Declaración del Frente Polisario en España
En un contexto en el que las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) está resolviendo las demandas planteadas por el Frente Polisario, la presidencia española del Consejo y las citas electorales se vuelven inminentes; el Presidente del Gobierno de España y su Ministro de Exteriores siguen actuando premeditadamente, de espaldas a las Cámaras y a la sociedad civil española, para seguir dando pasos en dirección a su errática decisión sobre el Sáhara Occidental. Deciden seguir caminando a contrarreloj en contra de la legalidad internacional.
Este hecho demuestra la desesperación del Gobierno de España ante la ausencia de resultados significativos traídos por la "nueva etapa" de relaciones con Marruecos. El Gobierno ha perdido toda posibilidad de iniciativa, es Marruecos quien maneja el ritmo, fija y determina los tiempos de las relaciones entre ambos países.
Es sumamente preocupante que en vez de rectificar su decisión y volver a la senda del Derecho Internacional, el presidente del Gobierno siga tomando decisiones como la de negociar con la potencia ocupante del Sáhara Occidental, Marruecos, cuestiones que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya estableció –entre otros extremos– en sentencia del 27 de febrero de 2018. El Tribunal concluyó que Marruecos carecía de soberanía –además de sobre el espacio terrestre– sobre las aguas y el espacio aéreo del Sáhara Occidental.
Mientras no concluya el proceso de descolonización que permita ejercer al pueblo saharaui su legítimo e inalienable derecho a la autodeterminación e independencia, España seguirá siendo la responsable de cuanto ocurra en el territorio ocupado
Por lo tanto, aunque el Gobierno de Sánchez pretenda ahora atribuirle una "gestión" del espacio aéreo, la soberanía del espacio aéreo del Sáhara Occidental, desde un punto de vista jurídico, pertenece al pueblo saharaui y corresponde en última instancia a España –tal y como la OACI atribuye hasta el momento– la gestión de este por ser la potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental.
En ese sentido, mientras no concluya el proceso de descolonización que permita ejercer al pueblo saharaui su legítimo e inalienable derecho a la autodeterminación e independencia, España seguirá siendo la responsable de cuanto ocurra en el territorio ocupado ilegalmente por Marruecos.
Asimismo, la idea de la apertura de una extensión del Instituto Cervantes en la ciudad ocupada de El Aaiún es cuestionable jurídicamente y ensombrece la credibilidad de una institución como el Instituto Cervantes, que de este modo se pone al servicio de Marruecos para blanquear la ocupación militar del SO, a sabiendas de la naturaleza política y jurídica del territorio y la extensa documentación que atestigua las constantes violaciones de Derechos Humanos que sufre el pueblo saharaui por parte de las fuerzas marroquíes en la parte ocupada del Sáhara Occidental.
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Abdulah Arabi es representante del Frente Polisario en España
