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Un histórico neonazi con una ristra de detenciones a sus espaldas fue uno de los organizadores de la marcha en Chueca

Marcha neonazi en Chueca.
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Fuera maricas de nuestros barrios!" o "¡Fuera sidosos de Madrid!". Decenas de neonazis vomitaron este fin de semana su homofobia por las calles del madrileño barrio de Chueca, epicentro del activismo LGTBI, en una marcha convocada por diferentes colectivos ultras. La manifestación, que ya está bajo la lupa de la Fiscalía por un posible delito de odio, fue organizada bajo el lema "Di no a la agenda 2030/2050", una consigna tan amplia que para los expertos consultados imposibilitaba haber frenado su celebración. Y comunicada a la Delegación del Gobierno, que dio el visto bueno, por la Asociación de Vecinos de San Blas Canillejas y la Asociación de Vecinos del Pinar de Chamartín y Hortaleza Carlomagno, según explican a infoLibre fuentes conocedoras de la organización. En nombre de la primera, las mismas fuentes sitúan como interlocutor a un histórico de la extrema derecha madrileña con una buena mochila de detenciones y altercados a sus espaldas.

Las fuentes consultadas se refieren a Alberto Ayala de Cantalicio, un viejo conocido de las fuerzas de seguridad. Con algo más de cuarenta años, este boxeador, al que se puede ver en algunas imágenes de sus combates con una cruz celta en pleno pecho, es un clásico del movimiento neonazi madrileño. Allá por 2002, cuando tenía algo más de una veintena de años, la policía le situaba al frente de las Juventudes Canillejas, un grupo que dejaba bien claras sus intenciones en su antigua página web: "Debemos asegurar la existencia de nuestra raza y un futuro para los niños blancos". Desde entonces, a Ayala se le ha ido relacionando con otros tantos grupos ultras. Por ejemplo, con Combat España, aquel colectivo que en plena campaña de las elecciones generales de 2008 organizó un acto en plena plaza Tirso de Molina, barrio con un 34% de población inmigrante, que terminó en una auténtica batalla campal con colectivos antifascistas.

Aquel acto, que fue autorizado por la Junta Electoral, contó también con la participación de Nación y Revolución, un partido neofascista que tuvo a Ayala de Cantalicio como número tres en su lista para el Senado en las elecciones generales del año 2008. Por aquel entonces, el joven ya era un viejo conocido para las fuerzas de seguridad. El 25 de noviembre de 1995 había sido detenido por la Policía Municipal, y cazado con pegatinas de contenido nazi, "como autor de una agresión con arma blanca y lesiones". Algo más de dos años después, fue arrestado en Bonn (Alemania) "por difundir distintivos de organizaciones anticonstitucionales. Junto a él, estaba en aquel momento en suelo germano Álvaro Cadenas, detenido por los mismos hechos y que terminaría siendo "número dos dentro del entramado de Ultras Sur", según la información que con los años han ido ofreciendo las fuerzas de seguridad sobre el grupo ultra vinculado al Real Madrid.

La Policía Nacional también le implicó en los "incidentes ocasionados" en marzo del año 2000 en el distrito de San Blas, cuando varios jóvenes atacaron a ciudadanos rumanos del barrio en respuesta a la agresión que había recibido un chico de dieciséis años. Fue "acusado de un delito contra los derechos fundamentales y otro de agresiones", según informó el Ministerio del Interior un par de años más tarde en una nota en la que dejaba constancia de un nuevo arresto. En este caso, por su supuesta implicación en los disturbios que se produjeron en mayo de 2002 en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu en los que fueron agredidos varios periodistas. Pocos meses después, en septiembre de 2003, el Abc informaba de otra detención más, esta vez como presunto autor de una agresión de dos hermanos de nacionalidad marroquí y la esposa de uno de ellos, de origen chileno.

Este diario se ha puesto en contacto por correo electrónico durante la tarde de este martes con la Asociación de Vecinos de San Blas Canillejas para saber si condenaban las manifestaciones homófobas producidas durante las marchas y para recabar la opinión de Cantalicio y saber en qué quedaron todas esas detenciones y si había sido condenado en alguna ocasión en firme por todos estos hechos. Sin embargo, a cierre de esta edición no ha habido ninguna respuesta.

"Grupúsculos neonazis" tras una "marca blanca"

Desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), que agrupa a casi tres centenares de colectivos, han condenado con contundencia la manifestación. Y lo han hecho a través de un comunicado en el que recuerdan que "en los últimos tiempos" algunos "grupúsculos neonazis y de extrema derecha" han adquirido "la forma legal de asociaciones vecinales para hacer proselitismo y poder difundir su mensaje de odio usando una suerte de marca blanca", algo que en ocasiones puede generar "confusión". "Pero basta observar sus mensajes y prácticas para comprobar que nada tienen que ver con el movimiento vecinal, que se forjó en la lucha por la democracia y siempre ha abogado por construir barrios, pueblos y ciudades abiertos, amables, respetuosos, plurales y solidarios con quienes más lo necesitan", concluye el comunicado.

La marcha de este fin de semana fue convocada a través de redes sociales por una marca denominada Madrid Seguro, que entre otras cosas reivindica "la cultura e identidad de los pueblos de Europa". Detrás de este nombre, según se desprende de los carteles, se encuentran las asociaciones San Blas, Pinar de Chamartín, Coslada & San Fernando de Henares, Villamantilla y Getafe Nacional Revolucionario. Este último colectivo echó a andar a finales de 2019. Desde entonces, se ha caracterizado por un marcado discurso "contra la ley de violencia de género", ha mostrado su apoyo a los neonazis griegos de Amanecer Dorado –declarada organización criminal por la justicia–, ha cargado contra los menores migrantes bajo el lema "La inmigración destruye tu nación" y, por supuesto, ha organizado recogidas de ropa y alimentos solo para ciudadanos españoles, según la radiografía realizada hace unos meses por la Fundación Rosa Luxemburgo en uno de sus informes.

Además, mostraron su adhesión a la manifestación otros tantos grupos ultras. Entre ellos, el partido de extrema derecha España 2000 y sus juventudes. De hecho, su líder, José Luis Roberto, se ha encargado en las últimas horas de dar respuesta a las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, en las que calificaba a los asistentes de "locos gritando barbaridades" y diciendo que la marcha "apesta a cloaca socialista". "Usted sí que apesta a cloaca oportunista. [...] Usted es símplemente una mala fotocopia", ha respondido en un comunicado difundido por la formación, en la que sostuvo que "la frase fuera maricas de nuestros barrios fue la respuesta espontánea a la esperpéntica presencia en un balcón de un segundo piso de dos maricas osos (modalidad de mayores, peludos, gordos, con barbas hasta las tetillas) que uno en calzoncillos y otro golpeando una sartén no paraban de insultarnos".

Solo se pueden prohibir cuando exista un riesgo fundado

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha mostrado este lunes "su más profundo rechazo y repulsa". "Siento en el alma que hayan tenido que vivir en sus calles esas imágenes tan absolutamente lamentables", ha dicho, al tiempo que ha querido dejar claro que el organismo no tenía "ninguna posibilidad" de prohibir la marcha porque nadie sabía que "iba a acabar como acabó". En este sentido, ha querido dejar claro que los colectivos convocantes ya habían organizado previamente otras marchas sin que "nunca se hubiera producido ningún tipo de altercado". Sin embargo, lo sucedido este fin de semana en la capital no ha sentado nada bien en Podemos. "Se tienen que asumir responsabilidades", ha señalado la portavoz de los morados, Isabel Serra. 

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Los juristas consultados por este diario coinciden en que la Delegación del Gobierno no podía hacer nada para frenar la marcha. Al fin y al cabo, el artículo 21 de la Constitución establece que las autoridades solo podrán prohibirlas "cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes". "Si hubiera, por ejemplo, información policial que indicase que bajo la cobertura de la Agenda 2030 se quiere preparar una marcha homófoba", explica Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional. "Tiene que haber elementos que fundamenten esa prohibición, no es suficiente con una simple hipótesis", considera también el magistrado Joaquim Bosch, que considera que con la información que tenía en ese momento el organismo que dirige González actuó correctamente.

Ambos sostienen que sería "peligrosísimo" impedir manifestaciones en base a impresiones o en atención a los colectivos que las pueden convocar. Tiene que haber, por tanto, "razones fundamentadas" para que la Delegación del Gobierno tome esta decisión cuando es informada –porque para manifestarse no hay que pedir permiso, simplemente hay que comunicarlo–. Otra cosa es que se actúe o durante la marcha o a posteriori, que los dos juristas consideran que tiene que hacerse. "A lo largo de la manifestación, y si se produce algún incidente, ahí es la policía la que tiene que evaluar si resulta viable actuar en el momento o si es preferible tomar nota para informar posteriormente de lo sucedido", dicen. De hecho, Delegación del Gobierno ha dicho que la Policía identificó a 200 personas que participaron en la manifestación.

Quien ya ha tomado nota es la propia Delegación del Gobierno. Hasta el momento, según han dicho, estos colectivos se habían manifestado sin que se produjera ningún incidente. Pero ahora hay unos cánticos homófobos que la Fiscalía está analizando con lupa. Sobre la mesa, un posible delito de odio. ¿Puede eso afectar a futuras convocatorias? De nuevo, los juristas prefieren mantenerse cautos. "Supongamos que los organizadores también estaban implicados y que la finalidad común de la marcha era incitar al odio contra el colectivo. Es un elemento que en un futuro se puede tener en cuenta, que se puede ponderar. Sin embargo, no sería el único a valorar", sentencian.

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