El Estado de derecho va en dos direcciones y el Poder Judicial está cometiendo errores que no quiere asumir. Se exige la rendición de cuentas al ejecutivo mientras a la cúpula de la judicatura le ofende ser objeto de críticas. Como si no fueran otro poder del Estado que merece escrutinio público sin reducirlo a una cuestión de asuntos internos. Los dos pilares de la separación de poderes se deben el mismo respeto. Sobre uno recaen todos los ojos mientras los jueces solo quieren juzgarse por sí mismos. No es un poder de cristal. Ni es intocable.
El caso del fiscal general es de libro. ¿Hay un daño a la institución con la permanencia de Álvaro García Ortiz? En parte, sí. La tensión irá a más hasta llegar a ser asfixiante la imagen de ser defendido o acusado por un subordinado. Una investigación fallida consigue ver a un fiscal general defenderse de un posible delito, con posibilidad de no colaborar con el Supremo y a la vez garante del interés público.
El daño está hecho de origen. Cuando el juez Ángel Hurtado, señalado por tantas decisiones favorables al PP, decidió abrir una causa penal por un daño inexistente. Desde ese minuto cero se fracturó la carrera fiscal. Hay una parte que cree tener un jefe que pudo cometer un delito y otra denunciando una operación política impulsada desde el Supremo para descabezarle. Y como la Asociación Progresista de Fiscales, una gran parte de ciudadanos.
Que un juez del Supremo pueda cargarse al fiscal general con un relato de hechos sin base penal rompe el sistema por dos lados. Fractura la fiscalía por dentro y a la sociedad por fuera. El Poder Judicial no es consciente de cuánto daño hacen instrucciones tan pobres y carentes de rigor procesal. Si una causa de alto impacto político se impulsa sin que importen los hechos y cuando empieza sabemos dónde acaba, el problema lo tiene el fiscal general y, a su vez, el Poder Judicial.
Que un juez del Supremo pueda cargarse al fiscal general con un relato de hechos sin base penal rompe el sistema por dos lados. Fractura la fiscalía por dentro y a la sociedad por fuera
Sabemos que la administración de Justicia funciona mal, le faltan recursos y no llega. Desde hace tiempo, los ciudadanos saben también que la Justicia puede no ser neutral. Y la falta de neutralidad del Poder Judicial es tan dañina como la corrupción en la política. El mundo judicial se equivoca cuando cree que pasar el rodillo conservador les legitima. Comete un error grave si cree que le avala el número de jueces que han dado la razón a Ángel Hurtado para procesar al fiscal general con ese auto. Los argumentos no son sólidos para una gran parte de la opinión pública y la percepción es que toda la cadena de jueces lo avala. La querella tenía un fin: la dimisión del fiscal general o la humillación de banquillo para forzar su dimisión. El procesamiento vacío de indicios contundentes refuerza la tesis.
Es una aberración que el juez Hurtado llame mentirosos a los periodistas en el auto de procesamiento. O que apunte que seis periodistas de larga trayectoria y de tres medios distintos se inventen una versión distinta a los hechos y mientan ante el Supremo para proteger a un fiscal general y, en consecuencia —insinúa—, al Gobierno. El objetivo cero de esta causa, una guerra donde la cabeza de García Ortiz funciona de trofeo contra Sánchez, necesita argumentos sólidos y no un “auto de opinión” más propio de tribuna de opinión con saltos argumentales mortales.
La presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, llama a frenar las manifestaciones contra actuaciones de jueces concretos “impropias de un Estado democrático avanzado”. Los Hurtado y los Peinado, su manera de conducir sus instrucciones, también merecen un llamamiento. Si considera necesario “recuperar el respeto que merecen los tribunales”, también el Poder Judicial necesita reconectar con una parte de la ciudadanía indignada por cómo actúan en demasiadas ocasiones. Por la sensación de impunidad en unas actuaciones judiciales que lo aguantan todo.
La querella nació con una intencionalidad política. Y el juez Hurtado cae en ese pecado original cuando afirma que el fiscal general actúa bajo las órdenes recibidas del Gobierno sin que le dedique una sola línea a cómo llega a esa conclusión. No hay un hecho, un dato, una llamada, que lo confirme. Supone un daño para la fiscalía que García Ortiz siga. Pero también supone un daño que no haya garantías para que un juez del Supremo pueda descabezar la Fiscalía General del Estado sin indicios concluyentes. Hay una polarización cada vez más sangrante y la Asociación Progresista de Fiscales representa a muchos ciudadanos, por más que el órgano supremo de los jueces se niegue a verlo. Que el Poder Judicial no se haga cargo de esto es una debilidad suya que también pagan los ciudadanos. Un miembro del Gobierno no debe señalar a jueces. De igual manera, la judicatura tiene que asumir que su aparente falta de neutralidad en numerosos casos no es culpa del Gobierno. Es así desde hace tiempo y es demasiado obsceno. Y debilita la credibilidad en la justicia a un ritmo lento pero irreparable.
El Estado de derecho va en dos direcciones y el Poder Judicial está cometiendo errores que no quiere asumir. Se exige la rendición de cuentas al ejecutivo mientras a la cúpula de la judicatura le ofende ser objeto de críticas. Como si no fueran otro poder del Estado que merece escrutinio público sin reducirlo a una cuestión de asuntos internos. Los dos pilares de la separación de poderes se deben el mismo respeto. Sobre uno recaen todos los ojos mientras los jueces solo quieren juzgarse por sí mismos. No es un poder de cristal. Ni es intocable.