Educación

El Gobierno da los primeros pasos para revertir los recortes en educación

Imagen de la ministra de Educación, Isabel Celaá.

En abril del año 2012, en Gobierno de Mariano Rajoy aprobaba un real decreto ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. El texto fijó una serie de medidas que abrieron la puerta a importantes recortes en la esfera de la enseñanza. Con el objetivo de revertir parte de esos recortes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha elaborado un anteproyecto de ley que será aprobado este viernes en Consejo de Ministros y que, pese a contar con el visto bueno de los sindicatos, deja todavía algunos flecos sueltos relativos a sus efectos inmediatos.

La reversión de los recortes educativos vigentes es fruto de la reunión mantenida el pasado jueves 6 de septiembre entre Pedro Sánchez y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Al día siguiente, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ya confirmó que el Ejecutivo comenzaría a tramitar el anteproyecto de ley lo más pronto posible. El mismo texto que aterriza ahora en el Consejo de Ministros fue presentado por la líder de la cartera educativa ante los consejeros autonómicos de Educación a finales de julio.

Tal y como confirman fuentes del Ministerio de Educación, este anteproyecto se aprobará el viernes en el Consejo Ministros en primera lectura. A continuación, el Consejo Escolar del Estado elaborará un informe y el anteproyecto volverá nuevamente al Consejo de Ministros para, una vez se ratifique, asumir una votación en el Congreso como proyecto de ley.

Las tres medidas del anteproyecto

El Gobierno socialista prevé derogar tres artículos del citado decreto. El primero de ellos es aquel que regula las ratios de alumnos por aula en la educación no universitaria, que permite a las administraciones educativas ampliar hasta un 20% el número máximo de alumnos en las aulas. "Este porcentaje de ampliación resultará asimismo aplicable a los límites máximos de número de alumnos fijados mediante norma reglamentaria para las restantes enseñanzas", continúa el artículo, que resulta de aplicación a los centros públicos y concertados.

Al respecto, la ministra Celaá aseguró que "nadie sostiene que ratios elevadas ayuden a la mejora de la calidad del sistema educativo". La supresión de esta medida, añadió, y "la consiguiente recuperación de las ratios en los términos que establece la ley no tiene impacto en el gasto público".

El aumento de las ratios ha sido una de las principales quejas del sector educativo durante la etapa de los recortes. Desde el año 2009, el aumento ha sido del 6,7% e incluso el número medio de alumnos por profesor llegó a ser de 11,6 en el curso 2012-2013. En la actualidad, aunque la media es de once, prácticamente roza los trece en la Comunidad de Madrid y también en Ceuta y Melilla –las ciudades autónomas son los únicos dos territorios gestionados por el ministerio–.

La segunda medida busca derogar el artículo tres del decreto ley, relativo a la jornada lectiva. Tal y como indica el precepto, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente en centros públicos y concertados será "como mínimo, de 25 horas en educación infantil y primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas, sin perjuicio de las situaciones de reducción de jornada contempladas en la normativa vigente".

Celaá afirmó que terminar con el incremento de la jornada lectiva de los docentes no es una medida obligatoria, sino que "cada administración educativa va a poder adoptar la decisión que considere más adecuada de acuerdo con su autonomía y autogobierno".

El tercer artículo que revertirá el anteproyecto de ley es aquel que atañe a la sustitución de profesores, según el cual en los centros docentes públicos "el nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares se producirá únicamente cuando hayan transcurridos diez días lectivos desde la situación que da origen a dicho nombramiento". Esta última medida, señaló la ministra, "ha resultado especialmente gravosa y rígida para la organización de la actividad ordinaria de los centros educativos".

Flecos sueltos

La petición de terminar con los recortes impuestos en 2012 mediante decreto ley viene de lejos. "Es una aspiración largamente demandada por sindicatos y comunidad educativa", relata Francisco García, responsable de Enseñanza de CCOO. Si bien los sindicatos celebran la decisión tomada por el Gobierno de Pedro Sánchez, observan flecos sueltos en dos esferas.

En primer lugar, el curso que acaba de comenzar dará cobertura a los cambios respecto a las sustituciones, pero no en las otras dos áreas. "Nos sabe mal y nos parece insuficiente", admite García, quien cree que el Ejecutivo "podría haber hecho un esfuerzo para que este curso pudiera beneficiarse de la reversión de los recortes del PP".

Otra laguna detectada por sindicatos y comunidad educativa, añade el sindicalista, es dejar que las comunidades decidan si aplicar los cambios o no. Con el decreto ley de 2012, las comunidades no tuvieron otra elección que acatar los recortes impuestos, es decir, se planteó el decreto ley como normativa básica. Sin embargo, "a la hora de liberarlo se deja como opción para las comunidades", señala García, en lugar de "devolverlo también con carácter básico y no dejarlo a disposición de las comunidades, porque puede haber alguna que no lo aplique".

Maribel Loranca, responsable de Servicios Públicos en UGT, coincide en que ambas cuestiones, desoídas a su entender por el Gobierno, son de vital importancia para los sindicatos. "La primera medida que solicitó UGT al presidente, cuando ni siquiera había conformado Gobierno, fue la derogación del real decreto ley de 2012", comenta. Desde el Ejecutivo se explicó que existía una dificultad para que sus efectos fueran inmediatos: "Había una complicación técnica jurídica, y es que el decreto ley sólo es viable para temas urgentes y esto, teóricamente, no reviste carácter de urgencia", relata Loranca. La otra opción, por tanto, era tramitarlo como una ley ordinaria, pese a que el procedimiento es mucho más largo y debe contar con mayoría parlamentaria.

En cuanto al asunto de la normativa básica, Loranca señala que el Gobierno se inclina por "respetar el estado competencial de las comunidades, y la gestión de docentes es su competencia". Si bien UGT no se manifiesta especialmente crítica con esta decisión, sí reconoce no estar "del todo de acuerdo". Por ello, aspira a que el trámite que seguirá a partir de este viernes sirva para cambiar esta última cuestión y se considere de carácter básico y obligatorio para todo el Estado.

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