¿Balance positivo en la lucha contra la inflación?
Los últimos datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) podrían justificar una respuesta claramente afirmativa a esta pregunta. El índice de precios al consumo (IPC) interanual de marzo, que compara los de este mes con el correspondiente del año precedente fue de 3,2%; mientras que la inflación promedio de 2023 fue del 3,5%. En ambos casos, registros que quedan muy lejos de los episodios inflacionistas que hasta hace poco han sacudido con fuerza nuestra economía. Nos podemos quedar aquí o, por el contrario, proceder a un análisis más detallado, tomando como referencia un periodo más amplio, poniendo la lupa en el comportamiento del IPC en los años gobernados por la coalición entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (en los últimos meses, PSOE y SUMAR). Este segundo hilo conductor es el que sigo en el resto del texto.
De acuerdo con el INE, entre el último trimestre de 2019 y el correspondiente de 2023 el crecimiento del IPC fue del 15,6%; en idéntico lapso de tiempo, el de los salarios fue del 13,8% (coste laboral por hora trabajada, datos ajustados de estacionalidad y calendario). Si bien es cierto que, gracias sobre todo a las actualizaciones del salario mínimo, el crecimiento de las retribuciones más bajas ha sido superior al promedio, compensando el aumento de los precios (en este caso, datos del INE hasta 2022), la situación de una parte sustancial de los trabajadores continúa siendo muy mala. El 60% recibe un salario inferior al promedio, situado en 2128,3 euros, mientras que los agrupados en el decil inferior apenas alcanza los 600 euros y el siguiente supera por poco los 1000 euros.
La desigualdad en materia salarial continúa siendo muy pronunciada. El 10% de los trabajadores con retribuciones más elevadas es 8 veces superior al 10% peor pagado. Por no hablar de las recibidas por los altos ejecutivos y equipos directivos de las grandes corporaciones, que juegan en otra liga. Algunos ejemplos significativos con datos de 2022 extraídos del último informe disponible de la Comisión Nacional del Mercado de Valores relativo a las remuneraciones de los consejeros de las sociedades cotizadas: la retribución media devengada por un consejero fue de 383 mil euros, la de un presidente ejecutivo alcanzó los 2,3 millones y, si la empresa cotizaba en el IBEX, fue de 5,4 millones. Esta claro, estos juegan en otra liga donde prevalecen los privilegios y el reparto de prebendas.
Cada vez está más claro que, a diferencia de lo que machaconamente, con toneladas de ideología, sostiene la economía convencional, disponer de un empleo en absoluto garantiza salir de la pobreza. Según los datos proporcionados por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en 2023 la cifra de trabajadores pobres alcanzó los 2,3 millones, lo que supone el 11,3% del empleo total; asimismo, un elevado número de personas se encontraba en situación de pobreza o exclusión social (indicador AROPE, en inglés): 12,7 millones, el 26,5% de la población total.
Una primera conclusión que se desprende directamente de estos datos, muy relevante para un gobierno que se reclama de izquierdas, es que en este periodo los trabajadores han perdido capacidad adquisitiva, los niveles de pobreza y precariedad han continuado siendo muy elevados y la disparidad salarial se ha instalado como un importante factor de desigualdad. ¿Qué ha pasado para cosechar tan decepcionante resultado? Un debate importante que bien no ha sido abierto, se ha centrado en las adversas circunstancias en que ha tenido que desarrollarse la acción del gobierno o se ha zanjado con una visión autocomplaciente de las políticas implementadas.
Las empresas que han tenido capacidad para trasladar los costes más elevados sobre los precios y operar con elevados márgenes de beneficio —léase, por ejemplo, las que operan en el sector agroalimentario— han impuesto sus intereses
Volviendo al comportamiento seguido por el IPC, los datos agregados, por su propia naturaleza, sólo ofrecen una primera impresión, útil pero que es necesario completar con información más desagregada. Como he señalado antes, conviene poner la lupa y detenerse en los detalles. En este sentido, dado que el IPC mide cuál ha sido en el periodo seleccionado la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios que se considera representativa del consumo de la población, hay que tener muy presente que los patrones de gasto existentes son muy diferentes, dependiendo del nivel de renta.
En el cuadro siguiente se comparan las pautas de consumo en 2022 en los quintiles de renta primero (que se corresponde con el 20% de población con menores ingresos) y quinto (el 20% más rico). Es evidente, las necesidades y las urgencias de los pobres y los ricos son muy distintas. Las diferencias más importantes son las referidas a vivienda, agua, gas, electricidad y otros combustibles donde el grupo más pobre se deja el 42,6% de su renta y el mejor posicionado sólo el 27%. Estos porcentajes en el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas son, respectivamente, del 20,5% y 12,4%.
Mientras que el crecimiento de los precios en el primero de los epígrafes, 9,9%, se ha situado por debajo de la inflación promedio, lo que, por lo tanto, ha beneficiado en mayor medida a los grupos de población más precarios, en el segundo caso, alimentos y bebidas no alcohólicas, ha superado ampliamente ese promedio; de hecho, el aumento ha sido del 32%, lo que ha supuesto para ese colectivo una sustancial pérdida de capacidad de compra. Centrándome en este segundo caso, una desagregación de los bienes y servicios sobre los que se calcula el IPC todavía mayor, que también ofrece el INE, permite afirmar que rubros esenciales para el consumo de la población (sobre todo para la que cuenta con menores ingresos) han experimentado fortísimos crecimientos en los precios. No sólo el aceite, al que a menudo se hace referencia. En el listado siguiente, figuran los productos cuyos precios han aumentado en el periodo considerado más del 30%.
Todo lo anterior hace necesarias, en mi opinión, al menos un par de reflexiones a modo de conclusión. En primer lugar, no deberían tener cabida los discursos autocomplacientes, en el sentido de “hemos ganado la lucha contra la inflación” o “las políticas gubernamentales han sido eficaces a la hora de proteger a los más débiles” o “la economía va como una moto”. La pérdida de capacidad adquisitiva sufrida por los trabajadores, en algunos casos muy sustancial, en absoluto justifica esta posición. Parece claro, en segundo término, que las políticas llevadas a cabo por el Gobierno, tanto las de naturaleza fiscal como las referidas a la formación de los precios, no han funcionado en ámbitos fundamentales o no han sido suficientes. Las empresas que han tenido capacidad para trasladar los costes más elevados sobre los precios y operar con elevados márgenes de beneficio —léase, por ejemplo, las que operan en el sector agroalimentario— han impuesto sus intereses.
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Fernando Luengo es economista.
