'caso Lezo'

Anticorrupción pedirá al juez nuevas pesquisas para resolver si cita a Gallardón como imputado en 'Lezo'

Alberto Ruíz-Gallardón, en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid.

Casi a punto de cumplirse un año desde que la Audiencia Nacional dio vía libre para la citación de Alberto Ruiz-Gallardón como investigado en el caso Lezo por la controvertida, multimillonaria y opaca compra de la firma colombiana Inassa en su etapa como presidente de la Comunidad de Madrid, Anticorrupción pedirá al juez del caso nuevas diligencias antes de decidir qué posición adopta respecto al exministro de Justicia.

Fuentes de la investigación han confirmado a infoLibre que la solicitud de nuevas pesquisas sobre esa compra, cerrada a finales de 2001, se incorporará a un informe que la Fiscalía planea elevar al juez en cuestión de días y en el que detallará "el estado del procedimiento". Las fuentes consultadas por este diario no han precisado qué tipo de diligencias contempla Anticorrupción pero sí que con ellas busca acotar de manera precisa el papel desempeñado por los responsables políticos madrileños en la adquisición de Inassa. Es decir, en la primera operación del Canal de Isabel II bajo sospecha y que, según el principal imputado de Lezo, el también expresidente regional Ignacio González, se efectuó con un sobreprecio de casi 70 millones de dólares.

La Fiscalía se encontraba a la espera del dictamen encomendado a la Intervención General del Estado (IGAE) sobre las presumibles irregularidades de aquella compra. Pero la espera tendrá que prolongarse: la IGAE analiza ahora "nuevos documentos" de reciente obtención y relevantes para alcanzar una conclusión.

Aunque algunos juristas conocedores de la causa sostienen que la Fiscalía está recibiendo presiones para que cambie su posición inicial sobre Gallardón –llamarlo a declarar como imputado, o investigado en la actual terminología–, Anticorrupción niega ese extremo de manera taxativa. El relato de la Fiscalía sobre la lentitud en cuanto al veterano político ahora retirado pasa por dos coordenadas: la primera, que el tiempo transcurrido desde la sospechosa compra de Inassa es de tal magnitud que los hipotéticos delitos atribuibles a Gallardón –prevaricación y malversación– pueden haber prescrito; la segunda, que aunque Gallardón se haya retirado formalmente de la política y ahora sea en teoría solo un abogado más, forzar su comparecencia judicial sin tener unas mínimas garantías de que esa imputación puede mantenerse en el tiempo representaría un golpe importante para la causa.

Sea cual sea el escenario real de los acontecimientos, lo cierto es que la marcha del fiscal que hasta hace poco más de un mes capitaneaba la investigación, Carlos Iáñez, ha coincidido en el tiempo con el triunfo de lo que podría denominarse estrategia de prudencia. Fue el recurso planteado en noviembre de 2016 por Iáñez y la fiscal Carmen García, entonces también asignada al caso y ahora centrada en el otro gran caso de corrupción sobre el PP destapado tras Gürtel, la Operación Púnica, el que condujo a la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a dar en enero de este año vía libre a la imputación de Gallardón y su gobierno. Pero el auto con que la sección cuarta se alineó con los fiscales frente al juez de apoyo a la instrucción del caso Lezo, que era contrario a ampliar la investigación a la compra de Inassa, no hacía mención expresa en su parte resolutiva o dispositiva ni a Gallardón ni a nadie. Y las imputaciones –recalca una de las fuentes consultadas– o son nominales o no lo son.

Gallardón: ignorancia total sobre Panamá

Gallardón, que el viernes compareció ante la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid, defiende la legalidad de aquella compra, la considera ética pese a que se articuló a través de una empresa pantalla del paraíso fiscal de Panamá y niega que implicase el menor sobrecoste a las arcas públicas madrileñas. No obstante, el expresidente remarcó y remachó varias afirmaciones que parecen dibujar una eventual estrategia de defensa: lo primero de todo, que jamás supo hasta ahora que el Canal adquirió una empresa panameña para de ese modo hacerse con las acciones de Inassa.

La presencia del paraíso fiscal de Panamá –adujo Gallardón– ni siquiera llegó a la mesa del Gobierno por él presidido porque "eso era competencia estricta del Canal"; que la operación se hizo previa petición de dos informes de valoración; que había sido bendecida con antelación por "el mejor" despacho fiscalista del país, Garrigues; y que nadie en el consejo de administración del Canal, en el que participaban cuatro representantes del PSOE y dos sindicalistas, observó nada reprochable.

Fue el propio Ignacio González, antiguo delfín de Esperanza Aguirre, máximo jerarca del Canal de Isabel II casi durante una década y presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015, quien de manera involuntaria puso el foco sobre la compra de Inassa. En una de las conversaciones interceptadas por al Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil antes del estallido de la Operación Lezo, González le contó al exministro Eduardo Zaplana que el equipo de Gallardón había adquirido esa compañía colombiana por 100 millones –de dólares– cuando en realidad no valía ni 30. González reveló en esa charla que un informe encargado por él mismo –al bufete Cuatrecasas– había reflejado las irregularidades de esa compra. Y añadió que, a diferencia de su sucesora, Cristina Cifuentes, que denunció ante la Fiscalía la segunda gran compra sospechosa del Canal en Latinoamérica, la de la brasileña Emissao, él guardó en un cajón ese informe.

Pero durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid y en una maniobra que podría definirse como de judo intelectual –aprovechar la fuerza del contrario en beneficio propio–, Gallardón invocó en su favor a Ignacio González como "fuente autorizada". "La única fuente autorizada que yo tengo sobre el informe de Cuatrecasas es lo que dice en sede judicial el señor González: que en absoluto concluye que hubiera comisión alguna penalmente relevante".

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