Tribulaciones del concejal de Urbanismo de Matorrales de la Sierra

Fernando Pérez Martínez

En una población de mil quinientas almas, el censo de votantes para las elecciones municipales no excede de setecientos. Si implicamos a veinte familias en un negocio municipal, los votos de los miembros de éstas, más los de las amistades y relaciones de todo tipo que se mueven a su alrededor alcanzan casi la mitad del censo. Esto lo sabía Páscuale.

Páscuale es un cóctel de codicia psicópata

, desdén por los que él considera débiles, sumisión perruna a los poderosos y genética ignorancia importada de más allá de las lindes del pueblo.

Le viene de familia, el desahogo moral y un polígono industrial fracasado hace veinte años, así como suficientes relaciones de clientelismo en su pueblo, que traducidas en votos le llevarán a la Concejalía de Urbanismo, desde la que poder desatascar el polígono arruinado, ampliando los márgenes con terreno rústico del que algún socio y los vecinos del polígono son propietarios de prados y pajares aledaños comidos por zarzales. En cuatro años le sobra tiempo para montar la jugada.

Hará saber a los vecinos colindantes con su proyecto inmobiliario, desde el pedestal de la Concejalía, que pueden elegir entre pillar un cacho con él o estrellarse contra él, es decir contra la Administración municipal, es decir contra el juzgado de S. Lorenzo, que es amigo. Eso sí, el mendrugo que les ofrece lo pagarán, caro o barato, pero les supondrá meterle unos miles de euros en el bolsillo en cómodos o no tan cómodos plazos, que eso a él le trae sin cuidado, mientras aflojen la mosca.

Con los euros que saque Páscuale, a los vecinos involucrados de grado o por fuerza; bajo promesa de recalificar en edificable, el terreno en que se hallan corrales rotos y pajares desvencijados; él se hará una chapuza de veinte adosados sobre el espacio industrial frustrado, incluyendo los terrenos adyacentes que haga falta, y si alguno de los expropiados dice esta boca es mía se le achantará desde el Ayuntamiento poniéndole las peras a cuarto con las Ordenanzas Municipales en la mano. Si lo aceptan por las buenas, bien y si alguno rebulle, lo machacará con los preceptivos permisos que está en su mano firmar o denegar conque, si quieren tener la fiesta en paz y edificarse una casa de tres plantas donde antes tenían un prado cochambroso lleno de zarzas, más les vale cerrar la boca y sonreír mientras pagan lo suyo.

Al principio todo fue como una seda, todos aceptaban ceder una “mínima” parte de sus desoladas e inútiles propiedades y pagar una mensualidad razonable durante un año, a cambio del permiso de Urbanismo para construir una casa de varios pisos en terrenos rústicos. Claro que estas condiciones no se podían poner por escrito en ningún documento con el que reclamar ante un juez o denunciar a la opinión pública, porque era secreto y a todos interesaba la discreción y era mejor fiarse de un acuerdo entre caballeros. Luego, la mensualidad, que sí quedó por escrito en documento legal, se montó hasta los casi mil euros en algún caso y la mayoría apoquinó entre seiscientos y ochocientos en lugar de los trescientos más o menos, que en un principio acordaron verbalmente.

Cuando alguno se retrasaba en el pago de la cuota convenida, se le refrescaba la memoria con amenazas de desahucio por el procedimiento de urgencia previsto en las Ordenanzas y todo era coser y cantar y trincar alegremente los fajos de euros.

Hasta que una familia se atascó en el pago dos meses seguidos y el remedio (“si en una semana no está el dinero en mi bolsillo os pongo en la calle y me quedo tan ancho”) le costó un infarto a la madre de familia, y aquello tuvo consecuencias no previstas. La Fiscalía abrió un expediente informativo sobre las causas de la muerte de la buena señora, que en paz descanse, y los rumores de amenazas y coacciones para el pago de una deuda sobre un proyecto urbanístico sin licencia de la Comunidad Autónoma y sobre terrenos no edificables. Todo estaba en el aire, sin cobertura legal todavía y lo que es peor sin que en la Consejería de Urbanismo de la Comunidad Autónoma ningún consorte hubiera recibido la parte correspondiente a esta clase de chanchullos. Por lo que negros nubarrones se vislumbraban en el hasta entonces resplandeciente horizonte de los negocios de Páscuale, al que lo que menos le importaba era la vida de la mujer de un pastor jubilado. Pero el desgraciado suceso podía dar al traste con el botín de su pillaje municipal desde la Concejalía y lo que es peor llevarle, tras un vía crucis judicial, una temporada al penal de Manzanares.

Aquello se paralizó de la noche a la mañana. En la Concejalía de Urbanismo de Matorrales de la Sierra nadie sabía qué locura les había entrado a los vecinos del Polígono para ponerse a construir desaforadamente edificios de varias plantas sin los permisos oportunos.

Páscuale, en defensa de los intereses del pueblo, denunció a esos pastores y agricultores a los que sin que nadie supiera el porqué, les había entrado la fiebre de la construcción ilegal. Un juez dictó un auto para detener las obras empezadas. A las denuncias de los ganaderos contra Páscuale como promotor de las obras, éste respondió ser víctima de calumnias en venganza por detener las obras ilegales y negó haber recibido un céntimo de aquella turba que se desquitaba injuriándole.

Según cuentan los lugareños y al paso que llevan los tribunales, hay para muchos años de litigio, dimes y diretes y para cuando todo se aclare, si se aclara alguna vez, serán los nietos de los protagonistas los que paguen una multa o reciban una indemnización sin saber claramente porqué.

La defensa de Páscuale la paga el Ayuntamiento. Para los socios del concejal de Urbanismo y los vecinos del Polígono el negocio fue ruinoso pues además de quedarse con las fincas rústicas que ya tenían, hubieron de desembolsar las cuotas pagadas a Páscuale, los materiales de construcción y mano de obra especializada, los proyectos de los edificios construidos y los gastos de demolición y traslado de los cascotes del derribo a la escombrera.

El último fiasco inmobiliario de Matorrales, le costó la vida a una inocente señora del pueblo que de manera póstuma se llevó por delante las ambiciones criminales y mezquinas del Concejal de Urbanismo.

Fernando Pérez Martínez es socio de infoLibre

En una población de mil quinientas almas, el censo de votantes para las elecciones municipales no excede de setecientos. Si implicamos a veinte familias en un negocio municipal, los votos de los miembros de éstas, más los de las amistades y relaciones de todo tipo que se mueven a su alrededor alcanzan casi la mitad del censo. Esto lo sabía Páscuale.

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