Audiencia Nacional o Gobierno de Rajoy, las dos opciones del periodista Hamza Yalçin para evitar la represión de Erdogan

El escrito turco-sueco Hamza Yalçin, que este viernes cumple una semana en prisión provisional en España, depende de la Audiencia Nacional y en última instancia del Gobierno de Mariano Rajoy para evitar ser extraditado a Turquía y esquivar así la represión del presidente Recep Tayyip Erdogan, bajo cuyo mandato se han cerrado más de 150 medios de comunicación, se han detenido de forma arbitraria a más de 120 periodistas y se ha purgado a más de 100.000 funcionarios y empleados públicos por no compartir su ideología, según la denuncia de diversas ONG.

Yalçin, de 59 años, fue detenido el pasado 3 de agosto en un puesto fronterizo del aeropuerto de El Prat (Barcelona), donde estaba haciendo escala de camino a Londres. Sobre él pesaba una orden de detención internacional emitida por Turquía y, en consecuencia, un mandato de Interpol para arrestarlo. Los agentes españoles lo detuvieron y lo pusieron a disposición de la Audiencia Nacional, que es el órgano judicial competente en estos casos. El juez Ismael Moreno, que estaba de guardia, decretó para él prisión provisional, en línea con la petición de la Fiscalía.

Según El País, las autoridades turcas emitieron la orden de detención contra el periodista y escritor el pasado abril. El motivo fueron los insultos al presidente Erdogan en un texto publicado en la revista Focus y supuestos "vínculos terroristas" con el grupo ilegal de extrema izquierda Partido-Frente Revolucionario de Liberación Popular (DHKP-C), por otros dos artículos difundidos a través de la publicación Odak Dergisi. De acuerdo con la orden emitida por Turquía, Yalçin podría enfrentarse a una condena de más de viente años de prisión.

Peticiones de liberación

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) pidió este miércoles que España no acepte esa petición de extradición por la "represión extrema en Turquía" y el riesgo para su "seguridad" y sus "derechos democráticos" que podría suponer para Yalçin ser devuelto a su país de origen. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) también solicitó que el Gobierno no atienda la solicitud de Ankara, donde se producen "vulneraciones" contra la prensa "incompatibles con el Estado democrático", y tildó su detención de "muy grave".

A estas voces se sumó este jueves Reporteros sin Fronteras, que acusó a Turquía de emplear "falsas acusaciones de terrorismo para detener y encarcelar" a periodistas y confió en que no prospere un "hipotético proceso de extradición". En el terreno institucional, el Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, pidió al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández, que intervenga ante el Gobierno para impedir la extradición. Y en lo político, el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán y el teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens (Barcelona en Comù), reclamaron la "inmediata" puesta en libertad de Yalçin.

Los pasos de España

Preguntados por la detención del periodista en España, los expertos señalan que fue ajustada a la ley. Daniel Canales, portavoz sobre política interior de Amnistía Internacional España, señala que cuando existe una orden de detención para una posterior extradición, como en este caso, las fuerzas españolas deben "detener a esa persona automáticamente". También lo cree así Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura: "La Policía tiene que cumplir una orden de Interpol en todo caso". Coincide con él Ignacio González Vega, de Jueces para la Democracia: "Si existe una orden, hay que detener a esa persona", dice.

El segundo paso fue su puesta a disposición de la Audiencia Nacional y la decisión de enviarlo a prisión de forma preventiva. Canales señala que "podrían haberse decidido otras medidas, como la comparecencia diaria en un juzgado", pero recuerda que Yalçin no tiene arraigo en España y comenta que en casos similares se ha procedido de esta misma forma. Rodríguez, por su parte, ve adecuado que se le mantenga privado de libertad "hasta que Turquía solicite la extradición y se analice la documentación", y González Vega considera que la medida es correcta porque en casos como este puede haber "riesgo de fuga".

Un máximo de 80 días

De acuerdo con la Ley 4/1985, de Extradición Pasiva, con su entrada en prisión preventiva y la comunicación a las autoridades turcas de que ha sido localizado en España comenzó un plazo de 40 días que será clave para Yalçin. En ese tiempo las autoridades turcas tendrán que remitir a España la petición de extradición. En ella deberán incluir, explica Canales, la resolución judicial por la que se le acusa, una explicación concisa de los hechos que se le imputan, la relación de cargos concretos y el relato de las circunstancias que rodean al caso.

Una vez Ankara haga llegar esos documentos, señala Rodríguez, "la Audiencia Nacional analizará si procede o no conceder la extradición". El primer requisito es "el principio de doble incriminación", prosigue. Es decir, que los hechos que se le imputan a Yançin en Turquía sean también delito en España. Después, que haya pruebas suficientes: "La Audiencia Nacional comprueba los hechos. No vale, por ejemplo, con que Turquía invoque vínculos con una organización terrorista, tienen que acreditarlo y justificarlo con una descripción minuciosa de los hechos", dice.

Canales agrega que la Audiencia Nacional también puede denegar una extradición no sólo por falta de pruebas, sino también si considera que se trata de una persona perseguida por "delitos de carácter político", si tiene "razones fundadas" para considerar que la extradición es un "castigo por una determinada opinión política" o si hay riesgo de "tortura" o de un "juicio sin las garantías debidas". El tribunal español tiene 40 días para decidir si acepta o no la solicitud de extradición. Sumados a los 40 días que tiene Turquía para remitirla, el resultado es que el proceso no debería durar más de 80 días.

La última palabra es del Gobierno

Incluso si la Audiencia Nacional considerase que la extradición es procedente, sería el Gobierno de España quien tendría la última palabra, como recuerdan los tres expertos consultados por este diario, pues el artículo sexto de la Ley 4/1985 establece que esa resolución no sería "vinculante" y que el Gobierno podría denegar la extradición "en el ejercicio de la soberanía nacional, atendiendo al principio de reciprocidad o a razones de seguridad, orden público o demás intereses esenciales". No sucede igual en el caso opuesto: si la audiencia dictase una resolución firme denegando la extradición, el Ejecutivo no podría entregar a Yalçin a Turquía.

infoLibre contactó este jueves con el Ministerio de Asuntos Exteriores, el del Interior y el de Justicia para saber si el Gobierno de Rajoy, que tendría por tanto que autorizar la extradición en última instancia, está a favor de la entrega del periodista a Turquía. Los dos primeros departamentos remitieron al tercero, que respondió que "para tramitar una solicitud de extradición se deberá recibir la correspondiente documentación [de Turquía]" para que se pronuncie la Audiencia Nacional. "El Ministerio de Justicia no ha recibido documentación alguna sobre este asunto y carece por tanto de información", agregó en su respuesta por escrito.

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A la espera de conocer el destino final de Yançin, las ONG que piden su puesta en libertad alertan de que si es extraditado a Turquía corre un alto riesgo de enfrentarse a la represión del Gobierno de Erdogan. Porque de lo que hay pocas dudas es de que el Ejecutivo de Ankara es un auténtico enemigo de la prensa libre y de que, especialmente en el último año –desde el intento de golpe de Estado de 2016–, se ha recrudecido el hostigamiento a periodistas y medios de comunicación.

Alma Martín, portavoz sobre Turquía de Amnistía Internacional España, explica a infoLibre que desde la declaración del Estado de excepción en el país en julio del año pasado hay un "deterioro generalizado de los derechos humanos" y especialmente de la libertad de expresión y prensa. "Se han cerrado más de 150 medios de comunicación y más de 120 periodistas han sido detenidos de forma arbitraria, sin una denuncia clara de los cargos que se le imputan", narra la experta. Como el en caso de Yançin, "se les suele acusar de vínculos con organizaciones terroristas o con el golpe de Estado", explica.

Martín comenta igualmente que el Gobierno ha destituido o impulsado procesos judiciales contra más de 100.000 funcionarios, que las ONG son "perseguidas" –el presidente y la directora de Amnistía Internacional en el país están, de hecho, detenidos e inmersos en un proceso que, a juicio de la organización, "carece de garantías"– y que se han "multiplicado las denuncia de casos de torturas". "Se bloquean contenidos en internet, no se permite el acceso a la red, se reprime a activistas y se presiona a la sociedad civil –agrega–. La situación en el país es verdaderamente preocupante".