Táctica de las cuatro fases

I.- Muchos se preguntan, desconcertados, cómo es posible que en un país —España— en el que va tan bien la economía, con récord de crecimiento y empleo, aumento histórico de pensiones y salario mínimo, reducción de jornada, exista esta sensación, en amplios ambientes, de que vamos mal. Incluso en un momento en que la corrupción política acreditada judicialmente está mucho menos extendida que en tiempos recientes, la impresión mediática es que nadamos en una charca de corruptelas y latrocinios, de las que se habla a todas horas en casi todos los medios.

Creo que buena parte de la explicación de tan malévola paradoja radica en lo que vengo en llamar la táctica de las cuatro fases, que se practica en la actualidad con profusión de instrumentos. No es ningún secreto que destacados y variados sectores del poder no soportan que exista en España un gobierno que se viene sustentando sobre lo que, a su criterio, son tres jinetes del apocalipsis —el comunismo, el separatismo y los herederos del terrorismo—. Lo que modestamente me he permitido en calificar de fantasmas, que sólo existen en sus calenturientas imaginaciones e impuros intereses. 

II.- A partir de aquí, todo vale para acabar con tan tenebroso gobierno. Y para ese menester no hay nada como practicar esa táctica de las cuatro fases, cuyo objetivo no es sólo embarrar el terreno de juego político, sino, sobre todo, impedir que se hable de lo que va bien. La primera fase consiste en que múltiples y opacas plataformas o asociaciones de ultraderecha —Hazte Oír, Manos Limpias, etc.— se dediquen a presentar denuncias a troche y moche, sin fundamento, contra personas cercanas al ejecutivo o a la persona del presidente del Gobierno. La segunda se alcanza cuando un juzgado las admite a trámite, pues en principio los jueces suelen hacerlo, por lo menos para investigar.

La tercera fase se consigue  de inmediato cuando tal admisión a trámite se filtra con lujo de detalles a los medios de comunicación afines o no, los que debido a pereza intelectual, ignorancia o interés afirman que tal o cual persona está “imputada” —de imputar: “atribuir a otro una culpa, delito o acción”— cuando en realidad esta figura no existe desde el 2015, pues fue sustituida, con razón, por la de “ investigado” —“de investigar o hacer diligencias para descubrir alguna cosa”—, que no presupone la comisión de delito alguno. Lo cierto es que esa “imputación” se convierte en escándalo mediático y, en su cuarta fase, pasa al Parlamento, donde se transforma en perpetuo pasto de oposición al Gobierno, al tiempo que la mayoría de los medios ya no hablan de otra cosa mientras dura la tramitación judicial. Una investigación judicial que suele durar meses e incluso años, no sé si por falta de medios, porque hábiles letrados plantean múltiples diligencias de prueba o porque hay jueces a los que les gusta hacer “prospecciones”, pero el resultado es nefasto para el justiciable, pues pase lo que pase con el procedimiento el sujeto afectado termina chingado.

III.- Así, en los temas que están en el candelero ocurren cosas realmente sorprendentes. Por ejemplo, en el caso del fiscal general, el asunto ha alcanzado niveles esperpénticos. El jefe de gabinete de la presidenta de Madrid lanza un grave bulo o mentira sobre una falsa propuesta de la Fiscalía, para llegar a un acuerdo sobre unas infracciones de impago de impuestos que habría reconocido la pareja de dicha presidenta. La Fiscalía lo desmiente como es su obligación, pues la realidad de los hechos había sido exactamente la contraria, dado que, como suele ocurrir, es el infractor el que propone a la Fiscalía un acuerdo de conformidad sobre el delito cometido, con el fin de eludir la prisión o aminorar la pena. A partir de aquí se desatan todos los rayos y truenos del averno, no contra el posible delincuente sino sobre el fiscal general, hasta el punto de que el juez instructor ordena a la Guardia Civil que entre en la sede de la Fiscalía y examine todos los instrumentos digitales —ordenador, móviles, etc.— del alto servidor público. Acto temerario y desproporcionado si tenemos en cuenta la altísima importancia para la seguridad del Estado de la información concentrada en la referida Fiscalía General. Es de esperar que no se le diera traslado a las otras partes del resultado.

Esa “imputación” se convierte en escándalo mediático y, en su cuarta fase, pasa al Parlamento, donde se transforma en perpetuo pasto de oposición al Gobierno, al tiempo que la mayoría de los medios ya no hablan de otra cosa mientras dura la tramitación judicial

Hay que advertir, amigo lector, que todo este embrollo o berenjenal se refiere a una posible filtración de información, en un país como el nuestro en el que dichas filtraciones están a la orden del día, incluso las que se deslizan desde la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo, o las imágenes que se cuelan desde juzgados sobre declaraciones que afectan a la intimidad de las personas. Para más inri, el reproche recae en el perseguidor del posible delito, mientras que al que ha reconocido la infracción penal ni tan siquiera se le ha tomado todavía declaración y la viene eludiendo varias veces con excusas torticeras. Menos mal que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha rechazado el intento de que se declarase nulo el nombramiento del fiscal general, que era otra vertiente de la cacería organizada. 

IV.- En otros casos el asunto es todavía más chungo, como en el procedimiento del hermano del presidente del Gobierno. Se están investigando cuestiones que tienen difícil encaje en el derecho penal, como es el de cubrir plazas en la Administración, que más bien pertenecerían a la jurisdicción contenciosa. O si tenía despacho o no, si había incurrido en absentismo en el trabajo, que pertenecen que yo sepa al derecho laboral. Igual que con el caso de la esposa del presidente, sometida a un auténtico ensañamiento durante meses, con algunas pruebas abracadabrantes, sin que se haya probado de momento nada.

Todo lo anterior, según parece, forma parte de la Gran Corrupción, cuando todavía no hay nadie acusado de delito alguno, ni tan siquiera el exministro Ábalos, pues no se ha pasado, en ningún caso, de la fase de investigación. Pobre principio de presunción de inocencia.  El asunto es tan misterioso o extraño que a otro “supuesto delincuente confeso”, de nombre Aldama, en un grave asunto de hidrocarburos se le pone en libertad por estar dispuesto a colaborar con la justicia. Y lo primero que hace es acusar de múltiples delitos a medio Consejo de Ministros, sin aportar prueba alguna; pero eso sí, aireándolos a troche y moche, en cualquier medio que se preste, como hace poco en la Cope. Como si fuera poco, ahora resulta que la famosa UCO de la Guardia Civil sospecha que tal sujeto se podría estar dedicando a destruir o camuflar pruebas, lo que debería devolverle a prisión de ser cierta tal sospecha.

 Y los que más truenan y hacen de estos asuntos el centro de su oposición, con el fin de tumbar al Gobierno de izquierdas, son aquellos que tienen en su reciente historial a un vicepresidente del Gobierno y a varios exministros condenados y encarcelados por corrupción, además de varios exconsejeros de la Comunidad de Madrid.

V.- Claro que el ambiente de descontento en sectores de la población no se debe sólo a lo anteriormente descrito. También hay causas objetivas, de naturaleza real, como pueden ser los bajos salarios en muchos sectores o las dificultades de acceso a la vivienda, que afectan sobre todo a la población joven. Si sumamos estos elementos a que la mayoría de la población no tiene ni idea de lo que significó la dictadura y sus consecuencias de todo orden, tendremos una buena parte de la explicación de por qué hay personas que se sienten atraídas por posiciones de ultraderecha autoritarias y antidemocráticas, que pululan por las redes sociales y se manifiestan en el voto.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas. Su último libro se titula 'La democracia expansiva o cómo ir superando el capitalismo' (Anagrama).