Tribunal Constitucional

Los socialistas ya han trasladado al órgano de gobierno de la Cámara una petición para que reconsidere la aceptación del veto con el que el Ejecutivo tumbó sin trámite casi 60 propuestas de la oposición.

El alto tribunal hace pública la sentencia que concluye que los centros privados de educación diferenciada por sexos puedan acceder "al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad con el resto de centros educativos".

El Tribunal Constitucional limita los vetos con los que el Gobierno estaba bloqueando las iniciativas de la oposición en el Congreso.

El Gobierno de Rajoy pedía que se anulase la paralización del calendario de la LOMCE que el Parlamento comenzó a tramitar el Congreso pese a la disconformidad del Ejecutivo.

Congreso y Senado pagan todavía pensiones a más de un centenar de exparlamentarios y complementan los ingresos de otros tantos, lo que supone más 2,6 millones de fondos públicos al año. El Banco de España, por su parte, dedica 8,80 millones anuales a contribuir en los planes de pensiones de sus empleados mientras que el Plan de Pensiones de la Administración General del Estado lleva desde 2011 sin hacer aportaciones a los fondos de los funcionarios.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid defiende una educación "en la que convivan chicos y chicas para aprender a vivir en la diferencia y respetar la diversidad de ideas, de género, sexo y religión".

Andrés Ollero, cuya afiliación al Opus es conocida, hizo una defensa "militante" de los conciertos para los centros que segregan al alumnado por sexos, según fuentes del TC consultadas por infoLibre. 

Ocho de los doce magistrados votan a favor de desestimar "en su integridad" el recurso presentado por el PSOE, que pedía acabar con las subvenciones para estos centros. Los socialistas también pretendían que la materia de Religión dejara de ser evaluable o eliminar el adelanto de los itinerarios formativos que decretó la reforma de 2013.

El tribunal desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados contra la LOMCE.

En un ambiente de creciente tensión, con protestas en la calle, los partidos rediseñan sus estrategias en busca de una solución que permita desatascar el embrollo en que ha entrado la política catalana.

Queda vigente de esta forma la ley autonómica que prohíbe, entre otros asuntos, la muerte del animal en las corridas.

El alto tribunal aprobará, previsiblemente, la ponencia redacta por el magistrado conservador Alfredo Montoya en la que defiende la constitucionalidad de la Ley Wert y de sus puntos más polémicos. 

El tribunal ha negado la posibilidad de ir más allá de la legislación básica, por ejemplo sobre atención sanitaria, critican.

No arrojan la toalla y aún esperan convencer a la CUP para que apoye al candidato de JxC aunque no presente un programa rupturista.

El TC ha declarado inconstitucionales y nulos los acuerdos con los que la Mesa del Parlamento catalana rechazó el pasado mes de septiembre la petición del grupo parlamentario del PSC.

El tribunal afirma que la votación de PP y Ciudadanos en la asamblea regional para excluir a este sindicato no puede eliminar derechos fundamentales de representación.

El Supremo deduce el riesgo de reiteración delictiva del candidato encarcelado de su pertenencia a Junts per Catalunya.

El Constitucional amparó a un hombre que alegó que su derecho a la libertad personal fue vulnerado por la Policía al no informarle de forma suficiente sobre las pruebas que pesaban contra él.

El juez del Supremo Pablo Llarena ha concedido a las partes en el proceso cinco días para posicionarse sobre la excarcelación del candidato de JxCat.

El precedente del etarra acusado de delitos muy graves al que la justicia permitió presentarse a una investidura alimenta el recurso de la defensa de Sànchez. Pero en el Constitucional y el Supremo está extendida la idea de que estos dos tribunales no le permitirán salir de prisión.

Admite el recurso del PSC contra el bloqueo de la legislatura, por lo que estudiará si una situación similar en las próximas semanas vulnera el derecho fundamental de los diputados de cumplir con su función legislativa.

Fuentes del tribunal consultadas por infoLibre no consideran “razonable” que se envíe “a un preso a un acto de investidura para reintegrarle a prisión una vez sea elegido presidente”. El juez del Supremo Pablo Llarena prevé denegar el permiso a Jordi Sànchez para salir de prisión y acudir a su investidura.

Los soberanistas negocian una resolución que les permita salvar su unidad sin saltarse los límites del Estatuto y de la Constitución y evite poner en peligro el acuerdo que todavía se está negociando para activar la investidura y formar Govern.

Juan Carlos Yoldi estaba acusado de cometer atentados en nombre de ETA y la Fiscalía pedía para él 64 años de prisión. El TSJ de Navarra antepuso el derecho de los electores y permitió que la policía le trasladase al Parlamento vasco, donde defendió su investidura.

La LOMCE obligaba a la Generalitat a pagar una escuela privada cuando no existiera una oferta en la pública fuera del modelo de inmersión lingüística. 

La posibilidad de que JuntsxCat proponga al encarcelado Jordi Sànchez como candidato a president favorece ante la comunidad internacional el discurso de que el Estado no respeta la voluntad de los catalanes.

La sentencia considera que el sistema por el que la educación en castellano en centros privados financiada con fondos públicos invade competencias autonómicas.