Bajo un sol de justicia que aportaba alrededor de 40 grados al madrileño Centro Cultural de Matadero, más de 5.000 personas según cifras de la organización se congregaron este viernes para arropar a Yolanda Díaz en el estreno de Sumar, la plataforma que echa a andar con la vista puesta en las elecciones generales de 2023. La política gallega la presentó como un "movimiento ciudadano" destinado a elaborar un nuevo contrato económico y social: "Hace 43 años que recuperamos la democracia. El reto es ensanchar la democracia. Ha llegado la hora de dar un paso adelante para un nuevo contrato democrático y social".

En concreto, Díaz hizo hincapié en un concepto: democratizar la economía. "La democracia tiene que llegar a los impuestos. No es justo que un autónomo pague más impuestos que las grandes empresas tecnológicas o que haya cinco millones de personas en la pobreza energética mientras las eléctricas se forran. Por eso la democracia tiene que llegar a las empresas y a los impuestos", reclamó entre aplausos y entre gritos de "presidenta".

Yolanda Díaz también quiso dejar claro qué papel cree que tienen que jugar los partidos políticos en esta nueva etapa y cuál es su diagnóstico de la desafección ciudadana: "Me decís que no hay futuro, que estáis tristes, que la política no sirve para nada. Y pensáis eso porque la política os ha dejado atrás", aseguró antes de añadir que es consciente del hartazgo en torno al ruido: "Sé que estáis hartos de ruido, del enfrentamiento por el enfrentamiento, de que se vote en contra de una reforma laboral aunque mejore la vida de la gente. Sé que estáis hartos de esa forma de hacer política. La política tiene que ser tender la mano, dialogar, escuchar".  

Respecto a las formaciones políticas que estaban representadas en el acto, la vicepresidenta segunda también fue clara: "Sumar no va de partidos, va de pensar nuestro país en serio, de tomarnos en serio las cosas importantes, que son las cosas del comer pero también las de soñar", dijo. Díaz hizo una velada alusión a la discrepancia en el Gobierno de coalición respecto al gasto en Defensa y los compromisos con la OTAN, y por eso deseó "una Europa más social, que tiene que buscar la paz". También señaló a las encuestas para advertir que en Sumar "no nos resignamos y no le tenemos que tener miedo a las derechas", así como tampoco asumen que tenga que ser "un hombre moderado y con traje y corbata" quien gobierne el país. Al terminar su intervención puso condiciones a la hoja de ruta de este nuevo proyecto político. Una a su participación: "Doy un paso adelante con la condición de ser solo una más, porque el protagonismo es vuestro. Yo me sumaré si queréis". Y dos más a la participación de los partidos: "Aquí cabe todo el mundo con dos condiciones: que nos dediquemos al pensamiento de un nuevo país con enormes dosis de generosidad y de ternura". 

Con representación de casi todos los partidos del espacio político a la izquierda del PSOE (Podemos, IU, Más País, Compromís, Comunes y Galicia en Común) y de organizaciones sindicales (UGT y CCOO) aunque sin la presencia de líderes ni secretarios generales, el protagonismo del acto lo tuvieron representantes de la sociedad civil. La primera en intervenir fue Irene Rubiera, jurista y activista ecologista desde la ola de movilizaciones juveniles por el planeta de 2019. La siguieron Valeria Castro, emprendedora digital; Fernando García, rider y sindicalista; Miguel Ángel Castellano, representante de los trabajadores de Amazon; Carmen Rodríguez, profesora de la Universidad de Málaga y miembro del Foro de Sevilla y de Redes por una nueva política educativa; Carolina Elías, feminista y abogada defensora de los derechos de las mujeres migrantes empleadas del hogar; y Belén González, psiquiatra en un centro de salud mental del sur de Madrid. También hubo una amplia representación del mundo de la cultura, con rostros como James Rhodes, Belén Gopegui, Marta Sanz, Elvira Sastre, Gioconda Belli, Kiko Veneno, Manuel Rivas, Máximo Pradera, María Márquez, Icíar Bollaín o Antonio de la Torre.

Sumar echa a andar oficialmente casi un año y medio después de que Pablo Iglesias señalase a Yolanda Díaz como su sustituta en la vicepresidencia pero también como líder política de su espacio e incluso como candidata. La política gallega exigió entonces marcar sus propios tiempos para tomar decisiones sobre su futuro político. Y diseñó para ello una hoja de ruta muy personal basada en el conocido “proceso de escucha” con la ciudadanía que arrancó este viernes. En base a las conclusiones de ese proceso, sigue asegurando la vicepresidenta actualmente, oficializará o no su candidatura a las generales. 

En realidad, nadie ni dentro ni fuera de su entorno duda en que esa decisión ya está tomada y que todo este proceso tiene más que ver “con su forma de hacer las cosas” y con un intento de volver a acercar la acción política a la ciudadanía al margen de los aparatos de los partidos. Lo cierto es que durante todo este tiempo ella ha negado insistentemente que se pueda dar hecho su candidatura. “No estoy en eso, estoy en escuchar a la gente y en contar con ella para levantar un proyecto de país para los próximos diez años”, ha repetido en innumerables ocasiones. 

La primera vez que se escuchó a Yolanda Díaz hablar abiertamente de sus planes de futuro fue hace poco menos de un año, en septiembre de 2021. En las fiestas del centenario del PCE, del que es militante, afirmó: “Voy a levantar un proyecto a favor de vosotras. Un proyecto que ya está en marcha, que está aquí, que está en todos los rincones de nuestro país... Nos están esperando”. Ya en febrero, en una entrevista en TVE, anunció que sus planes pasaban por desplegar por todo el país un “proceso de escucha” con la ciudadanía al margen de los partidos: “Quiero reducir la brecha entre la política y la ciudadanía. He reflexionado mucho y en primavera me lanzo a este proceso de escucha, voy a recorrer mi país de norte a sur y de este a oeste para escuchar a todo el mundo y para tejer un proyecto de país diferente, democrático y feminista". 

Meses después, y tras el estallido de la guerra en Ucrania por la invasión de Rusia, ese proceso quedó paralizado. Desde el entorno de la vicepresidenta siempre han recalcado que su principal quehacer está ligado en todo caso a la acción de Gobierno y más en circunstancias tan excepcionales y de tanta complejidad social como una pandemia o ahora la guerra. Durante todos estos meses y como líder de Unidas Podemos en la coalición, Díaz ha encabezado las negociaciones con la Moncloa para sacar adelante las nuevas medidas económicas y sociales del plan anticrisis. 

Justo antes de las elecciones andaluzas se hizo oficial que la marca de Yolanda Díaz se llamaría Sumar y que la puesta de largo tendría lugar este viernes en Madrid para, después del verano y durante un período aproximado de seis meses, recorrer el país de punta a punta. 

La heterogeneidad del espacio político que aspira a liderar Yolanda Díaz no hace fácil la conformación de un proyecto que pretende tener poco que ver con las maquinarias y las siglas de las distintas formaciones que componen ese espacio, tal y como volvió a dejar claro este viernes. Algo que ya ha levantado ampollas en los últimos meses. Las discrepancias y el distanciamiento con la dirección de Podemos durante todo este tiempo ha quedado de manifiesto. Entienden los morados que como principal partido del espacio deberían tener una mayor presencia en los planes de Yolanda Díaz, de los que incluso reconocen tener poca o ninguna información. Y de puertas hacia adentro admiten no compartir del todo una estrategia que, por ejemplo, implica que las dirigentes de Podemos no tengan presencia alguna en el estreno de Sumar como tampoco lo tuvieron en otros actos previos, como el de ‘Otras políticas’ celebrado en Valencia. 

“Los partidos tienen que estar y van a estar, pero no van a ser los protagonistas”, insisten desde el equipo de Sumar. Durante los últimos meses han sido palpables los intentos de la vicepresidenta de acercar espacios políticos que confluyeron en el pasado pero que a día de hoy andan a la gresca, como es el caso de Más País, los Comunes, Izquierda Unida o Podemos. Un difícil equilibrio que también ha provocado suspicacias entre los morados.

Desde el punto de vista de las formaciones políticas de izquierda, el reto de Yolanda Díaz es mayúsculo. Aunque vista la complejidad de volver a pegar las piezas del jarrón que se rompió para convertirlo de nuevo en una herramienta útil que se parezca a la original, los planes de la Díaz parecen claros: construir algo nuevo contando, eso sí, con todo el que esté dispuesto a ayudar. 

Llegó el día. Casi un año y medio después de asumir el liderazgo de Unidas Podemos en el Gobierno para sustituir a Pablo Iglesias, Yolanda Díaz oficializa su paso al frente para convertirse en líder del espacio político. La vicepresidenta segunda estrena este viernes en Madrid la plataforma Sumar, la herramienta creada para vehicular el denominado “proceso de escucha” que la ha de llevar a convertirse en candidata a las próximas elecciones generales. 

El lanzamiento tendrá lugar en el madrileño centro cultural Matadero coincidiendo con las fiestas del Orgullo LGTBI y lo previsto es que se parezca lo menos posible a un acto tradicional de partido. De hecho, los planes de Yolanda Díaz y su equipo pasan por intentar ahormar un espacio que trascienda los proyectos partidistas y las siglas. “Los partidos tienen que estar y van a estar, pero no van a ser los protagonistas”, cuentan desde el entorno de la política gallega. Así que, más allá de la propia Díaz, no se esperan en el acto rostros significativos de la política estatal aliados del proyecto y por eso no estarán perfiles como el de Ada Colau, Mónica García, Íñigo Errejón, Irene Montero o Ione Belarra. 

En la escaleta del acto figuran intervenciones de sanitarias, profesores, trabajadoras del hogar, repartidores, representantes de la cultura y de ONG. Y el cierre correrá a cargo de la propia Yolanda Díaz, que al término del evento tiene previsto quedarse a conversar con los asistentes que quieran acercarse a ella. Un rol distinto, sin embargo, tendrán los representantes de los partidos políticos invitados. 

Cuentan desde Sumar que la propia Yolanda Díaz acordó con los principales líderes de las formaciones de izquierda que en este primer acto no tuvieran un papel destacado y ni siquiera un lugar destacado entre el público. Y por eso la mayoría de ellos no acudirá, a pesar de que muchos partidos sí que estarán representados con militantes o cargos intermedios. En realidad, cada formación ha interpretado la petición de la vicepresidenta segunda a su forma. 

Izquierda Unida es la única formación que ha confirmado que mandará a caras conocidas, y estarán presentes el secretario de estado y líder del PCE, Enrique Santiago, y la portavoz y europarlamentaria, Sira Rego. En Podemos, su secretaria general, Ione Belarra, confirmó que no asistiría y argumentó que así se lo había pedido expresamente Yolanda Díaz, aunque desde el equipo de la líder de Sumar sostienen que “fue una decisión colectiva que no acudan líderes ni secretarios generales”. En cualquier caso, por parte de los morados acudirán militantes de base y algún cargo público que no pertenece a la dirección. Habrá representación también de otras formaciones progresistas como Compromís, los Comunes, Alianza Verde, Verdes-Equo y Más País, aunque no así de su rama madrileña, Más Madrid. 

También estarán presentes los dos principales sindicatos, CCOO y UGT, con una relación muy estrecha con la ministra de Trabajo principalmente en el caso de CCOO. De igual forma no acudirán sus secretarios generales Unai Sordo y Pepe Álvarez. Junto a los sindicatos habrá también representantes de colectivos sociales, ONG y plataformas del tercer sector, así como personas del ámbito de a cultura como el pianista James Rhodes.

El de mañana será el pistoletazo de salida de un proceso que, según estiman en el entorno de la vicepresidenta, se podría extender hasta seis meses y que la llevará a recorrer todos los rincones del país. Bajo las banderas de los derechos laborales o la igualdad, Sumar echa a andar por el momento con 25 grupos de trabajo divididos en sectores: feminismo, derechos LGTBI, memoria democrática, sanidad, educación, tecnologías, calidad democrática o derechos laborales. “Queremos escuchar a la ciudadanía hablar de las cosas que les afectan y de lo que tenemos que hacer para construir un proyecto de país para la próxima década”, explican desde la plataforma. 

Cuando echó a andar la coalición en enero de 2020, el Ejecutivo se esmeró por dotarse de las herramientas necesarias para salvaguardar la travesía de una fórmula de gobierno novedosa desde la II República. Nadie ignoraba por entonces que la convivencia en el Consejo de Ministros entre dos formaciones como el PSOE y Unidas Podemos podría resultar tormentosa por momentos. Y bajo ese planteamiento se creó la llamada Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo de Coalición. 

Esta misma semana, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha solicitado una reunión urgente de la misma tras el choque frontal entre socios a cuenta de las inversiones millonarias comprometidas para Defensa en la nueva hoja de ruta de la OTAN. El primer paso ha sido la aprobación de un crédito extraordinario del Fondo de Contingencia de 1.000 millones de euros, una medida que ha despertado las críticas de Unidas Podemos tras lamentar haberse enterado por la prensa. “Las formas en política son tan importantes como el fondo", advirtió Yolanda Díaz el martes tras el Consejo de Ministros antes de reclamar "cierta calma" para abordar un debate tan sensible sobre el gasto militar: Es un debate que debe hacerse de manera serena. La posición de Unidas Podemos es conocida en el seno del Gobierno”, lamentó Díaz. 

La Comisión de Seguimiento aún no tiene fecha, pero lo habitual hasta ahora es que se convierta en un foro para sofocar incendios. Cuando se celebre, será la sexta vez que se convoque desde el principio de la legislatura y ha servido para limar asperezas desde asuntos relativos a las leyes de Igualdad o la reforma laboral. Según el documento pactado por los socios de Gobierno, ese foro ha de servir para “revisar el funcionamiento de la coalición y el cumplimiento de los objetivos propuestos, coordinar la acción entre ambos socios y unificar criterios y consensuar posiciones políticas para el desarrollo del programa del gobierno progresista”. 

Fuentes del Ejecutivo ponen en valor la utilidad de ese espacio para garantizar la convivencia entre el PSOE y Unidas Podemos: “Es legítimo que uno de los socios solicite su convocatoria. Normalmente dan buenos resultados y resulta provechoso”. Hay quien en la coalición, no obstante, relativizan el impacto real de la Comisión: “Es más una herramienta comunicativa que otra cosa”, explican. “Cuando un lío ocupa portadas varios días es útil como cortafuegos. Es verdad que esas reuniones sirven para debatir desavenencias y reconducir problemas, pero las verdaderas soluciones políticas no ven la luz verde ahí porque se resuelven al máximo nivel: antes Sánchez con Iglesias y ahora con Yolanda Díaz”, exponen´. 

Hasta el momento, solo se han celebrado cinco reuniones de seguimiento, alguna de ellas para intentar encauzar auténticos incendios. Fue el caso de la conocida como ley del “sí es sí”. Los primeros compases de la legislatura fueron protagonizados por sonoros enfrentamientos entre la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la entonces vicepresidenta, Carmen Calvo. Aquel encuentro se produjo en febrero de 2020 y consiguió dar luz verde a la Ley de Garantía de la Libertad Sexual en vísperas del 8 de marzo, tal y como pretendía Unidas Podemos, tras varias semanas de acusaciones cruzadas. 

La quinta y última reunión hasta la fecha tuvo lugar tras la salida del Gobierno de Pablo Iglesias y a cuenta de la reforma laboral impulsada por el ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Desde Unidas Podemos se acusó a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, de intentar entorpecer y de entrometerse en las reuniones del diálogo social con sindicatos y empresarios. El encuentro, finalmente, acabó con una solución intermedia: el ministerio de Economía participó de aquellas negociaciones pero siguió siendo Trabajo quien las lideró. 

Pero cuando se pregunta en el Gobierno por el mayor momento de tensión de la legislatura entre los socios casi todo el mundo coincide en señalar un enfrentamiento que ni siquiera pasó por la Comisión de Seguimiento: la primera negociación presupuestaria de 2020, cuando el PSOE se abrió a negociar con grupos que no formaban parte de la llamada mayoría de investidura, como Ciudadanos. Cuentan los testigos de aquel enfrentamiento que jamás se vivió un momento más delicado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, incluso con cruces de amenazas veladas de un horizonte electoral y de una ruptura del Gobierno. No pasó y no hay visos de que vaya a pasar. Es lo que todo el mundo, en el PSOE y Unidas Podemos, tienen claro. Tanto como que los choques, más o menos sonoros, también continuarán. 

La coalición de Gobierno intenta digerir el enésimo choque frontal de sus socios, esta vez a cuenta de la política de Defensa. En realidad, y contra todo pronóstico, la reunión del Consejo de Ministros de este martes sirvió más para atemperar los ánimos que para ahondar en los enfrentamientos cruzados del día antes, cuando todos los ministros de Unidas Podemos se enteraron por la prensa de que estaban a punto de aprobar un crédito extraordinario de 1.000 millones de euros para gasto militar. Según varias fuentes del Ejecutivo, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se encargaron personalmente de limar algunas asperezas tras las críticas de la vicepresidenta segunda a las formas de los socialistas. "Este gasto no estaba consensuado en la coalición”, lamentó Díaz el lunes por la noche.

En la Moncloa niegan la versión morada de que el crédito millonario se elevase al Consejo de Ministros por la puerta de atrás: "Todos los departamentos ministeriales fueron informados de la propuesta en la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios que se celebró el jueves de la semana pasada. La propuesta fue estudiada y validada sin que se produjera ningún tipo de intervención en contra", aseguran en el entorno del presidente. Lo que denuncian en Unidas Podemos es que no hubo ningún tipo de intervención ni en contra ni a favor porque, sencillamente, no se trató.

Según la documentación de esa reunión a la que ha tenido acceso infoLibre, la propuesta de aumentar en 1.000 millones el dinero disponible para gasto en defensa quedó redactada así: "Acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Defensa para atender los gastos extraordinarios de las Fuerzas Armadas ocasionados por la guerra de Ucrania". Todas las fuentes consultadas coinciden en que no se produjo debate alguno sobre la cuestión. Los secretarios de Estado de Unidas Podemos ni siquiera recuerdan, aseguran, que se tratase el asunto.

Desde la Vicepresidencia segunda aseguran que, incluso más que el fondo de la cuestión, han molestado las formas con las que Moncloa, Hacienda y Defensa han sacado adelante un aumento de gasto tan relevante en un asunto tan sensible para el espacio político de Unidas Podemos. "Las formas en política son tan importantes como el fondo", advirtió Yolanda Díaz este martes tras el Consejo de Ministros antes de reclamar "cierta calma" para abordar un debate tan sensible sobre el gasto militar: "Es un debate que debe hacerse de manera serena. La posición de Unidas Podemos es conocida en en el seno del Gobierno. Estamos viviendo un momento muy difícil, con una guerra cruel de Putin que está teniendo consecuencias muy duras para el conjunto del mundo, pero incrementar el presupuesto de Defensa hasta el 2% del PIB supone llegar a los 22.000 millones. El Ministerio de Trabajo tiene un presupuesto de 30.000 millones. Este es un debate que debe tener la sociedad española con serenidad. Tenemos preocupación", manifestó. Yolanda Díaz ya ha pedido formalmente al presidente la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento del pacto de coalición, que podría reunirse esta misma semana.

Hasta ahora, el planteamiento público del Gobierno era que el compromiso de ir caminando hacia el 2% del PIB de gasto en Defensa adquirido con la OTAN se abordaría en la negociación presupuestaria que ahora empieza de cara a las nuevas cuentas de 2023. En la parte socialista del Ejecutivo admiten que, desde hace tiempo, tenían prácticamente asumido que iba a resultar imposible acordar con Unidas Podemos partidas presupuestarias ambiciosas en materia de defensa. "Ellos han manifestado públicamente su postura en muchas ocasiones y además es un planteamiento clásico de ese espacio político, sabíamos que por ahí iba a ser muy complicado", admiten fuentes gubernamentales.

Desde ese enfoque, en la Moncloa recuerdan que las competencias en materia de política exterior y de defensa "son exclusivas del presidente" a pesar de que respeten "profundamente" los planteamientos políticos de su socio. Lo que parece claro es que el crédito aprobado este martes en el Consejo de Ministros supone una inyección presupuestaria para el departamento de Margarita Robles que, en gran medida, aliviará las necesidades de incremento de gasto para los próximos Presupuestos Generales del Estado, despejando así también las negociaciones con Unidas Podemos.

Confían en la Moncloa en que, poco a poco, el ruido en torno a este asunto vaya aminorando. "Es legítimo convocar la comisión de seguimiento cuando haya discrepancias y es ahí donde deben resolverse", apuntan. Por el momento, el primer paso ya está dado: Defensa cuenta con 1.000 millones de euros extra para gasto militar gracias a un crédito del Fondo de Contingencia, para el cual no ha sido necesario el acuerdo con el socio de coalición ni tampoco su aprobación en el Congreso.

El Consejo de Ministros de este martes servirá para evidenciar el choque frontal de los dos socios de coalición. Por orden del presidente, el Gobierno aprobará la concesión de un crédito de 1.000 millones de euros para Defensa, una medida que no estaba contemplada hasta hace unos días y que, según critican desde Unidas Podemos, no ha sido siquiera comunicada a la parte morada del Ejecutivo. 

Pedro Sánchez ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de caminar hacia “el compromiso” adquirido en el marco de la OTAN y que tiene que ver con duplicar el gasto militar hasta elevarlo al equivalente del 2% del PIB, unos 200.000 millones de euros, de cara al año 2029. Lo previsto hasta la fecha es que esa senda se fuera recorriendo poco a poco y que el primer paso se diera en el contexto de una subida moderada del gasto en los próximos Presupuestos Generales. Pero apenas cuatro días después de la cumbre de la OTAN, el presidente mueve ficha con la concesión del nuevo crédito. 

“Este gasto no estaba consensuado en la coalición”, lamentó Yolanda Díaz este lunes tras conocer la noticia. Antes, las críticas y los reproches cruzados entre socios de la coalición se sucedieron durante toda la jornada. A primera hora, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, se mostró muy crítica con la acción del Gobierno del que ella misma forma parte: “Los últimos acontecimientos y declaraciones han derivado en un momento de la legislatura en el que no se perciben unos objetivos políticos claros en la acción del Gobierno de coalición y esa percepción es compartida por muchísima gente progresista”. 

Belarra aseguró además que cada vez más gente “tiene la sensación de que es Podemos en solitario quien levanta las banderas que deberían ser la seña de identidad de un Gobierno progresista”, unas declaraciones previas al anuncio del crédito millonario y que se enmarcan en el rechazo explícito de la formación morada a la hoja de ruta salida de la cumbre de la OTAN y del encuentro bilateral entre los presidentes Sánchez y Biden: ni aprueban la senda de inversiones en Defensa que plantea el nuevo Concepto Estratégico de la Alianza ni tampoco el aumento de la presencia norteamericana en la base de Rota, con dos nuevos buques de guerra y más marines. 

La temperatura en el Gobierno fue elevándose a lo largo del día. Por estos planteamientos de Unidas Podemos fue preguntada la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no esquivó la respuesta a la ministra de Derechos Sociales: "Yo le diría a la señora Belarra que pregunte a Yolanda Díaz si dice en Ferrol que se dejen de construir las fragatas F-110 para la Armada, que están creando muchos puestos de trabajo. Que pregunte la señora Belarra a Yolanda Díaz", contestó. Cuestionada por la continuidad de los morados en el Consejo de Ministros, se limitó a manifestar que "cada uno sabrá si está cómodo o no, si puede aportar algo o no".

La aludida vicepresidenta segunda, nacida en Ferrol, también contestó a su vez a la ministra de Defensa: “El acuerdo que se quiere aprobar de 1.000 millones de euros en Defensa nada tiene que ver, y bien que lo siento, con la carga de trabajo de Navantia Ferrol ni Navantia Cádiz y sí con el armamento de nuestro país”, denunció. El caso es que la polémica suscitada en el seno del propio Ejecutivo y las críticas de sus socios no han frenado a Pedro Sánchez a la hora de acelerar su hoja de ruta de un mayor gasto militar, que empezará a ejecutarse de manera inminente con la concesión de este nuevo crédito. 

Mientras, desde la Moncloa desmienten que hayan ocultado el crédito a sus socios de coalición. Fuentes de la presidencia del Gobierno aseguran que "todos los departamentos ministeriales fueron informados de la propuesta en la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios que se celebró la semana pasada" y añaden que "la propuesta fue estudiada y validada sin que se produjera ningún tipo de intervención en contra".

Desde el equipo del presidente se insiste en que el Gobierno va a cumplir con "su responsabilidad y solidaridad para fortalecer la seguridad y la capacidad de disuasión europeas frente a la amenaza real que representa Putin". Y en ese sentido remarcan que Pedro Sánchez "ha sido claro y diáfano" en relación al compromiso europeo de alcanzar el objetivo de gasto militar del 2% del PIB en 2029.

Como todas las guerras, la de Rusia en Ucrania amenaza con arrasarlo todo. A los miles de muertos y millones de refugiados ucranianos víctimas de la invasión de Putin se suman ahora unas consecuencias económicas globales que vuelven a llevar a Europa al precipicio de una gran recesión. Y todo cuando apenas el mundo empezaba a sacudirse los devastadores efectos de la pandemia. Un contexto de incertidumbre extrema que traslada a la política unas dosis de inestabilidad de impredecibles consecuencias. 

En el caso de España, el Gobierno es consciente de que resulta prácticamente imposible sobrevivir políticamente a una inflación de dos dígitos como la registrada esta misma semana, cuando el índice de precios se desbocó por encima del 10% por primera vez en casi cuatro décadas. “La economía lo va a complicar todo, está claro”, admiten en el PSOE. Fuentes del Ejecutivo tampoco esconden la preocupación por unos nubarrones que podrían acabar en tormenta en cuanto pase el verano: “Estamos preocupados, lógicamente. Las perspectivas del otoño y el invierno no son nada buenas y por eso no dejamos de adoptar medidas”, sostienen. 

Con ese escenario, sumado al propio desgaste de la coalición y a los batacazos electorales encadenados por la izquierda en el último año y medio, la pregunta es cuál es la hoja de ruta de Pedro Sánchez para llegar al final de la legislatura con posibilidades ciertas de revalidar su mandato. La respuesta la encuentra el entorno más cercano del presidente en su propia trayectoria política: “Pues lo de siempre, resistir”, cuentan. 

En la Moncloa destierran la idea de que Sánchez esté siquiera cerca de tirar la toalla o de sentirse derrotado: “Está muy fuerte”, aseguran. En su entorno coinciden unánimemente en concluir que el papel de anfitrión en la cumbre de la OTAN le ha sentado especialmente bien: “Se ha convertido en un actor global en lo político y en lo económico”, afirman rezumando optimismo tras los tres días de encuentros con jefes de estado y de gobierno de la Alianza y tras el elogio unánime a la organización por parte incluso del líder del PP. Los socialistas señalan también la capacidad de reacción tras la debacle en Andalucía, que dejó durante unos días completamente noqueada al conjunto de la izquierda. “Esa misma semana estábamos impulsando el paquete de medidas anticrisis más ambicioso de Europa”, remarcan en el Ejecutivo, desde donde destacan “el impuesto a las energéticas y las ayudas a la clase media y trabajadora”. 

Mucha de la gente que le tiene cerca tanto en el partido como en el Consejo de Ministros ve claro que fue precisamente el resultado electoral en las autonómicas de Andalucía lo que pudo servir al Gobierno de acicate. Y hay quien observa desde ese día una especie de vuelta a los orígenes: “La historia política de Pedro Sánchez se ha construido precisamente así, a contracorriente y con épica. Le pasó en las primarias con Susana, en la moción de censura y en la gestión de la pandemia. Siempre nos dieron por muertos y mira, ahí seguimos”, relata una de las personas que le acompaña desde el principio y que califica de “invento de unos cuantos” el cambio de ciclo. 

Hace justo una semana fue el propio Pedro Sánchez quien salió a comparecer ante los medios para explicar personalmente el calado de las medidas impulsadas en el nuevo decreto anticrisis, un formato de comparecencia pública muy parecido al de los peores momentos de la pandemia, cuando se llegaron a institucionalizar sus apariciones de los sábados ante la prensa para dirigirse a la ciudadanía en un claro intento por demostrar liderazgo. Pedro Sánchez volvió en esta ocasión a dirigirse a los “compatriotas” para “hacerse cargo” del sufrimiento de tantas familias por las consecuencias de la guerra y para trasladar el mensaje de que su Gobierno trabaja para ellos, le pese a quien le pese: “Este es un Gobierno incómodo para algunos sectores económicos pero no nos quebrarán”, espetó en esa comparecencia. Esta misma semana, en una entrevista en laSexta, llegó a decir que “España no se puede permitir el lujo de volver a un viejo orden que quieren reinstaurar poderes ocultos con intereses oscuros”.

La afirmación, que sorprendió a algunos dentro del propio consejo de ministros, la hizo tras anunciar que el Ejecutivo le va a subir los impuestos a las grandes compañías energéticas que se están enriqueciendo más que nunca en mitad de la guerra. Y ese mensaje lo situó, probablemente, en el lugar desde el que más ha conseguido progresar durante su carrera política: “A la vista de los resultados, el Pedro que se contrapone a los poderosos y que hace empatizar con él a la ciudadanía es un Pedro muy competitivo”, concluye una de las personas más cercanas al presidente desde que se presentó a las primarias del PSOE. 

Lo que esperan en la Moncloa para la recta final de la legislatura es que la tormenta económica que se avecina resulte menos virulenta de lo que se prevé y que, además, se cumpla un precepto que han teorizado en el entorno del presidente: el de que la ciudadanía respalda electoralmente a los gestores directos de grandes calamidades: “Lo vimos fuera de España en el caso de Portugal, pero en las autonómicas de nuestro país hay mucho de eso también. La gente ha revalidado los gobiernos que han tenido que gestionar la crisis”, razonan desde el Ejecutivo. 

Cuando se pregunta a los socios de coalición de Pedro Sánchez por el posicionamiento del presidente la respuesta es que se sienten “desconcertados”. En Unidas Podemos celebran que el contenido del decreto anticrisis haya tenido finalmente un marcado carácter progresista de protección social, con medidas defendidas por la propia Yolanda Díaz y por Ione Belarra como las ayudas directas a familias vulnerables o las bonificaciones al transporte público.

Sin embargo, la sensación generalizada en los morados es que el presidente, más allá del “subidón” de la OTAN, anda probando distintas teclas sin tener aún muy claro el rumbo. “El mismo día que salió a anunciar las medidas sociales dijo la barbaridad de Melilla”, rememora un alto cargo de los socios de Sánchez ejemplificando su desconcierto ante los pasos de Sánchez. 

En Unidas Podemos entienden mensajes lanzados por el presidente como el llamamiento a “los acuerdos de país”, aunque exigen que esos llamamientos trasciendan al apoyo a más gasto militar o a la ampliación del despliegue americano en Rota para avanzar en la senda de la protección a los más desfavorecidos. 

En la Moncloa, mientras, cruzan los dedos para que el viento de cola que parece haber traído la cumbre de la OTAN permita al menos vivir unos días alejados de la tempestad. “Somos un Gobierno determinado, sin hipotecas y con una agenda bien definida”, reivindican en el Ejecutivo sin dejar de contener la respiración por lo que pueda deparar el invierno tan largo que parece deparará la guerra.

Un 2% del PIB en gasto militar y hasta un total de 300.000 soldados, lo que supone multiplicar por ocho la cifra actual. Esa es la hoja de ruta marcada por la OTAN en el Concepto Estratégico alumbrado en la cumbre de Madrid para hacer frente a la amenaza de Rusia y también a la de China. Un auténtico cambio de era que consiste en llevar a cabo un rearme inédito desde hace al menos cinco décadas. 

La totalidad de los estados miembros de la Alianza han coincidido en calificar la cumbre de Madrid como “histórica” y como un “rotundo éxito”, por lo que supone de respuesta global a la invasión de Ucrania perpetrada por Vladimir Putin. Sin embargo, ese Concepto Estratégico también supone aceptar unas obligaciones muy ambiciosas para los países de la OTAN. En el caso de España, por ejemplo, el Gobierno ha mostrado su satisfacción por el posicionamiento de la Alianza Atlántica en torno a intereses estratégicos de nuestro país como el Sahel o la protección de territorios como Ceuta y Melilla. La pregunta es qué tendrá que hacer España a cambio y qué capacidad real tiene para hacerlo. 

“En proporción, para un país como España los planes de la OTAN supondrían multiplicar por siete su despliegue de tropas y duplicar su gasto en defensa, que está en torno al 1% del PIB”, plantea Yago Rodríguez, experto en políticas de Defensa y director de The Political Room. Actualmente el gasto español en Defensa equivale aproximadamente a un punto porcentual del PIB, alrededor de unos 10.000 millones de euros, por lo que la hoja de ruta Atlántica implicaría una inversión de unos 20.000 millones al año. 

“Eso caería como agua de mayo al ejército español porque está todo manga por hombro”, opina Rodríguez que, sin embargo, ve inviable un escenario así a corto o medio plazo. “Es una propuesta de máximos de la OTAN, pero no se van a alcanzar esos máximos. Es completamente inviable tener disponibles a 300.000 hombres y llegar al 2% del PIB a corto plazo y las aportaciones de cada país no tienen porqué ser obligatoriamente proporcionales. 

En cualquier caso, todos los expertos coinciden en que los planes de la OTAN no van a implicar ver de la noche a la mañana a decenas de miles de tropas desplegadas por Europa. Lo explica Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa y autor de ‘Guerras Posmodernas’: “No es un despliegue. Estamos hablando de soldados que están en su cuartel pero no inactivos, tienen que estar listos para salir, por ejemplo, si se les mandata estar en 72 horas en tal sitio”. 

Para Pérez Triana la clave del nuevo Concepto Estratégico de la OTAN tiene que ver con lo que denomina el fin de los ejércitos de papel: “No vamos a ver grandes movimientos de tropas en Europa, lo que vamos a ver es que los ejércitos se van a comprometer a mantener los niveles de disponibilidad. Se acabaron los ejércitos de papel, se acabó decir que yo tengo 500 carros de combate pero que si levantan el teléfono para ponerlos en marcha yo responda que no funcionan la mitad. En el caso de las fuerzas armadas españolas nos podríamos llevar un susto en este tema, se nos verían las costuras”, asegura. 

Los dos expertos apuntan, además, que en el caso de que la situación de la guerra empeorara y los planes de la OTAN tuvieran que cumplirse a rajatabla, es difícil que España pueda adoptar los niveles de compromiso de otros países. “El grueso de la fuerza la aportarían los países más interesados, los del Este de Europa, que tienen más preocupación por Rusia”, opina Yago Rodríguez, que reseña: “Quien quiera ganar influencia y pueda, aportará más. Los alemanes han dicho que van a aportar una flota de 20 buques de guerra, una división panzer, 15.000 hombres, una unidad pesada…Eso demuestra compromiso y capacidad, está claro”. 

Pérez Triana coincide en que, en caso de que sea necesario, los primero que darán un paso al frente serán los países del Este: “A un lituano, a un letón o a un estonio le dices que se tiene que apretar el cinturón para aumentar el gasto en Defensa y te dicen que poco le parece porque tienen a Putin en la frontera”, advierte. Sobre la capacidad española de movilización de recursos el experto tiene dudas de que realmente se puedan llegar a unos niveles de inversión tan altos: “La carga se repartirá no tanto desde un punto de vista proporcional porque cada país tiene que ser honesto con la capacidad que tenga. Es más fácil que países como España, por ejemplo, digan que están dispuestos a poner soldados de la Brigada Galicia con vehículos de rueda, que tienen un mantenimiento más simple que los vehículos de cadenas. Comprometernos a mandar carros de combate igual es no ser realistas”, opina. 

En el balance de la cumbre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que la apuesta por alcanzar el 2% del PIB en gasto de Defensa es ineludible respecto a los compromisos con la Alianza Atlántica, y ha pedido a los grupos parlamentarios su respaldo para sacar a adelante “un acuerdo de país”. Desde su socio de coalición, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra se preguntaba este jueves en detrimento de qué políticas sociales iría ese dinero, dejando claro su rechazo a la hoja de ruta que implica más gasto militar. 

El nombre de la capital de España quedará vinculado de ahora en adelante a una cita que ha atrasado cincuenta años los relojes de la geopolítica global: la cumbre de Madrid fija como principal amenaza a Rusia y señala a su presidente, Vladimir Putin, como enemigo número uno. Un escenario que dibuja oficialmente el cambio de era en las relaciones internacionales para asemejarlas a las de la Guerra Fría. 

“Rusia es una amenaza directa a nuestra seguridad”, proclamó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a su llegada a la cumbre. Y en torno a esa realidad gira el nuevo Concepto Estratégico rubricado por todos los países miembros: ”Rusia es la más significativa y directa amenaza a la seguridad de los aliados y a la paz y estabilidad del área euroatlántica”, reza el documento (íntegro al final de este artículo) que responsabiliza a Putin de un intento de establecer esferas de influencia “a través de la coerción, la subversión, la agresión y la anexión”. 

El volantazo histórico se entiende mejor si se compara con el anterior Concepto Estratégico, firmado en Lisboa en 2010, y que señalaba justo la dirección opuesta en las relaciones entre la Alianza Atlántica y Rusia: “Una verdadera asociación estratégica entre la OTAN y Rusia con una colaboración de importancia estratégica para crear un espacio común de paz, estabilidad y seguridad”, rezaba. Pero ese mundo ya pasó, al menos de momento. 

Pero el paso al frente de la OTAN no se queda en una mera declaración de intenciones. En Madrid, la Alianza Atlántica ha consumado su crecimiento tras la firma de un memorando que abre la puerta a la histórica incorporación de Suecia y Finlandia después de que Turquía levantase oficialmente su veto a ambos países. Y, sobre todo, el nuevo Concepto Estratégico da paso a un despliegue militar en suelo europeo sin precedentes en las últimas cinco décadas. 

“Mejoraremos nuestros batallones en la parte oriental de la Alianza, transformaremos la Fuerza de Respuesta de la OTAN y aumentaremos el número de nuestras fuerzas de reacción rápida a más de 300.000”, confirmó el secretario general. A día de hoy, las tropas de la Alianza contaban con apenas 40.000 soldados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló de la cumbre de Madrid como “una cita histórica” y aseguró que su país contribuirá a defender “cada centímetro de la OTAN porque esta Alianza es más necesaria que nunca”. 

En la respuesta global al desafío de la invasión rusa de Ucrania la OTAN no se olvida de China. Stoltenberg quiso dejar claro que "no es nuestro adversario”, aunque alertó de que “no debe ser subestimada y debemos estar pendientes de los serios retos que representa". El nuevo Concepto Estratégico salido de la cumbre española es mucho más explícito: acusa al país asiático de suponer un “desafío a nuestros intereses, seguridad y valores” y condena la “opacidad” respecto a su “estrategia, intenciones y desarrollo militar”, destacando “la amplia gama de herramientas políticas, económicas y militares” de las que dispone para aumentar su influencia geoestratégica. 

El documento oficial de la cumbre también hace mención expresa a “los vecinos del sur de la OTAN” y a los desafíos relacionados con la inestabilidad en África. Sobre el flanco sur, la Alianza menciona expresamente al Norte de África y al Sahel como representantes de “desafíos interconectados de seguridad, demográficos, económicos y políticos, un terreno fértil para la proliferación de grupos armados no estatales, incluidas las organizaciones terroristas, algo que también permite la interferencia desestabilizadora y coercitiva por parte de competidores estratégicos”, en clara referencia a Rusia o China. Y no se olvida el Concepto Estratégico del flanco sur para referirse a los flujos migratorios. La Alianza señala directamente a “los dirigentes autoritarios” que “instrumentalizan la migración”. 

En el Gobierno no dudan en hablar de “rotundo éxito” el balance de la cumbre. Más allá del papel de anfitrión y del desarrollo logístico de la cita, en Moncloa se muestran especialmente satisfechos con la implicación lograda del conjunto de la Alianza hacia intereses estratégicos claves de nuestro país.

Es el caso, por ejemplo, del llamado “enfoque 360 grados”. El nuevo Concepto Estratégico incluye una redacción explícita sobre la defensa de la totalidad de los territorios soberanos de los estados aliados: “Nadie debe dudar de nuestra fuerza y determinación para defender cada centímetro del territorio aliado y para preservar la soberanía y la integridad territorial de todos los aliados y prevalecer contra cualquier agresor. En un entorno de competencia estratégica, mejoraremos nuestra conciencia global y alcance para disuadir, defender, impugnar y negar en todos los dominios y direcciones, en línea con nuestro enfoque de 360 grados”. Para el Ejecutivo de Pedro Sánchez se trata de un indiscutible avance en la implicación atlántica sobre Ceuta y Melilla. 

Fuentes del Ejecutivo reconocían a última hora del miércoles estar “muy satisfechos” con el resultado de una cumbre que califican como “la más importante de la historia”. Entre los principales logros para España, en Moncloa ensalzan el paraguas defensivo para Ceuta y Melilla y que el Concepto Estratégico incluya la estabilidad del Sahel como uno de los desafíos de la Alianza.

La imagen más esperada para el Gobierno se consumó este martes por la tarde: el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se bajó de la Bestia (su coche blindado) a los pies de la escalerilla de Moncloa, donde le esperaba Pedro Sánchez. El presidente español ya había lanzado un entusiasta saludo a la ventanilla de Biden antes de que éste pusiera pie en el complejo presidencial. Luego, sonrientes, se estrecharon las manos varias veces frente a las cámaras antes de entrar a la reunión. 

“Ha estado muy cálido, muy cercano”, describían fuentes del Ejecutivo sobre la actitud de Biden tras su encuentro con Sánchez. “Ha ido tan bien que el equipo de Biden ha tenido que entrar dos veces para decirle que tenían que terminar porque él quería seguir, y por eso han estado más tiempo de lo agendado”, aseguraban esas mismas fuentes. En total, los presidentes han estado reunidos alrededor de una hora y cuarto. Cuenta el Gobierno español que en la conversación se ha dedicado mucho tiempo, lógicamente, a la situación en Ucrania y la respuesta a Putin. Pero que también han conversado sobre la implicación española en América Latina y la mayor presencia estadounidense en el norte de África. 

Sobre este punto España tenía un especial interés estratégico por los retos de seguridad y defensa que plantea el flanco sur de la Alianza Atlántica. Y por eso el Gobierno considera un éxito que en la Declaración Conjunta rubricada entre ambos gobiernos (disponible al final de esta pieza), la primera desde hace 21 años, se mencionan varias veces de manera específica algunos de esos retos, con especial atención al capítulo migratorio. “España y Estados Unidos reconocen la importancia de una cooperación permanente en respuesta a los retos de la migración irregular en la región del norte de África”, reza el punto 9 de la declaración. 

Justo en ese mismo párrafo, un par de frases antes, ambos países esbozan “la intención de colaborar en un enfoque integral para la gestión de los flujos migratorios irregulares que garantice un trato justo y humano de los migrantes”. Una declaración de intenciones que coincide con dos capítulos especialmente dramáticos en España y Estados Unidos: la muerte de 37 personas junto a la frontera de Melilla a manos de la policía marroquí y la de otras 50 personas asfixiadas en un camión de Texas dedicado al tráfico humano. Ni Sánchez ni Biden admitieron preguntas tras su declaración. Preguntado al respecto, el Gobierno español defendió que se trata de una declaración “para los próximos 15 años” que no puede entenderse desde el punto de vista de un "hecho puntual de ahora”. 

En el documento de la Declaración Conjunta distribuido tras la reunión en Moncloa las mayores concreciones tienen que ver con la cooperación en materia de Defensa. El principal compromiso adquirido entre España y Estados Unidos es “el estacionamiento permanente de buques de guerra estadounidenses adicionales en Rota” y un mayor despliegue de tropas acorde con esa llegada de dos nuevos buques a la base gaditana. Desde el Gobierno aseguran que ese paso tiene que ver con el refuerzo al flanco sur demandado por España: “El Mediterráneo es una zona geoestratégica, el refuerzo de la cooperación en materia de defensa es una clara apuesta por el flanco sur”, dicen fuentes del Ejecutivo. 

Joe Biden manifestó que esperaba que esos planes se pudieran concretar “más pronto que tarde”. Desde el Ejecutivo español explican que ese acuerdo es fruto “de meses de trabajo”, aunque recuerdan que se trata de una medida que debe ser impulsada desde el Consejo de Ministros, primero, para ser ratificada en el Congreso, después. Moncloa no ha querido aventurar las posibles dificultades a las que podría enfrentarse para sacar adelante un asunto especialmente sensible para sus principales aliados, empezando por su propio socio de coalición, muy crítico y reacio siempre a todo lo que implique un mayor despliegue militar. En cualquier caso, desde el PP ya han defendido varias veces su apuesta por aumentar el despliegue americano en las bases en suelo español.

“Vamos a dar nuevos pasos con nuestros colegas en Europa, pero lo fundamental es que juntos, la Alianza, está haciendo frente a las amenazas que proceden del este y también a los desafíos del sur. La OTAN está centrada en todos los ámbitos, en todas las direcciones por tierra, por mar y por aire”, aseguró Joe Biden tras elogiar a nuestro país como “un socio indispensable”. 

Respecto a la invasión rusa de Ucrania, el presidente de Estados Unidos remarcó que “el objetivo de Putin es acabar con el orden mundial actual”, y agradeció a Sánchez y al pueblo español “el apoyo que habéis prestado a la hora de acoger a más de 140.000 refugiados ucranianos en España. Esto es algo increíble y es un gran testimonio para todos los pueblos. Muchas gracias, presidente, por su liderazgo”, le dijo a Pedro Sánchez. 

El presidente español también tuvo palabras de elogio para su homólogo norteamericano tras la etapa de Donald Trump en la Casa Blanca: “Estamos agradecidos de tener a Estados Unidos de vuelta al multilateralismo. Puedes contar con España como un socio sólido y amigo. España y Estados Unidos somos socios estratégicos, somos amigos”, remarcó Pedro Sánchez. “Hemos tenido una conversación muy fructífera y espero que sigamos conversando de manera fructífera en el futuro”, concluyó Biden. 

Dos nuevos buques de guerra y más tropas americanas en la base militar de Rota. Ese es el principal compromiso adquirido entre España y Estados Unidos tras la reunión mantenida esta tarde en el Palacio de la Moncloa entre los presidente Sánchez y Biden. Fruto de ese encuentro, ambos países han rubricado una declaración conjunta que, según fuentes del Gobierno español, “expande y refuerza” las relaciones bilaterales. 

En esa declaración conjunta se menciona expresamente el fortalecimiento de “la cooperación en el ámbito de la defensa”, un punto en el que se explica que España y Estados Unidos tienen la intención de ampliar dicha cooperación “mediante el estacionamiento permanente de buques de guerra estadounidenses adicionales en Rota”. El propio presidente de Estados Unidos, quien ha declarado que "España es un socio indispensable", ha afirmado durante su declaración institucional junto a Pedro Sánchez que espera que sea algo que pueda concretarse cuanto antes. 

Desde el Gobierno aseguran que se trata de una hoja de ruta coordinada fruto de “meses de trabajo” y admiten que tiene que ver con el refuerzo al flanco sur demandado por España: “El Mediterráneo es una zona geoestratégica, el refuerzo de la cooperación en materia de defensa es una clara apuesta por el flanco sur”, dicen fuentes del Ejecutivo. 

En el documento firmado entre ambos países también se hace referencia a “una gestión de los flujos migratorios irregulares que garantice un trato justo y humano de los migrantes”. Según Moncloa, Estados Unidos se ha interesado por los modelos de gestión integral de los flujos migratorios del sur de Europa, aunque el Ejecutivo de Sánchez ha querido desligar este posicionamiento de lo ocurrido en la frontera de Melilla el pasado fin de semana tras la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes que provocaron 37 muertos, según las ONG.

La capital de España se moviliza para acoger una cumbre de la OTAN que los expertos coinciden en señalar como la más importante, al menos, en los últimos cuarenta años. La amenaza de una guerra en suelo europeo tras la invasión rusa de Ucrania dota a la cita de ese valor histórico y la respuesta al régimen de Vladimir Putin capitalizará casi por completo el contenido de la misma. Sin embargo, nuestro país observa el encuentro con un interés político que va más allá del rol que desempeñará como anfitrión e incluso de la política exterior frente a Rusia.

El Gobierno no esconde que otorga una relevancia estratégica a la posibilidad de que la alianza atlántica se implique activamente en el flanco sur. Los intereses españoles en la política exterior relacionada con el Magreb son más que evidentes. La nueva etapa en las relaciones bilaterales con Marruecos emprendidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez han puesto de manifiesto, una vez más, la complejidad de los equilibrios en la frontera sur españolas con dos vecinos africanos enfrentados de manera irreconciliable, como es el caso del régimen marroquí con Argelia. La amenaza terrorista en el norte de África y el desafío migratorio componen las piezas de un puzzle cuya resolución habitualmente queda de manera exclusiva en manos de la Unión Europea (en el mejor de los casos) o incluso de España en solitario. Y la cumbre en Madrid se atisba como la ocasión perfecta para que eso cambie pronto.

Desde el ministerio de Defensa, sin embargo, prefieren ser cautos al respecto. "En estas cumbres se llega con todo negociado desde hace un año y con un gran nivel de consenso entre todas las partes. Como anfitriones, además, no haríamos bien en poner sobre la mesa un asunto que es muy pequeño en relación a la magnitud del conflicto con Rusia o a otros desafíos muy graves, algunos de ellos en África", explican desde el departamento de Margarita Robles.

En Defensa, no obstante, sí otorgan una importancia estrategia a la atención del flanco sur más allá de los intereses de Ceuta y Melilla. "El documento que se apruebe obviamente tendrá mucho que ver con el flanco este y con los países bálticos, pero no se puede dejar de lado al sur. Hay que poner el foco también en África, un continente con el que deberíamos tener cuidado", sostienen fuentes del ministerio. "Para nosotros resulta estratégico que la OTAN se implique en nuestra frontera sur en desafíos como la inmigración ilegal o la lucha contra el terrorismo yihadista, algo que ya se hace en buena medida. Sería importante que pudiéramos desplegar en África misiones de paz y de seguridad como lo hacemos los miembros de la Alianza en otras partes del mundo", argumentan desde el Gobierno.

El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, Alberto Priego, también destaca que la OTAN "ya está implicada en el flanco sur, puesto que lleva muchos años gestionando crisis, desarrollando seguridad cooperativa y generando medidas de confianza en el marco del diálogo mediterráneo. Aunque no se ve, eso nos permite que el flanco sur sea mucho más pacifico en lo que amenazas tradicionales se refiere", apunta. 

El profesor defiende que resultaría estratégico un estrechamiento de la implicación de la OTAN en ese flanco sur para profundizar en el trabajo que ya se hace de la mano de España: "Es fundamental para España ir de la mano de la OTAN en el flanco sur. Una alianza con 28 países produce intercambios de información muy útiles que solos no podríamos llevar a cabo. Y España, en ese sentido, juega un rol privilegiado no solo por su posición geográfica: nuestro país está especializado en repostaje en vuelos o en desactivación de explosivos", apunta.

No fue una mera prórroga del plan anticrisis que está en vigor desde el 1 de abril. Tras consolidarse la inflación como la consecuencia económica más acuciante de la invasión rusa de Ucrania y tras constatarse que ese alza de precios se traduce además en un problema político de primera magnitud, el presidente encargó a su Ejecutivo tras el batacazo electoral de Andalucía una batería de medidas aún más ambiciosas: ayudas directas a familias vulnerables, subida de pensiones no contributivas, bajada de impuestos de la luz y bonificación al transporte público, entre otras cosas. En total, 9.000 millones de euros de aquí al 31 de diciembre, fecha hasta la que estará en vigor el nuevo decreto aprobado este sábado en Consejo de Ministros extraordinario. 

Tras pasar una de las semanas políticas más complicadas de toda la legislatura tras el batacazo de la izquierda en Andalucía, hoy en el Gobierno trasladaban una sensación de alivio: “Hacía falta algo así. Es positivo que haya sido el presidente quien haya explicado a la ciudadanía todo lo que estamos haciendo. Nadie en Europa ha impulsado un plan tan ambicioso”, valoraba tras la comparecencia un alto cargo del Ejecutivo. Otro, satisfecho con el contenido del decreto, espera que esto servirá “para recuperar el aliento” tras unos días de difícil digestión de la hecatombe electoral del 19J porque traslada, a su juicio, que el presidente y su Consejo de Ministros “siguen volcados en dar respuesta a los problemas de la gente de una manera justa y equitativa, igual que en la pandemia”.

Había muchas expectativas puestas en la comparecencia de Pedro Sánchez, que decidió salir personalmente ante los medios para dar cuenta de los detalles del plan. Aunque todo el mundo en el Gobierno daba por hecho a mediados de semana que se llevarían a cabo nuevas medidas, lo cierto es que las últimas 48 horas han sido de continuos choques en la coalición a cuenta de las negociaciones entre los equipos de Moncloa y Unidas Podemos. Como tantas veces, fueron el presidente del Gobierno y su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, los encargados de desbloquear las conversaciones para alcanzar un acuerdo a primera hora de este mismo sábado. 

En la sala de prensa de Moncloa, el presidente fue detallando una a una las novedades de la batería de medidas, algunas de ellas defendidas públicamente por Unidas Podemos desde hace semanas y que han contado con el rechazo explícito de varios ministerios de la parte socialista del Ejecutivo hasta última hora. Entre las más destacadas está una ayuda directa de 200 euros a empleados, autónomos o parados con unos ingresos inferiores a 14.000 euros y que no tengan acceso al Ingreso Mínimo Vital, una iniciativa impulsada también en países europeos de nuestro entorno como Italia. 

También anunció Pedro Sánchez una subida del 15% en las pensiones no contributivas, la limitación del precio de la bombona de butano y una medida que tendrá un impacto generalizado entre los millones de ciudadanos que usan a diario el transporte público: a partir del 1 de septiembre el Gobierno rebajará el 50% el precio de todos los abonos mensuales de transportes estatales, principalmente los ferroviarios. En el caso de los que dependan de ayuntamientos y comunidades autónomas la rebaja queda fijada en el 30%, y serán los gobiernos autonómicos y municipales los que decidirán si complementan también esa reducción hasta el 50%. 

Durante toda su comparecencia, el presidente reivindicó el espíritu de protección social de su Ejecutivo durante las dos crisis que le ha tocado gestionar frente a los modelos de la derecha: "Este es el mismo Gobierno que hizo frente a la crisis del Covid, que derogó la reforma laboral, que luchó por que Europa estuviera a la altura consiguiendo fondos europeos para nuestro país. Es el mismo Gobierno que ha logrado, junto con Portugal, un mecanismo excepcional para amortiguar el impacto de la subida de los precios. Pero somos muy conscientes de que la inflación sigue afectando a las familias y por eso volvemos a adoptar nuevas medidas”, defendió. 

La parte de medidas fiscales del plan anticrisis está cifrada en unos 3.500 millones de euros, procedentes principalmente de lo que dejará de recaudar el Estado a través de los impuestos a la electricidad. Como ya había adelantado en el Congreso el presidente, el IVA en el recibo de la luz quedará fijado a partir de ahora en el 5%, uno de los más bajos de toda la Unión Europea. El Gobierno ya había rebajado esa carga impositiva el pasado mes de abril del 21% al 10%, por lo que la bajada ahora es de otros cinco puntos. 

Además, aunque no se incluye en el decreto aprobado hoy, Sánchez también confirmó que su Ejecutivo impondrá un tributo especial a las grandes compañías energéticas y que tendrá aplicación desde el 1 de enero de 2023: "Es una iniciativa que sintoniza con la sociedad española porque las cargas deben distribuirse con justicia. En una situación difícil, el interés de la mayoría está por encima del egoísmo de unos pocos", afirmó. Preguntado por las razones por las que no se incluye la medida en este decreto, Sánchez explicó que legalmente esa subida fiscal ha de hacerse vía proyecto de ley, y aseguró que en pocas semanas la proposición será presentada en el Congreso con acuerdo de los dos socios de gobierno.

Según los cálculos del propio Ejecutivo, las medidas anunciadas este sábado supondrán un coste global "superior a los 9.000 millones de euros", que se eleva a 15.000 si se suman las medidas en vigor hasta la fecha y que , estima el Gobierno, ayudarán a contener la inflación hasta final de año en 3,5 puntos. “Este es un Gobierno de coalición progresista que sabe muy bien a quién defiende y se está enfrentando a crisis que no han tenido precedentes en la historia de nuestra democracia, como una pandemia global o una guerra a las puertas de Europa. Estamos haciendo un trabajo más que razonable, con nuestros aciertos y nuestros errores, pero sabiendo para quién gobernamos, la clase trabajadora de este país. Y sabemos que eso molesta a algunos", lamentó el presidente antes de incidir en su reproche: “Este es un Gobierno molesto para determinados poderes que tienen sus terminales políticas y mediáticas. Es una realidad que venimos sufriendo desde la moción de censura. Ya les digo que no nos van a quebrar”, concluyó. 

Tras toda la noche de negociaciones a contrarreloj que terminaron justo antes del Consejo de Ministros extraordinario, Yolanda Díaz celebró un acuerdo que calificó como “una herramienta sólida para frenar el efecto de la subida de precios en la economía de las familias”. La vicepresidenta segunda aseguró que “este Gobierno llegó con un mandato muy claro: dar certezas y protección a la gente en momentos difíciles”, y que por eso “todas estas acciones tienen un propósito muy firme: ayudar a las familias, acompañarlas y hacer menos difícil esta crisis”, expuso en sus redes sociales, donde acabó mencionando al presidente Sánchez: "Sigamos trabajando para ampliar la protección a la ciudadanía, @sanchezcastejon".

Para el líder de la oposición, las acciones del Gobierno, sin embargo, se quedan cortas. Alberto Núñez Feijóo alaba la bajada del IVA de la luz, una medida de la que se reivindica ideólogo, y critica que Sánchez no haya ido más allá: "El Gobierno acierta al copiar las medidas del Partido Popular en el Consejo de Ministros para bajar el IVA de la luz y ayudar a los vulnerables pero se equivoca en no ir más allá". Feijóo insistió en ajustar el IRPF a rentas medias y bajas, reducir el gasto del Gobierno "más caro de la historia" y trabajar para suspender el impuesto de hidrocarburos y que "baje así el precio de la gasolina tal y como propusimos", opinó. 

El Gobierno da un paso más en la batería de medidas económicas diseñadas para dar respuesta a las consecuencias de la guerra. En el nuevo paquete de iniciativas aprobado este sábado en Consejo de Ministros extraordinario se profundiza en la ayuda directa de las personas más vulnerables, en la bonificación a los usuarios del transporte, en este caso público, y en las rebajas fiscales a la electricidad. En total, el conjunto de políticas anunciadas por Pedro Sánchez suponen un plan de casi 9.000 millones de euros, de los cuales 5.500 son de gasto directo del Estado y 3.600 en rebajas fiscales.

En una comparecencia en la Moncloa tras la reunión de su equipo de Gobierno, Pedro Sánchez explicó la aprobación de una ayuda directa de 200 euros a trabajadores autónomos y a personas desempleadas que cuenten con un bajo nivel de ingresos y que no puedan ser beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, una de las propuestas defendidas por Unidas Podemos durante la negociación, aunque los morados la cifraban en 300 euros.

El presidente también anunció la subida de un 15% de las pensiones no contributivas, la limitación del precio de la bombona de butano y la bonificación del 50% del coste de los abonos transporte estatales y del 30% de los locales y autonómicos. "La guerra de Putin ha producido una extraordinaria incertidumbre sobre la economía europea y española, y eso nos lleva a aprobar medidas adicionales”, explicó.

Aunque no se incluye en el decreto aprobado hoy, Sánchez también confirmó que su Ejecutivo impondrá un nuevo tributo a las grandes compañías energéticas y que tendrá aplicación desde el 1 de enero de 2023: "Es una iniciativa que sintoniza con la sociedad española porque las cargas deben distribuirse con justicia. En una situación difícil, el interés de la mayoría está por encima del egoísmo de unos pocos", afirmó.

Mientras, los impuestos del recibo de la luz vuelven a bajar. El Gobierno ya había reducido drásticamente la fiscalidad eléctrica y, en el caso del IVA, lo había reducido once puntos, del 21% al 10%. El nuevo decreto vuelve a bajarlo para situarlo en el 5%. Lo previsto por el Ejecutivo es que el conjunto de rebajas fiscales supongan un esfuerzo económico de alrededor de 3.600 millones de euros que deja de ingresar el Estado. El nuevo decreto, que mantiene las ayudas directas a transportistas, agricultores y pescadores o bonificaciones a la gasolina y aumento del Ingreso Mínimo Vital, entre otras cosas, tendrá ahora vigencia hasta el 31 de diciembre. En total, Sánchez ha cifrado la cuantía del plan en 16.000 millones de euros, algo más de un punto del Producto Interior Bruto de España, con un objetivo que también ha cuantificado: "creemos que con estas medidas podemos contener en 3,5 puntos el alza de los precios".

Pedro Sánchez lo reconoció a puerta cerrada en la Ejecutiva federal del PSOE de este lunes: el Gobierno atraviesa el peor momento político de toda la legislatura. Tras encadenar varios batacazos electorales en autonómicas (el último y más duro el del pasado domingo en Andalucía) y con la inflación fuera de control, la sensación de pérdida de rumbo es palpable incluso entre los partidos que forman parte de la coalición. "Ni en los peores momentos de la pandemia los vi tan perdidos", resume un diputado de Unidas Podemos sobre la sensación generalizada que traslada el Ejecutivo en las últimas fechas. La conclusión tras el 19-J fue que hacía falta volcarse aún más en medidas que de verdad amortiguasen el impacto en la ciudadanía de las consecuencias de la guerra y que, además, fueran percibidas como tales por la gente. Y por eso el presidente encomendó a su Consejo de Ministros ponerse manos a la obra para la reunión extraordinaria de este sábado.

Sin embargo, las últimas 48 horas en el seno de la coalición han recordado mucho a los peores momentos de convivencia entre los socios. A última hora de este viernes, los equipos económicos de PSOE y Unidas Podemos aún no habían logrado consensuar ni una sola de las nuevas medidas que supuestamente debe incluir el decreto de este sábado. Tal es así que casi todo el mundo en el Gobierno empezaba a asumir que el embrollo se terminaría resolviendo como tantas otras veces: sobre la bocina y con una reunión cara a cara entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, al regreso del viaje a Bruselas del presidente para la Cumbre de jefes de gobierno. Un miembro socialista del Ejecutivo aseguraba en la tarde del viernes a infoLibre: "Siempre es lo mismo: actuación, sobreactuación, negociación y acuerdo. Y habrá acuerdo".

Las cosas empezaron a complicarse de verdad el jueves por la tarde. Durante la primera mitad de la semana, varios ministerios daban por hecho que el nuevo decreto no solo incluiría estrictamente la prórroga hasta fin de año de todas las medidas en vigor sino que habría novedades, algunas de ellas en la línea de lo propuesto el lunes por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como las bonificaciones al transporte público. También se asumió el anuncio de algún tipo de subida impositiva a las grandes empresas enérgeticas, una medida cuya implementación el PSOE prefiere no precipitar para armarla bien técnicamente de cara a un más que probable recurso judicial de las compañías. Además, el miércoles en el Congreso fue el propio presidente quien avanzó una nueva rebaja fiscal en la factura de la luz, con una bajada del IVA del 10% al 5%. Y a partir de ahí empezaron los líos.

El anuncio de Pedro Sánchez cogió por sorpresa a su socio de coalición, con quien no se había negociado la medida. Tampoco se le había comunicado. De hecho, en Unidas Podemos no son partidarios de seguir avanzando por la senda de las rebajas fiscales, un camino que defiende el PP de Feijóo y que los morados creen que solo sirve para mermar la capacidad de las arcas públicas. Pero incluso entre las filas socialistas sorpendió la rebaja del IVA. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, había repetido en las últimas semanas que ese tipo de iniciativas solo eran "cosmética", que no tenían utilidad alguna ni en la bajada de la inflación ni en el poder adquisitivo de la ciudadanía. Y ha sido la propia Ribera quien en las últimas horas se ha mostrado crítica con el anuncio del presidente Sánchez: "Es importante entender que con medidas fiscales no se resuelve el problema. Lo que necesitamos son cambios estructurales de gran calado", defendió.

Aun así, cuando los equipos económicos de Moncloa y de la vicepresidencia segunda se sentaron a negociar en la tarde del jueves, todas las partes eran relativamente optimistas. Se daba por supuesto en ministerios como Economía o Hacienda que acabarían impulsándose medidas como la de las bonificaciones de los abonos de transportes públicos e incluso había quien no descartaba en la parte socialista del Ejecutivo que pudieran aprobarse cheques de ayudas directas a familias vulnerables, algo a lo que se oponen frontalmente los departamentos de María Jesús Montero o Nadia Calviño. La sensación de ambas partes tras el encuentro del jueves era, no obstante, que todo estaba en el aire. Las dificultades técnicas de implantar medidas como el abono transporte, que implica una intensa coordinación con las administraciones locales y autonómicas, se acabaron convirtiendo en un problema político.

En la parte morada del Ejecutivo piensan que en el PSOE falta voluntad real para implementar nuevas medidas más ambiciosas y empiezan a temer un viraje centrista como consecuencia de la hecatombe andaluza. Todas las expectativas siguen puestas en que la intervención directa de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz pueda desbloquearlo todo, aun que esto ocurra en la misma mañana de este sábado. "Sería un grave error no trasladar a la gente nuevas medidas concretas contra la inflación tras todas las expectativas creadas en torno a un consejo de ministros extraordinario. Algo se tiene que anunciar más allá del IVA", opina un alto cargo del Ejecutivo horas antes de la nueva reunión prevista del Consejo de Ministros.

El Gobierno está volcado en los trabajos de preparación del decreto que será aprobado este sábado en Consejo de Ministros extraordinario y que profundizará en el plan anticrisis desplegado hace tres meses. Las reuniones políticas se suceden a contrarreloj, con negociaciones a muchas bandas para consensuar en el seno de la coalición el calado de iniciativas que, además, tienen una compleja implementación desde el punto de vista técnico. Nadie en el seno del Ejecutivo es capaz aún de confirmar cuántas y cuáles serán y todo el mundo mira al presidente, que incluso podría comparecer personalmente el sábado tras el Consejo en un formato similar al de sus apariciones durante la pandemia.

Lo que está claro es que entre esas nuevas medidas estarán una nueva bajada del IVA en el recibo de la luz, que se situará en el 5% tal y como confirmó el propio Sánchez en el Congreso, y bonificaciones de hasta el 50% de los abonos de transporte públicos, una de las propuestas defendidas por la vicepresidenta Yolanda Díaz y que ya fueron planteadas en su día por los equipos de Unidas Podemos. Los trabajos técnicos ultiman antes del sábado la aplicación de una iniciativa que requiere de la coordinación del gobierno central con comunidades autónomas y ayuntamientos, pero a nivel político también son aún muchos los detalles por cerrar. 

Se negocia todavía la posible aplicación de un cheque de ayudas directas de hasta 300 euros para familias especialmente golpeadas por la subida de los precios, aunque se trata de una medida que cuenta con gran oposición interna dentro del propio Ejecutivo. Fuentes próximas a Moncloa daban este jueves casi por descartado que vaya a tener cabida en el decreto del sábado después de que ministerios como el de Hacienda o Economía se hayan mostrado abiertamente reticentes a su implementación. Alegan que ya existen mecanismos de ayudas directas como el Ingreso Mínimo Vital, que se ha visto incrementado en un 15% precisamente como respuesta a la inflación, o las ayudas del bono social eléctrico. 

Pero el debate existe incluso en la parte socialista del Ejecutivo, donde hay quien no descarta que el presidente pueda acabar dando el visto bueno a alguna medida estrella que le ayude a retomar la iniciativa política en pleno desgaste electoral de los partidos de gobierno y tras la debacle de las elecciones en Andalucía. En una entrevista en laSexta este jueves, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se mostró escéptico sobre la posibilidad de las ayudas directas con cheques de 300 euros, aunque calificó el decreto como el plan "más ambicioso de Europa" y sí abrió la puerta a la subida de impuestos a las grandes compañías energéticas: "No puede ser que paguen los de siempre y el Gobierno no quiere que paguen los de siempre, hay que repartir las cargas”, planteó antes de puntualizar que existen dificultades "legales" para que se pueda incluir la subida impositiva en un real decreto ley como el que se va a aprobar este sábado y que, por tanto, su aplicación podría retrasarse hasta principios de 2023.

En paralelo al decreto anticrisis que centra casi la totalidad de la actividad del Ejecutivo esta semana, el Gobierno también ha pisado el acelerador en otros frentes políticos tras las elecciones andaluzas del pasado domingo. Primero, en el Congreso, donde algunas de las leyes más emblemáticas de la legislatura siguen varadas desde hace tiempo. Esta semana tanto la ley de memoria democrática como la de vivienda han sido impulsadas con el objetivo de que puedan ser debatidas y votadas en pleno la semana del 11 de julio.

Y también se han producido novedades respecto a Cataluña. A la crisis política entre Moncloa y la Generalitat a raíz de los casos de espionaje con el programa Pegasus a líderes independentistas le siguió un distanciamiento en el Congreso entre la coalición y ERC, uno de los socios de legislatura. Esta semana el Ejecutivo movió ficha y convocó a la consellera de Presidencia catalana, Laura Vilagrà, a una reunión en Moncloa con Félix Bolaños que todo el mundo ha interpretado como el inicio del deshielo entre ambas administraciones. Aunque aún no hay fecha concreta, se ha acordado una reunión entre Sánchez y el president del Govern, Pere Aragonès, antes de agosto y con asuntos concretos en la agenda para recuperar la vía de diálogo.

El Gobierno sabe que gran parte de las posibilidades de revertir la tendencia política que le atenaza ante el ascenso de la derecha tiene mucho que ver con la capacidad de capear el temporal económico surgido a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Lo anunciado por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hace un par de semanas fue que el día 1 de julio iban a ser prorrogadas la totalidad de medidas puestas en marcha hace tres meses en el plan anticrisis y que, además, iban a serlo justo en los mismos términos en los que entraron en vigor. Pero el batacazo electoral de Andalucía y la hipótesis de que el malestar generado entre la ciudadanía por el alza de los precios esté suponiendo incluso un trasvase de voto progresista a las siglas del PP parecen haber espoleado al Ejecutivo. 

Como publicó infoLibre, Pedro Sánchez encargó a su Consejo de Ministros profundizar en las medidas económicas para paliar las consecuencias de la guerra. Una de ellas será la bajada impositiva del recibo de la luz con una rebaja del IVA del 10% al 5%, tal y como confirmó el propio presidente en la sesión de control del Congreso. Antes, el Ejecutivo ya había bajado el IVA del 21% al 10%, el impuesto a la electricidad del 5% al 0,5% y el impuesto a la producción eléctrica, que era del 7%, sigue suspendido.

Según el propio Gobierno, lo que se persigue con estas rebajas es actuar directamente en los precios en la única parcela en la que el Gobierno tiene margen de maniobra directa, que es la parte impositiva. Con esta medida, además, España se sitúa con la tasa más baja de IVA de toda la Unión Europea, algo que incluso Bruselas había visto con recelos. 

Pero las novedades que se harán públicas este sábado en el nuevo decreto no se quedarán ahí. Los equipos económicos del PSOE y Unidas Podemos están ultimando un mecanismo para concretar la propuesta trasladada este lunes por la vicepresidenta Yolanda Díaz: bonificar al 50% a todos los usuarios del transporte público que estén en posesión de algún tipo de abono, una medida que el Ejecutivo destaca que no solo beneficiará a las familias más vulnerables sino que tiene un impacto en la clase media en general, al tratarse estos usuarios en su mayoría de estudiantes y trabajadores. 

También trabaja el Ejecutivo en los detalles de la subida de impuestos a las grandes compañías energéticas. Desde la vicepresidencia segunda se reclama que sea una medida de aplicación inminente y que suponga un incremento de diez puntos en el impuesto de sociedades a las grandes empresas eléctricas y petroleras. En la parte socialista del Ejecutivo, sin embargo, la postura es ir más a medio plazo. En este caso se trataría de un aumento de los impuestos a las grandes compañías energéticas, pero no se aplicaría hasta el 1 de enero de 2023.

Argumentan desde el equipo económico de Moncloa y desde el Ministerio de Hacienda que se trata de “pulir técnicamente” la medida y calcular bien sus consecuencias antes de la entrada en vigor para que realmente sea efectiva, ya que en el Gobierno dan por descontado que las empresas la recurrirán en los tribunales e incluso harán todo lo que legalmente esté en su mano para que no tenga impacto real en su cuenta de beneficios.

Por el momento, las negociaciones siguen en el seno del Ejecutivo de coalición a contrarreloj y también los trabajos a nivel técnico entre ministerios para pulir un decreto de medidas anticrisis que se trabajará hasta el último minuto, por lo que ninguna de las partes que están participando en las negociaciones descarta que aún puedan producirse novedades. El Consejo de Ministros extraordinario que lo sacará adelante se celebrará este próximo sábado.

El Gobierno vuelve a mover ficha con la inflación. La conclusión en la Moncloa tras la debacle electoral de Andalucía es que la principal causa de desgaste del Ejecutivo tiene que ver con un malestar generalizado de la ciudadanía ante el imparable auge de precios a consecuencia de la guerra de Ucrania. Tal y como adelantó infoLibre, el Ejecutivo se dispone a introducir más medidas anticrisis en el decreto ley que aprobará este sábado un consejo de ministros extraordinario. Y una de ellas será la bajada aún más de la fiscalidad del recibo de la luz. 

El propio Pedro Sánchez lo confirmó este miércoles durante la sesión de control en el Congreso. El IVA de la luz, que ya se había bajado del 21% al 10%, se situará  a partir de ahora en el 5%, la tasa más baja de todos los países de la Unión Europea. Hasta el momento, varios ministros habían rechazado públicamente una medida que había solicitado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Aunque ahora el presidente da el paso por la necesidad de retomar la iniciativa política en plena crisis de precios y tras la apabullante victoria de los populares en Andalucía. 

En realidad, el Gobierno ya viene aplicando una rebaja fiscal generalizada al recibo de la luz. A la bajada del IVA se suman la del impuesto a la electricidad, que bajó del 5% al 0,5%, y el impuesto a la producción eléctrica, que era del 7% y que sigue suspendido. Según el propio Ejecutivo lo que se persigue con estas rebajas es actuar directamente en los precios en la única parcela en la que el Gobierno tiene margen de maniobra directa, que es la parte impositiva. 

Este sábado se verán prorrogadas, además, la práctica totalidad de medidas anticrisis que están en vigor, entre ellas las ayudas directas a sectores especialmente afectados como el transporte, la agricultura, la pesca o la ganadería y la bonificación a los consumidores de 20 céntimos por litro de gasolina. Aunque habrá más medidas y ya se estudia la fórmula para bonificar a los usuarios de los abonos de transportes públicos.

La sesión de control de este miércoles se convirtió en una constante reivindicación por parte del PP de su victoria andaluza. El presidente citó a José Saramago para confrontar la idea del cambio de ciclo: “Las derrotas tienen algo positivo: nunca son definitivas; en cambio las victorias tienen algo negativo: nunca son definitivas”. 

La orden del presidente a su Consejo de Ministros es clara: no caer en el pozo de la melancolía de la derrota andaluza y ponerse manos a la obra con la crisis económica. La conclusión generalizada en el Gobierno y en el entorno más cercano a Pedro Sánchez es que la inflación derivada de la invasión rusa de Ucrania es lo que más está contribuyendo a desgastar la imagen del Ejecutivo. Así que la consigna es volcarse en la búsqueda de soluciones. 

Ávido de iniciativa política ante la apabullante victoria del PP en Andalucía y la posibilidad de que esa ola conservadora arrase el próximo ciclo electoral, Sánchez movió ficha este martes: Consejo de Ministros extraordinario este próximo sábado para aprobar el paquete de medidas económicas destinado a paliar los efectos de la guerra. Lo anunciado, hasta ahora, es que ese paquete de medidas se iba a renovar en los mismos términos que están ahora en vigor. Sin embargo, según ha podido saber infoLibre, en el seno del Gobierno se trabaja a contrarreloj para ir un paso más allá e implementar algunas novedades que profundicen las ayudas a las familias más golpeadas. 

Durante la tarde de este mismo martes tuvieron lugar en la Moncloa reuniones negociadoras de los equipos económicos de la coalición que intentan ajustar los términos del nuevo decreto. La dimensión del mismo aún no está cerrada, aunque todo el mundo entiende que el hecho de convocar un Consejo extraordinario en fin de semana justo después del mazazo de Andalucía aboca a que, obligatoriamente, se incluyan medidas ambiciosas que tengan algún impacto en la opinión pública.

En líneas generales, lo previsto es que la práctica totalidad de las medidas que están en vigor se prorroguen tal cual, incluyendo la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina y las rebajas fiscales al recibo de la luz, aunque en este punto podría introducirse algún matiz. También está sobre la mesa la propuesta de Unidas Podemos de bonificar a los usuarios del transporte público que cuentan con algún tipo de abono mensual o anual, y que por lo general son trabajadores o estudiantes. La propuesta de hecha pública por Yolanda Díaz concreta en un 50% la rebaja o bonificación de ese abono, y el Gobierno ya trabaja los detalles de la coordinación técnica con ayuntamientos o comunidades autónomas para poder llevarlo a cabo. 

Desde Moncloa se insiste en que el Ejecutivo trabaja para proteger a las familias de las consecuencias derivadas de la guerra y que para ello el principal objetivo es bajar la inflación. Por eso, de momento, parecen aparcadas medidas también reclamadas por Unidas Podemos como el aumento de impuestos a las eléctricas o las ayudas directas en forma de cheques a las personas más vulnerables que la vicepresidencia segunda cifra en 300 euros al mes. El Gobierno cree que el estado de ánimo general tiene que ver con los precios que la ciudadanía se encuentra al ir a echar gasolina, pagar la luz o hacer la compra, algo que, en opinión de la parte socialista de la coalición, no palia esas medidas. “La dirección en la que trabajamos es en la de aplicar rebajas al precio de venta”, sostienen fuentes del Ejecutivo.

Lo que parece difícil que vea luz verde ya este sábado es la subida de impuestos que prepara el Gobierno a las eléctricas y que adelantó infoLibre. No se descarta que se pueda adelantar algún anuncio en este sentido, aunque desde el ministerio de Hacienda se insiste en que "no es tan sencillo" desde un punto de vista técnico aplicar esa reforma. La propuesta que defiende Yolanda Díaz consiste en aumentar diez puntos el impuesto de sociedades a las grandes eléctricas, muchas de las cuales están presentando cuentas de resultados con beneficios récord. Según datos de la Agencia Internacional de la Energía, las grandes compañías eléctricas europeas estarían ingresando alrededor de unos 200.000 millones de euros extra por la deriva inflacionista del mercado.

La sensación en la izquierda el día después de la hecatombe en Andalucía era la de estar viviendo una situación similar a los momentos inmediatamente posteriores a un gran seísmo, cuando todavía ni siquiera se escuchan los gritos de pánico porque todo el mundo permanece callado, inmóvil y agachado hasta confirmar que el susto pasó. La entrada en la sede socialista de la calle Ferraz se convirtió este lunes en una especie de desfile de elefantes, con la mayoría de miembros de la Ejecutiva entrando cabizbajos y sin atreverse a pronunciar palabra.

Más estruendoso aún fue el silencio de su socio de coalición. No hubo convocatoria pública del Consejo de Coordinación semanal de Podemos y, por tanto, tampoco comparecencia ante la prensa de sus portavoces. Ninguno de los ministros ni ministras de Unidas Podemos tuvo agenda con cobertura abierta así que las valoraciones oficiales, más de 24 horas después, siguen siendo los tuits de la misma noche electoral.

En el PSOE, por el momento, se afanan en trasladar un mensaje público de protección al Gobierno central. La consigna es que lo que pasó en Andalucía (y en Galicia, y en Madrid, y en Castilla y León) no es en modo alguno extrapolable al contexto de unas elecciones generales. Que los problemas han sido la mala fecha de la convocatoria de Juanma Moreno, que ha favorecido la abstención, y que el candidato Juan Espadas no ha tenido tiempo para desplegar un proyecto renovado. Un argumentario con el que incluso algunos dirigentes socialistas reconocen no sentirse especialmente cómodos por la falta absoluta de autocrítica.

La realidad es que, más allá de argumentarios, todas las miradas están puestas en Pedro Sánchez. Aunque nadie sepa prever por dónde pueden ir los tiros, hay quien no ve descabellado un golpe de timón del presidente. La pregunta es en forma de qué. ¿Un cambio de estrategia política? ¿Otra crisis de Gobierno? ¿La búsqueda de una mayoría parlamentaria alternativa? "Puede ser cualquiera de esas cosas o ninguna de ellas, desde luego si lo tiene en mente no lo ha compartido todavía con nadie", contesta un miembro de la parte socialista del Ejecutivo sobre la hoja de ruta que podría seguir Sánchez en las próximas semanas. En el partido nadie tiene la sensación, sin embargo, de que se vayan a producirse cambios drásticos en ningún sentido, y se subraya la complejidad electoral que tenían para la izquierda comicios como los de Andalucía, Madrid o Castilla y León, intentando rebajar el nivel de dramatismo.

Desde Unidas Podemos se asegura que la relación con el presidente sigue siendo absolutamente fluida y constante y que en ningún momento, hasta la fecha, les ha sido trasladado el más mínimo indicio de ningún movimiento relacionado con una remodelación del Consejo de Ministros, ni mucho menos con una hipotética ruptura de la coalición, un escenario que sería bien visto por algunos líderes territoriales del PSOE pero que conduciría a la legislatura a un más que probable callejón sin salida. "Provocar unas elecciones tras el desastre de Andalucía no parece lo más sensato", comenta un alto cargo de los morados que descarta por completo esa hipótesis.

En Podemos, también destierran el escenario de una salida a iniciativa propia del Consejo de Ministros, y condicionan las posibilidades de reeditar una victoria de la izquierda en las próximas elecciones generales a que "se ponga las pilas" el PSOE: "¿Tiene la izquierda herramientas y tiempo para mantenerse en la Moncloa?", se preguntan los de Ione Belarra. "Pensamos que sí siempre y cuando el PSOE cambie las bombas de la OTAN por políticas de izquierdas y asuma que tiene que liderar el espacio progresista para conformar un bloque que ofrezca una alternativa de país a la gente que se ha quedado en casa en Andalucía y que se podría quedar en otros territorios", concluyen.

En ese sentido, la vicepresidenta segunda anunció a última hora del lunes su batería de propuestas para incluir en el plan económico de medidas de protección a las consecuencias de la guerra. Yolanda Díaz cifra en un 10% la subida de impuestos que pretende implementar a las grandes compañías eléctricas, entre otras cosas para poder financiar ayudas directas de hasta 300 euros a las familias vulnerables más afectadas por la crisis. Esas medidas aún no han sido acordadas con la parte socialista de la coalición, con quien negocian desde la vicepresidencia segunda para poder aplicarlas cuanto antes.

El PSOE se asoma al abismo. El histórico descalabro de los socialistas andaluces este domingo en uno de sus tradicionales bastiones hegemónicos amenaza con convertirse en un terremoto de magnitudes aún incalculables para el conjunto de la izquierda, en general, y para la calle Ferraz en particular. Las encuestas ya dibujaban un panorama desalentador para los de Juan Espadas, que han vivido su campaña más difícil tras 37 años ininterrumpidos en el Gobierno que se quebraron en 2018 bajo el liderazgo de Susana Díaz. Pero el veredicto de los andaluces aún fue mucho más severo que los sondeos: mayoría absoluta holgada para el PP y 30 escaños para los socialistas, tres por debajo de lo obtenido por la propia Díaz tras perder unos 128.000 votos.

Se trata de una situación inédita para los socialistas en Andalucía, que han perdido por primera vez en todas las provincias andaluzas. Por el momento, nadie en el PSOE andaluz se atreve aún a pronosticar cómo será la gestión y la digestión de unos resultados sobre los que todo el mundo de puertas hacia adentro coincide en calificar con una palabra: "catastróficos". Las notas predominantes de la durísima noche electoral, no obstante, fueron dos: el silencio y la falta de autocrítica. Muy pocos en el PSOE se sentían con ánimos de contestar mensajes o llamadas para hacer una valoración general de lo sucedido. Y mucho menos para contestar preguntas en público. Pero tampoco nadie fue capaz de verbalizar algún error en el rumbo de un proyecto que resultaba hegemónico hasta hace muy poco.

El primero en salir fue el candidato, Juan Espadas, que se atrevió a concluir que la campaña electoral "le había sentado bien" al PSOE. "Nuestro objetivo no era otro que el de la movilización del electorado y no lo hemos conseguido, creo que ha sido más baja que en 2018. Y cuando la participación es baja es la izquierda la que suele sufrir", dijo a pesar de que el dato de participación oficial de este domingo es casi dos puntos superior a la de hace cuatro años. Espadas no abrió la puerta a una hipotética dimisión, al menos de momento, sino al contrario: "Desde mañana soy el jefe de la oposición y estaremos en pie para volver a recuperar la confianza de Andalucía", concluyó invitando a la prensa a guardar sus preguntas hasta el día siguiente.

La consigna ahora en el PSOE es clara: salvar a toda costa la figura del presidente del Gobierno de la hecatombe vivida en Andalucía y de la serie de derrotas electorales encadenadas tras los comicios de Madrid y Castilla y León. Y con esa misión salió la vicesecretaria general, Adriana Lastra, en comparecencia pública: "El PSOE sigue liderando las encuestas nacionales", quiso subrayar antes de restarle trascendencia a los resultados refiriéndose a Andalucía, junto a Madrid y Castilla y León, como "tres territorios favorables al PP".

Lastra le afeó a Juanma Moreno haber convocado unas elecciones "por su propio interés y no por el de los andaluces", refiriéndose igualmente a una baja participación. "El dato demuestra que Moreno ha buscado unas elecciones con desmovilización y baja participación", criticó. El primer balance que trasladan los socialistas pareciera incluso mostrar una lectura optimista de cara a las generales tras concluir que la gente premia a los gobiernos que han gestionado la crisis de la pandemia. Eso sí, la número dos de los socialistas aseguró que, en la de Juanma Moreno, gran parte del mérito es del Gobierno central: "La consolidación de los gobiernos que han contado con más recursos para hacer frente a la pandemia se ha producido gracias a políticas socialdemócratas. Es evidente que Moreno Bonilla ha llegado a las elecciones tras superar la crisis del covid con los ingentes recursos aportados por el Gobierno de España", dijo.