Le pregunto a la IA de Google qué es una persona decente y me responde que no hay ninguna vista creada. La RAE, en cambio, se atreve a indicar que es alguien honesto y justo. Reconozco que cada vez que escucho al PP clasificar como ‘gente decente’ a los que se manifiestan o les votan, según lo que toque, me resulta indecente su capacidad para ofender a la mayoría de españoles, que según las urnas no comulgan con sus políticas y. por lo tanto, no les apoyan.
Si se trata de medir la indignidad, sólo hay que escuchar los audios de Mª Dolores de Cospedal, por ejemplo, diciendo a Villarejo que “al fiscal Grinda hay que matarlo”. Una frase más propia de la mafia que de una ministra de Defensa y secretaria general del Partido Popular, que es lo que era en ese momento. Sin embargo, esta señora forma parte de las personas decentes, según los criterios de Feijóo, Aznar y demás dirigentes que consideran que el fin justifica los medios aunque el objetivo sea tan antidemocrático como el de tumbar a un Gobierno legítimo elegido mayoritariamente por los españoles. Resulta obvio pero hay que repetir sin parar que si Pedro Sánchez está en la Moncloa es porque suma los votos necesarios para ocupar el cargo.
Si se trata de medir la indignidad, sólo hay que escuchar los audios de Mª Dolores de Cospedal, por ejemplo, diciendo a Villarejo que “al fiscal Grinda hay que matarlo”
Porque “estamos dando por hecho que el contexto real es el que ha creado la derecha con la indecente ayuda de la judicatura. Y que lo normal es que el fiscal general del Estado debe dimitir. Cuando lo anómalo aquí es que esté acusado. Su dimisión supondría dar la razón a quienes están haciendo un uso espurio de su función constitucional”, afirma un jurista escandalizado. En la guerra que libran, todos están firmes en sus puestos cargando sin cesar contra el que consideran un enemigo. Como diría Cospe, “hay que matarlo”.
El juez Hurtado no tiene pudor en afirmar sin indicios que lo sostengan que García Ortíz “actuó a raíz de indicaciones de presidencia del Gobierno”, construyendo así una realidad y un punto de partida carente de pruebas. Y quienes desde la izquierda apoyan que el fiscal general debería dimitir dan cobertura al golpe blando, que desde julio de 2023 las fuerzas de derechas ejecutan sin tregua. No se puede discutir en el mismo plano. ¿Cómo vamos a echar mano de las reglas si nos estamos moviendo fuera de ellas?
Si no se hubieran quebrado las reglas democráticas, este caso no existiría, ni habría llegado a este punto. Pero partimos de que el Supremo ha dado credibilidad a las tesis del jefe de Gabinete de Ayuso y a su novio, que difundieron información falsa, y se permiten el lujo de acusar de revelación de secretos al fiscal general a pesar de las declaraciones de varios periodistas que bajo juramento declararon haber recibido la información antes de que llegase a García Ortíz.
En cuanto el auto sea firme, se irá a juicio oral. Y juzgará un tribunal compuesto por entre cinco y siete magistrados del Supremo, de los que no puede formar parte ninguno de los que ya haya participado en apelaciones del caso o revisando cuestiones del instructor. Hasta octubre como pronto no se abrirá ese juicio oral. Primero hay que resolver el recurso de reforma y el subsidiario de apelación, que probablemente plantee la defensa. Y hasta que no concluya el juicio oral, no se podrá presentar un recurso de amparo en el Constitucional, porque para que se admita a trámite se tienen que haber agotado todas las vías.
Por tanto se estira la causa, que se tratará de mantener caliente, mientras se enfría la del comisionista defraudador. Un modelo de decencia a seguir, según los santos indecentes.
Le pregunto a la IA de Google qué es una persona decente y me responde que no hay ninguna vista creada. La RAE, en cambio, se atreve a indicar que es alguien honesto y justo. Reconozco que cada vez que escucho al PP clasificar como ‘gente decente’ a los que se manifiestan o les votan, según lo que toque, me resulta indecente su capacidad para ofender a la mayoría de españoles, que según las urnas no comulgan con sus políticas y. por lo tanto, no les apoyan.