Tribunal Constitucional

Los partidos alegan que la tramitación urgente de la normativa impulsada por PSOE y Unidas Podemos vulneró la ley.

El cierre supuso el suspenso del cómputo de plazos reglamentarios en la Cámara Baja. 

El Pleno acepta la demanda de más de 50 miembros del Grupo Parlamentario Popular, quienes alegan que la ley no respeta "el derecho a la vida" amparado por la Constitución.

El Alto Tribunal estableció hace 35 años que con el modelo actual que Casado exige cambiar no están en juego ni la independencia de los tribunales ni la de Consejo. En la imagen, el líder del PP este lunes junto al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, tras el acto de apertura del año judicial en el tribunal Supremo.

La ley orgánica que rige su funcionamiento establece un mes como tiempo máximo para emitir sentencia ante los recursos de inconstitucionalidad, pero este precepto se incumple de forma más que palpable. Expertos consultados por infoLibre achacan los retrasos a la sobrecarga de trabajo, la falta de medios y motivos de oportunidad política.

Estas dos medidas se están imponiendo en varios países europeos como Francia o Italia, pero los jueces españoles plantean un conflicto entre derecho a la salud, a la integridad física y a la intimidad. Cuatro tribunales superiores de justicia no ven con buenos ojos el pasaporte covid para hostelería y el Constitucional adelanta que vacunar de forma forzosa supone una "intervención corporal coactiva" ajena a la voluntad de los ciudadanos que contraviene el artículo 15 de la Carta Magna.

La inmensa mayoría de las denuncias por ofensa a los sentimientos religiosos se archivan anteponiendo la libertad ideológica o de expresión. No existe doctrina del Constitucional sobre el artículo 525 del Código Penal, pero esto puede cambiar si el tribunal admite el recurso de una joven condenada por la "procesión del chumino rebelde" en Málaga. La jurisprudencia del TEDH no es del todo clara en este asunto.

Es muy grave que se llamen constitucionalistas y que pongan la Constitución a su servicio los que quieren identificar a España, al buen español, con el machismo, el supremacismo, la homofobia y el desprecio a la libertad de conciencia.

La ponencia cambió de magistrado el pasado otoño y ahora está en manos de la vicepresidenta del órgano, Encarnación Roca, que está en funciones desde hace casi un año. El PSOE prometió derogar esta reforma del Código Penal que aprobó el PP en solitario, pero al llegar al Gobierno ha preferido esperar a la resolución del tribunal.

Elisa Mandillo, condenada tras la denuncia de Abogados Cristianos por una manifestación del 8M en Málaga que imitaba un procesión de Semana Santa mediante una vagina de plástico con forma de virgen, recurre ante el TC

Cierto es que las normas jurídicas son interpretables, sin que necesariamente tengan que tener un resultado unívoco. Pero sí que deberían responder a una lógica básicamente previsible.

Es tiempo de pensar en reformas del sistema judicial y del sistema político, incluyendo una reflexión necesaria sobre cómo estamos articulando nuestra Justicia constitucional.

Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en una sentencia que corrige al Supremo, tras estimar el recurso de amparo que interpusieron varios trabajadores.

Hace dos años que el CIS no pregunta sobre el funcionamiento de la Justicia y la última vez que lo hizo, casi la mitad de los españoles desconocía la existencia del órgano de gobierno de los jueces. El último barómetro refleja que este sector sólo supone un problema para un 0,9% de los ciudadanos.

El bloqueo del PP en la renovación de órganos constitucionales también lastra al tribunal de garantías. La ley del aborto y la introducción de la prisión permanente revisable en el Código Penal se eternizan en un órgano poco dado a resolver con agilidad.

Se da a conocer el último voto particular a la resolución que invalida varios preceptos del estado de alarma de marzo de 2020.

Hay magistrados valientes y honestos, pero en su conjunto, como corporación, no parecen ser un modelo de sensatez. De las sentencias del Constitucional sobre el Estatut y el confinamiento a las decisiones sobre Juana Rivas y la delegada balear de Salud, el poder judicial añade angustia a nuestra atribulada España.

Juan José González Rivas asegura que, a lo largo de su carrera, "las indicaciones o sugerencias" para él "no han constituido presiones".

Aseguraba que la sentencia es "más propia de un lego que del máximo interprete de la Constitución" y los calificaba de "juristas de salón".

Los magistrados discrepantes coinciden en señalar que en el confinamiento no hubo suspensión de derechos, sino sólo limitación, y que la mayoría se equivoca al situar los estados de alarma y excepción en una escala progresiva. También reprochan que la resolución no haga un análisis de proporcionalidad de las medidas tomadas por el Gobierno.

El Constitucional notifica la sentencia del estado de alarma pasadas las 22 horas del lunes y sin un voto particular.

Para darnos cuenta del disparate del fallo basta con imaginarnos el terremoto político que se hubiera producido de haber optado en aquel momento el Gobierno por el estado de excepción.

Asegura que se basan solo en filtraciones: "Las deliberaciones de los tribunales son secretas y nadie puede saber si eso ha pasado o no".