¿Quo vadis, CGPJ?

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aún saca pecho en su página web como referente “para la creación de órganos constitucionales similares en Iberoamérica, en especial en Argentina” (SIC). Hoy en día, más que hurgar en la herida que gangrena un órgano de especial relevancia constitucional, cabe preguntarse qué futuro le espera al CGPJ si, ni que sea como consecuencia de capones procedentes de las instituciones europeas, logra renovarse.

Si bien, y volvemos a su web, el CGPJ señala que el constituyente de 1978 fue influido por la Constitución francesa de 1946 en el capítulo dedicado a regular el Consejo Superior de la Magistratura (Conseil supérieur de la magistrature (CSM)), ello es una verdad a medias al borde mismo de la falacia. En la Constitución de la Francia de la postguerra se dispuso que el CSM dejara de ser un órgano legal y pasase a ser un órgano constitucional autónomo, presidido por el presidente de la República y en que los magistrados fueran minoría, algo lógico cuando la encomienda constitucional es la de asegurar la independencia de la magistratura, la disciplina de los jueces y la administración de los tribunales.

La mayoría parlamentaria —y con ella la de ciudadanos— considera que el 'lawfare' no es un cuento chino

Tras sucesivas reformas, el CSM francés define su misión como la de asistir al presidente de la República en su rol de garante de la independencia de la autoridad judicial; y sigue integrado mayoritariamente por no magistrados frente al CGPJ español, en el que los miembros de la judicatura son mayoría (13 sobre 21), lo que equivale a poner al zorro a vigilar a las gallinas, modelo que, todo sea dicho, es también el italiano.

La realidad española es, además, tributaria de un descerebrado sistema de elección de los miembros del CGPJ que, a través del santuario en las mayorías cualificadas, permite el bloqueo en vez de trasladar las sensibilidades mayoritarias en el Parlamento, todo ello en combinación letal con la mayoría de jueces.

Letal porque, en estos momentos y a modo de ejemplo, la mayoría parlamentaria —y con ella la de ciudadanos— considera que el lawfare no es un cuento chino, algo negado con contundencia por el conjunto de asociaciones de la magistratura, como se ha visto en su arremetida contra el pacto PSOE-Junts. Un divorcio con consecuencias previsibles.

En todo caso, y por todo ello, la necesidad imperiosa no es solo renovar un órgano constitucional producto del emponzoñamiento, sino, y especialmente, que por su composición deje de ser correa de transmisión de un colectivo —el de la judicatura— tan apartado en su mayoría del conjunto de la sociedad española. Esa variación de la composición, que deje a los jueces en minoría, no será ni fácil ni rápida; es por ello que cuando, de una puñetera vez, se produzca la renovación, será decisivo que los partidos políticos convengan en procurar que los miembros no magistrados del CGPJ sean combativos en la radicalidad democrática de este órgano constitucional. Porque, y en ello tienen responsabilidad algunos de los partidos que ahora se rasgan las vestiduras, sus designados para integrar el CGPJ han sido, en demasiadas ocasiones, juristas acomodaticios al pensar socialmente conservador y corporativista de la judicatura.

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Joan Cerdà Subirachs es socio de infoLibre.