Una respuesta social al riesgo de crisis

La coincidencia de una ralentización económica con un periodo electoral suele exagerar más de la cuenta los discursos políticos. Quienes han ostentado el poder ejecutivo tenderán a minimizar los riesgos de esa ralentización; quienes concurren a las elecciones desde la oposición a magnificarla hasta el apocalipsis. Cualquiera de las dos opciones son contraproducentes en este momento. Negar las evidencias impide la caracterización de la hipotética crisis y retrasa la toma de medidas. Sobredimensionarla puede tener efectos de “profecía autocumplida” y agravar parte de sus efectos.

Es necesario hacer pedagogía sobre qué está sucediendo, a qué causas obedece, y sobre todo, qué medidas de política económica se requieren para revertir la situación. España está sufriendo una desaceleración económica importante, que se viene reflejando sin ir más lejos en nuestro ritmo de creación de empleo, que se ha ralentizado pese a que en términos desestacionalizados sigue siendo positivo.

Las causas aparecen relacionadas con factores geopolíticos como son la batalla comercial y arancelaria entre EE.UU. y China, así como los efectos previsibles de un Brexit “duro” y sus repercusiones.

Se está produciendo una intensa contracción del comercio internacional, como prueban la caída de las exportaciones en el conjunto de países del G-20 desde el primer trimestre del año, y que alcanzan el -3% al finalizar el segundo trimestre. Son por tanto las economías más orientadas a la exportación las primeras afectadas, y este trimestre Alemania (que representa el 21% del PIB de la UE, y en cuya economía las exportaciones representan el 47,4% del PIB) y Holanda (el 84% de su PIB lo conforma su formidable aparato exportador), entrarán en recesión técnica. Es obvio que si esta situación se mantiene en el tiempo, el riesgo de que la recesión se extienda a otros países de la zona euro es alto, y entre ellos, obviamente, está España.

Nuestro país está capeando este momento con un mejor comportamiento macroeconómico que los de nuestro entorno, lo que no debe ocultar los serios problemas que mantenemos en tasas de paro, desigualdad y precariedad. Somos un país con menos capacidad de exportación y eso nos hace menos vulnerables al primer impacto de la ralentización del comercio mundial.

Nuestra demanda interna sustentada de forma primordial en los salarios, el empleo y las prestaciones sociales está siendo la principal explicación a que “nos vaya mejor” que a otros países desarrollados.

La masa salarial sube de forma ininterrumpida desde el último trimestre del año 2018, producto de la evolución de los convenios colectivos suscritos por los sindicatos al calor del AENC suscrito por CCOO (2,31% de subida registrada); la subida de los salarios más bajos (subida del SMI que ha pasado en tres años de 655 a 900 euros mensuales e incorporación en varios convenios del salario mínimo de 14 mil euros anuales); los acuerdos en la función pública que han permitido recuperar una parte de los salarios arrebatados a más de tres millones de empleados/as públicas durante la crisis; o la revalorización de las pensiones que lo han hecho en base a la inflación y no al 0,25% de la reforma de pensiones del año 2013.

Sin embargo no conviene engañarse. La persistencia de las incertidumbres, de mantenerse, acabará impactando a nuestra economía. Lo estamos viendo ya, puesto que mientras la masa salarial se incrementa desde hace varios trimestres, como ya se ha señalado, el consumo de las familias en bienes duraderos cae de forma notable. Se teme consumir y se prioriza ahorrar en un contexto de enorme precariedad laboral, rotación en la contratación y volviendo a ser el país de Europa con mayor tasa de temporalidad y la segunda de desempleo. Impulsar la inversión en un momento de tipos de interés bajísimos no es un problema de acceso a la financiación, sino de demanda solvente.

Y para impulsar tal demanda necesitamos políticas redistributivas que pasan por la corrección de las reformas pensadas para la devaluación interna, como la laboral, la de pensiones o la de la prestación de desempleo. Un periodo de estabilidad política que aborde estas medidas correctoras y den certidumbres a quienes dependen de su salario como fuente principal de ingresos —el 56% de los hogares— o de una pensión de jubilación o prestación de desempleo —el 31%—.

Y claro que necesitamos reformas estructurales, pero en sentido contrario a las del periodo especial del austericidio. Empezando por una reforma fiscal que nos homologue progresivamente a la contribución tributaria europea (recordemos, 6,4% de PIB por debajo de la media de la Eurozona); una revisión de nuestro marco laboral que derogue en la práctica una reforma laboral pensada para situar la política laboral como subalterna a las políticas económicas de la devaluación interna; abordar políticas que se enfrenten al disparatado precio de la vivienda en España, que constituye un enorme drenaje de rentas para pagar alquileres o hipotecas, que además de impedir un derecho básico de habitabilidad, lastra al resto de sectores económicos; reformas que mejoren la productividad de nuestra economía, no mediante la precarización y devaluación del trabajo, sino mediante la mejora del sistema educativo, la formación a lo largo de toda la vida, el aumento del tamaño medio de las empresas en nuestro país, o la reducción de los precios energéticos, entre otras muchas cuestiones.

Y todo ello en un momento de tensiones geopolíticas que están recomponiendo el modelo de globalización, de transiciones productivas producto del proceso de digitalización de la economía y la sociedad, y mediatizada por los límites medioambientales que exigen una economía descarbonizada.