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Telemadrid

Extrabajadores de Telemadrid se querellan contra tres directores generales de la cadena

Extrabajadores de Telemadrid al comienzo de su marcha desde la empresa hasta el Supremo, este 26 de marzo.

Extrabajadores de Telemadrid han presentado una querella por los delitos de administración fraudulenta y malversación de caudales públicos contra el nuevo director general de la cadena pública, Ángel Martín Vizcaíno, así como contra dos predecesores suyos en el cargo, Isabel Linares Liébana y Manuel Soriano Navarro, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre.

La asociación Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña (AGTPM) ha interpuesto la querella con la intención de que el juez le considere acusación particular, en calidad de asociación afectada, pues está compuesta por los extrabajadores de la televisión autonómica madrileña que fueron despedidos en un expediente de regulación de empleo (ERE) por razones económicas.

Los despedidos denuncian "a los que tenían poder de decisión" en el Ente Público de Radio Televisión Madrid, y en la participada Madrid Deporte Audiovisual (MDA) por adquirir los derechos audiovisuales de los partidos de fútbol celebrados por el Atlético de Madrid y por el Getafe F.C. por 270 millones de euros.

Caja Madrid

En concreto, la querella recuerda que en enero de 2007 Telemadrid suscribió un acuerdo con Caja Madrid, para formar una sociedad que comercializara los derechos audiovisuales del Atlético y del Getafe C.F. para las temporadas que iban desde la 2009/10 hasta la 2013/14.

Este fue el motivo por el que se creó la sociedad Madrid Deporte Audiovisual, participada en un 49% por Telemadrid; 47,5% por Caja Madrid; 2,5% el Atlético de Madrid; y un 1% el Getafe C.F. El acuerdo fue aprobado en el consejo de administración de Caja Madrid el 15 de enero de 2007. La operación fue aprobada por el consejo de administración de Telemadrid por un montante de 300 millones de euros, y contó con la oposición del PSOE, UGT y CCOO que calificaron la iniciativa como "ruinosa".

Además, en la querella se menciona un contrato sobre los derechos publicitarios adquiridos por Telemadrid y Caja Madrid a través de su participada, la sociedad MDA, por el que ésta habría pagado hasta 24 millones de euros sin que los querellados, que ostentaban cargos públicos con facultades para ello, exigieran el cumplimiento de la prestación recíproca correspondiente al Atlético de Madrid, o exigieran la devolución de los anticipos realizados con dinero público por MDA al club madrileño, tal y como publicó infoLibre.

No insertó el logotipo

Si la empresa participada por Telemadrid y Caja Madrid no insertó su logotipo en la equipación del equipo rojiblanco, los extrabajadores de la cadena público sí han incorporado en la querella documentación que probaría que el fondo de inversión Doyen Group sí plasmó su logotipo en la manga izquierda de la camiseta del Atlético de Madrid.

Ese espacio, la manga izquierda, es el lugar donde otras cadenas autonómicas como TV3 o Canal 9 insertaron sus logotipos en las equipaciones de FC Barcelona y Valencia CF respectivamente. La manga derecha estaba reservada para la imagen corporativa de la Liga de Fútbol Profesional.

Para los extrabajadores esta situación acreditaría que el Atlético de Madrid habría vendido el mismo espacio a dos sociedades diferentes (Doyen Sports Investments y MDA), "sin que los querellados hubiesen efectuado ninguna reclamación o ejercido alguna acción para defender los derechos de Telemadrid y MDA", especifica la querella.

Doyen Group

La querella alude también a la participación de la empresa de Telemadrid como garantía en el fichaje y posterior venta del jugador de fútbol colombiano Radamel Falcao. De hecho, destaca que el Atlético utilizó como aval frente a Doyen, que había participado en el fichaje de Falcao, una parte de los derechos audiovisuales y publicitarios pendientes de cobro de MDA".

Según el diario Marca "se alcanzó un acuerdo con Doyen, operación de préstamo que incluía por parte rojiblanca tres garantías, léanse los derechos de televisión del club, una cesión de crédito de la marca deportiva que patrocina al Atlético y, finalmente, derechos sobre una posible venta de Falcao”.

Asimismo, y como muestra la querella de la malversación de fondos públicos, MDA amplió un crédito en 4 millones de euros después de que el Atlético de Madrid le solicitara un adelanto del dinero de los derechos de publicidad y audiovisuales.

Así, en 2011 MDA permitió que el Atlético de Madrid, que arrastraba una deuda de 215 millones con Hacienda, usara como aval parte de los pagos pendientes de cobro de MDA para garantizar préstamos otorgados por el fondo de inversión Doyen Sports Investments.

4 millones

Pese a estar los derechos publicitarios aún vigentes, por los que MDA pagaba 4 millones anuales al Atlético de Madrid, la sociedad Doyen Sports Investments fue quien acabó insertando su logotipo en la camiseta del Atlético de Madrid a finales de ese año.

"Todo lo anterior ocurrió sin que conste que los querellados", especifica el documento, "se opusieran a la utilización por parte del club de fútbol de los pagos pendientes como avales", y tampoco exigieran el cumplimiento de los contratos y el reintegro de los anticipos realizados, "con la correspondiente indemnización que se derivara de las obligaciones incumplidas".

Concurso de acreedores

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El 3 de enero de 2013 la mercantil MDA entraba en concurso de acreedores. Nueve días después, el 12 de enero, la dirección del ente público ejecutaba el despido de 829 trabajadores por causas económicas

La querella cita también otras publicaciones de infoLibre. En concreto una en la que se destaca queel director general del ente público, Manuel Soriano, solicitó la aprobación de la entrada de Telemadrid en MDA al consejo de administración apoyándose en un informe elaborado por técnicos de Caja Madrid que revelaba que la operación no sería rentable.

Además, en la misma información se detalla la existencia de un segundo informe, realizado en esta ocasión por la asesoría jurídica del ente público, que alertaba del riesgo que suponía la adquisición de los derechos audiovisuales.

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