El Gobierno asume que el emérito puede volver en cualquier momento pero ciñe la decisión a la Casa Real
Los pasos que faltaban por darse ya se han dado. La Fiscalía hizo oficial este miércoles una decisión adoptada hace meses: el archivo de la investigación a Juan Carlos I por la prescripción de los delitos que se investigaban. Ese carpetazo del ministerio público acerca ahora un escenario anhelado por el propio rey emérito y temido a partes iguales en el Gobierno y en la Casa Real: su vuelta a España. En la Moncloa aseguran no tener noticias al respecto. Sin embargo, admiten que ese regreso puede ocurrir en cualquier momento e intentan distanciarse del posible desgaste que ello pueda acarrear entre la opinión pública señalando directamente a Zarzuela, para dejar claro que la decisión solo depende de la corona.
Hace también meses que Juan Carlos I ha hecho llegar el mensaje de que desea regresar cuanto antes y de que se vería completamente legitimado para ello en cuanto la Fiscalía archivase su caso. En los decretos de archivo se argumenta que los delitos investigados ya habrían prescrito y que, por tanto, no queda recorrido legal que transitar. Sin embargo, en los textos del ministerio público se constatan numerosas irregularidades tanto en las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, las del supuesto uso de tarjetas black sufragadas por un empresario mexicano y la relativa a la fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey. Una auténtica bomba de relojería de la que en Moncloa y en Zarzuela intentan hacer una voladura controlada.
El Gobierno insiste en que la vuelta a España de Juan Carlos I es una decisión “exclusiva” de la Casa Real que el Ejecutivo se limitará a respetar y admite que, técnicamente, el emérito puede volver “cuando quiera” y que incluso lo podría haber hecho antes de conocerse la decisión la Fiscalía. Otra cosa, apuntan esas fuentes del Ejecutivo, es “lo que opine su propia familia”, que es la que decidió e impulsó su marcha.
En la Moncloa prefieren ser extremadamente prudentes con una situación que admiten que es “delicada” y que, se concrete cuando se concrete, siempre será inoportuna. “Incluso si falleciera en el extranjero supondría un problema, porque igualmente le correspondería un funeral de Estado”, explica un ministro. Otro miembro del Gobierno plantea sus dudas sobre los términos y los plazos en los que finalmente se concrete la posible vuelta: “Es que no lo quieren en Zarzuela, y eso también pesa más allá de lo que pretenda hacer él o de lo que le apeteciera”, razona.
Las principales incógnitas son precisamente esas: cuándo podría tener lugar el regreso y en qué condiciones. Juan Carlos I también deslizó insistentemente su intención de volver a instalarse en el palacio de la Zarzuela, del que su propio hijo, el rey Felipe VI, le conminó a salir en verano de 2020 tras la cascada de escándalos investigados. Nadie en el Ejecutivo se plantea que Felipe VI acceda a tal cosa y lo que se desliza, con todas las cautelas, es que ambas partes podrían estar negociando los términos de un regreso discreto y, en cualquier caso, alejado físicamente de la familia real.
“Crónica de una vergüenza anunciada”
Desde Unidas Podemos llueven las críticas a la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que califican como "crónica de una vergüenza anunciada". Así se ha manifestado, por ejemplo, el diputado en el Congreso y dirigente de En Comú Podem, Joan Mena.
Tras leer los decretos, el Secretario de Horizonte Republicano y Profundización Democrática de Podemos, Rafa Mayoral, concluye: "La fiscalia argumenta que el jefe del estado no puede recibir reproche civil, penal o político, sitúa al Rey por encima de la legalidad y de la soberanía popular. Según la fiscalía el rey puede delinquir y el estado y la sociedad no pueden reprochárselo", analiza antes de criticar que "en las regularizaciones fiscales espontáneas y la aceptación como válidos de préstamos imposibles de pagar la fiscalía roza lo kafkiano".
El archivo de la Fiscalía acerca un poco más el regreso del rey Juan Carlos a España
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Con la decisión oficializada este miércoles, la Fiscalía decreta el archivo de las tres investigaciones que se mantenían abiertas sobre el rey emérito Juan Carlos de Borbón y su fortuna poniendo fin así a los dos años de investigación de Anticorrupción y del Tribunal Supremo. Los dos decretos de archivo constatan numerosas irregularidades tanto en las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, las del supuesto uso de tarjetas black sufragadas por un empresario mexicano y la relativa a la fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey.
El archivo de las tres líneas llega en forma de dos decretos firmados por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. Según explica en el más extenso de los dos, el objeto de la primera de las líneas de investigación era un posible delito de corrupción en los negocios, derivado de la forma en la que se produjo la adjudicación, en octubre de 2011, de las obras de la segunda fase de la construcción del AVE que une las ciudades de Medina y La Meca (Arabia Saudí) al consorcio Al-Shoula, formado por doce empresas españolas y dos saudíes. Se investigaba la relación de esa adjudicación con el ingreso de 64,8 millones de euros (100 millones de dólares), ordenado el 8 de agosto de 2008 por el entonces Rey de Arabia Saudí en la cuenta de la Fundación Lucum de la que Juan Carlos I sería su titular real, según explica Europa Pres.
El Ministerio Público indica que en relación con los fondos recibidos en 2008 por la fundación panameña Lucum, en una cuenta del banco Mirabaud de Ginebra, se han identificado cuotas defraudadas a la Hacienda Pública en el IRPF de los ejercicios 2008 a 2012 que superan con creces lo que el Código Penal establece como umbral del delito. Recuerda que la posible responsabilidad penal de los ejercicios 2008 a 2011 estaría extinguida por la prescripción del delito. Y que aunque la de 2012 no está prescrita no sería susceptible de reproche penal porque hasta el 19 de junio de 2014 estaba protegido por la inviolabilidad.
