El Gobierno apuesta por no tocar la inviolabilidad que según la fiscalía permitió al emérito delinquir con impunidad

Los decretos de archivo de la Fiscalía del Tribunal Supremo que han dado carpetazo a las investigaciones sobre las actividades ilícitas de Juan Carlos I concluyen dos cosas: que el entonces jefe del Estado defraudó en todos los ejercicios fiscales comprendidos entre 2008 y 2012 y que, en cualquier caso, se trata de una figura inviolable. En efecto, el artículo 56.3 de la Constitución refleja que “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, aunque el debate en torno a este precepto se ha vuelto cada vez más encendido conforme han ido haciéndose públicos los escándalos del exjefe del Estado. 

¿Quiere decir la Constitución que el rey de España tiene en cualquier caso derecho a delinquir? Para el magistrado emérito del Tribunal Constitucional, José Antonio Martín Pallín, rotundamente no: “Es un disparate bíblico que alguien con la Constitución en la mano pretenda defender que el rey puede violar, asesinar o abusar de un menor sin consecuencias penales y, por tanto, tampoco robar o defraudar”, apunta. 

Distintos grupos políticos han reivindicado tradicionalmente una reforma constitucional que acabe con una figura jurídica más que discutible y que, en el caso del emérito, le va a salvar de dar explicaciones ante la Justicia por los delitos que incluso la Fiscalía considera probados. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a defender hace unos meses esa reforma: “No creo necesaria la condición de inviolabilidad para el jefe del Estado”, aseguró en una entrevista en la Cadena Ser en la que se comprometió a “abrir el debate para actualizar la Constitución”. 

Tras conocerse el archivo de la Fiscalía, el Gobierno ahora parece haber cambiado de opinión. Preguntada expresamente por ello tras el Consejo de Ministros de este viernes, la ministra de Justicia, Pilar Llop, respondió que "la inviolabilidad es una cuestión que está en la Constitución y ahora mismo no se darían las mayorías suficientes para abordar cualquier reforma que tuviera que ver con la inviolabilidad". En realidad, en Moncloa no quieren ni oír hablar de nada que implique a la Casa Real tanto en la parte relativa a los escándalos del emérito o su posible vuelta, como a cualquier tipo de reforma legal. 

Creen en el Gobierno y en el PSOE “que no se dan las circunstancias” para abordar asuntos “tan delicados” y que, a juicio de los socialistas, podrían trasladar “más zozobra que certeza a la ciudadanía en estos momentos tan delicados”. Desde el Ejecutivo se señala la gestión de la pandemia, la situación económica y la guerra en Ucrania como elementos “desestabilizadores” que no permitirían hacer frente a asuntos tan sensibles en la recta final de legislatura. 

El magistrado Martín Pallín no cree, sin embargo, que sea necesario llegar tan lejos: “Ni siquiera hace falta una reforma constitucional, solo una interpretación diferente por parte del TC”, apunta. “La inviolabilidad tiene todo el sentido del mundo para actos ejercitados dentro de sus funciones como jefe de Estado. Pero no es función propia de un jefe de Estado tener dinero negro en Suiza o cobrar comisiones. Extender esa figura a toda clase de hechos delictivos no lo aguanta ni la razón ni el sentido democrático de una sociedad del siglo XXI”, razona Martín Pallín. 

Debate político

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El debate está instalado incluso en el seno del propio Gobierno de coalición. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dijo esta semana que la decisión de la Fiscalía trasladaba la sensación de que “no todos somos iguales ante la ley”, algo a lo que a su juicio contribuye la lectura impuesta de la inviolabilidad: "Es incomprensible desde el ámbito jurídico que tengamos una interpretación de la inviolabilidad del rey tan caduca. No lo comparto en absoluto. Estamos hablando de unos actos que trascienden a la institución y son privados. A mí me alarma”, reconoció. 

En ese mismo sentido se expresa el responsable de Profundización Democrática y Horizonte Republicano de Podemos, Rafa Mayoral, que va más allá al señalar la propia esencia de la institución monárquica: “Hace falta un análisis de la arquitectura institucional de este país. Que nos preguntemos qué tal ha funcionado la jefatura del Estado en los últimos 40 años. Este señor puede robar y no pasa nada. ¿Funciona o no funciona la institución? Parece que, cuanto menos, tiene lagunas, ¿no?”, se pregunta. 

Mayoral subraya que “siguiendo la lógica jurídica expresada por la Fiscalía, daría lo mismo no pagar impuestos que matar a alguien”, lo que a su juicio condena a la Monarquía a “un problema estructural que no se puede tapar tan fácilmente y que somete a la institución a una profunda crisis”. Martín Pallín coincide en que, lejos de protegerla, una figura tan poco democrática como la de la inviolabilidad con la actual lectura jurídica debilita al propio Felipe VI: “La gran legitimidad del rey se asienta en que la soberanía emana del pueblo y él está sometido a ella. Lo contrario, le perjudica”, concluye.