Cada vez son más las voces que reclaman que desde el Gobierno español se asuman responsabilidades en el conflicto del Sáhara Occidental. Este miércoles ha sido el turno de la activista pro saharaui Aminetu Haidar, que ha advertido, en una comparecencia ante el Congreso, que es necesario preservar la cultura de los derechos humanos con el fin de evitar una deriva violenta del conflicto saharaui. La activista ha presentado ante la Cámara Baja el informe El oasis de la memoria, para el que se han entrevistado a 261 víctimas de graves violaciones y en el que se denuncia la desaparición de 400 personas saharauis.
"España tiene que reconocer la existencia del pueblo saharaui y la necesidad de que haya verdad y justicia", ha declarado Haidar a Europa Press. Junto a Haidar han presentado el análisis el director de Amnistía Internacional-España, Esteban Beltrán, y Carlos Martín Beristain, un psicólogo experto en derechos humanos, antiguo asesor del Tribunal Penal Internacional (TPI) y coautor del informe.
"Es necesario hacer justicia sobre el pasado y el presente –ha dicho Haidar– y, sobre todo, en relación con el campamento de protesta de Gdeim Izik", cerca de El Aaiún. Este asentamiento fue asaltado por las fuerzas de seguridad marroquíes en noviembre de 2010. "Hay que salvar la vida de los 25 presos que han sido condenados a penas muy duras, incluso a cadena perpetua, y que solo eran activistas detenidos por sus opiniones a favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental", ha manifestado la activista.
Por su parte, Carlos Martin Beristain ha reclamado a los diputados una "posición clara" de España a favor de que la misión de la ONU en el Sáhara Occidental (MINURSO), que se renueva el próximo mes de abril. Asimismo, el coautor de la investigación ha pedido que los derechos humanos ocupen un "lugar central" en la solución del conflicto porque, a su juicio, "sin libertades y derechos humanos es imposible alcanzar un arreglo político".
Las negociaciones mantenidas entre Marruecos y el Polisario en los últimos cinco años no han dado ningún resultado, puesto que la organización independentista saharaui reclama como salida la celebración del referéndum que en su día avaló la ONU. Rabat, en cambio, sigue ofreciendo como solución que la que fuera colonia española hasta 1975 cuente con una amplia autonomía, pero bajo soberanía del reino alauí.
El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró el año pasado durante una comparecencia con el viceministro de Exteriores marroquí, Saadedín al Otmani, que desde el Gobierno español no se apoya el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental. En el programa con el que ganó las elecciones el pasado 20 de noviembre, el PP se inclinaba por mantener una "neutralidad activa" y "lograr una solución conforme con las resoluciones del Consejo de Seguridad y el derecho internacional y con la responsabilidad histórica de España". Algunos expertos incluso han señalado que la postura del PP en el tema se alinea con la versión oficial de Marruecos.
Bombardeo de la población
A pesar de ello, los activistas siguen reclamando la implicación del Ejecutivo. El informe presentado este miércoles está dividido en dos tomos. En el primero de ellos se incluye un análisis de las violaciones de derechos humanos en diferentes periodos históricos. Además, se trata el conflictol desde varios enfoques; desde el éxodo y el bombardeo a la población civil en Um Dreiga o el pillaje, a las desapariciones forzadas, la práctica de la tortura, las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza contra la población en manifestaciones.
El segundo volumen aborda el impacto que las violaciones de derechos humanos ha supuesto a las víctimas, incluyendo una visión de las niñas y los niños. También se analizan las formas de resistencia frente a esa violencia y las respuestas al conflicto desde el ámbito internacional, haciendo un especial hincapié en el Estado de Marruecos.
“En el Sáhara Occidental hay más democracia que en Europa o Estados Unidos”
Entre tanto, sigue abierta la causa en la Audiencia Nacional por genocidio y torturas cometidos en el Sáhara Occidental entre 1976 y 1987. Actualmente, ha vuelto a recobrar impulso tras cuatro años y medio, después de que varias asociaciones de familiares de presos y desaparecidos presentaran una querella.
El juez español Baltasar Garzón abrió el procedimiento en 2007, pero la instrucción quedó paralizada tras una comisión rogatoria cursada a Marruecos en octubre de 2008 y que jamás fue respondida. El magistrado pedía al reino alauí que notificara la querella a los implicados, preguntaba si los hechos habían sido investigados en Marruecos y solicitaba datos sobre la identidad de las víctimas y el lugar de inhumación. El sustituto de Garzón, Pablo Ruz, reactivó en noviembre la investigación y el pasado jueves, con el informe favorable del fiscal, citó a los 14 testigos saharauis –entre los que se encontraba la propia Aminetu Haidar–.
Actualmente, se investiga a 13 altos responsables marroquíes, entre ellos, Hosni Bensliman, jefe de la Gendarmería Real, nombrado por el monarca en 1985. Se trata del único alto cargo de la seguridad nombrado por Hassan II que mantiene su puesto en la etapa de Mohamed VI. Sobre Bensliman pesa, además, una orden de detención internacional instada por Francia por su implicación en el asesinato del opositor marroquí Mehdi Ben Barka, en 1965.
Cada vez son más las voces que reclaman que desde el Gobierno español se asuman responsabilidades en el conflicto del Sáhara Occidental. Este miércoles ha sido el turno de la activista pro saharaui Aminetu Haidar, que ha advertido, en una comparecencia ante el Congreso, que es necesario preservar la cultura de los derechos humanos con el fin de evitar una deriva violenta del conflicto saharaui. La activista ha presentado ante la Cámara Baja el informe El oasis de la memoria, para el que se han entrevistado a 261 víctimas de graves violaciones y en el que se denuncia la desaparición de 400 personas saharauis.