Las medidas que chocan con la Constitución en el discurso de Abascal

Quedan apenas cuatro días para las elecciones generales y los candidatos apuran los últimos días de esta campaña acortada para asegurarse a sus votantes y convencer a los indecisos. La noche de este lunes fue la ocasión perfecta para hacerlo. Los líderes de los cinco principales partidos —Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Santiago Abascal (Vox)— se enfrentaron en un debate electoral en el que trataron de atraer al mayor número de votantes. Y quien más se acercó a ese objetivo fue, según algunos expertos, el líder de la extrema derecha. Consiguió introducir su discurso y apenas tuvo enfrentamientos con el resto de líderes. Hasta él mismo lo dijo durante su minuto de oro: "Esta noche han tenido ustedes la oportunidad de escuchar, sin manipulaciones, las propuestas de Vox". Lo que comenzó a cuestionarse al poco de finalizar el encuentro fueron, precisamente, esas propuestas. "Queremos defender la unidad y la soberanía de España ilegalizando a los partidos separatistas y restaurando el orden constitucional, [...] queremos combatir la inmigración ilegal [...] y queremos transformar el Estado de las autonomías", dijo. Y sobre esas ideas basó sus intervenciones, que no siempre se ajustaron a la legalidad constitucional. 

El debate, moderado por los periodistas Ana Blanco y Vicente Vallés, comenzó con uno de los temas que más confrontación política provocan: la cohesión territorial. En una de sus primeras intervenciones, Abascal defendió "la ilegalización de los partidos golpistas que en Cataluña se han convertido en organizaciones criminales al servicio de un golpe de Estado". Apenas 48 horas antes, el secretario general del partido de extrema derecha, Javier Ortega Smith, amenazó exactamente con lo mismo al portavoz en el Congreso del PNV, Aitor Esteban. "Haremos todo lo posible por ilegalizarlo", dijo. Pero, ¿es posible?

En primer lugar, el órgano competente para llevar a cabo la ilegalización de un partido político no es, en ningún caso, el Gobierno. Tiene que hacerlo el Tribunal Supremo. Así ocurrió, por ejemplo, con el Partido Comunista de las Tierras Vascas o con Acción Nacionalista Vasca. Pero la decisión no es arbitraria, sino que debe estar fundamentada en los motivos que aparecen recogidos en la Ley de Partidos aprobada por el PP en el año 2002. En su artículo 9, la normativa especifica: "Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático". Y más adelante especifica que eso ocurrirá cuando, por ejemplo, se dé "apoyo político expreso o tácito al terrorismo", se acompañe "la acción de la violencia con programas y actuaciones que fomentan una cultura de enfrentamiento y confrontación" o se colabore "habitualmente con entidades o grupos que actúen de forma sistemática de acuerdo con una organización terrorista o violenta". El Gobierno de José María Aznar pretendía, de este modo, frenar políticamente a los partidos vinculados a ETA. 

Los partidos que defienden la independencia de Cataluña, al igual que el PNV, no cumplen estos requisitos y, además, están protegidos por la Constitución, al igual que el resto de las formaciones. En primer lugar, en el artículo 6: "Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos". Y también en el 1: "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".

Ataque al Estado de las autonomías

La crítica al Estado de las autonomías, que comenzó en el bloque referido a la cohesión territorial, también la incluyó Abascal en el bloque económico y en el de políticas sociales y de igualdad, además de en su minuto de oro. En su programa electoral, el partido de extrema derecha hace alusión directa a su suspensión. "Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España", recoge. Sin embargo, en el debate del lunes Abascal evitó mostrarse tan tajante. En lugar de abogar por esto, se limitó a situar a las autonomías como la causa de todos los males, sobre todo de ser un motivo de derroche para el Gobierno y de aumentar la brecha de desigualdad entre españoles. 

En este sentido, el líder de Vox aseguró que "cada vez hay más españoles que piensan que el Estado de las autonomías ha fracasado, [...] que ha premiado a quienes estaban gobernados por los más traidores y los más desleales y que ha castigado a las regiones que eran más leales con España". También afirmó que su partido quiere "impugnar el marco" que "nos está arruinando y que está basado en dos políticas de gasto", unas de las cuales es el Estado de las autonomías. "Al final tendremos que elegir: o autonomías o pensiones", llegó a decir.

Pero lo que Abascal no menciona es que ese sistema viene recogido en la Constitución. Concretamente en su artículo 2, en el mismo que se menciona la unidad de España. "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

También relacionado con este aspecto, y con el asunto catalán, Abascal mencionó su disposición a suspender la autonomía en Cataluña. La medida, interpretada de manera literal, es anticonstitucional. Según explican fuentes jurídicas, si a lo que el líder de Vox aludía es a la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna —que ya se hizo en 2017—, cabría matizar que esa disposición no recoge la suspensión, sino la posibilidad de que el Gobierno adopte "las medidas necesarias para obligar" a una comunidad "al cumplimiento forzoso" de "las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan".

La idea de "los españoles primero"

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La segunda cuestión que más apareció en las intervenciones de Abascal fue la inmigración. Y lo hizo, como siempre que la menciona su partido, en sentido negativo y como causa, también, de algunos de los problemas más graves. En este sentido, aseguró que "hay que terminar con la sanidad universal para los inmigrantes", a los que vinculó con la delincuencia en nuestro país. "Nosotros entendemos la caridad bien entendida, que empieza por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestros compatriotas. Si después podemos ayudar a las personas extranjeras, encantados de hacerlo, si es posible en su propia patria, porque nadie quiere abandonarla", aseguró. Y fue más allá. Dirigiéndose a Sánchez, preguntó: "¿Qué van a hacer ustedes para detener el efecto llamada de la inmigración ilegal e vez de llamarles de forma sistemática? ¿Cómo van a proteger nuestras fronteras? ¿Qué van a hacer con las ayudas sociales a la inmigración ilegal?".

Esta idea, resumida en "los españoles primero", es la que ha defendido el partido desde su nacimiento. Sin embargo, en alguna ocasión el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la prohibición del ejercicio de ciertos derechos a las personas extranjeras. Según afirmó el TC en la sentencia 107/1984 del 23 de noviembre, hay tres tipos de derechos: aquellos "que corresponden por igual a españoles y extranjeros y cuya regulación ha de ser igual para ambos" —como el derecho a la vida o a la libertad religiosa, por ejemplo—; aquellos "que no pertenecen en modo alguno a los extranjeros" —como los derechos de participación política—; y aquellos "que pertenecerán o no a los extranjeros según lo dispongan los tratados y las leyes, siendo entonces admisible la diferencia de trato con los españoles en cuanto a su ejercicio" —por ejemplo, el derecho al trabajo—. 

Según explica Miguel Ángel Muga, abogado en el estudio jurídico Liria, la Ley de Extranjería recoge que "uno de los motivos de denegación de un permiso de trabajo de un ciudadano extranjero que venga a territorio español es que haya situación de desempleo". Es decir, continúa, es meramente "utilitarista". Por tanto, la necesidad de defender la prioridad de los españoles se basa sobre una falsedad. Además, explica Muga, ningún inmigrante sin papeles tiene ninguna posibilidad de obtener una ayuda social. "Sólo se dan a personas con permisos de residencia y a nacionales españoles", afirma. Y a todos se les valora por igual, por ejemplo, a la hora de obtener un alquiler social.