Derechos humanos

Las violaciones de derechos humanos de las que no habla el Gobierno de España

Felipe VI y Salman Bin Abdulaziz Al-Saud, rey de Arabia Saudí, el pasado enero en Riad.

Ibon Uría

Las decisiones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, son "ilegales, antidemocráticas y contrarias a la voluntad de los ciudadanos", dijo Mariano Rajoy este lunes. Hay que "incrementar la presión hacia el régimen" venezolano, apuntó apenas 24 horas antes el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis. Son sólo dos muestras, pero podrían elegirse muchas otras, de la cascada de declaraciones del Gobierno sobre la crisis política y social en Venezuela, que llegó a colarse incluso en el balance del presidente sobre el curso político en España.

La atención del Ejecutivo hacia Venezuela va más allá de las declaraciones públicas. Hace dos semanas el secretario de Estado para Iberoamérica se reunió con el Embajador de Venezuela en España para expresar su preocupación sobre el proceso constituyente venezolano. Hace un mes el Ejecutivo condenó en un comunicado el "asalto a la Asamblea Nacional". El ministro Dastis se citó en junio con el presidente del parlamento venezolano y en mayo con la mujer del opositor Antonio Ledezma. Y así un sinfín de acciones y comunicados en los últimos meses.

La fijación con el país sudamericano no es sólo cosa del Gobierno: el país también recibe una gran atención de los medios en España, que critican ampliamente las acciones del Gobierno de Maduro. Estas son las cifras de los cuatro grandes diarios impresos de Madrid –El País, ABC, El Mundo, La Razón–: el lunes había noticias sobre Venezuela en la portada de tres de ellos, el martes en dos, el miércoles de nuevo en tres de los cuatro y el jueves y el viernes en uno. Titulares que se componen con palabras como "caos", "golpe", "régimen", "torturas", "malos tratos" o "división".

Pero, ¿qué pasa con el resto de países en crisis? ¿Cuál es la reacción del Gobierno de España ante las condenas a cárcel a activistas por la democracia en China? ¿Y ante las penas de muerte y las ejecuciones en Arabia Saudí? ¿Cuántas veces se ha pronunciado Rajoy sobre los más de 120 periodistas encarcelados en Turquía? ¿Y sobre las decenas de personas asesinadas por la Policía en Jamaica? ¿O sobre las detenciones indiscriminadas de manifestantes en Marruecos? Porque, además de en Venezuela, en todos esos países se han violado derechos humanos en lo que llevamos de año.

La respuesta es que lo sucedido en esos países no ha provocado ninguna reacción del Gobierno, con algunas excepciones: Exteriores ha condenado repetidamente los asentamientos de Israel en territorio palestino, y el ministro Dastis recordó a su homólogo turco que ese país debe respetar el Estado de derecho y apoyó una solución "justa y mutuamente aceptable" entre Marruecos y el Sáhara Occidental. Sobre el resto de crisis, nada: ni reuniones, ni declaraciones, ni comunicados. Y no: estas situaciones tampoco han aparecido con frecuencia en las portadas de grandes diarios impresos, pese a las reiteradas denuncias de ONG.

Estos son 15 países en los que, como en Venezuela, se han violado derechos humanos en lo que va de año y que, sin embargo, no generaron ninguna respuesta del Gobierno de España:

Arabia Saudí

Las ejecuciones son frecuentes en Arabia Saudí. El 17 de enero se mató al primer preso de este año. Después ha habido muchos más: hasta el 24 de julio Amnistía Internacional llevaba contabilizadas 66 penas de muerte aplicadas en el país. Además, otras 14 condenas fueron confirmadas en esa fecha. La organización ha denunciado una preocupante escalada de ejecuciones en los últimos años –pasaron de 88 en 2014 a 158 en 2015 y 153 en 2016–, la mayoría de las cuales se producen mediante decapitación con un sable. Así se castigan, entre otros delitos, el asesinato, el narcotráfico y la hechicería. 

Arabia Saudí tampoco es un buen lugar la protesta: el 10 de enero se detuvo sin cargos a dos activistas por los derechos humanos y el día 26 de ese mismo mes la justicia saudí condenó a siete años de cárcel al escritor Nadhir al Mayid por acudir a manifestaciones y contactar con corresponsales extranjeros. Son sólo dos ejemplos que retratan una situación de falta de libertades, según las reiteradas denuncias de organizaciones internacionales. Pese a algunas reformas recientes, las mujeres siguen sujetas a un sistema de tutoría por el cual necesitan el permiso de un varón para prácticamente cualquier trámite, viaje o incluso para trabajar.

¿Y cuál ha sido la respuesta del Gobierno de España? Celebrar las buenas relaciones bilaterales con Arabia Saudí. En enero el rey Felipe VI viajó al país y, durante un foro con autoridades y empresarios saudíes, expresó su "sincero" agradecimiento por la "fraternal hospitalidad" del rey Salman bin Abdulaziz. Pese a las reiteradas peticiones de la oposición, Exteriores no informó de si el ministro Dastis –que acompañó al monarca– habló de derechos humanos con las autoridades locales. En febrero Dastis se reunió con su homólogo saudí y el Ministerio emitió un comunicado donde celebró los "estrechos lazos de amistad y cooperación" entre los dos países, y en abril Juan Carlos I fue recibido por el rey saudí, quien le organizó un banquete en su honor. Los motivos de esta visita no trascendieron.

China

Si la aplicación de la pena de muerte es frecuente en Arabia Saudí, en China es ya una cuestión cotidiana. Las organizaciones por los derechos humanos tienen contabilizadas al menos 931 ejecuciones entre 2014 y 2016, aunque sólo 85 aparecían en la base de datos oficial de la dictadura. Ante esta falta de transparencia, las ONG son incapaces de hacer una estimación aproximada. No en vano, en la mayoría de ocasiones el Gobierno chino clasifica la información relacionada con la pena capital como secreto de Estado.

Como en la dictadura saudí, los disidentes están fuertemente reprimidos en la dictadura china. En marzo la justicia local condenó a penas de entre tres y cuatro años y medio a los activistas que apoyaron a los manifestantes de la Revolución de los Paraguas de Hong Kong, que reclamaron democracia durante casi tres meses, y en julio murió el premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, que había desarrollado un cáncer de hígado terminal en prisión. Fue condenado por redactar un manifiesto que pedía reformas democráticas y liberado pocos días antes de morir. El régimen le impidió incluso acudir, en 2010, a recoger el galardón.

En lo que va de año, el Ministerio de Asuntos Exteriores español no ha emitido un solo comunicado sobre la situación en China. En mayo, el presidente Mariano Rajoy se reunió con el presidente chino, Xi Jinping. En lugar de hablar de derechos humanos, prefirió destacar la fortaleza de la economía española y el potencial de las empresas españolas de infraestructuras. Un mes después, el dirigente chino se citó con el rey Felipe VI. Ambos expresaron su deseo de mejorar las relaciones bilaterales y su "respeto mutuo". El monarca manifestó su "afecto y admiración" hacia China e invitó a Xi visitar España.

Colombia

En febrero de este año, Amnistía Internacional alertó de que durante los 30 primeros días del año habían sido asesinados diez defensores de los derechos humanos en el país. La organización advirtió del repunte de asesinatos de líderes comunitarios, activistas por los derechos a la tierra y ambientalistas, y pidió al Gobierno colombiano más medidas para su protección. El Gobierno de España no se pronunció sobre esa situación. Sí emitió un comunicado, en cambio, para criticar duramente la decisión del Ejecutivo de aquel país de intervenir primero y liquidar después Electrificadora del Caribe, una empresa controlada por la española Gas Natural.

Congo

Asesinatos y ejecuciones extrajudiciales en masa. Es el terrible retrato de la situación en la República Democrática del Congo, inmersa en un fragil proceso de paz desde el final de la guerra en 2003 y sumida en una grave crisis cuyo último capítulo es la huelga general convocada por el principal partido de la oposición, que exige la convocatoria de elecciones. El pasado lunes, el Gobierno ordenó bloquear el intercambio de imágenes en redes sociales para impedir que trasciendan fotografías de la situación. Ya en febrero, la ONU exigió el cese de las ejecuciones sumarias por parte de las fuerzas armadas y en marzo denunció la existencia de al menos 10 fosas comunes.

La Unión Europea, por su parte, ha sancionado a más de una decena de cargos del Gobierno por obstaculizar el proceso electoral y por su relación con violaciones de derechos humanos. En 2017, sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores español se ha limitado a emitir un comunicado, el 29 de marzo, para expresar su pesar por la "muerte violenta de dos miembros del Grupo de Expertos del Comité de sanciones para la RDC", que desaparecieron mientras investigaban posibles abusos de los derechos humanos junto a su intérprete y tres conductores congoleños, y que fueron finalmente hallados muertos. Ni Rajoy ni el ministro Dastis se han pronunciado sobre la situación en el país.

Egipto

Amnistía Internacional y Human Rights Watch acusaron en abril a militares egipcios de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales. Las organizaciones sostuvieron que tenían contabilizados siete y dos casos, respectivamente. Amnistía, además, denunció en enero que seis jóvenes de entre 17 y 27 años podrían haber sido también ejecutados por militares, y comunicó en marzo que las autoridades del país retienen durante doce horas diarias a múltiples activistas por los derechos humanos sobre los que no pesa condena alguna. Además, según la ONG Red Árabe para la Información de los Derechos Humanos, el Gobierno egipcio ha censurado el acceso a 114 webs desde finales de mayo. 

Desde que tomó posesión, a principios de noviembre de 2016, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, no se ha pronunciado en una sola ocasión sobre la situación en Egipto. Los únicos comunicados que ha emitido su departamento sobre Egipto son de condena de diversos atentados sucedidos durante estos meses, pero en ningún caso contienen mención alguna a la situación de los derechos humanos en el país.

Guinea Ecuatorial

El 24 de marzo, el líder de la oposición de Guinea Ecuatorial, Andrés Esono Ondó fue detenido en el aeropuerto de la capital, Malabo, a donde llegó procedente de Madrid. El secretario general de Convergencia para la Democracia Social pasó varias horas retenido sin cargos. El 21 de abril fueron detenidos el presidente y el vicepresidente del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo, una ONG suspendida por el Gobierno, tras ser interrogados durante más de cinco horas por el ministro de Seguridad Nacional. Fueron obligados a pagar una multa antes de ser puestos en libertad más de una semana después.

Las ONG internacionales han denunciado repetidamente casos de fraude electoral en el país. El presidente, Teodoro Obiang, llegó al poder en 1979 tras un golpe de Estado en el que derrocó a su tío Francisco Macías, que fue ejecutado, y está considerado uno de los mandatarios más corruptos y represores del mundo. El hostigamiento a la oposición y la tortura a sus integrantes es moneda de cambio habitual, según organizaciones por los derechos humanos. A finales de junio, la Policía irrumpió en la presentación de una nueva coalición opositora, Juntos Podemos, impidió la celebración del acto y detuvo a dos periodistas. El Gobierno de España no se ha pronunciado sobre ninguno de estos hechos.

Israel

Las violaciones de derechos humanos también son frecuentes en Israel. El 2 de enero, Human Rights Watch denunció que altos cargos israelís instan a "disparar a matar" a los palestinos y que abundan los llamamientos a asesinar de forma extrajudicial a la población palestina. HRW aseguró tener 140 casos contabilizados entre octubre de 2015 y enero de 2017, fecha del informe. Poco después, en febrero, el Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria consideró contraria al derecho internacional la regularización de miles de viviendas de colonos israelís en territorio palestino ocupado, aprobada por el Parlamento de Israel.

Además de los ataques a población palestina, las autoridades israelíes también emprendieron acciones contra ciudadanos beduinos. En marzo, demolieron por 110º vez desde julio de 2010 la aldea de Al Araqib, dejando sin vivienda a más de 80 personas. HRW calcula que hay 80.000 beduinos bajo "amenaza constante" de demoliciones. Pocos días antes, en febrero, el Gobierno de Israel había denegado un visado de trabajo precisamente a un empleado de HRW, a la que acusó de estar "al servicio de la propaganda palestina", y había detenido sin cargos a un periodista palestino en huelga de hambre.

Desde que el actual Gobierno de España tomó posesión, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha emitido siete comunicados o notas para criticar los asentamientos en Jerusalén, Cisjordania y los territorios palestinos ocupados. El Ejecutivo español también ha cargado contra la ley que permite la regularización retroactiva de viviendas de colonos, y ha manifestado en múltiples ocasiones que la ocupación es contraria al derecho internacional y que dificulta la "solución de dos estados", que se considera la "única capaz de resolver el conflicto de forma justa y definitiva".

Jamaica

El 28 de febrero, la Comisión Independiente de Investigaciones de Jamaica alertó de que, sólo en los dos primeros meses del año, las fuerzas de seguridad del país asesinaron a 31 personas, lo que supuso un aumento del 55% con respecto a las cifras de un año antes. El Gobierno de España no se pronunció para expresar su preocupación al respecto. El Ejecutivo, en cambio, sí emitió un comunicado para celebrar la firma de un contrato entre la eléctrica Jamaica Power Company y la española TSK para construir una central de ciclo combinado en la localidad de Old Harbour. 

Marruecos

Las manifestaciones en el Rif están siendo duramente reprimidas por las autoridades marroquíes, según la denuncia de diversas varias ONG. Las protestas comenzaron en octubre de 2016, tras morir un vendedor de pescado aplastado en un camión de recogida de basura. Desde entonces, de acuerdo con los datos de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, se ha detenido a casi 200 activistas. La última gran manifestación en Alhucemas, el 20 de julio, concluyó con un muerto, cuatro heridos y catorce manifestantes condenados, entre ellos el periodista director de la web badil.info, sentenciado a tres meses de prisión por "incitar a la gente a manifestarse".

Ya en junio, Amnistía Internacional denunció que los manifestantes rifeños eran castigados sistemáticamente con una "oleada de detenciones en masa" y con una "aterradora" tanda de "redadas de decenas de manifestantes, activistas y blogueros" que exigían "el fin de la marginación de las comunidades y la mejor del acceso a los servicios en la región". Los rifeños no son los únicos que han sufrido la represión marroquí: un Tribunal de Apelación confirmó en julio las condenas a 19 independentistas saharauis, ocho de los cuales fueron condenados a cadena perpetua, mientras que los once restantes pasarán entre 20 y 30 años en prisión.

Marruecos es también un mal país para ejercer el periodismo. A finales de julio, Reporteros Sin Fronteras denunció la expulsión de dos periodistas españoles que cubrían las revueltas sociales en el RIf. Se trató del director de la página informativa Correo Diplomático, José Luis Navazo, residente desde hace años en Marruecos, y del delegado de dicho periódico en Madrid, Fernando Sanz. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), solicitó también en aquella fecha al ministro Alfonso Dastis que exigiera a Marruecos las "oportunas explicaciones" sobre lo sucedido.

Pese a la gravedad de la situación, no parece que el Gobierno de España se haya interesado por el respeto a los derechos humanos en ese país. El ministro Dastis recibió en mayo a su homólogo marroquí, y Exteriores destacó en un comunicado la "excelente relación bilateral" existente. Meses antes, en marzo, Rajoy felicitó al nuevo presidente del Gobierno de Marruecos, Saadedin Al-Othmani, a quien le transmitió la "total disposición" de España para dar un "impulso renovado" al vínculo entre ambos países y, en noviembre de 2016, el presidente español fue recibido por el rey marroquí Mohamed VI en Marrakech y ensalzó en su discurso la "intensa y modélica" colaboración entre ambos países. Hace apenas dos semanas, el 30 de julio, Felipe VI envió un mensaje de felicitación al rey de Marruecos con ocasión de su decimoctavo aniversario en el trono.

México

Amnistía Internacional denunció en mayo que las Fuerzas Armadas mexicanas "están fuera de control" y pidió al Gobierno mexicano que aclare una posible "ejecución extrajudicial", pues un vídeo al que tuvo acceso la organización muestra a hombres vestidos con uniformes militares matando a una persona durante una operación. Dos meses después, la ONG publicó un informe donde alertó de que las detenciones arbitrarias son un "fenómeno cotidiano" que "abre la puerta" a la tortura en México.

El pasado 5 de agosto, se hallaron los cuerpos sin vida de 14 personas en una fosa clandestina en el municipio de Valparaíso, perteneciente al estado de Zacatecas. En la última década, según un informe publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana, se han localizado al menos 855 fosas clandestinas. El ministro Dastis se reunió con su homólogo mexicano en febrero y viajó al país en marzo. En abril se celebró la XII Comisión Binacional España-México en Madrid, en la que también participó el titular de Exteriores. No consta que el Gobierno se haya interesado en ninguna de esas ocasiones por la violencia en el país. En febrero Rjaoy conversó con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, pero hablaron únicamente de la relación entre México y la administración Trump. 

Sudán del Sur

La comisión de investigación sobre abusos presentó en marzo un detallado informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que denuncia que en el país se cometen cada día atrocidades y vejaciones que podrían ser constitutivas de crímenes de guerra, además de un proceso de limpieza étnica. El conflicto estalló en 2013 y se recrudeció en julio de 2016, según el documento. En el único comunicado emitido por Exteriores sobre este país, el Gobierno de España lamentó que el Consejo de Seguridad de la ONU no impusiera un embargo de armas a Sudán del Sur y alertó de la "muy grave crisis política, económica y humanitaria" que atraviesa.

Tailandia

El 22 de mayo de 2014, el Ejército tailandés dio un golpe de Estado bajo con el pretexto de poner fin a meses de protestas callejeras, restablecer la paz y aprobar reformas contra la corrupción. Pero, en la práctica, activistas y parlamentarios vienen denunciando desde entonces la falta de respecto a los derechos humanos en el país y han exigido reiteradamente el restablecimiento de la democracia, pues la junta militar reprima toda muestra de disidencia, lo que ha llevado a la detención de 112 opositores que se enfrentan a condenas de entre 3 y 15 años de prisión, según denuncias de Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

El pasado 9 de junio, un tribunal militar condenó a un hombre por publicar una serie de mensajes en Facebook que fueron considerados ofensivos con la monarquía tailandesa. Este mismo miércoles, otro tribunal de las mismas características recibió una sentencia de 20 años de cárcel por compartir en redes sociales seis vídeos con material considerado difamatorio hacia la monarquía del país. Ni el Gobierno de España ni el Ministerio de Asuntos Exteriores español han emitido, desde que tomaron posesión a finales del año pasado, ningún comunicado sobre esta preocupante situación.

Túnez

El Gobierno tunecino decretó el estado de emergencia en noviembre de 2015, tras una serie de atentados yihadistas que costaron la vida a 72 personas, y ha aprobado sucesivas prórrogas que mantienen esa situación de excepción a día de hoy. La medida restringe derechos individuales y sociales –permite, por ejemplo, arrestos y registros indiscriminados y la detención durante 48 horas sin acceso a un abogado–, y Zinedin el Abedin Ben Ali, dictador derrocado en 2011, la utilizó con frecuencia como instrumento de represión.

En febrero, el relator especial la ONU para la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson, manifestó su preocupación por los casos de tortura en el país y denunció la "parálisis" de la comisión nacional turca para la prevención de la tortura, que no puede trabajar por falta de fondos. Amnistía Internacional también advirtió sobre los abusos y la tortura por parte de cuerpos de seguridad tunecinos este año. El ministro Dastis recibió en enero al número dos del Ministerio de Exteriores turco y viajó al país en abril para reunirse con el primer ministro y el titular de Exteriores en abril. No consta que se interesara por este asunto.

Turquía

Las denuncias sobre abusos policiales, represión a la oposición y censura a periodistas y medios se han multiplicado en el país desde el fallido golpe de Estado de hace un año. En mayo, más de 100.000 funcionarios y empleados del sector público fueron expulsados de sus puestos acusados de mantener "vínculos terroristas", según denunció Amnistía Internacional, que calificó de "arbitrarios" esos despidos masivos que condenan a la "aniquilación profesional" a los afectados, pues tras ser señalados como enemigos políticos tienen imposible encontrar trabajo en el sector privado, de acuerdo con un informe de la ONG.

La propia organización ha sufrido las consecuencias de enfrentarse a Erdogan: el presidente de la rama turca de Amnistía Internacional y la directora de la organización, Taner Kiliç e Idil Eser, respectivamente, llevan más de dos meses detenidos, sin que se haya iniciado un proceso judicial en su contra y acusados de forma poco clara de tener vínculos terroristas, según informó la propia Amnistía Internacional. La oficina de la ONU para los derechos humanos advirtió en julio de que Kiliç, Eser y los otros 11 activistas detenidos en la misma operación corren un "riesgo importante" de sufrir torturas en Turquía.

En cuanto a la situación de la libertad de prensa en el país, desde el fallido golpe se Estado se han cerrado más de 150 medios de comunicación y se ha detenido a más de 120 periodistas, en muchos casos sin cargos claros o igualmente acusados de forma vaga de mantener vínculos con organizaciones terroristas. Uno de los últimos casos afecta al periodista Hamza Yalçin, actualmente en prisión provisional en España y sobre el que peasba una orden de detención emitida por las autoridades turcas, que reclaman su extradición para que se enfrente a un juicio en el que podría ser castigado con más de 20 años de prisión.

¿Y qué ha hecho el Gobierno de España en todo este tiempo para detener la represión a la oposición en Turquía y asegurar que se cumplan los derechos humanos en ese país? Repasando los comunicados oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores, la única referencia a estas cuestiones aparece en una nota emitida en febrero con motivo de una reunión entre el ministro Dastis y su homólogo turco, Mevlüt Çavusoglu: "El ministro Dastos ha recordado la necesidad de mantener la lucha antiterrorista en el marco del respeto al estado de derecho, los principios de proporcionalidad y la presunción de inocencia, los derechos y libertades fundamentales y, especialmente, la protección y reconocimiento de las víctimas", dice el escueto comunicado.

Yemen

El país, en guerra desde 2015, atraviesa una situación verdaderamente complicada. Según denunció el Consejo Noruego para los Refugiados (CNR) el pasado miércoles, 10.000 yemeníes han muerto en los últimos doce meses por la falta de atención médica en el país y otros 9.000 han perdido la vida por la guerra. A estas cifras se suma la imposibilidad de salir del país por vías seguras, ya que el aeropuerto internacional de Saná, la capital está cerrado por las restricciones impuestos por la coalición internacional liderada por Arabia Suadí, que quiere sofocar la revuelta de los huthis y devolver el Gobierno a Abdo Rubbu Mansur Hadí.

La violencia es la tónica dominante en las actuaciones de todas las partes implicadas. Human Rights Watch informó esta semana de que los rebeldes huthis bombardearon con artillería a civiles en el sur del país al menos en seis ocasiones en mayo de este año, provocando al menos 30 muerto y 160 heridos, en una actuación contraria a los principios de la Convención de Ginebra, que prohibe atacar a objetivos civiles directamente. La ONU, por su parte, ha pedido investigar varios ataques de la coalición saudí, también por matar civiles de forma indiscrimanda. La última de estas peticiones la realizó el 21 de julio, hace menos de un mes.

Desde que comenzó el conflicto, según los datos del CNR, 54.000 personas han fallecido y 1,2 millones de funcionarios llevan más de un año sin cobrar su salario, de modo que los servicios públicos prácticamente no funcionan. El drama social es tal que a finales de junio Unicef alertó de que a finales de agosto podría alcanzarse la cifra de 300.000 casos de cólera en el país, que tiene una población aproximada de 27 millones de habitantes. Varias ONG han advertido, además, de que armas españolas podrían haberse empleado en el conflicto, pues España vende material de guerra a Arabia Saudí, que participa en los ataques.

El Ministerio de Asuntos Exteriores no emite un comunicado sobre Yemen desde diciembre de 2016. Las únicas tres notas que publicó desde que tomó posesión el ministro Dastis las difundió para condenar atentados o para lamentar un naufragio en la costa yemení. Ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni el titular de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, se han pronunciado en público sobre este drama humanitario. Tampoco han aclarado si en el conflicto podría haberse empleado armamento fabricado por empresas españolas, pese a que existen fotografías que muestran a rebeldes huthis empleándolas sobre el terreno.

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