Cuando Max Aub regresó a España desde México en el verano de 1969 se encontró un país muy diferente al que abandonó a la fuerza en 1939. No eran 30 años los que habían transcurrido sino una distancia temporal mucho mayor: “el tiempo multiplicado por la ausencia”, escribió el intelectual español en La gallina ciega. Esa vuelta imposible al origen está muy presente en El Paisaje es un grito (Candaya, 2026), la tercera novela del escritor Eduardo Ruiz Sosa (Culiacán, 1983). Los migrantes mexicanos también regresan a un lugar que no es el mismo del que se vieron obligados a salir. La violencia inherente a la migración, las deportaciones, el trabajo esclavizado, la muerte, la búsqueda de la identidad perdida… son algunos de los demonios a los que se enfrenta el autor sinaloense en una obra impregnada de lirismo y oralidad, un torrente narrativo de múltiples registros que se superpone sobre la geografía de un territorio caótico y fantasmal. México en estado puro.

Los discursos contra los migrantes constituyen hoy el alimento principal del huevo de la serpiente que se está gestando en medio mundo. En Estados Unidos las políticas coercitivas contra los derechos de los migrantes no son nuevas. Las deportaciones han sido masivas, y cargadas de violencia, tanto en las administraciones demócratas como republicanas. Donald Trump ha ido un paso más lejos en su segundo mandato, no en cuanto al número de deportaciones —similar, todavía, a los tiempos de Barack Obama—, sino en la escenificación de su estrategia: “Lo que ha hecho Trump es quitarle el velo al odio racial y xenófobo. Ése es, quizás, uno de los rasgos más distintivos de este proceso de deportaciones en Estados Unidos”, explica el escritor mexicano en una entrevista con infoLibre.

Ruiz Sosa proviene de ese México profundo donde el narcotráfico se ha hecho dueño de las vidas de sus pobladores. Su infancia y primera juventud transcurrieron entre viajes por carretera desde su Culiacán natal, capital del estado de Sinaloa, a Tijuana. Territorios ganados por un crimen organizado que ejerce su propia violencia sobre los migrantes, los marginados, los excluidos, los antihéroes que pueblan las historias de este escritor afincado en Barcelona desde hace dos décadas y que, a su manera, es también un transterrado, como lo fuera Max Aub.

En El Paisaje es un grito se cuenta la historia de El Baldor, un migrante deportado que emprende un viaje de vuelta en compañía de otros tres personajes, entre ellos un muerto. ¿El drama de los migrantes es otra de las formas que encuentra la violencia en México?

La violencia en torno a la migración empieza desde el origen, desde los lugares donde hay marginación y pobreza, lugares que fuerzan a la gente a huir, a buscarse otro destino. Y lo que encuentran muchas veces es violencia en esos lugares de destino. En Estados Unidos, en Europa, en España o incluso en México, donde los migrantes centroamericanos o sudamericanos no siempre son bien tratados. Todos esos migrantes se topan también con esa otra forma de desplazamiento que es la deportación. Al migrante se le dice que ya no es aceptado y que tiene que irse, en ocasiones ni siquiera a su lugar de origen sino a un tercer país. Es algo diabólico, maquiavélico, como esas leyes de extranjería europeas que van a expulsar a los migrantes a centros de detención de terceros países.

Ese regreso de los migrantes, como los personajes de la novela que deambulan por lugares semidespoblados del desierto y la sierra, constituye en realidad una suerte de viaje imposible.

Sí, la idea era tratar de expresar esa vuelta al origen como algo imposible. Cuando uno se va, piensa que las cosas se mantienen, pero no es así. Podríamos decir que uno se niega a aceptar la pérdida de ese origen mítico que uno va construyendo en la memoria y en la ficción del recuerdo. Y al volver es otra cosa, uno mismo es otra cosa, uno no se da cuenta de lo mucho que ha cambiado hasta que se confronta con que somos otros y con que el lugar también ha cambiado.

La novela aborda la violencia que sufren las víctimas sin caer en el sensacionalismo que impera en muchos relatos y películas sobre el México bronco del narcotráfico.

Para mí el interés no está en el que ejerce la violencia sino en quien la padece y quien termina incorporándola, no por voluntad propia sino porque le es dado de esa manera a su padecimiento cotidiano, y se convierte en algo que está ahí siempre y no se puede borrar. Estoy muy en contra de esa representación romántica del bandido noble con respecto al narco, o a los políticos o policías corruptos, al bandido bueno que protege a la población y mata a sus enemigos porque son más malos que él. Todo esto que Eric Hobsbawm explicaba muy bien —en su libro Bandidos—. Porque más allá de esta idea romántica, aparece también el tratamiento a las víctimas como cuerpos prescindibles, intercambiables, tanto en el sentido físico, biológico, como cultural. No, el romanticismo del criminal no me interesa, pienso más en escuchar a las víctimas, me inclino hacia los subalternos, como decía Carlo Ginzburg, aquellos que aparentemente no transforman nada pero son los que importan.

Son precisamente esos subalternos los que están sufriendo los embates de la Administración Trump. Su política migratoria se caracteriza por la violencia contra los migrantes por parte del ICE.

Es bien absurdo que el loco este de Trump todavía no alcance al que se supone que fue uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos —Barack Obama—, con toda la carga que implicaba ser el primer mandatario afrodescendiente y todo eso. El tratamiento violento hacia los migrantes siempre ha existido. Pensemos en aquel sheriff llamado Joe Arpaio que humillaba a los migrantes. Lo que ha hecho Trump es quitarle el velo al odio racial y xenófobo. Éste es, quizás, uno de los rasgos más distintivos de este proceso de deportaciones en Estados Unidos. Ha habido campañas mediáticas del Gobierno sobre la deportación para presentarla casi como si fuera un deporte nacional que ha involucrado a la sociedad. El proceso de persecución de los migrantes está favoreciendo actitudes que parecen sacadas de otro siglo: por ejemplo, las delaciones de vecinos que denuncian a migrantes por escucharles hablar en español. Por otra parte, el objetivo de las deportaciones ya no se centra sólo en los trabajadores sin papeles de los campos agrícolas, sino que ahora también se persigue a migrantes en las grandes ciudades, a gente que lleva viviendo allí 30 años; es decir, la persecución es también contra aquellos que no tienen una vida alienada como la del migrante explotado, sino que han logrado una situación estable.

Tanto las desapariciones de personas, tema del que trataba su novela anterior, El libro de nuestras ausencias, como el drama de los migrantes son fenómenos atravesados por la violencia que ejerce el narcotráfico. ¿Ha cambiado el enfoque gubernamental contra el crimen organizado bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum?

Creo que hay un cambio. El modo de plantarse delante del asunto cotidiano de la violencia es distinto. No es un problema que vaya a resolver Sheinbaum ni nadie en seis años de gobierno, porque es un problema que no es exclusivamente mexicano. Andrés Manuel López Obrador —predecesor de Sheinbaum— dio un paso importante al demandar al complejo militar de Estados Unidos con respecto al tráfico de armas de ese país a México. Probablemente, la población mexicana se lleva la peor parte del problema, pero no podemos mirar hacia otro lado: hay una demanda de drogas por parte de Estados Unidos y un tráfico de armas hacia México que es lo que mantiene a los carteles armados como verdaderos ejércitos profesionales. Hay una injerencia y una responsabilidad de Estados Unidos que no ha querido aceptar, pero al menos ahora ya se está hablando de ella. Creo también que hay que trabajar desde la educación, y los programas sociales van funcionando, pero es un proceso muy lento.

El sistema de reclutamiento de jóvenes por parte del narco ha cambiado en los últimos años. Hay secuestros masivos de chicos que se convierten en sicarios, en soldados, en punteros del crimen organizado. Antes de ser victimarios, esos jóvenes también son víctimas. Hay que tratar de buscar alternativas desde la educación y la cultura. Pero, insisto, es un proceso lento. Por otra parte, la escalada de violencia que ha habido en Sinaloa en los dos últimos años requiere de un mínimo de presencia del Estado, de un reconocimiento de esa violencia para proporcionar una sensación de no abandono a la ciudadanía, pero sin caer en las barbaridades que hicieron los expresidentes Felipe Calderón —2006-2012— y Enrique Peña Nieto —2012-2018—.

Vivimos una época incierta en la que el discurso antiinmigración se ha convertido en la bandera de la ultraderecha. Se trata de convertir un derecho universal en una suerte de peligro para la sociedad. ¿Por qué cree que ese relato cala incluso en las capas sociales más vulnerables?

Me parece totalmente absurdo el sentido de apropiación del espacio. Puedo entender el sentido de pertenencia, de sentirse vinculado emocional o culturalmente a uno o varios espacios, pero no entiendo el apropiacionismo de los espacios, esos nacionalismos exacerbados. Nadie es dueño de ningún sitio. Todo el mundo vino de algún lugar en algún momento. La humanidad es nómada o seminómada por naturaleza. Estos discursos tan absurdos calan precisamente porque la resistencia educativa y cultural se perdió en su momento. La ultraderecha, como Vox en España, lleva ya tiempo inoculando el miedo al migrante. Y eso brota por todas partes, pese a la explicación contraintuitiva que presenta al migrante como alguien que a la vez nos quita el trabajo y vive de los subsidios. Sería el migrante de Schrödinger, que trabaja y no trabaja al mismo tiempo y vive de subsidios.

La vida de los migrantes está marcada por la explotación laboral, la violencia del narcotráfico, las identidades mutantes, unas realidades cotidianas que la novela explora como si fueran los monstruos del siglo XXI.

Yo creo que primero hay que nombrar las cosas, y a los monstruos. A mí me pasó algo parecido a lo que le sucede al personaje de El Baldor, un problema burocrático con las actas de nacimiento y los nombres cambiados. Necesitaba hacer un determinado registro y yo no aparecía como hijo de mis padres. Entonces, parece que lo que no tiene nombre, no existe. No tendría que hacer falta el nombre para existir pero así funciona la realidad que se nos ha ido construyendo. Por tanto, para hacerle frente a esos monstruos, a la explotación humana, ecológica, a la violencia, al narcotráfico, hay que nombrarlos primero, acuñar sus nombres, para a partir de ahí construir ese cuerpo del monstruo.

Al escribir el libro, pensaba cuál podría ser el monstruo del siglo XXI. Si los vampiros son, digamos, los monstruos del feudalismo; si los fantasmas son los monstruos del siglo XIX, y los zombis son los monstruos del siglo XX, el ser consumido y la masa que borra al individuo, ¿cuál es el monstruo del siglo XXI? Pensaba en constituir un cuerpo, porque sin ese cuerpo no se le puede oponer resistencia. Y ése es el problema, que todos esos monstruos están presentes y no tienen cuerpo y así es difícil oponerles resistencia. Creo que la cosa empieza por ahí y luego está la necesidad de hacer comunidad para plantarles cara. La forma política y económica del siglo XXI es la atomización, la fragmentación, la competencia de los individuos... Y contra eso está la comunidad organizada, el barrio, la resistencia colectiva.

A la izquierda colombiana le costó sangre, sudor y lágrimas ver a uno de los suyos colocarse la banda presidencial en la Casa de Nariño de Bogotá. Gustavo Petro, antiguo guerrillero ilustrado, carismático y verborreico, rompió la maldición en 2022. Atrás quedaban años de lucha y persecución, años en los que el paramilitarismo ejecutó a dos candidatos presidenciales de la Unión Patriótica, decenas de diputados y concejales y varios miles de sus militantes. La continuidad del proyecto transformador de Petro está en manos de Iván Cepeda, cuyo padre fue uno de los congresistas de izquierdas asesinados en los años 90. El senador progresista, abanderado del oficialista Pacto Histórico, se enfrenta este domingo en las urnas al aspirante de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella, un outsider populista y fanfarrón que se zampó al uribismo en la primera vuelta de los comicios presidenciales y cuenta con el apoyo explícito de Donald Trump.

En una visita a España en enero, Cepeda ya alertó sobre la injerencia del mandatario estadounidense en los asuntos internos de Colombia. Trump acababa de acusar a Petro de narcotraficante y lo había amenazado con detenerlo para que corriera la misma suerte que Nicolás Maduro. Unas semanas más tarde, el diario The New York Times publicó que dos fiscalías de Nueva York, coordinadas con la DEA (la agencia antidroga), habían abierto una investigación contra Petro por supuestos nexos con el crimen organizado. Al mismo tiempo, De la Espriella, que tiene también nacionalidad estadounidense y se jacta de haber sido donante de Trump, se reunía en marzo con el senador republicano Bernie Moreno, de origen colombiano, para pedirle financiación con vistas a la campaña electoral.

Trump ha redoblado ahora su apuesta por De la Espriella. En un mensaje publicado hace unos días en Truth, su red social, el magnate republicano se sinceraba así: “Es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total. ¡El Tigre Abelardo de la Espriella no decepcionará al maravilloso pueblo de Colombia”. A Trump le hubiera servido también la candidata del expresidente Álvaro Uribe, la derechista Paloma Valencia, pero salió trasquilada (7%) en una primera vuelta en la que se impuso De la Espriella (43,8%) por delante incluso de Cepeda (41%), un “marxista de la izquierda radical”, según el mandatario estadounidense.

Las críticas a su desmesurado intervencionismo regional no sólo han llegado desde la izquierda latinoamericana. Una veintena de congresistas demócratas estadounidenses han protestado contra su apoyo al candidato ultraderechista. En un comunicado difundido a iniciativa del congresista por Massachusetts Jim McGovern, los representantes demócratas defienden el derecho de los colombianos a elegir a su presidente sin interferencias externas: “Consideramos las acciones del presidente (…) y otros miembros del Congreso para respaldar o inclinar la balanza a favor de un candidato en particular como perjudicial para los derechos democráticos del pueblo colombiano”.

Las elecciones de este domingo en Colombia tienen una gran relevancia regional. Junto al México de Claudia Sheinbaum y el Brasil Lula da Silva, el Gobierno de Petro ha conformado el eje de resistencia y confrontación a las políticas expansionistas de la Casa Blanca. Para Trump, Bogotá es una plaza decisiva para cumplir con los objetivos fijados en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en diciembre, según la cual la región debe estar completamente subordinada a los intereses económicos, políticos y militares de Estados Unidos. Tras Colombia, Trump apuntará sus cañones hacia Brasil, que celebra unas elecciones presidenciales en octubre en las que un octogenario Lula tendrá que bregar de nuevo con el clan Bolsonaro.

Para la izquierda, un triunfo de Cepeda supondría el mantenimiento de un dique de contención a la nueva doctrina Monroe basada en la diplomacia de las cañoneras, pero dotada ahora de la más mortífera inteligencia artificial. América Latina está sucumbiendo, de una u otra manera, a la estrategia de Seguridad Nacional de Trump. El ejemplo más perverso fue el de Argentina en octubre del año pasado. Javier Milei se encontraba en la lona a pocas semanas de los comicios legislativos de medio mandato. Trump acudió entonces a su rescate y le concedió un préstamo de 20.000 millones de dólares que inclinó la votación a favor del dueño de la motosierra. Con un grado mayor o menor de injerencia estadounidense, Honduras, Bolivia y Chile han cambiado de signo político en los últimos meses.

Con una oratoria pausada y un discurso sin estridencias y cargado de pedagogía política, Iván Cepeda (63 años) llega a las elecciones sin la condición de favorito de la que gozaba en la primera vuelta, celebrada el 31 de mayo. Este licenciado en Filosofía por la Universidad de Sofía, que cita a Sócrates o Hannah Arendt en sus entrevistas, se ha ganado las simpatías de la izquierda colombiana por su constancia y honestidad como activista de los derechos humanos. En los últimos años, el senador progresista recabó el aplauso de los suyos al llevar a Uribe a los tribunales y lograr una primera condena de doce años contra el expresidente derechista por soborno de testigos y fraude procesal. Cepeda lo había acusado de tejer vínculos con los paramilitares durante sus mandatos presidenciales (2002-2010). Finalmente, la condena fue anulada en segunda instancia pero la larga batalla judicial había dejado un claro ganador.

El candidato del Pacto Histórico pretende llevar a cabo nada menos que tres revoluciones: en la ética, la política y la economía. Si Petro, con todas la trabas que ha encontrado en el Congreso, ha dejado un país con mejores indicadores sociales que hace cuatro años, Cepeda tiene por delante la gigantesca tarea de acabar con lo que él denomina la “megacorrupción”, sentar las bases de una paz “integral” con los grupos armados disidentes y profundizar en la reforma agraria y la redistribución de la riqueza.

Al otro lado de la trinchera, Abelardo de la Espriella (47 años), alias El Tigre, representa todo lo contrario. En el fondo y en las formas. Las propuestas de este excéntrico abogado lo sitúan en el universo del trumpismo, un ideario xenófobo con guiños al gran capital y a la mano dura contra la delincuencia y el narcotráfico. Y todo aderezado con una gramática chabacana, de barra de bar, con alusiones a sus genitales que generan miles de likes en las redes sociales, como si la campaña electoral se tuviera que dirimir en función de la testosterona de los contendientes.

Con esas mañas, los millones de pesos que le han llovido de las élites económicas del país y el pulgar hacia arriba de Trump, De la Espriella confía en batir a Cepeda en las urnas. Su discurso ha calado en amplias y variadas capas de la sociedad. Como señala la analista Cecilia Orozco Tascón en el diario El Espectador, el candidato y su movimiento Defensores de la Patria están representados por “las criollísimas clases bajas y medias de gustos e ignorancias tipo MAGA (base del electorado trumpista), y también por la totalidad del empresariado y sus gremios, por el alto sector banquero y financiero y por las familias megarricas del país”. Con las particularidades colombianas, se trata de un fenómeno similar al de Milei en Argentina o Nayib Bukele en El Salvador. Aluvión de bulos y mensajes zafios contra la izquierda en las redes sociales y alarmantes propuestas de gatillo fácil y megacárceles para garantizar la seguridad ciudadana.

Las últimas encuestas publicadas coinciden en otorgarle el triunfo a De la Espriella, que rondaría el 54% de los votos al recoger casi todo el capital electoral del uribismo. No parece que al millonario abogado penalista le hayan hecho mella las denuncias de varios medios digitales, como Vorágine, sobre sus presuntos negocios con narcotraficantes vinculados al paramilitarismo.

Cepeda y el Pacto Histórico precisan de una gran movilización electoral para frenar a la ultraderecha este domingo. De momento, han recibido el respaldo de gran parte de la intelligentsia colombiana y de sectores centristas de la política. Hace cuatro años Petro se proclamó presidente electo en la segunda vuelta gracias a un aumento de la participación ciudadana. Pero entonces el inquilino de la Casa Blanca no se llamaba Donald Trump.

¿Cómo sería hoy La Habana de no haber triunfado la Revolución en 1959? Esta pregunta se la hacía en 2006 el arquitecto cubano Mario Coyula en un artículo publicado en la revista Temas: “Quizás no muy diferente a como la proyectaba el plan maestro de Sert y Wiener en 1956-58: una ciudad de cuatro millones de habitantes (…) con un Malecón bloqueado por una pared casi continua de edificios altos y una isla artificial al frente”. Un skyline muy del gusto de los jefes de la mafia norteamericana que habían celebrado, a cara descubierta, una cumbre en 1946 en el emblemático Hotel Nacional de la capital cubana. “La Habana –se lamentaba Coyula– estaría inundada de turistas estadounidenses, con un cinturón indefinido de barrios insalubres adonde irían a parar los excluidos de antes y de siempre”.

Seguramente Donald Trump no sepa nada del plan maestro de Sert y Wiener. O tal vez sí, tal vez su secretario de Estado, Marco Rubio (de padres cubanos), le haya susurrado al oído que ya hubo un proyecto de urbanismo salvaje para esa Habana en la que nunca vivió, una ciudad que puede convertirse en poco tiempo en una nueva meca turística para Estados Unidos.

La Orden Ejecutiva 14404 de la Administración Trump que entró en vigor el viernes podría ser la piedra angular de esa nueva Cuba que aspira a dominar el magnate republicano. La orden se despliega en una doble dirección: impone sanciones a las Fuerzas Armadas y su conglomerado empresarial –GAESA– y también a aquellas empresas o personas extranjeras que realicen transacciones económicas o comerciales con el grupo y que verían congelados sus activos en Estados Unidos. Las empresas turísticas españolas se encuentran entre las más afectadas. Iberostar y Meliá ya han anunciado que dejarán de operar en parte de su actividad hotelera en la isla. Y días antes ya había dado ese paso Blue Diamond, una compañía hotelera canadiense. Aunque las empresas alegan las pésimas expectativas turísticas en Cuba para explicar por qué están plegando velas, lo cierto es que sobre ellas se cierne la amenaza de las sanciones por sus acuerdos de gestión con Gaviota, la filial turística de GAESA.

Rubio lanzó los dardos contra GAESA hace un par de semanas, coincidiendo con la imputación del expresidente cubano Raúl Castro, anunciada a bombo y platillo en Miami, por su presunta implicación en el derribo de dos avionetas de la organización anticastrista Hermanos al Rescate y la muerte de sus cuatro tripulantes, un incidente ocurrido hace 30 años. “Cuba no está controlada por ninguna revolución, Cuba está controlada por GAESA, un Estado dentro del Estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficio de una pequeña élite”, dijo Rubio en una alocución grabada en español.

El Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) fue impulsado por Raúl Castro (cuando era ministro de Defensa) a mediados de la década de los 90 para dinamizar la economía tras el colapso de la Unión Soviética. Poco a poco fue convirtiéndose en una suerte de holding estatal bajo cuyo paraguas se concentró la industria turística, el comercio mayorista, el negocio inmobiliario, los servicios financieros y muchos otros sectores, desde los puertos a la red de gasolineras. Washington calcula que GAESA controla más del 40% de la economía cubana. Castro acabaría situando al frente de la compañía a su yerno, el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, fallecido en 2022. Su hijo Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, es hoy el principal interlocutor entre La Habana y Washington. Con su estrategia, Raúl Castro le otorgaba a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) un inmenso poder que ahora Trump y Rubio pretenden socavar. Pero el órdago lanzado contra GAESA es, en realidad, un nuevo intento de la Casa Blanca para torcerle el brazo al gobierno de Miguel Díaz-Canel. Las FAR constituyen el corazón del régimen y algunos de sus mandos son también miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, como lo era el propio general Rodríguez.

Con la entrada en vigor de la Orden Ejecutiva 14404, Trump erosionará aún más la economía cubana. El turismo, principal fuente de ingresos del país en su momento más esplendoroso, agoniza ya sin necesidad de nuevas sanciones. La espantada de las empresas hoteleras extranjeras le dará la puntilla a la ya maltrecha economía cubana y a los miles de puestos de trabajo directos e indirectos que dependen de esta actividad. Tras el bloqueo petrolero impuesto por Washington a finales de enero y que ha dejado a la isla sin combustible y con apagones diarios interminables, la ofensiva de la Casa Blanca pretende forzar a La Habana a una negociación exprés y con poco margen de maniobra.

En la apuesta de Trump contra Cuba subyace también un objetivo que ya quedó definido en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en diciembre de 2025. El “corolario Trump” a la doctrina Monroe o “doctrina Donroe”, como fue etiquetado, revela las intenciones de Estados Unidos respecto a lo que denomina el hemisferio occidental. En ese documento, que atenta contra el Derecho Internacional, el Departamento de Estado expresaba claramente que hará todo lo que esté en su mano para detentar el control militar, económico y comercial en la región frente a competidores “no hemisféricos”. Aunque el mensaje iba dirigido principalmente a China y Rusia, cualquier otro país que pretenda competir en su patio trasero será susceptible de ser considerado una amenaza para su seguridad nacional.

En el caso de Cuba, Washington no esconde sus intereses en el potencial turístico que atesora la isla, pero tampoco pierde de vista otros sectores estratégicos. La empresa minera canadiense Sherritt, establecida hace décadas en la isla para gestionar la explotación de yacimientos de níquel y cobalto, acaba de dar un paso atrás en sus operaciones tras el anuncio de las sanciones.

Para acorralar aún más a La Habana, el Departamento del Tesoro anunció el jueves nuevas sanciones de bloqueo financiero contra Díaz-Canel, Alejandro Castro Espín (hijo de Raúl Castro), el Ministerio de las FAR y los Comités de Defensa de la Revolución (los ojos y oídos del régimen en cada esquina), entre otros. “Bancos extranjeros y otras compañías que presten servicios a estos organismos deben congelar sus actividades”, advirtió Rubio a través de su cuenta de X. Y lanzó más leña al fuego en un tono incendiario: “La Administración Trump ya no tolerará regímenes marxistas radicales en nuestro hemisferio que amenacen la seguridad de Estados Unidos y traten de exportar su revolución venenosa y maligna”. Al mismo tiempo y desde el Despacho Oval, el presidente estadounidense insistió en su idea de ocuparse de la isla una vez que resuelva el conflicto con Irán: “De regreso haremos una pequeña y breve parada en Cuba. Nos encargaremos de ello (…) Creo que saben que tenemos que deshacernos del régimen”.

El Palacio de la Revolución no tardó en reaccionar: “La agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial”, contraatacó Díaz-Canel en un mensaje publicado en X y en el diario Granma. La isla soporta desde 1962 un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington, una medida que ha empobrecido a varias generaciones de cubanos pero no ha logrado tumbar al régimen.

Antes de la entrada en vigor de la orden ejecutiva de Trump, Iberostar anunció que dejaba de operar en 12 de los 18 hoteles que gestiona en la isla y, acto seguido, Meliá hizo lo propio en 15 de los 34 establecimientos que llevan su marca. Se trata de los hoteles de estas compañías que mantienen contratos con GAESA. En Cuba operan además otras siete cadenas hoteleras españolas (Barceló, NH, Roc, Valentín, Blau, Axel y Sirenis). En total, cuentan con 70 contratos de gestión (la propiedad de los activos pertenece al Estado cubano). El paso que han dado las empresas extranjeras tras las amenazas estadounidenses podría tener consecuencias legales si las autoridades cubanas presentan demandas por incumplimiento de contrato.

La inversión española en la isla ha ido cayendo paulatinamente en los últimos años. Según la Oficina de Información Diplomática, que recoge datos oficiales cubanos, hasta finales del año pasado existían algo más de 60 inversiones españolas, además de los 70 contratos de gestión hotelera. Las inversiones se concentran en el turismo (34%) la industria del tabaco, con Altadis como principal inversor en Cuba (29%), el comercio al por mayor (24%) y los servicios financieros (8%). La mayoría de las más de 250 empresas registradas en la Asociación de Empresas Españolas en Cuba son pymes. La deuda cubana con estas empresas se estima en 255 millones de euros, según datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), a los que habría que sumar los fondos que no pueden retirar del país y que elevan la cifra final por encima de los 300 millones de euros.

La nueva andanada de Estados Unidos agudizará el desplome del turismo en Cuba. Esta actividad sufrió una caída de cerca del 18% en 2025 respecto del año precedente, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba. La isla recibió menos de dos millones de visitantes y este año las perspectivas son aún peores. Una decena de compañías aéreas, entre ellas Iberia, han cancelado vuelos a Cuba. Air Europa mantiene de momento las conexiones pero el cierre de hoteles y la falta de combustible harán cada día más difícil operar vuelos con origen y destino al país caribeño.

El arquitecto Coyula, fallecido en 2014, no llegó a imaginar que los hijos de la Revolución perpetrarían un auténtico atentado urbanístico contra la ciudad: la construcción de la Torre K, un hotel de 42 plantas, 155 metros de altura y 600 habitaciones. Inaugurado en 2025 en el barrio del Vedado, el mayor rascacielos de la capital cubana presta su sombra a iconos habaneros como la heladería Coppelia o el cine Yara. Los gerifaltes de GAESA debieron de pensar que sería una buena idea dejarse seducir por la filosofía del plan de Sert y Wiener antes de que lo hicieran otros. El Iberostar Selection Habana, nombre de la mole arquitectónica, es uno de los doce establecimientos que la empresa española ha dejado de gestionar en Cuba desde hace unos días.

A los urbanistas cubanos siempre les ha fascinado el concepto de la estática milagrosa, la asombrosa capacidad de persistencia de los viejos caserones de La Habana, deslucidos por el salitre y el abandono. Algunos resisten en pie con la ayuda de puntales de madera y de vez en cuando pierden un pedazo de fachada o se desploma una balconada, como fueron cayendo, uno tras otro, los principios de una revolución que vive apuntalada desde hace tiempo y afronta hoy, siete décadas después del desembarco del Granma en las costas orientales de la isla, su hora más amarga: la amenaza de demolición de Donald Trump.

La piqueta del presidente estadounidense es, no obstante, tan movediza como su discurso. De la muerte del régimen por asfixia económica decretada por Trump se ha pasado en poco tiempo a la apertura de una vía de diálogo. Así lo reveló este viernes el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, al admitir que “funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos para buscar soluciones a las diferencias bilaterales entre los dos países”, en referencia al bloqueo energético decretado por Washington hace un mes y medio. “Son procesos largos que se hacen con mucha discreción, hay que establecer canales de diálogo, agendas para la negociación… Ahora estamos en la fase inicial de ese proceso”, detalló el mandatario. En un gesto más de distensión, Cuba anunció también la próxima liberación de 51 presos, gracias a la mediación del Vaticano. Organizaciones de Derechos Humanos estiman que en la isla hay más de mil prisioneros políticos.

Desde que Trump impuso a la isla el bloqueo petrolero, la isla sufre una escasez de combustible angustiosa. Hace tres meses que no entra un carguero con crudo en la isla, según Díaz-Canel, para quien el impacto en la población está siendo “inconmesurable”. De los aproximadamente 110.000 barriles de petróleo que precisa diariamente, Cuba produce unos 40.000, un crudo pesado que sólo sirve para alimentar a las vetustas centrales termoeléctricas. Caído en desgracia Nicolás Maduro, ya no llegan los 35.000 barriles que enviaba diariamente Caracas. Tampoco los 17.000 barriles de México, ni ningún buque ruso. 

La situación es hoy todavía más dramática que la experimentada durante el denominado Periodo Especial de los años 90. A Fidel Castro le costó sacar el país adelante tras el desmoronamiento de la Unión Soviética pero finalmente encontró un nuevo salvavidas en la Venezuela de Hugo Chávez a finales de esa década. Hoy Cuba está más aislada que nunca. De México, históricamente solidario con La Habana, recibe ayuda humanitaria y el afecto de su presidenta, Claudia Sheinbaum.

En todo caso, sería aventurado hablar de un colapso energético en Cuba, advierte desde Washington el economista cubano Ricardo Torres en conversación telefónica con infoLibre. “Como Cuba produce alrededor del 40% del crudo que consume (para generar electricidad), nunca va a haber una situación de cero absoluto que pondría el país patas arriba. El problema es la gasolina y el diésel, que sí dependen de las importaciones”. Profesor en la American University de la capital estadounidense, Torres precisa que el colapso es, ante todo, vital: “Una gran parte de la sociedad cubana llega exhausta a esta crisis. Para muchos, ya hay un colapso, ya había una situación muy dura antes de enero que no se puede desconocer. Años de carencias y dificultades, apagones de muchas horas... Las vidas de estas personas no tienen sentido y no merecen ser vividas en esas condiciones. Pero no hemos llegado todavía a un colapso en el sentido de que haya un gobierno que no pueda mantener un mínimo de orden o de funcionalidad de los servicios públicos. ¿Cuándo llegará ese momento? No lo sé”.

Para tratar de capear el temporal, el Gobierno cubano aprobó a principios de mes un decreto-ley que permite la creación de empresas público-privadas. Ante la gravedad de la situación, Díaz-Canel se ha mostrado ahora abierto a un cambio de rumbo: “Nos tenemos que centrar, de inmediato, en implementar las transformaciones urgentes, las más necesarias, que hay que hacerle al modelo económico y social”, dijo hace unas semanas. Una retórica que suena a disco rayado. Algo parecido ofreció Raúl Castro a partir de 2011, ya al mando del país por la prolongada convalecencia del Comandante en Jefe. Se aprobaron entonces algunas reformas y aumentó el número de cuentapropistas (pequeños empresarios). Pero la apertura fue tan sólo un parche coyuntural. “Creo que el anuncio de la creación de empresas mixtas también puede leerse como un parche”, sostiene Torres: “Hay medidas que ya estaban contempladas en diciembre, no sé si tienen que ver con una hipotética negociación ahora. Esto se parece mucho a lo de siempre. Al final, es el Ministerio de Economía el que tiene la última palabra sobre la empresa mixta, como sucede con la inversión extranjera. Siempre quieren mantener el control de todo. La realidad es que la mayoría de las empresas estatales están sobreviviendo apenas, y ahora quieren utilizar la baza del sector privado para salir a flote. Huele mucho a revivir un muerto”.

La estructura económica planificada ha seguido prácticamente intacta desde la denominada Ofensiva Revolucionaria de 1968, cuando Fidel echó el cierre de los últimos comercios privados y el Estado absorbió toda la actividad productiva. El Periodo Especial de los años 90 dio paso a una tímida flexibilización y hubo voces que auguraban incluso una adaptación del exitoso modelo vietnamita, el Doi Moi (el conjunto de reformas que abrió la economía al mercado bajo el control político del Partido Comunista). Castro viajó a Hanoi en febrero de 2003. Cuando regresó de su gira asiática, en lugar de tantear una apertura económica, redobló la defensa a ultranza del modelo socialista y la intensificación de la “batalla de ideas”. De reformas, ni hablar. El bloqueo seguía siendo el único argumento que justificaba todos los males de la Revolución. Sin duda, ese embargo comercial, económico y financiero (impuesto por Estados Unidos en 1962) ha tenido unos efectos devastadores en las vidas de varias generaciones de cubanos, pero la errónea planificación estatal y la excesiva dependencia de la URSS también incidieron en la decadencia económica sufrida a partir de la década del 90. Hoy, con la industria turística bajo mínimos, muchas familias subsisten gracias a las remesas que llegan desde el extranjero. La inflación está desbocada y el salario promedio de 7.000 pesos (unos doce euros) apenas alcanza para comprar un cartón de 30 huevos y una botella de aceite.

Las versiones sobre unas hipotéticas negociaciones entre Cuba y Estados Unidos se han sucedido en el último mes. Según el medio digital estadounidense Axios, un nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, habría mantenido contactos informales con Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense de ascendencia cubana. Otro miembro del clan familiar, Alejandro Castro Espín, único hijo varón de Raúl, también ha sido mencionado como interlocutor. Para zanjar especulaciones sobre quién pilota el acercamiento, Díaz-Canel ha dejado claro que la estrategia la lidera él mismo junto con Raúl Castro (de 94 años y retirado de la primera línea de la política desde hace un lustro). El diario USA Today publicó recientemente, citando fuentes cercanas a la Casa Blanca, que un hipotético acuerdo incluiría la salida del mandatario cubano y una garantía de inmunidad para la familia Castro. Ese pacto afectaría al sector turístico (con la flexibilización de los viajes a la isla), energético y a la gestión de los puertos. “Ha habido una gran cortina de humo en torno a los contactos entre Washington y La Habana, sobre todo por parte de Estados Unidos. Trump está preparando a la opinión pública, principalmente al sector de Miami más reacio a un mero cambio cosmético”, asegura Torres.

La guerra de agresión a Irán ha situado a Cuba en un segundo plano. Trump ha insistido en que la isla será su próximo objetivo. Y ahí, según Torres, se verá la dimensión de lo que Estados Unidos está buscando: “Cuba podría ofrecerle accesos ventajosos en el sector turístico, o en el energético, accesos a la producción de níquel o cobalto, minerales críticos de los que Cuba posee reservas importantísimas. O la garantía de que no suscribirá acuerdos militares o de seguridad con China y Rusia. O la liberación de presos políticos. Y todo eso Cuba lo puede ofrecer sin cambiar el modelo completamente, sólo con algunos ajustes y algo de aire al sector privado. A Estados Unidos y a Trump tal vez le sirva contar, a 90 millas, con un país que no es amigo de tus enemigos. Y no necesariamente tiene que convertirse en una democracia liberal al estilo occidental”.

Con interminables apagones diarios y colas eternas ante los surtidores de combustible, Cuba está llegando a su límite de supervivencia. El malestar de la población es creciente y comienzan a verse algunas muestras de protestas en las calles y en la universidad. No obstante, no hay en la isla una oposición articulada y en la retina de los disconformes está todavía muy viva la feroz represión que siguió a las manifestaciones de julio de 2021, con cientos de detenidos. Mientras tanto, la estática milagrosa protege a los inquilinos del Palacio de la Revolución, conscientes, eso sí, de que alguna que otra vez se derrumba una casona en Centro Habana.

Venezuela vive “un nuevo momento político”. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, definía así la inédita situación que atraviesa el país tras la agresión militar de Estados Unidos. Es, en todo caso, un momento político muy singular en el que la estructura del chavismo ha quedado descabezada pero se mantiene intacta en todas las esferas de poder. La nueva doctrina Monroe de Donald Trump ha generado ya su primer experimento político en América Latina: un régimen bajo el control remoto de Washington que se presta a concesiones económicas y políticas mientras gana tiempo para dilatar el proceso de transición democrática.

Desde el 3 de enero, cuando el ejército estadounidense bombardeó Caracas y sus alrededores y secuestró a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación relámpago que dejó un centenar de asesinatos en el camino, los acontecimientos se han precipitado en el país sudamericano. La entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez tomó las riendas del país y se plegó a las condiciones impuestas por el mandatario estadounidense bajo amenaza de muerte, según ha confesado.

El matrimonio de conveniencia entre Trump y Delcy ha dado ya algunos frutos. La dirigente chavista anunció el viernes una ley de amnistía “que cubra todo el periodo de violencia política de 1999 al presente”. La medida, que afectaría a varios cientos de disidentes, se une a la lenta pero progresiva liberación de presos políticos desde el 3 de enero. Además, Rodríguez informó que su Gobierno cerrará la cárcel de El Helicoide, símbolo de la represión del régimen.

El anuncio de una inminente amnistía a los presos políticos se produjo sólo un día después de que la Asamblea Nacional aprobara una reforma de la ley de hidrocarburos que abre la puerta a la inversión extranjera. Paralelamente, y mientras en Washington se anunciaba la reapertura del espacio aéreo de Venezuela, el Departamento del Tesoro estadounidense emitía una licencia que permitirá a las compañías petrolíferas realizar transacciones con Caracas en condiciones ventajosas para la exportación, compraventa, almacenamiento y refinamiento de crudo, entre otras actividades. Los ingresos que correspondan al Estado venezolano quedarán bloqueados en una cuenta controlada por Washington en Qatar. Será la Administración de Trump quien gestione los fondos en función de las necesidades de gasto en servicios públicos que le proporcione el Gobierno de Rodríguez mensualmente. Se desmonta así el andamiaje de nacionalismo petrolero que Hugo Chávez había apuntalado en 2007 en torno a la compañía estatal PDVSA. No deja de resultar paradójico el hecho de que Maduro, hoy en prisión en una cárcel estadounidense, fuera el promotor de ese desmantelamiento desde 2018, cuando optó por una liberalización del sector petrolero.

En estas primeras cuatro semanas como presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que hace unos días fue reconocida como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ha impulsado un paquete de reformas legislativas aperturistas y ha remodelado el Gobierno con la entrada de perfiles técnicos en puestos clave de la gestión económica para que el diálogo con la Casa Blanca sea más fluido. Los cambios han afectado también a las áreas de Defensa e Inteligencia.

Pese a la retórica nacionalista que tiñe sus intervenciones públicas, la tutela de Washington aparece como una marca de agua en las principales decisiones políticas de Delcy Rodríguez. Expuesta a los habituales cambios de humor en la Casa Blanca, la mandataria tiene además que hacer malabares para tranquilizar a las distintas familias chavistas. Cuenta con el apoyo inquebrantable de su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional y cerebro político del ala dialogante del oficialismo. Pero la presencia en el Gobierno de Diosdado Cabello, ministro de Interior y jefe de las fuerzas policiales y parapoliciales, obliga a Delcy a dormir con un ojo abierto.

“Estamos en un proceso de reacomodo del poder. En este momento hay en Venezuela una situación de conexión entre rupturas y continuidades, algo que a la población le está costando procesar. Tenemos también un campo de especulación. Delcy Rodríguez es la actriz central en el tejido de relaciones internacionales que se fue construyendo. Hay evidencias que sugieren que Maduro fue entregado previamente o, en un segundo escenario, que esa entrega se produjo mucho más recientemente en vista de la inminencia de un ataque. Todo apunta a que se establece un acuerdo para gobernar de forma subordinada, en el que Trump encuentra una gran utilidad en dos aspectos fundamentales: la gobernabilidad y el negocio petrolero”, explica en conversación telefónica desde Caracas Emiliano Terán Mantovani, sociólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela y miembro fundador del Observatorio de Ecología Política.

Un mes después de la agresión militar estadounidense, los gestos aperturistas de Rodríguez conviven con el mantenimiento de un Estado policial en el que la censura y la represión no han desaparecido. A Washington, sin embargo, sólo parece preocuparle la liberalización económica que le permita el acceso privilegiado a las ingentes reservas de petróleo de Venezuela, cuya sumisión total reclama. El panorama resultante se sustenta así sobre una base de contradicciones: “El Gobierno está constituido por facciones que funcionan por sobrevivencia política. Es una contradicción muy delicada porque los hermanos Rodríguez cuentan con una sólida estructura de relaciones internacionales pero carecen de liderazgo entre las bases chavistas, y tampoco tienen control sobre el sector militar, como sí lo tiene Cabello”, señala Terán Mantovani.

La obligada cohabitación entre Trump y Delcy Rodríguez se estaría desarrollando entonces sobre la base de unas contradicciones que, en algún momento, tendrán que despejarse. Para el sociólogo venezolano, “la colusión Trump-Delcy tiene que avanzar hacia una suerte de depuración de esas contradicciones, porque son insostenibles, y eso implica un proceso largo, progresivo y fluido, un proceso que no puede darse de un día para otro porque se corre el riesgo de que te estalle en la cara”.

Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, declaró el miércoles en el Senado que no hay sobre la mesa nuevos planes militares contra Caracas, aunque un día antes había amagado con esconder la zanahoria y sacar de nuevo el palo si Rodríguez se salía del guion escrito por Washington. El itinerario político de la Casa Blanca pasa por un periodo de estabilización, seguido de una recuperación económica para dar paso a la transición política con la celebración de elecciones. No se habla de plazos pero Rubio citó en su comparecencia el ejemplo de la transición española para plantear que se trata de procesos largos y complejos.

El Laboratorio de Paz —un centro de investigación y resolución de conflictos de Venezuela— ha proyectado tres escenarios sobre el futuro político del país. La primera hipótesis vislumbra un periodo prolongado de “estabilidad sin democracia”, sostenido por la recuperación económica al calor de las inversiones en la industria petrolera. “El chavismo lograría recomponerse internamente […] y mantenerse en el poder al menos hasta 2030, fecha prevista para nuevas elecciones”, exponen los autores del informe. Un segundo escenario pasaría por una “salida civil y democrática”, gracias a las sinergias entre la presión internacional y “la capacidad de la sociedad venezolana para reorganizarse como actor autónomo”. La convocatoria de unas elecciones sería el punto culminante de ese proceso de cambio. La tercera hipótesis planteada es la más preocupante, una “regresión autoritaria” derivada de la fractura interna del chavismo, con riesgo de un golpe de Estado o el estallido de la violencia política.

Para Pablo Ospina, historiador y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, el régimen chavista no va a poder sostenerse durante mucho tiempo “a menos que pase algo inesperado”. “Algo así como una tabla de salvación a partir de los recursos que provengan del petróleo y de una ampliación de la coalición de apoyo con sectores moderados de la oposición”, argumenta en conversación con infoLibre.

El papel de las Fuerzas Armadas en el complejo tablero venezolano es otra de las incógnitas que quedan por despejar. Instruidas en el último cuarto de siglo bajo un fuerte sentimiento nacionalista y bolivariano, la operación armada de Estados Unidos ha dejado descolocados a los mandos de la FANB. “Se puede entender el nivel de humillación que deben sentir los militares tanto si hubo una traición como si todo se debió a la incapacidad absoluta de las Fuerzas Armadas para defender a su presidente. Esta sensación debe estar generando mucho ruido interno en el sector militar”, sospecha Terán Mantovani.

Perteneciente al sector más intransigente de la disidencia, María Corina Machado se mantiene como la alternativa al chavismo tras los acontecimientos del 3 de enero. Ninguneada por Trump en un primer momento, Machado cabildea ahora en Washington mientras espera que el autócrata republicano le suba el pulgar. “No han surgido nuevos liderazgos en las filas de la oposición y los antiguos dirigentes están quemados”, apunta Terán Mantovani. Figuras más moderadas, como el diputado Henrique Capriles (que en 2013 estuvo a punto de batir a Maduro en las urnas), no cuentan a día de hoy con respaldo popular. Tampoco tiene relevancia la izquierda crítica con el chavismo. “La izquierda fue históricamente muy pequeña en Venezuela. Chávez logró congregar a mucha gente en clave de sector popular, y fue politizando un bloque gigantesco hacia la izquierda sin posibilidades para una tercera vía o la crítica interna. Quedan militantes chavistas de base, pero esos actores están muy desdibujados hoy en día por el fracaso del Gobierno”, sostiene el sociólogo y activista medioambiental.

Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 dejaron al descubierto que el chavismo, con Maduro al frente, había dejado de ser una fuerza hegemónica. La oposición se adjudicó la victoria mientras el régimen se negaba a publicar las actas electorales. Lejos en el tiempo quedaban los arrolladores triunfos en las urnas de Chávez, cercanos al 60% y sin sombra alguna de fraude. Ese primer chavismo, con una clara vocación de transformación social y redistribución de la riqueza, también distaba mucho del régimen autocrático impuesto progresivamente por Maduro a partir de la muerte de su mentor en 2013.

Venezuela ha sido el laboratorio de la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump en el hemisferio occidental, cuyo objetivo final es el desplazamiento de China y Rusia de una región que Estados Unidos considera de su propiedad. Tras las primeras reacciones contra la intervención armada por parte de Brasil, México, Colombia y Chile, las aguas parecen haberse calmado. Con su demostración de fuerza, Washington les ha enseñado a los dirigentes latinoamericanos progresistas que puede tumbar un gobierno en un abrir y cerrar de ojos.

Para Ospina, no es probable que haya un efecto desestabilizador de momento en la región por la crisis venezolana: “Ese efecto ya se produjo hace unos años por el éxodo masivo de migrantes, pero si se produjera, Colombia sería el país más afectado”.

El “nuevo momento político” venezolano va mutando cada día que pasa. Mientras Delcy Rodríguez sea capaz de mantener el equilibrio entre las demandas de Washington y el orgullo herido de la nomenclatura chavista, la estabilidad parece garantizada. El futuro del experimento político está, sin embargo, rodeado de interrogantes. Terán Mantovani subraya una de las preguntas que quedan en el aire: “¿Qué harán los poderes nacionales de Venezuela para contraponer la presión de Estados Unidos en un país tan debilitado?”.

A principios de 2006, unos meses antes de caer gravemente enfermo, Fidel Castro ordenó instalar 138 mástiles con banderas negras (y una estrella blanca) frente al edificio de la Sección de Intereses de Estados Unidos en el Malecón habanero. Con el “bosque de las banderas” (una por cada año de lucha contra el imperio), el comandante en jefe quería neutralizar la visión de los mensajes políticos que la oficina diplomática de Washington desplegaba por aquellos días en pantallas electrónicas. La Guerra Fría era ya cosa del pasado, pero en el Caribe todavía se libraba una batalla ideológica sin tregua. Cinco décadas después del triunfo de la Revolución, David seguía levantando su honda contra Goliat.

Transcurridos 67 años desde que Fidel y los barbudos de la Sierra Maestra desfilaron victoriosos por las calles de La Habana (el 8 de enero de 1959), por la Casa Blanca han pasado durante ese tiempo una docena de presidentes. Ninguno de ellos pudo asistir desde el Despacho Oval al final de la Revolución Cubana. No pudieron hacerlo ni a través del apoyo a chapuceras aventuras militares (Playa Girón, 1961), ni por medio de las innumerables tramas de la CIA para asesinar a su líder, ni siquiera con la imposición de un férreo bloqueo comercial, económico y financiero que ha condicionado salvajemente la vida de los cubanos desde 1962.

“Creo que Cuba pende de un hilo. Está en serios problemas; lo ha estado durante los últimos 45 años y no ha llegado a caer, pero creo que están bastante cerca por voluntad propia”, declaró Donald Trump el jueves en una entrevista televisiva. Como ha quedado patente tras el ataque a Venezuela y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro, Trump no está preocupado por sustituir regímenes autocráticos o dictaduras por sistemas democráticos. Al mandatario republicano le mueven otras pasiones y no las esconde. La Estrategia de Seguridad Nacional de su Administración –una vuelta de tuerca a la Doctrina Monroe– destaca por la sinceridad con la que Estados Unidos se erige en dueño y señor de todo el continente americano.

Cuba no posee los extraordinarios recursos naturales de Venezuela, pero su caída supondría un trofeo de gran simbolismo para Trump: un jaque mate a la Revolución Cubana que lo convertiría en el inquilino de la Casa Blanca que finalmente derrotó a los invictos guerreros de la bandera de la estrella solitaria. Una medalla que compartiría con el designado nuevo virrey de América Latina, Marco Rubio, su secretario de Estado, quien tiene entre ceja y ceja a la isla por su anticomunismo visceral. Sus padres, nacidos en Cuba, emigraron a Estados Unidos en 1956, tres años antes del triunfo de la revolución. Rubio nació y se crio en Florida, donde el anticastrismo se conjuró una y mil veces para que la isla volviera a ser aquella perla del Caribe (capitalista y tutelada) en la que habían plantado sus reales Lucky Luciano, Meyer Lansky y compañía.

Aunque diga públicamente que en Cuba no se pueda ejercer mucha más presión “salvo entrar y destruir el lugar”, entre los planes de Trump para la isla no parece que figure un ataque militar como el que llevó a cabo en Venezuela el 3 de enero. En sus declaraciones subyace el convencimiento de que bastará con cortar el cordón umbilical que une a La Habana con Caracas para que el régimen se desmorone por sí mismo como un castillo de naipes.

Según explicó a la agencia Reuters Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, las importaciones de petróleo de Cuba podrían evaporarse “si se mantiene la presión” de Estados Unidos. Venezuela envió a su aliado político un promedio de 35.000 barriles diarios el año pasado. La isla necesita algo más de 100.000 barriles por día para su consumo interno, pero sólo produce por cuenta propia unos 40.000. Rusia y México también le suministran crudo aunque en menores cantidades. De acuerdo a datos de la petrolera mexicana Pemex, el Gobierno de Claudia Sheinbaum envió el año pasado unos 17.000 barriles diarios, aunque en determinadas circunstancias (tragedias naturales por medio) autorizó un mayor abastecimiento. Sin el petróleo venezolano, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel se enfrenta a una crisis energética todavía más grave que la que ya sufre el país. 

Los acuerdos de colaboración entre Cuba y Venezuela se remontan a principios de siglo, cuando Hugo Chávez acudió en ayuda de su admirado Fidel para suplir de combustible a una Cuba que arrastraba una delicada situación económica. La irrupción de Chávez en el tablero latinoamericano supuso un balón de oxígeno para Castro. El acuerdo de las “batas blancas” selló una alianza inquebrantable durante años. A cambio del petróleo (unos 90.000 barriles diarios), Cuba envió a Venezuela a miles de médicos. Junto a ellos viajaron en secreto decenas de expertos en inteligencia y seguridad. Fue un quid pro quo ventajoso para ambas partes.

La Habana jugaría también un papel determinante en la elección de Maduro como sucesor de Chávez (fallecido en 2013). El entonces canciller había pasado algún tiempo en Cuba en los años 80 –en una escuela de formación de cuadros políticos– y se adaptaba mejor a los intereses del Palacio de la Revolución que el taimado Diosdado Cabello, actual ministro del Interior y eterno número dos del chavismo.

El colapso de la Unión Soviética en 1991 tuvo un efecto devastador en Cuba, muy dependiente de Moscú, e inauguró una etapa bautizada por el régimen como Periodo Especial en Tiempos de Paz, un eufemismo para referirse a la hambruna que padeció la población durante varios años. Tres décadas más tarde, la pandemia de covid acentuó los problemas crónicos de la isla y socavó la industria turística, principal fuente de ingresos externos. Al menos un millón y medio de personas, según cifras oficiales, han abandonado el país desde 2021, el mayor éxodo en periodo revolucionario. Hoy, la crisis económica, social y sanitaria es mayúscula, una tormenta perfecta en la que se combinan apagones diarios de diez o doce horas, epidemias incontroladas de virus tropicales (dengue, chikungunya, oropouche) y un estratosférico aumento de los precios que ha mermado sensiblemente la capacidad adquisitiva de los cubanos.

Según declaró a The New York Times Omar Everleny Pérez, uno de los mayores expertos en la economía cubana, la situación actual es de una gravedad inusitada: “Yo, que nací allí; yo, que vivo allí, lo puedo decir: nunca ha estado tan mal como ahora, porque se han juntado muchos factores”. Al cortar de raíz el suministro de crudo venezolano, la Casa Blanca espera agudizar la crisis y generar un levantamiento popular que obligue al régimen a claudicar. Una hipótesis contra la que se rebelan algunos antecedentes.

Si alguna lección pudo extraerse de las protestas protagonizadas por un sector de la juventud cubana en julio de 2021 fue la extraordinaria capacidad de respuesta policial del régimen para defenestrar cualquier conato de insurrección popular. Cientos de jóvenes fueron detenidos y condenados a penas de prisión por su participación en las manifestaciones, según Human Rights Watch. El descontento social sigue hoy latente en un país en el que impera el miedo a la represión. De la Cuba revolucionaria que un día fue faro de la izquierda mundial no hay ya ni rastro. Quedan tan sólo las icónicas imágenes en blanco y negro de Korda y las conmovedoras canciones de Silvio Rodríguez.

La apuesta por una eventual fractura interna del régimen se antoja aún más improbable. Tras el traspaso de poder de Raúl Castro (94 años) a Díaz-Canel en 2018, las cúpulas del Partido Comunista de Cuba (PCC) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) cerraron filas en torno al sucesor, un dirigente de 65 años con perfil bajo y una sólida lealtad hacia su mentor. Unas cualidades que le permitieron ascender en la pirámide de mando sin prisa pero sin pausa, y evitar las caídas al abismo de otros aspirantes a liderar el postcastrismo, como el exvicepresidente Carlos Lage o el excanciller Felipe Pérez Roque.

Otro de los hombres fuertes del régimen es el general Álvaro López Miera, ministro de Defensa de 82 años e hijo de republicanos españoles exiliados en Cuba. Veterano de las campañas africanas y adscrito al ideario revolucionario desde su más temprana juventud, ha sido siempre uno de los más estrechos colaboradores de Raúl Castro, quien se encargó de promocionarlo hasta el máximo escalafón del Ejército.

La caída de 32 militares cubanos de la guardia pretoriana de Maduro en el ataque de Estados Unidos en Venezuela ha conmocionado a una isla en la que todavía se recuerdan –gracias a la insistencia de sus dirigentes– las gestas pasadas de las FAR en campañas internacionalistas. Los soldados de Fidel (a quien sus fieles todavía se refieren como el “glorioso comandante invicto”) se foguearon en las guerras de liberación africanas, en las selvas centroamericanas junto a los sandinistas o en arriesgadas operaciones de Inteligencia. Norberto Fuentes, en su día intelectual orgánico del régimen, dejó un testimonio escrito del modus operandi de esos combatientes en su libro Dulces guerreros cubanos (Seix Barral, 1999). Algunos de ellos acabaron sus días sin pena ni gloria, defenestrados por el propio régimen o ante un pelotón de fusilamiento.

Díaz-Canel reconoció hace unos días en su cuenta de X que los guardias cubanos, pertenecientes a las FAR y al Ministerio del Interior, cumplían en Venezuela la misión de proteger a Maduro y su esposa, Cilia Flores (también secuestrada), “por solicitud de esa hermana nación”. El Gobierno cubano reveló la identidad de los fallecidos y declaró dos días de duelo nacional como homenaje a unos militares que, en palabras del mandatario, “cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial”.

Fidel Castro (fallecido en 2016) consideraba que la revolución que lideró fue en realidad el último peldaño en la lucha por la independencia de Cuba, desde aquella primera guerra con España en 1868 y los intentos de Estados Unidos de anexionarse el territorio. En cierta ocasión, de camino a su residencia en el oeste de La Habana, hizo parar a su comitiva junto al “bosque de las banderas” plantado frente a la Sección de Intereses norteamericana. Se apeó del vehículo y comprobó durante varias horas que, efectivamente, aquella jungla de mástiles y banderas tapaba los mensajes luminosos del enemigo. Había ganado otra batalla al imperio.

Tras el brutal acto de guerra perpetrado por Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro, la izquierda democrática latinoamericana ha entrado en estado de zozobra. Desde que Donald Trump retornó a la Casa Blanca hace ahora un año y hasta la madrugada del sábado pasado, sus amenazas contra Gustavo Petro (Colombia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Claudia Sheinbaum (México) por cuestiones dispares se habían saldado con la imposición de aranceles (de quita y pon), la retirada de determinadas ayudas y un sinfín de exabruptos de distinto calibre en redes sociales. Pero a partir del 3 de enero, el mundo ha cambiado. Además del Fuerte Tiuna de Caracas, ese día saltaron también por los aires todas y cada una de las cláusulas del Derecho Internacional.

El nuevo orden en las relaciones de Washington con Latinoamérica queda reflejado en las cuatro páginas que dedica a la región el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional publicado a finales de noviembre por la Secretaría de Estado estadounidense: “Tras años de descuidos, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar su preeminencia en el hemisferio occidental; para proteger nuestra patria y nuestro acceso a puntos clave de la región, negaremos a nuestros competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas (…) o de poseer activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio”. Aunque no menciona a China, el “corolario Trump” a esa doctrina, según se denomina en el informe, expresa claramente el deseo de la Casa Blanca de minar la influencia de su rival asiático en el que siempre ha considerado su patio trasero.

Es probable que el nombre de Iván Cepeda todavía no le diga nada a Trump. Pero su secretario de Estado, Marco Rubio, azote de la izquierda latinoamericana, lo tendrá a buen seguro anotado en su agenda con una fecha: 31 de mayo de 2026. Cepeda lidera las encuestas de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán ese día en Colombia. Se impuso en las primarias de la izquierda y es un firme candidato a suceder a Petro (quien no puede presentarse a la reelección por mandato constitucional). Junto a Brasil y México, Colombia completa el núcleo principal de países con gobiernos progresistas que resisten la embestida neocolonialista del magnate republicano en América Latina.

Aunque Trump no agreda militarmente a Colombia, se da por descontado un decidido respaldo político (y tal vez financiero) a cualquier líder opositor que tenga posibilidades de batir a la coalición progresista que encabezará Cepeda. Este senador de 63 años, hijo de un histórico dirigente del Partido Comunista de Colombia, Manuel Cepeda, asesinado por fuerzas paramilitares en 1994, se ha distinguido desde hace años por su labor de mediación en los procesos de paz en su país. Ha librado, asimismo, una larga batalla jurídica contra el todopoderoso expresidente derechista Álvaro Uribe, condenado en julio pasado a 12 años de prisión por soborno a testigos y fraude procesal y absuelto unas semanas después en segunda instancia. La derecha llega a las elecciones dividida pero podría aunar fuerzas en los próximos meses para hacer frente a una izquierda que ya cuenta con un candidato de consenso. Según la consultora Invamer, Cepeda obtendría un 32% de los votos, frente al ultraderechista Abelardo de la Espriella (18%). El sondeo del Centro Nacional de Consultoría (CNC) también sitúa en primera posición al senador progresista con un margen más estrecho frente al aspirante de la extrema derecha (21%-14,5%).

Con el abordaje a Venezuela ya en marcha, Colombia aparece como el próximo enemigo a batir en el marco de esta nueva estrategia de control regional en la que los comandos de élite Delta Force reescriben a balazos las relaciones diplomáticas ante la pasividad de la OEA y la ONU. Petro, el líder latinoamericano más crítico con Washington, finaliza su mandato en agosto, cuando tomará posesión el presidente electo en los comicios de mayo y junio (habrá segunda vuelta si en la primera ningún candidato obtiene más del 50% de los votos). Trump ha lanzado duras amenazas contra el mandatario colombiano. Con el silabario de taberna que suele utilizar, le ha aconsejado que cuide su trasero. Durante el viaje de Mar-a-Lago (su residencia en Florida) a Washington el domingo por la noche, reiteró su advertencia ante un grupo de periodistas: “Me suena bien”, dijo cuando le preguntaron si planeaba un posible ataque a Colombia parecido al efectuado en Venezuela. Y abundó: “Colombia está gobernada por un hombre enfermo, que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, pero no va a seguir por mucho más tiempo”.

Petro fue el primer presidente latinoamericano en condenar la intervención armada en Venezuela. Bogotá, a su vez, ha firmado el comunicado de repulsa contra esa agresión que también han suscrito los gobiernos de España, Brasil, Chile, México y Uruguay. Muy activo en redes sociales, el líder colombiano no ha bajado el tono de sus críticas: “Lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe”, ha escrito en uno de sus últimos mensajes en la red X. Al acusarlo de narcotraficante, Trump coloca sobre él la misma espada de Damocles que le ha servido de pretexto para atacar Venezuela y secuestrar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Una imputación sin prueba alguna que la sostenga.

Las más recientes amenazas de Trump contra gobiernos de la región se han centrado, además, en Cuba (“está a punto de caer”) y México (“algo tendrá que hacerse” con los carteles de la droga). Con un tono sosegado pero resolutivo, Sheinbaum ha frenado hasta ahora las ambiciones comerciales y militares de la Casa Blanca al sur del río Bravo.

La sucesora de Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones en 2024 con un 60% de los votos, superando la marca de su mentor político en 2018. Con una popularidad todavía elevada, Sheinbaum tiene todavía cinco años de mandato por delante para consolidar la hegemonía del oficialismo de izquierdas. México comparte tres mil kilómetros de frontera con Estados Unidos, su primer socio comercial. Más allá de la guerra arancelaria emprendida por Trump, el principal foco de tensión entre los dos vecinos es la lucha contra el crimen organizado. Con visiones opuestas sobre la estrategia a seguir, la línea roja para Sheinbaum es el deseo del líder republicano de enviar tropas a territorio mexicano para combatir a los grandes carteles del narcotráfico como si fueran un ejército enemigo.

Tras condenar el ataque a Venezuela, la dirigente progresista ha insistido en que la presencia militar estadounidense en suelo mexicano “no es una opción”: “Lo más importante es la responsabilidad compartida (…) Ellos también deben evitar que lleguen armas a México y combatir a la propia delincuencia organizada que opera en Estados Unidos”.

Lula también ha criticado abiertamente la agresión a Venezuela: “Estos actos superan una línea inaceptable y representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”. Como gran potencia sudamericana, Brasil es hoy un dique de contención contra el avance de la extrema derecha en Latinoamérica. Las elecciones presidenciales previstas en octubre serán, por tanto, determinantes para el equilibrio de fuerzas en la región.

Trump pinchó en hueso cuando quiso entrometerse en el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro. Las amenazas de aranceles astronómicos y las sanciones contra jueces del Tribunal Supremo no evitaron que el excapitán del Ejército fuera condenado a 27 años de cárcel por golpismo. Lula salió fortalecido ante una opinión pública que aplaudió la defensa de la soberanía nacional ante las injerencias extranjeras. El mandatario ha crecido desde entonces en las encuestas mientras Bolsonaro purga su condena en instalaciones de la policía federal tras haber intentado reventar la tobillera electrónica que le imponía la prisión domiciliaria.

La ultraderecha brasileña se debate ahora entre aupar electoralmente a uno de los hijos del exmandatario —el senador Flávio Bolsonaro— o poner todos los huevos en la cesta de un candidato más competitivo: el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Cualquiera de ellos tendrá muy complicado batir a Lula en las urnas. En una reciente encuesta de la consultora Real Time Big Data, Lula aventaja a Flávio Bolsonaro en 15 puntos (35%-20%) y a Freitas en nueve (35%-26%). Las alarmas para la izquierda brasileña pasan, no obstante, por la falta de recambio a un líder que ya ha cumplido 80 años.

Con la nueva versión de la Doctrina Monroe (ideario que data de 1823 y supuso el primer aviso para navegantes sobre las intenciones de Estados Unidos en su hemisferio), Trump ha querido dejar su impronta para extender su influencia -manu militari si es preciso- en toda la región. Además de contar con potentes herramientas comerciales y militares, tiene el apoyo incondicional de varios aliados en la zona. La lista va en aumento: Milei (Argentina), Bukele (El Salvador) Noboa (Ecuador), Mulino (Panamá), Jeri (Perú), Peña (Paraguay) o Kast (presidente electo de Chile). A los gobernantes díscolos les tiene reservada la sutil diplomacia de los cañones.

El fin de la joven revolución bolivariana tenía una fecha marcada en el calendario por un grupo de sediciosos: 11 de abril de 2002. En poco más de tres años, Hugo Chávez le había dado la vuelta a un país controlado hasta 1999 por los intereses comunes de las élites políticas y empresariales de Venezuela. Pero el golpe de Estado fracasó a las 48 horas. Desde entonces, el chavismo ha sobrevivido a varios atentados frustrados contra sus dirigentes, una ristra de sanciones internacionales, bloqueos comerciales, crisis económicas, una oposición muy beligerante en la calle y, ante todo, la muerte de su fundador en 2013. Tras la caída de Nicolás Maduro, el régimen parece dispuesto a reinventarse, para no sucumbir, de la mano de Delcy Rodríguez, que asumirá este lunes la presidencia interina del país.

Si a María Corina Machado, la flamante Nobel de la Paz, le hubieran dicho hace unas semanas que el futuro de Venezuela iba a estar en manos de una mujer en breve, se habría atusado el cabello ante el espejo y habría susurrado, primero en inglés y luego en español, algo parecido a lo que proclamó en su comunicado tras el secuestro de Maduro en Caracas por un comando de los Delta Force del ejército estadounidense: “Estamos preparados para tomar el poder”. Pero, ay, no era ella la elegida sino Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, a quien Donald Trump bendijo en su comparecencia en Mar-a-Lago para pilotar junto a él una transición en Venezuela. Algo que ha confirmado el secretario de Estado, Marco Rubio, pocas horas después en una entrevista en el New York Times: "Creemos que tendrán oportunidades únicas e históricas de brindar un gran servicio al país, y esperamos que las aprovechen”.

A la oposición, que había celebrado el bombardeo de su propio país con tal de ver a Maduro esposado y transportado a Estados Unidos, le duró poco la alegría. Las objeciones de Trump hacia Machado por no contar con el “apoyo” y el “respeto” de su pueblo dinamitaron las expectativas de una disidencia que, una vez más, estaba convencida de que había llegado la hora final del chavismo.

Eso mismo debió de pensar Leopoldo López a principios de 2014 cuando organizó, junto a Antonio Ledezma y la propia Machado, una campaña de protestas callejeras a la que bautizaron como “La Salida”. Las guarimbas (violentas algaradas callejeras) ya se habían hecho populares en tiempos de Chávez pero en esta ocasión López tramaba que la ira de sus seguidores derivara en una insurrección contra un Maduro que llevaba apenas unos meses en el poder tras la muerte de su mentor ideológico en marzo de 2013. La conspiración dejó un saldo de más de 40 muertos, decenas de heridos y varios cientos de detenidos. El líder de Voluntad Popular fue condenado y se erigió en el máximo exponente de una oposición que pretendía encontrar en la calle, y en algunos cuarteles, lo que todavía no había conseguido en las urnas. La figura de López se iría eclipsando tras su huida del país en 2020, previo paso por la embajada de España, y su exilio dorado en Madrid.

Si Chávez lograba en las urnas (con elecciones en las que rondaba el 60%) y en la calle (con multitudinarias manifestaciones de apoyo) contener a la oposición gracias a su carisma, Maduro se vio casi siempre sobrepasado por su propia incapacidad política y por el progresivo desgaste del chavismo. Un mes después de la muerte del comandante, se celebraron unas elecciones en las que Maduro se impuso por la mínima (apenas 1,5 puntos de diferencia) ante Henrique Capriles, un dirigente que ha ido moderando su discurso con el paso del tiempo.

En plena crisis económica y social, el mandatario reprimió a sangre y fuego las protestas callejeras de 2017. Amnistía Internacional denunció cientos de violaciones a los derechos humanos. Maduro salió airoso del repudio internacional y las sanciones impuestas contra su Gobierno y renovó su mandato presidencial en 2018 con una artimaña: el veto a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la principal coalición opositora, que se vio marginada del proceso electoral por la inhabilitación de sus principales líderes y partidos políticos.

También creyó en el desmoronamiento del chavismo el diputado Juan Guaidó. La oposición había dado un gran paso democrático al vencer en las elecciones legislativas de 2015, pero su respuesta ante el gesto autoritario de Maduro de bloquear la nueva Asamblea le conduciría de nuevo al ostracismo. Volvieron las protestas callejeras y Guaidó se autoproclamó en 2019 “presidente encargado” de Venezuela, un cargo simbólico. La campaña internacional se puso en marcha y el mandatario fake fue reconocido por Estados Unidos y la Unión Europea. Al mismo tiempo, se bloquearon activos millonarios de Venezuela en el exterior. La estrella de Guaidó se iría apagando poco a poco, denostado incluso por sus propios compañeros de viaje y envuelto en un escándalo de corrupción.

Con la guerra de Ucrania como telón de fondo, Caracas incluso consiguió que en 2022 la Casa Blanca, con Joe Biden en el poder, revirtiera algunas sanciones comerciales para vender su preciado petróleo a la entonces necesitada economía estadounidense.

En las últimas elecciones presidenciales, celebradas en julio de 2024, la oposición no se desanimó y propuso a un candidato prácticamente desconocido, Edmundo González Urrutia, ante la inhabilitación de su principal baza electoral: María Corina Machado. El rechazo del régimen a mostrar las actas electorales de esos comicios fue considerado por una parte de la comunidad internacional como una prueba de que Maduro había perdido la contienda. Pese a ello, el líder bolivariano se proclamó vencedor y revalidó su presidencia. El chavismo había ganado una nueva vida.

Contra todo pronóstico, la Venezuela chavista ha ido superando crisis tras crisis, intentos de desestabilización, atentados frustrados contra Chávez y Maduro, y sanciones económicas internacionales. Un cuarto de siglo después, la oposición volvió a marcar una fecha en el calendario tras contemplar cómo se iluminaban por el fuego Caracas y otras zonas del país. El 3 de enero de 2026 —ahora sí— iba a ser el día en que el régimen pasaría a mejor vida. Sin embargo, el chavismo, aunque herido de gravedad, continúa de momento en el poder.

Sin que haya todavía una explicación clara de cómo pudo una unidad de élite secuestrar en su residencia a Maduro y su esposa, Cilia Flores, traspasando todos los anillos de seguridad del mandatario, las palabras dedicadas por Trump a Rodríguez en Mar-a-Lago sugerían una negociación con la vicepresidenta. Tras un silencio de varias horas, Delcy se mostró desafiante al presidir el Consejo de Defensa de la Nación. Ante la cúpula del régimen, declaró solemnemente que Maduro (preso ya en Nueva York y acusado de narcotráfico y corrupción) seguía siendo el presidente del país. Al hacerlo, y considerar por tanto su ausencia como temporal, no se activarán los mecanismos constitucionales para la celebración de elecciones en el plazo de un mes, tal y como sucedió cuando falleció Chávez (por ausencia absoluta del mandatario). Esa temporalidad (artículo 234 de la Constitución venezolana) le otorga a Rodríguez un tiempo precioso (hasta 180 días si así lo decide la Asamblea Nacional) para conducir una eventual transición con la Casa Blanca.

No se conocen los términos de esa hipotética negociación pero en Washington han podido interpretar que una caída del chavismo de manera fulgurante generaría un caos ingobernable. Como ha confesado el propio Trump, el petróleo es su oscuro objeto del deseo. Las ingentes reservas de Venezuela bien valen un gran despliegue militar como el que ha implementado Estados Unidos en el Caribe. Pero el precedente de la invasión de Irak a principios de siglo, con milicias armadas y sabotajes de pozos petrolíferos continuos, tal vez haya llevado a Trump (más pragmático que los halcones de la Casa Blanca: Marco Rubio, secretario de Estado, y Pete Hegseth, secretario de Guerra) a reconsiderar su posición y permitir que un chavismo más dialogante (según su versión, Rodríguez se plegó a hacer lo que le pidieran) se preste a sus intereses: el control de la industria petrolera venezolana por parte de las empresas norteamericanas. Con Machado en el Palacio de Miraflores, el magnate republicano tendría todos los recursos naturales a su alcance, pero en un país tal vez incendiado por milicias chavistas, guerrillas colombianas y carteles de la droga. Si el Gobierno venezolano cede e intercambia continuidad por petróleo, la paz estaría prácticamente asegurada. Sería la enésima vida del chavismo.

Ni siquiera el talento de Philip Roth hubiera podido recrear lo que ha sucedido en Venezuela desde la madrugada del sábado. En su novela La conjura contra América, Roth imaginaba una ucronía en la que el fascismo se apoderaba de Estados Unidos en plena Segunda Guerra Mundial. En un abrir y cerrar de ojos, los Delta Force del ejército norteamericano secuestraban a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, mientras la aviación bombardeaba instalaciones estratégicas y la operación militar ponía contra las cuerdas al chavismo, en estado de shock y con la única opción de sentarse a negociar una rendición. Un golpe quirúrgico con el que Donald Trump ha querido enviar un mensaje diáfano a toda América Latina: el dominio total de Washington sobre el hemisferio occidental.

El presidente estadounidense dio algunas pistas sobre los próximos pasos a seguir en una rueda de prensa celebrada en su residencia de Mar-a-Lago. Si Caracas no se rinde, habrá una segunda intervención armada. Una opción que pareció descartar al sugerir que los dirigentes bolivarianos habrían entendido el mensaje. Aunque el chavismo sigue hoy en el poder, Trump habla ya de una transición “segura y ordenada” en Venezuela en la que Estados Unidos se arroga el papel de árbitro y gendarme. Una transición en la que todavía no está claro cuál será el papel de la oposición y de su principal líder, María Corina Machado, de quien Trump dijo que no contaba con los apoyos suficientes para gobernar. ¿Está negociando Washington entre bambalinas con los sucesores de Maduro esa “transición ordenada”? Esa es la pregunta que quedó flotando en los salones de Mar-a-Lago tras la revelación hecha por Trump de que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, se habría puesto a su disposición.

La intervención armada en Venezuela —la mayor en la región desde la invasión de Panamá en 1989— ha sido el primer gran experimento de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. De su éxito final depende que el “corolario Trump” a la doctrina Monroe, como figura en ese documento, se pueda desarrollar a lo largo y ancho de la región. Como ha publicado The New York Times en su editorial, el ataque de Donald Trump en Venezuela es “ilegal e imprudente”. Pero eso no parece importarle al líder republicano. Es más, no descarta ataques, ilegales o imprudentes, contra otros gobernantes "si no son justos con sus pueblos". Unas palabras de las que habrán tomado nota en La Habana y Managua.

A Maduro y Flores les aguarda ahora una acusación por narcotráfico en un tribunal de Nueva York. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, no tardó en confirmar los cargos por narcotráfico y corrupción contra los dirigentes chavistas: “Ambos enfrentarán pronto la ira de la Justicia estadounidense”.

Entre las hipótesis que se barajan sobre el éxito del secuestro de Maduro y Flores cobra fuerza la del apoyo interno. Según la agencia Reuters, la CIA habría contado con una fuente en el interior del Gobierno venezolano que les habría ayudado a rastrear y localizar a la pareja presidencial en la residencia en la que pernoctaban. Es sabido que la agencia de inteligencia estadounidense opera en Venezuela desde hace tiempo. Hugo Chávez (1999-2013) ya denunció su intromisión durante su mandato y su participación en el efímero golpe de Estado de abril de 2002.

Mientras el chavismo se sacude el golpe y busca posibles traidores en su propio seno, hay varias figuras que se postulan como posibles sucesores de Maduro. Si se respeta el orden constitucional, sería la vicepresidenta Delcy Rodríguez la que tome el mando Ejecutivo del país. No se sabe con certeza desde dónde transmitió un mensaje de audio exigiendo una prueba de vida de Maduro. En un principio se informó de que estaba en Rusia pero más tarde el canal oficialista Telesur confirmó que se encontraba en Venezuela. Su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y tercero en la línea de sucesión, sería otro de los dirigentes susceptibles de permanecer en la nueva cúpula del poder. No ha aparecido públicamente desde los ataques. A quien sí se vio en las calles de Caracas, y así lo emitió la televisión venezolana, fue al ministro del Interior y número dos del régimen, Diosdado Cabello, con chaleco salvavidas y arengando a un grupo de seguidores a mantener la calma. Otro peso pesado del chavismo es el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino. La cúpula militar ha cerrado filas, hasta ahora, en torno a su mando. La fidelidad del ejército al chavismo será, sin duda, una de las claves de su supervivencia o debacle.

A estas alturas, ya hay pocas dudas de que las verdaderas intenciones de Estados Unidos en Venezuela no pasan por acabar con el narcotráfico. Como ha sucedido históricamente en la región y la Casa Blanca se ha encargado de reconocer en la reciente Estrategia de Seguridad Nacional, Washington sólo tiene un objetivo en el país caribeño: hacerse con sus ingentes recursos naturales. En territorio venezolano se encuentran las mayores reservas de petróleo del mundo y enormes yacimientos de gas. Además, es rico en minerales y tierras raras. Para consumar sus propósitos, Trump precisa de un gobierno títere que le entregue en bandeja de plata esos recursos. Así ha sido siempre y así quiere el magnate republicano que siga funcionando esa relación desigual con sus vecinos del sur. En palabras del propio Trump: “Vamos a tener a las mayores empresas petroleras allí, van a arreglar las infraestructuras y a hacer que el petróleo reporte dinero”.

Pero, ¿quién conformará ese gobierno entreguista? Hasta el ataque de este sábado, la dirigente María Corina Machado era la principal baza de la oposición para el postchavismo. Sin embargo, Trump parece que ha cambiado de planes respecto de la polémica Premio Nobel de la Paz. Mientras Machado proclamaba en un comunicado que estaban listos para “tomar el poder”, el magnate republicano sugería que tiene otros nombres en la cabeza para la transición.

La caída de Maduro ha sido desde hace un año la gran apuesta del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. De padres cubanos, Rubio no ha escondido nunca su animadversión hacia los gobiernos de izquierdas en América Latina. Si el chavismo se desmorona en Venezuela, será un primer trofeo para un Rubio que tiene también en la mira a Nicaragua y, especialmente, a Cuba. A Trump, más pragmático, no le preocupan tanto esos países con escasos recursos naturales. Está más preocupado por un cambio político en Colombia, con elecciones a la vista en mayo. Nadie duda de que intervendrá de una u otra manera en ese proceso electoral a favor de los candidatos de la oposición. Aunque su mayor deseo sería ver al presidente Gustavo Petro fuera del gobierno antes de mayo.

"¿Está usted paranoico con Estados Unidos?" "No, de ninguna manera, yo sólo soy realista". En una entrevista concedida a la periodista Vicky Dávila en 2009, Hugo Chávez dejó sin palabras a la entonces reportera de Radio Cadena Nacional de Colombia (y hoy precandidata presidencial de la ultraderecha en su país) al responder sobre su presunta paranoia en relación con un hipotético ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El líder bolivariano hizo entonces un somero repaso de las intervenciones de la Casa Blanca en América Latina durante las últimas décadas: Guatemala, República Dominicana, Chile, Brasil, Panamá… Los bombardeos ordenados por Donald Trump contra instalaciones estratégicas en Venezuela y la detención ilegal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, constituyen la última de una larga lista de agresiones de Washington durante más de cien años de impunidad en una región a la que todavía considera su patio trasero.

Desde que el filibustero William Walker y su falange americana de Los Inmortales ocuparan Nicaragua en 1856, Estados Unidos no ha dejado de intervenir en una América Latina que, bien entrado el siglo XXI, continúa con las venas abiertas. Con su particular visión egocéntrica de su paso por la historia, Trump ha querido plasmar por escrito sus pretensiones sobre la región en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en diciembre. Su “corolario Trump” a la Doctrina Monroe, que avala intervenciones militares y apropiación de recursos naturales, ya se ha concretado en Venezuela. Han pasado algo más de cien años desde que otro mandatario belicista, Theodore Roosevelt, estampara su firma en otra enmienda de la doctrina. El “corolario Roosevelt” de 1904 supuso el comienzo de una larga época de agresiones militares, apoyos a golpes de Estado y estrategias de desestabilización de gobiernos democráticos al sur del río Bravo. Arrancaba la diplomacia del cañonero en la región.

Durante la primera mitad del siglo XX, diferentes gobiernos estadounidenses aplicaron esa política intervencionista en todos aquellos países que consideraban contrarios a sus intereses (y los de las empresas norteamericanas). De una u otra forma, pusieron su bota militar o sus dólares desestabilizadores en la Cuba de Batista o la Nicaragua de los Somoza (donde antes habían maniobrado para la caída del héroe popular Augusto César Sandino). Pero si hay un país que ha sufrido en su cogote el aliento permanente de Estados Unidos ha sido Haití, la nación más pobre del hemisferio occidental, sometido a los designios de Washington desde 1915.

En 1954 le tocó el turno a la democracia guatemalteca cuando su presidente progresista, Jacobo Arbenz, expropió las plantaciones de la empresa bananera estadounidense United Fruit Company. Arbenz, que había ganado las elecciones en 1950, se vio forzado al exilio y Washington impuso una junta militar. Desde entonces, las intervenciones directas o de apoyo a militares golpistas no han cesado. Al mismo tiempo, desde la Escuela de las Américas, una academia militar fundada a mediados de los años 40, se instruía a los futuros represores de varios países latinoamericanos.

Tras la llegada al poder de Fidel Castro en Cuba en 1959, todas las alarmas se encendieron en Washington. Los intentos por matar al líder de la Revolución cubana se cuentan por decenas. La frustrada invasión de los anticastristas en Playa Girón (Bahía de Cochinos) en abril de 1961, con apoyo estadounidense, supuso un nuevo punto de inflexión. Había que abortar cualquier otra tentativa revolucionaria en la región. Y de paso, frenar también todo proceso democrático de carácter popular. Las acciones sediciosas contra líderes progresistas se sucedieron. En 1963 cae derrocado Juan Bosch, presidente de la República Dominicana, y dos años después 40.000 marines invaden el país bajo las órdenes del presidente Lyndon Johnson, temeroso de que naciera una nueva Cuba en el Caribe.

Además de emprender operaciones armadas directas, Estados Unidos apoyó en los años 70 a las dictaduras centroamericanas que libraban combates con fuerzas guerrilleras revolucionarias. Así lo hizo en Nicaragua y El Salvador. Los sandinistas lograron derrocar a Anastasio Somoza en 1979 pero tuvieron que sufrir después una larga guerra de desgaste de la Contra, la milicia antisandinista financiada y entrenada por Washington. Esa guerra fue clave en la derrota del FSLN en las elecciones de 1990. Peor suerte correría el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). El apoyo de Ronald Reagan (1981-1989) al régimen salvadoreño fue definitivo para forzar a la guerrilla a unas negociaciones de paz.

La mano negra de Estados Unidos también estuvo presente, con mayor o menor énfasis, en los golpes militares que se sucedieron en Sudamérica a partir de los años 60. El presidente progresista brasileño João Goulart fue derrocado en 1964 por las fuerzas armadas con la complicidad de la Casa Blanca y de la compañía ITT Corporation, según documentos desclasificados en 2004 del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El golpe, dirigido por el general Humberto de Alencar Castelo Branco, derivó en una larga dictadura que se extendería hasta 1985.

La participación estadounidense en el golpe de Estado contra Salvador Allende fue todavía más explícita. No se puede entender la caída de Allende sin el concurso de la CIA. El presidente Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, no estaban dispuestos a que la experiencia socialista chilena por la vía de las urnas tuviera éxito. Promovieron y financiaron a la oposición antidemocrática, la patronal y los militares en sus continuos procesos de involución para debilitar al gobierno de la Unidad Popular. El 11 de septiembre de 1973 el general Augusto Pinochet consumaba una asonada militar que abriría la etapa más negra en la historia reciente de Chile, una dictadura feroz que duraría hasta 1990.

Washington cooperó con los golpistas argentinos que tomaron el poder por la fuerza en 1976, encabezados por el general Jorge Videla, e instauraron la dictadura más sangrienta de Sudamérica, con alrededor de 30.000 desaparecidos. Estados Unidos operaría también como el hilo conductor del tenebroso Plan Cóndor, la red creada a mediados de los años 70 por varios regímenes del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia) para secuestrar, torturar y asesinar a los disidentes antifascistas en esos países.

Con el paso de los años la injerencia estadounidense no disminuiría. En 1983 invadiría Granada con el argumento de frenar la influencia de Cuba y la Unión Soviética en la isla. Y en 1989 haría lo propio en Panamá: una invasión con unos 25.000 marines que dejaron cientos de muertos en las calles de la capital, bajo la excusa de detener a su presidente, Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico. La misma imputación que le ha servido ahora a Trump de pretexto para bombardear Venezuela y detener ilegalmente a Nicolás Maduro.

Hubo un tiempo en que la revolución bolivariana de Hugo Chávez disfrutaba de una comunión mágica con una mayoría del pueblo venezolano. El comandante proyectaba sobre los más pobres una imagen de mesías redentor, como ese Jesucristo armado con un Ak 47 que daba la bienvenida en un mural a la populosa barriada 23 de Enero en Caracas. Esa sintonía del chavismo con las clases populares fue apagándose tras la muerte de su ideólogo en 2013. Desde entonces, Nicolás Maduro, su sucesor, se ha encargado de dilapidar poco a poco el capital político acumulado y ha transformado una democracia popular en un régimen autocrático.

Tras varios años en la cuerda floja, con una oposición que le ganó las elecciones legislativas en 2015 y luego se echó al monte con las guarimbas (violentas protestas callejeras), Maduro logró sobrevivir con una buena dosis de represión para rearmarse electoralmente en los comicios regionales de 2021. Ante el desconcierto de una derecha enfrascada en disputas internas, el mandatario disfrutó incluso de un periodo de gracia internacional en 2022, cuando Estados Unidos, necesitado de petróleo tras el estallido de la guerra en Ucrania, se acercó a Caracas en son de paz. En paralelo y a trompicones, se desarrollaron varios procesos de diálogo con la oposición hasta que pudo concretarse una fecha para las elecciones presidenciales: julio de 2024. Esos comicios, de los que nunca se publicaron sus actas, marcarían un punto de inflexión en el devenir del régimen. La sombra del fraude acentuó su deriva autoritaria. Debilitado tras un cuarto de siglo en el poder, el chavismo conserva, no obstante, una sólida estructura institucional y territorial.

“Venezuela vive un momento de hastío hacia el chavismo”, explica a infoLibre desde Caracas Ociel López, sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela: “El Gobierno tiene mucha gente movilizada en armas pero poco apoyo popular por la forma en que Maduro se quitó su máscara. Sin embargo, la cotidianidad acá no ha cambiado con esta crisis. Trump puede decir lo que quiera, pero la gente ya se acostumbró y sigue con su vida. Más que en una invasión estadounidense, la gente piensa en las compras navideñas. En años anteriores sí era más crítica la situación, había más inquietud y mucha gente abandonó el país. Hoy no se vive con tanta zozobra”.

El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 puso en guardia al inquilino del Palacio de Miraflores. En su segundo mandato, el presidente estadounidense se ha ensimismado con América Latina, es decir, con los recursos naturales de una región en la que han desembarcado China y Rusia sin pedir permiso. En el puzle de Trump, Venezuela es la pieza principal, el laboratorio, su gran apuesta geoestratégica. Cuenta con la mayor reserva de petróleo del mundo, enormes yacimientos de gas y es rica en minerales y tierras raras. Un tesoro para la industria tecnológica y militar del país norteamericano. El despliegue de una potente flota en el Caribe, con miles de marines y el mayor portaaviones del mundo, no ha amilanado a Maduro. Como tampoco lo han hecho la recompensa de 50 millones de dólares que ofrece Washington por su cabeza al considerarlo narcoterrorista ni el asesinato de un centenar de personas en los bombardeos a una veintena de supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

La enésima amenaza de Trump pasa ahora por asfixiar económicamente al régimen con el bloqueo impuesto a los cargueros de petróleo sancionados. “Que nos devuelvan el petróleo que nos robaron”, se ha justificado Trump, una declaración que arroja luz sobre la verdadera motivación de su cerco al régimen bolivariano. La excusa de la lucha contra el narcotráfico quedó en evidencia hace unas semanas cuando indultó a uno de los mayores capos de la región: el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión.

Venezuela nacionalizó la industria petrolera en 1976 y creó la empresa estatal PDVSA. Con Chávez en el poder, se expropiaron los activos de las compañías estadounidenses Exxon Mobile y ConocoPhillips. El líder bolivariano aprovechó los altos precios del petróleo en la primera década del siglo para financiar los programas sociales que sacaron a millones de personas de la pobreza y, al mismo tiempo, expandir su ideario socialista por la región, con la Cuba de Fidel Castro como principal aliada. Pero la corrupción y la mala gestión administrativa abonaron el lento y progresivo derrumbe de la producción petrolera. Paradójicamente, hoy la única gran compañía extranjera presente en el país sudamericano es estadounidense: Chevron. La empresa opera junto a PDVSA gracias a una licencia del Departamento de Estado que la exime de las sanciones impuestas a Caracas.

Por más que los bloqueos de barcos petroleros dañen la economía venezolana, Maduro tiene las espaldas cubiertas. La producción de crudo, que llegó a caer a medio millón de barriles diarios en 2020, sobrepasa hoy el millón, y el régimen ha sabido sortear hasta ahora las sanciones impuestas por Washington con triangulaciones comerciales opacas, uso de buques con bandera de terceros países (la denominada flota fantasma) y otras triquiñuelas para vender su materia prima, con grandes descuentos, en diferentes puertos internacionales. El petróleo representa el 90% de sus ingresos del exterior. Su principal cliente es China, el país al que Estados Unidos quiere ver fuera del hemisferio occidental, como sugiere la Estrategia de Seguridad Nacional publicada a principios de diciembre.

“El anuncio del bloqueo a los barcos petroleros es un punto de quiebre en la crisis. Hay un replanteamiento, otra forma de abordar la situación, dejando a un lado la posibilidad de una transición y cercando a Maduro. No se le da salida ni a él ni a los militares. Esa estrategia, en realidad, fortalece la narrativa del Gobierno y su cohesión. Estados Unidos debería optar por una transición moderada”, sostiene López.

Trump tiene sobre la mesa varias opciones para derrocar a Maduro. Los halcones de la Casa Blanca (el secretario del Estado, Marco Rubio, y el titular de Guerra, Brian Hegseth) le susurran al oído desde hace tiempo que se lance a una intervención armada. No sería la primera vez que la Casa Blanca invade un país latinoamericano para tumbar a un gobernante. El ejemplo más reciente es el de Panamá en 1989. Manuel Antonio Noriega, antiguo colaborador de la CIA, fue depuesto y enviado a una prisión estadounidense tras un baño de sangre que costó la vida a cientos de panameños y dejó al país con un trauma del que todavía no se ha recuperado. George H. W. Bush ocupó Ciudad de Panamá con unos 25.000 hombres. Hoy Trump necesitaría un contingente mucho mayor de los 15.000 marines que ha movilizado en el Caribe. En cualquier caso, el ejemplo panameño no vale para Venezuela. Una invasión estaría destinada al fracaso con toda probabilidad por la propia idiosincrasia política, social y geográfica del país. El chavismo está mermado pero cuenta con la lealtad de las Fuerzas Armadas y con milicias populares en cada municipio.

Para López, las opciones militaristas al estilo de Panamá o los golpes quirúrgicos a instalaciones estratégicas, como en Irán, no darían el resultado deseado por Washington: “El chavismo se ha preparado desde siempre para este momento, tanto desde el punto de vista psicológico como militar. Cuenta con aliados internacionales y siempre tuvo claro que su enemigo era Estados Unidos. Es cierto que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar, pero el chavismo ha desarrollado muchas fortalezas internas. Puede que en algún momento haya remodelaciones políticas o militares que hagan salir del poder a Maduro pero, desde luego, no con los planteamientos actuales”.

En una eventual caída de Maduro, la dirigente opositora con más probabilidades de llegar al Palacio de Miraflores es María Corina Machado. La Premio Nobel de la Paz ha multiplicado su popularidad tras un año y medio en la clandestinidad. Machado, que huyó de Venezuela hace unas semanas para asistir a la entrega del galardón en Oslo, siempre fue la favorita de Washington para el postchavismo. George W. Bush ya apostó por ella en 2005 cuando en Venezuela la menospreciaban tanto Chávez (“águila no caza moscas”, le espetó en una sesión parlamentaria para evitar debatir con ella) como algunos líderes de la oposición. Fundó su propio partido –Vente Venezuela– en 2012 y tuvo que esperar hasta 2023 para hacerse con las riendas de una oposición en horas bajas, tras el fiasco que supuso la autodenominada presidencia interina de Juan Guaidó. Machado arrasó en las primarias y su figura fue creciendo hasta convertirse en la nueva bestia negra del chavismo.

Perteneciente a una de las principales familias de la vieja oligarquía venezolana, representa al sector más intransigente de la derecha. Su perfil ultraliberal y anticomunista la convierte en una suerte de dama de hierro latinoamericana, la Margaret Thatcher caribeña. Siempre ha defendido el derrocamiento del chavismo por vías violentas. Ya en abril de 2002 estampó su firma en el denominado “Decreto Carmona” durante el golpe de Estado perpetrado contra Chávez y revertido en 48 horas por la movilización popular. Machado no ha desaprovechado ocasión para mostrarse públicamente a favor de una intervención armada extranjera. En mayo de 2019 declaró a la BBC: “Sólo la amenaza inminente y severa del uso de la fuerza sacará a Maduro del poder”.

El país que ambiciona María Corina Machado está predefinido en un documento que ya fue presentado en las elecciones presidenciales de 2024 bajo el nombre de “Venezuela, tierra de gracia”. Sus planes pasan por privatizar todo el sector industrial del país atrayendo capitales extranjeros, principalmente estadounidenses. Es la misma land of grace con la que sueña cada noche Donald Trump.

Cuanto más avanza la extrema derecha a lo largo y ancho del planeta, más se acuerda la izquierda de la célebre frase de Gramsci sobre el surgimiento de los monstruos en los claroscuros de la Historia. Si los fantasmas del pasado aparecían a la brava y con charreteras, hoy se presentan trajeados y con el aval de las urnas. El espíritu de Pinochet regresa a La Moneda de la mano del ultraderechista José Antonio Kast, flamante presidente electo de Chile tras su arrollador triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El general golpista tomó el palacio presidencial de Santiago a bombazo limpio en 1973. Su admirador confeso y líder del Partido Republicano le seguirá los pasos en 2026 gracias a los votos de un electorado variopinto que reclama, ante todo, orden y estabilidad.

La victoria de Kast, un abogado de 59 años, estaba cantada desde la contundente performance de la derecha en la primera vuelta celebrada hace un mes. Las opciones de su rival, la exministra de Trabajo y militante del Partido Comunista Jeannette Jara (51 años, abogada), eran escasas. La derrota del oficialismo supone un golpe durísimo para la izquierda chilena. Kast se ha impuesto por una diferencia de 16 puntos (58,1% frente al 41,8%) y se convertirá en marzo de 2026 en el primer presidente de ultraderecha desde el retorno de la democracia en 1990. Es, además, el candidato más votado de este periodo (un récord que hasta ahora ostentaba el presidente saliente, el progresista Gabriel Boric), si bien en esta ocasión el sufragio era obligatorio por primera vez en unos comicios presidenciales.

Como era previsible, Kast ha sumado sus votos de la primera vuelta (24%) a los del también ultraderechista Johannes Kaiser y de Evelyn Matthei, la abanderada de la derecha tradicional de Chile Vamos. Entre todos superaron entonces el umbral del 50%. A Jara le quedaba sólo la esperanza de movilizar a los abstencionistas y ganarse la confianza de los votantes del populista Franco Parisi, tercero en discordia en la primera vuelta y gran revelación de esa contienda. Al frente del Partido de la Gente, una suerte de Movimiento 5 Estrellas a la chilena, Parisi obtuvo cerca del 20% de los votos. Pero ese caudal se ha dispersado entre Kast y Jara en la segunda vuelta.

“El caos o yo”, fue una de las frases más sonadas de la campaña de Kast. Sus promesas de mano dura contra la delincuencia y la migración irregular han calado en la mayoría de los chilenos. Pese a que el reforzamiento de la seguridad ciudadana y el control de las fronteras han permeado las políticas públicas del último tramo del mandato de Boric, el electorado parece confiar más en la derecha a la hora de aplicar esas recetas. La percepción de inseguridad de los ciudadanos está en cotas altísimas, si bien los datos oficiales de homicidios muestran que Chile está muy por debajo de los niveles de otros países latinoamericanos.

El líder del Partido Republicano ha moderado el tono de su discurso con el paso de los años. Su admiración por Augusto Pinochet (1973-1990) continúa, pero si en 2017 no tenía empacho en elogiar al dictador cada vez que tenía ocasión, en la reciente campaña electoral ha preferido no nombrarlo. Su pasado, sin embargo, lo delata. Kast será el único presidente en democracia que votó “sí” en el referéndum de 1988 sobre la continuidad del régimen. Su hermano Miguel Kast fue en plena dictadura ministro de Trabajo, presidente del Banco Central y uno de los arquitectos del modelo neoliberal que convirtió a Chile en uno de los países más desiguales de la OCDE. El presidente electo también ha evitado referirse durante la campaña al aborto y al matrimonio igualitario, dos asuntos sobre los que ha manifestado su rechazo en el pasado. Sus asesores han logrado instalar una agenda pública enfocada en la lucha contra la delincuencia, relacionando de manera infundada el aumento de la criminalidad con unos flujos migratorios en constante crecimiento.

El de José Antonio Kast será un gobierno de “emergencia”, según su programa político, centrado en tres prioridades: la seguridad ciudadana, el control migratorio y el crecimiento económico. Para combatir al crimen organizado, cuyos tentáculos se han expandido en Chile en los últimos años, se pondrá en marcha el denominado Plan Implacable, que, entre otras medidas, contempla la construcción de cárceles de máxima seguridad y un endurecimiento de las penas a los narcotraficantes. En cuanto a la migración, Kast amenaza con expulsar a aquellos extranjeros que se encuentren en situación irregular en el país (unas 330.000 personas). La tercera emergencia es el frenazo económico de Chile. El Estado es un saco sin fondo, piensa el líder ultraderechista, que ha anunciado un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares, aunque sin especificar dónde se aplicarían los recortes.

En tan sólo seis años, Chile ha pasado de vivir un estallido social que convocó a millones de personas en las calles contra 30 años de desigualdades al retorno al poder de los nostálgicos de la dictadura. La conversación pública se ha movido en ese lapso de tiempo de la ampliación de derechos (2019) al deseo de orden por encima de la justicia social (2025). 

El amplio rechazo en el referéndum de 2022 a una nueva Carta Magna con grandes avances sociales -propuesta por una Convención Constitucional muy alineada a la izquierda- torció el paso del Gobierno de Boric a los seis meses de su llegada al poder. La ultraderecha, jaleada por una marea internacional propicia, fue poco a poco ganando peso en las preferencias electorales. Mientras, la izquierda se fue sumiendo en la desilusión al ver frustradas sus expectativas de un cambio de modelo. Ese desencanto también ha pesado en la derrota de Jara, una candidata que trató de distanciarse sin éxito de un Gobierno en horas bajas. El resultado de las segunda vuelta de las presidenciales es casi un calco del que se produjo en aquel plebiscito de 2022 (62% en contra y 38% a favor).

La victoria de Kast reconfigura el mapa político en América Latina, cada vez más escorado a la ultraderecha. Milei (Argentina), Bukele (El Salvador), Noboa (Ecuador), Mulino (Panamá), Peña (Paraguay) y Jeri (Perú) son firmes aliados de Donald Trump en la región. A diferencia de lo que ocurrió recientemente en Argentina, en Chile ni siquiera ha hecho falta la injerencia explícita del presidente estadounidense para el éxito electoral de la ultraderecha. El Cono Sur será a partir de ahora territorio abonado para los deseos expansionistas de Washington.

Al contrario que Milei, Kast no es un outsider de la política. Miembro de la Unión Democrática Independiente (UDI) -la derecha tradicional chilena-, abandonó esa organización en 2016 por discrepancias con sus dirigentes, a los que reprochaba un alejamiento de los principios fundacionales del partido. En su primer intento por llegar a La Moneda -en 2017- cosechó algo menos del 8% de los votos. Cuatro años más tarde perdió en segunda vuelta ante un Boric que se vio favorecido por la movilización de los jóvenes y el voto femenino para frenar a la ultraderecha. En su tercer y definitivo intento, Kast ha mostrado un perfil institucional, más cercano a la italiana Giorgia Meloni que a Milei o al brasileño Jair Bolsonaro.

Como le ocurriera a Boric, Kast gobernará con mucho voto prestado (ambos multiplicaron su porcentaje entre la primera y la segunda vuelta) y un Congreso con mayoría opositora. Se da por descontado el apoyo de los conservadores de Chile Vamos. De hecho, es posible que muchos cuadros experimentados de ese espacio político ocupen cargos ministeriales. Pero Kast necesita además a los diputados de Parisi, el político de moda en Chile. Este economista de 58 años, cuyo lema de campaña era “ni facho ni comunacho” (ni fascista ni comunista), ha leído a la perfección el momento antipolítico que vive Chile tras años de alto voltaje social. El Partido de la Gente se benefició del voto obligatorio. Muchos abstencionistas del pasado, desideologizados y preocupados en su bienestar personal más que en el colectivo, votaron a Parisi, quien hace cuatro años ya rozó el 13% de los votos haciendo campaña a través de las redes sociales desde Estados Unidos mientras en Chile se le investigaba por no pagar la pensión alimenticia a sus hijos. A cualquier candidato de izquierdas, esa acusación le habría arruinado la carrera. Parisi, sin embargo, no ha dejado de crecer. Su éxito se explica por el cambio de época: la ruptura del eje izquierda-derecha, la cultura del emprendimiento individual y el consumismo popular, la irrupción de la política digital... ¿Será Parisi el próximo monstruo en habitar La Moneda dentro de cuatro años si remite el auge de la ultraderecha en Chile?

Paso a paso, Donald Trump estrecha el cerco contra Nicolás Maduro. La Operación Lanza del Sur planificada por Washington ha entrado en una nueva fase de consecuencias imprevisibles. El Departamento de Estado estadounidense ha incluido al denominado cartel de los Soles (de cuya existencia no hay pruebas) en la lista de organizaciones terroristas y ha situado al mandatario bolivariano al frente de la banda. La decisión, que abre la vía a una posible intervención armada en Venezuela para derrocar al régimen chavista, ha provocado estupor e indignación entre los principales dirigentes progresistas de América Latina.

"Yo no apoyo a Maduro; quiero una solución política y pacífica en Venezuela, pero no apoyo una invasión", publicó Gustavo Petro en la red X. El mandatario colombiano, a quien Trump también ha llegado a tildar de narcotraficante, ha sido uno de los líderes latinoamericanos más críticos con las injerencias de Washington en la región. En su opinión, las razones de Estados Unidos para derrocar al chavismo se resumen en una sola palabra: "petróleo". Venezuela atesora las mayores reservas de crudo del mundo, un tesoro anhelado por Washington desde hace tiempo, según Petro. Más diplomática, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, también ha abogado por una solución alejada del "intervencionismo": "Nosotros siempre vamos a estar a favor de la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de cualquier conflicto". Y Luiz Inácio Lula da Silva se ha mostrado "muy preocupado" ante la posibilidad de que estalle un conflicto armado en Venezuela, un país con el que Brasil comparte frontera: "Me preocupa mucho el aparato militar que Estados Unidos ha desplegado en el Mar Caribe. Y tengo la intención de hablar con el presidente Trump sobre esto", ha avanzado el mandatario brasileño.

Para Caracas, la declaración de Estados Unidos es tan sólo "una nueva patraña". Pero la preocupación en el Palacio de Miraflores es palpable. Maduro llamó el lunes a una nueva movilización de las bases chavistas, armadas por su Gobierno para defender al país de un hipotético ataque estadounidense: "Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles", se despachó el líder bolivariano. La capacidad militar estadounidense es abrumadoramente superior a la venezolana. El Comando Sur ha movilizado a unos 15.000 soldados en el Caribe, con base en Puerto Rico, y ha enviado una nutrida flota compuesta de cruceros, destructores y el mayor portaaviones del mundo, el USS Gerald R. Ford. Según la prensa norteamericana, se trata del mayor despliegue militar en el Caribe desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962. No obstante, una invasión terrestre supondría un gran desafío para cualquier ejército en una Venezuela que cuenta con milicias populares armadas en cada rincón del país.

La designación de Maduro como líder de una organización terrorista supone un salto cualitativo en la ofensiva de la Casa Blanca contra Venezuela. Previamente, Trump no dudó en ordenar ejecuciones extrajudiciales con el bombardeo de una veintena de supuestas narcolanchas en el Caribe. Más de ochenta personas han muerto ya en esos ataques desde septiembre sin que la Casa Blanca haya aportado pruebas concretas sobre la conexión de esas barcas con el crimen organizado. Como declaró la experta en temas de Defensa Sarah Harrison al medio The Intercept: "No hubo ningún ataque armado contra Estados Unidos que permitiera usar la fuerza en defensa propia". Y aclaró: "No existe un conflicto armado entre Estados Unidos y ningún cartel de ningún país latinoamericano. Una designación de terrorista extranjero de cualquiera de estos grupos no cambia eso; no autoriza la fuerza contra esos grupos".

Una solución pacífica a la crisis, sin embargo, todavía es posible. Trump lleva amagando con esa posibilidad desde hace semanas. La amenaza de una invasión o de acciones encubiertas de la CIA (como publicó la semana pasada The New York Times) se han alternado con los mensajes sobre posibles conversaciones entre Washington y Caracas. Según el portal Axios, esta opción sigue sobre la mesa en la Casa Blanca tras la calificación de Maduro como líder de una organización terrorista.

El primer paso para declarar al cartel de los Soles como grupo terrorista internacional lo dio el Departamento del Tesoro estadounidense en julio. Pero, curiosamente, la agencia antidrogas (DEA) no había considerado calificar a ese supuesto grupo narcotraficante como organización terrorista en su informe anual publicado en mayo. El Departamento de Estado tampoco lo incluyó en un informe realizado en febrero, en el que sí figuraban el Tren de Aragua o el cartel de Sinaloa. En el último Informe Mundial sobre las Drogas que elabora Naciones Unidas tampoco aparece mencionado el cartel de los Soles.

Petro ya había dejado por escrito hace tres meses su opinión al respecto: "El cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio. Le propuse a EEUU y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter".

En un reciente informe, InSight Crime –un centro de investigación y análisis sobre seguridad y crimen organizado en Latinoamérica– se refería al cartel de los Soles como "la denominación que se ha otorgado a un entramado de oficiales y facciones dentro del Estado venezolano, acusados de participar en una amplia gama de actividades criminales, incluyendo el contrabando de gasolina, la minería ilegal y el tráfico de drogas". Su historia se remonta a 1993 (seis años antes del ascenso de Hugo Chávez al poder). En aquel entonces, dos generales de la Guardia Nacional fueron investigados por narcotráfico. En lugar de estrellas, los oficiales portaban un sol como insignia en sus uniformes. La prensa hizo el resto. "Es una etiqueta inventada por periodistas venezolanos. No existe algo así como una reunión de la junta directiva del cartel de los Soles. La organización no existe como tal", ha explicado a The New York Times Phil Gunson, experto en Venezuela del International Crisis Group, un think tank de prevención de conflictos. Las conexiones de altos mandos de las Fuerzas Armadas y otros funcionarios gubernamentales con grupos del narcotráfico continuaron durante el chavismo, que en sus 25 años de existencia no ha sido ajeno a los casos de corrupción, tan recurrentes en Venezuela desde hace décadas.

Si el presidente James Monroe levantara la cabeza, seguramente esbozaría una sonrisa ante la portada del New York Post del pasado 8 de enero. Unos días antes de que arrancara el segundo mandato de Trump, el líder republicano ya había dado algunas pistas sobre sus planes para el hemisferio occidental. The Donroe doctrine, titulaba con grandes caracteres el tabloide neoyorquino. Un forzado juego de palabras que aludía a la "doctrina Monroe" de 1823, aquella que preconizaba el "América para los americanos", con mensaje explícito para las potencias europeas y que, en sucesivas versiones, justificaría el intervencionismo de Washington en la región. La visión de Trump para el hemisferio occidental se circunscribía en enero a su interés por el canal de Panamá, Groenlandia y Canadá (como estado 51º de la Unión).

En la portada del New York Post aparecía Trump con una varita y un mapa del continente americano recortado a la altura de Panamá. Hoy ese mapa se ha ampliado. Venezuela es una prioridad para un mandatario que busca controlar todo el hemisferio por razones tanto geoestratégicas como económicas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo expresó alto y claro la semana pasada: "El hemisferio occidental es el vecindario de América, y lo protegeremos". Una defensa que pasa por el apoyo decidido a sus discípulos ultraderechistas (el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele o el ecuatoriano Daniel Noboa) y el firme propósito de arrebatarle a China su posición comercial privilegiada en la zona.

El intervencionismo de Trump en América Latina es una realidad que marca diferencias con su primer mandato. Mientras mima a sus aliados (su respaldo financiero a Milei fue definitivo para que éste ganara las recientes elecciones legislativas de medio término en Argentina), se muestra muy beligerante con los líderes de izquierdas. A Lula da Silva le impuso aranceles del 50% como castigo por el juicio que el Tribunal Supremo iba a celebrar contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado finalmente por golpista. Y a Petro le ha cortado la ayuda económica que Estados Unidos suministraba a Colombia. En esa estrategia ha sido determinante el consejo de su secretario de Estado, el cubano-americano Marco Rubio, un halcón republicano obsesionado con un "vecindario" totalmente sumiso a los intereses de Washington.

Gabriel Boric llegó al Palacio de La Moneda hace casi cuatro años como un revulsivo político y generacional, un líder de 36 años surgido del combativo movimiento estudiantil que reivindicaba a Salvador Allende y prometía gobernar para los de abajo, aquellos que habían tomado las calles en el estallido social de 2019. Pero el entusiasmo se fue desvaneciendo a medida que la apuesta transformadora de Boric y el Frente Amplio iba perdiendo fuelle. En los últimos tiempos, la creciente percepción de inseguridad ciudadana y la desafección política han propiciado el auge de una extrema derecha que llega fortalecida a las elecciones presidenciales de este domingo. Sus dos referentes, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, se disputarán el pase a una probable segunda vuelta con la progresista Jeannette Jara, exministra de Trabajo, y la representante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei.  

El primer obstáculo con que se encontró el Gobierno de coalición progresista en 2022 fue su desventaja numérica en el Congreso. Boric tuvo que adaptarse pronto a la dinámica de los acuerdos con otras fuerzas políticas para aprobar algunas de sus iniciativas. Y con apenas seis meses de mandato, recibió un varapalo del que no se ha recuperado: el rechazo masivo en las urnas (62%) a la propuesta de una nueva Carta Magna (en sustitución de la promulgada en 1980 por el dictador Augusto Pinochet) elaborada por una Convención Constitucional que recogía algunas de las demandas de las protestas de 2019. Fue un jarro de agua fría para aquellos que pensaban que Chile se había vuelto de repente plenamente de izquierdas.

“El estallido social de 2019 fue un momento épico muy mal interpretado por la izquierda. No hubo un movimiento social como tal, sino demandas concretas de actores individuales y colectivos de distinta índole. Cuando se votó el mecanismo para habilitar una nueva Constitución, en realidad sólo se decantó a favor un tercio de la población. Es el tercio que hoy sigue apoyando a la izquierda”, explica a infoLibre Rossana Castiglioni, catedrática de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales de Chile. 

Si hay algo que define el mandato de Boric ha sido su pragmatismo. Esa moderación le ha permitido pactar algunas leyes de calado, como la reforma de las pensiones, una de sus grandes promesas de campaña, lastrada en su concepción original, ya que no suprimió del todo el sistema de capitalización privado, si bien mejoró las prestaciones a los jubilados de rentas más bajas. Además, se decretó una reducción progresiva de la jornada laboral de 45 a 40 horas hasta 2028, otro de los grandes momentos de un Gobierno progresista que aprobó un aumento considerable del salario mínimo, un impuesto a las grandes empresas mineras y el copago cero que permite la atención gratuita en la red pública de salud a las capas más vulnerables de la sociedad.

Frente a esos avances en justicia social, Boric tuvo que lidiar con algunas urgencias, como el estancamiento económico, y mostró su perfil más conservador en dos asuntos tan sensibles como la migración irregular y la seguridad. La presión de una ciudadanía atemorizada en exceso y la configuración parlamentaria adversa llevaron al Gobierno a reformular su agenda, priorizando leyes relacionadas con el combate a la criminalidad y creando un ministerio de Seguridad. Según un informe de la Fundación Chile21, el Ejecutivo de coalición progresista ha sido el que más legislación ha aprobado en esta materia (unas 70 normas) desde el retorno de la democracia en 1990. Pese a todo ese esfuerzo, el estudio concluye que el Gobierno no pudo revertir el problema de la inseguridad aunque sí evitó su recrudecimiento.

“Boric partió con una agenda de cambios estructurales en salud, seguridad social, política tributaria, etc., muy complejos de instrumentar. El Gobierno no supo elegir qué hacer primero y puso toda la carne en la parrilla, pero hubo un proceso de adaptación estratégica y la izquierda tuvo que darse una voltereta en el tema de seguridad, una agenda que siempre le incomoda y que, a día de hoy, es la principal preocupación de los chilenos”, sostiene Castiglioni. El cambio de timón del Gobierno habría llegado tarde para una sociedad que registra unas tasas de percepción de la inseguridad altísimas (un 87,5% cree que la delincuencia aumentó, según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana de 2024). Chile tiene una tasa de homicidios (6 por cada 100.000 habitantes) menor que muchos países de América Latina. No obstante, un 63% de los chilenos considera que el crimen y la violencia son los principales problemas del país, según un reciente sondeo de la consultora Ipsos.

Para Lisa Zanotti, investigadora en la Central European University y en la Universidad Diego Portales, el Gobierno de Boric partía con muy buenas premisas que no se cumplieron: “La gran crítica hacia el legado de Boric no es que no haya tratado de sacar adelante su agenda, sino que lo ha hecho mal. En su Gobierno no hubo curva de aprendizaje. La inexperiencia le llevó a cometer errores. Creo que se quedó corto no por voluntad propia sino por las circunstancias. Los números en el Congreso no le daban para mucho y el clima internacional es hostil a proyectos como el suyo. Lo más destacable de su gestión es haber logrado conectar con la izquierda moderada y lo más criticable, haber nombrado en puestos clave a personas sin experiencia en sus roles”, argumenta Zanotti en conversación con infoLibre.

Cuatro años después del triunfo electoral de Boric, el auge de la ultraderecha es una realidad en Chile. Pero, ¿cómo se ha producido ese viraje hacia el autoritarismo? Según un estudio reciente de la Fundación Nodo XXI (Del estallido al orden: Nuevo mapa político-cultural de Chile), casi seis de cada diez chilenos adultos se ubican en perfiles de orientación tradicionalista, con distintos grados de autoritarismo. La sociedad chilena no habría renunciado a la idea de transformación, de acuerdo al informe, sino que la habría redefinido “bajo el signo del orden” en un contexto en el que predominan el miedo, la incertidumbre y la frustración.

Zanotti, experta en el fenómeno de la extrema derecha, cree que el clima internacional de ascenso del populismo reaccionario también ayuda a impulsar este tipo de opciones políticas en Chile: “Kast proviene de la UDI (la Unión Demócrata Independiente), una derecha tradicional que se encuentra en una encrucijada. Hay mucho votante insatisfecho con esa derecha más moderada y se ha pasado a las filas del Partido Republicano (de Kast) por su posición en temas como la seguridad”. Para Castiglioni, la izquierda está sufriendo una suerte de tormenta perfecta: “Hay un rechazo al oficialismo y a todo lo que supuso la protesta social, un antiwokismo generalizado que abona el terreno para el ascenso de una derecha que ha sabido conectar mejor con los miedos de la gente en torno a la criminalidad o la migración”.

El orden público, el control migratorio y, en menor medida, la marcha de la economía, han sido los ejes centrales de la campaña electoral. La receta de la derecha ha sido unánime: mano dura contra la delincuencia y los migrantes, a quienes se asocia con la percepción de una mayor inseguridad. La implantación en Chile de bandas del narcotráfico (como la organización criminal venezolana Tren de Aragua) ha echado todavía más leña al fuego.

Jara (51 años) se ha visto arrastrada a esa discusión instalada por la ultraderecha en lugar de abordar asuntos como la vivienda, en los que la izquierda es más propositiva. Militante del Partido Comunista, se fue despegando progresivamente en la campaña tanto del Gobierno como de su propia organización. El anticomunismo está también al alza en Chile y, por contra, declararse partidario de Pinochet (como ha hecho Kaiser) ya no penaliza electoralmente.

Según las encuestas, Jara sería la candidata más votada este domingo (en torno a un 28%, lejos del umbral del 50% necesario para alcanzar la presidencia en primera vuelta), pero caería derrotada en la segunda vuelta (el 14 de diciembre) contra cualquiera de los candidatos derechistas, que sin duda unirán fuerzas. Kast (59 años) sería su más probable contrincante (supera el 20% en los sondeos). El líder del Partido Republicano ya no menciona a Pinochet en sus declaraciones, como sí lo hacía en las dos campañas electorales anteriores en las que salió derrotado, y ha tratado de mostrar su lado más institucional. A Kaiser (49 años), líder del Partido Nacional Libertario y clon chileno de Milei y Bolsonaro, le ha dado réditos su encarnizada apuesta por la batalla cultural. En las quinielas electorales aparece también Matthei (72 años), la representante de la derecha tradicional (Chile Vamos). Para tratar de ganar adeptos, no ha dudado en adueñarse de la narrativa de la ultraderecha: “Cárcel o cementerio” para el crimen organizado, llegó a proponer en el último debate electoral. El resultado de los comicios estará condicionado por el voto obligatorio, una novedad que movilizará a antiguos abstencionistas. 

La ley chilena prohíbe la reelección presidencial inmediata. En el pasado, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera se alternaron en el poder durante 16 años. El futuro político de Gabriel Boric es todavía un enigma. Pese a los vaivenes de su mandato, llega a la recta final con una aprobación del 30%, superior a la de su Gobierno. Ha ganado con el tiempo en estatura política y capacidad de construir alianzas, condiciones esenciales para liderar el espacio progresista dentro de cuatro años. Pero ese plazo en política es una eternidad.

Si finalmente la ultraderecha aterriza en La Moneda en marzo de 2026, Chile ampliaría el abanico de gobiernos reaccionarios en América Latina y reforzaría el Cono Sur junto a la Argentina de Javier Milei. A ellos se unen el salvadoreño Nayib Bukele (el mandatario con mayor aceptación entre los chilenos) y el ecuatoriano Daniel Noboa. En la acera opuesta, México, Colombia y Brasil conforman la columna vertebral del progresismo en la región. Las elecciones presidenciales del año que viene en Colombia y Brasil serán determinantes para comprobar de qué lado se inclina la balanza. En México, Claudia Sheinbaum tiene todavía por delante cinco años de mandato y el calor de la mayoría. Gustavo Petro y Lula da Silva, por su parte, son dos líderes carismáticos en la línea de salida por distintas razones. Petro no puede presentarse a la reelección (está prohibida desde 2015) y Lula, que sí lo hará, acaba de cumplir 80 años. El uribismo y el bolsonarismo están al acecho. Y todo bajo la atenta mirada de Donald Trump.

Planteadas como un plebiscito sobre la gestión de Javier Milei, las elecciones legislativas de medio término celebradas este domingo en Argentina han arrojado un veredicto rotundo: el mandatario ultraderechista ha salido fortalecido de forma inesperada (40% de los votos) pese a la grave crisis económica que sufre el país y los casos de corrupción que salpican a su Gobierno. El triunfo de su partido, La Libertad Avanza, se explica, principalmente, por dos factores: el intervencionismo de Donald Trump con un rescate financiero en plena campaña electoral y la pujanza del sentimiento antiperonista que anida en amplios sectores de la sociedad argentina y que hoy abandera Milei.

La estrategia del mandatario ultraliberal de polarizar con el peronismo (y específicamente con su versión kirchnerista) le ha dado buenos resultados (se impuso en 16 de las 24 provincias argentinas). La Libertad Avanza, un partido surgido hace apenas unos años, ha fagocitado a la derecha tradicional del expresidente Mauricio Macri (su partido, el PRO, se presentaba en coalición con el de Milei en algunas provincias o simplemente como muleta de apoyo a la ultraderecha en el resto). Cuando el antiperonismo logra esa unidad de acción suele ser imbatible. Es un voto, ante todo, emocional que otorga una victoria casi automática incluso a personajes tan atrabiliarios e histriónicos como Javier Milei. De otro modo, no se entiende que su partido le haya ganado al peronismo por unas décimas incluso en el bastión kirchnerista de la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país (37% del padrón electoral) y donde perdió por goleada hace apenas un mes y medio en las elecciones locales. La ultraderecha había presentado como candidato en esa decisiva provincia al economista José Luis Espert, quien tuvo que renunciar a última hora por sus vínculos con el narcotráfico. Su imagen figuraba todavía en las papeletas pero eso no impidió que una mayoría apostara por La Libertad Avanza.

El peronismo esperaba que el creciente malestar social se trasladara a las urnas como un castigo al Gobierno. Con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en prisión domiciliaria por una condena de corrupción, la principal figura del movimiento es Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y cuyo liderazgo queda ahora cuestionado por haber desdoblado las elecciones nacionales y las provinciales (en las que vapuleó a la ultraderecha por casi 14 puntos de diferencia en septiembre). Cristina Kirchner no se lo perdonará. Su olfato político le decía que ese desdoblamiento, y la eventual derrota del oficialismo en primera instancia, despertaría la pulsión antiperonista, como así ha sucedido.

La elevada abstención (votó sólo el 68% del padrón) también ha influido en el resultado, así como el hecho de que el peronismo no haya sido capaz de articular listas de unidad en todas las provincias. La suma de las diferentes corrientes peronistas no alcanza siquiera el 35% de los votos. Las elecciones renovaban la mitad de los diputados del Congreso y un tercio del Senado. La nueva composición le otorga al oficialismo y sus aliados del PRO una mayoría suficiente para vetar las leyes impulsadas por la oposición. 

El mandatario argentino llegaba a estos comicios con la lengua fuera, asfixiado por una crisis cambiaria que sólo se ha logrado contener tras el rescate in extremis ofrecido por Donald Trump. Una ayuda que el presidente estadounidense condicionó a que Milei ganara las elecciones pero que, en la práctica, ya había desplegado. En un hecho inédito, el Tesoro estadounidense intervino durante varios días en el mercado financiero argentino con varios cientos de millones de dólares para que no se desplomara el peso.

Antes de las elecciones se daba casi por descontado que Milei se vería obligado a cambiar el rumbo de su política económica y guardar su motosierra en un cajón de su despacho. Una política que ha logrado reducir sensiblemente la inflación (de más del 200% a un 30%, aproximadamente) a costa de grandes sacrificios sociales. En menos de dos años se han perdido más de 250.000 empleos y han echado el cierre cerca de 20.000 empresas, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Ahora, el rugido del león probablemente acallará a sus detractores. Cuenta Milei con el respaldo de las urnas y con la tutela de Washington, que seguirá abriendo la chequera para apuntalar a su principal aliado en América Latina. Le quedan dos años de mandato en los que se sentirá con las manos libres para dar continuidad a su agenda “libertaria”.

Trump salió al rescate de Argentina en plena campaña electoral con un anuncio de salvamento financiero que ronda los 40.000 millones de dólares (20.000 millones en un intercambio de monedas y otro tanto en préstamos gestionados por la banca privada). El peronismo ha denunciado que el apoyo de Trump implica una intervención del país en toda regla. No se conocen los detalles del acuerdo entre el mandatario estadounidense y Milei pero sí una condición sine qua non que ha puesto Washington encima de la mesa: la salida de China de Argentina. Pekín, con creciente presencia en América Latina, tiene inversiones millonarias en sectores estratégicos (minería, energía, tierras raras...), en los que Estados Unidos quiere ser ahora socio prioritario.

Otra de las condiciones impuestas por Washington para apoyar a Milei pasa por la gobernabilidad del país. El mandatario no ha sabido hilvanar alianzas políticas con los sectores más dialoguistas de la oposición. La Casa Blanca quiere que esa situación cambie para dotar de estabilidad política al Gobierno argentino. En los dos años de mandato que tiene Milei por delante pretende aprobar al menos tres grandes reformas -tributaria, laboral y jubilatoria- que abundarán en su esquema de recortes sociales y beneficios para las clases privilegiadas. Para ello, tendrá que contar con el concurso de los diputados de Macri y otras fuerzas que no respondan al peronismo.

Milei tenía previsto antes de las elecciones remodelar su gabinete esta misma semana. Los acontecimientos, sin embargo, se precipitaron y dos pesos pesados de su Gobierno —el canciller, Guillermo Werthein, y el ministro de Justicia, Mario Cúneo Libarona— renunciaron la semana pasada por motivos diversos. Además, varios ministros integrados en las listas electorales de las legislativas también abandonarán el Ejecutivo. De las urnas sale también fortalecida Karina Milei, la todopoderosa hermana del mandatario, apodada El Jefe. Su activa participación en los entresijos de la campaña electoral refuerza su posición en la Casa Rosada. Ya nadie parece acordarse de que hace tan sólo un par de meses fue acusada por un estrecho colaborador de Milei de estar implicada en un red de corrupción en la compra de medicamentos.

El principal desafío de Milei pasa por atajar la crisis económica estructural de Argentina, agravada durante sus dos años de mandato. La reducción de la inflación -su gran logro- se ha visto opacada por los ajustes draconianos en el gasto público (con especial incidencia en la sanidad, la educación y las pensiones), la masiva ola de despidos y un continuo endeudamiento. El 60% de los argentinos declara que tiene problemas para llegar a fin de mes, según las encuestas.

Argentina entra a partir de ahora en una etapa política incierta. Nada le asegura a Milei que los dólares de Trump vayan a resolver la crisis cambiaria que ya se ha tragado varios miles de millones de dólares y que no pudo frenar ni siquiera un préstamo previo del Fondo Monetario Internacional de 20.000 millones. El líder ultraderechista se jacta de que, con el respaldo de Estados Unidos, Argentina “será como España dentro de diez años y como Alemania dentro de veinte”. No hay argentino que no piense que su país debería estar más cerca de Canadá que de Paraguay en términos de prosperidad pero la Historia se empeña en negarles esa posibilidad una y otra vez. La corrupción y el nepotismo se han convertido, para su desgracia, en señas de identidad de su clase política. Javier Milei arrasó en los comicios presidenciales de hace dos años con el engañoso argumentario del populismo reaccionario. Un mesías irreverente prometía el fin de la vieja política y una revolución liberal en la economía para cuya ejecución tan sólo precisaba de una motosierra. Esa ilusión sigue viva en Argentina. Y el antiperonismo también.

La suerte está echada para Jair Bolsonaro. El Tribunal Supremo de Brasil inició este martes un juicio que marcará un antes y un después para la democracia en todo el continente americano. El expresidente ultraderechista (2019-2022) se enfrenta a una condena de más de 40 años de cárcel. Está acusado de encabezar una conspiración con un grupo de militares y exministros en enero de 2023 para derrocar a Luiz Inácio Lula da Silva, que acababa de iniciar su tercer mandato presidencial. Es la primera vez que se juzga en Brasil a un exmandatario y a altos mandos del Ejército por un intento de golpe de Estado.

La sede del Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, uno de los edificios asaltados por la turba bolsonarista en 2023, se ha blindado para las sesiones de un juicio histórico que se prolongará hasta el 12 de septiembre. El caso trasciende la política brasileña. Donald Trump se ha posicionado a favor de Bolsonaro sometiendo a Lula a todo tipo de presiones. El presidente estadounidense ha anunciado recientemente un aumento desorbitado de aranceles a Brasil (un 50%) y ha aprobado sanciones contra el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes y varios magistrados más.

Desde la Casa Blanca se sigue con mucho interés el caso. Trump ha puesto toda la carne en el asador para defender a un aliado estratégico en Sudamérica. “Es una caza de brujas”, ha comentado el líder republicano, quien salió absuelto en el juicio político que le abrió el Senado por su presunta implicación en el ataque al Capitolio de sus seguidores en enero de 2021. El proceso judicial está en pausa y más de 1.500 condenados por esos hechos, que causaron cinco muertos y varios heridos, han recibido este año el indulto presidencial.

A pocas semanas de cumplir 80 años y con expectativas electorales en 2026, Lula no se ha amilanado ante la ofensiva diplomática y comercial de Trump. Su defensa de los intereses nacionales ante una nueva injerencia gringa en la región le están dando réditos, según un sondeo realizado en agosto por la consultora Pulso Brasil/Inespe.

El exsindicalista y líder del Partido de los Trabajadores (PT) es, de acuerdo a varias encuestas, el candidato con más posibilidades de ganar las elecciones presidenciales en octubre del año que viene. Más allá de la sentencia que recaiga sobre Bolsonaro, su juicio es ya una lección de Brasil sobre cómo frenar el avance del populismo reaccionario en todo el mundo. La fórmula radica en la independencia judicial y la determinación política frente a las presiones internas y externas. El proceso judicial envía también un mensaje palmario a Estados Unidos sobre cómo someter legalmente a los líderes autoritarios.

Bolsonaro, excapitán del ejército de 70 años, se encuentra en prisión domiciliaria en su casa de Brasilia desde mediados de julio. La justicia le impuso una tobillera electrónica al considerar que había riesgo de fuga tras sus fallidas gestiones para solicitar asilo político en la Argentina de su correligionario Javier Milei. Otros siete imputados (exmilitares y exministros) que conformaban la trama serán juzgados junto a Bolsonaro. Los más destacados son el general retirado Walter Braga Netto, ex ministro de Defensa y de la Casa Civil, y el exalmirante y exjefe de la Marina Almier Garnier Santos. El resto de participantes en la involución (alrededor de una treintena) pasarán por el banquillo más adelante.

Bolsonaro está acusado de cinco delitos, entre ellos el de intento de golpe de Estado, pertenencia a una organización criminal y abolición violenta del Estado democrático. En la denuncia interpuesta por la Fiscalía General de la República hace unos meses ha tenido un peso determinante la confesión del secretario personal de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, quien también se sienta en el banquillo de los acusados, aunque su pena podría verse reducida por haber colaborado con los investigadores.

El 8 de enero de 2023, una semana después de que Lula asumiera la presidencia, miles de seguidores bolsonaristas asaltaron la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, donde se encuentran el Tribunal Supremo, el Congreso y el Palacio del Planalto, sede de la presidencia. Previamente, Bolsonaro habría diseñado junto al grupo de militares afines el plan maestro para revertir el resultado de las elecciones, en las que Lula se impuso al exmilitar por un estrecho margen de votos en segunda vuelta.

La conspiración involucionista había comenzado en julio de 2022, tres meses antes de las elecciones. La policía halló en la casa de Mauro Cid un vídeo de una reunión celebrada en esas fechas en el Palacio del Planalto en la que se perfilaban ya los detalles del golpe. En diciembre de ese año, con Lula ya como presidente electo, Bolsonaro convocó a los jefes de las Fuerzas Armadas para exponerles el plan de ruptura constitucional. Sólo el almirante Garnier dio el visto bueno, de acuerdo con la confesión de Cid. Los conspiradores tenían previsto asesinar al propio Lula; a su vicepresidente, Gerardo Alckmin, y al juez De Moraes. La estrategia fracasó porque la cúpula de las Fuerzas Armadas no apoyó a Bolsonaro y sus secuaces.

La previsible condena a Bolsonaro ha abierto un intenso debate en el seno de la extrema derecha brasileña sobre quién podría suceder a su hasta ahora incuestionable caudillo. El expresidente está inhabilitado para asumir un cargo público hasta 2030 por un caso de abuso de poder. La justicia lo condenó por sembrar dudas sobre el sistema de urnas electrónicas ante el cuerpo diplomático acreditado en Brasilia semanas antes de las elecciones de 2022. Pero Bolsonaro mantenía hasta hace poco la esperanza de que alguno de sus hijos o incluso su esposa, Michelle, le sucedieran como candidato en las elecciones de 2026. Esa posibilidad se está diluyendo ahora. Eduardo Bolsonaro, diputado nacional e instalado en Estados Unidos, desde donde ejerce como lobista para impulsar sanciones de la Casa Blanca contra el Gobierno de Lula, ya es visto por una mayoría de los brasileños como un traidor a la patria.

Con una condena firme, Bolsonaro tendría que renunciar a las aspiraciones presidenciales de los miembros de su saga familiar y ceder el liderazgo a alguno de los dirigentes de la derecha populista con más tirón electoral. Todas las miradas apuntan hacia uno de sus principales discípulos, Tarcísio de Freitas, gobernador del estado de São Paulo, el más poblado del país. Tanto De Freitas como el resto de gobernadores derechistas con aspiraciones presidenciales ya han sugerido que indultarían a Bolsonaro de manera inmediata si logran derrotar a Lula en las urnas.

Javier Milei recibió la banda presidencial en diciembre de 2023 presentándose como el adalid contra la corrupción sistémica en Argentina. Pero ese relato se desmorona. La divulgación de unos audios sobre supuestos sobornos cobrados por su hermana Karina, segunda en la línea de mando en la Casa Rosada, ha conmocionado a una sociedad que sufre desde hace un año y medio los desmesurados ajustes de su motosierra. Ese escándalo tiene ya reflejo en las encuestas y en la calle. La popularidad del mandatario ultraderechista camina cuesta abajo y ya no puede presumir de pasearse por el país entre vítores y palmas. Su caravana electoral fue recibida esta semana a pedradas en una localidad próxima a Buenos Aires, en vísperas de varias citas decisivas en las urnas.

En los audios divulgados hace unos días por el canal Carnaval stream se oye, presuntamente, la voz de Diego Spagnuolo —amigo íntimo, exabogado de Milei y hasta hace unos días responsable de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)—, quien acusa de haber recibido sobornos millonarios a Karina Milei y a su mano derecha en la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo Lule Menem. Además, estaría también implicado Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y primo segundo de Eduardo.

La gravedad del escándalo se multiplica por el hecho de que los supuestos sobornos se obtenían a partir de los fondos destinados a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Supone, además, la resurrección en el farragoso mundo de la corrupción de un apellido (Menem) asociado históricamente a la malversación pública. Martín Menem es sobrino de Carlos Menem (presidente del país entre 1989 y 1999, fallecido en 2021 e implicado en varios casos de corrupción). “Son genéticamente voraces”, dijo de ellos Alejandro Fantino, uno de los comunicadores más populares de Argentina, alineado con Milei, a quien lanzó al estrellato como tertuliano de televisión hace una década.

El escándalo de los sobreprecios a los medicamentos de los discapacitados, ya en manos de la justicia, no es el único que ha afectado a Milei este año. En febrero se vio envuelto en un turbio asunto al promocionar en sus redes sociales una criptomoneda llamada $Libra que acabó desplomándose tras dispararse durante unos minutos, el tiempo suficiente para enriquecer a unos pocos y arruinar a miles.

Pero la relevancia política y social de este nuevo caso es mucho mayor. La motosierra de Milei ha apuntado sus dientes hacia los colectivos más vulnerables, entre ellos los discapacitados. Mientras Spagnuolo se quejaba de los supuestos trapicheos de Karina Milei y los Menem, ejecutaba desde la ANDIS un plan draconiano de suspensión de pensiones. La Casa Rosada tiene previsto retirar las ayudas a casi medio millón de beneficiarios (de los 1,2 millones actuales). Cientos de damnificados se agolpan estos días en las oficinas públicas para preguntar por qué han dejado de percibir, repentinamente y sin notificación previa, su ya raquítica ayuda (280.000 pesos, unos 240 euros).

En el presunto mecanismo de corrupción, los laboratorios de medicamentos habrían destinado un 8% de comisión (un 3% para Karina y el resto para los demás miembros de la trama) a través de la comercializadora farmacéutica Suizo-Argentina, una empresa que aumentó su facturación más de un 2.600% en el último año y cuyos dueños están ahora en la mira de la justicia. El monto defraudado, siempre según el relato de Spagnuolo, ascendía a entre 500.000 y 800.000 dólares al mes.

El exresponsable de ANDIS asegura en esos audios, filtrados por un interlocutor sin permiso previo aparente, que alertó hace tiempo al presidente del entramado de corrupción. Tras varios días en silencio y con el escándalo en boca de todos, Milei negó el miércoles las acusaciones de su antiguo amigo, al que acaba de cesar: “Todo lo que dice (Spagnuolo) es mentira. Lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió”.

Milei ha preferido cortarle la cabeza al mensajero porque Karina es intocable. Por algo la llaman El Jefe, así, en masculino. Es mucho más que una hermana. Es su consejera áulica, una muleta irreemplazable del mandatario, la médium a través de la cual él dice hablar con su perro Conan, fallecido hace años, la persona que hace y deshace a su antojo en la corte libertaria. Sin experiencia política previa, fue una pieza clave para la victoria electoral de Javier Milei en 2023. En los audios, Spagnuolo no tiene piedad con ella: “Karina es una mina que hacía tortas, tiraba las cartas y hoy maneja todo esto, ¿cómo hacés?”.

La primera declaración pública de Milei sobre el caso se produjo durante su fallido recorrido por Lomas de Zamora, la localidad bonaerense, donde su caravana fue apedreada por un grupo de personas que protestaba por la carestía de la vida y los casos de corrupción. Se trata de una localidad del conurbano bonaerense muy castigada por la política de ajustes de Milei, que se ha cebado con las capas más desfavorecidas de la sociedad. El acto electoral que se iba a celebrar en la plaza del municipio fue cancelado y Milei y sus colaboradores fueron rápidamente evacuados del lugar por el equipo de seguridad. La escena refleja el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Para Milei, todo ha sido orquestado por el kirchnerismo, su némesis a la que siempre recurre para justificar sus acciones.

La popularidad del presidente argentino ha ido a la baja desde que estalló el escándalo. Según la consultora Tres Punto Zero (la primera que ha realizado mediciones tras la divulgación de los audios), su imagen positiva es del 39,8%, mientras que hace tan solo dos meses rondaba el 50%. Por delante de Milei aparecen Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y principal activo del peronismo (43,8%), y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (41,8%), recluida en prisión domiciliaria desde hace dos meses y medio por una condena por corrupción calificada por el kirchnerismo como un caso de lawfare.

La caída en su popularidad llega en el peor momento para Milei. El 7 de septiembre se celebran elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y el 26 de octubre será el turno de los comicios legislativos nacionales de medio término, con la renovación parcial del Congreso. La primera cita cobra ahora relevancia para medir la fuerza electoral con que cuenta el mandatario en la provincia más populosa del país, con cerca del 40% del padrón electoral. Los sondeos para esos comicios sitúan a la coalición peronista Fuerza Patria y a mileísta La Libertad Avanza en un empate técnico. El partido de Milei ha absorbido a la derecha tradicional del PRO (Propuesta Republicana), la formación del expresidente Mauricio Macri (2015-2019). Por su parte, el peronismo se encuentra todavía en un periodo de recomposición tras la debacle electoral de 2023.

Pero la gran batalla electoral se librará en las legislativas nacionales de octubre. La Libertad Avanza es hoy una fuerza minoritaria en un Congreso que últimamente rechaza casi todas las propuestas del oficialismo. Milei necesita una victoria clara para sacar adelante su agenda en los dos últimos años de su mandato. No lo tendrá fácil. El plan económico del Gobierno no acaba de cuajar. Se ha logrado reducir drásticamente la inflación (del 211% al 36%), pero a costa de un continuo endeudamiento, la paralización de la obra pública, la congelación salarial y el recorte de las pensiones. El consumo se ha estancado y a seis de cada diez argentinos les cuesta llegar a fin de mes, según una encuesta reciente de la consultora Zuban Córdoba y Asociados.

A Milei se le agota el relato, pero cuenta todavía con el respaldo de las élites económicas y los grandes medios de comunicación. De momento, no le soltarán la mano. Como tampoco lo han hecho el Fondo Monetario Internacional (le ha concedido un préstamo de 20.000 millones de dólares) y su amigo Donald Trump, su padrino ideológico. A su favor juega, además, el hecho de haberse erigido en el nuevo abanderado del antiperonismo, un sentimiento que une a la mitad de los argentinos.

“Nunca un papa me había besado”. Las palabras de Cristina Fernández de Kirchner aquel 18 de marzo de 2013, durante su primer encuentro con Francisco en el Vaticano, dejaban atrás años de diferencias entre la presidenta argentina y Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires desde finales de los años 90. Mientras se intercambiaban los regalos protocolarios, Kirchner le acercó la mano al pontífice en señal de afecto y enseguida se la retiró. “¡Ay, no puedo tocar! ¿Puedo tocar?”, balbuceó con gesto infantil. “Sí, puede”, le contestó sonriendo Francisco. Y acto seguido le dio un beso en la mejilla para romper el hielo. Tanta cortesía contrastaba con un pasado, entonces muy reciente, de desencuentros constantes entre el arzobispo Bergoglio, de formación jesuita, y un kirchnerismo que disfrutaba de la hegemonía política en Argentina. Poco a poco, ese Bergoglio conservador se iría transformando en un Francisco dedicado a abrir las ventanas en el Vaticano y a situar el humanismo como piedra angular de su papado.

Cuando recibió a Kirchner en el Vaticano tan sólo habían pasado cinco días desde que Jorge Mario Bergoglio (Buenos Aires, 17 de diciembre de 1936-Ciudad del Vaticano, 21 de abril de 2025) había sido ungido obispo de Roma. Las relaciones entre la presidenta argentina y el arzobispo de Buenos Aires no eran precisamente cordiales. Hasta el punto de que ambos recordaron nada más verse en el Vaticano que se debían una reunión desde hacía mucho tiempo. Un tiempo en el que Bergoglio criticaba ferozmente en sus homilías algunas de las iniciativas progresistas de Néstor Kircher (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), como la ley del matrimonio homosexual. Tildado como “obispo de derechas” por el kirchnerismo, Bergoglio se ganó, sin embargo, el favor de algunos curas villeros de los barrios marginales de la capital (las villas miseria) por su preocupación por los sectores más desfavorecidos de la población.

La llegada de Bergoglio al Vaticano apaciguó los ánimos. Cristina enterró enseguida el hacha de guerra. Francisco era ahora un jefe de Estado y el máximo exponente de la Iglesia católica. La mandataria no tardó en acallar las voces más críticas del kirchnerismo con Bergoglio. Y el papa le correspondió con un giro también copernicano en su relación con la líder indiscutible del peronismo. “Cuiden a Cristina”, llegó a decir en alguna ocasión. Pero esos gestos diplomáticos iniciales no impidieron que años más tarde el papa recordara cómo el kirchnerismo quiso “cortarle la cabeza” cuando estaba al frente del arzobispado de Buenos Aires. Fue en el transcurso de una conversación con un grupo de jesuitas húngaros, publicada en 2023 por la revista jesuita italiana La Civiltá Cattolica.

Bergoglio había sido acusado por el periodista Horacio Verbitsky (kirchnerista y ex montonero) de haber delatado a dos sacerdotes jesuitas, Orlando Yorio y Ferenc Jálics (éste último de origen húngaro) durante la dictadura (1976-1983). Los militares argentinos los relacionaban con la guerrilla montonera. A finales de 2010 declaró ante los jueces que investigaban los denominados “vuelos de la muerte” y se defendió alegando que él intercedió por los sacerdotes ante la junta militar. “Algunos en el Gobierno querían cortarme la cabeza (…) Pusieron en duda todo mi modo de actuar durante la dictadura”, dijo Francisco en esa charla con los sacerdotes húngaros reproducida por La Civiltá Cattolica con la aquiescencia del Vaticano.

Los reproches por el pasado conservador de Bergoglio desde las tribunas de izquierda fueron desapareciendo con el paso del tiempo. Francisco sufría en Roma el embate de otros enemigos: los sectores más reaccionarios de una Iglesia renuente a los cambios que proponía un papa que priorizaba los viajes a la periferia y hacía gala de un continuo acercamiento a los pobres. Un pontífice que se apartaba de los moldes retrógrados tan al uso en el Vaticano.

En una de sus últimas decisiones, Francisco ordenó la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana, organización ultracatólica peruana denunciada por abusos sexuales cometidos por algunos de sus responsables, entre ellos su fundador, Luis Fernando Figari, expulsado por el papa en agosto de 2024. El Sodalicio fue reconocida como comunidad religiosa por el papa Juan Pablo II en 1997. Fundada en Perú en 1971, se expandió por una veintena de países y llegó a contar con 20.000 miembros. Exponente de los valores conservadores, su influencia política y económica en el país sudamericano ha sido notable en las últimas décadas.

Previamente, en agosto de 2022, Francisco había tomado otra decisión de calado: obligar al todopoderoso Opus Dei a reestructurarse y a rendir cuentas anualmente ante la Congregación del Clero. La Obra dejaba así de hacer y deshacer a su antojo y veía limitada su influencia y su poder. Bergoglio degradó también la jerarquía del máximo representante del Opus, que no podría ya ostentar el cargo de obispo. Uno de los casos relacionados con esta institución que más le impactó a Francisco fue la denuncia de 42 mujeres de Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay contra el Opus Dei por delitos de abuso de poder y explotación.

Otras organizaciones ultraconservadoras, como Comunión y Liberación o los Heraldos del Evangelio, también estuvieron en la mira de Francisco. Una de sus prioridades durante su papado fue denunciar y combatir los casos de abusos sexuales en la Iglesia, en los que estaban involucrados algunas de esas instituciones ultracatólicas.

El papa latinoamericano

El papa del fin del mundo, como se presentó Francisco en sociedad, aquel hijo de migrantes italianos que iba para médico, nunca viajaría a ese fin del mundo del que provenía: Argentina. La grieta política en el país (entre kirchnerismo y antikirchnerismo) fue en parte responsable de esa ausencia. Pero Bergoglio sí quiso prestarle atención a Latinoamérica. Viajó a Brasil (2013), Ecuador, Bolivia y Paraguay (2015), Cuba (2015), México (2016), Colombia (2017), Chile y Perú (2018) y Panamá (2019). A la selva amazónica le dedicó una exhortación apostólica, Querida Amazonia, publicada en 2020 tras el Sínodo de los Obispos para la región panamazónica.

La presencia de los papas en América Latina ha sido una constante desde hace varias décadas y se ha debido, principalmente, a la progresiva pérdida de influencia de la Iglesia católica en la región. El avance de los cultos evangélicos ha sido imparable desde los años 80. El número de fieles se ha duplicado y hasta triplicado desde entonces en algunos países y representa casi la misma proporción de población que el catolicismo en países como Honduras o Guatemala, según datos del Latinobarómetro de 2018. Aunque casi la mitad de todos los católicos del mundo se encuentran en América, la identificación con el catolicismo ha ido trazando una curva descendente entre 1995 (80%) y 2018 (59%). En contraposición, las iglesias neopentecostales no han dejado de captar feligreses. Francisco, como sus predecesores, entendió la gravedad de la situación y dedicó una parte de su agenda exterior a tratar de frenar ese declive.

Hoy lo recuerdan en la región algunos de los líderes políticos de esas naciones que visitó. Claudia Sheinbaum desde México (“un humanista que optó por los pobres, la paz y la igualdad”) y Luiz Inácio Lula da Silva desde Brasil (“el mundo pierde una voz de respeto y acogida al prójimo”) le han dedicado emotivas palabras de despedida. Como lo ha hecho el actual presidente argentino, el ultraderechista Javier Milei, quien en su día, antes de llegar a la Casa Rosada, calificara al pontífice de “impulsor del comunismo”, ni más ni menos que “la representación del maligno en la Tierra”. Para entonces Bergoglio había dejado de ser aquel “obispo de derechas” denostado por la izquierda. Era ya Francisco, el azote de los grupos de la ultraderecha católica.