El 80% de las proposiciones aprobadas este año en el pleno del Parlamento gallego son exigencias a Sánchez

Las proposiciones no de ley (PNL) son uno de los llamados “procedimientos de impulso” en el Parlamento. Son propuestas en pleno o comisión a través de las cuales el legislativo insta al Gobierno a adoptar una determinada decisión. No son vinculantes —en rigor, no son de obligado cumplimiento— y, como indica su propio nombre, no implican directamente modificar leyes, aunque sí pueden incluir peticiones para hacerlo.

Desde que en 2018 el PSOE retornó al Gobierno de España, primero por la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy y después con las mayorías tejidas tras las elecciones generales de 2019 y 2023, el PP gallego tendió a convertir estas proposiciones en una suerte de buzón dirigido a Pedro Sánchez, especialmente las que se debaten en pleno. Buena muestra son las aprobadas en lo que va de 2025, entre las que un 80% incluyen exigencias al Ejecutivo estatal.

Dado que ninguna PNL puede salir adelante sin el visto bueno de los conservadores, que desde entonces renovaron mayoría absoluta en 2020 y 2024, el contenido de las proposiciones aprobadas es una buena radiografía de las estrategias parlamentarias en particular y políticas en general de los conservadores gallegos. Como muestra, las 36 PNL que recibieron su “sí” en los 15 plenos que el Parlamento lleva celebrados este año, de las que solo 7 no incluían reclamaciones al gabinete de Sánchez.

Son, por tanto, un total de 29, el 80% del total, las proposiciones no de ley con exigencias al Estado. Y una amplísima mayoría de ellas tuvieron como autor original al PP. No en vano, solo media docena del total de 36 fueron textos que partieron de iniciativas del BNG (1) o del PSdeG (5) y cinco de las siete no dirigidas al Estado partieron del Grupo Socialista.

Por parte de los populares únicamente dos de las 30 proposiciones no de ley que aprobaron durante los plenos celebrados este año tratan materias que no implican reclamaciones al Gobierno de España. La primera la impulsaron en marzo para “reprobar” una campaña de la CIG centrada en criticar la gestión de la conselleira de Política Social, Fabiola García, cuya estética consideraron “sexista”. La segunda, en mayo, instaba a la Xunta a “tramitar el proyecto de la mina de Doade conforme a la normativa” y “no posicionarse a favor o en contra” mientras “no haya un pronunciamiento de los técnicos competentes”.

Más allá de esto, las 28 iniciativas restantes del PP que salieron adelante en pleno en lo que va de 2025 se dirigen al Gobierno de España en áreas muy diversas, algunas de ellas reiteradas. Las más recientes, por ejemplo, le exigen cambiar su postura política respecto a Venezuela o “medidas urgentes” en materia ferroviaria. También le reprochan los fallos en las pulseras telemáticas para controlar a hombres condenados por violencia machista o que recurra leyes de la Xunta ante el Tribunal Constitucional, entre otras cuestiones.

Mientras, las escasas PNL que pasaron el filtro de los populares y se refieren principalmente o únicamente a la Xunta partieron inicialmente del PSdeG. Demandaban al Gobierno gallego remitir al Parlamento su propuesta de crear una Fundación Pública para el Impulso de la Ciencia; un plan para “mejorar la situación laboral de las mujeres”, medidas para prevenir la violencia en el deporte, apoyar el uso del gallego en el Parlamento Europeo y elaborar un nuevo plan de salud mental.

La sexta y hasta el momento última proposición no de ley impulsada por un grupo de la actual oposición que acabó siendo aprobada en 2025 partió del BNG en el pleno del pasado 22 de octubre. El Bloque reclamaba a través de ella diversas acciones en materia judicial dirigidas tanto al Estado como a la Xunta y, tras una negociación, el PP aceptó aprobar la petición de “secciones de Violencia sobre la Mujer en los Tribunales de Instancia de los partidos judiciales de Ourense, Lugo, Pontevedra, Ferrol y Santiago sin que suponga la eliminación de plazas de las secciones de instrucción” —demanda dirigida al Gobierno central— y “el incremento de la plantilla en los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial”.