Llega la quinta moción de censura del actual período democrático. La primera la presentó Felipe González en 1980 contra el líder de UCD, Adolfo Suárez, sin conseguir ningún apoyo. Siete años más tarde, en 1987, fue Antonio Hernández Mancha, por Alianza Popular, quien la presentó contra González, obteniendo tan solo el voto favorable de 66 de los 105 parlamentarios de su grupo y un diputado de Unió Valenciana. La tercera tardó treinta años en llegar, y fue la protagonizada por Podemos contra el Gobierno de Rajoy, contando con el apoyo de ERC, Compromís y EH Bildu. La cuarta nadie la ha olvidado, dado que fue la única que consiguió su objetivo, poniendo fin al Gobierno conservador tras la sentencia de Gürtel. Ahora llega la quinta, y aunque no tiene posibilidad de salir victoriosa, encierra una enorme oportunidad de posicionamiento político. Si juegan bien sus cartas, unos u otros pueden ampliar o achicar su espacio, y lo que es más importante: el debate político en España puede dar un giro. En cierta medida, puede renovar el perímetro en que se desarrolla.
En primer lugar, el contexto: pandemia, incremento de casos de contagio de covid, crisis económica, incertidumbre e inseguridad. Y en este escenario resulta que de los 10 primeros problemas que preocupan a los españoles según el último CIS, cinco tienen que ver con el (mal) comportamiento de los políticos y su incapacidad de llegar a acuerdos. Por si fuera poco, se constata día a día cómo la polarización en España (no sólo en España, ya que es un fenómeno generalizado en el conjunto de países occidentales, pero aquí de forma agravada), se produce especialmente, como muestra este informe del sociólogo del CSIC Luis Miller, en cuestiones ideológicas y territoriales, pero no tanto en políticas públicas.
Se ha repetido hasta la saciedad que esta es una moción de censura contra el PP en la medida que le pone contra las cuerdas, y es cierto. Pero no sólo. Es de esperar que su promotor, Vox, en la persona del candidato a la Generalitat, Ignacio Garriga, apele a las cuestiones identitarias que le son favorables: impugnación al estado de las autonomías al que tildará de ineficaz, acusaciones de autoritario al gobierno “social-comunista”, la Ley de Memoria Histórica como arma arrojadiza, etc. En este escenario, unos y otros van a llegar a encrucijadas donde tendrán que decidir si tomar un camino u otro.
Los tres que más se la juegan son el PP, PSOE y Ciudadanos, ya que el resto tienen electorados y características que les hacen más fácil la posición. Ni Podemos, ni Más País, ni los nacionalistas deben tener muchas dudas. El que realmente tiene en sus manos la patata caliente es el Partido Popular de Casado, quien aún no ha decidido si votará en contra –como sugiere Aznar–, o se abstendrá –como plantean, entre otras, Esperanza Aguirre y Cayetana Álvarez de Toledo–. En esta decisión los populares tienen que definir su estrategia para el próximo periodo: optar por disputar electorado a Vox o por intentar arrebatárselo a Ciudadanos. Lo primero supone entrar a la guerra cultural defendida por la extrema derecha, orillarse en la posición ideológica y arriesgarse a que les salga mal, como ha pasado en otros países europeos. Si, por el contrario, deciden votar en contra y distanciarse de Vox, estarán en condiciones de recuperar terreno en el ámbito del centro derecha, pero dejarán el espacio más conservador sólo para Vox, y quién sabe si se podría comprometer la estabilidad de los Gobiernos autonómicos que necesitan del apoyo de los de Abascal. No sólo eso, sino que está por ver si, instalados como llevan ya unos años en un discurso antisistema que se empeña en calificar de ilegítimo el Gobierno de coalición, un giro retórico es posible y entendible para su electorado. Las palabras tienen consecuencias.
Convendría que tuvieran en cuenta los populares las tendencias a la baja de las nuevas extremas derechas populistas en el resto de Europa –sobre todo en aquellos países en que los conservadores sistémicos se han alejado de ellas–, así como los impulsos favorables a los partidos tradicionales que se producen en situaciones de gran incertidumbre como el momento actual.
También Ciudadanos se juega mucho en esto. No por el sentido de su voto en la moción, que no parece que genere dudas, sino por el discurso que articule la formación. Arrimadas tiene la oportunidad de distanciarse definitivamente de la extrema derecha y confirmar la estrategia de “re-centramiento” de los naranjas, pero no resultará muy creíble si mantiene su alianza en los Gobiernos de Madrid y Andalucía, principalmente en el primero, donde las discrepancias con Isabel Díaz Ayuso son ya visibles y comprometen enormemente la imagen de solvencia en la gestión ansiada por Ciudadanos. La previsible agresividad, radicalidad y el tono del portavoz de Vox se lo puede facilitar. Si este distanciamiento no se produce, el giro al centro no será percibido como tal.
Oídos los partidos conservadores, conviene prestar atención a Pedro Sánchez, quien finalmente acudirá a la sesión. Lo peor que podría hacer sería entrar en el tono bronco y agresivo de Vox. E igual de lesivo podría ser hacer uso del sarcasmo como signo de desprecio. Si es capaz de articular un discurso basado en la defensa de los valores democráticos y en las políticas públicas –que, como se ha visto, obtienen un consenso transversal en la población–, le puede facilitar a Arrimadas su acercamiento y, a la par, obligar al PP a apostar por volver a ser un partido de gobierno en vez de echarse en brazos de Vox. Si, por el contrario, extrema la posición ideológica –como posiblemente desearían tanto los militantes socialistas como sus votantes–, no cosechará más apoyos que los de la moción de censura ni ganará puntos en la percepción de la opinión pública.
No oculto que hay muchos más elementos y argumentos en juego que los que caben en esta columna, pero conviene recordar lo principal. Cuando la extrema derecha marca la agenda, la que pierde es la democracia. Esta moción de censura es la oportunidad de cambiar el paso.
Llega la quinta moción de censura del actual período democrático. La primera la presentó Felipe González en 1980 contra el líder de UCD, Adolfo Suárez, sin conseguir ningún apoyo. Siete años más tarde, en 1987, fue Antonio Hernández Mancha, por Alianza Popular, quien la presentó contra González, obteniendo tan solo el voto favorable de 66 de los 105 parlamentarios de su grupo y un diputado de Unió Valenciana. La tercera tardó treinta años en llegar, y fue la protagonizada por Podemos contra el Gobierno de Rajoy, contando con el apoyo de ERC, Compromís y EH Bildu. La cuarta nadie la ha olvidado, dado que fue la única que consiguió su objetivo, poniendo fin al Gobierno conservador tras la sentencia de Gürtel. Ahora llega la quinta, y aunque no tiene posibilidad de salir victoriosa, encierra una enorme oportunidad de posicionamiento político. Si juegan bien sus cartas, unos u otros pueden ampliar o achicar su espacio, y lo que es más importante: el debate político en España puede dar un giro. En cierta medida, puede renovar el perímetro en que se desarrolla.