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El pasado 14 de abril, la Comisión Europea presentó su Estrategia de lucha contra la trata de seres humanos (2021-2025), alertando de la explotación y el desamparo que viven miles de personas en la Unión Europea, muchas de ellas menores de edad. Detrás de las cifras encontramos personas que son explotadas sexualmente (un 60% de los casos, de los cuales el 95% son mujeres y niñas) o laboralmente (un 15% de los casos). Preocupa, en particular, que una de cada cuatro víctimas es menor de edad y que las cifras muestran únicamente la punta del iceberg: una gran mayoría no son detectadas y, por lo tanto, continúan siendo explotadas sin posibilidad de acceder a los servicios de protección y atención, ni a la justicia.
Entre 2017 y 2018, en toda la Unión Europea unas 14.000 personas fueron identificadas oficialmente como víctimas (el 63,7%) o presuntas víctimas (el 36,3%). Sin embargo, sólo en España, en 2017 el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) contabilizó 10.111 personas en riesgo de ser explotadas sexualmente y 12.807 que podrían ser víctimas de trata con fines de explotación laboral. Además, apenas tenemos datos sobre otras formas de trata como los matrimonios forzados, la criminalidad y la mendicidad forzadas (en total, siete víctimas formalmente identificadas en 2017).
Los tratantes y las redes de delincuencia organizada se aprovechan de las situaciones de vulnerabilidad para captar a las víctimas y mantenerlas sometidas a distintas formas de explotación. La crisis social y económica, exacerbada por la pandemia de covid-19, facilita aún más la captación de víctimas, al tiempo que obstaculiza su acceso a la protección, a la justicia y a la atención por parte de organismos especializados.
La Estrategia de lucha contra la trata de personas propone medidas concretas y una respuesta integral y coordinada para combatir esta lacra que afecta a todos los estados europeos. En efecto, atajar un delito tan complejo sólo es posible y efectivo desde un enfoque integral, de derechos y de género, que incida en la prevención y en la persecución de todas las formas de explotación y que ponga en el centro la protección, la atención y el cuidado de las supervivientes. Es especialmente acertado que se ponga el foco en las nuevas tecnologías, por dos razones fundamentales. Primero, porque los tratantes y las redes criminales usan las redes sociales e internet para captar y explotar a las víctimas, y para organizar los negocios en torno a la explotación. En ese sentido, es importante exigir el compromiso y la cooperación de las empresas tecnológicas para que no difundan contenidos obtenidos en contextos de explotación.
Y segundo, porque una investigación policial y judicial en ese ámbito permitiría descargar de responsabilidad a las víctimas, que en demasiadas ocasiones se encuentran con que su declaración es la única prueba, o la más relevante, frente a la explotación a la que han sido sometidas. No está de más recordar que no corresponde a las víctimas investigar los delitos: denuncian —si quieren y pueden hacerlo— para ser protegidas, para dejar de ser explotadas y para encontrar, en la medida de lo posible, reparación y justicia tras los daños sufridos.
La explotación provoca gravísimas vulneraciones de derechos humanos y trastoca la vida de las supervivientes y de su entorno más cercano. Por ello, la Estrategia pone el énfasis en las medidas dirigidas a la prevención y, en particular, en la “reducción de la demanda”. La trata de seres humanos se produce porque hay personas y empresas que solicitan y pagan, y tratantes y redes criminales que se lucran con “la explotación de los cuerpos, los servicios y el trabajo de las víctimas”.
En ese sentido, cabe destacar que se articulan medidas alternativas a las sanciones administrativas y penales, tan cuestionadas por quienes acompañan a las supervivientes en sus procesos de recuperación, puesto que a menudo conllevan revictimización y el desplazamiento de las víctimas a lugares más ocultos, dificultando así su detección y atención. Se proponen, en particular, campañas de concienciación, iniciativas público-privadas para desalentar la demanda de personas explotadas sexual o laboralmente, el refuerzo de las inspecciones de trabajo o la cooperación entre instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
Por último, aunque compartimos, como señala la Comisión, que “la legislación es uno de los instrumentos más poderosos de que disponemos”, y que es necesario evaluar los avances y los fallos en la implementación de la Directiva contra la trata de 2011, creemos que antes de revisarla –con resultados inciertos y no necesariamente mejores desde un enfoque de derechos– sería preciso garantizar su aplicación efectiva y en toda su complejidad en todos los estados de la Unión Europea.
La trata de personas en España: una lacra que afecta a 45.000 mujeres y niñas
Esto exigiría poner en marcha una ley integral, como demandan desde hace años las entidades que integran la Red Española contra la Trata de Personas, y que las profesionales y agentes públicos que intervienen en cualquier fase de los procesos contra la trata tengan la formación adecuada desde un enfoque de género y derechos. Y, por supuesto, más recursos, económicos y humanos, para que las supervivientes sean protegidas y puedan recuperarse de los daños sufridos y tomar el timón de sus vidas.
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Mª Eugenia R. Palop es jurista y eurodiputada de Unidas Podemos y Samara de las Heras Aguilera es doctora en Derecho Público y Filosofía Jurídico Política.Mª Eugenia R. Palop Samara de las Heras Aguilera
El pasado 14 de abril, la Comisión Europea presentó su Estrategia de lucha contra la trata de seres humanos (2021-2025), alertando de la explotación y el desamparo que viven miles de personas en la Unión Europea, muchas de ellas menores de edad. Detrás de las cifras encontramos personas que son explotadas sexualmente (un 60% de los casos, de los cuales el 95% son mujeres y niñas) o laboralmente (un 15% de los casos). Preocupa, en particular, que una de cada cuatro víctimas es menor de edad y que las cifras muestran únicamente la punta del iceberg: una gran mayoría no son detectadas y, por lo tanto, continúan siendo explotadas sin posibilidad de acceder a los servicios de protección y atención, ni a la justicia.