La emancipación, el lujo de una generación
Al hablar sobre democracia y modelo de Estado es algo común escuchar que en España todas las personas son ciudadanas de pleno derecho y que nos encontramos en igualdad de condiciones, pero nada más lejos de la realidad, especialmente cuando hablamos de juventud. Porque si no podemos vivir con dignidad, no podemos ejercer una ciudadanía plena.
En 2025, emanciparse antes de los 30 no es solo un sueño, sino que es prácticamente una utopía. El último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España muestra cómo la tasa de emancipación juvenil en España apenas alcanza el 14,8%, la más baja en dos décadas.
El alquiler mediano en España ya supera los 1.070 euros mensuales, el más alto de la historia. En ciudades como Madrid o Barcelona, esa cifra se dispara. Si tenemos en cuenta que el salario mediano de los menores de 30 años ronda los 1.048 euros netos, el cálculo es sencillo: destinamos más del 100% de nuestros ingresos solo para poder vivir bajo un techo (y eso si tenemos la suerte de encontrar uno).
En España, apenas un 2,5% del parque de viviendas es público, frente al 10% en países como Francia o el 24% en los Países Bajos. Mientras tanto, fondos de inversión y grandes propietarios acumulan pisos vacíos y especulan con nuestras necesidades básicas, especulan con la vivienda, pero también especulan con nuestros proyectos de vida futuros y presentes.
En este contexto, la compra de una vivienda ya no es una utopía, sino que es un horizonte inalcanzable. Las personas jóvenes deberíamos dedicar 4,5 años de salario íntegro para ahorrar el dinero necesario para la entrada de una hipoteca y así adquirir una vivienda media. Pero claro, para eso habría que estar cuatro años y medio sin gastar ni un solo euro en alquiler, en comida, en transporte, en el dentista, en ropa, en libros... Doce años sin vivir para comprar un sitio en el que vivir.
Es cierto que desde las administraciones públicas se están haciendo por fin esfuerzos para afrontar esta crisis —el problema no puede ser más evidente— y leyes como la de Vivienda de 2023 y los planes de vivienda pública han puesto el foco en proteger a los colectivos más vulnerables. Sin embargo, estas medidas, aunque importantes, están muy lejos de ser suficientes para revertir una situación que requiere cambios estructurales y una inversión mucho mayor en vivienda pública y alquiler asequible.
Las generaciones más jóvenes sufrimos una precariedad radical que supone una importante desigualdad económica, con todo lo que eso supone, inter e intra generacional; el desarrollo del proyecto vital de las personas jóvenes depende de dónde se nazca y el entorno
Las generaciones más jóvenes sufrimos una precariedad radical que supone una importante desigualdad económica, con todo lo que eso supone, inter e intra generacional; el desarrollo del proyecto vital de las personas jóvenes depende de dónde se nazca y el entorno. No podemos hablar de ciudadanía si no tenemos ni igualdad ni libertad. Todo lo que podemos imaginar o elegir viene condicionado por las pésimas condiciones materiales en las que (sobre)vivimos, que hacen imposible que tengamos un mínimo de autonomía.
A las personas jóvenes nos han robado el derecho a ser ciudadanas plenas y la responsabilidad recae en un sistema que prioriza el mercado y los beneficios de unos pocos por encima del bienestar de la mayoría. Pero también es el resultado de la inacción de las administraciones públicas, que han permitido que este problema crezca sin control y que ahora parecen incapaces —o reticentes— para plantar cara e intervenir de manera decidida.
La libertad no es hacer lo que se quiere, sino poder decidir sin que el trabajo precario o nuestras realidades nos limiten. Vivimos para trabajar y encima para otros. Si queremos una democracia real el modelo no puede hacer depender el bienestar de las personas de sus condiciones materiales individuales.
Decía Ricardo Piglia: "Cuando quiero tranquilizarme me refugio en el futuro: dentro de diez años me voy a reír de todo esto". Desgraciadamente, esa opción, la de esperar a que el tiempo solucione las cosas, no está disponible para nuestra generación.
Sin embargo, hay margen para la esperanza. Movimientos como la PAH o los sindicatos de inquilinas están demostrando que, organizadas, podemos alzar la voz frente a un sistema que nos deja al margen. Como se ha visto, la juventud está dispuesta a participar, a movilizarse, a hacer que su voz sea escuchada y sus problemáticas resueltas.
Si queremos una sociedad verdaderamente democrática, es necesario escuchar las demandas de la juventud y actuar en consecuencia. Hay que garantizar una ciudadanía real, que suponga libertad e igualdad, a las generaciones que nos lo han prohibido.
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Javier Muñoz Rodríguez es responsable de vivienda del Consejo de la Juventud de España.