Crisis del coronavirus

Un enfermero para 125 residentes: los profesionales denuncian las deficiencias en la red asistencial de Madrid

Residencia y Centro de Día Nuevo Versalles.

Un enfermero para 125 residentes discapacitados. Un solo médico, de lunes a viernes, para 165 usuarios. Y solo un cuidador por cada siete usuarios, que se elevan a 31 en los turnos de noche. Este es el personal mínimo que exige la Comunidad de Madrid para el Centro Residencial y Centro de Día Nuevo Versalles, en Fuenlabrada, según la nueva convocatoria publicada para la gestión del centro. Una cifra que, desde la Asociación Madrileña de Enfermería Independiente (AME), tachan de “a todas luces insuficiente”, y un síntoma de la gestión de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad a lo largo de la pandemia.

Víctor Jiménez, vicepresidente de la asociación, destaca en conversación con infoLibre la falta de personal y medios en este tipo de centros, golpeados tras la crisis del coronavirus. “Este contrato viene a demostrar que durante estos meses de pandemia uno de los mayores problemas en las residencias de atención social es la falta de personal sanitario, que es la que está en contacto directo con estos usuarios”.

En la convocatoria, publicada en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, se exige la presencia de un mínimo de un ayudante técnico sanitario o un diplomado universitario de enfermería durante las 24 horas del día, junto a tres turnos de cuidadores: 17 por la mañana, 16 por la tarde (lo que supone un cuidador por cada siete residentes) y solo cuatro por la noche (uno por cada 31 residentes). Además, se requiere únicamente la presencia de un médico, de lunes a viernes durante ocho horas, para los 165 usuarios del centro.

“No puedes hablar de calidad asistencial si estas ofreciendo esa ratio de personal”, señala el enfermero. “Estamos hablando de gente con discapacidad de diversidad funcional grave. No parece que una enfermera a cargo de 125 usuarios durante el día vaya a ser suficiente. Y los usuarios tienen las mismas necesidades durante el día por la noche, así que el hecho de que pongan solo cuatro cuidadores nocturnos atenta contra cualquier criterio de calidad que quieran prestar a los usuarios”.

Desde la AME comprenden que la cifra debería ser mayor, y señalan cómo la falta grave de personal repercute en la calidad del servicio. “La diferencia entre el día y la noche es absurda. Y así pasa que no se cambian los pañales, se producen ulceras en la piel, se producen muchas caídas porque no hay tiempo material para hacer rondas… Y también creemos que tendría que haber una enfermera por cada 50 usuarios, dos o tres enfermeras mínimo para garantizar un servicio de calidad”, apunta Jiménez.

Pero desde la Consejería de Políticas Sociales apuntan, en la memoria justificativa y de insuficiencia de medios, que dados los plazos legales de contratación de personal y la necesaria flexibilidad en jornadas de trabajo y horarios "no puede disponer de los medios propios necesarios para la gestión de este centro”. Un centro que, aseguran, lleva gestionándose desde 1997 a través de contrato administrativo.

En 2017 la gestión pasa a manos de la empresa Valoriza Servicios a la Dependencia por un importe adjudicación con IVA de 9.008.977,74 euros (el presupuesto base de la licitación era de 10.137.216,96 euros) por una duración de 3 años prorrogables. Tras la finalización del contrato inicial, la Consejería solicita el 27 de febrero una ampliación hasta el 31 de octubre de 2021. Sin embargo, la negativa llega el 4 de marzo, ya que, según la consejería, “la entidad adjudicataria manifestó su no disposición a aceptar la prórroga propuesta al no poder asumir, sin la correspondiente revisión de importes, los recientes incrementos de costes salariales derivados de la aprobación del nuevo convenio colectivo en el sector”. Es decir, tras la aprobación del XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, que tuvo lugar en junio de 2019.

Ante la finalización del contrato, la consejería sacó a concurso la gestión del centro, esta vez aumentando el presupuesto base de la licitación a los 11.178.348,48 euros. Pero el problema persiste, ya que pese a aumentar el presupuesto, se mantienen los mismos requerimientos mínimos del personal respecto a 2017, requerimientos mínimosaunque la crisis del coronavirus haya evidenciado la necesidad de reforzar este tipo de centros.

En conversación con infoLibre, Víctor Jiménez asegura que estas prácticas son lo habitual dentro de la Consejería de Políticas Sociales. “Lo que ha hecho la empresa es un tira y afloja. Yo no asumo el seguir prestando este servicio, entonces lo volvéis a sacar a concurso, me subís un poquito lo que me vais a pagar, que a mí ya me cuadra con mis beneficios, y entonces yo saco otra oferta, y es probable que lo vaya a gestionar la misma empresa”, denuncia el enfermero. “Eso es lo que pasa habitualmente en la consejería. Seguro que la han subido respecto al año anterior, y entonces la empresa gana un poco más, pero las condiciones son las mismas. ¿Quién sale beneficiado ahí? La empresa”.

Jiménez se pregunta sobre los esfuerzos y la transparencia que ha realizado la consejería por solucionar la situación, de la que tenía conocimiento desde marzo. “La consejería sabe que la empresa que lo está gestionando no va a continuar con la gestión, y desde entonces no ha hecho absolutamente nada para conseguir personal. ¿Dónde demuestra usted que ha estado buscando profesionales y medios para asumir ese centro?”, denuncia.

Desde la AME también cuestionan el modelo de litificación de la comunidad, que otorga un 49% de la puntuación a los criterios económicos, y un 51% a los restantes. Unos criterios que Jiménez apunta como dispares para las empresas que opten a estas convocatorias, y que perjudican al usuario final de estos centros. “Ellos van a decir que la mayoría que se va a tener en cuenta es la calidad, porque es el 51% contra el 49%, pero una empresa que se presente obtenga 49 puntos por la parte económica lo hace muy difícil para esas empresas que no hagan una oferta tan barata”.

Mientras que en la licitación de 2020 la oferta económica alcanzaba hasta los 49 puntos dentro de los criterios objetivos para la adjudicación del contrato, la cifra ascendía hasta los 70 puntos en la convocatoria de 2017.

Una oferta que repercute en el beneficio final de estos gestores, que obtienen a través de recortes salariares y en el servicio, según apunta la asociación. “Las empresas siempre hacen ofertas tan bajas porque tiran los salarios hacía abajo. ¿Qué pasa? Que si durante este tiempo hay una revisión del convenio y se consiguen ganancias salariales, la empresa ya no tiene los beneficios que espera”.

Ante preguntas de infoLibre acerca del número de personal exigido, la Consejería de Políticas Sociales responde que “en los pliegos figura el mismo personal de atención directa, al no modificarse el perfil de usuario ni otras características del centro. El pliego contempla ‘presencias efectivas’, es decir, el personal de atención directa que debe estar asegurado para la prestación del servicio (más garantista que la plantilla teórica)”.

Ante las acciones que ha llevado a cabo la consejería desde que tiene constancia de esta situación desde marzo, afirma que “los esfuerzos se han centrado en llevar a cabo toda la tramitación del nuevo expediente, así como en obtener la disponibilidad presupuestaria para hacer frente al incremento del contrato”. Finalmente, preguntado sobre la subida del presupuesto base, asegura que “obedece fundamentalmente a la aplicación del XV convenio colectivo del sector y otros ajustes en gastos corrientes. El nuevo presupuesto supera en un 20% al importe de adjudicación del anterior contrato (que es sobre el que se calcula siempre)”.

El diputado de Más Madrid Diego Figuera cuestionó esta semana en la Asamblea sobre este asunto al director general de Coordinación Socio-Sanitaria, Francisco Javier Martínez Peromingo, durante la sesión de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. Peromingo se limitó a afirmar que “a mí lo que me consta es al revés. Que los centros tienen una relación mucho más fluida con el tema sanitario que el que tenían. Si sabe de un caso puntual, pues habrá que analizar cuál el problema”.

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