Galicia

Examen a las políticas de igualdad de Feijóo: ¿un modelo para el PP o un simple vendedor de humo?

Manifestación del 8M en Santiago de Compostela.

El éxito de la huelga feminista y las manifestaciones que tuvieron lugar el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha calado en la esfera política. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia y presunto aspirante a liderar un día el PP nacional, ha sido uno de los líderes políticos que más rápidamente han reaccionado a la movilización feminista. Si bien el pasado domingo 4 de marzo el presidente conservador se preguntaba "por qué este año", el mismo 9 de marzo, un día después del paro feminista, instó a todos los gobiernos a "tomar nota" de lo que calificó como "clamor" social. Las palabras de Feijóo chocan con las pronunciadas por el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, quien el pasado 24 de febrero reiteraba el rechazo de los conservadores gallegos a secundar la huelga y, de hecho, consideraba que respaldarla era "lo más machista" que se podía hacer.

Pero, más allá de "tomar nota" para el futuro, ¿qué políticas ha practicado hasta ahora Feijóo en su comunidad? La oposición en Galicia celebra el cambio de discurso de los conservadores pero lo mira con escepticismo. Las organizaciones que trabajan por la igualdad de género en territorio gallego tampoco perciben mejoras para las mujeres desde que Núñez Feijóo aterrizara en la Xunta, hace casi nueve años. La situación en Galicia en materia de igualdad y violencia de género no dista del escenario a nivel estatal. Las mujeres ven cómo sus derechos se encuentran en una posición supeditada y muy inferior a la de sus compañeros hombres, en el terreno laboral y en todas las esferas de la vida. Galicia no es una excepción.

Según datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA) pertenecientes al cuarto trimestre de 2017, la tasa de empleo de mujeres es del 41,37% frente al 49,36% de ellos. En cuanto a la tasa de actividad, la de las mujeres gallegas se sitúa en el 48,79%, mientras que la masculina es del 57,56%. Un vistazo a la tasa de paro constata cómo, en este caso, los porcentajes se invierten: el desempleo tiene más rostro de mujer. En Galicia, lo sufren un 15,21% de ellas frente a un 14,25% de varones.

Aquellas mujeres que encuentran espacio en el mercado laboral lo hacen también en condiciones más precarias que los hombres. Según el Instituto Galego de Estatística (IGE), en el año 2017 un 28,2% de mujeres trabajaba bajo contrato temporal, frente al 24,4% de hombres. Entran en juego en este punto los cuidados. Un 33,76% de mujeres asegura estar en paro o trabajando a tiempo parcial para poder cuidar de sus hijos, mientras que los hombres que declaran lo mismo suponen sólo el 1,29%. El 21,35% de ellas dice encontrarse en esa situación para cuidar de personas dependientes, frente al 3,38% de ellos.

Según UGT, la brecha salarial por cuestiones de género fue en Galicia de un 21,98% durante el año 2015, cifra superior a la registrada en el año 2010, cuando el cisma se situaba en el 21,81%. La brecha en 2016 fue, en base a los datos de Gestha, del 28,7% en la comunidad autónoma. El sindicato de técnicos subraya que la diferencia salarial se encuentra estancada especialmente desde el año 2005.

Todo ello tiene consecuencias a posteriori. Según el IGE, las mujeres gallegas reciben una pensión de jubilación media de 664 euros, que pasa a 1.061 euros en el caso de los hombres: una diferencia de 398 euros.

Políticas de igualdad

No obsntante, también es cierto que las políticas de Núñez Feijóo por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres no se traducen en un vacío completo. En 2016, la Xunta impulsó el I Plan de actuaciones para la Igualdad en los centros educativos de Galicia, que se prolongará hasta 2020. Desde entonces, los centros acogen una asignatura de Igualdade de Xénero de libre configuración autonómica, siendo la segunda comunidad en dar este paso.

Pese a citar la coeducación como prioridad, la Xunta de Galicia mantiene una política de financiación pública que beneficia a los colegios que segregan por sexo, otra de las principales críticas de los partidos de oposición. Desde el curso 2017-2018 los colegios privados y concertados gallegos se rigen por las normas de una nueva orden de conciertos que, tal y como informó el diario Praza Pública, obvia la coeducación como criterio preferente para la financiación. Un portavoz autorizado de la Xunta de Galicia respondió, a preguntas de infoLibre, que "la educación diferenciada por sexo, en sí misma, no implica discriminación, siempre que las oportunidades y contenidos educativos sean iguales". A su juicio, "tanto la educación diferenciada como la coeducación son modelos educativos legítimos y compatibles con una educación desde la igualdad de valores, oportunidades y trato a las personas".

La corresponsabilidad es otra de las cuestiones de las que presume el Gobierno de Feijóo. Este lunes Pedro Puy, diputado del PPdeG, aseguró que la equiparación del permiso de maternidad y paternidad de los funcionarios es una medida en la que se puede "avanzar" para contribuir a mejorar la igualdad, siguiendo así los pasos de Euskadi. A preguntas de infoLibre, fuentes del gobierno autonómico han asegurado mantener "una firme apuesta por la conciliación y la corresponsabilidad" y señalaron que la equiparación es una propuesta "que debe ser estudiada". No hay, sin embargo, ninguna hoja de ruta prevista al respecto y la partida autonómica para la conciliación permanece congelada desde el año 2015 –en 1,2 millones de euros–. La de igualdad, protección y promoción de la mujer, por su parte, ha experimentado un descenso desde el año 2010, pasando de 8,4 millones a 7,2 millones de euros.

El Gobierno autonómico también anunció que este mes de marzo se aprobaría un Plan de conciliación, cuyo contenido y presupuestos son aún desconocidos. Tal y como confirman las mismas fuentes, "los detalles del plan se harán públicos cuando esté finalizado y presentado", y subrayan que "Galicia será, con esta aprobación, la primera comunidad autónoma en dotarse de un plan de estas características" que busca "impulsar la plena participación de los hombres y las mujeres en los derechos y responsabilidades laborales, familiares y personales". Pese al anuncio de la Xunta, los conservadores rechazaron todas las propuestas en materia de igualdad presentadas durante el Pleno del 7 de marzo por parte de la oposición.

En cuanto a violencia de género, Galicia se convirtió en la cuarta comunidad con una fiscalía autonómica especializada en violencia machista, desde el pasado mes de enero y ante la constatación de un aumento de los casos registrados –las denuncias pasaron de 5.683 en 2016 a 6.436 en 2017–. El objetivo consistía en "fortalecer la lucha contra la violencia machista y dar una respuesta eficaz, avanzando en la protección de las víctimas, la reparación del daño y la seguridad jurídica de los procedimientos judiciales". El presupuesto de la Xunta de Galicia para el apoyo de las víctimas de violencia ha pasado de 3,4 millones en 2010 a 5,4 en el presente año 2018. El Parlamento de Galicia aprobó también, recientemente, una moción del BNG para avanzar en un pacto gallego contra la violencia de género. La oposición reclama que el acuerdo, que se encuentra aún en fase embrionaria, vaya con presupuestos suficientes y planificado en el tiempo.

"Magnífico vendedor de humo"

Pese a la radiografía positiva que el Gobierno de Núñez Feijóo hace de su gestión, la oposición se mantiene crítica. La financiación para las escuelas que segregan por sexo, la falta de recursos o los compromisos meramente testimoniales son algunas de las principales carencias que señalan las tres formaciones que compiten en el arco parlamentario gallego.

Olaia Rodil, diputada del BNG, reconoce que existen "iniciativas, programas y ayudas" impulsadas desde la Xunta de Galicia y de hecho la comunidad autónoma cuenta desde 2007 con una "ley de prevención integral que es totalmente vanguardista". Sin embargo, agrega, "fuera de eso todas las reformas y avances fueron en gran medida impulsadas por fuerzas de la oposición", como es el caso de la reforma de la ley contra la violencia de género propuesta por el BNG durante la legislatura pasada y vetada en un primer momento por el PP.

Durante el pleno anterior al 8M, los grupos llevaron una serie de propuestas enfocadas en la mejora de la igualdad de género. El BNG presentó una proposición no de ley con una batería de medidas contra la brecha salarial y ahondó en una serie de aspectos "en los que se puede trabajar y ámbitos en los que avanzar" tomando como ejemplo el caso de Islandia. "El PP votó en contra" y de hecho se "aferró a su propia iniciativa que era una mera declaración de intenciones para seguir trabajando".

Con la diputada nacionalista coincide Paula Quinteiro, parlamentaria de En Marea. Su propuesta para paliar la brecha salarial también fue rechazada por el PP en la víspera del 8M. El Gobierno de Feijóo, dice, "prácticamente siempre rechaza" sus propuestas o bien "propone transacciones para vaciarlas de contenido y que queden como alegato de intenciones". El plan de conciliación que anunció, continúa, "va en la línea de profundizar en el plan de igualdad anunciado el año pasado", de modo que no supone ninguna novedad palpable. 

La cuestión presupuestaria es precisamente una de las principales preocupaciones de la oposición. "En las partidas de 2016 quedaron casi dos millones de euros sin ejecutar", señala Rodil, mientras que Quinteiro explica que "casi siempre el problema son los presupuestos" porque "en la literatura se alcanzan acuerdos pero a la hora de presupuestar, nos vetan". Durante los tres primeros trimestres de 2017, "la Xunta apenas ejecutó un 6% de la partida de conciliación, y en los otros dos programas [igualdad y violencia de género] roza el 50%, con lo que resulta muy complicado que se ejecute todo el presupuesto", apunta Quinteiro, quien entiende que "el incremento nominal del presupuesto cada año es para ocultar una congelación real de la inversión en igualdad".

El Gobierno gallego, por su parte, desmiente esos datos. "Los presupuestos de igualdad, tanto en 2016 como en 2017, alcanzaron una ejecución del 90%", dice un portavoz en declaraciones a infoLibre. La única explicación de esta diferencia es que, en lugar del gasto realizado, la Xunta tome en cuenta los gastos autorizados, aunque la administración autonómica no ha aclarado cuáles son las bases de su afirmación.

La socialista Patricia Vilán cree que Núñez Feijóo no es otra cosa que "un vendedor de humo magnífico", cuya labor se basa en "hacer creer a la gente que está haciendo cosas". El plan de corresponsabilidad lanzado la semana pasada, coincide en señalar, pertenece al plan "anunciado ya el año pasado" y además "no concreta ningún tipo de medidas". También el PP vetó las proposiciones no de ley presentadas el 7 de marzo por el PSdeG.

En materia educativa, los tres grupos de la oposición coinciden en una cuestión que consideran clave: el apoyo a los colegios que segregan por sexo va en contra de la lucha por la igualdad. El Gobierno gallego acaba de blindar la financiación pública a este tipo de centros hasta el año 2023. Entre ellos figuran 58 unidades de cinco colegios que separan a niños y niñas, cuatro de ellos vinculados al Opus Dei. "Diferimos de forma muy clara en la educación", dice Paula Quinteiro, quien entiende que "la segregación por sexos debería acabarse porque reproduce estereotipos y excluye la educación en igualdad". La segregación es también mencionada por Olaia Rodil y por Patricia Vilán.

Todos los grupos de la oposición, finalmente, expresan una condena unánime hacia las palabras de Tellado sobre la huelga del 8M, que calificó de machista. Creen que la opinión del secretario general del PPdeG es muestra del sentir general de los conservadores gallegos. Interpelado por estas palabras, un representante autorizado de la Xunta contestó a este periódico que el Gobierno de Galicia siempre ha manifestado su "respeto por la manifestación de miles de mujeres" y toma "nota de sus reclamaciones".

Organizaciones feministas

Las organizaciones que trabajan por la igualdad y contra la violencia de género en la comunidad también están lejos de sentir satisfacción por las políticas del Gobierno gallego. Marta Rodríguez, presidenta de la plataforma Si, hai saída, trabaja en "contacto directo con las víctimas" a quienes acompaña en todo el proceso. Su percepción de la situación actual no deja espacio para el optimismo. "Vamos de mal en peor", sostiene. "Cuando hay algo de envergadura como el 8M todo el mundo promete, pero por desgracia la experiencia nos dice que no se traduce en hechos".

Las víctimas, dice, "no están protegidas" debido a la "falta de efectivos" y de recursos suficientes para cubrir la situación. A nivel laboral, además, las mujeres no sólo se ven obligadas a soportar cuestiones como la brecha salarial, discriminación por razones de sexo o la doble jornada en el hogar, sino que las víctimas ven cómo no se respetan sus derechos como consecuencia de la falta de acciones por parte de la Inspección de Trabajo. Para cubrir las necesidades, agrega Rodríguez, "el presupuesto es fundamental".

Si bien la Xunta de Galicia no tiene competencias en cuanto a la asistencia judicial, el Parlamento autonómico aprobó a finales de febrero solicitar al Estado un aumento del número de juzgados en materia de violencia de género, para además poner en marcha el acompañamiento judicial personalizado y dotar del personal necesario. En la misma sesión fue rechazada una proposición no de ley del BNG que pedía crear una unidad específica, dependiente de la Dirección Xeral de Xustiza, para que se cumplan las leyes y acuerdos contra la violencia de género.

También Raquel D. Carregal, miembro de la Plataforma Feminista Galega, cree que el Gobierno del PP es responsable de "desarticular servicios como los centros de información a mujeres", mientras que "hasta hace un año el crédito presupuestario de las prestaciones económicas por violencia de género no llegaba a todas las mujeres que tenían derecho a ellas" y, paralelamente, "las organizaciones de mujeres se precarizaron y el dinero se repartió entre organizaciones religiosas provida desde la publicación de la Ley de apoyo a la familia aprobada por el propio PP". Además, agrega, "todavía siguen los recortes presupuestarios en sectores que afectan a las mujeres, como el sistema de salud, los servicios sociales y la educación".

El blindaje de las ayudas a las escuelas que segregan por sexo es también una de las cuestiones que más inquietan a las asociaciones. "La mayor tarea de concienciación sería desde las escuelas, y la Xunta acaba de blindar la financiación pública a aquellas que segregan por sexo hasta 2023, sin derecho a una formación con perspectiva de género", señala Carregal, quien entiende la educación como "herramienta clave para terminar con la violencia de género".

Para la feminista, el principal problema es que "no se implantan los derechos recogidos en las leyes". Desde las organizaciones feministas, dice, se han señalado como medidas urgentes "el derecho a la vivienda, un empleo de calidad, la conciliación familiar o la lucha contra la pobreza energética", de forma que el Gobierno autonómico garantice los derechos "que facilitan un desarrollo identitario" de las mujeres "sin depender de prestaciones económicas con las que se lavan las manos y crean personas dependientes de un sistema que aprovecha para explotarlas en la miseria".

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