Los regalos envenenados de la era Aguirre: Ayuso paga 300 millones por vías sin acabar o trenes 'fantasma'

Viernes, 18 de octubre de 2019. La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre se planta en la Audiencia Nacional con varias carpetas bajo el brazo. Después de seis años de instrucción, la exdirigente conservadora comparece ante el juez Manuel García Castellón en el marco del caso Púnica. Tres horas en las que defiende su "inocencia" con uñas y dientes. No es la única. Desde Sevilla la Nueva, una recién aterrizada Isabel Díaz Ayuso aprovecha los minutos previos al inicio de un acto que tiene en agenda para echarle un capote. "Ha sido una muy buena presidenta que ha conseguido grandes transformaciones para la región", dice la líder del Ejecutivo. Quiere que todo alrededor del caso de corrupción, uno más de entre los que han salpicado al PP en la región, se aclare "cuanto antes". "Hablamos de tiempos pasados que nada tienen que ver con los equipos actuales", zanja.

El cruce de piropos entre las dos políticas ejemplifica a la perfección el aprecio que, al menos en público, ambas se profesan. Ayuso felicita a Aguirre por ser la "impulsora" de un modelo neoliberal que lleva años marcando el funcionamiento de toda la región, mientras que la exdirigente conservadora no duda en encumbrar y mostrar su apoyo férreo a la actual líder regional cuando la tensión con el aparato de su partido va in crescendo. Ambas, unidas por un pasado compartido. Una época de agujeros que, lejos de lo que dice Ayuso, mucho tienen que ver con los equipos actuales. Porque la herencia recibida de la era Aguirre aún hace estragos en las arcas públicas: más de 300 millones ha tenido que desembolsar el Ejecutivo actual por culpa de los proyectos fallidos de la época de su antecesora.

El Puerta de Hierro y las habitaciones individuales

La construcción de hospitales semiprivatizados fue una de las señas de identidad de la Comunidad de Madrid hace ahora más de una década. Un modelo de gestión público-privada sobre el que se sostiene, entre otros, el Puerta de Hierro. Este centro, ubicado en el municipio madrileño de Majadahonda, se inauguró en septiembre de 2008. Eso sí, con algunos cambios de última hora. Cuatro meses antes de que se cortara la cinta, la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Sanidad, a requerimiento de Presidencia, ordenó que se adecuasen todas las habitaciones a uso individual. En total, 135 estancias dobles de las que se retiró una cama hospitalaria, mesilla, sillón de paciente, silla de acompañante y cortinilla separadora para ser sustituida por un sofá cama.

"No sabía que querer que los hospitales públicos tuvieran habitaciones individuales fuera delito", señaló el pasado mes de noviembre Aguirre en declaraciones a El Confidencial. Lo hizo pocas horas después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiese formalmente la imputación de la expresidenta en el procedimiento judicial en el que se investiga un sobrecoste cobrado por la concesionaria por 135 camas inexistentes durante casi una década, una solicitud que fue rechazada. Al final, el Ejecutivo regional continuó pagando más de un millón de euros anuales por ellas a pesar de haber sido retiradas. Algo que intentó corregirse a partir de 2013. Durante la era Cifuentes, se puso en marcha un doble planteamiento tanto para recuperar el dinero abonado como para dejar se seguir pagándolo.

La adjudicataria se encargó de llevar a los tribunales este cambio de condiciones. ¿El resultado? Una sentencia que obliga ahora al Ejecutivo regional a abonar a la compañía casi 30 millones de euros. De ellos, 11,38 millones ya fueron pagados el pasado mes de diciembre, mientras que los 18,31 millones restantes se irán abonando a medida que se vaya cumpliendo la concesión del servicio, que estará viva hasta el año 2035.

No es el único pleito derivado de los centros semiprivatizados al que ha tenido que enfrentarse el Ejecutivo regional. Los litigios entre Administración y concesionarias son constantes. Hace justo un año, por ejemplo, el gigante de la sanidad privada, Quirón Salud, reclamaba en los tribunales siete millones de euros al Gobierno de Díaz Ayuso por "discrepancias" respecto a la liquidación de 2014 de la "asistencia sanitaria especializada" y el abono del IVA del 2020 en las facturas a los servicios no sanitarios relacionados con el Hospital General de Villalba y el Infanta Sofía de Valdemoro.

Más de 200 millones en infraestructuras fantasma

Unos meses antes de la inauguración del Puerta de Hierro, y con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, la entonces presidenta madrileña se desplaza hasta el sur de la región. Lo hace para participar en el acto de colocación de la primera traviesa de la nueva línea de ferrocarril que conectará los municipios de Móstoles y Navalcarnero. "Nosotros tenemos la sana y la muy buena costumbre de cumplir lo que prometemos", dice Aguirre, quien carga contra el Ejecutivo central por no considerar prioritaria la propuesta. El proyecto tenía un plazo de ejecución de dos años y un coste de 360 millones de euros. Un concurso para la construcción y explotación de la línea con el que se hizo OHL.

Pero la promesa, uno de los grandes reclamos electorales de la baronesa, se acabó convirtiendo en un inmenso pufo. El proyecto sufrió cambios que desviaron el presupuesto. Y ahí quedo la infraestructura, inacabada y abandonada. Un tren maldito que, para más inri, ha terminado enredado en los tribunales. Primero, por la vía económica. Y segundo, por la penal. Hace solo unos meses, el juez que instruye el caso Lezo envió a juicio al expresidente madrileño Ignacio González al considerar que existían indicios de que se habría beneficiado de una "ilícita comisión" a cambio de ejercer su influencia sobre la persona clave en la adjudicación del proyecto.

La constructora OHLA –antigua OHL– ha reclamado en los tribunales más de 250 millones de euros. Por el momento, la Comunidad de Madrid ha desembolsado 162,49 millones de euros, tal y como la propia empresa informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a finales de diciembre. De ellos, 123,4 millones corresponden a la "liquidación de las inversiones realizadas en ejecución de obras" y 39,1 millones a los intereses de demora.

El tren a Navalcarnero no es la única infraestructura fantasma de la era Aguirre que pasa factura a las cuentas regionales. La autopista de peaje MP-203 nació con el objetivo de conectar la A-2, la del Nordeste, y la R-3 y M-208 a la altura de Mejorada del Campo. Un proyecto de poco más de una docena de kilómetros que salió a concurso en 2005, durante la primera legislatura de la baronesa. La idea era que la vía no costase nada a los madrileños, que la constructora, en este caso Ferrovial, lo pagase todo a cambio de explotar posteriormente la vía durante tres décadas a golpe de peaje. Pero diecisiete años después, ni un solo vehículo ha circulado por esta autopista inacabada a la que solo recurren ciclistas o corredores.

Otro fiasco más convertido en agujero de dinero público: 73,4 millones de euros ha pagado el Gobierno madrileño a la adjudicataria por las obras ya realizadas. Ahora, el Ejecutivo autonómico tiene previsto volver a sacar otro contrato a concurso para acabar, de una vez por todas, una infraestructura que se quedó atascada hace años por la falta de autorización del Ministerio de Fomento para conectar esa vía con la radial 3, algo a lo que se oponía la concesionaria de dicha carretera al considerar que terminaría afectando a su negocio.

El dinero a las universidades

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La financiación de las universidades madrileñas fue la otra patata caliente con la que se encontró Ayuso –igual que sus antecesores en el cargo– tras aterrizar en la Puerta del Sol. Todo se remonta a la primera etapa de Esperanza Aguirre al frente del Gobierno regional. En diciembre de 2006, dos días antes de Nochebuena, la entonces presidenta autonómica suscribió con los rectores de los seis centros públicos el Plan de Inversiones 2007-2010, dotado con 640 millones de euros para la creación y renovación de infraestructuras. Un marco financiero que al entonces rector de la Universidad Rey Juan Carlos le parecía "suficiente" como para poder funcionar "con tranquilidad a medio plazo".

Pero llegó la crisis económica. Y Aguirre metió la tijera a los planes de financiación e inversiones en las universidades. Comenzó entonces una larguísima batalla judicial de los centros por recibir los fondos prometidos. Las sentencias en contra se fueron acumulando poco a poco. Solo entre 2015 y 2018, durante la época de Cristina Cifuentes y Ángel Garrido, los tribunales dictaron más de una treintena de sentencias en las que condenaban a la Administración madrileña a abonar más de 460 millones de euros.

Una herencia a la que también ha tenido que hacer frente Ayuso. En enero de 2020, el Ejecutivo regional anunciaba que la deuda con las universidades quedaría saldada en 2024. Por aquel entonces, el Gobierno madrileño acordó pagar 99,5 millones a los centros a través de la firma de distintos convenios para tratar de poner fin, de una vez por todas, a un agujero heredado. Otro más.