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Reitérese el oficio

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Las siete páginas que componen el auto dictado ayer por el juez Pablo Ruz, titular interino del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, vienen a equivaler al clásico "hasta aquí hemos llegado" o a un puñetazo en la mesa traducido al lenguaje judicial. El golpe ha sonado pocos días después de que su colega del juzgado número 3, Javier Gómez Bermúdez, decidiera entrar en el laberinto del 'caso Bárcenas/Gürtel' con la admisión a trámite de la querella presentada por Izquierda Unida y que le había tocado por sorteo. Bermúdez citó a declarar a partir del día 24 de marzo a los dos últimos tesoreros del PP (Luis Bárcenas y Alvaro Lapuerta) y a diez empresarios que hicieron donaciones al partido. Contra el criterio de la fiscalía, que ha recurrido ese auto, Bermúdez argumentó que estaba obligado a tomar medidas inmediatas ante los indicios que apuntan a una trama de financiación irregular del PP en torno a la cual se habrían cometido graves delitos, desde el cohecho al tráfico de influencias, la prevaricación o el blanqueo de capitales.

Lo más relevante del auto que ayer dictó Pablo Ruz no es el hecho de que se adelante a la citación ordenada por su colega Bermúdez y decida interrogar el próximo jueves 21 a Bárcenas y a Lapuerta. Que no es poco, después de varios meses en los que Bárcenas ha dedicado más tiempo a esquiar que a responder de los graves delitos que se le imputan. Lo llamativo es el folio quinto, donde arranca Ruz cada párrafo de la parte dispositiva documental con la orden "reitérese el oficio..." 

Ruz da un plazo de cinco días al Tribunal de Cuentas, al Partido Popular, al presidente del Senado y a la Agencia Tributaria para que envíen al juzgado toda la información solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y que hasta ahora no ha sido entregada. Es sorprendente que ni Hacienda ni el Senado ni el PP ni el Tribunal de Cuentas hayan informado todavía a la justicia de los datos económicos reclamados hace más de un mes y que pertenecen a contabilidades oficiales que van del año 1990 hasta 2005. Ruz ordena "reiterar" cada oficio enviado por la fiscalía y exige a la tesorera actual del PP que aporte toda la documentación relativa a donaciones recibidas entre los años 1990 y 2011. Alguien va a tener mucho trabajo este fin de semana en la sede de la calle Génova.

Puede que finalmente Bermúdez se vea obligado a inhibirse a favor de Ruz en toda esta investigación. La fiscalía teme que las defensas de los imputados intenten aprovechar la aparente competición entre dos jueces para tumbar el proceso. Conviene que eso no ocurra, porque se confirmaría entonces la ya instalada sospecha de que los poderosos del dinero o la política consiguen esquivar la justicia a base de trucos jurídicos. Lo cierto, en cualquier caso, es que el auto de Bermúdez puso en movimiento una maquinaria aparentemente gripada, y por el auto de Ruz cabe sospechar que el PP y tres instituciones públicas han dedicado más de un mes a hacer pajaritas de papel con los oficios enviados por la fiscalía. "Reitérese" que esa actitud no es de recibo.

Las siete páginas que componen el auto dictado ayer por el juez Pablo Ruz, titular interino del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, vienen a equivaler al clásico "hasta aquí hemos llegado" o a un puñetazo en la mesa traducido al lenguaje judicial. El golpe ha sonado pocos días después de que su colega del juzgado número 3, Javier Gómez Bermúdez, decidiera entrar en el laberinto del 'caso Bárcenas/Gürtel' con la admisión a trámite de la querella presentada por Izquierda Unida y que le había tocado por sorteo. Bermúdez citó a declarar a partir del día 24 de marzo a los dos últimos tesoreros del PP (Luis Bárcenas y Alvaro Lapuerta) y a diez empresarios que hicieron donaciones al partido. Contra el criterio de la fiscalía, que ha recurrido ese auto, Bermúdez argumentó que estaba obligado a tomar medidas inmediatas ante los indicios que apuntan a una trama de financiación irregular del PP en torno a la cual se habrían cometido graves delitos, desde el cohecho al tráfico de influencias, la prevaricación o el blanqueo de capitales.

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