El abandono del monte y la inconsciencia social son los verdaderos pirómanos

Hasta el pasado día 2, el fuego ha arrasado 57.335 hectáreas, casi un 30% más de lo que se quemó el año pasado y más de doble de la superficie destruida en 2013. El incendio de mayores dimensiones carbonizó casi 15.000 hectáreas en la comarca aragonesa de las Cinco Villas el pasado julio El más reciente, que se desató el pasado jueves en la sierra de Gata (Cáceres), acabó con 7.000 hectáreas de pino, monte bajo y olivares. En el primer caso, la chispa que saltó de una cosechadora obligó a desalojar a 1.500 personas. Pero en el segundo, el hecho de que las llamas surgieran simultáneamente en cinco puntos distintos constituye un poderoso indicio de que el siniestro fue intencionado. Como el 62% de los incendios declarados entre 2001 y 2013. Según las cifras publicadas por la Fundación Civio en su proyecto España en llamas, de los 1.974 incendios de más de 100 hectáreas registrados en la Base de Datos Nacional de Incendios Forestales, 1.228 fueron intencionados.

“Ya hubo conatos previos en la misma zona las semanas anteriores al gran incendio del jueves”, añade Marcelino Cardalliaguet, delegado de la ONG SEO Birdlife en Extremadura, para apuntar el carácter deliberado de los fuegos en la Sierra de Gata. Porque, aparte de las altísimas temperaturas de este verano, e incluso de un invierno y una primavera previos inusualmente secos, la mecha en el monte la prende siempre el hombre. Su mano está detrás del 87% de los incendios. Como herramienta agrícola, el fuego se utiliza para generar pasto, facilitar la caza o eliminar matorrales, por ejemplo. Pero también como venganza entre vecinos o para cambiar el uso del suelo. Son algunas de las causas que el Ministerio de Agricultura cuantifica cada año. Múltiples y difícilmente catalogables. En 2012 la Base de Datos Nacional de Incendios Forestales registra ocho siniestros provocados por “ritos seudorreligiosos y satanismo”, que quemaron 3,21 hectáreas, una superficie superior a tres campos de fútbol.

Más complicado aún resulta probar la naturaleza criminal de los incendios. Según los informes elaborados por la Fundación Civio, entre 2007 y 2013 llegaron a los tribunales 420 incendios. Fueron imputadas 393 personas. De ellas, 296 resultaron condenadas. Sólo tres de ellas sufrían problemas psiquiátricos y fueron absueltas. Es decir, únicamente tres eran pirómanos en el sentido estricto del término. De hecho, la piromanía es una patología infrecuente con una prevalencia que no supera el 3% de la población. Es más, de los 393 imputados, 279 actuaron por imprudencia o accidente punible, el 71%. Sólo 98 de los encausados prendieron fuego al monte de forma deliberada. Y únicamente ocho de los condenados recibieron penas de prisión superiores a los dos años, el límite para ingresar en prisión.

La Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) no tiene dudas: “Los incendios son un problema social”. Año tras año Galicia encabeza las estadísticas nacionales por el número de incendios, la superficie de quemada y la intencionalidad de los siniestros. “Aquí existe una mentalidad que no somos capaces de cambiar”, asegura, “falta cultura forestal y de cariño al monte: 'Arde porque tenía que arder', te dicen en los pueblos”. En ese punto coinciden otras organizaciones ecologistas como WWF España, Ecologistas en Acción y SEO Birdlife, que reclaman programas de intervención y concienciación social.

Abandono y recortes presupuestarios

En cualquier caso, los incendiarios prenden la mecha sobre material altamente inflamable. Las organizaciones citadas y expertos como Fernando Pulido, profesor de la Escuela de Forestales de la Universidad de Extremadura, señalan a un enemigo común. El abandono del monte y la despoblación de las zonas rurales, a lo que se añade la urbanización descontrolada. “Los incendios se apagan en invierno”, advierte Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, acudiendo a una frase ya antigua. Lo repite Beatriz Calvo, redactora jefe de Agenda Viva, la revista de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. Y no sólo porque sea en esos meses cuando debe limpiarse de matorrales el monte o abrir cortafuegos. El norte de Extremadura es una zona abonada a los incendios cada verano, entre otras razones porque las llamas se ceban en los pinos con que fue repoblada en los años 60 y 70 por el extinto Icona. Beatriz Calvo, que cuando habla con infoLibre regresa de ayudar en la extinción del incendio en Acebo, en Gata, habla de “pinos sucios”. “El pino pinaster no sirve para nada, sólo para sombra”, explica. “Son masas forestales muy densas, cientos de hectáreas donde se tocan las copas de los árboles”, abunda Fernando Pulido. Por tanto, es fácil que el fuego se propague con rapidez y se descontrole. Y de ahí que, aunque el número de incendios no aumente, éstos sean cada vez “mayores, más destructivos y difíciles de apagar”, destaca Lourdes Hernández, responsable de incendios en WWF España.

Lo corrobora Marcelino Cardalliaguet, quien exige también un “mayor esfuerzo económico” en los medios de extinción, afectados por los recortes presupuestarios aplicados en las comunidades autónomas. Suyas son las competencias en la lucha contra el fuego, aunque cuenten con el refuerzo de las brigadas forestales del Ministerio de Agricultura y de la Unidad Militar de Emergencias (UME). “Si en las primeras horas no se puede atajar un conato de forma eficaz por falta de medios en las proximidades del incendio, cuando la UME llega ya es imposible controlarlo”, protesta. El portavoz de SEO Birdlife denuncia que la Junta de Extremadura ha recortado a la mitad la inversión por hectárea, tanto en prevención como en extinción.

Además, según las cifras de Lourdes Hernández, el Gobierno central ha reducido otro tanto su propio presupuesto contraincendios. Que, a su juicio, resulta claramente desequilibrado: dedica 50 millones al año a la extinción, pero sólo 18 millones a las tareas de prevención. En este último capítulo el recorte alcanzó el 70% entre 2012 y 2013 respecto a 2008 y 2009, subraya la portavoz de WWF España. Sobre los presupuestos que las comunidades autónomas dedican a combatir el fuego en el momento, la opacidad es absoluta, se queja Lourdes Hernández. “Hasta el Ministerio de Agricultura tiene dificultades para saber cuánto se gastan las comunidades”, concluye.

Bomberos forestales en huelga

Cada verano Agricultura utiliza la lucha contra el fuego como caballo de batalla propagandístico, publicitando el gran despliegue de medios aéreos y humanos que acompaña a los incendios. Al tiempo, han salido a la luz las condiciones laborales de quienes combaten las llamas. El año pasado fueron los bomberos de los parques comarcales de Galicia, adjudicados a empresas privadas, quienes se declararon en huelga para reclamar un convenio colectivo. Cobran 1.100 euros al mes. Este verano son los miembros de las Brigadas Forestales de Refuerzo (BRIF), quienes llevan 16 días en huelga indefinida. Dependen del ministerio pero les paga la empresa pública Tragsa. Sólo 900 euros al mes y con un plus de peligrosidad de tres euros al día. Reclaman la categoría de bombero forestal, pero Tragsa sólo les considera “peones”. “Las administraciones”, protesta Marcelino Cardalliaguet, “están regateando sueldos” de unos profesionales a los que no se reconoce su labor, añade Lourdes Hernández.

Además, se trata de brigadas helitransportadas. Pero por la lentitud de Agricultura, el concurso para adjudicar los helicópteros no se resolvió hasta una vez iniciada la temporada de incendios. Además, el recurso de una de las empresas rechazadas en la licitación suspendió la adjudicación. El ministerio tuvo que recurrir a un procedimiento de urgencia procedimiento de urgencia para adjudicar a dedo los helicópteros de cada base a las empresas que se habían presentado al concurso. El resultado: las BRIF permanecieron en tierra durante los 20 primeros días de la campaña. Y no pudieron despegar hasta el segundo día del incendio de las Cinco Villas, en Zaragoza.

Pese a encontrarse de huelga, con servicios mínimos de hasta el 70%, los brigadistas de cinco bases –no sólo de Extremadura, sino también de Castilla-La Mancha y Andalucía– acudieron de forma voluntaria a apagar el incendio de la Sierra de Gata. La dirección de Tragsa les conminó entonces a quedarse en sus bases en una carta donde se les pedía que “respetaran y cumplieran los periodos de descanso entre jornadas”, de forma que pudieran incorporarse a sus puestos de trabajo “en plenas condiciones”. En plena campaña de verano y en plena huelga, los bomberos negocian unas subidas salariales que la empresa, en principio, se dice incapaz de asumir.

Aprovechamiento económico, interés especulativo

Antes de la extinción, Fernando Pulido echa en falta “pequeñas actividades agrícolas y ganaderas” en el monte. “Si hubiera olivares de montaña, cerezos o castaños, que proporcionen discontinuidad a las masas forestales de coníferas en Gata, el fuego no se propagaría a cientos de hectáreas como ocurre ahora”, lamenta el profesor de Ingeniería Forestal. También alaba los acuerdos que la Junta de Andalucía firma con pastores de cabras para que éstas limpien el monte y mantengan los cortafuegos. Pero para activar de nuevo el monte son necesarios incentivos públicos, defiende Lourdes Hernández. “Para los empresarios locales”, razona, “resulta muy difícil montar negocios rentables”. Beatriz Calvo pone el foco en “la desaparición de la cultura rural, del tejido humano que protegía el territorio”: de los trabajos comunales, la recogida de piñas, la limpieza de lindes, las “ovejas y cabras bombero”. Otro tanto puede decirse de las muy criticadas repoblaciones con eucaliptos en Galicia. El sacrificio de las especies autóctonas por el “monopolio” de otras altamente inflamables ha convertido extensas zonas rurales del país en “inmensos polvorines”, coinciden Marcelino Cardalliaguet y Beatriz Calvo.

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Además del “riesgo social”, todos los expertos consultados por este periódico no excluyen la existencia de intereses “especulativos” tras los incendios forestales. El aprovechamiento de la madera quemada, intereses ganaderos o urbanísticos pueden prender la llama en el monte. “Debería evitarse que los incendios produzcan beneficios para nadie”, zanja rotundo el delegado de SEO Birdlife en Extremadura. De ahí que considere una “locura” la nueva Ley de Montes. Aprobada el pasado 8 de julio, permite a las comunidades autónomas recalificar terrenos quemados y edificar en ellos. Aunque, según Fernando Pulido, la medida afectará más a las zonas costeras que a los montes del interior.

Cuando al portavoz de la Sociedade Galega de Historia Natural se le pregunta por soluciones al problema endémico de los incendios forestales, no duda en proponer “más concienciación social y más investigación criminal”. Así se combatirá el “desprecio al monte”, por un lado, y se conseguirán pruebas para imponer castigos contundentes, por otro. “En los pueblos”, lamenta, “todo el mundo sabe quiénes prenden fuego al monte pero nadie los denuncia”.

Beatriz Calvo, en cambio, pide “planes de gestión atrevidos”, como los que han puesto en marcha Nueva Zelanda o Australia, “basados en la permacultura [agricultura permanente, o diseño de hábitats humanos sostenibles e integrados] y la agroecología”. Porque, de lo contrario, augura, el problema “estructural” del fuego, espoleado por el cambio climático, aboca a España a convertirse en “la continuación de Marruecos”.