Los impuestos salvan vidas, las derechas las comprometen
Los impuestos son el salvavidas del Estado del bienestar que nos protege a todos por igual. La fiscalidad progresiva no es solo un instrumento técnico de recaudación para los estados, sino el pilar de la justicia distributiva sobre la que se construyen nuestras socialdemocracias. John Rawls sostiene en su Teoría de la justicia (1971) que la distribución equitativa de los recursos primarios, incluyendo el acceso a servicios públicos universales, constituye el fundamento de una sociedad bien ordenada, donde las desigualdades solo se legitiman si benefician a los más desfavorecidos. En España, esto se materializa en un sistema impositivo que mitiga la concentración de riqueza y fortalece la cohesión social. Sin embargo, el mantra neoliberal de la derecha —con bajadas fiscales indiscriminadas como panacea electoral— socava esta arquitectura, priorizando el alivio de las élites sobre la sostenibilidad de los servicios que protegen a la mayoría: aquellos que nos salvaguardan ante emergencias imprevisibles, enfermedades crónicas y la perpetuación de la ignorancia intergeneracional.
En 2023, España registró el índice de Gini (que mide la desigualdad de ingresos de una población) más bajo desde 2004, gracias a un gasto público en protección social que representa el 25,9% del PIB, superior a la media de la OCDE (20,1%). Este mecanismo de redistribución permite reducir la brecha entre el 20% más rico (con una renta 5,5 veces superior al 20% más pobre) y el conjunto de la población. Sin embargo, las rebajas fiscales a las rentas altas exacerban la desigualdad y erosionan la capacidad recaudatoria para financiar sanidad, emergencias y educación, todas ellas competencias autonómicas. El impacto es palpable: un estudio de Fedea (2025) revela que el gasto público en estos ámbitos reduce la desigualdad en un 1,2% anual, pero las políticas de recortes en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular invierten esta tendencia, priorizando el clientelismo fiscal sobre la equidad.
Este patrón de "populismo fiscal" —término acuñado por economistas como Joseph Stiglitz para describir rebajas impositivas que benefician a minorías acaudaladas mientras recortan bienes públicos— se evidencia en la gestión del PP en regiones clave. En la Comunidad Valenciana, bajo el mandato de Carlos Mazón, la reducción de impuestos en 2023 benefició a los grandes patrimonios y generó una merma recaudatoria de 550 millones de euros anuales, con el grueso del beneficio acaparado por los 26.500 contribuyentes más ricos. Esta cesión fiscal coincidió con recortes drásticos en emergencias: el presupuesto de Emergencias se redujo un 20% en 2024 (unos 14 millones de euros), incluyendo la liquidación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) autonómica. Meses después, la dana de octubre de 2024 devastó buena parte de la provincia de Valencia, causando 229 fallecidos y daños por valor de 5.000 millones de euros. La respuesta tardía —con adjudicaciones de emergencia opacas por 241 millones de euros— subraya cómo la priorización del alivio fiscal para las élites compromete la resiliencia colectiva, dejando expuesta a la ciudadanía ante catástrofes que los servicios públicos podrían haber mitigado.
Un paralelismo inquietante se observa en Castilla y León, gobernada por Alfonso Fernández Mañueco. En 2024, el Ejecutivo autonómico impulsó una nueva rebaja del IRPF —consolidando la región como la segunda con el tipo mínimo más bajo de España—, con un impacto recaudatorio negativo estimado en 200 millones de euros, beneficiando primordialmente a rentas superiores a 60.000 euros anuales. Esta política se tradujo en recortes en prevención de incendios: pese a las afirmaciones de Mañueco de haber "triplicado" la inversión, los bomberos forestales denunciaron una reducción sustantiva en efectivos y medios, con protestas masivas en agosto de 2025 que incluyeron el "desplante" público al presidente. Los incendios de este verano arrasaron 50.000 hectáreas, exacerbados por sequías y vientos, pero agravados por la insuficiencia de operativos —un 15% menos que en 2019. El plan de reconstrucción posterior (114 millones de euros) llega tardío, ilustrando cómo el electoralismo fiscal del PP —vendiendo "alivio" a votantes de clase media-alta— desmantela la red de protección ambiental, expoliando el bien común en favor de exenciones puntuales.
España debe reafirmar su compromiso con una fiscalidad justa y equitativa, restaurando presupuestos en emergencias, salud y educación para forjar una sociedad no solo próspera, sino justa
En Andalucía, el patrón culmina en una crisis sanitaria bajo el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla. Desde 2019, su gobierno ha promulgado sucesivas rebajas fiscales —incluyendo la supresión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para rentas altas—, con una pérdida recaudatoria acumulada de 1.200 millones de euros hasta 2025, desviando fondos hacia conciertos con la sanidad privada (un 20% del gasto sanitario total, similar al modelo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid). Estos recortes en el Sistema Andaluz de Salud —un 5% en personal y equipamiento entre 2022 y 2024— han derivado en el escándalo de octubre de 2025: un fallo sistémico en el cribado del cáncer de mama dejó sin notificación a al menos 2.000 mujeres con mamografías sospechosas, con retrasos de hasta dos años en diagnósticos, incrementando potencialmente la mortalidad en un 15-20%, según protocolos de la Sociedad Española de Oncología Médica. La admisión de un "error" por parte de la Junta, seguida de un plan de choque, no oculta la raíz estructural: la externalización y subfinanciación pública, que prioriza los dividendos privados sobre la detección precoz y vulnera el derecho constitucional a la salud. En un contexto donde el cáncer de mama afecta a 30.000 mujeres anualmente en España, este fiasco revela cómo las cesiones fiscales a las élites —bajo el pretexto de "eficiencia"— erosionan la universalidad sanitaria, beneficiando a un 10% de la población que opta por seguros privados mientras la mayoría enfrenta largas listas de espera y riesgos evitables.
Este ciclo de bajadas fiscales regresivas se perpetúa mediante narrativas manipuladas, como el infundado reclamo de "96 subidas de impuestos" bajo el Gobierno de Pedro Sánchez repetido hasta la saciedad por el PP. Este bulo se fundamenta en el Impuestómetro 2025, del Instituto Juan de Mariana —un think tank liberal dirigido por economistas afines al PP, con vínculos a exaltos cargos de Ayuso como su patronato. El informe infla la cifra de subidas impositivas mediante artimañas metodológicas: cuenta hasta 35 veces las actualizaciones obligatorias de valores catastrales por inflación, incluye 20 gravámenes municipales ajenos al Ejecutivo central y reitera cotizaciones sociales como "subidas" pese a su vinculación con las pensiones sostenibles. Esta falacia ya ha sido desmontada: las "subidas" netas son 12, centradas en rentas altas (Impuesto de Sociedades al 25% para grandes fortunas). Lejos de oprimir al contribuyente medio —cuya carga fiscal sigue estando 4 puntos por debajo de la UE—, estas medidas financian un Estado del bienestar que, en 2024, evitó 1,5 millones de casos de pobreza extrema mediante transferencias.
La socialdemocracia aboga por una fiscalidad que redistribuya desde el ingreso, con impuestos progresivos que gravan la renta y el patrimonio, asegurando un gasto público que no solo mitigue desigualdades, sino que prevenga riesgos sistémicos. Los servicios públicos actúan como equalizadores horizontales y verticales. En autonomías gobernadas por el PP, los recortes han incrementado la brecha: en Andalucía, el gasto sanitario per cápita (1.950 euros) es un 12% inferior a la media nacional, correlacionado con un 18% más de listas de espera. Frente a esto, el modelo central —con subidas focalizadas en grandes fortunas y grandes multinacionales— ha garantizado, por ejemplo, el poder adquisitivo de los pensionistas, demostrando así que la redistribución fiscal no es una carga, sino una inversión en capital humano.
El imperativo socialdemócrata radica en desmontar el espejismo de las bajadas fiscales universales: un señuelo que enriquece a los ricos mientras desguaza el escudo protector de la mayoría. Como advierte Amartya Sen en Desarrollo y libertad (1999), la verdadera prosperidad reside en capacidades ampliadas, no en exenciones elitistas. España debe reafirmar su compromiso con una fiscalidad justa y equitativa, restaurando presupuestos en emergencias, salud y educación para forjar una sociedad no solo próspera, sino justa y resiliente ante las tormentas —climáticas y económicas— que nos acechan. Solo así garantizaremos un contrato social en el que nadie quede atrás.
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Marta Trenzano es politóloga y diputada del PSOE por València.
