Lucha contra el paro

Ocho de cada 10 contratos subvencionados por el Gobierno son temporales

Los contratos de menos de siete días se disparan un 48% tras dos reformas laborales

El Gobierno puso todo su esfuerzo propagandístico en las tarifas planas de cotizaciones para incentivar los contratos indefinidos. Tal es así que las dos creadas en el último año las anunció el propio Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. A esas subvenciones atribuye el Ejecutivo el aumento de los “contratos estables” –en palabras de la secretaria de Empleo, Engracia Hidalgo– del que presume y que las cifras desmienten. Los expertos –y hasta el propio Gobierno lo secundó en un primer momento– ponen en duda la eficacia de las bonificaciones para incentivar los contratos. Sin embargo, desde 2013 el Ministerio de Empleo ha recuperado los incentivos que suprimió de un plumazo el verano de 2012. Cuestión distinta son los resultados: el 80% de los contratos que subvencionó el año pasado fueron temporales.

Según la Memoria del Consejo Económico y Social (CES) de 2014, ese año se bonificaron 215.675 contratos, un 8,6% más que en 2013. De ellos, 172.759 fueron contratos temporales. Su participación en el total de los contratos subvencionados ha aumentado cinco puntos porcentuales respecto a 2013 y 12 respecto a 2012.

Además, de entre los indefinidos que recibieron incentivos públicos –42.916– los indefinidos iniciales sumaron el 59%, casi ocho puntos menos que en 2013, aunque cinco más que en 2012. El resto corresponde a conversiones de temporales en indefinidos.

En cualquier caso, los contratos con bonificación representan el 1,3% de los 16,7 millones que se firmaron en España en 2014, un porcentaje mínimo. Y casi la mitad cubren bajas por maternidad u otro tipo de interinidades, explica la memoria del CES. Un tercio lo firman trabajadores con discapacidad. Este reparto porcentual no ha variado en los últimos cuatro años.

Incentivos en el país líder del empleo temporal

¿Tiene sentido subvencionar la contratación temporal cuando la lucha contra su predominio –y abuso– en el mercado de trabajo es una de las prioridades declaradas de la reforma laboral y del Gobierno? El investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) Florentino Felgueroso cree que, si los incentivos se ligaran a la formación, “se podrían justificar, en el límite, las bonificaciones a la contratación temporal”. Aunque, en su opinión, la única medida eficaz contra el abuso de los contratos eventuales en España es “cambiar la ley”. Como es sabido, el 92% de los contratos que se firman cada mes son de este tipo. España es el país de la Unión Europea, sólo superado por Polonia, con mayor tasa de temporalidad.

“No tiene sentido bonificar la contratación temporal”, opone rotunda Inmaculada Cebrián, profesora de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Sólo considera adecuados y eficaces los incentivos si se trata de “abrir la puerta” al mundo del trabajo a “grupos con verdaderos problemas de inserción en el empleo que, en ningún caso, accederían a un empleo indefinido –por problemas penitenciarios o drogadicción, por ejemplo–” , o si lo que se pretende es “abaratar los costes para sustituir a personas que se acogen a alguna medida de conciliación”. Felgueroso recuerda que las bonificaciones tienen un “efecto moderadamente positivo” sólo si se aplican a “colectivos muy específicos” de trabajadores, y pide que se evalúe “regularmente” su eficacia.

Contrato de apoyo a los emprendedores

Otra de las medidas del Gobierno para estimular los contratos indefinidos fue crear un nuevo tipo de contrato, con ese carácter pero acompañado de un periodo de prueba de un año y abundantes deducciones en las cuotas a la Seguridad Social. El contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, sin embargo, tampoco se ha traducido en un aumento significativo del “empleo estable”. En 2014 se celebraron 98.751 contratos de apoyo a los emprendedores, un 20% más que en año anterior. No obstante, representan sólo el 18,9% de los indefinidos iniciales a tiempo completo, tres puntos menos que en 2012, el año de su creación.

El periodo de prueba de un año ha sido constante motivo de polémica, que no ha cesado ni siquiera cuando el Tribunal Constitucional lo avaló tras un recurso presentado por el Parlamento de Navarra. Los sindicatos critican que un periodo de prueba de semejante amplitud convierte ese contrato teóricamente indefinido en uno temporal de un año, al permitir el despido sin derecho a indemnización ni prestación por desempleo al término de ese plazo. Para sustentarlo, se remiten al número de contratos suscritos sin acogerse a las deducciones fiscales. Como la empresa debe devolverlas si despide al trabajador antes de tres años, en 2014 sólo el 5,5% de estos contratos se acogieron a los incentivos, la mitad que en 2013 –11%–. En su primer año, 2012, ascendieron al 18%.

Tampoco parece que este contrato tan fuertemente incentivado tire del empleo juvenil. Pese a que al empresario se le bonifica con hasta 3.600 euros la cuota de la Seguridad Social si emplea con esta fórmula a jóvenes entre 16 y 30 años, los contratos de apoyo a los emprendedores en esa franja de edad cayeron un 31,6% en 2014. También se han reducido un 43,6% los contratos de este tipo con beneficiarios de prestaciones –permiten compatibilizar el cobro del paro con un trabajo; el empresario se beneficia de una deducción fiscal del 50% de la prestación que percibe su empleado–.

El Plan Prepara, en declive

El Plan Prepara es anterior a la reforma laboral. Fue creado en febrero de 2011 y será prorrogado cada seis meses mientras el paro no baje en España del 20%. En 2014 se incorporaron al programa 104.544 parados, lo que implica una caída del 65% respecto a 2012, cuando casi 300.000 personas se dieron de alta. Se trata de un programa de ayudas de hasta 450 euros para parados de larga duración con cargas familiares y sin ingresos, a cambio de cursos de recualificación profesional.

Según la memoria del CES, el plan “ha ido perdiendo eficacia en su capacidad como sostenedor de rentas”. Sobre su eficacia, el informe de este año no facilita datos. Pero en 2011 sólo consiguieron un empleo tras su paso por el programa el 18% de los beneficiarios. De ellos, la mayoría son mujeres, el 51,3%.

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