La Xunta contabilizó de nuevo en 2022 como “aportación patrimonial” a la Corporación Radio y Televisión de Galicia​ (CRTVG) más de 100 millones que, según el Consello de Contas, debería haber computado como “transferencia corriente para gastos de funcionamiento” o, dicho de otro modo, para “cubrir déficits de explotación”. Los entrecomillados proceden del último informe del órgano fiscalizador gallego sobre la Cuenta General del Ejecutivo autonómico. El rastreo de informes efectuado por infoLibre confirma que el Consello lleva siete años –consecutivos– reprendiendo a la Xunta por la práctica arriba reseñada. La incluye en el apartado de “incorrecciones” y, pese a que el Gobierno gallego intentó que se eliminasen tales referencias, estas permanecieron inalterables. Puedes consultar el informe pinchando aquí.

En respuesta a la pregunta de este medio sobre la constante crítica de la entidad auditora en relación a la corporación audiovisual –aparece ya en su auditoría sobre el ejercicio 2016–, la Consellería de Presidencia de Galicia se limitó a remitir copia literal del párrafo del informe donde aparecen sus alegaciones sobre este punto. Lo más claro de esas líneas se encuentra al final: que el Gobierno cuyo timón cedió en 2022 Alberto Núñez Feijóo a Alfonso Rueda pidió al Consello eliminar las referencias negativas al sistema seguido con los números de la radiotelevisión autonómica, algo que no consiguió.

El texto de la alegación es el que sigue: “En contabilidad presupuestaria la ejecución del gasto tiene que registrarse en la aplicación indicada en la ley. A pesar de esto, y en relación con la naturaleza de gasto no financiero defendida por el Consello de Contas, la Intervención General realiza en cada ejercicio un asiento contable para imputar esta operación en contabilidad financiera como gasto (grupo 6 del PGCPG), en consonancia con la consideración que tiene en la contabilidad nacional. Se concluye que el resultado incorporado a la cuenta de Resultados y al Balance del ejercicio incluyen un gasto no financiero por dicho importe, por lo que se solicita la supresión de estos puntos”.

 De forma más clara e inteligible, el Consello denegó la petición de borrado. Y lo hizo con el siguiente argumento: “La regularización realizada en consideración a la calificación de estas operaciones al final del ejercicio no altera el hecho de que en la ejecución presupuestaria aparezcan registrados como activos financieros operaciones que por su naturaleza debían registrarse ya inicialmente como gasto no financiero y, por lo tanto, disminuir el resultado de operaciones no financieras reflejado en la liquidación presupuestaria. En consecuencia, las alegaciones formuladas no suponen la modificación del informe de fiscalización”.

Por qué trata la Xunta como aportaciones patrimoniales lo que, según el Consello, debería indefectiblemente aparecer como transferencia ordinaria es un misterio. “En el artículo 87 Aportaciones a la cuenta de capital –se lee en el informe de fiscalización de 2022– destacan cuantitativamente las obligaciones en concepto de aportación patrimonial a la CRTVG, por importe de 114,22 millones de euros. Este Consello viene considerando que se trata de una transferencia corriente para gastos de funcionamiento; no obstante, la Administración mantiene reiteradamente el criterio de que se trata de aportaciones para mantener el equilibrio de los recursos propios, sin fundamentar esta decisión”.

Más adelante, el Consello abunda sobre este asunto al recordar que se registran como activos financieros "operaciones por importe de 114,22 millones de euros destinadas a cubrir déficits de explotación de la CRTVG".

 ¿Camufla el coste real de la radiotelevisión gallega el hecho de que la “regularización” de tales operaciones se efectúe “al final del ejercicio” y se contabilice como activos financieros –aportaciones patrimoniales– lo que debería figurar como transferencia corriente para gastos de funcionamiento? Expertos consultados por infoLibre y que piden no ser identificados sostienen que así es. Y que, aunque el Consello no lo diga de forma expresa, eso es lo que significa su reproche a la fórmula empleada para la CRTVG. Otras fuentes, estas afines a la Xunta, mantienen exactamente lo contrario. Subrayan que, lejos de incurrir en déficit, la corporación audiovisual lleva 14 años gastando menos de lo que recibe del Ejecutivo gallego. 

Tras una conversación telefónica con este diario, un portavoz de la empresa pública aportó la versión de la cadena gallega. En un extenso correo electrónico, la fuente subrayó que el Consello de Contas "no ha reprendido a la CRTVG ni en este informe ni en anteriores por la formulación a través de la cual se efectúa la aportación de recursos por parte de la Administración". En efecto, así es. El reproche se dirige a la Xunta, emisora de los pagos, y no a la corporación audiovisual, receptora de fondos. Tampoco –remarcó la empresa pública– le ha reprendido el Consello "en ningún ejercicio de los pasados 14 años por incursión en deuda o déficit o siquiera desviación presupuestaria".

Y, según la CRTVG, eso obedece a que la empresa "ha cerrado sus últimos 14 ejercicios en superávit, contando con unos presupuestos en torno a los 110 millones de euros de media". Según la Radio Televisión de Galicia, ese superávit "ha ido destinado a sufragar la deuda que la administración del director xeral, Alfonso Sánchez Izquierdo, se encontró a su llegada. De hecho, las cuentas de la CRTVG sí tuvieron que ser reformuladas por la dirección del sr. Sánchez Izquierdo tras tomar posesión en 2009, ante las advertencias de la auditoría externa contratada de que las cuentas heredadas presentaban profundos desajustes que finalmente destaparon una deuda de 51 millones de euros". El ejercicio mencionado, 2009, es aquel en que se produjo un cambio de color en el Gobierno gallego, que pasó de estar gobernado por socialistas y BNG a quedar bajo el mando de Alberto Núñez Feijóo.

El portavoz de la cadena prosigue asegurando que "la gestión en positivo a partir de ese año [2009] llevada a cabo por la actual gerencia, permitió la liquidación total de la deuda bancaria en 2013 y enjugar a día de hoy más del 87% de la deuda recibida. Esta gestión permite que en 2024 se vaya a proceder también a la estabilización del 100% del cuadro de personal frente al 40% de temporalidad del año 2009". Como se expuso más arriba, lo que el Consello de Contas sostiene es que el método seguido por la Xunta presenta como activos financieros -aportaciones patrimoniales- lo que en realidad son transferencias destinadas a "cubrir déficits de explotación". Cubiertos tales déficits, no cabe la generación de deuda bancaria.

"Las cuentas de la CRTVG –añade el texto remitido por la corporación gallega– son públicas y están vigiladas y auditadas por: la Intervención General de la Comunidad Autónoma; el Consello de Contas; el Consello de Administración de CRTVG; empresas auditoras externas (PWC) y por la Comisión de Control de la CRTVG en el Parlamento de Galicia".

"En términos de eficiencia –enfatiza el texto de la corporación gallega– la CRTVG presenta el menor coste por punto de share de las seis televisiones públicas autonómicas históricas."

"En definitiva –continúa la respuesta de la corporación– el informe del Consello de Contas al que hace referencia no desvela nada que no fuera conocido en cuanto al ejercicio de la contabilidad de la administración, y que nada tiene que ver con la gestión y las cuentas reales (no hay otras) de la CRTVG, cuyo coste es evidentemente público y de sobra conocido por la sociedad. No cabe por lo tanto ninguna duda ni invocación veraz a ninguna clase de falta de transparencia, "camuflaje", pérdida, déficit, o deuda en la gestión de los recursos públicos destinados a la CRTVG durante la administración del actual director general, el sr. Alfonso Sánchez Izquierdo".

Un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fechado en julio de 2023 señala que la Radio Televisión gallega es la segunda que recibe mayor subvención pública por habitante. Solo por detrás de la vasca, obtiene –siempre según los datos oficiales de la CNMC– 38,5 euros por habitante. Puedes consultar el informe pinchando aquí. Y ver el cuadro de euros por habitante en la página 106 del documento.

Pero las cifras sobre el coste de explotación no constituyen la punta más afilada de la controversia que rodea a la televisión pública gallega. Como publicó eldiario.es, el fin de la última campaña electoral gallega coincidió este mes de febrero con la celebración de la 300 edición de los viernes negros, la protesta de los trabajadores de la cadena "contra la manipulación informativa" en favor del PP. Según el mismo medio, el canal gallego es el medio más seguido en esa comunidad para consumir política. Pero la ausencia de un consejo de informativos y de un estatuto de redacción refuerzan el control del PP. A su frente –agrega la información citada– se sitúa un director general "en situación de interinidad".

Ocho sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) entre febrero de 2023 y marzo de este año han añadido ingredientes al enigmático cóctel de la relación entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el gigante sanitario Quirónsalud, que gestiona cuatro hospitales adscritos a la red pública madrileña y cuyos ingresos totales nadie conoce. Localizadas tras un rastreo de infoLibre en bases de datos públicas, esas ocho sentencias aseguran otros 85 millones al holding que en marzo regresó al primer plano mediático tras conocerse que el novio de Ayuso trabaja habitualmente para una de sus filiales –Quirón Prevención SL– y que se encuentra investigado por fraude fiscal en 2020 y 2021.

Pero que del erario madrileño salgan otros 85 millones para el gran beneficiario de la privatización sanitaria emprendida por Esperanza Aguirre en la primera década del siglo es solo la primera capa de la cebolla. Porque, aun estando ante una cifra formidable, lo que de forma inédita destapan esas ocho sentencias se resume así: el TSJM estimó la mayor parte de las reclamaciones económicas que centraban los distintos pleitos interpuestos por los cuatro hospitales de Quirón no porque los demandantes aportaran al tribunal pruebas determinantes sino porque el demandado –la Comunidad de Madrid– se avino voluntariamente a la mayor parte de las pretensiones del grupo sanitario. O, empleando el argot jurídico que reproducen esas sentencias, la Comunidad optó por lo que se denomina “allanamiento”, término que en este campo nada tiene que ver con la toma de inmuebles por parte de intrusos. El porqué de tal viraje es a día de hoy un misterio: la Consejería de Sanidad no ha respondido a las preguntas escritas planteadas por infoLibre este jueves ni a las llamadas telefónicas cursadas ese día y el siguiente.

En los ocho casos, se trató de un allanamiento “parcial”, puesto que algunas exigencias de los cuatro hospitales (Valdemoro, Móstoles, Villalba, de titularidad pública, y la Fundación Jiménez Díaz, propiedad de Quirón y sujeta a un concierto) no llegó a darlas por buenas la Consejería de Sanidad, aunque la negativa se limitó a las de menor rango económico.

Además de parcial, el allanamiento fue siempre “implícito” porque se derivaba no de un documento estrictamente jurídico donde la Comunidad le diera la razón a su oponente -Quirón- sino de informes elaborados en 2022 y en los que la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria modificaba el contenido de resoluciones anteriores de ese mismo departamento. Las resoluciones iniciales se adoptaron durante la etapa de Juan González Armengol como viceconsejero de Asistencia Sanitaria (octubre de 2020 a julio de 2021). Y los informes de 2022 se correspondieron con la fase de Antonio Zapatero, sucesor inmediato de González Armengol, viceconsejero hasta el 28 de septiembre de 2022 y ahora secretario ejecutivo de asistencia sanitaria del PP nacional. Ambos cesaron en el cargo a petición propia.

Lo que en 2022 corrigió la Administración madrileña en favor del grupo sanitario fueron distintas resoluciones –casi todas quedaron fechadas entre enero y junio de 2021– por las que, al ponerle números a la liquidación final de distintos ejercicios, especialmente 2015, la Comunidad se había negado a elevar el saldo de deuda con Quirón  hasta el nivel que pretendía el grupo sanitario.

Y es ahí donde, en total, entran en juego los 85 millones que las ocho sentencias declaran como pagaderos al holding. Exactamente, 84.710.046 euros. La parte del león –o sea, la mayor– se la lleva el hospital Rey Juan Carlos de Móstoles con 57.572.018 euros. Eso es lo que suman las cantidades reconocidas en tres sucesivas sentencias, dos de 2023 y la última datada el 20 marzo de este año.

El ejemplo del hospital de Móstoles ilustra cómo, por razones todavía desconocidas, la Comunidad de Madrid cambió de criterio en 2022. El relato trazado en la última de las tres sentencias que afectan a ese centro sanitario se condensa así: el 17 de junio de 2021, la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria rechazó aumentar en 26,56 millones a IDCSalud Valdemoro -una de las múltiples filiales de Quirón- el importe de la liquidación final del ejercicio 2015 y aprobó que el saldo favorable a la empresa se limitaba a 7,21 millones.

A partir de ese desencuentro, IDCSalud Móstoles SA interpuso un contencioso administrativo ante el TSJ madrileño. Y aquí llegó el cambio de baraja, como se desprende de la sentencia. “En su contestación a la demanda la Comunidad de Madrid reconoce el derecho de la actora [el hospital demandante] al cobro de la suma adicional de 26.078.789,90 euros sobre la base de aportado informe del viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de 19/09/2022”. Es ese reconocimiento el que conforma el “allanamiento implícito parcial”. Parcial y no completo porque la Comunidad no accedió a otro pago mucho menor que el anterior y correspondiente también a 2015.

En el informe del 19 de septiembre de 2022, el viceconsejero manifestaba lo siguiente, también incluido en la última sentencia sobre el hospital de Móstoles: "A la vista de la documentación incorporada al expediente y de conformidad con lo expuesto en el cuerpo de este informe, el ajuste que procedería realizar a la liquidación del contrato de gestión de servicio público, modalidad de concesión, de la asistencia sanitaria especializada correspondiente al Hospital Rey Juan Carlos, ejercicio 2015, sería de 26. 078. 789, 90 euros a favor de la Concesionaria”. De lo que en este caso pedía Quirón, la Comunidad solo restó 493.185,72 euros. Pero tal disensión fue peccata minuta dado que la liquidación de 2015 saltó así de 7,21 millones a 26,07.

 Y así las cosas, el TSJM estimó “en parte” el recurso de IDCSalud Móstoles SA “en virtud del allanamiento implícito parcial de la Administración demandada”. Los dos entrecomillados precedentes se repiten en las otras dos sentencias de 2024, una relativa al hospital de Villalba (9,03 millones) y al de Valdemoro (9,19 millones). En los fallos judiciales de 2023, el tribunal citó en los fundamentos de derecho pero no en la parte dispositiva la existencia de un allanamiento por parte de la Comunidad.

Expertos sondeados por infoLibre coinciden en que allanarse a las pretensiones del demandante no es habitual entre las Administraciones públicas. Básicamente, porque lo que en un procedimiento contencioso administrativo suele estar en juego es el dinero público. Y darle de antemano y voluntariamente la razón al demandante implica aceptar de forma voluntaria un desembolso mayor.

Uno de los expertos consultados, Julio González García, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense, va más lejos. Tras leer las tres sentencias de 2024 que le hizo llegar este medio, el profesor expuso así su diagnóstico: “La Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid configura el allanamiento como una competencia del Consejo de Gobierno. Por tanto solo él, de forma expresa, lo puede hacer. Un acto de un consejero, u otra autoridad sería dictado por órgano incompetente. Mas aún; tiene que ser de forma expresa porque la autorización de allanamiento es el instrumento a partir del cual la Administración acepta no recibir una cantidad que le corresponde. Por ello, es un acto que tiene que ser motivado, a fin de conocer las razones que lo justifiquen. Fuera de ello, es una arbitrariedad muy onerosa para el erario público”.

González declara su extrañeza por el hecho de que el TSJM “lo configure así, sin una norma de cobertura y vigilando las reglas que asignan la competencia al consejo de gobierno”. Porque esa competencia –remata– es “irrenunciable”.

El PP de Madrid ha batido desde la llegada al poder de Isabel Díaz Ayuso todos los récords marcados por sus antecesores y correligionarios desde el tamayazo en cuanto al veto a iniciativas parlamentarias de la oposición. Artífice y difusora de mensajes que acusan al PSOE de haber “colado una dictadura por la puerta de atrás” y de imponer un sistema equiparable al venezolano por la actuación de la Fiscalía en el caso contra su pareja por delito fiscal, Ayuso ha negado a través de su partido la tramitación parlamentaria de 20.746 iniciativas frente a las 12.193 cuya entrada en la Cámara regional fue bloqueada entre noviembre de 2003 y junio de 2019. Es decir, durante los gobiernos de Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes y Ángel Garrido.

Entre los argumentos esgrimidos por el PP para la inadmisión de preguntas, peticiones de información, solicitudes de comparecencias o proposiciones no de ley, hay una trinidad que se repite con frecuencia: la iniciativa busca debate sobre “un asunto de otra legislatura” o adolece de “falta de concreción”. Al dúo anterior se suma otro que ha escalado a la cumbre tras el rechazo a debatir sobre las amenazas a periodistas lanzadas por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso: que la iniciativa inadmitida contiene “un juicio de valor”.

Las cifras reflejadas en el primer párrafo proceden de documentos oficiales de la Asamblea de Madrid. Las relativas a la legislatura actual -la XIII, que hasta hoy comprende el segundo semestre de 2023 y los cuatro primeros meses de este año- figuran en el apartado estadístico de su web. Y todos los datos de legislaturas previas han sido extraídos de los sucesivos resúmenes semestrales de la actividad parlamentaria [puedes acceder a ellos pinchando aquí].  Solo hay una excepción: la etapa iniciada en noviembre de 2003 una vez que dos tránsfugas del PSOE, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, auparon a Esperanza Aguirre a la Presidencia de la Comunidad tras unas elecciones cuyos resultados pronosticaban un gobierno de coalición PSOE-IU. El resumen de esa legislatura -la VII- no está alojado en el mismo espacio cibernético que los restantes pero se puede consultar pinchando aquí. En cada uno de los documentos basta con escribir en el buscador la misma locución –“no admitida a trámite”- para averiguar cuántas iniciativas de todo tipo acabaron en la basura sin debate gracias al veto promovido por el PP, que entre 2019 y 2021 gobernó en coalición con Ciudadanos y en la siguiente legislatura -2021-2023- se apoyó en Vox aun sin darle asientos en el Ejecutivo.

A partir del final de ese segundo trecho 2021-2023 y tras las elecciones de mayo de ese último ejercicio, el partido de Ayuso rige la Comunidad de Madrid con una arrolladora mayoría absoluta que ha hecho notar sus efectos en la censura al debate parlamentario: en los diez meses y medio transcurridos desde la tercera investidura de la presidenta, el número de iniciativas cuya admisión a trámite ha impedido la Mesa de la Asamblea -7.396, según la estadística que ofrece web de la Cámara- supera ya en más de 1.000 las bloqueadas (6.098) a lo largo de los 24 meses del anterior mandato.

Una vez obtenida esa información, infoLibre transmitió dos preguntas a la Asamblea de Madrid. La primera, esta: ¿qué factor explica que en los meses transcurridos desde el inicio de la actual legislatura la Asamblea haya inadmitido 1.000 iniciativas más que en los dos años que duró la anterior legislatura? Y la segunda, la que sigue: ¿Hay algún dato que explique el porqué del salto que se produjo a partir de 2019? 

La respuesta de la institución no aclara nada: “La Mesa de la Asamblea -sostienen los interlocutores de este medio en referencia a la primera cuestión- aplica el Reglamento de la Asamblea y si las iniciativas son incorrectas no se califican”. Sobre por qué se dispararon los vetos a partir de 2019, se pronunciaron en estos términos. “No corresponde a la actual Presidencia enjuiciar lo que se haya hecho en otras legislaturas”.

Pero los números de esas otras legislaturas hablan por sí mismos. Y confirman que el desembarco de Ayuso se ha traducido en un recorte aún mayor de las alas de la oposición, como ya lo indicaban otras medidas de largo alcance. Básicamente, la ley que refuerza su control sobre el Consejo de Transparencia y la Cámara de Cuentas, ahora presidida por el antiguo presidente socialista Joaquín Leguina, expulsado del PSOE tras jalear a Ayuso en la campaña electoral de 2021.

Siempre a tenor de las cifras incluidas en los informes oficiales sobre la actividad del Parlamento madrileño, en la primera legislatura de Esperanza Aguirre (noviembre de 2003-junio de 2007) la Mesa de la Asamblea inadmitió 605 iniciativas. En aquella época, Ayuso no se había incorporado todavía al grupo parlamentario de su maestra política -logró su primer escaño en 2011-, cuya política de impedimentos al debate parlamentario fue in crescendo: en la legislatura 2007-2011 las iniciativas vetadas pasaron a 1.628 y entre 2011 y 2015 subieron hasta las 6.901.

Parte de esa legislatura -desde septiembre de 2012 a junio de 2015-, el timón de la Comunidad estuvo en manos de Ignacio González, el delfín de Esperanza Aguirre que la sustituyó tras su dimisión y detenido por -supuesta- corrupción en 2017. Ambos han ocupado durante años un lugar preponderante mediática y judicialmente en los casos que en algún momento han girado o lo siguen haciendo en torno a la financiación del PP madrileño. La Audiencia Nacional ya ha exonerado a Aguirre de toda responsabilidad penal.

Los vetos a la oposición se relajaron durante el mandato de Cristina Cifuentes, en el que se situaron en 3.059 las iniciativas inadmitidas. Aunque la legislatura recorrió el cuatrienio 2015 -2019, Cifuentes dimitió un año antes de expirar su mandato: la difusión del vídeo sobre el hurto de dos cremas en un supermercado en 2011 se sumó al escándalo sobre un supuesto uso de documentos falsos para obtener un máster, caso en el que resultó absuelta. A Cifuentes la sustituyó Ángel Garrido, el único de los antecesores de Ayuso procedentes del aguirrismo -fase posterior a la de Alberto Ruiz-Gallardón, presidente de la Comunidad entre 1995 y 2003- que no estuvo o está involucrado en algún sumario por corrupción.

Tampoco Ayuso se ha visto investigada en ningún caso aunque la imputación de su novio, Alberto González, por defraudar 350.000 euros al fisco ha reabierto el mismo flanco informativo al que dio cerrojazo una vez que la Fiscalía archivó la investigación sobre el cobro de 234.000 euros por parte de su hermano como mediador en la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid durante la pandemia.

Juan Carlos Peinado García, el juez que ha abierto una investigación secreta por tráfico de influencias contra la esposa del presidente del Gobierno tras una denuncia de la ultraderechista Manos Limpias sustentada en recortes de prensa, alguno de ellos ya reconocido como falso, desembarcó en los juzgados de la capital madrileña gracias a una carambola. El nombramiento en 2012 de la entonces titular del juzgado penal 7 de Madrid, Cristina Díaz Márquez, como directora general de Política Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) derivó en que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trasladase a Peinado de Getafe a la capital.

Fue en 2016 cuando Peinado saltó a su actual puesto, el juzgado de instrucción 41 de Madrid, desde donde ha abierto diligencias sin consultar a la Fiscalía ni confirmar previamente si son o no ciertas las noticias aportadas por su secretario general, Miguel Bernad, antiguo miembro de la violenta Fuerza Nueva y figura mimada de la Fundación Franco por “sus servicios en defensa de los ideales del Movimiento”. La Fiscalía ya ha impugnado ante la Audiencia de Madrid el auto de apertura de diligencias y ha solicitado que se archive la causa. De la denuncia de Manos Limpias –es su argumento– no se desprende la existencia de ningún indicio delictivo. Investigaciones como la publicada hace días por el diario El País constatan la tergiversación o la falsedad directa de los titulares enarbolados por el pseudosindicato ultraderechista para actuar contra Begoña Gómez. Entre los titulares recopilados por Manos Limpias se cuenta el que atribuye a la pareja de Pedro Sánchez el cobro de una subvención gubernamental. En efecto, una tal Begoña Gómez Fernández cobró aquella ayuda. Pero era otra, no la esposa de Pedro Sánchez, la que, según la organización de extrema derecha se “prevalió” de su posición como esposa del jefe del Gobierno.

La carambola de que dejase un espacio libre aquella jueza conservadora –Cristina Díaz Márquez, la que tras su regreso a la judicatura investigó a petición de la familia Franco a una funcionaria por hacer un informe sobre Meirás– resultó un factor decisivo para el rumbo de su carrera.

Ahora, con 70 años, edad en la que los jueces deben jubilarse, Peinado ha logrado también gracias a un acuerdo del órgano de gobierno de los jueces una prórroga laboral de dos años. Según los expertos consultados, el CGPJ no deniega prácticamente ninguna prórroga a los magistrados que la solicitan, con lo que el paso dado se ajusta a la plena normalidad.

Lo que genera más dudas sobre su distanciamiento –o su neutralidad mental– respecto al presidente de un Gobierno atacado ferozmente sin tregua por la oposición de derechas es, como adelantó la Cadena Ser, su papel como padre de Patricia Delgado, concejal del PP en Pozuelo de Alarcón (Madrid), el municipio con mayor renta de España  y donde el partido de Alberto Núñez Feijóo nunca ha dejado de gobernar. Ni siquiera durante la etapa más dura del caso Gürtel, una de cuyas sentencias dictaminó que el PP de Pozuelo se había beneficiado de la financiación ilegal urdida con aquella trama.

infoLibre localizó este jueves a la neuropsicóloga Patricia Peinado, concejal de Deportes y Fiestas de Pozuelo y antigua jefa de estudios del colegio al que asistieron las hijas de Felipe VI y Letizia Ortiz. Tras preguntarse si cree que su condición de edil del PP puede afectar de algún momento a su padre como juez en una causa abierta para investigar a la mujer del presidente del Gobierno, Patricia Peinado respondió con otra pregunta: “¿Quién le ha facilitado mi teléfono móvil?”. La conversación acabó cuando este medio le transmitió la imposibilidad de revelar tal dato. La edil dio las gracias y colgó.

Hombre poco dado a la exposición mediática, de la trayectoria de Peinado ya habían trascendido dos casos: su intento –fallido–por investigar a dos concejales de Unidas Podemos por unos tuits ofensivos que ya estaba investigando la Audiencia Nacional y su decisión de imputar a una docena de periodistas por revelación de secreto. Su delito, publicar informaciones sobre los independentistas del CDR cuando la causa era secreta. También la abierta contra Begoña Gómez lo es pero ya ha trascendido que Peinado ha citado como testigos a periodistas de los medios que han publicado las informaciones que esgrime Manos Limpias.

Vinculado a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), para uno de cuyos seminarios obtuvo en 2015 permiso de asistencia por parte del CGPJ [ver aquí en la página 8 del PDF al que se accede desde la página], Peinado había intentado en 2013 incorporarse como vocal independiente del órgano de gobierno de la judicatura. Seis años más tarde, falló en su intento por ocupar el puesto de juez de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, el que bajo la batuta del controvertido Manuel García Castellón ha investigados casos de primer orden como el de Púnica, el de Villarejo o –ahora– Tsunami. Es decir, la causa donde García Castellón se esfuerza por conseguir que se juzgue por terrorismo a los participantes en las protestas independentistas que tuvieron lugar en Barcelona tras conocerse la sentencia sobre el procés.

Apenas transcurrido un mes y medio desde que el Tribunal Supremo anuló la sentencia por la que la Audiencia Nacional le condenó a cárcel por extorsionar a empresas mediante denuncias judiciales, el secretario general del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, Miguel Bernad, acaba de lograr un enorme éxito gracias a la ayuda de otro juez: sin consultar a la Fiscalía, según asegura La Sexta, el titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha abierto diligencias de investigación secretas contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, basándose en una denuncia de Manos Limpias que –en siete folios y grandes caracteres para llenar los espacios en blanco– la acusa de tráfico de influencias.

La denuncia utiliza como sustento fáctico titulares de medios digitales conservadores y ultraconservadores. Y ha logrado el triunfo de su admisión días después de que el Supremo rechazase tramitar la que había interpuesto contra Pedro Sánchez por el acuerdo PSOE-Junts para la amnistía. Con los titulares contra Begoña Gómez –sin más– como prueba, Manos Limpias sostiene que la denunciada ha cometido un “abuso de su situación personal (la autoridad que representa su esposo, el presidente del Gobierno)” para beneficiar a empresas con las que hacía negocios. Y el juez Peinado, el mismo que inculpó por revelación de secretos a una docena de periodistas por informar sobre el sumario secreto de los CDR, le ha dado crédito. El magistrado ha visto en la denuncia de Bernad, que es quien la firma, indicios suficientes para abrir una investigación que ya ha provocado un terremoto político de consecuencias aún desconocidas al tiempo que encumbra a Manos Limpias. Aunque las diligencias son secretas, ya se ha filtrado a quiénes citará como testigos.

La apertura de una investigación a Begoña Gómez permite a la organización de Bernad, admirador del dictador Franco y militante del sindicato de la violenta y ya extinta Fuerza Nueva de Blas Piñar, grabar otra muesca en un historial repleto de denuncias contra políticos de izquierdas.

Las denuncias no llegaron a nada pero dieron fuelle al alerón derechista del mapa mediático para atacar a figuras del PSOE, de IU y de Podemos. Por citar solo algunos ejemplos, cuatro nombres: Nadia Calviño, Irene Montero, Gabriel Rufián o Mónica Oltra.

En la cartografía penal de Manos Limpias como denunciante o acusador una vez iniciada la instrucción hay exiguas excepciones que afecten a personajes del mundo conservador. Entre las excepciones destaca el caso Urdangarin. En esa investigación, Manos Limpias ejerció la acusación popular contra Cristina de Borbón, que salió indemne porque, oficialmente, nada supo nunca  la infanta sobre los manejos que llevaron a prisión a su entonces marido. Paradójicamente, varios años más tarde –en 2022–, la organización que lidera Bernad se querelló contra el entonces ministro Alberto Garzón (Unidas Podemos) por llamar “ladrón” al rey emérito.

Cuando infoLibre preguntó al jefe de Manos Limpias por qué todas sus denuncias iban contra políticos de izquierdas, respondió así: "Porque no tenemos nada del PP pero si encontramos algo actuaremos, como ya estuvimos en los papeles de Bárcenas”. Para entonces –mayo de 2022– ya era público que el hermano de Isabel Díaz Ayuso había obtenido una comisión de 234.000 euros por la venta de mascarillas al Gobierno de Madrid. Y seguía en el candelero el sumario de Púnica, donde la financiación del PP madrileño ocupa el epicentro. En ninguno de los dos casos actuó Manos Limpias.

Aunque la Fiscalía terminó acusando a Bernad y los suyos de haber ofrecido retirar la acusación contra la infanta Cristina a cambio de dos millones, el asunto no le pasó factura a la organización ultraderechista.

En diciembre de 2016, cuando tras pagar la fianza acababa de salir de prisión por el caso en el que la Audiencia Nacional le condenó por extorsión –delito que, como sabemos ahora, nunca existió según los cinco jueces del Supremo que en marzo anularon la sentencia–, Bernad aseguró lo que sigue en declaraciones a este periódico: "Manos Limpias iba a renunciar a la imputación de la infanta por razones de Estado". Él mismo añadió que el abogado de Cristina de Borbón le había ofrecido tres millones pero que “no picó” y levantó acta notarial de lo sucedido.

No fue Bernad quien levantó acta de otro episodio incardinado en la controvertida política de actuaciones judiciales –ni su coste en abogados ni su fuente de financiación se conocen– que define a Manos Limpias. Tanto como a otras organizaciones de la extrema derecha como Vox o Abogados Cristianos. Ese episodio, que salió a la luz durante la investigación del caso por el que le impuso cuatro años de cárcel la Audiencia Nacional –o sea, el que derivó en la absolución dictada en marzo por el Supremo– se refiere a cómo Manos Limpias interpuso una querella contra el juez y el fiscal que investigaban Victoria Pinilla, la exalcaldesa del municipio aragonés de La Muela, célebre por enriquecerse con operaciones urbanísticas y condenada a prisión.

Pues bien, la querella se formalizó después de que el hijo de Pinilla, Jorge Embarba, hiciese al menos dos transferencias al grupo de Bernad. “Cada uno con su dinero puede gastarlo como le plazca”, adujo Embarba cuando este diario le preguntó por qué le había ingresado al jefe de Manos Limpias al menos 1.100 euros, un tercio de la fianza exigida para ejercer la acusación contra el secretario judicial de aquel caso. El propio Bernad anunció que podía dar al traste con la investigación. En este caso, ningún magistrado dictó un auto que ayudase a Manos Limpias a mantener el brazo en alto. Metafórica o literalmente, tal como hacía el notario Blas Piñar, líder de Fuerza Nueva. 

El tormentoso inicio, con el caso Koldo en primerísimo plano, de la comisión creada en el Congreso para investigar los contratos adjudicados durante la pandemia ha traído de vuelta otro asunto de supuesta corrupción pero que afecta no al PSOE sino al PP: el de las mascarillas que en 2020 compró por dos millones la Diputación de Almería a una empresa que supuestamente pagó entre 200.000 y 400.000 euros a Óscar Liria, entonces vicepresidente tercero de la institución provincial. Liria, que en junio de 2021 fue detenido y se vio así forzado a dimitir de su cargo público y a abandonar el PP, comparecerá en la Cámara Baja el próximo martes 30 de abril, el mismo día que quien tras las elecciones locales de 2023 se convirtió en vicepresidente segundo de esa misma Diputación, Fernando Giménez Giménez.

Actual vicesecretario de Organización del PP en Almería, Giménez ha aparecido en el tablero casi como un mero acompañante de Liria. Pero no es así. Pese a que su implicación procesal en este mismo caso de las mascarillas ha pasado inadvertida, Giménez llevaba casi un año y medio imputado por supuesto fraude y malversación cuando se celebraron los comicios de 2023. A día de hoy, y tal como han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) así como otras del entorno del diputado provincial, Giménez mantiene la condición de investigado en una causa que nació de otro sumario –este por narcotráfico y blanqueo– como una spin-off repleta de peculiaridades.

Este martes, infoLibre envió a primera hora a portavoces de comunicación del PP andaluz preguntas que no obtuvieron respuesta. La primera es qué factor explica que el partido incluyese en las candidaturas de las elecciones locales de 2023 a Fernando Giménez –logró el escaño local en la localidad de Senés– y al alcalde del municipio de Fines, Rodrigo Sánchez, estando ambos imputados por el caso mascarillas. La segunda cuestión fue por qué en esas circunstancias designó el partido a Giménez como vicepresidente de la Diputación de Almería.

También contactados por este medio, portavoces del equipo de gobierno de la Diputación ofrecieron las siguientes respuestas. La Diputación –aseguran– “ya puso en marcha una comisión de investigación que determinó que todo el trabajo [para la contratación de la empresa que supuestamente pagó mordidas] había sido impecable y los expedientes, impolutos”. La comisión había sido reclamada por el PSOE.

Las mismas fuentes enfatizaron que el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García Molina, “dio todas las explicaciones en un pleno convocado de forma voluntaria y urgente tan solo tres días después del 15 de junio de 2020 [fecha en que estalló el caso]”. Y agregaron que en la comisión de investigación, “la presidencia la ejerció Ciudadanos pese a que el PP tenía mayoría absoluta”. Aquello –agregan– se hizo en aras de la transparencia. En 2021, Ciudadanos era el socio minoritario del PP en el Gobierno andaluz.

A preguntas de este periódico sobre el hecho de que el actual vicepresidente segundo de la Diputación de Almería, Fernando Giménez, fuese designado para tal cargo cuando ya estaba imputado en el caso mascarillas, otras fuentes cercanas a Giménez Giménez afirmaron que “el día en que está citado, Fernando Giménez estará en el Congreso y será allí donde hable”. “Entendemos –añadieron– que está como investigado en el caso judicial por una cuestión de procedimiento técnico porque es de su área de la que partió el contrato [con Azor]”. Las fuentes agregaron algo más: “Si se le considerase involucrado [en los delitos que se investigan] se habrían tomado otras medidas contra él. Por ejemplo, habría sido arrestado”.

Fueron los seguimientos y escuchas a una presunta trama de narcotráfico y blanqueo que operaba en Barcelona los que destaparon el asunto de las mascarillas de Almería y condujeron hasta los tribunales a Liria, a Giménez, al entonces y ahora alcalde del PP en el pueblo de Fines, Rodrigo Sánchez, así como a otros familiares y empresarios sin vínculo sanguíneo con Liria y el regidor, emparentados entre sí.

Pero lo cierto –y esa es una de las peculiaridades más relevantes– es que el nombre de Fernando Giménez no figura en la lista de investigados que desde el 4 de febrero de 2022 encabeza siempre los autos dictados por la jueza que instruye el caso en Almería, la de instrucción número 1, Belén López Moya.

En marzo de aquel año 2022, Giménez declaró como “investigado no detenido” por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Pero dos años más tarde sigue sin haber comparecido ante la magistrada. Según el TSJA, tanto al vicepresidente segundo de la Diputación como al alcalde de Fines los citará para tomarles declaración en calidad de investigados la jueza instructora, aunque todavía no hay fecha. Respecto a por qué el nombre de Giménez no aparece en la relación de imputados inserta en cada auto judicial, este diario no ha conseguido ninguna explicación. La causa, señala una fuente, es “voluminosa”.  

La segunda peculiaridad del caso de las mascarillas, visible para cualquiera, se refiere a quien durante la primera fase de la imputación de Giménez –2021– fue su abogado. Porque, como ha podido verificar infoLibre, el mismo letrado que en diciembre de 2021 recibió una notificación del juzgado de Barcelona como representante legal de Fernando Giménez se había personado en septiembre de aquel año como representante legal de la Diputación de Almería, que ya en ese momento ejercía la “acusación particular”. Ese mismo jurista había defendido antes a Juan Enciso, el alcalde conservador de El Ejido condenado en 2023 a cinco años de cárcel por una trama de corrupción. En la causa, ejerce la acusación popular el PSOE. Vox también lo hizo. Pero en febrero de 2023, tres meses antes de las elecciones municipales –en Andalucía no se celebraron autonómicas aquel año–, se retiró.

Fue en febrero de 2022 cuando la magistrada aceptó el traspaso de papeles –la “inhibición”, en lenguaje jurídico– de quien hasta ese momento había instruido la causa completa desde Barcelona y acabó argumentando que lo relativo a las mascarillas debía investigarse allí donde el negocio turbio se había llevado a cabo. Aunque Fernando Giménez, antiguo jefe de gabinete del histórico Gabriel Amat, presidente de honor del PP provincial y controvertido exalcalde de Roquetas de Mar.

¿Por qué el PP que en Andalucía dirige el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, incluyó en las listas municipales de 2023 a dos imputados, Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez, en un caso de presunta corrupción? No se sabe. Pero, como señala la UCO, fue de Giménez de quien partió la propuesta de contratación del suministro de 520.000 mascarillas FFP2, 545.000 guantes de nitrilo y 17.570 monos protectores (buzos) a Azor Corporate Ibérica SL, una de las empresas del principal investigado: Kilian López Solé, un empresario radicado en Barcelona pero con raíces familiares en el municipio de Fines. A Azor, la Diputación le pagó por adelantado. Y como a veces ocurre en investigaciones judiciales sobre corrupción, el mismo Óscar Liria que dimitió tras su arresto y con quien Giménez había mantenido una relación política y personal cercana sostuvo en un escrito dirigido a la juez de Barcelona que la adjudicación a Azor había sido cosa de Giménez.

Un letrado de la Diputación que trabajaba como subordinado de Giménez declaró, en calidad de testigo, que fue el ahora vicepresidente segundo quien le envió correos en los que se adjuntaba documentación relacionada con el material que iba a proveer Azor Corporate. El letrado conoció la empresa en cuestión a través del propio Fernando Giménez.

En lo relativo a Rodrigo Sánchez Simón, alcalde de Fines, de algo más de 2.000 habitantes, la UCO considera que lo pilló con las manos en la masa. En compañía de su hijo, otro de los investigados, el munícipe se plantó en la casa de los padres del exvicepresidente Óscar Liria, parientes suyos, porque alguien le avisó –eso le dijo a la Guardia Civil– de que estaba habiendo movimientos raros allí.

Antes de emprender el camino de vuelta, su hijo –lo vio el agente que vigilaba– salió de la casa y metió en el coche una bolsa oscura. Cuando poco después los investigadores detuvieron el coche, se toparon con la bolsa en el asiento trasero. Dentro había 119.750 euros en metálico. El regidor declaró luego durante el interrogatorio ante miembros del Instituto Armado que no tenía ni idea de su existencia ni de qué contenía. 

El veto impuesto esta semana por el PP en la Asamblea de Madrid a remitir a la Cámara de Cuentas las operaciones contractuales con el grupo sanitario Quirón entre 2020 y 2023 ha clavado en el sendero parlamentario un mojón de cemento armado que señaliza cómo la franja de control al Gobierno autonómico (PP) por parte de la oposición se va achicando. Quirón se ha erigido en el baluarte de una política donde la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso ha convertido en práctica habitual tumbar preguntas, peticiones de información y comparecencias solicitadas por sus rivales al tiempo que enarbola la bandera de la libertad.

El ejemplo de este clima de amordazamiento progresivo lo constituye no un episodio protagonizado por Más Madrid o el PSOE –autor de la propuesta vetada el miércoles–, sino, paradójicamente, otro en el que la figura central fue la diputada Ana Cuartero, de Vox, aliado estratégico y único de Ayuso. Cuartero dimitió hace dos meses como presidenta de la comisión parlamentaria de vigilancia de las contrataciones por la persistencia del PP en valerse de su mayoría absoluta para inadmitir lo dicho en el párrafo anterior: preguntas, peticiones de información y comparecencias requeridas por los grupos opositores.

“De 2011 a 2015 –afirmó la parlamentaria en declaraciones a El País– el PP gobernaba con mayoría absoluta y se ejercía un control sobre la comisión [de vigilancia de contrataciones] que era la cuarta parte de lo que se quiere ejercer hoy. Hubo ocho iniciativas sobre el Canal de Isabel II, que luego salió el caso Lezo, y diez sobre el caso Anieri. Si hoy aplicáramos a esta comisión los criterios que propone ahora el PP, no veríamos nada de eso, serian iniciativas inadmitidas”.

"Principal cliente" de la pareja sentimental de Ayuso, el gigante sanitario Quirón, que gestiona cuatro hospitales adscritos a la red pública madrileña, ingresa miles de millones del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) sin que sea posible conocer las cuantías exactas ni los porqués de cifras que fluctúan y superan lo previsto en los presupuestos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). El formidable peso de las convalidaciones de gasto –707 millones sin fiscalización previa para Fundación Jiménez Díaz, el mayor hospital de los cuatro que gestiona en la red pública– dibuja un panorama de cubiletes que contienen fondos que se van moviendo por el tablero sin que ni la opinión pública ni la Asamblea tengan acceso a conocer por qué hablamos de 707 millones y no de 500 o 1.000.

Según el PP, someter, por ejemplo, los pagos de deudas atrasadas o aquellos otros ajenos a la fiscalización previa –las convalidaciones de gasto– al escrutinio de la Cámara de Cuentas es solo “un intento más de hablar de una trama que no existe” porque "solo existe la del caso Koldo". Y así, por el Congreso desfilarán ante la comisión de investigación el citado Koldo y el exministro socialista José Luis Ábalos, para el que trabajaba cuando se embarcó en una operación de venta de mascarillas investigada por la justicia y de la que aún no se sabe hasta qué altura llegará. En paralelo, en la Asamblea regional Más Madrid y PSOE ven cómo la Mesa de la Cámara les tumba una tras otra preguntas sobre el grupo que a través de una de sus filiales –Quirón Prevención– pagó 1,6 millones de euros al novio de la presidenta, Alberto González Amador, justo en el bienio en que este habría cometido el fraude fiscal –350.000 euros– por el que le investiga un juzgado y mientras su pagador gestionaba los reconocimientos médicos a la plantilla de una administración que preside su pareja.

Entre los recursos más habituales para meter preguntas en el cajón y tirar la llave figura el de alegar que lo que pide tal o cual diputado o diputada se refiere a legislaturas pasadas. Y –traducido a lenguaje coloquial– que no hay lugar para hablar del pasado. Un parlamentario que ocupó un asiento de relevancia en el Congreso sostiene que también en la Cámara Baja se utiliza tal argumento dado que no se puede controlar a gobiernos de legislaturas anteriores. ¿Ni siquiera si, como ocurre ahora, el presidente era y sigue siendo elmismo? Ni siquiera. “Ahora bien –matiza ahora en referencia a la Comunidad de Madrid– lo que no es normal es el descaro excesivo”.

Sea o no “descaro excesivo”, lo cierto es que los motivos de inadmisión que esgrime la Mesa de la Asamblea de Madrid sirven para que algunos peticionarios abran los ojos como platos al leer la respuesta a su solicitud. Por ejemplo, la diputada socialista Leticia Lorenzo solicitó con una larga batería de preguntas conocer cómo iba el Plan Industrial de Madrid 2020-2025. Y se topó con la inadmisión “por referirse su objeto a actuaciones de otra Legislatura” pese a tratarse de un plan plurianual cuyo año de finalización ni siquiera ha llegado.

A veces, y esta se cuenta entre ellas, el PP rectifica una vez que el peticionario se ve obligado a dedicar parte de su tiempo a pertrecharse de argumentos jurídicos, citar artículos del reglamento y recordar que no cabe alegar que algo pertenece al pasado cuando todavía no ha llegado a su futuro. Entre la negativa y la rectificación transcurrieron dos meses.

A otro diputado socialista, Daniel Rubio, le tumbaron una petición de información sobre las adjudicaciones de dos contratos de 2022. El argumento para el rechazo: que eran cosas de la legislatura anterior. Pero lo que la Mesa no vio es que tales adjudicaciones no se habían conocido a través del portal de transparencia hasta que la convocatoria de elecciones de 2023 extinguió el mandado de los miembros de la Cámara.

A Más Madrid las inadmisiones le abrieron una brecha hace menos de un mes, cuando la Mesa de la Asamblea le tumbó nada menos que 32 preguntas, todas ellas sobre Quirón. La formación había acudido en 2022 al Tribunal de Cuentas, que entregó a una vocal la denuncia sobre convalidaciones que terminó archivando.

Ese mismo año Más Madrid planteó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tras denegar la Mesa de la Asamblea 23 comparecencias de cargos del Gobierno sobre contratos relacionados con la gestión de la pandemia y firmados antes de las elecciones del 4 de mayo de 2020. De momento –y así lo confirman fuentes de la formación capitaneada en Madrid por Marta Bergerot–, el recurso sigue pendiente de resolución. Y por tanto, se mantiene la opacidad sobre aquellos contratos. Entre ellos, los que afectan a Priviet Sportive, la empresa de la que el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobró 234.000 euros como comisionista de mascarillas quirúrgicas.

Como delata lo sucedido con Más Madrid en 2022, el patrón que guía el comportamiento parlamentario del PP gracias a su mayoría no es algo nuevo. Pero sí los pasos dados a finales de 2023 nada menos que en el Consejo de Transparencia y en la Cámara de Cuentas, ahora presidida por Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad bajo las siglas del PSOE y expulsado del partido tras apoyar a Ayuso en las elecciones de 2021.

Y lo avanzado por el PP respecto a esas dos instituciones se resume así: el Consejo de Transparencia y Participación, “órgano de garantía para la defensa, promoción y protección de la transparencia pública”, hasta ahora integrado por tres consejeros propuestos por la Cámara por mayoría cualificada –tres quintas partes–, queda tras la reforma con un único miembro, designado por el Ejecutivo. “Se elimina su dependencia de la Asamblea”, dice el texto.

En febrero, los socialistas anunciaron un recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero no solo por lo que consideran un auténtico desguace del Consejo de Transparencia, sino porque la nueva norma aprobada por el PP madrileño –la llamada ley ómnibus– también refuerza el control sobre la Cámara de Cuentas.

En el órgano fiscalizador, donde el nombramiento de Leguina constituye una pista de hasta dónde llegan los poderes del PP en Madrid, sus miembros pasan de siete a tres. Y el sistema empleado hasta ahora para su elección, que obligaba a un pacto entre todos los partidos, se sustituye por una fórmula idéntica a la utilizada para designar a los integrantes de la Mesa de la Asamblea. Eso se traduce en que el partido mayoritario, el PP, controlará la institución encargada de fiscalizar las cuentas de la Comunidad y sus contrataciones. Por ejemplo, las de Quirón, cuyo envío al órgano fiscalizador ha vetado el PP aun en un escenario más favorable para sus posiciones dada la nueva composición de la Cámara de Cuentas.

La solicitud del PSOE en la Asamblea de Madrid para que se remitan a la Cámara de Cuentas todas las operaciones contractuales desarrolladas entre 2020 y 2023 con el gigante sanitario Quirón, máximo beneficiario de la privatización hospitalaria impulsada por Esperanza Aguirre y gran cliente de la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, se ha estrellado contra el muro. El muro de la mayoría absoluta del PP, que en la comisión de presupuestos de la Asamblea madrileña tumbó este miércoles la iniciativa, que propugnaba una fiscalización específica y que recibió el apoyo no solo de Más Madrid sino también de Vox. Quirón es señalado por la Fiscalía, en su denuncia contra Alberto González Amador, como el "principal cliente" de este.

Aunque el veto era lo previsible, el autor de la propuesta, el diputado del PSOE Fernando Fernández Lara, hizo suyo uno de los axiomas del PP madrileño: que cuando no hay nada que esconder no debería haber ningún problema en que se fiscalice la gestión. “Es sorprendente –afirmó– que no suponga ningún conflicto de interés adoptar decisiones a sabiendas de que era el principal pagador de su pareja”. Fernández Lara se refería a los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno para saldar deudas reclamadas por Quirón sin ninguna auditoría previa conocida.

Según los conservadores, la petición de que se fiscalicen las operaciones contractuales con Quirón resulta “extemporánea” en lo que a 2020 y 2021 se refiere por cuanto la Cámara de Cuentas ya emitió dos informes sobre ambos ejercicios, informes que en realidad poseen carácter genérico y donde no se aborda ni la deuda que el Ejecutivo madrileño arrastra con Quirón ni las monumentales convalidaciones de gasto –fórmula excepcional para trabajos realizados sin contrato ni fiscalización previa– que en el último cuatrienio han engordado con más de 700 millones las cuentas del mayor hospital de los cuatro de la red pública que gestiona el grupo. El ejercicio 2023 se fiscalizará este año. Y queda pendiente 2022, añadió el representante conservador.

Al frente de la Cámara de Cuentas, el órgano que fiscaliza las cuentas de las administraciones madrileñas, el PP acaba de colocar a Joaquín Leguina, expresidente socialista de la Comunidad y expulsado del PSOE por su apoyo explícito a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de 2021.

Lo que sostiene la formación gobernante es que la iniciativa del PSOE constituye solo “un intento más de hablar de una trama que no existe”. “La única trama que existe con hechos concretos –espetó el diputado conservador Ángel Francisco Alonso– es la del caso Koldo”. A lo largo de su intervención hubo un momento en que una batida de murmullos y risas sustituyó al silencio. Fue cuando en un lapsus rectificado de inmediato Alonso afirmó lo que sigue: “No se ha realizado ningún pago a ninguna empresa concesionaria que no haya pasado por todos los filtros políticos… eh… por todos los filtros jurídicos y todos los parabienes sin olvidar la oportuna fiscalización”. En realidad, las convalidaciones de gasto se efectúan sin fiscalización previa.

Desde las filas de Más Madrid, el diputado Eduardo Gutiérrez acudió a una metáfora literaria y cinematográfica para definir la relación del Gobierno del PP con Quirón como un ejemplo de “amistades peligrosas”. Gutiérrez puso el acento en la enorme cuantía de las convalidaciones de gasto en favor de Quirón. Y trazó un diagnóstico de situación: “Hay un agujero negro por el que se están desviando fondos”.

También la diputada de Vox Ana Cuartero, que dimitió recientemente como presidenta de la comisión de vigilancia de las contrataciones por lo que ella misma definió como “bloqueo” del PP, consideró “imprescindible dar visibilidad” a la deuda real del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) con Quirón. Sin un adecuado control de los contratos –adujo– nos podemos encontrar en una situación de “pillería” o “mala praxis”.

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP) de la Comunidad de Madrid ya avisó en junio de 2023 de que los pagos a proveedores privados mediante el sistema de “convalidación de gasto” habían experimentado “un incremento sustancial”, aunque no consideró que hubiese motivos para iniciar ningún procedimiento sancionador. Fórmula legal pero solo prevista para situaciones excepcionales, la convalidación garantiza el pago de los suministros o servicios prestados sin fiscalización previa por proveedores que en ese momento carezcan de contrato vigente por distintas circunstancias. Pero, tal como señala un decreto aprobado por el mismo PP en el Ayuntamiento de Madrid, lo que debería tener “un carácter residual y no recurrente y estructural” se ha disparado desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso (PP) a la presidencia autonómica. De las 139 convalidaciones aprobadas por el Gobierno regional en 2019, año en que la actual presidenta tomó posesión del cargo el 14 de agosto, se ha pasado a las 510 de 2022, según los sucesivos informes anuales del TACP, todos ellos consultados por infoLibre.

En el último cuatrienio (2020-2023) el Ejecutivo de Ayuso ha desembolsado por esa vía más de 2.000 millones de euros, según informó eldiario.es. Y como había publicado infoLibre, 707 millones –es decir, un tercio del total– llegaron a las cuentas del hospital Fundación Jiménez Díaz, de Quirón Salud. El Jiménez Díaz es el auténtico buque insignia del holding que en la primera década del siglo se convirtió en el gran beneficiario de la privatización sanitaria emprendida por Esperanza Aguirre. Hasta ahora, nadie ha explicado por qué acudió la Consejería de Sanidad a la fórmula de la convalidación en lo que respecta al único hospital propiedad de Quirón –los otros tres que gestiona son de titularidad pública– y con el que mantiene un “convenio singular” desde diciembre de 2006. La Consejería de Sanidad anunció días atrás que su objetivo es "la convalidación cero".

Una de las filiales del coloso sanitario citado en el párrafo anterior, Quirón Prevención SL, realiza los reconocimientos médicos a la plantilla de la Administración madrileña. Y según Hacienda, fue al menos en el bienio 2020-2021 el principal cliente de Alberto González Amador, pareja de Ayuso y al que la Fiscalía atribuye un fraude fiscal de 350.000 euros reconocido por su propio abogado. Sobre González Amador pesa también la imputación de un supuesto delito de falsedad documental cimentado en empresas que habría utilizado como instrumentales para emitir facturas irreales.

Distintas por completo a los contratos de emergencia –tramitados a gran velocidad pero formalmente dentro del marco normativo aunque ese es uno de los puntos que ahora investigará el Congreso– y de las prórrogas de contrato, las convalidaciones de gasto suponen en la práctica un revés a la libre competencia. Si un proveedor sigue cobrando de una administración pública más allá del límite establecido en el pliego de condiciones por el que se reguló la adjudicación o sin que esta haya existido en ningún momento, ese proveedor carece literalmente de competidores.

Ese hecho topa de frente con un discurso favorable al libre mercado que la presidenta de Madrid presenta como uno de los pilares de su política económica. Según Ayuso, el Gobierno madrileño del PP “lleva casi dos décadas suprimiendo todos los impedimentos a la libre competencia, como son las leyes innecesarias o el exceso de impuestos o burocracia”.

Que las convalidaciones constituyen una figura opaca está fuera de duda. En el portal de contratación, de acceso público, no figuran las memorias justificativas de por qué se acude a esa vía en cada caso y se paga la cantidad aprobada en vez de haber convocado una licitación a la que pudieran presentarse las empresas interesadas. La única información disponible es la que el Consejo de Gobierno refleja en la nota oficial que emite tras cada sesión. Si el Ejecutivo ha aprobado ese día una convalidación de gasto –o una decena, como ha llegado a ocurrir–, el comunicado difunde la cuantía aprobada, el servicio o el suministro con que se corresponde y, en la mayoría de los casos, la identidad del destinatario de los pagos.

Del crecimiento progresivo de las convalidaciones aprobadas durante los Gobiernos de Ayuso, el Tribunal de Contratación se había limitado hasta 2023 a enumerarlas ejercicio por ejercicio, aunque el cómputo temporal no iba siempre de enero a diciembre sino que en ocasiones se sumaban datos de meses de dos años consecutivos. Las cifras que recogen los informes son estas: 63 convalidaciones en 2017; 22 en 2018; 139 en 2019; 192 en 2020; 520 en 2021 y 510 en 2022. A ellas –aquí, contabilizadas por infoLibre aunque el TACP no dará cifras hasta este verano– se unen las 322 de 2023.

Es en el último de los informes anuales emitidos por el TACP, órgano adscrito a la Consejería de Hacienda y  que –se lee en la web oficial– “goza de independencia funcional" donde se incluye el siguiente párrafo: “El propósito de informar cada uno de los expedientes de convalidación de gasto aprobados por el Consejo de Gobierno con el informe de Intervención a los efectos de las competencias propias de este Tribunal encuentra dificultades en las disponibilidades de personal del mismo y el incremento sustancial de este tipo de expedientes”.

Tras la lectura de un diagnóstico que hasta ahora había pasado inadvertido y que se centra en las “dificultades” de examinar todos los expedientes de convalidación así como en su “incremento sustancial”, infoLibre preguntó a la Consejería de Hacienda cómo hay que traducir un párrafo inequívoco pero de redacción algo farragosa. La respuesta fue la que sigue: "Se han analizado con carácter interno todos los expedientes y no se ha iniciado ningún expediente por las causas establecidas en los informes trasladados”. Es decir, el TACP no considera que quepa ninguna sanción.

Las fuentes de Hacienda prosiguen así: “Las dificultades de personal en un momento determinado no han impedido que se conocieran y analizaran todos [los expedientes de convalidación]. Para atender las necesidades de personal se ha provisto una plaza de nueva creación que corresponde a un técnico (A1) que actualmente se encuentra cubierta por un funcionario interino desde diciembre de 2023”.

Para la oposición, las convalidaciones de gasto operan desde hace años como una máquina cuyos mecanismos solo conoce quien la maneja: aquí, el Gobierno regional. Más Madrid llegó a presentar hace justo un año una denuncia ante el Tribunal de Cuentas que el órgano fiscalizador terminó archivando. No era la primera vez que ponía el acento sobre un asunto que durante años ha permanecido fuera del debate público. En octubre de 2021, uno de los expertos de Más Madrid en contratación, el diputado Eduardo Gutiérrez, definió así en declaraciones a infoLibre lo que ya entonces se había convertido en práctica habitual: "Las convalidaciones de gasto, normalizando a posteriori gastos que se realizan sin control previo alguno y de las que está abusando el Ejecutivo de Ayuso, son la evidencia del descontrol del uso que está haciendo el Gobierno del PP de los dineros de todos los madrileños".

Para el PSOE, las convalidaciones de gasto operan como una herramienta de bloqueo de la libre concurrencia. “Por la puerta trasera y sin control previo de la Intervención General –sostiene el diputado Daniel Rubio–, la Comunidad de Madrid recurre a la fórmula de la convalidación de gastos, que llega en algún ejercicio presupuestario al 30% del presupuesto”. “Con ello –agrega– hurtan la libre competencia entre empresas. Y por ello, una y otra vez o bien rechazan las iniciativas del grupo parlamentario socialista para analizar este asunto, o bien dilatan los plazos legales que tienen para responder las solicitudes de información”.

Incluso Vox, aliado estratégico del PP, pidió ya en 2022 la comparecencia en la Asamblea de Madrid del presidente del Tribunal de Contratación, Laureano Peláez, funcionario nombrado para el cargo por el Gobierno madrileño previo concurso. El objetivo de aquella comparecencia era “asesorar sobre la utilización del procedimiento de convalidación del gasto”. Gracias a su mayoría en la Mesa de la Cámara autonómica, el PP tumbó la solicitud. Lo hizo –la fórmula se repite– alegando que Peláez no se cuenta “entre los eventuales destinatarios de las comparecencias contempladas” en el Reglamento de la Asamblea de Madrid. 

Mape Asesores SA, la empresa de Pontevedra que con la mediación de Alberto González Amador, hoy pareja de Isabel Díaz Ayuso, adquirió mascarillas a una segunda compañía para así venderlas a la Xunta, se convirtió el año del estallido de la pandemia en el mayor proveedor del Servicio Gallego de Salud (Sergas) a través de contratos de emergencia.

Como detalla el ranking incluido en el informe elaborado sobre ese tipo de contratos por el Consello de Contas –el equivalente en aquella comunidad al Tribunal de Cuentas–, la compañía pontevedresa obtuvo exactamente 10.004.510,00 euros en 2020 por suministros sanitarios al Gobierno que entonces presidía Alberto Núñez Feijóo, hoy líder del PP. En 2021, Mape se quedó a cero. No suministró nada a la Xunta, como ha verificado infoLibre en portales oficiales de contratación. El portal de Galicia, a diferencia de lo habitual en ese campo, no permite la búsqueda por adjudicatario.

La adquisición de material sanitario –42 millones, según desveló eldiario.es– por parte de Mape Asesores a una segunda mercantil –FCS Select Products SL– fue clave para que el novio de la presidenta de Madrid, Alberto González, recibiera dos millones de comisión pagados por el proveedor original. Es decir, por FCS Select Products SL. Hasta 2020, Mape Asesores, especializada en la distribución de material médico, no había figurado en ninguna lista de proveedores de la Xunta.

Actualmente Alberto González, de quien la revista Lecturas publicó en mayo de 2021 que era pareja de Ayuso, está investigado por los presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental por un juzgado de Madrid. El supuesto fraude atribuido a González asciende a más de 350.000 euros de los ejercicios 2020 y 2021. González adquirió en julio de 2022 un piso en Madrid con una tasación próxima al millón de euros en el que reside con Ayuso.

Uno de los miembros del consejo de administración de Mape es desde julio de 2019 Fernando Camino Maculet. Ese año, Mape Asesores anotó en su memoria 29,9 millones como importe neto de la cifra de negocio, es decir, ingresos. En 2020, la cifra se multiplicó por cuatro y quedó en 113,25 millones.

Pero el cargo más relevante de Camino Maculet no es en Mape. Directivo del coloso sanitario Quirón, preside una de sus filiales, Quirón Prevención SL, la rama del holding Quirón que se convirtió –así lo señala la Fiscalía– en el “principal cliente” de Alberto González. Como publicó infoLibre, González cobró 1,6 millones en el bienio 2020-2021 de Quirón Prevención SL, que gestiona los reconocimientos médicos para la plantilla de la Comunidad de Madrid.

Lejos de limitarse a Quirón Prevención SL, la relación de Fernando Camino y Alberto González ha ido más allá de esa frontera, dicho sea en sentido literal. En 2013, Camino fue uno de los fundadores de Insumos Médicos del Pacífico SA, constituida en Panamá, uno de los países de la lista europea de paraísos fiscales. González ocupó el cargo de director desde febrero de 2014 y siguió como directivo en esa mercantil hasta que en mayo de 2022 renunció al cargo, como consta en los documentos oficiales del istmo centroamericano. La renuncia se inscribió en el registro mercantil justo el día –12 de mayo de 2022– en que la Agencia Tributaria le notificó el inicio de un proceso de comprobaciones que derivó en la denuncia por un delito fiscal vinculado al impuesto de sociedades de 2020 y 2021.

A preguntas de infoLibre sobre si hubo algún elemento que situara en 2020 a Mape Asesores en una posición preponderante pese a su nula presencia en licitaciones anteriores, fuentes oficiales de la Consejería de Sanidad de Galicia ofrecieron la siguiente respuesta: “El objeto social de esta empresa gallega es el transporte y distribución de material sanitario. A la empresa Mape Asesores SL se le adjudicaron 10 contratos de los 232 que se firmaron en total”.

Los portavoces de la Consejería prosiguen así: “Tal y como recoge el informe del Consello de Contas, a comienzo de la pandemia cambia en cierta medida el perfil del proveedor, incorporándose a los ya habituales otras empresas que cuentan con contactos comerciales en los países productores, especialmente China”.  Según la Xunta, “fue necesaria la diversificación de proveedores ya que ninguno de ellos, por sí mismo, era capaz de suministrar al Sergas toda la cantidad de material que se necesitaba. Además, se buscaba minimizar los riesgos de que cualquier empresa sufriese una ruptura de stocks, la pérdida de una operación en el mercado internacional o un retraso en la entrega”. Como colofón, las fuentes oficiales consultadas en la Xunta agregan que Mape Asesores SA “también fue seleccionada por el Ministerio de Sanidad como una de las proveedoras de referencia en el Acuerdo Marco para compra centralizada de material sanitario que tramitó el Gobierno de España”.

infoLibre fracasó en su intento de hablar con algún portavoz de Mape Asesores SA. Desde la centralita de su sede quien atendió la llamada se limitó a facilitar un email de contacto pero anticipando que sobre el asunto de Alberto González la empresa rehusaba pronunciarse. A la dirección electrónica este medio envió dos preguntas: 1) Qué factor condujo a que una empresa –Mape Asesores– que no había operado como suministradora de la Xunta de Galicia antes de 2020 se convirtiera ese año en la principal adjudicataria de contratos de emergencia. 2) Si la presencia de Fernando Camino en el consejo de administración de Mape Asesores indica la existencia de algún vínculo entre la empresa gallega y el holding sanitario Quirón Salud. No hubo respuesta para ninguna de las dos cuestiones.

Los portavoces de Quirón declinaron igualmente dar explicaciones. Y tampoco ha sido factible hasta ahora contactar con Alberto González ni con nadie que ejerza su portavocía de manera oficial.

El Ejecutivo de Díaz Ayuso sostiene que este es un caso que afecta a un particular. Simultáneamente, su equipo ha amenazado con “triturar” a eldiario.es por desvelar la denuncia de la Fiscalía por fraude fiscal, ha acusado a periodistas de ese medio de intentar allanar el piso de lujo comprado en 2022 por González y en el que reside con la presidenta y ha acusado también a periodistas de El País de acosar a vecinos de la pareja. Tras proclamar hace semanas que era Hacienda la que tenía una deuda de 600.000 euros con Alberto González y sostener que su novio está siendo víctima de una “cacería política”, Ayuso aventuró este martes que los periodistas que investigan el caso “probablemente tendrán que disculparse” porque “todo es falso”.

Quienes a finales de los ochenta jugaban con aquellos libros de dibujos de la serie ¿Dónde está Wally? saben que el protagonista de una historia puede esconderse en medio de una multitud de personajes, objetos y detalles que extravían al observador. Un mes después de su estallido, el caso de Alberto González Amador, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, ha derivado por momentos en un nuevo Wally donde la hojarasca camufla lo esencial. Porque lo sucedido a partir de que el 12 de marzo saliera a la luz la denuncia de la Fiscalía contra el novio de la presidenta de Madrid por sus manejos tributarios –un fraude de 350.000 euros reconocido por su propio abogado así como la supuesta emisión de facturas falsas a través de sociedades instrumentales– desencadenó de inmediato un terremoto. Pero la tinta de calamar ha ocultado con frecuencia dónde se encuentra el epicentro de esta historia.

En esa estrategia para que el auditorio mire el dedo y no la luna se inscribe no solo la querella de González contra la Fiscalía por revelación de secretos y el respaldo del Colegio de Abogados de Madrid a sus tesis, sino sobre todo el discurso del PP, que define al deudor de Hacienda y a su pareja como víctimas de una “cacería política”. La derecha se esfuerza por borrar el pecado moral y supuestamente penal del fraude tributario de la actual pareja de la presidenta de Madrid para situar en primer plano el caso de corrupción abierto contra un asesor del exministro socialista José Luis Ábalos –el caso Koldo– o las informaciones de todo tipo –verificadas, tergiversadas o directamente fruto de bulos– relativas al papel de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, en negocios privados sobre los que, a día de hoy, no pesa ninguna investigación.

En su querella, González Amador llega a lanzar una afirmación que chirría: que la actuación de la Fiscalía, que con un comunicado oficial confirmó la noticia sobre cómo el abogado del investigado había reconocido el delito de fraude, se incardina en una estrategia ligada a “una exclusiva causa”: “la relación sentimental que el mismo mantiene, no dudando nadie de que de haber sido mantenida una relación sentimental con cualquier otra persona, jamás se habrían producido las conductas y los hechos delictivos que nos ocupan”.

La idea de que lo del novio de Ayuso es un asunto “particular” – a pesar de la evidencia de que el caso posee máximo interés público y por tanto relevancia dado que afecta no a un particular del género común sino nada menos que a la persona con quien convive la presidenta de Madrid– y de que son usuales las “discrepancias” entre Hacienda y los contribuyentes –eso último lo dijo la consejera madrileña del ramo– sigue marcando el rumbo del PP, más allá de las amenazas a medios por investigar el caso. A lo largo de este mes, la derecha ha desplegado una estrategia que busca rebajar la tasa de importancia política de un caso que ya está en manos de un juzgado y tapar así el asunto central: que Alberto González Amador adeuda a la Agencia Tributaria el equivalente a más de 10 salarios anuales medios. Y que el deudor es el compañero sentimental de la máxima responsable del Ejecutivo madrileño, gobierno que mantiene una relación contractual de primera con la empresa con la que este hace negocios. Y que además el deudor comparte con ella un piso de lujo valorado en un millón, comprado por él cuando Hacienda ya había iniciado su investigación en 2022 y que tardó un año en quedar inscrito en el Registro de la Propiedad, con lo que el cambio de titularidad se mantuvo en secreto hasta después de las autonómicas que depararon a Ayuso una arrolladora mayoría absoluta.

Al igual que en lo que respecta a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta y que cobró 234.000 euros de una empresa, Priviet Sport, que suministró mascarillas al Gobierno de Madrid –Anticorrupción no vio indicios de delito–, la cresta de la ola de la pandemia resultó esencial para el novio de la presidenta. En 2020, González Amador ingresó dos millones de comisión por mediar en la adquisición de material de protección por la pontevedresa Mape Asesores SA, que luego se lo vendió a la Xunta. En su consejo de administración se sienta Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención SL, empresa que en el ejercicio siguiente –2021– abonó a dos empresas de González 1,6 millones.

Aquel año se produjo el levantamiento del velo sobre la relación de pareja con Isabel Díaz Ayuso, cuya fecha de inicio se desconoce y sobre la que informó la revista Lecturas en mayo de 2021. Poco después, fue el día 17 de junio cuando se formalizó con Quirón Prevención SL el segundo contrato para los reconocimientos médicos de la plantilla adscrita a la administración madrileña. El primero, fechado en 2018 y cuya orden de adjudicación había firmado Ayuso como viceconsejera de Presidencia, se le otorgó en un concurso donde desbancó a la anterior prestataria del servicio, Más Prevención SL. En el segundo concurso, el de 2021, Quirón Prevención no tuvo competidores. El encargo de los chequeos, extendido en el tiempo gracias a sucesivas prórrogas de sendas adjudicaciones, ya le ha reportado 3,12 millones, el doble de lo previsto en las licitaciones originales.

Adicionalmente a lo expuesto dos párrafos más arriba, Fernando Camino es uno de los cofundadores de la mercantil panameña Insumos Médicos del Pacífico SA, a cuya junta directiva perteneció González Amador entre 2014 y 2022. Su nombre desapareció de los documentos registrales en mayo de 2022. Exactamente el día 12, aquel en que Hacienda inició su investigación sobre el impuesto de sociedades correspondiente en 2020 y 2021 a las sociedades Maxell Cremona y Masterman & Whitaker SL. Ambas compañías son de González Amador, que presta servicios de consultoría a Quirón Prevención SL. Y la segunda –Masterman– ofrece visos de empresa pantalla o fantasma, según sostiene Hacienda con un alud de argumentos que acabarán sujetos a examen por la jueza que le imputa delito fiscal y falsedad documental.

¿Con qué fin se constituyó aquella sociedad -Insumos Médicos- en un país, Panamá, que la UE sigue considerando paraíso fiscal? ¿Nació conectada a Quirón, entre cuyas metas –para cuya consecución también trabajó González, según Hacienda– se encuentra la expansión en Latinoamérica? De momento, no hay respuesta. Ni Fernando Camino ni Quirón están sujetos a investigación penal. El nombre de su filial especializada en riesgos laborales aparece en multitud de ocasiones en el informe de Hacienda. Supuestamente aceptó facturas falsas de Masterman & Whitaker. El grupo ha declinado hasta ahora dar explicaciones sobre el marasmo con Alberto González, a quien tampoco ha logrado hasta ahora localizar infoLibre.

Filial del mayor holding sanitario de España, que pasó de estar controlada por sociedades de las Islas Caimán a tener como principal accionista a la multinacional alemana Fresenius, Quirón Prevención y su matriz, Quirón Salud, constituyen una pieza clave en el puzle de este caso. Tanto que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido ya explicaciones por “el triángulo amoroso de Ayuso, su pareja y el grupo Quirón". Aunque la Consejería de Sanidad aduce que Quirón Prevención “no tiene nada que ver” con Quirón Salud, basta entrar en la web de la filial para topar en grandes caracteres con el siguiente aserto: “Formamos parte del grupo Quirónsalud”.

Pero lo cierto es que, como en una imprevista carambola, el potente vínculo profesional de Quirón Prevención SL con el compañero sentimental de Ayuso, su “principal cliente” y así lo señala la denuncia de la Fiscalía, ha desenterrado el debate sobre un ángulo ciego de la política del Ejecutivo madrileño y que por razones todavía pendientes de análisis se ha mantenido durante lustros en una especie de limbo: las relaciones de la sanidad pública con el gigante sanitario.

Gestor de cuatro hospitales integrados en la red pública madrileña –Móstoles, Valdemoro, Collado Villalba, de titularidad pública; y la Fundación Jiménez Díaz, propiedad del holding–, resulta materialmente imposible ofrecer una cifra de cuánto aporta al grupo Quirón cada año la Comunidad de Madrid desde que Esperanza Aguirre puso en marcha su modelo de “colaboración público-privada” apenas avanzada la primera década del siglo.

Y no es factible dar cifras porque, además de lo contabilizado en el presupuesto anual de la Comunidad de Madrid, entra aquí en juego un factor que, como ha ido publicando infoLibre en los últimos años, ha garantizado a Quirón una alimentación económica extra y de nuevo opaca: las llamadas convalidaciones de gasto, fórmula legal pero excepcional que permite abonar facturas sin que, por razones inusuales, su emisión derive de un procedimiento administrativo y sin que, por tanto, haya habido fiscalización previa del gasto. Un ejemplo: entre 2020 y 2023, el Gobierno de Ayuso ingresó al hospital Fundación Jiménez Díaz 707 millones por convalidaciones de gasto. Ese importe se aproxima, y mucho, a lo que en un solo ejercicio –2022– asignaba el presupuesto madrileño (726.433.522 euros) a los cuatro hospitales que operan bajo la batuta de Quirón más al Gómez Ulla, del Ministerio de Defensa.

Aunque la Consejería de Sanidad ha declarado su interés por llegar a las “convalidaciones cero”, lo tangible a día de hoy es que nadie ha explicado ni a la oposición ni a la ciudadanía qué hay tras cifras monumentales como la referida. Es decir, por qué se paga mediante una herramienta excepcional a un hospital con el que existe un convenio. Para la oposición, la imposibilidad de completar el puzle llega a la cumbre al aparecer el palo que bloquea la rueda parlamentaria: las peticiones de información y las preguntas en la Asamblea de Madrid sobre el tema Quirón acaban tumbadas por la Mesa, donde el PP tiene mayoría absoluta.

En múltiples casos, la explicación oficial se resume así: la pregunta o solicitud se refiere a expedientes de legislaturas anteriores a la actual. De momento, todavía es pronto para aventurar si las diligencias judiciales abiertas contra González Amador y otros involucrados en la supuesta trama de facturas falsas acabará desvelando datos ignotos sobre los pagos a Quirón, otro Wally de la política madrileña.

El escándalo de los negocios del novio de Isabel Díaz Ayuso con Quirón, el gran beneficiario de la privatización sanitaria impulsada por Esperanza Aguirre e imputado ahora por fraude fiscal y falsedad documental, ha llevado al Gobierno madrileño (PP) a desplegar una estrategia de desmarque que presenta al holding gestor de cuatro hospitales adscritos a la red pública como un ente colaborador, exhaustivamente fiscalizado, que cobra solo por lo que realmente hace y que es ajeno por completo a una de sus filiales: justamente la filial Quirón Prevención SL, adjudicataria de los chequeos médicos a la plantilla de la Administración madrileña y de la que, como desveló infoLibre, Alberto González Amador cobró 1,6 millones entre 2020 y 2021 al tener a esa sociedad como principal cliente. Ese fue el bienio en que, a tenor de lo que su propio abogado admitió por escrito, la pareja de Ayuso defraudó 350.000 euros al fisco.

Quirón Prevención SL “no tiene nada que ver” con Quirón Salud. Esa fue la afirmación estandarte con la que durante un multitudinario desayuno informativo un alto cargo del Ejecutivo regional verbalizó este lunes el citado discurso de desmarque. Y ello pese a la condición de filial del grupo de Quirón Prevención SL y pese a que el informe de Hacienda que cimenta la denuncia de la Fiscalía contra González Amador refleja cómo el comisionista también dio servicios para la expansión del grupo en Latinoamérica y la entrada del mayor hospital de Quirón, el Jiménez Díaz, en la Joint Comission Internacional (JCI), una organización que otorga el sello de calidad sanitaria.

Tras una larga comparecencia a la que siguió una declaración de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, a micrófono abierto, no hubo forma de que el equipo de Ayuso resolviera uno de los mayores enigmas de las cuentas del Ejecutivo regional en los últimos 18 años: cuántos miles de millones, desagregados por año y destinatario, ha ido pagando el erario madrileño a los diferentes hospitales que desde 2006 funcionan bajo la batuta del grupo Quirón. Tres de ellos –Móstoles, Valdemoro, Collado Villalba– son de titularidad pública. El cuarto, el mayor de todos, es la Fundación Jiménez Díaz, propiedad del coloso sanitario y funciona sujeto a un “convenio singular” con la sanidad pública madrileña. La respuesta a las preguntas reiteradas sobre los pagos totales fue que pueden consultarse uno a uno mediante un rastreo a los sucesivos acuerdos semanales del Consejo de Gobierno. Averiguar las cifras de conjunto requiere, por tanto, una verdadera investigación arqueológica pese a que la idea de un desconocimiento absoluto por parte de la Consejería de Sanidad constituye una hipótesis difícilmente verosímil.

Solo la Fundación Jiménez Díaz, el mayor hospital del lote gestionado por un holding dominado hace una década por sociedades de las Islas Caimán y ahora por la multinacional alemana Fresenius, recibió entre 2020 y 2023 más de 707 millones del Gobierno madrileño por “convalidaciones de gasto”, una fórmula legal diseñada para casos excepcionales en los que no es factible adjudicar contrato o prorrogar uno ya existente y que consiste en conformar –y abonar– las facturas que el prestatario de un servicio presenta una vez ejecutado el trabajo. La tarea en cuestión –servicio o suministro– se realiza por tanto sin fiscalización previa.  

Este medio tampoco logró durante el briefing conocer los motivos de convalidaciones de la magnitud expuesta en el párrafo anterior y de la que vale como ejemplo lo sucedido en 2021: ese año, las aprobadas para el hospital buque insignia de Quirón se elevaron hasta 342,37 millones. Y a diferencia de lo narrado por el alto cargo de Sanidad, no eran pagos de ejercicios lejanos sino por prestaciones asistenciales correspondientes a los distintos meses de ese mismo año.  

Ahora –subrayó la fuente de la Consejería– se ha trazado una “línea roja” con el objetivo de lograr una “convalidación cero”. Pero a qué obedecen todas las satisfechas hasta ahora seguirá, al menos de momento, siendo un arcano político.

De lo pagado a Quirón no es, en consecuencia, factible tener una fotografía aérea que permita conocer el alcance real sobre la política de gasto sanitario. Pero la Consejería sí precisó que los contratos con la Administración madrileña han reportado a la filial Quirón Prevención SL solo nueve millones de euros. Este medio únicamente ha logrado localizar los dos contratos –2018 y 2021– que gracias a sucesivas prórrogas aún vigentes han aportado a Quirón Prevención 3,12 millones por los reconocimientos médicos a la plantilla autonómica.

En 2018, la filial del holding sanitario obtuvo la adjudicación tras desbancar en el concurso al anterior prestatario del servicio, Más Prevención SL, y hacerse con una tarea cuya orden de adjudicación firmó Isabel Díaz Ayuso, entonces viceconsejera de Presidencia. En 2021, Quirón Prevención ya no tuvo competidor. La suya fue la única oferta. Este martes por la tarde, infoLibre preguntó a la Consejería de Sanidad qué otros contratos públicos maneja en Madrid Quirón Prevención. Todavía no hay respuesta.

El silencio en que el equipo de Ayuso se enroca para mantener bajo llave los pagos totales al holding Quirón –es decir, los derivados de cada presupuesto anual más los adicionales por gastos inesperados que salen a flote en la liquidación de cada ejercicio, muchas de ellas aprobadas años más tarde, más los de las misteriosas convalidaciones de gasto y las obligadas por sentencias judiciales favorables al conglomerado privado– contrastó en el briefing de este lunes con el detalle numérico sobre lo abonado por el Ejecutivo central a Quirón Prevención SL.

Según la Consejería de Sanidad, esos pagos ascienden desde 2019 a 159 millones de euros, “15 veces más” que lo desembolsado para esa filial por el Gobierno regional. El resto de las comunidades –añadió la fuente– han abonado 57 millones a Quirón Prevención SL, la filial del grupo presidida por Fernando Camino. Directivo del grupo desde hace años, Camino fue en 2013 cofundador de la primera empresa panameña en la que participó Alberto González.

El alto cargo remarcó en varias ocasiones que los contratos con Quirón se rigen por una política de “control absoluto, férreo, transparente y garantista”. En relación a la transparencia y ante la pregunta de un periodista sobre el contenido de la reunión que el 23 de noviembre mantuvieron cargos de Sanidad con Quirón, la respuesta fue la siguiente: que se trató de un encuentro “institucional” como el mantenido con otros agentes. Por ejemplo, con CCOO.

El discurso del alto cargo se sustentó en un caballete. La primera pata se resume en que –así lo asegura ahora el Gobierno de Ayuso– la privatización sanitaria nunca ha existido en Madrid y que la colaboración público-privado se ampara en la Ley General de Sanidad aprobada 1986 por el Gobierno de Felipe González. “No se ha privatizado nada ni pensamos hacerlo”, agregó la fuente. Detrás quedan lustros de defensa acérrima de la “externalización” de los servicios médicos o, lo que es lo mismo, de dejar el manejo de la sanidad pública en manos privadas.

El segundo elemento del soporte discursivo fue el siguiente: que la Consejería de Sanidad no ha mantenido nunca “ningún tipo de relación particular con ninguna persona”. Traducido hoy, lo anterior significa que, según este departamento, jamás ha influido en ningún contrato Alberto González Amador, con quien convive Isabel Díaz Ayuso en un piso de lujo valorado en un millón de euros. 

El archivo del caso que en junio de 2022 derivó en la dimisión de Mónica Oltra tras ser imputada como supuesta encubridora de los abusos de su exmarido a una menor tutelada ha sacado a dos figuras clave del armario de esta historia. Unidas por el nexo de la ultraderecha, esas dos figuras y lo que representan –José Luis Roberto y Cristina Seguí– lograron el hundimiento de quien, como líder de Compromís, vicepresidenta y portavoz de la Generalitat valenciana bajo la presidencia del socialista Ximo Puig, había puesto varias picas en el Flandes de un territorio durante lustros gobernado por dirigentes del PP como Eduardo Zaplana y Francisco Camps.

Dos meses antes de su imputación en junio de 2022 –imputación ahora desguazada en el auto que la exonera por ausencia absoluta de indicios de encubrimiento–, Oltra lanzó un aviso en las Corts valencianas: “Hay que seguir el rastro del dinero”. De momento, le ha costado una querella pronunciar esas palabras a modo de frontispicio de la foto que exhibió aquel día. Tomada en una estación de tren, en la imagen aparecían juntos Francisco Camps, Cristina Seguí y Alberto de Rosa, presidente del holding Ribera Salud, favorecido por la privatización sanitaria del PP en Valencia.

Testigo de cómo la líder de Compromís promovió la devolución al mando público de los hospitales privatizados, Ribera Salud mantiene la querella bajo la dirección letrada del mismo abogado –Pablo Delgado– que defiende a Francisco Camps y que ha representado a la asociación de Cristina Seguí –Gobierna-te– como acusación popular en el caso contra Oltra. Su presidente, Alberto de Rosa Torner, es hermano de Fernando de Rosa, exconseller valenciano de Justicia durante el mandato de Francisco Camps, luego vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) bajo mayoría conservadora, más tarde presidente de la Audiencia de Valencia, de la que salió para ser senador del PP hasta 2023. Y ahora ocupa un escaño por el PP en el Congreso.

A día de hoy, nadie ha avanzado en la comprobación de la hipótesis de la pista del dinero ni por tanto en si, lejos de ser un mero arrebato por lo que Oltra ya había definido como “cacería política”, lo expuesto aquel día en el Parlamento se ajustaba a la realidad. Así que lo único palmario a día de hoy es que las dos figuras del párrafo inicial –Roberto y Seguí– son dos ultraderechistas de primer orden contra los que se acabó revolviendo la menor víctima de los abusos sexuales cuando la losa de la imputación penal ya había aplastado a la dirigente valencianista. "Siento que me han utilizado y luego me han dejado tirada", le dijo la joven al diario Levante en agosto de 2022.

La información del rotativo no especifica a quién se refería la entrevistada, Maite, cuando narró que le habían prometido casa y trabajo en Madrid. Pero distintos medios –entre ellos el diario El Mundo– publicaron que la oferta consistía en un contrato para ella y su compañero sentimental en el hospital del municipio madrileño de Torrejón de Ardoz, parte del grupo de centros de gestión privatizada por Esperanza Aguirre y gestionado por Ribera Salud. La pareja, que según esas mismas informaciones rechazó la propuesta, ya había trabajado en el hospital de la alicantina Torrevieja, uno de los gestionados por Ribera Salud y revertido luego a la Generalitat por el Gobierno PSPV-Compromís.

infoLibre envió a los portavoces de comunicación del holding valenciano un correo con dos preguntas: ¿Es cierto que Ribera Salud o algún directivo del grupo ofreció trabajo en el hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid) a la víctima de abusos del exmarido de Mónica Oltra y a su pareja sentimental? ¿En qué punto se encuentra la instrucción de la querella del presidente de Ribera Salud contra Mónica Oltra? Al cierre de esta edición, no había habido respuesta.

Quien sí contestó a este periódico fue José Luis Roberto, el abogado que en la causa contra Oltra ha representado a la menor víctima de abusos sexuales y antiguo secretario general de la patronal española de prostíbulos (Anela). Roberto es también empresario y presidente de España 2000, un minúsculo y xenófobo partido que en ocasiones ha copado titulares por episodios de violencia física y que incluso homenajea a Benito Mussolini. Hace un año, Roberto aseguró en conversación telefónica con infoLibre que “el fascismo no es ultraderecha”.

Ahora, y a través de un correo electrónico de respuesta a este medio, Roberto ha confirmado que recurrirá el sobreseimiento provisional de la causa contra Oltra así como contra varios funcionarios. Sobre aquella oferta de trabajo y casa por la que la menor se sintió utilizada y luego abandonada, su mensaje literal es el que sigue: “En ningún momento le he prometido casa y trabajo, le conseguí trabajo en el hospital de Torrevieja [uno de los que gestionaba Ribera Salud en Alicante] y la despidieron cuando se hizo cargo la Generalitat [tras el proceso de reversión]; ella y a su novio fueron a los únicos de más de 1000 que no subrogaron”.

El abogado prosigue así: “Denunciamos por despido nulo y se sentenció 10.000 euros de indemnización a cada uno. Cobraron esa cantidad y recurrimos, está pendiente el recurso, ya que nuestra petición inicial era de 25.000 euros a cada uno”.

Y ahora, sobre la oferta de empleo y vivienda: “Quedándose sin trabajo, Cristina Seguí les comentó que le habían ofrecido un trabajo para ellos en un municipio de Madrid y que se había puesto en contacto con el alcalde la localidad que les podría encontrar, dada su situación, una vivienda social. Yo no tuve nada que ver en este ofrecimiento, que me consta que era cierto, el cual no cristalizó por cuestiones de los interesados y de la presunta prima, que no lo es, que se metió por medio. En todo este asunto yo he estado al margen, pero conocedor de la realidad del ofrecimiento y de las circunstancias que llevaron a no aceptarlo, ajenas a la voluntad de Cristina Seguí”.

Conclusión del mensaje del creador de España 2000: existió la oferta y la pareja la rechazó por cuestiones propias y “de la presunta prima”. Roberto se refiere a otra joven, persona muy allegada a Maite y que abundó en la idea de que la extrema derecha la había dejado tirada en cuanto consiguió su propósito: cargarse a Mónica Oltra.

Que José Luis Roberto elija la vía difusa en relación a la propuesta de trabajo –no precisa de quién partió– y que defienda la actuación de Cristina Seguí no son hechos aislados. Ambos han formado un tándem con motor a toda marcha. Cofundadora de Vox en Valencia, tertuliana experimentada y conocida por su tendencia al exabrupto en redes o programas de televisión y considerada ultraultraderechista desde que ya en 2014 abandonó el partido de Santiago Abascal, Seguí dirige la asociación Gobierna-te. En su perfil de Twitter (ahora, X), la jefa de la asociación se describe así: “Antiglobalista, Heroína de Tabarnia y Autora de Manual para defenderte de una Feminazi y #LaMafiaFeminista. Directora en CesarVidal.tv”. Vidal se cuenta entre quienes eximen al dictador de responsabilidad en el estallido de la guerra civil. El historiador sostiene que fue el ambiente de confrontación durante la República lo que hizo inevitable el conflicto bélico.

Tras la denuncia interpuesta por José Luis Roberto en nombre de la menor Maite una vez había sido condenado Luis Eduardo Ramírez –el exmarido de Oltra–, Seguí se personó como acusación popular. Como quedó esbozado más arriba, su asociación encomendó la tarea al Pablo Delgado, abogado de Francisco Camps y con quien infoLibre ha intentado contactar sin éxito. De forma independiente, Vox fue la tercera pata de la acusación privada.

Seguí ya había comenzado 2021 sacando a la venta camisetas con el rostro de Oltra y la leyenda típica de las películas del Oeste: “Se busca muerta o viva”. Ese era el lema pero escrito en inglés. Las camisetas se anunciaban en un tuit donde la jefa de Gobierna-te acusaba a la dirigente de Compromís de estar “criminalizando” a Francisco Camps también a base de camisetas.

El objeto declarado de las camisetas del "Dead or alive. Wanted" contra Mónica Oltra era reunir fondos que permitieran a la asociación de Seguí mantenerse como acusación popular en la causa ya entonces abierta contra varios cargos de la Consellería de Justicia y Bienestar Social por la supuesta ocultación de pruebas que incriminaban al exmarido de Oltra.

Abogado de prestigio, nunca ha trascendido cuánto cobra Pablo Delgado por llevar este caso ni cuánto ha conseguido Gobierna-te recaudar a lo largo de estos años. Tras varias búsquedas para hallar la web de la asociación Gobierna-te se envió un mensaje por Twitter a Cristina Seguí donde le pedía si podía facilitarle el link. La respuesta de Seguí fue esta: “Eres periodista de @infoLibre. No voy a hacer tu puto trabajo”.

Finalmente y gracias a la ayuda de un experto, la web gobierna-te.es fue localizada. Pero no funciona. El dominio lo registró en 2022 una de las colaboradoras habituales de Seguí, una psicóloga que niega de modo taxativo la violencia machista y se prodiga en la tesis de que buena parte de las denuncias por malos tratos son falsas.

El estrecho vínculo económico entre Quirón y Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por delito fiscal y falsedad documental, ha llevado a PSOE y Más Madrid a exigir la fiscalización de todos los contratos del Gobierno regional con el holding sanitario. Tanto el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, como la portavoz de Más Madrid en la Asamblea Regional, Manuela Bergerot, expresaron este lunes su inquietud por el freno del PP a los intentos por conocer cómo funciona, con números exactos, la relación entre la sanidad madrileña y el grupo que gestiona cuatro hospitales de la red pública y realiza –a través de su filial Quirón Prevención SL– los reconocimientos médicos para la Comunidad de Madrid. Quirón es señalado por la Fiscalía, en su denuncia contra González Amador, como el "principal cliente" de este.

De momento, el PSOE ya ha solicitado su personación como acusación popular en las diligencias que, con González Amador como principal investigado, ha abierto un juzgado de Madrid tras la denuncia de la Fiscalía por fraude fiscal y por el supuesto montaje de una trama de facturas falsas. Ejercer la acusación popular –adujo este lunes Lobato– se ha convertido en una iniciativa necesaria para dilucidar lo sucedido en un caso que afecta al dinero público de la Comunidad de Madrid, al tratarse Quirón de la empresa que “más dinero público ha obtenido” del Gobierno regional en los últimos años.

Como ha desvelado infoLibre, el compañero sentimental de la presidenta madrileña, con quien comparte un piso de lujo que González Amador adquirió en 2022 pero no inscribió en el Registro hasta un año después, ha cobrado al menos 1,6 millones de Quirón Prevención SL. Lo hizo a través de dos sociedades de las que es accionista único. A una de esas dos mercantiles, Masterman&Whitaker, Hacienda la considera estrictamente “instrumental”. Según el informe de la Agencia Tributaria que detectó un fraude fiscal de unos 350.000 euros por el impuesto de sociedades de 2020 y 2021, González Amador utilizó Masterman&Whitaker para endosarle “ficticiamente” parte de lo facturado a Quirón Prevención SL.

Entrar en averiguaciones parlamentarias sobre los contratos autonómicos con Quirón Prevención y concluir si se produjo o no un viaje de fondos públicos hacia las cuentas de Alberto González Amador se perfila como una tarea hercúlea por no decir casi imposible. Más Madrid y PSOE, esta vez de acuerdo con Vox, han elaborado una propuesta conjunta. De aplicarse, dicha propuesta permitiría a la comisión parlamentaria de vigilancia de las contrataciones rastrear qué está ocurriendo con aquellas adjudicaciones que, aun habiéndose producido en legislaturas pasadas –como las de Quirón Prevención SL, efectuadas en 2018 y 2021–, se siguen ejecutando.

Los socialistas creen que la contrapropuesta del PP, que tiene la victoria asegurada por la mayoría absoluta de la que dispone en la Mesa de la Asamblea Regional, persigue justamente lo contrario. Su líder, Juan Lobato, no duda de que el recorte a la comisión de vigilancia contractual constituye “un paso más en esa estrategia de opacidad, de falta de transparencia, de mordaza, de aplicación del rodillo parlamentario” para impedir que la oposición fiscalice, entre otros, "los contratos con Quirón".

Desde las filas de Más Madrid, Manuela Bergerot apuntó en la misma dirección: “No puede ser casualidad que todos los allegados de la señora Ayuso se forren con el negocio sanitario regado con dinero público”. Bergerot enfatizó la necesidad de fiscalizar “todos los negocios de Quirón con la Comunidad”. “Y si el PP hace todo lo posible para impedirlo –espetó– está clarísimo que están intentando ocultar algo”.

Haciéndose eco de las últimas informaciones publicadas, entre ellas las de infoLibre sobre cómo la pareja de Díaz Ayuso cobró 1,6 millones de la filial de Quirón que hace chequeos médicos para la Comunidad de Madrid, también el portavoz estatal de Sumar, Ernest Urtasun, se pronunció este lunes sobre el asunto, informa Marta Monforte. A juicio de Urtasun, Ayuso es “cada vez más responsable de lo que acontece en los escándalos” sobre su pareja, porque “parece claro” que se habría beneficiado de la administración pública madrileña.

En consecuencia, Sumar pedirá que la presidenta de la Comunidad de Madrid comparezca en la comisión de investigación que se constituirá esta semana en el Congreso, una opción que el PSOE no ve con malos ojos. Sin embargo, Urtasun ha evitado adelantar qué otros nombres formarán parte del listado aunque sí ha destacado que quieren “que se investigue hasta el final”.

Gran beneficiario de la privatización de hospitales efectuada por Esperanza Aguirre, el coloso Quirón –ahora dominado por la multinacional alemana Fresenius– ha ingresado en los últimos años cientos de millones adicionales a lo previsto en los presupuestos anuales de la Comunidad de Madrid. Adicionales y abonados mediante una fórmula excepcional establecida para casos urgentes que impidan la licitación ordinaria de un contrato o la prórroga de uno ya existente. Dicha fórmula es la llamada “convalidación de gasto”, que equivale a pagos de facturas sin fiscalización previa. Como también informó este medio, el mayor hospital de Quirón, la Fundación Jiménez Díaz, obtuvo por esa vía 342,37 millones en 2021, el año en que se hizo público el noviazgo entre Ayuso y González Amador, aunque hasta la fecha no ha trascendido cuándo comenzó la relación. Entre 2020 y 2023, el hospital Jiménez Díaz recibió 707 millones mediante “convalidaciones de gasto”.

Con Quirón, la pareja de Ayuso mantiene una dilatada relación profesional que, como mínimo, se remonta a 2016 y se centra en la filial Quirón Prevención SL, dato que había pasado inadvertido. Presidida por Fernando Camino, el mismo directivo que en 2013 cofundó la primera empresa panameña en la que participó González Amador –Insumos Médicos del Pacífico SA–, Quirón Prevención SL logró en 2018 la primera adjudicación para realizar los chequeos médicos a la plantilla de la Comunidad de Madrid. El contrato se prorrogó hasta junio 2021. Ese mes, y ya como única ofertante –es decir, sin competencia– se hizo con el segundo contrato de esa naturaleza. Vigente hasta el próximo mes de julio de 2024, las sucesivas prórrogas han duplicado de sobra el importe inicial previsto, que ha pasado de 1,32 millones a 3,12.

El informe de la Agencia Tributaria que atribuye a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, los delitos de fraude fiscal y falsedad documental por los que acaba de ser imputado pone sobre la mesa un dato hasta ahora desconocido: que el pelotazo de dos millones obtenidos por mediar en la venta de mascarillas a una empresa –Mape Asesores– que luego se las suministró a la Xunta de Galicia no es el único. Entre 2020 y 2021, González recibió nada menos que 1,6 millones de Quirón Prevención SL, la filial del gigante sanitario adjudicataria del servicio de reconocimientos médicos para la plantilla de la Comunidad de Madrid.

Dos pagos de los recibidos por González Amador de Quirón Prevención SL fueron directos: 275.000 euros en 2020 facturados por su empresa Maxwell Cremona en concepto de consultoría y 722.000 en 2021 por idéntica vía. Pero ese segundo ejercicio, clave en la historia porque fue cuando la revista Lecturas desveló el 2 de junio la relación sentimental entre la presidenta y González Amador, entró en escena otra sociedad: una mera pantalla, siempre según Hacienda, destinada a rebajar la carga fiscal de su dueño y denominada Masterman&Whitetaker.

Igualmente propiedad al 100% de la pareja de Ayuso, en 2021 Masterman&Whitetaker abonó a Maxwell 600.000 euros cuyo origen volvía a estar en el mismo sitio. Es decir, en Quirón Prevención SL, que en diciembre de 2021 y el 5 de enero de 2022 –o sea, al comienzo del siguiente ejercicio– aceptó sendas facturas de la mercantil fantasma pese a que carecía de personal y medios para prestar ningún servicio, según Hacienda.

El primero de esos dos cargos facturados a Quirón lo emitió Masterman&Whitetaker por la “expansión Latam”, abreviatura que hace referencia a Latinoamérica. Hasta el 12 de mayo de 2022, González Amador permaneció en el Registro Mercantil de Panamá como directivo de Insumos Médicos del Pacífico SA, compañía cuya existencia desveló diariored y amplió al día siguiente eldiario.es. El cese de González Amador de su cargo se había producido en abril pero no se inscribió hasta aquel 12 de mayo. Fue ese mismo día cuando la Agencia Tributaria –que siempre se lo comunica al investigado– inició sus averiguaciones sobre el posible fraude fiscal detectado en los datos fiscales de 2020 y 2021.

Lo narrado en los párrafos anteriores se puede resumir como sigue: el hombre con quien vive la presidenta de la Comunidad de Madrid nunca cobró por contratos con la Comunidad de Madrid pero sí recibió "ingresos cuantiosos" –así lo expone la jueza instructora– de una empresa que presta servicios a la Comunidad de Madrid y está incardinada en el holding sanitario que es principal beneficiario del proceso de privatización sanitaria de la Comunidad de Madrid. No en vano, Quirón gestiona cuatro hospitales financiados por las arcas públicas sin que las cantidades aportadas por la Administración madrileña se hayan conocido nunca con exactitud.

La Comunidad de Madrid y su presidenta ocupan así dos de los tres vértices de un triángulo que evoca al que en 2022 provocó un escándalo político y mediático, así como una denuncia que la Fiscalía Anticorrupción archivó en cuatro meses. En aquel caso, Tomás Díaz Ayuso nunca suscribió un contrato con la Comunidad de Madrid que preside su hermana y copropietaria de una mercantil administrada por él mismo –Sismédica SL–, pero percibió 234.000 euros de comisión por la venta de mascarillas que la empresa de un amigo, Priviet Sportive SL, efectuó a la Comunidad de Madrid durante la pandemia.

A tenor de los documentos desgranados por Hacienda, el técnico sanitario cuya faceta como comisionista ha salido ahora a la luz había realizado, antes de cobrar 1,6 millones de Quirón Prevención SL, trabajos de consultoría para dicha compañía, con la que González Amador estableció relación contractual en septiembre de 2017 a través de su mercantil Maxwell Cremona –y así consta en el citado informe de Hacienda–. No obstante, su vinculación con el coloso sanitario es incluso anterior: en 2016 ya representó al grupo en un evento organizado por el Gobierno de República Dominicana.

Desde febrero de 2020 ocupa la presidencia de Quirón Prevención SL Fernando Camino, con quien González Amador tiene en común su paso por una empresa panameña, Insumos Médicos del Pacífico SA, de la que el primero fue fundador en 2013. Además, González Amador fue apoderado de Fraterprevención, una de las cuatro empresas que acabarían fusionándose en 2018 en Quirón Prevención SL, precisamente la compañía que ahora preside Camino.

Para Maxwell Cremona, la empresa principal de González Amador, aquel 2020 acabó con 2.330.111,85 euros en ingresos. La mayor parte procedía de Mape Asesores. Y ahí aparece otra conexión entre González Amador y Fernando Camino, que desde julio de 2019 ocupa un asiento en el consejo de administración de Mape.

Quirón Prevención SL, la empresa que ha pagado 1,6 millones a González Amador, se alzó el 22 de febrero de 2018 con el que fuentes de la compañía confirman como su primer contrato relativo a la sanidad pública madrileña: 840.068 euros para la gestión de los reconocimientos médicos a la plantilla de la Comunidad de Madrid. La orden de adjudicación fue firmada el 6 de marzo de aquel año por Isabel Díaz Ayuso, entonces viceconsejera de Presidencia y que en una fecha que no ha trascendido acabaría convirtiéndose en pareja de González Amador. A base de prórrogas, el contrato se extendió hasta junio de 2021. Y la cuantía se duplicó, pasando a 1.677.335 euros.

Que aquella primera adjudicación para chequeos médicos se produjo en febrero de 2018 lo verifica el expediente de la licitación, en la que Quirón Prevención desbancó al anterior prestatario del servicio, Más Prevención SL. Cuando en el verano de 2021 estaba a punto de expirar la última de las cuatro prórrogas aprobadas para Quirón Prevención SL por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el Ejecutivo madrileño resolvió el nuevo expediente de “reconocimientos médicos específicos dirigidos a empleados públicos de la Comunidad de Madrid y pruebas complementarias”. Convocado para 12 meses, el concurso lo ganó Quirón Prevención SL. Esta vez, sin competidores: a la licitación solo se presentó la filial del holding sanitario. Los dos contratos –uno por cada lote en que se dividía la licitación– se formalizaron el 17 de junio de 2021.

Teóricamente, la duración de este segundo encargo de reconocimientos médicos se extendería 12 meses. En la práctica, y tras dos prórrogas concedidas para cada uno de los dos lotes reseñados, Quirón Prevención SL seguirá gestionando los chequeos médicos hasta julio de 2024. El coste original para las arcas madrileñas se triplicó de sobra: pasó de los 481.621 euros a los 1.447.863 ya aprobados a fecha de hoy.

En total, las sucesivas prórrogas –cuatro en el caso del primer contrato y dos para cada uno de los dos lotes del segundo, es decir, ocho en total– han duplicado de sobra el importe previsto. Y lo han colocado ya en 3.125.198 euros.

El lunes pasado infoLibre preguntó a la Consejería de Hacienda de Madrid si dicho departamento conocía la relación profesional de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, con Quirón Prevención SL cuando se le adjudicó a dicha compañía el contrato de 2021. No hubo respuesta.

Ese mismo lunes y tras detallar por escrito la secuencia cronológica y la evolución económica de los contratos de reconocimiento médico para la Comunidad de Madrid, infoLibre preguntó asimismo a los portavoces de Quirón si la empresa conocía la relación personal entre Alberto González Amador e Isabel Díaz Ayuso. La respuesta fue lacónica: “No”.

Hasta la fecha, Quirón no ha respondido a una de las preguntas que este periódico formuló el 12 de marzo a sus portavoces, la de por qué aceptó facturas emitidas por una sociedad distinta –Masterman&Whitetaker– de la que había prestado aquellos servicios –Maxwell Cremona– y por tanto falsas. Tampoco ha contestado a la pregunta de si continúa vigente el contrato de Maxwell con Quirón Prevención SL. infoLibre intentó igualmente sin éxito que la empresa facilitase contactos con Alberto González Amador y con Fernando Camino para recabar sus respectivas versiones.

Las fuentes consultadas en el holding sí subrayaron que Quirón Prevención “no hace reconocimientos [médicos] a todos los empleados públicos de la Comunidad de Madrid”. Ante la repregunta de a cuántos miembros de la plantilla se les practican tales chequeos, ya no hubo respuesta. El pliego de condiciones del concurso de externalización de los servicios médicos –iniciada en 2014– aduce que el adjudicatario prestará tal servicio a los empleados que se encuentren “dentro del ámbito de actuación de la División de Prevención de Riesgos Laborales”, pero no ofrece cifras.

Fuentes sindicales consultadas por este diario explicaron que en el ámbito de actuación de la división mencionada permanecen "el personal del Convenio Único del personal Laboral de la Comunidad y todos los funcionarios del Acuerdo Sectorial sobre condiciones de trabajo del personal funcionario de administración y servicios de la Comunidad de Madrid". Quedan fuera "los estatutarios y las empresas públicas". Los estatutarios son los trabajadores de la sanidad pública.

Según la Consejería de Hacienda, de los reconocimientos médicos que realiza Quirón Prevención pueden beneficiarse 90.000 empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Pero, "por libre decisión" solo se someten a los chequeos alrededor de 9.000 cada año.

Dos mil años después de que Julio César abandonara a su segunda esposa porque "no basta que la mujer del César sea honesta sino que debe también parecerlo", la imputación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha resucitado otro proverbio, este de autor desconocido: consejos vendo que para mí no tengo. Porque el PP que hace un año exigió la dimisión “inmediata” de la entonces directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por las noticias que atribuían delitos de corrupción a su marido, aún no investigado judicialmente en el momento de aquella exigencia, es el mismo partido que ahora blinda a Ayuso. Lo hace bajo el alegato de que la imputación penal de su pareja por supuesto fraude fiscal y el montaje de una trama de facturas falsas a través de sociedades pantalla es “un asunto personal”. Y que de lo privado nunca se derivan consecuencias políticas.

En este caso, la variante respecto al aforismo de Plutarco reside nada más y nada menos en que la exigencia de honestidad real y aparente recae no sobre una mujer sino sobre dos hombres: el marido de Gámez y el compañero sentimental de Ayuso. Pero hay una segunda variante. Y esta consiste en que la reacción política del partido conservador y sus aliados de Vox, así como la desplegada por los medios afines a la derecha y la ultraderecha no muestra ahora, con Ayuso en el epicentro del debate, una nueva versión de aquellas Vidas Paralelas del filósofo. Lo que exhiben es un relato sobre vidas maritales divergentes donde la antigua jefa de la Benemérita y la presidenta de la Comunidad de Madrid no son las únicas mujeres con cargo público para quienes, como se verá más adelante, vivir enlazadas a varones con problemas las condujo por senderos pedregosos o, muy al contrario, por autovías sin baches.

La dimisión de María Gámez se produjo el 22 de marzo de 2023 horas después de que un juez de Sevilla colocase a su marido, Juan Carlos Martínez, la etiqueta de investigado en una pieza derivada del caso ERE. Dieciocho días antes del auto por el que Martínez fue imputado, el vicesecretario de Política Institucional del PP, Esteban González Pons, había pedido la dimisión “inmediata” de María Gámez. Pons, ahora personaje clave en la negativa del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años de bloqueo, expuso así los motivos de su exigencia: “Las noticias que se han dado a conocer sobre la corrupción en la que pueden haber incurrido su marido y sus cuñados la inhabilitan para ejercer de directora de los guardias civiles en España".

Abierta sobre el trípode delictivo prevaricación-malversación-blanqueo por el supuesto desvío de fondos desde una empresa participada por el Gobierno andaluz a otra mercantil propiedad de un hermano del cónyuge de Gámez, el caso por el que fue imputado Juan Carlos Martínez ofrece algunos puntos brumosos. El primero, que los hechos que se le atribuían se remontan a 2009 pero habían pasado inadvertidos desde entonces pese a la prolija investigación ligada al caso de los ERE. Es decir, al de mayor calado que ha afrontado el PSOE en lo que a corrupción se refiere. La sentencia declaró probada la ilegalidad del sistema por el que sucesivos Gobiernos socialistas andaluces repartieron 680 millones en ayudas públicas entre 2000 y 2009.

Ese enorme lapso de tiempo –de 2009 a 2023– acabó siendo determinante. Transcurridos siete meses de la dimisión de María Gámez, la Audiencia de Sevilla tumbó el caso por el que su marido permanecía imputado. Lo hizo al estimar un recurso del hermano de Juan Carlos Martínez. En su escrito, el cuñado de la exdirectora general del Instituto Armado adujo que la investigación judicial se inició cuando los plazos legales de instrucción ya habían caducado. Y como la doctrina del Supremo iba exactamente en esa dirección, la Audiencia hispalense ordenó el archivo de la causa.

Pero es ahí donde entran en juego otros dos puntos que abren interrogantes. El primero: el juez convirtió en investigado penal al marido de María Gámez pero, tal como subrayan fuentes conocedoras del caso, jamás le citó para tomarle declaración. Y ahora, la segunda cuestión que plantea preguntas: pese a que la Audiencia sevillana ordenó el archivo el 24 de octubre, a día de hoy el magistrado aún no ha dictado el auto con el que debe dar carpetazo. Traducido, lo anterior significa que seis meses después Martínez permanece en una especie de limbo jurídico. Y María Gámez sigue con la letra escarlata de la vergüenza política tatuada sobre su imagen.

Lo decisión de María Gámez de cesar de inmediato como directora general de la Guardia Civil “por principios, por honestidad y por responsabilidad” y el hecho de que el PP se la exigiera cuando todavía no existía un auto de imputación contra su marido acentúan las diferencias entre su caso y el de Isabel Díaz Ayuso. Lejos de dudar sobre si para la presidenta de Madrid resulta admisible vivir en un piso que podría considerarse de lujo –se calcula que pudo costar un millón de euros– adquirido en 2022 por su pareja, un comercial que en la pandemia cobró dos millones por mediar para la venta de mascarillas a la Xunta de Galicia y cuyo abogado reconoció por escrito ante Hacienda que su cliente había cometido dos delitos de fraude fiscal, Ayuso se mantiene incólume.

Aferrada al sostenella y no enmendalla, la jefa del Ejecutivo madrileño ha llegado a proclamar que, lejos de adeudar 350.000 euros al fisco, es Hacienda la que le debe 600.000 “a pagar por intereses”. En sus declaraciones públicas desde que eldiario.es desveló la denuncia de la Fiscalía contra su pareja, Alberto González Amador, por fraude fiscal en el impuesto de sociedades de 2020 y 2021, Ayuso ha afirmado cosas como que estamos ante un “acoso salvaje”.

A su juicio, esa “persecución desproporcionada” se incardina en una estrategia del presidente Pedro Sánchez que busca su “destrucción personal”. La de ella, no la de González Amador, cuyo principal cliente –como señalaba la denuncia de la Fiscalía madrileña– es el grupo Quirón. Es decir, el gigante convertido en el máximo beneficiario de la privatización sanitaria que Esperanza Aguirre puso en marcha a comienzos del nuevo milenio. Del holding Quirón –se lee en el auto de imputación–, González Amador ha logrado “ingresos cuantiosos”. Como publicó infoLibre, una de sus filiales, Quirón Prevención SL, gestiona los reconocimientos médicos de la plantilla de la Comunidad de Madrid desde 2018. Ese año, Ayuso firmó la orden de adjudicación del primer contrato de tal naturaleza. Entonces, la hoy presidenta ostentaba el cargo de viceconsejera de Presidencia.

La camaradería demostrada por el PP hacia Ayuso deja una huella imborrable con las declaraciones de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, el pasado 12 de marzo. “Es evidente que hay una cacería por parte del Partido Socialista hacia ella”, dijo para a renglón seguido quejarse de la relevancia adquirida por el caso: “Me parece lamentable traspasar la barrera personal en esos ataques políticos y yo, desde luego, no opino de cuestiones personales de nadie”.

Diez días después de aquella encendida defensa del derecho a la privacidad de Ayuso llegó el 22 de marzo. No el de 2023, que es cuando dimitió María Gámez, sino este último. O sea, el de hace una semana. Porque fue ese día cuando se conoció el auto por el que una jueza de Madrid acababa de imputar a Alberto González Amador, que de momento no ha pronunciado una sola palabra en público. Ayuso no es su portavoz oficial. Pero sí oficiosa como lo demuestra su invocación al “acoso salvaje” y a la “persecución desproporcionada”.

Eso último lo lanzó como una piedra al estanque mediático durante un evento en Chile al que había sido invitada por el digital El Líbero. Fundado por varios empresarios, entre ellos un exministro –Hernán Büchi– del dictador Augusto Pinochet, El Líbero organizó un encuentro donde la presidenta de Madrid habló de libertad. Exactamente, el 24 de marzo. Con un discurso muy sereno, a un ritmo más lento que el habitual en sus alocuciones, Ayuso defendió desde la tribuna el “pluralismo” informativo y la necesidad de que la prensa actúe como un “contrapoder”. Y sin intervalo, enfatizó que “el fin nunca puede justificar los medios”. Para entonces, en España ya había corrido como la pólvora la amenaza de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a eldiario.es por haber informado del –presunto– fraude fiscal del novio de la presidenta –“Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. La amenaza –“anuncio”, según Rodríguez; “discusión por whatsapp”, según Ayuso– precedió al doble bulo difundido también desde el Gobierno madrileño contra periodistas de eldiario.es y El País. A estos se les señaló con nombre y apellidos como tipos que habían acosado a vecinos, incluso menores de edad, del edificio donde viven la presidenta y su pareja.

Pese al carácter inédito y desgarrador desde el punto de vista informativo del caso del novio de Ayuso, la presidenta de Madrid y su antitética María Gámez no son las únicas protagonistas de una potencial serie sobre vidas divergentes. Además de la presidenta de Madrid y de la exdirectora general de la Guardia Civil y aunque como personajes secundarios a día de hoy aparecen otras dos figuras políticas de relevancia.

En primer lugar, la exvicepresidenta valenciana y durante años rostro visible de Compromís, Mónica Oltra, a quien el Tribunal Superior (TSJ) de la comunidad levantina mantiene imputada desde junio de 2022 como supuesta encubridora de los abusos a una adolescente de 14 años. Los abusos, cuya existencia ha confirmado el Tribunal Supremo, los perpetró su exmarido, que ya había sido condenado en 2019 a cinco años de cárcel. Educador en un centro de menores tutelados, todo ocurrió entre finales de 2016 y comienzos de 2017. En 2022, Oltra fue imputada tras presentar la Fiscalía un demoledor y extenso informe donde consideraba inverosímil que quien en febrero de 2017 era consellera y portavoz de la Generalitat valenciana ignorase lo sucedido cuando media docena de personas ya conocían el relato de la menor. El 21 de junio de 2022, cinco días después de ser imputada y tras una primera negativa a abandonar sus cargos, Oltra dimitió.

En el polo opuesto se sitúa la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, del PP, a cuyo marido –fallecido el 4 de marzo de 2023, antes de que se conociera el escrito de acusación de la Fiscalía– una exhaustiva investigación policial y judicial identificó como cabeza de una trama de narcotráfico y blanqueo. Copropietaria junto con su esposo de una mansión cuya venta terminaron negociando por nueve millones, pidió cobrar el primer millón en Luxemburgo.

La investigación desveló que el blanqueo se fraguó a través de operaciones inmobiliarias promovidas desde Marbella. A comienzos de este mes, y como desveló infoLibre, el PP se valió de su mayoría absoluta en el Senado –donde Muñoz había ocupado un escaño– para denegar la entrega de documentos sobre el patrimonio de la alcaldesa al juez que tramita la demanda interpuesta por la regidora marbellí contra periodistas de eldiario.es por vulneración de su “derecho al honor”. Muñoz no está imputada.

En 2022, salió a la luz que la Policía había remitido a la Audiencia Nacional un informe en el que proponía que la supuesta utilización del poder de Ángeles Muñoz por parte de su marido y su hijastro –también procesado– sustentara una nueva línea de investigación. La solicitud no tuvo el menor efecto ni en la Fiscalía Antidroga ni en el juzgado instructor de la causa: el 6 que dirige Manuel García Castellón, impulsor de la acusación de terrorismo contra los independentistas catalanes de Tsunami Democràtic. La alcaldesa no se ha planteado en ningún momento dimitir.

Las informaciones que van desnudando el fraude fiscal por el que ha sido imputado Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y su conexión profesional con Quirón han desenterrado el debate sobre el laberinto de los pagos del Gobierno de Madrid al gran beneficiario de la privatización sanitaria de la comunidad. Que el holding sanitario es el principal favorecido por una estrategia cuyo inicio se remonta a la etapa de Esperanza Aguirre lo acredita la gestión de cuatro hospitales financiados por el erario madrileño. Las cifras de lo que ello supone son apabullantes. Y el paradigma lo representa el buque insignia del gigante Quirón: la Fundación Jiménez Díaz, propiedad del grupo y sujeto desde 2006 a un “concierto singular” con el Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Como publicó hace seis meses El País con datos obtenidos a través de una solicitud de transparencia, el coste de ese hospital para las arcas públicas ascendió a 413,5 millones en 2017, el último año del que oficialmente había en ese momento datos disponibles. Pero hay más. El rastreo de los acuerdos adoptados por Ayuso y su Ejecutivo destapa que solo en el cuatrienio 2020-2023, y de forma adicional a lo presupuestado en las cuentas regionales, la Comunidad aprobó para ese hospital 31 “convalidaciones de gasto” por 707 millones de euros.

Tal como indican la jurisprudencia y distintos artículos académicos, la convalidación es una fórmula legal pero que “debe considerarse como un procedimiento excepcional” para el pago de servicios que por circunstancias extraordinarias se han prestado sin seguir las reglas legales de contratación: entre otras, la regla de la fiscalización previa del gasto. En una sentencia de la Audiencia Nacional fechada en 2018, la misma de la que procede el entrecomillado anterior, se lee lo que sigue: que los “supuestos de convalidación deben tener carácter excepcionalísimo, para casos puntuales, no concebirse como un modo habitual de actuación al margen del procedimiento legal contractual”.

Lo más sorprendente en el caso de las convalidaciones de gasto de la Fundación Jiménez Díaz es que por gastos generados desde enero de 2020 –es decir, desde antes del estallido de la pandemia– y hasta septiembre de 2021, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fue aprobando Consejo tras Consejo “convalidaciones de gasto” por “la asistencia sanitaria prestada” ese bienio. No se trataba, por tanto, de deudas arrastradas de años anteriores. Con cifras idénticas para cada uno de los meses –22.698.195,58 euros–, y sumando otros pagos de menor cuantía por distintos conceptos, la fórmula “excepcional” de la convalidación de gasto reportó a la Fundación Jiménez Díaz 250,8 millones en 2020; 342,37 en 2021; 67,02 en 2022 y 47,6 en 2023. En total, 707,8 millones.

De las convalidaciones ofreció en 2018 una despectiva definición el hoy alcalde de Madrid y entonces jefe de la oposición frente al Gobierno de Manuela Carmena. “La convalidación –dijo– es aquella adjudicación que se hace directa, a dedo, sin ningún tipo de concurso público como consecuencia de una mala gestión previa por parte del equipo de Gobierno". El Gobierno de Ayuso no comparte ese punto de vista, al menos en lo que a los pagos a Quirón se refiere. El jueves por la mañana, infoLibre preguntó a la Consejería de Sanidad de Madrid por qué las convalidaciones de gasto de la Fundación Jiménez Díaz habían superado entre 2020 y 2023 los 700 millones y a qué razones obedece ese fenómeno. A mediodía del viernes, la Consejería ofreció una parca contestación: “Las convalidaciones del Consejo de Gobierno obedecen a diversas causas, la mayoría a la regularización de las cláusulas adicionales del contrato que rige la relación entre la Fundación y el Sermas, tales como coberturas de variables técnicas y asistenciales”.

Este medio repreguntó desde cuándo se regulariza una cláusula de un convenio a través de un procedimiento que equivale a pagar una factura emitida por alguien a quien se le ha hecho un encargo verbal que por tanto carece de la categoría de contrato. Esta vez, las fuentes consultadas remacharon que el “convenio singular es el marco contractual”. Y que el convenio con la Fundación Jiménez Díaz se aplica “a rajatabla”. “Cada año hay una revisión, todo se fiscaliza por la Intervención General y por la Cámara de Cuentas”. Y por tanto no existe –enfatizaron aquí los interlocutores– ningún contrato verbal. “Los convenios singulares –agregaron– como indica el nombre se suscriben por acuerdo entre las dos partes. Todo es público y transparente. Todo”.

Ante las dudas generadas por las respuestas de la Comunidad, infoLibre requirió la opinión de Julio González, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense. "Lo que ha debido de ocurrir –diagnosticó el profesor– es que la revisión de las cláusulas adicionales se cerró con posterioridad a la prestación de los servicios incluidos en esas cláusulas cuando tendría que haber sido al revés".

Obtener la versión de Quirón no fue posible: sus portavoces no respondieron ni al mensaje de whatsapp ni al correo electrónico enviado.

Los 707 millones citados más arriba no constituyen la totalidad de los pagos a la Fundación Jiménez Díaz por el sistema de convalidación que el Consejo de Gobierno de Madrid ha ido aprobando en sucesivas sesiones a lo largo del periodo analizado. Pero este medio solo ha contabilizado aquellos adoptados entre 2020 y 2023 y que de forma explícita hacen referencia a la convalidación de un determinado gasto. En la suma no aparecen, por tanto, cantidades como los 73 millones aprobados en junio de 2021 para cubrir “el gasto de la actividad de libre elección correspondiente a la liquidación de la Cláusula Adicional Décima para el año 2016 del Convenio Singular” con la Fundación Jiménez Díaz. 

Administraciones de todo signo acuden a las convalidaciones de gasto de forma correcta o turbia. Pero la magnitud de las aprobadas por el Gobierno de Madrid se sale del carril. Lo demuestra, por acudir a otro ejemplo, el caso de la comunidad más poblada del país, Andalucía. Como publicó infoLibre, entre enero de 2020 y octubre de 2021 las convalidaciones de gasto aprobadas por el Gobierno de Juan Manuel Moreno, también del PP, se limitaron a 4,8 millones. A lo largo de ese mismo periodo, las convalidaciones para diferentes empresas acordadas por el Ejecutivo de Ayuso se situaron en 800 millones.

Los 707 millones a que ascienden las 31 convalidaciones de gasto contabilizadas por este medio se acercan a lo que cada presupuesto anual del periodo analizado asignaba a varios hospitales en manos de empresas privadas y al Gómez Ulla, del Ministerio de Defensa: 726.433.522 euros. Los de gestión privada incardinados en el sistema público eran los cuatro vinculados a Quirón (el Rey Juan Carlos de Móstoles, el Infanta Elena de Valdemoro, el General de Collado Villalba, los tres en régimen de concesión, y la Fundación Jiménez Díaz, concertado), más el de de Torrejón (Ribera Salud).

Dos días antes de que finalizara 2021, el Consejo que preside Isabel Díaz Ayuso convalidó además “el gasto de las liquidaciones provisionales” correspondientes a “la prestación de los servicios sanitarios relativos a la actividad sustitutoria y docencia MIR de la Fundación Jiménez Díaz” durante 2018, 2019 y 2020. Aquí, el monto fue nada menos que de 115.393.289 euros.

El Gobierno madrileño ha acudido de forma sistemática a convalidaciones de gasto de enorme dimensión económica y que complican la tarea de averiguar cuánto y exactamente por qué conceptos cobra Quirón. Dicho holding está ahora en el punto de mira por ser “principal cliente” de Alberto González Amador. Como se lee en el auto por el que una jueza de Madrid le imputa los delitos de fraude fiscal y falsedad documental, la pareja de Ayuso ha obtenido “ingresos cuantiosos” desde hace años de Quirón Prevención SL, la filial del grupo que gestiona los chequeos médicos a los empleados de la Comunidad de Madrid. Según la denuncia de la Fiscalía, defraudó 350.000 euros al fisco entre 2020 y 2021 usando sociedades pantalla y una trama de facturas falsas.

El porqué profundo de tales convalidaciones se reviste hoy con los colores del misterio. “No contestan a por qué hacen durante años pagos sin contrato”, afirma en conversación con este diario el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez, especializado en vigilancia de las contrataciones. El parlamentario lanza una pregunta: la de si el uso habitual de la convalidación de gasto “atenta contra la libre competencia” al abonar sin trámite previo a una determinada empresa un servicio que otras compañías también estarían en disposición de prestar.

“Los contratos –subraya aquí el catedrático Julio González– siempre tienen que ser por escrito, no cabe la contratación verbal. La verbal es un contrato sin procedimiento, luego no es un contrato”. En el caso de las convalidaciones, agrega el profesor, exige “que alguien certifique que la factura es correcta”. Pero “la facultad de intervención queda muy diluida porque lo único que puede controlar el interventor es que la factura ha sido conformada”. En julio de 2022, Ayuso destituyó a la interventora general de la Comunidad. Los motivos del cese no trascendieron.

Según publicó El País, en 2022 y tras la destitución de la interventora la Comunidad pagó 1.278 millones a Quirónsalud por deudas que afectaban a los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 o 2020.

Los pagos a Quirón y los vínculos del novio de la presidenta con el holding sanitario que ahora domina la multinacional alemana Fresenius ocuparon el jueves buena parte del pleno de la Asamblea de Madrid, donde la tensión podía cortarse tras las amenazas y mentiras del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, sobre periodistas de eldiario.es y El País dedicados a investigar el –presunto– fraude fiscal de González Amador.  

"Las ranas de Aguirre –espetó la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot– se criaron en el lodo de la burbuja inmobiliaria y las de Ayuso se criaron en el lodo de la privatización sanitaria”. Pero no se detuvo ahí. Tras afirmar que el Gobierno madrileño se encuentra "en bancarrota moral" por defender "las mentiras y amenazas" del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y reprochar con dureza a la presidenta que viva en un piso "financiado con la ayuda del delito fiscal", Bergerot disparó este dardo: en la sede de Quirón –dijo– tienen la foto de Ayuso “como empleada del mes".

Desde el PSOE, su jefe de filas y portavoz, Juan Lobato, lanzó un anuncio: “Vamos a fiscalizar hasta el último euro de los madrileños que su Gobierno ha destinado a la empresa que más ha cobrado de la Comunidad de Madrid en los últimos años y que, casualmente, es la misma empresa que más ha pagado a la sociedad de su pareja”. Es decir, Quirón y los pagos realizados a Alberto González Amador.

El también socialista Daniel Rubio disparó también en la misma dirección durante su intervención a raíz de una pregunta sobre los pagos a Quirón. “Ustedes –proclamó Rubio al tiempo que acusaba al Gobierno de practicar el “matonismo político”– se comportan más como miembros del consejo de administración de determinadas empresas que como el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”.

Quirón Prevención SL, filial del gigante sanitario Quirón presidida por Fernando Camino, cofundador de la primera empresa panameña en la que participó la pareja de Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en la gestora habitual de los reconocimientos médicos a la plantilla de la Comunidad de Madrid. El holding que hace dos décadas se alzó como gran beneficiario de la privatización de hospitales madrileños obtuvo en 2018 el primer contrato para chequeos médicos de una plantilla que supera los 159.000 empleados. La orden de adjudicación la firmó la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), entonces viceconsejera de Presidencia y Justicia, ahora en el punto de mira por la denuncia por fraude fiscal contra el que más adelante se convertiría en su novio, Alberto González Amador, que tiene a Quirón como "principal cliente".

Camino y González Amador tienen en común su paso por una empresa panameña, Insumos Médicos del Pacífico SA, de la que el primero fue fundador en 2013. Además, González Amador fue apoderado de Fraterprevención, una de las cuatro empresas que acabarían fusionándose en 2018 en Quirón Prevención SL, precisamente la compañía que ahora preside Camino.

Dicha empresa, Quirón Prevención SL, ganó su primer concurso para reconocimientos médicos de la Comunidad en 2018 después de que la otra empresa aspirante –Más Prevención Servicio de Prevención SL, que había gestionado la anterior fase de reconocimientos médicos a la plantilla de la Comunidad– fuera excluida por no acreditar que quien la representaba estaba habilitado para ello. En el segundo concurso, resuelto en abril de 2021, Quirón Prevención SL no tuvo competidor. Su oferta –y así consta en los documentos oficiales del portal de contratación– fue la única cursada al Ejecutivo madrileño.

Los dos contratos obtenidos para chequeos médicos por Quirón Prevención SL sumaban según los respectivos expedientes 1.321.689 euros. Pero las sucesivas prórrogas –cuatro en el caso del primer contrato y dos para cada uno de los dos lotes del segundo, es decir, ocho en total– han duplicado de sobra el importe previsto. Y lo han colocado ya en 3.125.198 euros.

La prórroga en vigor expira el 31 de julio de 2024. infoLibre preguntó a la Consejería de Hacienda y Función Pública, responsable de estos contratos, por qué ha optado por prorrogar en vez de convocar nuevas licitaciones una vez superada la pandemia. Fuentes de la Consejería adujeron lo siguiente: "Todo contrato de cualquier Administración permite la posibilidad de prorrogarlo. Está recogido en las bases de la convocatoria, que son públicas. Se prorroga por eficiencia en la gestión, y además para ahorrar dinero a los contribuyentes de la Comunidad de Madrid, ya que durante esas prórrogas se mantienen los precios de la primera anualidad. Es decir, en 2024, estamos pagando precios de 2021".

Los mismos portavoces agregaron que el primer contrato externalizado para efectuar reconocimientos médicos data de 2014: "A lo largo de estos años se ha adjudicado a diversas sociedades, la última de ellas Quirón". Las fuentes no detallaron quienes fueron los sucesivos adjudicatarios. infoLibre solo ha localizado una adjudicación anterior a las que, sin solución de continuidad y a partir de febrero de 2018, se han otorgado y prorrogado a Quirón Prevención SL.

A los 3,12 millones del párrafo anterior se le añaden los 170.300 euros del contrato para prevención de riesgos laborales y promoción de la salud en la Asamblea de Madrid más los 226.346 del destinado a efectuar reconocimientos médicos en el personal de la Administración de Justicia madrileña. El total para Quirón Prevención SL asciende por tanto a 3,5 millones.

La suma abarca solo los contratos de prevención y chequeos médicos. No incluye ni los distintos contratos menores de exigua cuantía que han ido recayendo sobre Quirón Prevención SL ni los 194.223 euros de las "encuestas telefónicas" que el Gobierno madrileño le adjudicó a dedo mediante el procedimiento de emergencia en agosto de 2020. El objetivo, el "seguimiento de casos e identificación de contactos covid-19".

Denunciado por defraudar en el impuesto de sociedades de 2020 y 2021 más de 350.000 euros, la Fiscalía sostiene que el novio de Ayuso urdió una trama de sociedades pantalla que habrían emitido facturas falsas. Según el ministerio público, el hombre al que la presidenta de Madrid defiende con uñas y dientes, presentándolo como víctima de un “acoso salvaje” por parte del Gobierno presta servicios a través de una empresa de su propiedad. Y su “principal cliente” –así se lee en la denuncia– es Quirón Salud, grupo con el que ha tenido vínculos acreditados.

Dos años antes de aquel primer contrato de 2018 para chequeos médicos de Quirón Prevención SL, González Amador había asistido en Santo Domingo a un evento organizado por el Gobierno de República Dominicana. Lo hizo como “director internacional de Prevención Quirón Salud”. Ese –Prevención Quirón Salud– nunca ha sido el nombre de ninguna mercantil inscrita en el Registro español. Pero en aquella fecha –abril de 2016– González Amador llevaba seis meses como apoderado de Fraterprevención SL, una de las cuatro empresas del sector que por decisión de Quironsalud se fusionaron incorporándose a Quirón Prevención SL en 2017. Fraterprevención, que en 2017 había optado sin éxito al concurso de reconocimientos médicos ganado por Más Prevención, se disolvió en noviembre de ese año. Hasta ese momento, uno de sus dos administradores mancomunados había sido Fernando Camino, ahora presidente de Quirón Prevención SL.

Camino es uno de los tres cofundadores de Insumos Médicos del Pacífico SA, la mercantil panameña constituida en 2013 y en la que Alberto González Amador ocupó el cargo de director desde febrero de 2014. infoLibre preguntó a los portavoces de Quirón si Fernando Camino había permanecido como socio de Insumos Médicos del Pacífico SA tras renunciar al cargo de presidente el 10 de febrero de 2014. Es en el acta de la junta de accionistas celebrada ese día donde emerge como director y secretario Alberto González Amador. Quirón se limitó a responder que "Fernando Camino desde 2014 no tiene relación con esta empresa", es decir, con Insumos Médicos del Pacífico SA, sin precisar la fecha exacta de 2014.

El novio de Ayuso se mantuvo en su puesto de director secretario de Insumos Médicos del Pacífico hasta días antes de que Hacienda iniciara en 2022 sus actuaciones de comprobación. Es decir, la inspección que ha derivado en la denuncia interpuesta por la Fiscalía ante los juzgados de Madrid por fraude fiscal. En este caso, sobra el añadido habitual del adjetivo “presunto”. Porque fue el propio abogado de González quien en un correo enviado el 2 de febrero a la Fiscalía reconoció que ”ciertamente” González Amador había incurrido en dos delitos contra la Hacienda Pública.

La existencia de una prórroga del contrato para el reconocimiento médico de los empleados de la Comunidad de Madrid hasta el 31 de julio de 2024 borra del mapa la hipótesis de pagos efectuados a través de las llamadas convalidaciones de gasto. Poco conocidas, se trata de una herramienta contable que en teoría solo deben aplicar las administraciones públicas de forma excepcional cuando las circunstancias impidan, por ejemplo, licitar un contrato. O prorrogar uno ya existente. Pero en el caso de la Comunidad de Madrid las convalidaciones de gasto han alcanzado en los últimos años una dimensión inaudita. Y el grupo Quirón ha estado en los primeros puestos del ranking de convalidados.

En octubre de 2021, infoLibre destapó cómo en un año y medio el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso había abonado a Quirón cerca de 500 millones (453.963.911 euros) saltándose los procedimientos administrativos. En una secuencia cuyo primer hito se localizaba el 22 de abril de 2020, el Ejecutivo madrileño aprobó 13 multimillonarias "convalidaciones" de gasto por "pagos a cuenta" para el hospital Fundación Jiménez Díaz (FJD), integrado en la red pública sanitaria madrileña mediante un concierto cuyas cifras constituyen cada año un verdadero enigma al incluir múltiples variables. 

En 2023, cinco sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) incrementaron en 40 millones la ya abultada factura que la privatización de hospitales pasa cada año al Ejecutivo madrileño. Dos de esas cinco resoluciones judiciales contienen un misterio para el que todavía no hay respuesta: por qué en ellas el tribunal sostiene que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) facturó en 2014 a dos hospitales de Quirón 9,5 millones y 496.500 euros por prestaciones sanitarias “sin evidencia clínica”. 

Quirón, ese "principal cliente" de Maxwell Cremona, pieza clave en el entramado del que supuestamente se valió la pareja de Ayuso para defraudar a Hacienda, es un auténtico panzer sanitario ahora accionariamente dominado por el holding alemán Fresenius. Estamos ante el líder destacado no sólo del negocio hospitalario en España, sino del negocio sanitario incluyendo también los seguros, con una facturación anual que supera los 4.000 millones de euros. El grupo contabiliza 58 hospitales y 132 centros sanitarios de otro tipo, lo que se traduce en más de 8.300 camas y 532 quirófanos.

Los presupuestos del área sanitaria de la Comunidad de Madrid en 2024 permiten hacerse una idea de lo que supone Quirón. Los cuatro hospitales de Quirón con los que la Comunidad de Madrid tiene acuerdo de colaboración público-privada –uno cien por cien privado y concertado, la Fundación Jiménez Díaz, y los otros tres integrados en la red pública pero con gestión privada– suman partidas presupuestarias por al menos 715 millones de euros. 

La mayor aportación es al Jiménez Díaz, buque insignia de los cuatro hospitales que, tras el proceso privatizador ideado por Esperanza Aguirre a mitad de la primera década del siglo, gestiona y explota en Madrid Quirón, fruto de la fusión en 2014 entre este grupo y la concesionaria original de los hospitales: la antigua Capio. Como desveló infoLibre en 2013, sus accionistas se ocultaban tras sociedades del paraíso fiscal de las Islas Caimán.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y que a través de su abogado ya reconoció en febrero haber cometido dos delitos de fraude fiscal, participó en una segunda empresa panameña además de la ya conocida, Insumos Médicos del Pacífico, creada en 2013 por un directivo del gigante sanitario Quirón Salud para importar y exportar suministros sanitarios. Cuatro años después del nacimiento de Insumos, el hombre a quien la presidenta de Madrid presenta como víctima de un "acoso salvaje" y que según los datos de Hacienda defraudó 350.000 euros entre 2020 y 2021, participó en la puesta en marcha de una segunda compañía en el paraíso fiscal centroamericano: Aerofalcon SL, que toma su nombre de la matriz española.

Paradójicamente, dado que este miércoles y como reacción a la denuncia contra su novio, Ayuso acusó de nuevo al PSOE de actuar como el régimen de Nicolás Maduro –“Esto no es Venezuela”, espetó–, Aerofalcon SL ha terminado en la lista negra donde EEUU incluye a las empresas que hacen negocios con ese país saltándose las prohibiciones legales. En un comunicado difundido el pasado 23 de noviembre, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de EEUU sostiene que Aerofalcon participó “en actividades contrarias a los intereses de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos” al “eludir supuestamente las sanciones estadounidenses y suministrar a los representantes de Maduro piezas de aviones de origen estadounidense”.

Distribuidora de material aeronáutico, al frente de la sucursal panameña de Aerofalcon SL se situó desde el principio Juan Carlos González Pérez, el mismo ejecutivo que desde 2013 tenía poderes generales en Insumos Médicos del Pacífico SA. Desde la constitución de Aerofalcon en Panamá –el 30 de mayo de 2017–, González Amador ostentó el doble cargo de “director” y “secretario”. Un año más tarde, el 19 de marzo de 2018, le sustituyó en la junta directiva panameña el venezolano David Guerra, que, según el digital dataconfirmada.com, había trabajado en 2011 “en la comisión de contrataciones del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y Comunicaciones de Venezuela”. En el documento oficial que plasma la incorporación de David Guerra al equipo directivo de Aerofalcon en Panamá aparece como su dirección un piso ubicado en el tramo alto de la madrileña calle Serrano. En ese mismo inmueble, la matriz española había tenido su sede hasta que en febrero de 2013 se cambió al domicilio que mantiene aún hoy. La empresa permanece activa pero en concurso.

La coincidencia entre el domicilio original de Aerofalcon y el aportado al registro panameño cinco años más tarde por el ingeniero venezolano David Guerra no es la única que aflora en este puzle societario donde González Amador dejó de ser una pieza en la empresa de material aeronáutico un quinquenio antes de que EEUU la incluyese en su lista negra pero permaneció manteniendo relación societaria con Insumos Médicos del Pacífico.

El 12 de mayo de 2022, Insumos Médicos del Pacífico SA notificó al Registro Mercantil de Panamá el cese de Alberto González Amador. El acuerdo de baja se había producido tres semanas antes, exactamente el 26 de abril. Pero no se inscribió hasta el 12 de mayo. Y ese fue el día en que la Agencia Tributaria inició las actuaciones de comprobación sobre la pareja de Ayuso, el “técnico sanitario” cuya empresa principal, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente SL, había sextuplicado sus ingresos el año de la pandemia respecto al ejercicio anterior: pasó de los 357.773,87 euros anotados en 2019 como importe neto de la cifra de negocio a los 2.330.111,85 de 2020.

En conversación telefónica con infoLibre, el administrador de Aerofalcon SL y director de Insumos Médicos del Pacífico, Juan Carlos González Pérez, rehusó este jueves hablar sobre el caso de Alberto González Amador. Agregó que ya no trabajan juntos  y reprochó a EEUU la inclusión de Aerofalcon en la lista negra. “Actúa con doble rasero”, se limitó a decir.

Tampoco fue posible contactar con el abogado que en febrero remitió a la Fiscalía madrileña un correo electrónico donde reconoce que su cliente, Alberto González Amador, ha cometido dos delitos fiscales, una información adelantada por eldiario.es y corroborada luego por el ministerio público a través de una nota oficial. En un tercer intento, infoLibre transmitió a los portavoces de Ayuso su deseo de localizar a González Amador para incorporar su versión sobre todo lo relativo a su presencia empresarial en Panamá. Tampoco hubo respuesta.

El piso de lujo donde, según la información adelantada por elDiario.es, reside la presidenta de Madrid junto con su pareja, fue adquirido en solitario por Alberto González Amador en julio de 2022, dos meses después de que Hacienda iniciara sus investigaciones sobre un posible fraude fiscal que terminó cifrando en 350.951 euros. En la noche de este martes, elDiario publicó que la pareja de Ayuso cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas en pandemia. 

Pero la adquisición de la vivienda, de más de 183 metros cuadrados, tasada a efectos de subasta en 837.893,61 euros –y eso apunta a un precio de mercado superior al millón–, sujeta a una hipoteca de 500.000 euros y muy próxima a la zona de Moncloa, no quedó inscrita en el Registro de la Propiedad hasta justo un año después: el 19 de julio de 2023, tal como ha verificado este medio. Aquel día faltaban 48 horas para que se cumpliese un mes de la investidura de Isabel Díaz Ayuso tras su arrolladora victoria en las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

Se produjo así de una especie de inscripción en diferido. En tanto una escritura notarial no cruza la puerta de entrada del Registro de la Propiedad que le corresponda, el cambio de titularidad de un inmueble constituye en la práctica un secreto. ¿Supo Hacienda que el investigado había comprado uno de aquellos enormes pisos de protección oficial y dormitorio para el servicio con que el tardofranquismo premió a sus altos cargos? Para esa pregunta solo tienen respuesta la Agencia Tributaria y Alberto González, con quien infoLibre no ha logrado contactar.

Cuando se escrituró la compra en julio de 2022, aún flotaba el escándalo de las mascarillas cuya venta a la Comunidad de Madrid durante la pandemia reportó una comisión de 234.000 euros a su hermano Tomás Díaz Ayuso, a quien el diario El Mundo definió como el "celestino" que puso en contacto a su hermana y al hombre con quien convive.

Tras una investigación de cuatro meses de la que nada ha trascendido, la Fiscalía Anticorrupción había archivado la denuncia sobre Tomás Díaz Ayuso. En plena racha de buenas noticias –la de su hermano y, encadenada como una cereza a otra, la defenestración de Pablo Casado–, un mes después cambió de propietario la vivienda. Por su parte, el Ejecutivo madrileño se niega a confirmar si Ayuso reside allí junto con su pareja: "Nada que decir sobre la vida privada de la presidenta".