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LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El PP convierte la FEMP en la puerta de atrás de cargos investigados por corrupción y acoso laboral

La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, durante un acto el pasado 9 de noviembre.

La elección de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, como presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a propuesta del PP ya generó polémica por el pasado de la regidora y exdiputada como investigada en Gürtel, caso del que fue exculpada por el Tribunal Supremo en abril de 2016, pese a acreditarse la contratación irregular por parte de su ayuntamiento de empresas de la trama de Francisco Correa. Pero García-Pelayo, cuya investigación fue de nuevo archivada en 2019 por prescripción, no es la única integrante de la dirección de esa organización que defiende los intereses de municipios, diputaciones y demás entidades locales que ha estado incursa en un caso de corrupción. Al menos otros dos altos cargos de la FEMP del PP han sido investigados en en casos de este tipo, uno de los cuales está pendiente de juicio en la Audiencia Nacional. Un tercero, el que se ocupa, entre otros cometidos, de los recursos humanos, fue reprobado por el acoso laboral a una funcionaria por el que fue condenado su ayuntamiento de procedencia.

Uno de los cargos que aparecieron en algún momento involucrados en algún caso de corrupción es el director general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEMP, Francisco Díaz Latorre. Latorre fue exconcejal de Urbanismo de Boadilla del Monte en el primer mandato como alcalde de Arturo González Panero, apodado por la trama Gürtel como El Albondiguilla, condenado a 36 años de prisión. El exedil apareció en uno de los informes policiales del caso como posible contacto de las empresas de Francisco Correa en el municipio aunque no fue inculpado por ello. Sí lo fue en el caso Lezo, en el que el principal implicado fue el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Latorre apareció como uno de los consejeros del Canal de Isabel II, la empresa de aguas de Madrid, que autorizaron la compra de la colombiana Inassa con un sobreprecio superior a los 19 millones de euros y a pesar de que la operación intervino como intermediaria una sociedad panameña.

El juicio, inicialmente previsto para el 24 de mayo de 2023 en la Audiencia Nacional, fue pospuesto, y, según fuentes de ese tribunal, se celebrará, previsiblemente a lo largo de 2025. Anticorrupción solicitó en junio de 2019 para Latorre una pena de seis años de prisión y 14 de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo (el derecho a presentarse a elecciones) durante el tiempo de la condena por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Junto a él, se sentarán en el banquillo otros 21 acusados, entre los que destacan Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos exconsejeros madrileños y colaboradores del expresidente de la Comunidad de Madrid, exalcalde de la capital y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. En caso de ser condenado, tendría que dejar su cargo.

Infolibre ha intentado ponerse en contacto con Latorre a través de la FEMP para preguntarle si dimitirá antes de tener que sentarse en el banquillo de los acusados y para recabar su versión sobre el caso. Una portavoz de la federación de entidades provinciales, locales e insulares aseguró que no era asunto de la organización y pidió que se le contactara llamando directamente a su despacho. Su secretaria aseguró este martes por la mañana que no se encontraba en su lugar de trabajo pero que le trasladaría el mensaje sobre la publicación de esta información. Sin embargo, no hubo respuesta en todo el día. De la Dirección General de Latorre cuelgan las áreas de Servicios Jurídicos y Haciendas Locales y Financiación, así como las subdirecciones de Coordinación Territorial, Modernización Administrativa y la de Internacional y Cooperación, según el organigrama de la FEMP.

El de Latorre es un caso de presunta corrupción todavía vivo, pero en la plantilla de cargos hay otras personas que, como la presidenta García-Pelayo, también han tenido que hacer frente a casos de este tipo, aunque finalmente fueran exculpados. Como Cristina Montalvá, exasesora del Ayuntamiento de València durante los mandatos de Rita Barberá (PP) y actual directora general de Igualdad y Políticas Locales de la FEMP. Montalvá fue una de las acusadas de participar en el pitufeo del caso Taula por financiación ilegal del PP en esa capital. La entonces asesora fue uno de los cargos de confianza que hizo una transferencia al partido por importe de 1.000 euros, según dijo ella misma al juez. La dinámica irregular que investigaba Anticorrupción era que, a cambio de esas entregas, los cargos recibían del partido la misma cantidad en dos billetes de 500 euros, lo que, a juicio del Ministerio Público, podía suponer un presunto delito de blanqueo de capitales. En su declaración judicial, Montalvá aseguró que entregó ese dinero porque entendía que, en ese momento, no había fondos para la campaña electoral de las municipales y autonómicas de 2015, pero negó que, desde su partido, se ofrecieran a devolvérselo.

Anticorrupción pidió por esos hechos para Montalvá una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 100.000 euros por presunto blanqueo. Sin embargo, la Audiencia de Valencia archivó el caso en diciembre de 2021 para todos aquellos que habían entregado fondos al partido al considerar que no existían indicios de lavado de dinero. "Fuera de la irregular e ilícita actividad que se orquestó dentro del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia, falta el enlace preciso y absolutamente necesario del conocimiento de que con este operativo se ayudaba y colaboraba en el blanqueo de capitales con la actividad delictiva previa origen del dinero", dijo el tribunal en su resolución. Es decir, que no había pruebas de que Montalvá y el resto de cargos que transfirieron dinero al PP local supieran que los billetes que muchos de ellos recibieron de vuelta procedían de actividades ilícitas. De Montalvá dependen las áreas de Políticas Sociales, Desarrollo Sostenible y Promoción Económica y Fondos Europeos de la FEMP.

Jaime Carnicero, actual director general de Organización y Recursos de la FEMP, fue reprobado en 2021 por el Ayuntamiento de Guadalajara, del que fue teniente de alcalde junto al entonces primer edil, Antonio Román. El motivo fue una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que, el 14 de mayo de ese año, condenó al consistorio a pagar 13.709 euros a la exsubdelegada del Gobierno en Guadalajara y exconsejera de la Junta, la socialista Araceli Muñoz, por acoso laboral. Tras dejar el cargo de subdelegada en febrero de 2012, esta funcionaria municipal pidió reincorporarse a su puesto de letrada del Ayuntamiento, pero el equipo de gobierno municipal del PP, del que Carnicero era número dos, rechazó su petición pese a que la plaza estaba vacante, y creó una ad hoc para ella en el área de Movilidad sin ningún contenido.

El lugar físico al que fue destinada era una sala de reuniones en la que únicamente había una mesa alargada con seis sillas como único mobiliario. Durante un tiempo, ni siquiera contó con teléfono u ordenador para realizar las tareas que le habían encomendado. Muñoz, según los magistrados de ese tribunal, "fue objeto de hostigamiento y acoso moral en tanto que fue aislada, destinada a un puesto inexistente, sin carga de trabajo alguno, con ausencia de medios materiales para desarrollar su trabajo". El propósito real del equipo de Gobierno del que formaba parte el actual director general de la FEMP y responsable de los recursos humanos del organismo, fue "prescindir de una determinada funcionaria que no resultaba cómoda por sus ideas políticas a la corporación" o dejarla "apartada de cualquier actividad real". Un mes después de ser destinada a ese puesto, Muñoz desarrolló un trastorno de ansiedad que la mantuvo de baja y con tratamiento psicológico y psiquiátrico hasta noviembre de ese año. En total, Muñoz acudió en cuatro ocasiones a los tribunales para denunciar el acoso del que era víctima y en todas le dieron la razón.

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