Parecía que habíamos agotado nuestra capacidad de sorpresa, en estos tiempos turbulentos y dramáticos de pandemia, con el informe policial por encargo que culpa a una supuesta pasividad prevaricadora de las autoridades con la movilización del 8M en Madrid, causa al parecer de la importante transmisión e intensidad de la pandemia en toda España, pero nos equivocamos.
Primero fue un informe encargado por una jueza de Madrid a unos componentes concretos de la Guardia Civil, ante una denuncia de un oscuro despacho en la que aparece (otra vez) Manos Limpias. Un libelo plagado de inexactitudes, bulos y prejuicios fruto de fake news, medios de comunicación de extrema derecha y de manipulación de fechas y testigos que ha requerido una segunda edición con una larga corrección de errores y que ha desencadenado una tormenta política entre el Ministerio del Interior y la cúpula de la Guardia Civil.
Poco importaba que las recomendaciones tanto de la OMS como del ECDC Europeo, de los que por cierto formamos parte, diesen la razón a las recomendaciones y decisiones graduales adoptadas por las autoridades políticas y sanitarias, en la misma línea de progresión: de las medidas de contención al menor o mayor confinamiento, que el resto de los países europeos de nuestro entorno.
Tampoco parece importar que el derecho de manifestación sea un derecho fundamental no sujeto a autorización alguna y que su prohibición debe estar muy fundamentada o amparada por la Declaración de Estado de Excepción o de Alarma que entonces nadie se planteaba.
Cabe preguntarse entonces por qué en el resto de la Europa Democrática, con estrategias a veces contrapuestas de lucha contra la pandemia, a nadie se le pasa por la cabeza someterlas a los tribunales y cómo por el contrario en España se pretende sustituir el control y la exigencia de responsabilidad política por la judicialización y la criminalización de la acción política del gobierno.
Una oposición que tan pronto elogiaba el cierre total de actividad en Wuhan como no han cesado de cuestionar y obstruir la prolongación del Estado de Alarma y el confinamiento las últimas semanas, precisamente cuando éste se mostraba como una medida eficaz de contención de la pandemia, todo ello en una supuesta defensa de la libertad frente al riesgo autoritario del Gobierno. Una agitación populista que tan pronto se rasga las vestiduras patrimonializando a los fallecidos como sale a la calle a hacer oír sus cacerolas y el claxon de sus automóviles.
La respuesta es sencilla. Se trata de la estrategia de oposición legítima en el Parlamento, las CCAA, en los medios de comunicación afines, que ya hoy ha sido desbordada (como la pandemia) y liderada por la extrema derecha, y que incluye la rebeldía frente al Estado de Alarma y la judicialización de la política para desestabilizar al Gobierno. No tan legítimas.
Por eso, al parecer, la dinámica y la velocidad de transmisión en las manifestaciones feministas no tiene parangón con la de cualquier otra actividad humana de las que por ejemplo se realizaron con profusión el mismo fin de semana, como la utilización del transporte público, los viajes internacionales, las actividades y concentraciones lúdicas, los partidos de fútbol, las ferias de arte...
Algo que supone, contra toda evidencia científica, que particularmente las manifestaciones reivindicativas realizadas al aire libre sean por ello el foco más favorable para la transmisión de la infección y sobre todo que las feministas, algunas miembros del Gobierno, se constituyan como vectores preferentes del contagio.
No es nuevo, esto de la búsqueda de culpables en las epidemias. Antes lo fueron los cristianos en la Roma clásica, luego los judíos y los untadores en la Edad Media o la debilidad de la República de Weimar en Alemania con motivo de la más reciente pandemia de la llamada gripe española. La ventaja es que hoy, en vez del potro de tortura medieval, la perspectiva es el linchamiento mediático y si acaso un proceso penal.
Lo escandaloso, a estas alturas de nuestra democracia, es el libelo que construido además ad hoc por funcionarios policiales sirve de base para un proceso penal contra el delegado del Gobierno en Madrid y de paso contra el Doctor Simón, responsable del CAES, al parecer y por ahora descartado de la inculpación. Sin embargo, en este libelo que la Abogacía del Estado ha dado en denominar acertadamente como causa general con evidentes connotaciones, quedaba todavía por aparecer otra segunda parte. En este caso del informe del forense, que nos adentra en el terreno de la profecía y la adivinación.
Resulta que todo en la pandemia se veía venir, aunque curándose en salud no sea posible atribuirlo en exclusiva al protervo feminismo y a sus manifestaciones, ni la culpa de la inacción por tanto en exclusiva al delegado del Gobierno sino a todo responsable político o sanitario que pasaba por allí. Eso sí, viniendo de un colega médico, y entre sanitarios, dicho con gran dolor de corazón.
Pero solo desde el prejuicio o la más absoluta prepotencia, cercana a la omnipotencia, se puede asegurar algo tan lapidario como que todo se veía venir desde mucho antes. Es tanto como decir que todo se conocía en relación a su interacción con el ser humano, de su transmisión y por tanto de las medidas para su mitigación, cuando se trata de un virus nuevo del que se desconocía casi todo, y lo poco que se ha ido conociendo ha cambiado y está cambiando de día en día desde entonces.
Visto desde hoy y con un poco menos de omnipotencia o de ignorancia, y con un poco más de humildad, se podría decir que en España y en Europa en general minusvaloramos la gravedad de la amenaza basándonos en las menguantes experiencias anteriores y que reaccionamos tarde por exceso de confianza en la capacidad de alerta de nuestra salud pública y en la respuesta de nuestros sistemas sanitarios.
También nos hemos dado cuenta de que los recortes y los modelos privatizadores habían hecho más mella de la que pensábamos en nuestro sistema sanitario, y en particular en salud pública y en la atención a los ancianos.
Esa capacidad de autocrítica es la que nos permitirá prepararnos para evitar la segunda ola de la pandemia y realizar los cambios a medio plazo para desarrollar una gobernanza en salud pública internacional para responder a futuras pandemias.
Lo que tampoco dicen ni unos ni otros en los informes ni en sus segundas ediciones corregidas y aumentadas es lo fundamental como parte de una pretendida causa penal, e incluso en un plano más modesto de la investigación periodística o la novela policíaca: el móvil que ha podido llevar a los responsables sanitarios y políticos a ignorar los signos que los informes denuncian como tan evidentes de la catástrofe.
El más sencillo es la incompetencia absoluta vista desde la altura que da la omnipotencia, algo similar al que hoy acusa al Gobierno de provocar la crisis económica consecuente a la pandemia. Sin embargo el móvil implícito del que se acusa al Gobierno, dentro de la estrategia de la extrema derecha, es la voluntad criminal de los que consideran enemigos de España: doblegar a un pueblo mediante el terror. Una infamia.
Aunque no será la primera vez que con la falsedad del dicho reaccionario de En tiempo de rojos hambre y piojos se intenta cuestionar la legitimidad de la izquierda. Porque para éstos el virus causante de la pandemia es el Gobierno progresista, no el sars_cov2.
De todo esto existen precedentes en las plagas y pestilencias sufridas por el ser humano en el pasado. El miedo a la muerte, la búsqueda de culpables o chivos expiatorios y las explicaciones mágicas y las profecías.
En tiempos populistas corremos el peligro de volver atrás con el linchamiento político y el deterioro de las instituciones democráticas
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Gaspar Llamazareses fundador de Actúa.
Parecía que habíamos agotado nuestra capacidad de sorpresa, en estos tiempos turbulentos y dramáticos de pandemia, con el informe policial por encargo que culpa a una supuesta pasividad prevaricadora de las autoridades con la movilización del 8M en Madrid, causa al parecer de la importante transmisión e intensidad de la pandemia en toda España, pero nos equivocamos.