A más testosterona gringa, más democracia europea

Con todos los despropósitos que estamos viviendo desde la irrupción de un sociópata fascista en la presidencia de una otrora democracia representativa, se nos ha pasado por alto celebrar el cuarenta aniversario de la incorporación de España a la entonces Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea (UE), que tuvo lugar el 1 de enero de 1986.

Recuerdo las sensaciones tan maravillosas de ese hecho histórico estando yo en los previos de la adolescencia. Enseguida pude disfrutar personalmente de esa nueva realidad, de la amplitud de miras que nos brindaba y de la libertad de movimiento a la que nos invitaba. El Programa Erasmus es una de las herramientas más inteligentes y eficaces, en mi opinión, de creación de conciencia de ciudadanía europea. Me alegró mucho, por cierto, que Reino Unido pidiera recientemente su reingreso en ese programa de intercambio.

Ha llovido mucho en estos cuarenta años. La construcción europea sigue su curso, a trompicones, con periodos de tibieza seguidos de periodos de innegable impulso como el experimentado desde la pandemia, con algún retroceso posterior, pero con unos valores prístinos que guían todas las acciones y decisiones de las instituciones europeas y sus Estados miembros: la defensa de la democracia.

Opino abiertamente que el déficit democrático que lamentablemente aún caracteriza a la institucionalidad de la UE debe resolverse cuanto antes, teniendo en cuenta el cambio de era por el desorden internacional que el lunático antes mencionado está provocando con sus declaraciones y acciones. Quien ayer era un gran aliado en la defensa de la democracia, con sus cosas, hoy es un agresor declarado.

Hace año y medio fuimos invitados a elegir a nuestros representantes en el Parlamento Europeo (institución supranacional), que desde el Tratado de Lisboa (2009) es, en igualdad de condiciones que el Consejo de la UE (institución intergubernamental), el poder legislativo de la Unión, cuya composición de acuerdo con los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo determina la elección de la Presidencia de la Comisión Europea y su cuerpo de Comisarias/os (poder ejecutivo). Fue la de junio de 2024 una cita electoral muy desaprovechada por la ciudadanía (participación española del 46%, por debajo de la ya de por sí mediocre participación promedio de la UE (del 51%) por varios motivos, uno de ellos el desconocimiento, a menudo traducido en desprecio, de su importancia. Y de aquellos barros, estos lodos.

En 1976 se adoptó el Acta Electoral Europea, que establece unos principios comunes pero que deja a cada Estado miembro participar de acuerdo con sus normas electorales nacionales, que no son uniformes. Por ejemplo, las elecciones europeas se celebran en días diferentes; los votos se emiten para partidos nacionales con candidatos nacionales que presentan programas nacionales sin debate político paneuropeo y sin aumentar el interés de la ciudadanía en los asuntos europeos; y la edad mínima para ejercer el sufragio activo (votar) y pasivo (ser candidato) difiere entre Estados miembros.

El Acta Electoral Europea fue modificada en 2002 y en 2018, pero este último cambio nunca entró en vigor por faltar la ratificación de España, por lo que las elecciones de 2024 se rigieron por la reformada en 2002.

Desde el 3 de mayo de 2022, se encuentra pendiente de aprobación una reforma de hondo calado, propuesta por el propio Parlamento Europeo en forma de Reglamento, para garantizar, de una vez por todas, un sistema electoral aplicable a todos los Estados miembros de la UE en las elecciones europeas.

Creo que vale la pena conocer las novedades –las he ordenado a modo de decálogo para facilitar la comprensión– de la propuesta porque serán (esto es un deseo personal) las que habrán de regir el funcionamiento de las próximas elecciones europeas en 2029, ya que no pudieron hacerlo, por falta de impulso político o porque las preocupaciones entonces eran otras, en las pasadas de 2024. Y el tiempo vuela.

Quien ayer era un gran aliado en la defensa de la democracia, con sus cosas, hoy es un agresor declarado

Uno. Una circunscripción a nivel de la UE junto a las 27 circunscripciones nacionales actuales para facilitar que los electores voten por el presidente o presidenta de la Comisión Europea (actualmente, Úrsula Von Der Layen) en un sistema llamado de “candidatos principales” (Spitzenkandidaten) a través precisamente de estas nuevas listas europeas/transnacionales encabezadas por el candidato de cada familia política a la presidencia de la Comisión.

Así, cada votante tendría dos votos. Un voto para elegir a los miembros del Parlamento Europeo en las circunscripciones nacionales (si se mantiene como hoy, son 720, de los que España cuenta con 61), utilizando el sistema nacional de representación proporcional utilizado por cada Estado miembro. Y aquellos con más de 60 escaños (como Alemania, Francia e Italia, y como España desde junio de 2024) tendrían un umbral mínimo obligatorio del 3,5% (con un máximo permitido del 5%), para obtener eurodiputados, sin perjuicio de las exenciones establecidas en la ley nacional para partidos políticos o asociaciones de votantes que representen minorías nacionales o lingüísticas reconocidas.

El otro voto sería para elegir a los miembros para la circunscripción de la UE (27), mediante un sistema y procedimiento electoral uniforme de listas cerradas paneuropeas integradas por partidos políticos europeos, asociaciones europeas de votantes, coaliciones electorales europeas y coaliciones europeas de partidos nacionales o asociaciones de votantes de al menos 1/4 de los Estados miembros.

Para la asignación de escaños en las circunscripciones nacionales y en la paneuropea tras las elecciones, se utilizaría la fórmula D'Hondt de representación proporcional.

Dos. Armonización de la edad mínima de ejercicio de derechos cívicos y políticos: 18 años para presentarse como candidato y 16 años para votar, sin perjuicio de las disposiciones constitucionales existentes que establecen una edad mínima para votar a los 18 o 17 años. Además, todas las personas con discapacidad deben gozar de derechos políticos en igualdad de condiciones.

Tres. Garantía del derecho al voto a ciudadanos de la UE independientemente de su residencia (en un tercer país, sin residencia permanente, en residencias cerradas / institucionalizadas, sin hogar o en prisión).

Cuatro. Garantía de accesibilidad universal a materiales relevantes, instalaciones y colegios electorales.

Cinco. Garantía del derecho de emitir el voto por correo, incluidos los ciudadanos de la UE que viven en el extranjero.

Seis. Establecimiento del 9 de mayo como día fijo para celebración de elecciones europeas en toda la UE, en conmemoración del aniversario de la Declaración de Schuman en 1950, que los Estados miembros pueden declarar festivo nacional.

Siete. Periodo común de campaña electoral (desde ocho semanas antes del día de las elecciones) y periodo común de reserva electoral (jornada de reflexión, desde 48 horas antes) en toda la UE.

Ocho. Plazos comunes para presentar las listas de candidatos (doce semanas antes) y para establecer los censos electorales (catorce semanas antes) en toda la UE.

Nueve. Obligación de todos los partidos políticos y otras entidades que participan en las elecciones europeas de observar procedimientos democráticos y transparencia al elegir a sus candidatos y garantizar la igualdad de género en sus candidaturas (mediante cuotas o sistemas cremallera).

Diez. Creación de una Autoridad Electoral Europea, compuesta por 27 miembros designados por cada Estado miembro por un periodo de cinco años renovable, que se encargue de llevar a cabo las elecciones en la circunscripción paneuropea, de coordinar el intercambio de información entre las autoridades electorales nacionales y de supervisar la aplicación del Reglamento.

¿Próximos pasos?

El Consejo de la UE debe pronunciarse por unanimidad sobre la iniciativa legislativa del Parlamento (la propuesta de Reglamento aprobada desde mayo de 2022), antes de ser aprobada por todos los Estados miembros, según sus propios ordenamientos constitucionales, para su entrada en vigor.

¿Llegaremos? Yo digo sí, pero las cosas no se hacen ni se consiguen solas, y hay que empujarlas.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.