España de la entidad financiera francesa le indica que tiene "cierta información que quiere que se la diga al ministro" Luis de Guindos.

"Donato, muy misterioso"

En una llamada posterior, Granados informa a una mujer de que le había llamado "Donato, muy misterioso, para que mañana a las 11:00 vaya a verle a Torre Picasso, para contarle algo de lo que le hable al ministro", especifica el sumario, transcrito por los agentes de la UCO.

Torre Picasso es la denominación que se da a un edificio aledaño al Paseo de la Castellana, en Madrid. Y en el mismo se encuentra la sede de Société Générale en España. 

El ministro de Economía, Luis de Guindos, aparece en varios momentos del sumario de la Púnica, siempre en relación con conversaciones de Granados. Como informó en su día infoLibre, en una de esas conversaciones De Guindos le facilitó al exdirigente del PP un contacto en el ministerio para que hablase con él sobre la privatización de AENA. Después de que trascendiese esta noticia, De Guindos aseguró que la conversación que mantuvo con Granados no se tradujo en alguna decisión del Ministerio de Economía que "pudiera considerarse incorrecta". 

"Son asuntos judicializados"

infoLibre se puso en contacto con una portavoz del ministerio para preguntar si finalmente Granados transmitió el "misterioso" mensaje del director general de Société Générale en España. Además, este periódico preguntó a dicha portavoz si este tipo de intermediación se había producido en otras ocasiones y se interesó por las posibles relaciones comerciales entre el banco francés y el Ministerio de Economía. La respuesta de la portavoz del Ministerio sobre estas preguntas fue la siguiente: "Son asuntos judicializados y es el juez quien tiene que decidir qué es y qué no es relevante”.

El 1 de octubre de 2014, justo un día antes de la llamada de Granados a Donato González-Sánchez, el exdirigente del PP recibe otra llamada. La UCO identifica a su interlocutor como Ignacio Palacios: "Francisco le cuenta la comida con el de Martinsa y le dice que tienen casi firmado el concurso de acreedores y que van a formar una nueva sociedad con capital bastante en 7 u 8 países y que le gustaría que él fuera el director general de la misma".

Y fue entonces, según la transcripción a la que ha tenido acceso infoLibre, cuando Granados le desvela a su interlocutor su intención de hablar con De Guindos sobre el temaDe Guindos , ya que la mayor deuda de la promotora inmobiliaria es con la Sareb o banco malo: "Y como el presidente es Luis de Guindos, quería ver si podía hablar con él".

"De Guindos no es presidente de la Sareb"

Este periódico interpeló también a la portavoz del ministro sobre este extremo: si el ministro llegó a hablar con Granados sobre la Sareb y Martinsa, tal y como comenta el ex secretario general del PP madrileño. Una portavoz de Economía aseguró: "El ministro de Economía no es presidente de la Sareb, como es fácilmente comprobable".

En realidad, el presidente es Jaime Echegoyen. La Sareb es propiedad en un 45% del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que es un organismo que depende del Ministerio de Economía. Por tanto, todo apunta a que Granados se refería a De Guindos como "presidente de la Sareb" en sentido coloquial, ya que su ministerio es el principal accionista del banco malo a través del FROB.

En relación a Martinsa, la portavoz del ministro explicó: "Al final Martinsa entró en liquidación, por lo que es evidente que De Guindos no hizo ninguna gestión en ningún sentido".

infoLibre también se puso en contacto con Fernando Martín, el propietario de Martinsa, que negó haber mantenido ninguna reunión con Granados. Además, aseguró que no le había realizado ningún ofrecimiento para trabajar en el grupo inmobiliario.

Aguirre, que preside el PP madrileño desde el 27 de noviembre de 2004, fue preguntada por una periodista, que dirigiéndose a la expresidenta madrileña le indicó que Adrián de Pedro, el hermano del conseguidor de la red corrupta, "sí reconoce en su declaración que hizo muchos trabajos para el Gobierno de Ignacio González, para el de usted también y para el PP de Madrid".

En ese momento Aguirre interrumpió a la informadora para decir: "Para el mío, desde luego ninguno y para el PP de Madrid, cero. Así que a otra cosa mariposa". infoLibre publicó este martes los documentos que prueban que Aguirre mintió,Aguirre ya que el PP que ella preside sí había abonado en junio de 2011 un total de 40.120 euros a Eico Reputación Management, la empresa propiedad de De Pedro.

La grabación de la declaración como imputada de la ex directora general de Medios de la Comunidad de Madrid, Isabel Gallego, prueba además que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre al frente, sí recurrió a los servicios de la ya mencionada empresa Eico Reputación Management. Por tanto, la máxima responsable del PP madrileño también faltó a la verdad en este caso.

Los trabajos de Eico con la Comunidad de Madrid se llevaron a cabo en 2012, en concreto entre los meses de abril y septiembre, tal y como especifica una de las fiscales de Anticorrupción a lo largo del interrogatorio a Isabel Gallego, persona de la máxima confianza de Aguirre y que fue la jefa de su campaña como candidata al Ayuntamiento de Madrid. Aguirre dejó el 17 de septiembre de 2012 el Ejecutivo madrileño en manos de su entonces número dos, Ignacio González.

13.477 euros entre abril y septiembre

"Esta es la memoria explicativa del año 2012", indica la fiscal, que pasa a leer el documento: "Se hace constar que se remite documento contable Adok [que en la jerga de la Administración significa que el contrato ya ha superado todos los hitos para que se produzca el pago de manera efectiva] por importe de 13.477 euros correspondientes a los gastos generados por los clippings [resúmenes de prensa] y posicionamientos [en los meses de] abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2012. Habida cuenta de lo anteriormente expuesto se tramita el gasto correspondiente y que asciende a un importe de 13.477 euros. Se lo voy a pasar para que lo vea", indica la responsable de Anticorrupción, que en ese momento es interrumpida por el juez que instruye el caso. Eloy Velasco trata, sin éxito, que Gallego le aclare si los trabajos trataban de mejorar la imagen o "posicionamiento" de Aguirre y de Ignacio González.

La fiscal retoma justo después de mostrarle el contrato a Isabel Gallego, a la que pregunta si reconoce su firma en los contratos de los años 2012, 2013 y 2014: "Esta es la del año 2012, que debe ser su firma....", le interpela la representante del Ministerio Público, que obtiene una escueta pero elocuente respuesta de la imputada, una persona de la máxima confianza de Esperanza Aguirre: "Sí".

El interrogatorio de la segunda fiscal a Isabel Gallego también alude a los trabajos realizados por la empresa Eico Reputación Management, de Alejandro de Pedro, con el Gobierno de Esperanza Aguirre. "Me llama la atención que en el 2012 la memoria explicativa que usted firma, y se la ha enseñado mi colega, es de noviembre de 2012, pero las facturas son de abril de 2012. ¿Usted estuvo pagando y contratando y recibiendo trabajos del señor De Pedro cuando realmente usted definió el objeto del contrato en noviembre y a finales de 2012?", le preguntó la segunda fiscal, que solo obtuvo la contestación: "No lo sé... Estos temas son muy farragosos y no los entiendo...".

infoLibre adelantó que entre los trabajos que realizó la empresa Eico se encontraba el posicionamiento de Esperanza Aguirreposicionamiento de Esperanza Aguirre. En concreto, este diario hizo público el informe remitido por la firma de Alejandro de Pedro a la Comunidad de Madrid por los trabajos realizados en septiembre de 2012, mes en el que Aguirre fue durante 17 días presidenta de la Comunidad hasta su dimisión.

"Señora, usted cierra el círculo"

La fiscal prosiguió con sus preguntas: "Pero señora... todos somos de letras aquí, pero cuando hemos visto el Adok, que usted propone el trabajo, hemos visto que en la casilla pone: propuesta Isabel Gallego, al lado Interventor, y aprobación de la propuesta, en una secuencia de 24 horas, la aprobación vuelve a ser la señora Gallego. O sea, usted cierra el círculo", explica la integrante de la Fiscalía Anticorrupción.

Por otra parte, este diario ha descubierto entre la contabilidad oficial del PP remitida a la Audiencia Nacional con motivo de los casos Gürtel y Bárcenas un segundo pago realizado por el Partido Popular de Aguirre en 2011Aguirre . Precisamente este martes el PP de la Comunidad madrileña se vio obligado a reconocer que este partido había abonado en 2011 más de 40.000 euros.

La contabilidad del PP muestra que el Grupo Parlamentario Popular abonó el 8 de junio de 2011, cuando Aguirre estaba al frente del mencionado Grupo, otros 4.206 eurosAguirre a Eico Reputación Management, de Alejandro de Pedro.

En definitiva, mientras Aguirre compatibilizó la Presidencia de la Comunidad y la del PP de Madrid, se produjeron los siguientes pagos a Eico, empresa del conseguidor de la Púnica: 40.120 euros en 2011 por parte del PP de Madrid; 4.206 euros en 2011 por parte del Grupo Popular en la Asamblea, y 13.477 euros en 2012 por parte del Gobierno autonómico. En total, 57.803 euros.

Los gobiernos de Ignacio González

A su vez, el sumario de la Operación Púnica, al que ha tenido acceso este periódico, muestra otros pagos que se formalizaron ya con Ignacio González de presidente de la Comunidad de Madrid. El primero de ellos fue en 2013 por 21.765 euros, y de él se benefició también Eico. Este abono aumentó hasta los 39.915 euros en 2014.

La otra empresa de Alejandro de Pedro que también se benefició de los pagos de la Comunidad de Madrid fue Madiva, la editorial de periódicos fantasmausada por los imputados para tratar de mejorar el posicionamiento en internet de sus clientes. Madiva obtuvo 21.778 euros de este contrato de 2013 y otros 14.519 euros en 2014.

En total, los Gobiernos de González abonaron a las dos empresas del conseguidor de la Púnica otros 97.977 euros.

La líder del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, mintió cuando este viernes aseguró que las empresas del conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, no había realizado ningún trabajo para el partido que preside. Así lo prueba la contabilidad oficial del PP de Madrid, a la que ha tenido acceso infoLibre. La empresa Eico Reputación Management, de Alejandro de Pedro, facturó 40.120 euros en 2011 a la formación.

Esperanza Aguirre, que preside el PP madrileño desde el 27 de noviembre de 2004, fue interpelada el pasado viernes 7 de agosto por una periodista, que dirigiéndose a la expresidenta madrileña le indicó que Adrián de Pedro, el hermano del conseguidor de la red corrupta, "sí reconoce en su declaración que hizo muchos trabajos para el Gobierno de Ignacio González, para el de usted también y para el Partido Popular de Madrid".

Y en ese momento Aguirre interrumpe a la informadora, para asegurar: "Para el mío, desde luego ninguno, y para el PP de Madrid, cero. Así que a otra cosa mariposa".

40.120 euros desde el Banco Popular

Pero la contabilidad oficial del Partido Popular, enviada en su día al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional con motivo de los casos Bárcenas y Gürtel, demuestra que elPP madrileño abonó el 21 de junio de 2011 a la empresa Eico Reputación Management un total de 40.120 euros.

El extracto bancario especifica que la transferencia se realiza desde la cuenta del partido en el Banco Popular, y con motivo de las elecciones autonómicas de 2011.

De Pedro reconoció el cobro

El propio Alejandro de Pedro reconoció al juez que instruye en la Audiencia Nacional la Operación Púnica, Eloy Velasco, que en 2011 había percibido del PP de Esperanza Aguirre "40.000 euros por siete meses de trabajo" para la campaña electoral de 2011.

Y Adrián de Pedro, el hermano del conseguidor de la Púnica, aportó en su testimonio más datos sobre los trabajos realizados por su empresa Eico –cuyo nombre viene Estrategia de Identidad y Comunicación Online– para el PP madrileño: "En 2010 o 2011, cuando Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad, Francisco Granados era vicepresidente creo [en realidad había sido consejero de Presidencia]. Ahí trabajábamos con todo el equipo, cosas que nos pedían de Esperanza Aguirre, de Francisco Granados y del PP de Madrid sobre cambios técnicos. Estuvimos varios meses, y no supe más de Francisco Granados hasta que trabajamos para su mujer", declaró el testigo.

En ese momento del interrogatorio de Adrián de Pedro, el juez interpela al testigo sobre la existencia de facturas al PP por los trabajos de 2011. Y los abogados de los hermanos De Pedro aseguran que sí existen, informando de su intención de aportarlas. "Pero muy clarito, que tengo mis grandes dudas", contesta el instructor.

El PP de Madrid y de Valencia

¿Para qué partido trabajaban y cuánto tiempo?, prosigue en su interrogatorio Velasco. "Para el PP en la Comunidad de Madrid y en la ValencianaComunidad de Madrid y en la Valenciana. No sé si el acuerdo fue de forma oral o por escrito", indica Adrián de Pedro, que a preguntas de quién les iba a pagar, aludió a que era su hermano el que lo sabía.

"¿Quién era el que iba a pagar por el PP de Madrid, la señora Esperanza Aguirre, el señor Ignacio González...?", prosigue Velasco, ante lo que Adrián de Pedro asegura que era la época de Esperanza AguirreEsperanza Aguirre. "¿Pero con quién llegaron ustedes al arreglo del pago?", inquiere el magistrado "Lo desconozco", responde.

Velasco no se quedó contento con este respuesta. "Perdone, pero voy a preguntárselo de otra forma: ¿Puede ser que sus dos empresas trabajaran en esa campaña con esos políticos y pactaran que ya cobrarían después?". La respuesta de Adrián de Pedro fue: "No, imposible". "¿Entonces tendrían que tener un contrato...?, prosigue el magistrado, que no consigue arrancar más datos del testigo: "Lo que hayan hablado con mi hermano. Yo no lo sé".

Informe sobre Aguirre

Tal y como publicó infoLibre, la trama Púnica generó decenas de noticias para mejorar la reputación en internet de Esperanza Aguirre, según confirma un informe de la propia Eico.

El acuerdo entre Eico y la Comunidad de Madrid generó, según De Pedro, una deuda de 120.000 euros. Y la responsable del acuerdo por parte del Gobierno madrileño era –según De Pedro– Isabel Gallego, la directora general de Medios en la Comunidad de Madrid con el Gobierno Esperanza Aguirre y después con el de Ignacio González. Gallego, que aseguró al juez Eloy Velasco que no guardaba ninguno de estos informes, está imputada por dicha contratación.

Por su parte, el portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados y ex vicesecretario general del partido, Carlos Floriano, explicó el pasado miércoles que el PP nacional pagó algo más de 5.000 euros a De Pedro por una "prueba", pero a la vista del resultado se decidió no contratarle.

Y no podemos quedarnos sólo en los okupas. Hay que señalar también a quienes les jalean, protegen, amparan y benefician. Es decir, hay que ser beligerantes con los encubridores.

O terminamos con la borrachera moral y material de los okupas y sus encubridores, o ellos dinamitarán los pilares de nuestra sociedad. 

Ha dicho Esperanza Aguirre que "apoyar ocupas es un atentado a la seguridad jurídica porque en España la propiedad esta protegida y la ocupación penada". Nuevamente de acuerdo al cien por cien. Por ello surge una pregunta evidente para la dirigente del PP: ¿qué ha hecho ella contra los principales okupas que han campado por Madrid?

La okupación consiste en tomar la posesión de una propiedad de forma ilegal. Pues bien, se acumulan las pruebas de que Rodrigo Rato, Miguel Blesa o Francisco Granados okupan decenas de propiedades a las que han accedido de forma ilegal. 

Entrar en una propiedad privada dando una patada en la puerta es un atentado contra la seguridad jurídica. Dar una patada en la puerta de miles de ciudadanos honrados, robarles y utilizar luego el botín para okupar propiedades –previo paso por un notario para dar apariencia de legalidad– es un atentado aún mayor contra la seguridad jurídica.

Rato okupa hoteles, pisos y yates de forma ilegal. Tomó posesión de esos bienes gracias al butrón que hizo en Bankia. Granados okupa casoplones, cochazos de forma ilegal. Tomó posesión de esos bienes después de pegar una patada en las puertas de diversos ayuntamientos y llevarse la pasta. Blesa okupa pisos y mansiones de forma ilegal. Tomó posesión de esos bienes después de asaltar las casas de miles de preferentistas y robarles sus ahorros.

Estos conceptos son tan básicos que parece mentira que haya gente que no los tenga claros. Aguirre debe repasar con urgencia sus apuntes de Derecho. No vaya a ser que le preocupen los que beben cerveza mientras cierra los ojos ante una mafia de contrabando de bebidas alcohólicas de alta graduación.

Denunciar a los robagallinas mientras se compadrea con Al Capone, además de una ignominia, es una grave enfermedad moral.

O, por poner otro ejemplo que entenderá mejor Aguirre: denunciar las mamandurrias de quien cobra 400 euros al mes en subvenciones que necesita para comer mientras tu marido se embolsa 2,5 millones de euros por el mismo método, además de una ignominia, es una grave enfermedad moral.

Retomaré luego el tema de la enfermedad moral. Pero vamos antes al asunto de los encubridores. Ha quedado ya establecido quiénes son los verdaderos okupas en Madrid, quiénes violan la ley y asaltan las propiedades ajenas sin escrúpulos ciscándose en la seguridad jurídica. Pero los okupas no nacen por generación espontánea. Surgen porque hay un sistema que cierra los ojos ante sus actuaciones ilegales, cuando no colabora directamente con ellos.

La cosa es tan grave que debemos evitar eufemismos: Esperanza Aguirre es la principal encubridora del sistema corrupto que se ha instalado en Madrid desde hace más de una década.

Encubrir, dice la Real Academia de la Lengua en una de sus acepciones, es "impedir que llegue a saberse algo". Empleo el término con ese preciso sentido. 

¿Y como se convirtió Aguirre en la Gran Encubridora? Pues muy sencillo: impidió que se investigasen las denuncias periodísticas, premió a los políticos sobre los que recaían las principales sospechas y desoyó a los compañeros de partido que le advirtieron sobre casos concretos de corrupción. El resultado de esa actuación de Aguirre era previsible: un sistema donde la sensación de impunidad estaba completamente extendida. Un régimen donde los okupas iban acumulando chalés, áticos y casoplones en medio de la complicidad culpable de sus conmilitones.

Esto no son opiniones. Son hechos.

Vamos allá.

1. El 22 de febrero de 2009, Público desveló la siguiente noticia: "Una promotora levanta una mansión a gusto de Granados". En la información se explicaba que una promotora inmobiliaria estaba construyendo en Valdemoro una casa de lujo de 1.000 metros cuadrados (sí, 1.000 metros) sobre seis parcelas donde el Plan General permitía edificar otros tantos chalés de 261 metros. Oficialmente no se sabía quién era el dueño. Pero la mujer de Granados, Nieves Alarcón Castellanos, visitaba asiduamente la obra y había elegido hasta "los suelos de mármol".

¿Qué hizo Aguirre? Impedir que la oposición en la Asamblea de Madrid pudiese consultar la declaración de bienes de Granados, cerrar filas con Paco y mantenerlo como consejero de su Gobierno.

Es decir: Aguirre encubrió a su okupa.

2. El 23 de octubre de 2006, un incendio intencionado calcinó el Mini Cooper que utilizaba la mujer de Granados. Curiosamente, el vehículo no estaba a su nombre, sino que figuraba como propiedad de una constructora. Podemos decir que Nieves Alarcón era una mera okupa de un bien ajeno. Granados, entonces consejero de Presidencia, alegó que el concesionario donde había comprado el coche no había podido tramitar el cambio de titular por problemas burocráticos.

¿Qué hizo Aguirre? Cerrar filas con Paco y acusar a la oposición. Sí, tal cual. Declaró que el incendio en el garaje de Granados era "el primer atentado político cometido en la Comunidad de Madrid" y exigió al entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que resolviese el caso de forma inmediata. Y cuando a Aguirre le preguntaron por el hecho de que el vehículo estuviera a nombre de una constructora, respondió que era "incalificable" que cuando "a un señor le han quemado el coche [...] un medio de comunicación quiera desviar la atención".

Es decir: Aguirre encubrió a su okupa.

3. En 2004, cinco años antes de que estallase el caso Gürtel, se celebró una reunión en el despacho de Rajoy a petición del entonces tesorero del PP nacional, Álvaro Lapuerta, quien quería advertir a Aguirre de diversos casos de corrupción urbanística en ayuntamientos de Madrid. Entre ellos, el que se convirtió en el mayor pelotazo de la trama corrupta de Francisco Correa, en el municipio de Arganda. Una década después, en su declaración judicial por escrito en el caso Gürtel, la propia Aguirre reconoció la existencia de dicha reunión. 

¿Qué hizo Aguirre? Según su versión, llamó al entonces alcalde de Arganda –Ginés López– y al presidente de la empresa del suelo del municipio –Benjamín Martín Vasco– para preguntarles por la operación. Y como le dijeron que todo era legal, se lo creyó y no hizo nada más. Eso se llama mano dura contra la corrupción. Aún ahora, tiempo después de escuchar por primera vez el relato de Aguirre, me sigue pareciendo extraño que los corruptos no le contestasen a su jefa política: "Ah, Esperanza, lo de la parcela preguntas. Nada, un pelotazo ilegal que estamos preparando. Nos vamos a repartir varios milloncetes de euros con Paco Correa, ya sabes el de la boda del Escorial".

Pero la memoria selectiva de la dirigente del PP se olvida de algunas cosas. Hizo algo más que callar, ver y dejar actuar a los corruptos: el Gobierno de Aguirre aprobó un aumento de edificabilidad de la parcela del pelotazo. Además mantuvo a Ginés López como candidato del PP en las municipales de 2007– que volvió a ganar– y a Martín Vasco lo premió nombrándolo portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea. Y, como perito en corrupciones, pensó que era buena idea que Martín Vasco presidiese la comisión de investigación creada para tapar el escándalo del espionaje (otro asunto que por sí mismo debería haber provocado la dimisión de toda la cúpula del PP madrileño).

Es decir: Aguirre encubrió a sus okupas.

Y no sigo porque les imagino aburridos. Y esto pretendía ser un artículo de opinión, no un ensayo. Pero son decenas, cientos, los casos de denuncias periodísticas desde 2003 que afectaron a colaboradores estrechos de Aguirre y su respuesta siempre fue la misma: atacar al medio, no investigar, impedir que se llegase a saber la verdad. Encubrir. 

Bien, vamos por último con ese asunto que habíamos dejado pendiente. La enfermedad moral. Durante años, con la complicidad de ciertos medios y periodistas (algunos de forma gratuita y otros remunerada), Aguirre se presentó a sí misma como una adalid en la lucha contra la corrupción. Esta fabulación llegó al paroxismo cuando declaró: "Yo destapé el Gürtel". 

La verdad sobre este asunto también es fácil de descubrir: Aguirre sólo obligó a dimitir a sus colaboradores cuando el correspondiente escándalo de corrupción podía afectar a su carrera política. No hay ni un solo ejemplo, ni uno, en que Aguirre tomase la iniciativa para investigar o atajar un caso de corrupción. Y hay decenas, empezando por los descritos de Granados, Ginés López y Martín Vasco, en los que amparó y promocionó a los corruptos cuando ya se acumulaban las sospechas sobre ellos.

Presentarte como víctima cuando eres el verdugo es una enfermedad moral.

Aquí las víctimas son los ciudadanos madrileños y la agresora es Esperanza Aguirre. ¿O cómo se puede calificar si no la actuación de una dirigente que ha seleccionado de forma invariable a corruptos como colaboradores, que los ha amparado cuando se desvelaban sus fechorías y que en muchos casos los ha promocionado pese a las evidencias de que no eran trigo limpio? Pues sólo así: como una agresión contra los bolsillos de los contribuyentes madrileños y una agresión contra la decencia de la sociedad. Una okupación material y moral.

La distinción entre víctimas y verdugos es esencial. O esto se entiende... o a otra cosa mariposa.

Madrid puede permitirse un número limitado de okupas. Aunque sean tan voraces con los bienes ajenos como los okupas de Aguirre.

Pero es ya realmente insoportable la carcoma moral, la mentira diaria, la manipulación compulsiva que impregna la actuación política de Esperanza Aguirre y Gil de Biedma.

Sin embargo, este empresario no supo explicar el motivo por el que la Guardia Civil requisó durante la detención del entonces consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, "anotaciones manuscritas a su nombre [Demométrica] vinculadas con cantidades de dinero a entregar". Martínez Nicolás no tiene ningún cargo en el PP madrileño y el juez no se explica por qué en sus notas manúscritas aparece esa obligación de pagar a una empresa que trabaja para el partido, y no para la Comunidad.

En el interrogatorio del propio De la Fuente, el magistrado aporta nuevos datos sobre las pesquisas, que poco a poco apuntan hacia la financiación irregular del PP. Así, Velasco explica que está investigando "anotaciones" de Martínez Nicolás, el cargo de la Comunidad de Madrid, en la que aparecen las palabras: "Demométrica y cantidades de dinero al lado". El juez explica que el detenido Martínez Nicolás, al ser interrogado, "no sabe explicar" su significado.

"Nos debían de las encuestas"

Estas pruebas, explica Eloy Velasco, le fueron requisadas a Martínez Nicolás en el momento de su detención. Y por eso el juez citó a declarar al consejero delegado de Demométrica, para conseguir una explicación: "¿Por qué?", le preguntó el juez, a lo que De la Fuente dijo: "La única explicación que veo es que nos debían del tracking [una serie de encuestas] del PP, que empezamos a finales de 2013. En 2014, allá por junio, decimos que ya está bien, que nos tienen que pagar, y básicamente nos pagan con una factura del Partido Popular".

En ese momento del interrogatorio Velasco pide al empresario De la Fuente los nombres de las personas del PP que, según su versión, acuerdan el abono: "Yo voy a ver a Beltrán Gutiérrez, que es el gerente con el que hemos tratado siempre el tema este. Nos dice que emitamos la factura, que emitimos a principios de agosto, y nos pagan en septiembre, porque nos debían desde octubre de 2013".

La investigación del magistrado ha confirmado que Martínez Nicolás, de ICM, llegó a realizar una llamada a la empresa Demométrica, aunque según el consejero delegado de esta empresa de encuestas que trabaja para el PP no llegó a contactar con él. "No le conozco personalmente, no he hablado con él y no he tenido ningún contacto con él".

Una deuda de 110.000 euros

Pero Velasco trató de avanzar, preguntado al empresario De la Fuente si a través de altos cargos de la Comunidad de Madrid se le había puesto en contacto "con este señor, con Martínez Nicolás, para saldar una deuda por parte de entidades públicas, como por ejemplo la de Sanidad...". Y el testigo volvió a lanzar una negativa: "La única deuda que yo creo que podría estar detrás de todo esto es la de 110.000 o 108.000 euros, pero la factura la tenemos en la oficina, y nos la paga el Partido Popular".

El magistrado pregunta entonces al testigo si "alguien, del PP o de la Comunidad de Madrid, me da igual", le había expuesto que "el pago pendiente que tenía se iba a hacer a través de Indra": "¿Alguien le ha propuesto que alguna cosa que se le debe se le pague a través de Indra, en negro, en dinero no facturado? Entiéndame, un partido político puede tener deudas, y puede encargarle a usted actuaciones demoscópicas y no querer que eso figure, entonces tampoco querer que haya facturas y se lo pagan a través de empresas, pues eso es lo que estamos investigando", pregunta Velasco, a lo que De la Fuente responde: "Le entiendo perfectamente, si te vienen a decir... Nosotros nos negamos en rotundo".

Y entonces Velasco contesta: "¿Se niegan? Porque sí hemos visto que hay pagos, en sobres, muy raros, con estas personas de las que le estamos hablando, y en concreto una persona de Indra se ha ofrecido a hacer pagos en negro...".  Y De la Fuente contesta: "Que ellos intentaran solucionar su problema con nosotros con empresas de este tipo, [...] Nosotros les amenazamos con parar porque no nos pagaban, porque nosotros necesitábamos como condición absoluta que fuera dinero limpio".

"Como intentaran pagar...."

Velasco: "Por esa razón no permitirían cobrar en negro, ¿pero no se les ha hecho la propuesta de pagar alguien a través de Indra?", volvió a interpelar el juez al testigo, que entoncs dijo: "A nosotros lo que se nos ha dicho es textualmente, intentaremos solucionar el pago antes del verano. El como intentaran pagar... la única propuesta fue que Beltrán Gutiérrez nos llamó al despacho y fui yo y me dijo que...".

En ese momento del interrogatorio, Velasco preguntó a De la Fuente por su relación con el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria: "Me llamó dos veces al despacho y yo fui a verle. Me preguntó por la encuesta y no sé si era el encargado de pagar... yo lo que sé es que al final el que me pagó fue el PP".

"¿Pero no le hizo ninguna propuesta de pago fuera de cuerda?", le insistió el magistrado a De la Fuente, que contestó: "Es que no te hacen estas cosas, te dicen, bueno, ya te llamaré, a ver cómo lo solucionamos... todo era convencerme para que siguiéramos haciendo las encuestas. Me llamó dos veces para convencerme de que me iban a pagar".

El papel de Borja Sarasola

A preguntas de las fiscales, el empresario relata que la persona que le encargó realizar las encuestas fue el secretario Ejecutivo Territorial del PP madrileño, Borja Sarasola. Y lo hizo en septiembre de 2013. "Hacemos el estudio y en marzo le decimos que no hemos visto un duro, y Sarasola nos contesta que no nos preocupemos, que lo estaban solucionando. Y me llama Salvador VictoriaSalvador Victoria, en marzo o abril de 2014". Precisamente, el juez llamó a declarar como imputado a Sarasola, aunque retiró la decisión tras ser elegido diputado en la Asamblea madrileña por el PP. Sarasola está casado con Pilar Martín, hija de Pedro Antonio Martín Marín, ex secretario de Comunicación de José María Aznar.

En esa conversación, sostiene el testigo, Victoria le dijo que ya estaban con los trámites con la intención de solucionar el pago: "Y después voy a verle a primeros de mayo al despacho. Y me dice que estará solucionado en dos meses. Pero en junio le digo a Borja Sarasola que o lo solucionamos o no seguimos, y es cuando me llama Beltrán Gutiérrez, a finales de julio, para que vaya a verle, y entonces me dice que ya tienen los ingresos del tema electoral y que le giremos la factura, que está solucionado".

En ese momento del interrogatorio Velasco aporta un nuevo dato, cuyo origen es también Martínez Nicolás: "Este señor nos habla de ciertas personas y ciertas conversaciones y grabaciones que tenemos ahí, y aparece la Dirección General de Medios, la de Isabel Gallego, ¿no tuvo nada que ver con ella, en el pago de este tema del tracking (encuestas)tracking, porque veo que vamos centrándolo ya...?".

"Con Isabel Gallego hemos tenido relación porque estaba presente cuando íbamos a presentar los estudios, que los presentábamos a Borja Sarasola y al presidente Ignacio González, y estaba presente Isabel Gallego", completa De la Fuente, quien al final del interrogatorio le explica: "Aquí han hablado de pagarle al señor Miguel Ángel de la Fuente, pero quizás se trata de conversaciones previas...". Y De la Fuente dice entonces: "Nosotros les amenazamos con parar".

"¿Quién es ese?"

Precisamente, en la declaración como imputada de Isabel Gallego, la exdirectora de Comunicación de la Comunidad de Madrid también fue interpelada por su relación con el empresario De la Fuente: "¿Quién es ese?, respondió Gallego, que también rechazó tener ningún contrato con la empresa de encuestas Demométrica.

Mientras tanto, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, consideró este viernes "alucinante" que el juez instructor de Púnica sugiera que puede haber financiación ilegal de la formación en Madrid, por lo que adelantó su intención de estudiar su personación en la causa.

Aguirre aseguró también que no ha visto "ningún indicio" que lleve a sostener que hubo financiación irregular y negó "absolutamente y totalmente" esa posibilidad.

Aguirre: "El PP no contrató a De Pedro"

La expresidenta también recalcó que el PP de Madrid nunca contrató con el empresario Alejandro de PedroAlejandro de Pedro, considerado por la Fiscalía Anticorrupción uno de los conseguidores de la trama. A su vez, remarcó que tampoco lo hizo para el Gobierno de la Comunidad de Madrid que ella presidía. No obstante, el propio De Pedro aseguró en su declaración que en 2011 había facturado 40.000 euros a este partido. Además, la propia Isabel Gallego reconoció que el primer contrato con De Pedro se llevó a cabo con Aguirre de presidenta regional.

A su vez, Aguirre recordó que "cuando todo esto surge" era el año 2011 y el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados ya no ocupaba ese cargoFrancisco Granados ni "tenía que ver nada con la financiación irregular".

"El juez de la trama Púnica, quizás porque tenía esa idea en la cabeza, pues lo dijo en la declaración grabada pero yo quisiera que dijera si hay algún indicio porque si no, nos tendremos que personar como PP de Madrid para que explique qué hay ahí, porque no hay absolutamente nada", apostilló Aguirre.

El considerado por la Fiscalía Anticorrupción como el conseguidor de la red Púnica, Alejandro de Pedro Llorca, aseguró en su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que en 2011 una de sus empresas facturó 40.000 euros al PP madrileño por siete meses de campañafacturó 40.000 euros al PP madrileño, tal y como consta en las grabaciones a las que ha tenido acceso infoLibre.

De Pedro aportó esta información al ser preguntado por una de las fiscales sobre su vinculación con el Partido Popular. Y fue entonces cuando el detenido confirmó la información adelantada por este periódico sobre los pagos al PP. Interpelado sobre quién fue la persona que le contrató, De Pedro aseguró que había sido "Gerardo", aunque no recordó su apellido. El gerente del PP madrileño era entonces Beltrán Gutiérrez, que dimitió tras estallar el escándalo de las tarjetas black. Pese a la expulsión, el partido de Esperanza Aguirre volvió a contratar a Gutiérrez.

Por su parte, el portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados y exvicesecretario general del partido, Carlos Floriano, explicó este miércoles que el PP pagó algo más de 5.000 euros a De Pedro por una "prueba" tras la cual se decidió no contratarle.

El contacto de Floriano en el PP

Esta es la explicación que ofreció en un comunicado en relación con la declaración del propio De Pedro en la que afirmó que Floriano era su único contacto del PP de ámbito nacional y había dejado de serlo hacía dos años.

"El señor Alejandro de Pedro ofreció sus servicios a la sede del PP para mejorar la reputación de los líderes del partido en las redes. Se le pidió una prueba por la que se le pagó la cantidad de 5.000 euros más IVA y, a la vista de los resultados de la misma y siguiendo las indicaciones del Departamento de Informática del PP, al señor Alejandro de Pedro no se le contrató", se lee en el breve comunicado.

El hermano del conseguidorconseguidor

Adrián, el hermano de Alejandro de Pedro, aporta en su testimonio en la Audiencia Nacional más información sobre el contrato al PP. "En 2010 o 2011, cuando Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad, Francisco Granados era vicepresidente creo [en realidad había sido consejero de Presidencia]. Ahí trabajábamos con todo el equipo, cosas que nos pedían de Esperanza Aguirre, de Francisco Granados y del PP de MadridFrancisco Granados sobre cambios técnicos. Estuvimos varios meses, y no supe más de Francisco Granados hasta que trabajamos para su mujer", completó el testigo.

El cometido realizado por las empresas de la Púnica, Madiva y EICO consistió en establecer estrategias de comunicación de los candidatos. Estos trabajos, insiste Adrián de Pedro, fueron facturados al PP. Sin embargo, las preguntas que realiza el juez Eloy Velasco van en sentido contrario: "¿Los trabajos que hicieron en el 2011 se los pagó el PP de Madrid? ¿O le compensan lo que trabajaban para el partido con adjudicaciones posteriores?".

Y entonces Adrián de Pedro solo fue capaz de responder: "Lo de que nos compensan...eso seguro que no...".

Pero el magistrado insiste en su pregunta. "El PP no les puede pagar y, les dicen: no te preocupes que si ganamos las elecciones luego te daremos contratos...".

Adrián de Pedro. "Nosotros no funcionamos así. Yo quiero que me den las cosas por el trabajo bien hecho"

"Tengo mis grandes dudas"

El juez interpela al testigo en ese momento sobre la existencia de facturas al PP por los trabajos de 2011. Y los abogados de los hermanos de De Pedro aseguran que sí existen, informado de su intención de aportarlas. "Pero muy clarito, que tengo mis grandes dudas", contesta el instructor.

Asimismo, Velasco preguntó al hermano del conseguidor si también disponía de los contratos realizados a las empresas privadas, como el Real Madrid o Bankia, con las que trabajaban, pero también las de los partidos, como por ejemplo es el caso del PP madrileño, valenciano y asturiano: "Con todos los privados sí, con los otros lo desconozco, creo que ahí reside la problemática de todo esto, que creo que no hay contratos", responde el testigo. 

"El primer requerimiento que le hago es que me aporte la contratación pública o privada de Madiva o EICO, que quiero estudiarme ese tipo de contratos", completó Velasco que durante el interrogatorio demandaba más información sobre la instituciones públicas. "Para explicarle como son los políticos, que siempre están en crisis, a lo mejor mi hermano no ha cerrado un plazo. En relación a lo que hizo en 2011 cuando estuvimos ayudando a los candidatos del partido en la estrategia de cara a las elecciones, en cuanto acabaron las elecciones nos enviaron a freír pascuas, y casi desaparecemos".

PP madrileño y valenciano

¿Para qué partido trabajaban y cuánto tiempo?, prosigue Velasco. "Para el PP en la Comunidad de Madrid y en la Valenciana. No sé si fue el acuerdo fue de forma oral o por escrito", indica Adrián de Pedro, que a preguntas de quién les iba a pagar, aludió a que era su hermano el que lo sabía. 

"¿Quién era el que iba a pagar por el PP de Madrid, la señora Esperanza Aguirre, el señor Ignacio González.Ignacio González..?", interroga Velasco, ante lo que Adrián de Pedro indica que era la época de Esperanza Aguirre. "¿Pero con quién llegaron ustedes al arreglo del pago?". "Lo desconozco".

Velasco no se quedó contento con este respuesta. "Perdone, pero voy a preguntárselo de otra forma: ¿Puede ser que sus dos empresas trabajaran en esa campaña con esos políticos y pactaran que ya cobrarían después?", y la respuesta de Adrián de Pedro fue: "No, imposible". "¿Entonces tendrían que tener un contrato...?, prosigue el togado, que no consiga arrancas más datos del testigo: "Lo que hayan hablado con mi hermano. Yo no lo sé".

En el interrogatorio, el instructor pregunta además a Adrián De Pedro sobre si él pensaba que el entonces presidente de la Comunidad de Madrid  Ignacio González era conocedor de que se están realizando servicios sobre su persona por parte de EICO y Madiva. "Él concretamente no lo sé, su equipo, Isabel Gallego, seguro". Adrián de Pedro sostiene que él tenía constancia de los correos que se enviaban a la Comunidad de Madrid, y puso como ejemplo "un caso en el que se metió la pata".

"Dicen que no es de él"

Este caso logró rebajar durante unos minutos la tensión del interrogatorio: "El redactor jefe envió un email al grupo el que puso: ¡madre mía! dicen que [el ático] no es de él. Y mi hermano lo reenvió tal cual, e Isabel Gallego se cabreó... Tras unas risas, el juez Velasco dijo. "¿Y ese es el redactor jefe de ustedes?".

Pero justo después Velasco volvió a elevar la tensión, al preguntar de forma directa: ¿Usted cree que el señor Ignacio González es conocedor de los medios de pago que se usan para pagarles a ustedes y que les deben dinero?". "No lo sé, respondió Adrián de Pedro. 

El testimonio del hermano del conseguidor constata que varios grupos de personas de Madiva y EICO trabajaban a diario para la Comunidad de Madrid. En total dedicaban entre 40 y 60 horas semanales, "para la Presidencia. En abril de 2012 empezamos a trabajar a diario con él...". ¿Y esto generó la deuda de 120.000 euros?, interpeló una fiscal, ante lo que Adrián de Pedro dijo: "Pues supongo, será de eso, porque nosotros no hemos hecho otra cosa".

Alejandro de Pedro Llorca, el presunto conseguidor de contratos para la trama Púnica, aseguró en su declaración ante el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que trabajó para el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid "sin contrato y sin facturas", tal y como consta en las grabaciones a las que ha tenido acceso infoLibre.

El testimonio de De Pedro, que se encargó de mejorar el posicionamiento online de los dos expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González, se produjo el 30 de octubre de 2014 en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional de Madrid ante el magistrado Eloy Velasco, que junto a las fiscales del caso, Teresa Gálvez y Carmen García, se sorprendieron cuando el calificado por el Ministerio Público como "conseguidor" reconoció que había trabajado para el Gobierno de Ignacio González de la Ley de Contratos vigente, tal y como consta en la grabación de su testimonio.

"¿Cuánto le tenían que pagar?", interpeló una de las fiscales, ante lo que De Pedro explicó que unos 120.000 euros, "unos 10.000 euros al mes", ya que en su empresa de posicionamiento de internet tenían a dos personas "full time" para el proyectofull time, "más lo que hacíamos en diarios digitales...".

"No firmamos contrato"

La responsable del Ministerio Público siguió con el interrogatorio: "¿Y ustedes presentaban facturas?". Y De Pedro dijo: "No presentábamos nada porque yo no las puedo presentar si no habíamos firmado un contrato...". Y la fiscal, sorprendida se interesó sobre si los trabajos de la empresa de internet realizaba "una prestación sin ningún contrato, ni pedido tampocosin ningún contrato, ni pedido tampoco. Un pedido por escrito, un número de pedido...".

"No me dieron nada, tengo los emails...", completó de Pedro, que fue interrumpido por la fiscal: "Es decir, trabajaba sin número de pedido y sin poder presentar factura...", respondió rápidamente la responsable del Ministerio Público, que solo obtuvo la respuesta: "Y no me pagaron. Yo insistí infinidad de veces y siempre me derivaban a un contrato que existía en el Canal de Isabel IICanal de Isabel II, de publicidad y me iban a dar publicidad y ahí podía escribir cosas y publicarlas en la red".

La segunda fiscal también se interesa por la confesión de De Pedro, asegurando que era una cosa "muy seria" que dijera que la Comunidad le había encargado unos trabajos sin contrato: "No había nada, y tengo los emails, nos debían esa cantidad en base a los informes que les hemos entregado y ha habido una recepción vía email y nos han contestado. Yo no sé a dónde facturar", insistió el conseguidor de la Púnica, que fue interrumpido por la fiscal: "Ya los hemos intervenido", en relación a los correos electrónicos.

Indra y el Canal de Isabel II

Según el testimonio de De Pedro ante el juez, el contrato con el Canal no llegó hasta julio de 2014: "Me dijeron que sí se había firmado ya". Y la fiscal le pidió entonces que le dijera de qué contrato se trata: "El del Canal. Pero yo ni me presenté. Yo las deudas las metía en mi contabilidad, en pendientes de facturar. Me dijeron que se había adjudicado, y creo, como ayuda, que era Arena, pero yo ni conozco a Arena ni sé quién es", completa el propietario de las empresas Madiva y Eico.

Según este relato, la adjudicación del contrato de comunicación del Canal de Isabel II fue en julio, y dos meses después, en septiembre, le llamaron desde un departamento de la Comunidad, en concreto la Agencia de Informática y Comunicaciones, para decirle que a petición del consejero de Presidencia madrileño, Salvador Victoria, le iban a adjudicar un contrato de unos 10.000 eurosSalvador Victoria, "que no me preocupara. La empresa a la que yo iba a facturar era Indra. El año anterior yo había trabajado ya para Indra", resalta De Pedro al juez Eloy Velasco. 

Y relata el extraño modo de pago, que se produjo dentro de un coche. "Me dijeron que tenía que asistir a una reunión y mi sorpresa fue que tenía un sobre detrás de la puerta y me dijeron coge el sobre y sal del coche. Y el sobre tenía 10.000 euros. Yo tuve una charla con Salvador Victoria, y me dijo que no me preocupara que este mes vas a tener los contratos".

Un nuevo contrato en verano

Entonces la integrante del Ministerio Público se interesó en el modo mediante el cual la Comunidad iba a pagar los 110.00o euros restantes de la deuda, a lo que De Pedro contestó: "Con el nuevo contrato que sacaban y que habrán adjudicado este verano". Pero la fiscal no dada crédito a esta respuesta. "¿Pero por qué le va a pagar un contratista"..., a lo que el conseguidor de la trama dijo: "Porque es un contrato de publicidad y hay acciones que yo puedo hacer en el futuro, yo ya sabía que este año no lo iba a cobrar".

Ambas fiscales preguntaron también en qué consistía el trabajo que se encargó sin contrato y que generó la deuda. En concreto querían saber si el acuerdo tenía como finalidad mejorar la reputación y la imagen de Ignacio González: "Era por los contratos de la Comunidad de Madrid", explicó en un principio De Pedro, aunque acabó reconociendo que sí trataron de mejorar la percepción en la red de González. "Imputábamos algunas horas, serían unas ocho o diez horas diarias, por cinco días laborales [...], pero hubo un momento que paramos".

La segunda fiscal ahonda en sus preguntas sobre el papel de la Comunidad de Madrid, interesándose en la forma de pago a De Pedro, ya que según esta versión utilizaron a contratistas de la empresa pública que se encarga de gestionar el agua en Madrid: el Canal de Isabel II: "Lo que hacen es darme campañas, como por ejemplo con el Ministerio de Defensa, por ejemplo la empresa Arena, o como se llame. Si tiene una campaña me la da a mí y con eso facturo. Pero no quiero decir que no me mandara contratos con el Canal. Sí he trabajado con empresas que tenían contratos con el Canal".

"Utilizar el Canal para pagos a políticos"

Pero la fiscal no queda contenta con esta respuesta, y prosigue: "Lo que me transmite es que se está utilizando el Canal para pagar los trabajos a políticos que se hacen con la Comunidad y que no se pueden pagar directamente. Es decir, ¿que se va a utilizar a esta empresa para pagar estos servicios a otras personas que no tienen nada que ver con lo que usted factura?". Y  De Pedro contesta. "No sé decírselo. Puede ser. Yo tenía un caso, pero no lo sé. Puede ser...".

En su testimonio, De Pedro tampoco sabe explicar por qué facturó 5.400 euros a Indra en 2013, aunque sí se acordó que se trató de un contrato "relacionado con la Comunidad de Madrid"Comunidad de Madrid, aunque las fiscales remarcaron que no declaró a Hacienda este ingreso.

Cofely, la sociedad que más beneficio obtuvo de la red Púnica, ingresó en 2014 casi 50 millones de euros de instituciones y empresas públicas, según la documentación contenida en el sumario al que ha tenido acceso infoLibre.

Esta conclusión se obtiene del análisis del informe realizado por la unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción de la Agencia Tributaria. En este documento se especifica, una a una, las instituciones públicas y empresas que pagaron en total 49,3 millones a Cofely, cuya matriz es la multinacional francesa GDF-Suez.

Entre todas las empresas públicas que aparecen en el denominado Modelo 347, destaca la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que sólo en 2014 abonó a Cofely 13,7 millones de euros. 

La CNMC es el organismo público que más dinero suministró a la empresa de la Púnica, tan sólo por detrás de la constructora Acciona (22,8 millones) y de la empresa OMI-Polo Español SA (14,4 millones), que es la sociedad española que forma parte del consorcio hispanoportugués que se encarga de determinar los precios de la electricidad. Pese a su carácter monopolístico, esta empresa está controlada de forma mayoritaria por las compañías eléctricas.

Energías renovables

El documento donde constan los cobros de Cofely es el llamado Modelo 347, que plasma la facturación de una compañía a sus distintos clientes en un determinado ejercicio. Pero una portavoz de la CNMC ha asegurado a este diario que Cofely cobra por la producción de energías renovables, y que en esos pagos el organismo público cumple sólo el papel de canalizador.

Es decir, que los 13,7 millones no reflejan en este caso la facturación por trabajos realizados a la Comisión, sino los pagos efectuados en función de la generación eléctrica y de la fuente de producción, como por ejemplo fotovoltaica, eólica o biomasa. Y esos pagos, enfatiza la CNMC, están plenamente "tasados".

La segunda entidad de carácter público de la que más dinero se embolsó la división española de la multinacional francesa fue la gestora de aeropuertos AENA (ahora Enaire), que en 2014 todavía no había sido privatizada. AENA pagó 5,28 millones.

Después de AENA ya aparecen entre los pagadores de Cofely los Ayuntamientos púnicos, como por ejemplo el Consistorio de Parla, que sólo en 2014 retribuyó a esta multinacional 3,2 millones de euros. El segundo de los Consistorios en este listado es Móstoles (2,84 millones), seguido de Valdemoro (2,38 millones).

Ayuntamientos de la 'Púnica'

En el listado también aparecen otras casas consistoriales cuyos municipios aparecen en el sumario, como por ejemplo es el caso de Alcalá de Henares (911.000 euros), Torrejón de Velasco (360.000 euros), Moraleja de Enmedio (288.11 euros), Pinto (119.000 euros), Madrid (101.000 euros), Elche (59.000 euros), Collado Villalba (218.235 euros), Serranillos del Valle (38.000 euros) y Coslada (36.000 euros). Otros ayuntamientos sin vinculación con el caso son, por ejemplo, los de Vilanova i la Geltrú (203.000 euros), El Prat de Llobregat (135.000 euros) y Las Rozas (305.000 euros).

Según los informes de la Guardia Civil sobre los directivos de Cofely y los alcaldes imputados, las distintas personas investigadas conformaban "una trama delictiva que cumple con los parámetros exigidos para catalogarla como organización criminal". En este sentido, en el sumario aparecen diferentes imágenes tomadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado en la que se pueden ver distintas reuniones mantenidas entre el director comercial de Cofely, Pedro García, y los diferentes alcaldes arrestados por orden del magistrado Eloy Velasco.

Como por ejemplo es el caso de la fotografía que ilustra esta información, en la que aparecen, de izquierda a derecha: David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama; Pedro García; y el regidor de Serranillos del Valle Antonio Sánchez Fernández. La foto, según el informe de la UCO, la tomaron los agentes tras celebrarse una reunión en un bar.

Correos, 2,18 millones

Pero al margen de los ayuntamientos vinculados con la red encabezada por Francisco Granados, otras de las empresas públicas que superan los 2 millones de euros pagados a la filial española de GDF-Suez son Correos (2,18 millones) y la Universitat de Barcelona (2,13 millones).

Resultan también llamativas por su importancia las cantidades retribuidas por la Gerencia de Atención Primaria de Madrid (1,6 millones), el Banco de España (742.056 euros), Red Eléctrica de España (546.000 euros), el Servicio Regional de Bienestar Social (499.000 euros), Metro de Madrid (428.005 euros), Ifema (391.000 euros), Generalitat de Catalunya (200.000 euros), Ministerio de Economía y Competitividad (192.000 euros), el Servicio de Salud de Castilla-la Mancha (191.000 euros) y el Servicio Galego de Saúde (176.000 euros), entre otros.

Partido Popular: 92.200 euros

Otras entidades que aparecen son la Corporación RTVE (116.000 euros), Autoridad Portuaria de Baleares (104.000), el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (97.148), el Partido Popular (92.200 euros), Partido PopularParadores de Turismo de España (66.000), la Comunidad de Madrid (58.089 euros), el Aeropuerto de Castellón (53.822 euros) y la Generalitat Valenciana (18.166 euros).

Por su parte, la Asociación de la Prensa (APM) abonó en 2014 un total de 12.273 euros a Cofely. Según aseguró la presidenta de la asociación gremial, Carmen del Riego, Cofely se encargaba de la instalación y gestión del aire acondicionado de la sede, por lo que le pagaba a la firma unos 7.000 euros anuales. Solo que en el ejercicio 2014 la asociación tuvo un problema técnico con el sistema de refrigeración, por lo que encargaron a Cofely el arreglo del mismo. "Tras estallar la trama Púnica hemos decidido no renovar el contrato con CofelyPúnica ", ha asegurado Carmen del Riego a infoLibre.

Por enésima vez da toda la impresión de que el Gobierno y el partido que lo apoya con mayoría absoluta pretenden abusar de la paciencia de cualquier ciudadano informado, hasta el punto de ignorar responsabilidad alguna en el escándalo y a la vez declararse máximos perjudicados.

Sería risible la cuestión si no se tratara de ofender nuevamente la inteligencia de los votantes a pocos meses de las generales. Así que procede recoger unas breves consideraciones:

1.- Los “particulares” a los que se refiere el ministro Catalá son nada menos que Luis de Guindos, responsable de Economía, y Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid, exvicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre y exsenador hoy encarcelado e imputado por corrupción y por evasión fiscal.

2.- La “conversación” se produjo el 8 de julio de 2014, es decir, casi cinco meses después de que Granados tuviera que dimitir como senador y entregar el carné del PP al conocerse que tenía una cuenta secreta en Suiza.

3.- Como suele ocurrir entre los presuntos corruptos ligados al PP, dios aprieta pero no ahoga, de modo que Francisco Granados seguía trabajando tan ricamente en esa fecha para el banco Sociéte Générale, haciendo mayormente lo mismo que hacía en la trama Púnica: utilizar su agenda de contactos y amistades políticas de alto nivel para hacer negocios.

4.- La citada “conversación entre particulares” (en palabras de Catalá) no trata de lo que puede tratar una llamada entre amigos (“¿cómo están los chicos?”, “¿qué tal va la enfermedad de tu cuñada?” y ese tipo de cosas). La conversación consiste en que Granados necesita un interlocutor para intentar que la entidad privada para la que trabaja consiga sacar tajada de la privatización de AENA que estaba en marcha en esa fecha. Y Guindos, máximo responsable de Economía, le da gustosamente a Granados el contacto del secretario general del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa, y además se compromete a avisar al susodicho de que recibirá esa llamada.

5.- Ni siquiera tiene que molestarse Granados en llamar. Al día siguiente, es el propio Fernández de Mesa quien llama a Granados para confirmarle que el ministro le ha encargado el contacto y para indicarle los pasos a dar con el fin de coordinar una reunión con su jefe de gabinete para estudiar el asunto.

6.- Dos días después de conocerse la existencia de estas gestiones y que esa conversación figura en el sumario del caso Púnica, el ministerio de Economía hace pública una nota oficial en la que justifica la gestión de De Guindos en que Granados era “representante de Sociéte Générale y dado el interés de la entidad en la privatización de AENA”. Según el ministro, lo que hizo con Granados fue lo mismo que hizo con “otras llamadas o acercamientos similares” relacionados con esa privatización. Y recuerda, para eliminar cualquier sospecha sobre su actuación, el hecho de que Société Générale no participó finalmente en el proceso de privatización, cuya coordinación fue encargada a otros bancos españoles y extranjeros.

7.- Ni Guindos ni Catalá parecen querer entender que la gestión perpetrada es inadmisible al margen de su resultado. Que un miembro del Gobierno no puede ponerse al teléfono y realizar gestiones para un individuo implicado en casos de corrupción y con cuenta secreta en Suiza, aunque este trabajara para el mismísimo papa de Roma.

8.- La facilidad con la que De Guindos atiende en su móvil a Granados y la rapidez con la que gestiona su petición sólo se explican por la costumbre de colocar el amiguismo, el clientelismo y el “hoy por ti, mañana por mí” por encima de las obligaciones institucionales y la responsabilidad política.

9.- De ética mejor ni hablamos (o escribimos). Sonaría a pitorreo la proclamación de “indignación” del PP realizada por su portavoz Pablo Casado si no fuera porque ya es costumbre, táctica o estrategia asentada en la dirigencia del partido declararse principal víctima de todo lo ocurrido en su seno: Matas, la Gürtel, Bárcenas, la Púnica y lo que venga. Practican con mucha menos gracia el cinismo del entrañable capitán Renault de Casablanca: “¡Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega!”.

y 10.- Por último, tampoco se explica la gestión de De Guindos ni la reacción de Catalá sin tener en cuenta que el Gobierno sigue presidido por Mariano Rajoy, autor de aquellos SMS deseando ánimo y fortaleza a Luis Bárcenas dos días después de conocerse también sus cuentas suizas.

En cualquier democracia de las llamadas “homologables” el ministro de Economía habría tenido que dimitir al cuarto de hora de conocerse esa “conversación”. Pero es que esas democracias no habrían tolerado previamente unos cuantos disparates más. Aquí los modos democráticos siguen siendo, desgraciadamente, muy "particulares".

El ministro de Economía, Luis de Guindos, facilitó en el verano de 2014 a Francisco Granados el contacto con el director general del Tesoro para que el banco donde en ese momento trabajaba el exdirigente del PP madrileño, Société Générale, pudiera concertar un encuentro en torno a la privatización de AENA.

Así lo constata la transcripción de la charla telefónica incorporada al sumario de la Operación Púnica que Granados y De Guindos mantuvieron el 8 de julio de 2014 por la tarde a través de sus respectivos teléfonos móviles.

En esa fecha, ya habían transcurrido casi cinco meses de la dimisión de Granados como senador y de su abandono del PP por la puerta de atrás: la constatación de que Suiza había alertado a España de que el otrora vicepresidente de la Comunidad de Madrid y número dos de la organización regional del partido había mantenido una cuenta secreta en ese país dieron al traste con su carrera política pero, a tenor de los pinchazos policiales, no con su red de contactos y amistades de alto nivel.

infoLibre contactó con los portavoces de De Guindos para recabar su versión sobre por qué el ministro había accedido a facilitar a Granados el contacto con el director general del Tesoro en un momento en que ya había trascendido el escándalo de su cuenta suiza. No hubo respuesta.

El policía que escuchaba a Granados por orden judicial transcribió así el episodio relatado: “Granados llama a Luis (ministro de Economía). Este último dice que acaba de llegar de Bruselas. Granados le pregunta quién lleva en su ministerio lo de la privatización de AENA y este le dice que Íñigo Fernández de Mesa, el secretario del Tesoro, que le llame que él [De Guindos] le dirá que le vas a llamar”.

Eso ocurrió el 8 de julio de 2014. Al día siguiente, Granados recibía la llamada del director general del Tesoro, Íñigo Fernández de Mesa, quien le confirma que ha recibido la indicación de contactar con él. Fernández de Mesa da a su vez instrucciones a Granados para que llame a su jefe de gabinete, Nacho Vicente, y así “coordinen una reunión con él y la explican sus credenciales y como están, etc”.

A Granados, aquello le pareció “perfecto”. Y a partir de ahí le contó a un buen número de personas de su entorno la conversación con De Guindos, sus planes para reunirse con Fernández de Mesa y el interés de Société Générale en la privatización de AENA.

Para empezar, se lo transmitió a su propio jefe, Donato González, cabeza visible del banco francés en España. Y para continuar, se lo contó a políticos como Ignacio González Palacios, a su antigua colaboradora y amiga Victoria Cristóbal, o a otras personas como “Javier López Hierro”, señala el sumario.

A este último, Granados le dijo el 24 de julio de 2014 que justo en ese momento iba “a ver al director general del Tesoro a ver si les meten en la privatización de AENA”.

Tres semanas más tarde, y manteniendo la línea de presumir de su relación con De Guindos, Granados le contó a Donato González que iba a cenar esa noche con el ministro. Y González repuso que, por lo que sabía, de lo de AENA no habría “nada” hasta septiembre.

De hecho, la única conversación posterior localizada por este diario sobre esa materia aparece fechada el 16 de septiembre de 2014. Granados charla con Victoria Cristóbal. Y admite que se siente “molesto” porque “no le han dado” lo de AENA.

Para no dejar rastro, entregaban en España dinero negro en metálico a terceros que luego lo hacían llegar a las cuentas suizas de Marjaliza y Granados mediante transferencias efectuadas desde otros depósitos abiertos también en el país helvético.

Los dos socios, y así consta en el sumario de la Operación Púnica, mantuvieron activo ese procedimiento entre 2000 y 2012. Y mediante su utilización consiguieron ocultar en sus cuentas secretas al menos 5,044 millones de euros, explica la querella de Anticorrupción que desencadenó las investigaciones.

Fue Suiza la que a través de una comisión rogatoria alertó a las autoridades españolas sobre "la participación de determinadas personas físicas y jurídicas que intervinieron activamente en las transferencias de fondos utilizando dicho mecanismo de compensación".  La detección de ese sistema fue uno de los factores que dispararon las sospechas de blanqueo de capitales.

De hecho, Suiza identificó a varias de los que participaron en la operación de camuflaje mediante cobro en efectivo y transferencias posteriores de cuenta a cuenta.

Anticorrupción los menciona en uno de los documentos del sumario con nombres, apellidos y el detalle de las empresas y fundaciones de que se valieron para transferir el dinero a las cuentas de Marjaliza y Granados, así como las cantidades exactas que manejaron. 

infoLibre omite sus identidades por cuanto ninguno de ellos figura en la lista conocida de imputados, que figura en el auto por el que el juez Velasco levantó el 22 de julio el secreto de la mayor  parte de las actuaciones. El magistrado mantiene bajo secreto la pieza relativa a las comisiones rogatorias. Es decir, a las solicitudes de ayuda internacional, determinantes para averiguar dónde acabó finalmente el dinero.

Diez millones con facturas falsas

Los investigadores del caso calculan que Marjaliza obtuvo más de 10 millones de euros gracias a un complejo sistema de facturas falsas por trabajos no realizados. Las empresas "factureras", como las denomina Anticorrupción, las abonaban a sociedades que se quedaban con un porcentaje del 10% "en concepto de comisión".

Una vez abonados los importes a las empresas factureras en sus cuentas bancarias, "se retiraban en efectivo fondos que se devolvían a David Marjaliza (o a personas que se encuentran a su sombra)" previa detracción del citado 10% en concepto de comisión.

"Con esta actuación  -relata Anticorrupción-, David Marjaliza ha conseguido sacar gran catidad de dinero de sus empresas, dinero que indiciariamente procedía de los ingresos obtenidos de las actuaciones inmobiliarias localizadas en los municipios y Comunidad [de Madrid], donde había desempeñado o desempeñaba funciones públicas Francisco Granados". 

Siguiendo esa fórmula, Marjaliza obtuvo 10 milones que pasaron a ser opacos. Esa fue, presuntamente, "una de las fórmulas que han alimentado las cuentas de Suiza".

¿Eran para políticos las joyas y relojes?

De la magnitud de los fondos que movía Marjaliza da idea el siguiente dato: entre 2004 y 2011 destinó 7,6 millones de euros a pagos a varias empresas dedicadas a la venta de joyas y relojes.

Según Marjaliza, esos pagos se correspondían con "liberalidades y atenciones a clientes o regalos de empresas". 

Pero ya al inicio de la investigación la Fiscalía consideraba necesario "intentar conocer quiénes son los finales destinatarios de lo adquirido y si entre los mismos están personas con responsabilidades públicas o si se han destinado como pago de favores o regalos a cambio de la firma de contratos con entidades públicas".

El Canal de Isabel II es la principal empresa pública madrileña y se encarga de gestionar el agua en la Comunidad de Madrid. El presidente de esta sociedad pública era, hasta el anterior cambio de Gobierno en la Comunidad de Madrid, el también exconsejero madrileño Salvador Victoria, imputado en la trama PúnicaPúnica. Tanto Victoria como el propio expresidente madrileño Ignacio González fueron los principales instigadores de la privatización de la empresa, que al final no se llevó a cabo por el rechazo de miles de ciudadanos y las denuncias presentadas por los partidos de la oposición.

Un imputado en la trama ha asegurado a infoLibre que un integrante del Ejecutivo le ofreció a De Pedro que esperara a la adjudicación de los servicios de márketing del Canal de Isabel II. Y que entonces podría facturar a esta sociedad. No obstante, estas mismas fuentes desconocen la forma de pago finalmente elegida. En su declaración ante la Guardia Civil, el conseguidor de la Púnica asegura que la operación con el Canal de Isabel II "no se llevó a cabo".

"Facturación ficticia"

De Pedro alude a esta empresa pública después de que los agentes de la Guardia Civil le interpelaran sobre la posibilidad de que se hubiera articulado un mecanismo mediante el cual funcionarios de la Comunidad de Madrid pagarían servicios prestados por él mismo, "simulando facturación ficticia o entregas de dinero".

Según el testimonio de De Pedro, el Gobierno madrileño le debía 140.000 euros de los trabajos realizados por mejorar el posicionamiento en internet de los miembros del Ejecutivo. Y ante su sorpresa, explica el imputado, recibió de la empresa Indra en metálico 10.000 euros: "Me dijo [José Martínez Nicolás] que me pagaría a través de la empresa Indra [..] que es todo muy reglado".

Se subió a un coche

No obstante, De Pedro mostró a los agentes su sorpresa cuando una persona de la empresa tecnológica le entregó un sobre con 10.000 euros. La Guardia Civil refleja en tercera persona la declaración: "Quedaron un día en La Moraleja y le hizo subirse a un vehículo, cree que Audi, Mercedes o BMW, y dentro del vehículo le dio el sobre. Que el manifestante le preguntó qué sucedía y la otra persona le dijo que se bajara del coche una vez ya tenía el sobre. Que no le entregaron factura alguna", explica el documento en el que se refleja el testimonio de De Pedro.

Asimismo, el conseguidor de la trama aseguró desconocer el motivo por el que le abonaron el dinero a través de terceras empresas. En este sentido, aseguró a la Guardia Civil que le llegó a preguntar a Salvador Victoria por qué le habían pagado de esa forma los mencionados 10.000 euros.

Contrato de publicidad

De Pedro también explicó a los agentes que los pagos por los servicios que realizó a la Comunidad iban a percibirse mediante un contrato de publicidad, mientras que los del presidente Ignacio González se abonarían a través del PP: "Pero estas formas de pago no se formalizaron y siguió trabajando sin cobrar", asegura el escrito de la Guardia Civil sobre el testimonio del arrestado.

En concreto, los funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se interesaron sobre si los trabajos realizados a Ignacio González se habían abonado, contestado rápidamente De Pedro: "No", que explicó que su labor profesional sobre el expresidente madrileño consistió en realizar "escuchas activas en tiempo real" sobre qué se decía de él y de la Comunidad de Madrid.

Un sobre de 3.000 euros

En el interrogatorio los agentes interpelaron al detenido por una segunda entrega de dinero en metálico. Pero De Pedro contestó que Salvador Victoria le dijo que la situación estaba resuelta y que los contratos se iban a publicar: "Le citó nuevamente y en esta ocasión fue José Antonio Alonso Conesa quien se reunió con una persona llamada Víctor que le entregó un sobre con 3.000 euros".

Finalmente, los guardias se interesaron por tres sobres, con un total de 82.500 euros que se encontraron durante el registro de la vivienda de De Pedro, en concreto dentro de dos de sus chaquetas. Y el conseguidor aseguró que se trataba de sus ahorros y que tan solo 2.500 euros en billetes de 50 euros provenían de Indra.

El auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha levantado este miércoles el secreto de la operación Púnica desvela que entre los imputados figura Javier de Andrés, consejero delegado de IndraIndra, la primera multinacional tecnológica española y donde el Estado posee una participación del 20% a través de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales). Con 39.000 empleados, el gigante tecnológico facturó 2.914 millones de euros en 2013. 

Hasta ahora, se conocía la imputación del ya ex director general de la compañía, pero no la del consejero delegado, que mantuvo el cargo después de que el anterior presidente, Javier Monzón, fuese sustituido por Fernando Abril Martorell en enero. 

Además de De Andrés, también permanece imputado el director general de Operaciones de Indra, Santiago Roura, dato que ya trascendió al comienzo del caso.

Secreto de las rogatorias

La resolución del juez Velasco, al que ha tenido acceso infoLibre, confirma que el instructor ha decidido mantener todavía secreta una parte del caso, en concreto la relacionada con las comisiones rogatorias.

Sobre la presunta implicación de Javier de Andrés y Santiago Roura en la trama corrupta, la resolución del juez Velasco destaca cómo ambos, Javier de Andrés y Santiago Roura, participaron en el supuesto encubrimiento de pagos a la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO), con la que los imputados Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa prestaban a políticos de distintas administraciones, entre ellas la Comunidad de Madrid, servicios de mejora reputacional en internet.

“Respecto a la línea de investigación vinculada a Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa en la Comunidad de Madrid –dice el auto–, se patentiza la realización de trabajos o encargos a Alejandro de Pedro por parte de altos funcionarios de dicha comunidad, no abonados ni justificados de manera contable y la articulación de formas de pago encubiertas, utilizando adjudicaciones de contratos en vigor como el de Indra, con la participación de los imputados Santiago Roura Lama y Javier de Andrés González, director general de Operaciones y consejero delegado de dicha empresa respectivamente”.

El sustituto provisional de Fígar, también imputado

El auto contiene una segunda imputación desconocida hasta la fecha: la de Manuel Pérez Gómez, quien sustituyó por poco más de tres semanas a Lucía Figar cuando la antaño poderosa consejera de Educación se vio forzada a dimitir por su implicación en el caso y para no entorpecer las negociaciones del PP con Ciudadanos para la investidura de Cristina Cifuentes.

Viceconsejero con Figar y consejero solo entre el 4 y el 27 de junio, cuando los integrantes del Gabinete de Cifuentes tomaron posesión de sus cargos, Pérez Gómez había ocupado distintos puestos de segundo nivel en distintos gobiernos de Esperanza Aguirre y, luego, de Ignacio González.

La inclusión de Pérez Gómez en la nómina de imputados empeora el panorama para el PP madrileño en una investigación que sitúa al hasta hace días número dos del Gobierno regional, Salvador Victoria, como uno de los ejes de la trama de cobro de comisiones a cambio de contratos en la Comunidad. Son los también imputados José Martínez Nicolás, exjefe de la Agencia de Informática de Madrid, y el empresario Alejandro de Pedro, quienes implican al exdirigente en la trama.

Según Nicolás, Victoria ordenó cobrar 120.000 euros en negro a la empresa Indra, y también habría entregado 10.000 euros en B a De Pedro. El ya exconsejero de Presidencia niega los hechos. Este lunes, el juez Velasco acordó prohibir la salida de Victoria de España.

La también ya exconsejera Lucía Figar, por su parte, contrató supuestamente servicios de las empresas Madiva y EICO –propiedad de De Pedro– por un coste total de 80.000 euros entre 2012 y 2014. Estos contratos tenían como objetivo mejorar el posicionamiento de las noticias que afectaran a la consejera en internet. También acordaron la creación de una página web que divulgase en el extranjero los estudios universitarios que pueden seguirse en Madrid.

Reputación de Aguirre

De la importancia de las relaciones de la trama con el Gobierno madrileño de Ignacio González habla el siguiente dato, adelantado en exclusiva por infoLibre este martes: la red generó decenas de noticias para mejorar la reputación en internet de Esperanza Aguirre, y así lo confirma un informe de EICO, cuyo propietario es el conseguidor de la red corrupta, Alejandro de Pedro, al que ha tenido acceso este diario.

El contrato entre EICO y la Comunidad de Madrid, que generó un mínimo de 120.000 euros de beneficio a la red Púnica, se firmó en abril de 2012. Y la responsable en el Gobierno madrileño era Isabel Gallego, la directora general de Medios en la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre y después de Ignacio González. Gallego, que aseguró al juez Eloy Velasco que no guardaba ninguno de estos informes, está imputada por el contrato.

Este periódico trató, sin éxito, de contactar con la empresa Indra para incluir su versión de los hechos en la información.