El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado este lunes que inicia una investigación por los comentarios machistas proferidos en febrero por el juez David Maman Benchimol, el magistrado encargado de la denuncia contra el ex jefe de la Policía Nacional. 

El promotor de la Acción Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces ha acordado incoar una diligencia informativa para estudiar las quejas recibidas contra el magistrado ocho de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Madrid. En el marco de una actividad formativa impartida a finales de febrero en el Colegio de la Abogacía de Madrid, el togado aseguró que las mujeres gozan de "ventajas" en los tribunales, afirmó que los abogados de las víctimas de violencia de género van "a la caza de la orden" de protección y deslizó que las madres "lavan el coco a sus hijos y acaban separándolos de los padres".

Sus comentarios han sido objeto de duras críticas por parte de líderes políticos y compañeros de profesión, derivando algunas de ellas en quejas formales. El propio Ministerio de Igualdad, mediante la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, registró una queja argumentando que sus palabras podían constituir una falta grave recogida en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por suponer un "exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos". Según la misma norma, este tipo de faltas podrán ser sancionadas con multas de hasta 6.000 euros.

El despacho Olympe Abogados también formalizó una queja el mismo jueves por la noche, mientras que un centenar de organizaciones y particulares emitieron al final de la semana pasada un manifiesto conjunto que se tradujo igualmente en una queja formal, por entender que sus declaraciones "pueden resultar incompatibles con los deberes de imparcialidad, respeto a la ciudadanía y ausencia de estereotipos de género exigibles a quien ejerce funciones jurisdiccionales".

La diligencia informativa equivale a una suerte de fase previa en la que el objetivo pasa por analizar los hechos denunciados. El siguiente paso, si así lo aprueba la Comisión Permanente, consistiría en incoar expediente y tratar de dilucidar si lo sucedido puede ser constitutivo de una falta. Entonces, el promotor elevaría una propuesta de sanción a la Comisión Disciplinaria, cuyos miembros decidirán si se debe sancionar al responsable o archivar el caso.

Maman Benchimol compartió sus opiniones machistas en un contexto formativo y tan solo un día después de que una mujer denunciara al ex jefe de la Policía Nacional, José Ángel González, como presunto autor de una agresión sexual. Un mes después de pronunciar aquellas palabras, el juez denegó la medida cautelar solicitada por la víctima. El magistrado lleva más de una década trabajando directamente con víctimas, tras especializarse en violencia contra la mujer en el año 2011.

El destierro de la vida pública, el deterioro progresivo de los derechos sexuales y reproductivos, el arrinconamiento en la privacidad del hogar y hasta el fin de la participación política. Es, en síntesis, el proyecto abanderado por influencers, tecno-oligarcas y líderes ultra para la mitad de la población. En alianza con la manosfera, cada vez más voces en todo el mundo tratan de divulgar un modelo social antifeminista sustentado sobre la base de la supremacía masculina y el sometimiento de las mujeres. Algunos empiezan incluso a clamar por lo que parecía una regresión impensable: el fin del voto femenino.

Así empieza a suceder en suelo estadounidense. La lógica es la siguiente: si el voto femenino tiende a inclinarse por opciones progresistas, entonces supone una amenaza al proyecto ultra jaleado por los tecno-oligarcas. Repeal the 19th nace en Estados Unidos hace cerca de una década, pero se hace fuerte en el último año. Sus partidarios claman por una medida radical: derogar la decimonovena enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, la que permite el sufragio femenino desde hace más de un siglo.

No se trata de consignas meramente simbólicas, ni de proclamas que alienten a las mujeres a dar un paso atrás en la vida política: son discursos deliberadamente pensados para reclamar la abolición del voto femenino sin matices. Uno de los máximos exponentes de esta particular batalla es Nick Fuentes. 

El influencer estadounidense de apenas 27 años se ha erigido como una de las principales figuras encargadas de difundir estos postulados. "Yo eliminaría el derecho al voto a cientos de colectivos. A las mujeres, por supuesto", expresaba el activista ultra en una entrevista. No es fruto de un ataque fortuito e imprudente de sinceridad, sino que se trata de un discurso minuciosamente estructurado en torno a la idea de arrebatar a las mujeres sus derechos como sujetos políticos.

La aparente excentricidad discursiva del activista ultra no es óbice para que sus ideas hayan calado en un sector nada desdeñable de la población estadounidense. Y de hecho, no son pocos quienes las replican. Andrew Tate, otra estrella de la manosfera, ha apoyado de forma explícita el fin del sufragio femenino. Joel Webbon, pastor nacionalista cristiano, ha defendido restringir el sufragio excluyendo a las mujeres y Dale Partridge, otro pastor estadounidense, ha demandado directamente derogar la enmienda que concede el derecho a voto a las mujeres. Muchos de sus simpatizantes más fundamentalistas –incluso mujeres– se inclinan por la idea de un voto por hogar. Representado, eso sí, por el varón como máxima figura de autoridad.

Según este artículo, firmado por la investigadora Theresa K. Vescio y el profesor Nathaniel Schermerhorn, la defensa de los valores asociados a la masculinidad hegemónica se ha traducido, en contextos electorales, en un apoyo generalizado a Donald Trump. Así que no resulta extraño que sea en esta órbita donde se haya instalado en mayor medida el rechazo total a los derechos de las mujeres. El impacto de la idea no es residual y ha encontrado acomodo incluso en las altas esferas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, divulgó a finales del año pasado en sus redes sociales un reportaje en el que líderes nacionalistas cristianos abogan abiertamente por erradicar el derecho al voto femenino. John McEntee, ex alto cargo de la Casa Blanca de Donald Trump, aseguró de forma jocosa que la decimonovena enmienda debe desaparecer, mientras que el abogado Paul Ingrassia –muy próximo a la Casa Blanca tras haber desempeñado labores de asesor y enlace con distintos departamentos– sugirió que los planteamientos contrarios al voto femenino pueden llegar a ser "muy lógicos".

Todos estos eslabones conforman una cadena de legitimación en aumento: voces de notable relevancia, especialmente en el plano digital, difunden un discurso radicalmente opuesto a los derechos de las mujeres, mientras que figuras de peso a nivel político lo normalizan arropando las ideas planteadas, por muy descabelladas que parezcan.

Pero ¿tienen estos discursos incidencia política? ¿En qué se traduce toda esta batalla cultural? Lo cierto es que sus efectos empiezan a asomar también en el plano político. El Senado de Estados Unidos está actualmente debatiendo en torno a la Ley SAVE America, una propuesta que exigiría presentar una prueba de ciudadanía para poder votar. Se trata de una traba burocrática con sesgos de género, puesto que en suelo estadounidense muchas mujeres adoptan el apellido de su cónyuge, por lo que su certificado de nacimiento no coincidiría con sus datos actuales. Según una encuesta de Pew Research, alrededor del 85% de las mujeres cambian su apellido tras contraer matrimonio.

La iniciativa fue impulsada por republicanos y respaldada por el presidente. Aunque tiene mal pronóstico en el Senado, lo cierto es que algunos líderes republicanos han tomado la iniciativa de presentar sus propios proyectos en estados como Florida, Misisipi, Dakota del Sur y Utah.

Pero la negación del voto femenino es, en realidad, una pieza más de todo un ecosistema alentado por la reacción antifeminista y que trata de arrinconar a las mujeres hasta su desaparición de la vida pública. Más allá de los derechos políticos de las mujeres, la ofensiva ultra se ha materializado en iniciativas ultraconservadoras en distintas esferas. Un ejemplo claro son las políticas que buscan poner trabas al ejercicio de la libre interrupción del embarazo, especialmente en lo que respecta al apoyo decidido a organizaciones antiabortistas, pero también los incentivos pronatalistas que buscan apuntalar la institución de la familia tradicional en oposición a los avances feministas y las disidencias sexuales.

"Es importante recalcar que la del movimiento por los derechos de los hombres no es una comunidad que pueda adscribirse únicamente a lo que entenderíamos como la manosfera en términos virtuales, ya que surgió en Estados Unidos en la década de los 70 y desde entonces se ha ido expandiendo por diferentes estados como el español", observa la politóloga Alicia Valdés en su libro Auge. Género, juventud y extrema derecha (Endebate, 2026). El análisis de casos como el del movimiento por los derechos masculinos, continúa la escritora, es un claro ejemplo de que "lo virtual no tiene una demarcación única en internet".

La propuesta de la agenda "ultraderechista y antifeminista estaría permeando no solo a chicos jóvenes, sino también a otros sectores poblacionales mediante el conjunto de espacios en los que se mueven figuras como los coaches, los mentores de gaming o de gimnasio, las tradwives y los criptoinfluencers", completa Valdés. Además, la autora señala que "estas figuras poseen un alto grado de parasitismo ideológico que les permite generar ideales masculinos adaptables a las narrativas políticas que más les convengan". 

Ahondan en la misma idea Paula C. Chang y Andrea G. Galarreta. En su ensayo Criptoprofetas. Hipermasculinidad y nueva derecha (Seriecero, 2026), las autoras coinciden en que "el mundo cibernético no es paralelo ni un complemento del mundo real", sino que está inscrito en él. "El hombre blanco, instalado en su masculinidad exaltada", deambula en la búsqueda de "identidad, inmerso en una dialéctica que actúa por oposición, señalando a las mujeres feministas". 

La ola reaccionaria que nació en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo pasado "reivindicaba el patriotismo, la familia o la religión y operaba mediante estructuras asociativas como los partidos, y su propaganda era difundida por los medios tradicionales", mientras que en la actualidad "se mueven en la hiperconexión de subjetividades insularizadas". Así consiguen llegar a un público amplio que acoge con los brazos abiertos propuestas tan anacrónicas como el fin del derecho a voto para las mujeres.

La nueva moda está en la proteína. No hay producto que se le resista. Cereales con proteína, yogur con un plus de proteína, batidos, galletas… Hasta Starbucks ha sacado una línea de café con proteínas. Y no es lo único. Los estadounidenses ya consumen té helado con proteína, nachos (marca Kardashian) con proteína, lechuga con proteína y hasta agua con proteína. 

Y la locura por este macronutriente se está notando en los datos. Según un estudio del Consejo Internacional de Información Alimentaria, en 2025 el 70% de los estadounidenses querían consumir más proteína. Un 20% más que hace tres años. Aun así, lo cierto es que ya tomamos la suficiente. Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, el consumo medio está alrededor de un gramo por kilogramo de peso corporal, un rango que ya está dentro de lo recomendado. 

En España, parece que la fiebre se ha contagiado. Ya el año pasado, el Observatorio de Tendencias de Cofares detectó que la demanda de proteínas había aumentado en los últimos meses. En concreto, la venta de estos suplementos creció un 175%. 

Pero esta nueva obsesión por lo proteico no se basa solo en una ambición por ser más saludable. Tampoco por una nueva investigación científica o por sus aparentes beneficios. Su subida al estrellato de la nutrición tiene dos vertientes más alarmantes: la llegada a la cultura popular de la machosfera y el auge de la extrema delgadez. 

Es uno de los pilares de cualquier hombre que vea los vídeos de Lladós o crea que Alvise puede salvar a España del terrible feminismo. La obsesión por el gimnasio y los batidos de proteínas siempre han sido algo especialmente masculinizado, pero para la machosfera es algo más. No va de salud, va de éxito.

“La moda de la proteína tiene una relación muy estrecha con la machosfera y el antifeminismo. La comida, y sobre todo la que vemos representada en las redes sociales, funciona como una forma de comunicar una cierta identidad, una cierta disciplina y un cierto control”, apunta Silvia Díaz, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid y experta en machosfera. 

Pero todo tiene una misma causa. Nuestra percepción de nosotros mismos pasa por una pantalla. “Desde el auge de la era digital y las redes sociales, nos vemos demasiado en foto y esto altera la percepción del propio cuerpo. La presión estética ha estado desde siempre sobre las mujeres pero ahora, también sobre los hombres”, asegura la Dra. Marina Pibernat Vila, antropóloga por la Universitat Autònoma de Barcelona. 

La consecuencia principal está en lo que se conoce en internet como gymbros (algo así como colegas de gimnasio). Esos chicos cuya principal ocupación es, llueva o truene, ir al gimnasio. Su bebida por excelencia es, por supuesto, el batido de proteínas. “Estas ideologías te dicen que si tienes una disciplina casi espartana y haces ejercicio, tendrás éxito en la vida. Porque hay que estar en forma: es una especie de forma de disciplinar el cuerpo, y eso se supone que te va a dar éxito”, reitera Pibernat. 

Aunque ir al gimnasio no es malo, como es evidente, llevarlo al extremo sí puede serlo. Aquí llega el looks-maxxing. Este es un término especialmente controvertido que tiene su origen en la cultura incel. Para ellos, todos sus males tienen su origen en una única cosa: las mujeres. Las culpan de su falta de felicidad, vida social o éxito, porque ellas prefieren tener relaciones con hombres más musculados y atractivos que ellos. Hasta tienen una teoría de que el 80% de las mujeres se acuestan con tan solo el 20% de los hombres (a nadie le salen las cuentas). 

Solo hay una solución en la comunidad incel que no está directamente relacionada con ejercer violencia contra las mujeres: tratar de colarse en ese 20%. Por ello, estos chicos se someten a todo tipo de intervenciones para así intentar ser más atractivos. 

“Es como crear un personaje en un videojuego e intentar usar tantos puntos como puedas para mejorar tu aspecto”, comienza una guía de YouTube sobre ello. Operaciones estéticas, técnicas para tratar de marcar más la mandíbula, ir al gimnasio, dietas para bajar peso y por supuesto, una obsesión por la proteína. Por eso es especialmente relevante la forma en que se está denominando esta obsesión de las redes: protein-maxxing. Parece casi el mismo concepto. 

Los incels creen que mejorar su aspecto físico les traerá éxito. Que estar delgado es lo mejor que pueden hacer. Pero no solo ellos. En los últimos años, la obsesión con la extrema delgadez se ha ido insertando poco a poco en la cultura popular hasta llegar a la situación actual. 

Ya lo expresó la directora de cine Chloe Wallace en sus redes sociales tras la gala de los Óscar. “Cada alfombra roja, cada evento, cada vez que abro Instagram, ahí están, más delgadas que la semana pasada (...), más y más, como si hubiera una competición que nadie nombra, pero todas están jugando”, denunció en Instagram. 

Precisamente, la pérdida de peso es uno de los grandes componentes que explican la nueva moda de la proteína. Y el auge del Ozempic, también. El fármaco, que en realidad sirve como tratamiento para la diabetes, ha sido popularizado por famosos como Kim Kardashian o Elon Musk como un milagro para la pérdida de peso. 

Y en el delirio del Ozempic se necesita proteína. Según la AARP, una organización estadounidense que busca mejorar la calidad de vida de personas mayores de 50 años, consumir suficiente proteína es vital para evitar varios efectos secundarios del consumo del fármaco, como la pérdida ósea y muscular. 

Pero la razón principal que hace que el Ozempic se haya convertido en sinónimo de delgadez es que provoca la pérdida del apetito. El fármaco consigue reducir la necesidad de comer de quien lo toma y así la bajada de peso se consigue en tiempo récord. La proteína sigue la misma lógica: si en una comida incluyes más proteínas, podrás comer menos para mantenerte saciado durante más tiempo. 

Por supuesto, esta nueva obsesión tampoco tiene nada que ver con la salud. “La tendencia de la extrema delgadez te impulsa a poner el foco en tu cuerpo, en vez de en tu conocimiento o tu formación, por ejemplo. Son discursos que surgen del mercado de diversas industrias, desde la alimentaria hasta las de la moda o la belleza, que asumen que estás mal con tu aspecto porque vemos una gran cantidad de imágenes que no se corresponden con la realidad”, argumenta Pibernat. 

“Ahora lo que tenemos en mente son los cuerpos estilizados de la publicidad, del cine y de la televisión. Esto nos ha distorsionado la idea de qué es un cuerpo normal, corriente y perfectamente sano. Como tenemos esa distorsión provocada por ese consumo cultural, hay una mayor incomodidad con el propio cuerpo. Y ahí hay un mercado inmenso”, zanja la experta. 

Los comentarios machistas del juez David Maman Benchimol no han pasado desapercibidos, especialmente entre quienes comparten profesión con el magistrado. No son pocos los juristas que han decidido que no basta con una condena simbólica a lo expresado en febrero por el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, sino que es urgente tomar medidas. Profesionales y organizaciones han interpelado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para demandar una investigación exhaustiva sobre sus manifestaciones. Así que el futuro del juez está ahora en manos del órgano judicial.

"Con su ideología machista y misógina debería abstenerse de juzgar al exDAO o, si no, habría que recusarlo", deslizó el jueves la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Su petición enseguida se transformaría en una solicitud formal: su departamento ha enviado un escrito al CGPJ, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, pidiendo la apertura de diligencias informativas y un expediente disciplinario contra el juez. Según la queja formal presentada por el Ministerio, a la que ha podido acceder infoLibre, el magistrado podría haber cometido una "falta grave" debido a sus declaraciones.

El escrito de Igualdad argumenta que sus afirmaciones "no constituyen meras opiniones aisladas, sino que reflejan una serie de prejuicios estructurales, estereotipos de género y posicionamientos ideológicos que afectan directamente a la percepción de imparcialidad del órgano judicial y comprometen la confianza pública en la Administración de Justicia". A su juicio, sus comentarios reflejan una "trivialización de la violencia de género y de los mecanismos de protección legalmente establecidos", además de constituir una "absoluta falta de perspectiva de género y la reproducción de estereotipos" contrarios al principio de igualdad reconocido constitucionalmente.

Igualdad también repara en la asunción implícita de "teorías sin aval científico, como el denominado síndrome de alienación parental" y en la falta de reconocimiento de las personas menores de edad "como víctimas directas de la violencia de género, en contradicción con el marco normativo". El departamento reprocha igualmente la "actitud tránsfoba" del juez y fundamenta su petición apoyándose tanto en el ordenamiento jurídico español como en el marco internacional. "Es una queja formal y vamos a hacer seguimiento del asunto", insisten desde la cartera de Ana Redondo a preguntas de este diario.

La de Igualdad no es la única queja que se ha registrado en las últimas horas. El despacho Olympe Abogados presentó el jueves a las 22:40 horas otro escrito a través del Formulario de Atención Ciudadana del CGPJ. Isaac Guijarro, cofundador del despacho, explica a infoLibre que las manifestaciones de David Maman Benchimol "no se pueden enmarcar en un ejercicio de la libertad de expresión", puesto que el magistrado no asiste a las jornadas del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), donde las pronuncia, para "dar su opinión como ciudadano, sino como juez". "Cuando actuamos como profesionales no nos podemos abstraer de nuestra ideología", sintetiza el letrado. En otras palabras: "Un juez misógino en lo personal va a ser un misógino en lo profesional".

Para Guijarro, esto es algo que impacta en "todas las víctimas que pasan por su juzgado, por las decisiones que toma y por el trato que les puede dar", así que el Poder Judicial debería, bajo su punto de vista, tomar medidas inmediatas abriendo un procedimiento disciplinario por sus palabras.

También lo creen así más de un centenar de entidades y particulares que han suscrito un manifiesto conjunto que previsiblemente se traducirá también en una queja formal el próximo lunes, según señalan las promotoras a preguntas de este diario. Las entidades se apoyan sobre distintos principios constitucionales –como el de igualdad, pero también la tutela judicial efectiva o el sometimiento de la justicia a la ley–, citan los compromisos internacionales suscritos en materia de violencia machista e insisten en la imparcialidad de la justicia para exigir una investigación efectiva. "Un discurso público judicial que exterioriza prejuicios de género puede erosionar, al menos objetivamente, esas garantías y la confianza en la imparcialidad del órgano", argumentan.

Así que la pelota está ahora en el tejado del CGPJ. "Si hay quejas presentadas, se iniciarán los trámites", explican fuentes del órgano judicial. En un primer momento, el Promotor de la Acción Disciplinaria debe abrir una diligencia informativa, en una suerte de fase previa en la que el objetivo pasa por analizar "si los hechos encajan en algún tipo disciplinario". En caso de que se considere que hay "materia e indicios de que el juez pudiera haber cometido una infracción", el siguiente paso consiste en incoar expediente. "En este segundo momento, si se abre expediente disciplinario, se investiga en profundidad para ver si ha cometido algún tipo de falta", exponen las mismas fuentes. 

A partir de ese momento, el funcionamiento es similar al de una instrucción judicial. "Se persona el Ministerio Fiscal, se toma declaración al juez, se recaban pruebas y todo lo necesario para ver si esos hechos denunciados son constitutivos de una falta", completa un portavoz autorizado. Si el señalado es responsable, entonces el promotor confecciona una "propuesta de sanción que eleva a la Comisión Disciplinaria, quien a modo de tribunal será la que decida si se sanciona o no".

Las mismas fuentes no aciertan a concretar durante cuánto tiempo puede prolongarse la investigación, en caso de iniciarla. "Puede depender de la dificultad del caso o de cuestiones como las pruebas que se soliciten", agregan. Al cierre de esta edición, el CGPJ todavía no contaba con una notificación formal de las quejas registradas, pero las voces consultadas insisten en que una vez llegue, se activarán los mecanismos pertinentes. 

Es la Ley Orgánica del Poder Judicial la que recoge cuáles son las faltas por las que sus señorías pueden ser sancionados. Según las quejas ya registradas, las declaraciones del magistrado podrían haber incurrido en una falta grave recogida en el artículo 418.5, por suponer un "exceso o abuso de autoridad o de consideración respecto de los ciudadanos". En añadido, el precepto 419.2 tipifica como falta leve toda "desatención o desconsideración" con los ciudadanos. 

Igualdad añade que las manifestaciones del juez "podrían encuadrarse en el incumplimiento del deber de abstención de prejuicios y de mantenimiento de la apariencia de imparcialidad exigible a todo miembro de la carrera judicial". Añade que, en un contexto formativo como es el de las jornadas en las que se enmarcan sus declaraciones, "resulta especialmente grave" porque contribuye a "perpetuar prácticas contrarias a los estándares de protección de los derechos humanos". 

Pese a los esfuerzos por exigir una respuesta a la altura por parte del Poder Judicial, lo cierto es que no todo el mundo confía en la diligencia del órgano a la hora de actuar contra este tipo de situaciones. "El CGPJ es el gran culpable en este país de que la justicia sea machista, por su inacción, su sectarismo y por taparse entre ellos", clama Isaac Guijarro. Para el abogado, "el problema de estos jueces es la impunidad: saben que hagan lo que hagan y digan lo que digan, no van a tener consecuencias". 

En el año 2018, el CGPJ recibió una queja por las palabras del juez Francisco Javier Martínez Derqui en torno a una denunciante. En una grabación accidental, el magistrado se refería a la víctima como "bicho" e "hija de puta". Ella formuló una queja formal. El CGPJ abrió una diligencia informativa, pero la investigación quedó archivada. La clave es que el órgano judicial entendió que la grabación se había producido accidentalmente, sin consentimiento y en el ámbito privado. 

Enero de 2025. Al CGPJ llegan centenares de quejas por el interrogatorio del juez Adolfo Carretero a la actriz Elisa Mouliaa, en el marco de la causa contra Íñigo Errejón. En octubre del mismo año, el caso queda archivado. El Promotor de la Acción Disciplinaria consideró que los fragmentos del interrogatorio difundidos públicamente ofrecían una visión "descontextualizada".

Según la estadística anual de la Unidad de Atención Ciudadana del CGPJ, en 2024 se presentaron 22.056 escritos –incluyendo quejas, peticiones de información, sugerencias y agradecimientos– ante la unidad y otros órganos de gobierno. Esos escritos dieron lugar a 16.409 expedientes, pero únicamente una pequeña parte acaba, tras aplicar los filtros internos precisos, en un expediente formal contra un juez. La última Memoria del CGPJ detalla que en ese mismo año se adoptaron un total de 17 acuerdos en el ámbito disciplinario. En dos de ellos, la deriva final fue el archivo, mientras que en 15 se impuso una sanción. Al cierre del año, existían 12 expedientes incoados pendientes de resolución.

Guijarro sugiere trabajar sobre vías alternativas y efectivas para que los tribunales sean espacios libres de violencia machista. "El Gobierno debería modificar la Ley del Poder Judicial para permitir a los abogados especializados recusar a los jueces que hayan tenido públicamente un comportamiento machista o misógino", sugiere. La ley contempla la recusación en distintos supuestos, por lo que el abogado cree que entre los motivos recogidos deberían incluirse, en los procedimientos de violencia contra las mujeres, las expresiones o manifestaciones misóginas. Lo contrario, concluye el letrado, deriva en un clima de total impunidad. 

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha anunciado que se querellará contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por "vulnerar su honor" al "instrumentalizar" la Junta Local de Seguridad de este viernes para exigirle su dimisión por la querella por el presunto acoso a una exedil, según recoge EFE.

Fuentes municipales han trasladado a EFE que el alcalde ha afeado a Martín que utilizara una reunión institucional, centrada en la seguridad ciudadana y en la coordinación de las fiestas del 2 de Mayo, para "introducir ataques personales", "instrumentalizando las instituciones con fines políticos ajenos al interés de los vecinos".

Al término de la Junta Local de Seguridad, el alcalde se ha negado a comparecer públicamente y ha trasladado a través de su gabinete de prensa que "la prioridad del encuentro debía ser abordar la seguridad del municipio y no desviar el foco hacia cuestiones judiciales, por lo que considera inadmisible la actuación del delegado del Gobierno".

"Ante esta situación, el alcalde ha confirmado que emprenderá acciones legales al entender que las manifestaciones realizadas suponen una intromisión en su honor y un uso partidista de un órgano institucional", han añadido fuentes municipales, aventurando una querella por "vulnerar su honor".

El delegado del Gobierno, en su comparecencia ante los medios a la salida del Ayuntamiento, ha reiterado su exigencia de que el regidor mostoleño presente su dimisión después de las acusaciones de acoso sexual y laboral por parte de una exedil del PP.

Bautista descartó nuevamente el pasado lunes su dimisión después de que la Sección 1 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles haya admitido a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y que cita a la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio.

El delegado del Gobierno por su parte ya había advertido a lo largo de esta semana que esperaba que Bautista no estuviera ya en la Junta Local de Seguridad prevista para este viernes, ya que considera "absolutamente impresentable que el alcalde de Móstoles siga en su asiento" después de las acusaciones de acoso sexual y laboral.

Sin embargo, la reunión comenzaba esta mañana de viernes, en torno a las 9:00 horas, en la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Móstoles con Manuel Bautista al frente, algo que para el delegado del Gobierno "nunca había debido de producirse", según ha explicado Martín al término de la reunión.

"Tenía que haber dimitido hace mucho tiempo y que en todo caso él no la debía presidir por responsabilidad con los mostoleños y mostoleñas", ha añadido. El delegado del Gobierno ha denunciado también "el lamentable amparo que está teniendo por parte del señor Feijóo y de la señora Díaz Ayuso, cómplices absolutos de lo que está pasando".

Asegura que las mujeres gozan de "ventajas" en los tribunales, afirma que los abogados de las víctimas de violencia de género van "a la caza de la orden" de protección y cree que las madres "lavan el coco a sus hijos y acaban separándolos de los padres". Su nombre es David Maman Benchimol y es el juez responsable de instruir el caso contra el ex jefe de la Policía Nacional denunciado por violencia sexual por una subordinada. Las afirmaciones las pronunció hace dos meses frente a los micrófonos, en una jornada organizada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid en torno a las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer y que ha hecho públicas laSexta.

Las juristas feministas que escuchan hoy sus palabras se reconocen inquietas por los efectos que pueden tener en los tribunales, pero admiten que no resultan sorprendentes. "Es bastante típico, sobre todo en violencia sexual", expresa una jueza especializada que pide no revelar su nombre. 

Lejos de tratarse de comentarios excepcionales, no son pocos los jueces que manifiestan opiniones estigmatizantes y ancladas en los muchos sesgos que todavía campan a sus anchas en los tribunales. "Cuestionan a las víctimas o insinúan que se mueven por intereses", comparte la misma jueza, quien observa que los estereotipos están especialmente presentes en los casos de violencia sexual. "Estamos como en violencia de género hace dos décadas, cuando salió la ley: no se cree a las mujeres".

"Hay más ejemplos, lamentablemente", coincide la abogada María Naredo. Al otro lado del teléfono, la letrada expresa preocupación "no solo porque haya jueces misóginos, sino porque sean titulares de un juzgado especializado". Al mismo punto llega la jueza Cira García, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Getafe (Madrid), quien considera inadmisible dar rienda suelta a este tipo de prejuicios en el caso de un magistrado que trabaja directamente con víctimas desde hace 15 años. 

Jorge Piedrafita, el abogado de la denunciante, ha señalado que confía en que las declaraciones del magistrado "se encuentren delimitadas a su derecho de libertad de expresión". No obstante, ha advertido, "si en el transcurso de la instrucción se observa cualquier conducta arbitraria por sesgo machista este letrado se verá obligado a solicitar la recusación en defensa y protección de su cliente víctima de agresión sexual en un contexto de violencia sobre la mujer".

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) explican a este diario que el órgano "no tiene mucho margen de maniobra" en este tipo de situaciones, en parte porque entra "en juego la independencia de los jueces". El grueso de la actividad que emana de la Comisión Disciplinaria, según exponen las mismas fuentes, procede de quejas o denuncias, no tanto de una actuación de oficio. Pero existe una limitación clara: los hechos tienen que encajar en las faltas que prevé la ley. "Si el hecho no constituye una falta disciplinaria, entonces tampoco puede derivar en una sanción". 

¿Pueden ser estas manifestaciones una falta? Las fuentes consultadas matizan que se trata de opiniones expresadas fuera de los tribunales, por lo que no necesariamente tienen impacto en sus resoluciones judiciales. Las mismas voces ponen un ejemplo: "Puede haber un elevado porcentaje de jueces que no estén de acuerdo con las leyes, pero luego las aplican", zanjan.

Las juristas feministas discrepan. Cuando se manifiestan opiniones en las que "subyacen prejuicios y estereotipos de género", necesariamente va a existir un impacto, asiente Cira García. "No se puede disociar, este tipo de comentarios impregnan tu práctica judicial" y eso deriva en una lesión al "derecho a la tutela judicial efectiva" de las víctimas, clama la magistrada. Un mes después de pronunciar aquellas palabras, el juez denegó la medida cautelar solicitada por la víctima.

En el mismo sentido se expresa María Naredo: "Los prejuicios van contigo y te acompañan en todas tus resoluciones judiciales". Y precisamente por este motivo existe todo un marco internacional que busca proteger a las víctimas poniendo la lupa en los sesgos que todavía anidan en el ámbito judicial. 

Mientras el juez Maman Benchimol lamenta que las defensas de las víctimas vayan "a la caza de la orden" de protección y las mujeres se beneficien de "tantas ventajas para poner una denuncia", lo cierto es que es el propio marco internacional el que obliga a que así sea. El Convenio de Estambul exige la adopción de medidas para que las víctimas puedan "beneficiarse de mandamientos u órdenes de protección adecuados", a través de una "protección inmediata" que no suponga "una carga económica o administrativa excesiva". Y el mismo tratado obliga a prestar apoyo a las víctimas en la presentación de sus denuncias. En ese mismo sentido, los estados firmantes deben alentar a que cualquier persona que haya presenciado violencia la denuncie ante las autoridades. No es que las mujeres tengan ventajas por denunciar, es que deben tener facilidades para poder hacerlo.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su recomendación general número 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, se detiene precisamente en el efecto de los estereotipos y prejuicios de género en el sistema judicial. Según el organismo de las Naciones Unidas, los sesgos de género "tienen consecuencias de gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres" y además "pueden impedir el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley", afectando particularmente a "las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia". Los estereotipos, añade en su recomendación, "distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos". 

Esos estereotipos no son opiniones aisladas, sino que "pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa". El resultado puede derivar en una "cultura de impunidad" en los tribunales.

En su informe de 2024, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer (GREVIO) también señalaba los defectos formativos en materia judicial en suelo español. "A pesar de las medidas para ampliar la formación sobre violencia de género contra las mujeres", lo cierto es que los jueces que no trabajan en tribunales especializados en violencia de género "siguen sin recibir formación sistemática sobre temas relacionados con la violencia contra las mujeres". Muchos de ellos, observan los expertos, "siguen careciendo de un enfoque centrado en la víctima y en el trauma".

En el citado informe, los expertos hablaban además del uso "incontrolado" de conceptos como el "denominado síndrome de alienación parental". Lo cierto es que Naciones Unidas ha señalado a España en diversas ocasiones precisamente por la aplicación, directa o indirecta, de este falso síndrome en los tribunales, una herramienta que recupera ahora el juez Maman Benchimol cuando desliza que algunas madres manipulan a sus hijos. "La madre le va haciendo el correspondiente lavado de coco y se va separando del padre poco a poco", aseguraba el magistrado. 

En realidad, la idea de una manipulación sistemática e interesada no solo ha sido refutada por expertos a lo largo de los años, sino que el uso de ese argumento en el ámbito judicial está prohibido gracias a la ley de protección a la infancia. La norma veta el uso de ese síndrome en concreto, pero también de todas sus derivadas: "Los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración". 

En 2024, el Defensor del Pueblo también puso la lupa sobre el problema y subrayó que las madres siguen dándose de bruces contra un muro institucional que obstaculiza la protección de sus hijos y las revictimiza.  

A la formación como una de las grandes asignaturas pendientes en la judicatura es adonde llegan todas las expertas consultadas. Hace ahora siete años, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial incluyó una batería de medidas procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, entre las que se encontraba la obligación de un curso en perspectiva de género dirigido a aquellos jueces y magistrados que quisieran acceder a cualquier especialización. Se trata de un curso online, con una carga lectiva de 50 horas, que en todo caso es voluntario para el conjunto de la carrera judicial. 

Sumado a ello, existe un curso obligatorio para aquellos jueces que deciden iniciar un cambio de orden hacia los juzgados con competencia en materia de violencia de género. En este caso, el curso combina contenidos teóricos y prácticos, repartidos en dos etapas: la estancia en órganos judiciales y el estudio de los contenidos fijados a través de una fase online. 

Uno de los principales problemas, según indican las juristas entrevistadas, es que los profesionales que sí los han cursado no están obligados a actualizar su formación y ensanchar sus conocimientos con el paso de los años. Así que los operadores jurídicos más veteranos "van sorteando los requisitos posteriores que sí afectarían a las nuevas hornadas", lamentan las voces consultadas. Todas ellas coinciden en algo: la formación en perspectiva de género se ha demostrado no ser una prioridad.

Una mujer de 43 años ha sido asesinada este jueves presuntamente a manos de su expareja, un hombre de 50 años que tenía antecedentes por violencia machista y que después se ha ahorcado en Seseña (Toledo), tras una pelea con el hijo de la víctima, que ha acabado en el hospital.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el cuerpo de la mujer, de nombre Melissa, ha sido encontrado en el interior de su vivienda con signos de violencia por arma blanca. También en la vivienda los agentes de la Guardia Civil han hallado el cuerpo del hombre ya fallecido.

La mujer había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia machista, en concreto por el maltrato psicológico y las vejaciones que sufría desde noviembre de 2024, cuando iniciaron los trámites de divorcio.

El hombre fue detenido en virtud de esa denuncia y este 12 de abril volvió a ser arrestado por quebrantamiento de una orden de alejamiento, según las fuentes, que han indicado que ahora mismo no constaban medidas judiciales sobre él. Sí que tenía antecedentes por violencia machista, y la mujer estaba en el sistema VioGen con un nivel de riesgo bajo.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 17 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.360 desde 2003.

La ofensiva reaccionaria que desde hace años coge impulso tiene bien claros sus objetivos. Las personas migrantes, la clase trabajadora, las disidencias sexuales y las mujeres están en el foco de una amenaza global que se hace fuerte y que deja huella en todos los rincones. Amnistía Internacional ha presentado este lunes un informe en el que analiza el estado de los derechos humanos en un total de 144 países, en los que muchos de los avances que se creían consolidados se han visto deteriorados.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sufrido un menoscabo sutil pero progresivo en distintos territorios. España no es una excepción. Madrid sigue sin contar con un registro de profesionales objetores, si bien la comunidad se ha visto obligada a iniciar los trámites para ponerlo en marcha y cumplir así la ley. Estos registros, puntualiza el informe, se crearon "con el fin de garantizar una dotación de personal suficiente y asegurar el acceso al aborto". La falta de garantías en el acceso ha llevado además al desplazamiento sistemático en algunos territorios: según el último informe del Ministerio de Sanidad, un total de 4.636 mujeres tuvieron que desplazarse en 2024 para abortar en otras provincias.

Los viajes al extranjero para poder ejercer el derecho al aborto con garantías, la oposición férrea de grupos antiabortistas y la objeción sistemática de los profesionales son algunas de las principales barreras que constata la organización a nivel global.

En Alemania, el aborto sigue estando tipificado como ilícito. La única vía que tienen las mujeres para esquivar el castigo penal por ejercer su derecho en las primeras 12 semanas es pasar por un asesoramiento obligatorio y un periodo de espera de tres días. En abril de hace ahora dos años, una comisión gubernamental recomendó despenalizarlo y tratar de corregir las brechas detectadas, una posición que se trasladó a un anteproyecto de ley presentado por varios partidos. La iniciativa quedó paralizada por la convocatoria de elecciones y sigue hoy estancada tras la toma de posesión del nuevo Gobierno.

En agosto del año pasado, el llamado proyecto ELSA sobre embarazos no deseados, financiado por el Ministerio de Sanidad, desveló desigualdad territorial en el acceso al aborto, así como brechas en la información disponible, estigma entre los profesionales que lo practican y barreras para los grupos vulnerables, especialmente las mujeres migrantes.

El Parlamento de Reino Unido aprobó hace casi un año una enmienda al Proyecto de Ley sobre Delincuencia y Actuación Policial para poner fin al enjuiciamiento de mujeres embarazadas que se hubieran sometido a un aborto al margen de la ley. El objetivo pasaba por terminar con la criminalización, persecución y castigo de quienes abortaran fuera de los supuestos legales. El proyecto, pendiente todavía de aprobación, no termina completamente con la penalización del aborto en el país: los profesionales que ayuden a las mujeres en estos casos sí seguirán bajo la lupa de las autoridades. 

Y en Andorra, prohibición total. Las mujeres que residen en el país y quieren acceder a la interrupción libre del embarazo tienden a cruzar las fronteras y desplazarse a España para hacerlo. El Gobierno de Andorra se ha comprometido a preparar una propuesta para despenalizar el aborto antes de que finalice la legislatura. Sin embargo, matiza Amnistía Internacional, "con esta propuesta seguiría sin haber servicios disponibles" en el país, por lo que quienes decidan acceder a la libre interrupción del embarazo tendrán que "seguir viajando al extranjero", advierten los autores del informe.

Si bien en Italia el aborto está garantizado sobre el papel, una aproximación a la realidad de los hospitales evidencia que tampoco en el país alpino se libran de las deficiencias en su acceso. El principal problema en Italia, atestigua Amnistía Internacional, tiene que ver con las reticencias expresadas por los profesionales. Las autoridades no garantizan el acceso a los servicios, en un contexto en el que "un gran número de profesionales de la medicina se negaba a prestar esos servicios". 

Según los datos del Ministerio de Sanidad, un 57,1% de los ginecólogos es objetor de conciencia. Además, el 38,8% de los hospitales o clínicas autorizadas no practican interrupciones voluntarias del embarazo. Giorgia Meloni alentó, a través de una norma aprobada hace dos años, a las organizaciones antiabortistas, permitiéndoles participar en centros de asesoramiento dirigidos a mujeres que se plantean interrumpir su embarazo.

La reticencia mostrada por los profesionales sanitarios es extensiva a muchos otros territorios. Portugal, con un límite legal de diez semanas para abortar, cuenta con una tasa elevadísima de objeción: según otra reciente investigación de Amnistía Internacional, en torno al 70% de los profesionales se niegan a practicar abortos. Entre 2019 y 2023, un total de 2.525 mujeres portuguesas se desplazaron a España para abortar.

Los desplazamientos son un denominador común en el grueso de los países analizados. En Croacia existe una "negativa generalizada del personal y los centros médicos" a prestar atención a las mujeres que deciden abortar, alegando "motivos de conciencia". Las croatas deben asumir costes económicos altos si quieren interrumpir su embarazo, ya que el seguro médico nacional no sufraga la intervención y la "inaccesibilidad de los servicios de aborto en las zonas rurales y económicamente deprimidas" constituye uno de los principales obstáculos para las mujeres en riesgo de exclusión. Una vez más, la única salida pasa por viajar al extranjero. 

También han tenido que atravesar sus fronteras muchas de las mujeres residentes en Bélgica. Especialmente aquellas que pertenecen a grupos vulnerables, como migrantes o personas sin hogar, dado que los servicios de asistencia social siguen "retrasando o negando la atención médica", a pesar de ser un "derecho legalmente reconocido". Varios partidos políticos continúan bloqueando hoy una votación parlamentaria encaminada a mejorar la legislación, alineándola con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre las propuestas, se encuentra la de eliminar el periodo de reflexión obligatorio de seis días y la de extender el límite legal de 12 a 18 semanas.

Pero si hay un lugar que se haya erigido como principal baluarte en la restricción de los derechos reproductivos, ese es Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trump "revirtió drásticamente derechos sexuales y reproductivos" generando un "contexto jurídico volátil", advierte Amnistía Internacional. Al otro lado del charco se han revocado políticas que habían "contribuido a ampliar y proteger el acceso a la atención reproductiva", pero además se ha recortado la financiación de centros y programas de atención a la salud reproductiva, provocando el cierre de clínicas, lo que ha afectado "desproporcionadamente a las personas de bajos ingresos".

Algunos estados han ido al límite restringiendo hasta el extremo la atención específica. La Corte Suprema "les facilitó la eliminación de los mecanismos de protección de la salud reproductiva destinados a las personas beneficiarias de Medicaid", el programa que proporciona cobertura gratuita o a precio reducido a las personas de bajos ingresos. En un total de 41 estados está en vigor algún tipo de restricción al aborto: desde la prohibición total –en 13 estados–, hasta la prohibición parcial a partir de la decimoctava semana de gestación –en siete–. 

Según el Instituto de Políticas de Equidad de Género, las personas embarazadas que vivían en estados en los que estaba prohibido abortar "tenían el doble de probabilidades de morir durante el embarazo, el parto o poco después de dar a luz que quienes vivían en estados donde el aborto era legal".

Otros países han optado por seguir esta estela. En Polonia, el acceso al aborto está visiblemente limitado y su ejercicio perseguido en los tribunales. La activista por los derechos humanos Justyna Wydrzyńska se enfrenta a un nuevo juicio por ayudar a una embarazada a obtener píldoras abortivas, mientras que la doctora Gizela Jagielska ha sido objeto de una investigación penal por practicar un aborto legal en una fase avanzada del embarazo. En diciembre, la Fiscalía desestimó el caso. 

Casi en paralelo, otros tres médicos fueron declarados culpables de poner en peligro la vida de una mujer que terminó falleciendo después de que le negaran asistencia médica en una situación "en la que un aborto habría podido salvarle la vida". Los médicos han recurrido. También en el terreno judicial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) concluyó en noviembre, en base a un caso particular, que el país "había violado el derecho a la vida privada y familiar de una mujer embarazada que había viajado al extranjero para someterse a un aborto". 

Y de este contexto sacan rédito los grupos antiabortistas, especialmente protegidos en suelo polaco. Activistas y organizaciones se concentran con regularidad frente al centro de información y asesoramiento AboTak, gestionado por el colectivo Abortion Dream Team. Los manifestantes han llegado a derramar ácido butírico en las proximidades de la entrada.

El pasado mes de febrero, una exedil del Partido Popular interpuso una querella por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Casi dos meses después, la Fiscalía ha enviado un escrito al juzgado correspondiente instándole a poner en marcha el procedimiento. El Ministerio Fiscal llama la atención a los tribunales respecto al tiempo transcurrido y exige un impulso procesal. En prácticamente dos meses, el juzgado no ha ordenado diligencias de ningún tipo, ni ha citado a las partes. La víctima sigue esperando.

No es, en realidad, una anomalía. La dilación de los tiempos se ha erigido en no pocas ocasiones como una de las muchas barreras que disuaden a las mujeres a la hora de denunciar y como uno de los elementos que las revictimizan cuando se deciden a hacerlo. La magistrada Paz Filgueira encaja las demoras en los tiempos de la justicia como una brecha a corregir en términos generales, pero matiza que cuando se trata de violencia sobre las mujeres, esos retrasos "tendrán un impacto gravísimo en la víctima y en su entorno, especialmente cuando hay menores de por medio".

Si el punto de partida para el grueso de las víctimas implica ya un daño emocional y psicológico, hilvana la jueza, todas "las dilaciones en juicios o trámites administrativos coetáneos van a profundizar siempre el trauma e impedir su cierre". El retraso en "la respuesta, las investigaciones y la resolución va a aumentar elevadamente el fin de las secuelas y va a hacer que las mujeres revivan el trauma de forma continua", agrega. 

Y no es algo que suceda de forma aislada. En los casos de violencia contra las mujeres "nos encontramos con que muchísimas veces los procedimientos judiciales se dilatan de una forma incomprensible para las víctimas", asiente la abogada especializada Amparo Díaz Ramos. Todo ello, continúa, les genera "un gran daño psicológico", pero además deriva en que "con bastante frecuencia se apliquen, para el condenado, atenuantes de dilaciones indebidas". El resultado es que "la víctima, además de soportar la incertidumbre y la ansiedad durante más tiempo del oportuno, tampoco percibe haber conseguido justicia o una pena acorde con lo que ha sufrido".

Ocurrió recientemente en Murcia. Un grupo de empresarios que reconoció estar implicado en una red de prostitución con menores de edad consiguió eludir la cárcel después de que el proceso judicial tardase diez años en celebrarse. Entre los argumentos para reducir la condena inicialmente demandada, estaba el de dilaciones indebidas. 

En noviembre de 2024, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer (Grevio) publicó su primer informe de evaluación de las políticas y la estrategia españolas en materia de violencia machista. En su análisis, las especialistas destacaban la necesidad de realizar investigaciones y procesos judiciales "rápidos y eficaces que se basen en una comprensión de este tipo de delitos desde una perspectiva de género y que tengan en cuenta los derechos de la víctima durante todas las fases". 

"A menudo, las fuerzas y cuerpos de seguridad o el poder judicial no dan prioridad a los incidentes de violencia contra las mujeres", reprochaban las expertas, una dinámica que contribuye a "la impunidad de los agresores". Consecuencia de esa escasa prioridad "son los retrasos en el inicio de las investigaciones y los procesos judiciales, que a su vez pueden conducir a la pérdida de pruebas vitales y a un mayor riesgo para la víctima de sufrir violencia repetida".

Fue lo que les sucedió a dos mujeres víctimas de violencia sexual en Pamplona. En octubre del año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por no haber llevado a cabo una investigación eficaz en este caso, tras constatar una excesiva duración del procedimiento, junto con la pérdida y manipulación de pruebas y la falta de independencia suficiente en la investigación.

El artículo 49 del Convenio de Estambul –el marco jurídico europeo para una estrategia común contra la violencia machista– obliga a adoptar todas las medidas necesarias para que los procedimientos judiciales relativos a la violencia contra las mujeres se lleven a cabo "sin demoras injustificadas". En el mismo sentido, el artículo 50 obliga a que las fuerzas y cuerpos de seguridad "respondan de forma rápida y eficaz a todas las formas de violencia".

Actualmente, completa Filgueira, "lo estamos describiendo como un tipo de violencia institucional, porque a través del sistema lo que se está haciendo es impedir el cierre de la situación". No hay que perder de vista que para una víctima "el primer elemento y uno de los más importantes en términos de reparación es la sentencia". Pero además, agrega la jueza, el daño de las demoras es global: si los tiempos de la justicia se dilatan, necesariamente se alargará el proceso de recuperación de la víctima. "Es un daño también para el sistema de salud, por lo que se trata de un coste multilateral poco eficaz para el sistema". 

A juicio de Díaz Ramos, es fundamental que el Ministerio de Justicia comience a contemplar "indemnizaciones por las segundas victimizaciones en los procedimientos judiciales, entre ellas la causada por las dilaciones indebidas". La letrada sabe bien de lo que habla. Ella misma llevó un caso que terminó con una "indemnización cuantiosa" para la víctima, después de que su agresor viera acortada su condena por dilaciones indebidas. 

"Acreditamos que hubo un funcionamiento anormal de la administración de justicia porque dejó, en varias ocasiones, el procedimiento paralizado, causando una dilación indebida que sirvió para una rebaja significativa de la pena", comparte con este diario. El impacto en la víctima fue incuestionable: se produjo "un padecimiento psicológico, también en su imagen e identidad", lo que además derivó en un deterioro de su “derecho a obtener justicia”, tal como quedó acreditado por distintos informes psicológicos.

Las juristas consultadas aciertan a señalar un foco claro en la base del problema: la falta de recursos. "Los juzgados estamos absolutamente colapsados", sostiene Filgueira. La magistrada se refiere al aumento de competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer, desde que en octubre del año pasado pasaron a asumir además los delitos sexuales. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señaló entonces que la incorporación de los nuevos asuntos implicaría una sobrecarga de trabajo del 12,9%, una cifra que algunas voces elevaron al 20%. "Se ha evidenciado que el sistema requiere de más recursos humanos, materiales y de atención a las víctimas", zanja la jueza.  

Pero, ¿es todo cuestión de tiempos? Las expertas no se quedan ahí. "En violencia de género en pareja se da la paradoja de que la primera parte del procedimiento suele ser extraordinariamente rápida, porque suele haber una petición de orden de protección que se tramita de manera exprés", observa Díaz Ramos. Pero no por ello es más eficaz: "Es muy superficial, se hace normalmente sin pruebas y en muchos juzgados incluso sin escuchar a las víctimas". En algunas ocasiones, el juzgado puede incluso decidir tramitar el procedimiento como juicio rápido "porque solo evalúa un episodio específico, sin tener en cuenta otros anteriores y sin darle a la víctima la oportunidad de que desarrolle o complete lo que denunció en un primer momento". 

En ese mismo punto se detiene la jurista Altamira Gonzalo. "Las dilaciones prolongan la incertidumbre y revictimizan a las mujeres, pero también nos encontramos con juicios rápidos que no son satisfactorios, porque la celeridad impide hacer pruebas que requieren más tiempo", sostiene en conversación con este diario.

A la necesidad de reforzar y ampliar los recursos, se añade otro imperativo: la formación. "La confianza de las mujeres en la justicia se recuperará cuando sean atendidas con empatía, cuando desde la abogacía hasta la judicatura sean capaces de ponerse en su lugar y entender la situación en la que se encuentra una mujer que denuncia", zanja Gonzalo.

Rocío Wanninkhof tenía 19 años cuando fue asesinada. Era otoño de 1999, en Mijas (Málaga). El crimen tuvo un impacto mediático sin precedentes, atravesado por la desinformación y el señalamiento taxativo de una mujer como culpable: Dolores Vázquez, pareja de la madre de la víctima. Los medios colocaron enseguida sobre ella el título de criminal, esquivaron las evidentes raíces machistas del asesinato e introdujeron lo que más tarde pasaría a engrosar los manuales de comunicación como pena de telediario. En las entrañas del caso subyacía una latente lesbofobia que encontró acomodo social y judicial, terminando con la condena de la principal sospechosa. 

Casi tres décadas después, no queda ya quien dude de la violencia institucional que pesó sobre la acusada en falso. Y por eso, son las propias instituciones quienes comienzan ahora a pronunciar un perdón público: el Ministerio de Igualdad le entregará el próximo 27 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica, la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad.

Dolores Vázquez fue declarada culpable de asesinato por un jurado popular. La Fiscalía la describió como una mujer con una personalidad "muy pusilánime y muy gallega", atravesada por "explosiones de ira" y absolutamente "desquiciada" en el momento de los hechos, debido al fin de la relación afectiva con la madre de la víctima. El grueso de los medios de comunicación apuntalaron su imagen de mujer fría, agresiva y temperamental. Permaneció 519 días en prisión, hasta que el hallazgo de una segunda víctima, Sonia Caravantes, dio un vuelco al caso.

"El retrato que se hizo de ella fue fundamental en su culpabilización y en el hecho de que podamos decir que fue un caso de lesbofobia". Habla Beatriz Gimeno, autora de La construcción de la lesbiana perversa (Gedisa, 2008). Los medios enseguida la presentaron como "una lesbiana monstruosa, en el sentido en que tradicionalmente se ha representado a las lesbianas desde la misoginia", abunda la autora a preguntas de este diario.

Sobre Dolores Vázquez se arrojaron todos "los estereotipos de esa lesbiana perversa", ligándola a una persona "masculinizada, agresiva, desagradable, sexualmente perversa y pervertidora de mujeres inocentes, antipática, capaz de todo, tirana con sus empleados y envidiosa de la maternidad ajena". El caldo de cultivo perfecto para hacerla encajar en el molde de culpable.

"Los medios de comunicación tuvieron un papel esencial a la hora de construir un retrato de Dolores Vázquez que casaba con prejuicios instalados en el imaginario colectivo y que dibujan a las mujeres lesbianas como personas perversas, incluso retorcidas y amargadas", hilvana Charo Alises, abogada y activista en la Federación Estatal LGTBIQ+, quien se detiene en los prejuicios sociales respecto a las mujeres lesbianas. 

El calado social fue inmediato. No hubo expresiones de apoyo a Dolores Vázquez, apenas existió un análisis crítico de lo que estaba sucediendo y nadie se concentró a las puertas de los tribunales para denunciar el linchamiento contra la principal acusada. 

El mecanismo de señalamiento fue milimétricamente articulado: "Nunca se dijo públicamente que era lesbiana porque eso hubiera permitido entender y combatir la imagen que se estaba dando de ella", pero al mismo tiempo "se expusieron todos los estereotipos negativos que se asocian a dicha condición", abunda Gimeno. En definitiva, "el armario funciona avisando a los demás de lo que les puede pasar si se atreven a solidarizarse con la persona atacada".

Así lo entiende también Violeta Assiego, abogada especializada en derechos humanos. "El hecho de ser una mujer lesbiana activó un juicio social previo que no se quedó en el ámbito mediático, sino que permeó el proceso penal y condicionó la decisión del jurado popular", asiente en conversación con este diario. El jurado tomó la decisión de declararla culpable "en un contexto fuertemente atravesado por prejuicios, donde la imagen construida de Dolores Vázquez funcionó como un relato verosímil en aquella época que suplía la falta de evidencias".

La mayoría del jurado la encontró culpable, a pesar de la ausencia de pruebas. "Los estereotipos la señalaron socialmente y operaron como un marco interpretativo desde el cual se juzgaron los hechos, anulando la presunción de inocencia y basándose en prejuicios, en vez de en pruebas", sostiene Assiego. 

No fue hasta 2003 cuando el verdadero asesino de Rocío Wanninkhof fue identificado. Tony Alexander King, un agresor machista, un violador y un "auténtico cazador de mujeres", define el periodista José Antonio Sau. El criminal era un viejo conocido de las autoridades: había cometido delitos de la misma naturaleza en Reino Unido y el Gobierno de España había recibido en 1998 la alerta de que se encontraba en suelo español y era peligroso. 

Assiego cree que existió una "clara ausencia de perspectiva de género en la investigación del caso y su enjuiciamiento", un procedimiento en el que "no se contempló la hipótesis de un crimen sexual machista, pese a que esos eran los indicios que fueron determinantes cuando se identificó al verdadero autor". Esa ceguera, completa Gimeno, "permitió que el asesino no solo siguiera libre, sino que asesinara a otra mujer".

Dolores Vázquez nunca fue indemnizada. Lo solicitó en julio de 2015, pero el Tribunal Supremo desestimó la demanda por un defecto formal. Pasó 17 meses en prisión y alrededor de una década en Reino Unido, hasta que decidió regresar. En un documental emitido hace cuatro años, ella misma sostenía que, al margen de la reparación económica, le bastaría con un perdón: "Siempre lo he pedido. Que admitan que se han equivocado conmigo".

La misma idea volvió a expresarla el año pasado en su Betanzos (A Coruña) natal, en la recogida del XVII premio Úrsula Meléndez de Texeda. "Necesito que el Gobierno me pida perdón", manifestó públicamente.

El acto organizado por el Ministerio de Igualdad busca, en parte, curar esa herida todavía abierta. "Es un acto de homenaje y reparación", asiente Julio del Valle, director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBIQ+. "Es muy importante reconocernos en el pasado porque no hay democracia sin memoria", añade a preguntas de este diario. A su juicio, este caso debe estar "siempre presente, especialmente para que nunca se repita una situación como la que vivió ella". Es, a su juicio, un símbolo "pero ante todo es una persona que fue muy maltratada y que merece todo el cariño".

Precisamente en la garantía de no repetición se detiene Assiego. Si bien el perdón institucional "tiene un valor simbólico, jurídico y democrático", lo cierto es que "llega tarde y corre el riesgo de que se quede en algo decorativo si no se va más allá del acto institucional". Para la jurista, nombrar la injusticia "es imprescindible para restituir, en la medida de lo posible, la dignidad de Dolores Vázquez", pero también estima que los efectos de esa reparación tendrían que ser más amplios. 

"Debería tener un valor jurídico en términos de garantías y dar pie a que se comprobase si, en la actualidad, las prácticas judiciales, la conformación de los jurados, los protocolos y los estándares probatorios impedirían que se produjera el mismo resultado", plantea la abogada.

En todo caso, zanja la Assiego, el peso del perdón está ligado "al valor que la propia Dolores Vázquez le dé". Es a ella, afina, a quien "hay que pedir perdón y es a ella a quien hay que escuchar y no a los representantes de los ministerios o a quienes han estudiado y escrito sobre esto". Su voz, zanja, es ahora la más importante de esta historia.

La población LGTBIQ+ no se libra del odio: el 54% del colectivo afirma haber sido víctima de algún tipo de ataque en el último año, motivado por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Así lo indica el informe Estado del Odio 2026, una investigación publicada este jueves por la Federación Estatal LGTBI+ a partir de una encuesta realizada por el centro demoscópico 40dB. "Una proporción significativa" de esta comunidad continúa "enfrentándose a incidentes motivados por prejuicio o rechazo hacia su orientación sexual, identidad o expresión de género, o por sus características sexuales". 

Los resultados de la encuesta arrojan datos alarmantes: el 22% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido algún tipo de agresión, el 36% dice haber sido víctima de acoso y el 29% convive con la discriminación, siendo las personas trans quienes en mayor proporción soportan este tipo de violencia. "Si el odio avanza, la protección debe hacerlo a pasos más agigantados, porque solo así podremos frenar la violencia que viven cada día miles de personas", ha sentenciado la presidenta de la Federación Estatal, Paula Iglesias. 

Sin embargo, advierten los autores del informe, ninguno de estos fenómenos sucede de forma aislada: "Una proporción considerable de personas declara haber experimentado múltiples formas de violencia de manera simultánea". Y un 11% asegura haber sufrido las tres situaciones de forma conjunta. "Este patrón sugiere que, para una parte significativa de las víctimas, estos episodios no constituyen hechos aislados, sino experiencias repetidas a lo largo del tiempo, siendo, además, igual de frecuentes todas las formas de violencia", en palabras de la responsable de investigación, formación y calidad de la Federación Estatal, María Rodríguez.

La violencia que sufren las personas del colectivo se produce a la vista de toda la población. La calle es el espacio que con mayor frecuencia se convierte en un escenario de odio (32%), seguido del centro de trabajo (13%), los espacios de ocio (13%) y el transporte público (9%). Pero ni siquiera los espacios que se presuponen seguros son garantía para estas personas: el 11% reporta violencia en el ámbito familiar.

El odio contra el colectivo ha encontrado, en los últimos años, expresiones más amplias gracias a la inestimable ayuda de las redes sociales. Los insultos en el entorno digital constituyen la forma más frecuente de violencia en el plano online, mencionados por el 18% de las personas encuestadas. A ello le sigue el aislamiento o rechazo (13%) y la discriminación laboral en plataformas digitales (11%). El 7% de las personas del colectivo declaran, además, haber sufrido coacciones, amenazas y sextorsión.

Instagram es la red social más señalada por las personas del colectivo (29%), seguida de X (25%), Facebook (17%) y TikTok (16%). Se trata de espacios donde "la interacción con personas desconocidas es más frecuente y los mecanismos de moderación o control social pueden ser más limitados", expresan los autores del informe.

El problema estructural que implica el odio generalizado contra el colectivo se ve alimentado por otra gran brecha: la falta de recursos a la hora de dar la voz de alarma. La inmensa mayoría de expresiones de odio son susceptibles de ser denunciadas, insiste el informe, pero el problema de la infradenuncia sigue enquistado.

El 65% de las personas encuestadas optó por no denunciar ante las autoridades, si bien entre ellas el 18% sí acudió a alguna asociación especializada. Únicamente el 35% decidió llamar a la puerta de alguna comisaría.

Las razones que disuaden a las personas del colectivo a la hora de denunciar son diversas: no conceder importancia a lo sucedido es citado por el 25%, la vergüenza disuade al 19%, mientras que el 13% sencillamente reconoce que no se le ocurrió. El 12% se instala en la normalización de la violencia al destacar que le sucede todo el rato. Sin embargo, la mayoría evita denunciar por motivos relacionados con el trato que esperan recibir: un 24% pensaba que no le iba a servir para nada y el 13% asumía que no le iban a creer. El 16% no confía en la Policía e incluso piensa que la respuesta entre las autoridades será discriminatoria.

Entre quienes denuncian, lo cierto es que las experiencias negativas prevalecen con mucho (74%) sobre las positivas (57%). Las voces recopiladas para la confección del estudio reportan que la Policía minimizó lo sucedido, hizo sentir mal a la víctima, formuló preguntas incómodas o negó la raíz LGTBIfóbica del hecho denunciado a través de sus comentarios.

Ariadna (nombre ficticio) ni siquiera se había planteado, durante buena parte de su vida, nombrarse a sí misma como víctima de violencia sexual. Sí le atravesaba la lúcida noción de que alguien con poder le había hecho un daño irreparable, condicionando hasta el extremo todos los aspectos de su día a día. Pero fue otra persona, una psicóloga especializada, quien le sostuvo la mano para decirle por primera vez que aquello que todavía le provocaba un nudo en el pecho tenía nombre: violencia sexual. Ariadna aprendió entonces a reconocer como agresor al hombre que le había abierto la puerta de su despacho siendo ella menor, sin miedo a las consecuencias que entrañaba y aun sabiendo que su relato ponía en evidencia al político posiblemente más reconocible y reconocido de la Transición: el expresidente Adolfo Suárez.

El pasado mes de diciembre dio el paso de hacer pública su historia y denunciar a su presunto agresor en los tribunales. La denuncia formal era en realidad una manera de hacerse un hueco en la conversación pública. No buscaba una condena, no le interesaba que un juez dictara sentencia, pero sí ansiaba reconocimiento y reparación. El juzgado acaba de confirmar el archivo de la causa debido a la prescripción de los delitos y el fallecimiento del denunciado, pero la víctima se siente satisfecha por el camino recorrido. Habla ahora con infoLibre, convencida de que todavía le quedan muchas puertas por abrir y segura de no volver a enterrar su relato en el silencio.

Desde el primer momento usted aseguró que decidía denunciar aun sabiendo que el recorrido penal era escaso, ¿por qué decidió dar el paso?

Porque era la única forma legal de hacer públicas mis agresiones.

¿Y por qué era importante para usted hacerlo público?

Creo que, por el perfil del agresor, esto también forma parte de la historia de este país, o debe formar parte de la historia de este país. Lo que sucedió cambia totalmente la visión y el concepto que tenemos de esa persona como personaje.

¿Se había planteado denunciar alguna vez antes?

No. Además, tardé muchísimos años en reconocerme como víctima y en reconocer los delitos. Tenía demasiado miedo para poder denunciar. Ha sido un proceso muy largo, primero he tenido que sanarme, sentirme segura y encontrar un entorno seguro que me ha dado credibilidad desde el primer momento.

¿Cuándo fue consciente de que había sido víctima de una agresión sexual?

Me di cuenta con 37 años [dos décadas después de que se produjeran las agresiones que denuncia], cuando fui a una psicóloga por primera vez a causa de una depresión. Al tratarme, salieron todos esos abusos y fue cuando ella puso nombre a mi sufrimiento. Me dijo: "Tú has sufrido violaciones". Ella fue quien me sugirió que, para cerrar esa herida, le escribiese la carta que le mandé a Adolfo Suárez en 2003, reclamándole una explicación. 

¿Le sirvió escribir esa carta?

Sí, me sirvió. Supe que por lo menos se habían enterado. Esa carta llegó, porque poco después me llamaron desde un número oculto y en aquella época era algo muy raro. Llamaron y me colgaron el teléfono. Yo supe que eran ellos.

Escribir esa carta fue un acto de reparación, pero asegura que la posterior denuncia también lo fue. ¿Por qué?

Porque al poner la denuncia he recuperado mi dignidad como persona y como mujer. Me he completado. Yo estaba muy achicada, muy encogida, y el hecho de poner la denuncia me ha dignificado. 

En su relato de lo sucedido, menciona también al entorno del expresidente, encargado de organizar las citas. ¿Cree que podrían haber hecho algo para frenar lo sucedido?

Creo que sí lo sabían, pero quizá les ha salido mejor guardar silencio que ponerse de parte de una víctima.

¿Cree que hay más víctimas?

Estoy convencida de que hay más víctimas. Él tenía mucha soltura, yo no soy la única. Estoy totalmente convencida.

Hay quien le cuestiona por el tiempo que tardó en denunciar. ¿Por qué ha necesitado 40 años?

Creo que si no eres víctima quizás sea difícil de entender. Una de las secuelas que a mí me han dejado estas agresiones ha sido la disociación. Yo he estado prácticamente 40 años disociada. Ni siquiera me parece que haya pasado tanto tiempo, sigo viendo a esa niña de 17 años. Además, tardas mucho en reconocerte como víctima, te tienen que ayudar a ponerle nombre a todo, a sanar, y el tiempo va pasando. Que yo haya denunciado ahora no significa que lo haya hecho en el mejor momento, pero lo he hecho cuando he estado preparada. Yo no me levanto un día y digo: vamos a hablar de este tema. No, ha sido porque se han dado las circunstancias personales y de mi entorno para poder hacerlo. Incluso pienso que si lo hubiera hecho hace cuatro o cinco años, con otro Ministerio de Igualdad, quizá me habrían ayudado más. 

¿No han estado el actual Gobierno y el actual Ministerio a la altura?

Yo voy a seguir insistiendo. Quiero insistir con el Ministerio de Igualdad y con el Ministerio de la Presidencia para seguir reivindicando una reparación simbólica, igual que se ha hecho con otras víctimas, como sucede con la Iglesia y respecto a agresores ya fallecidos. ¿Qué diferencia hay entre esas víctimas y yo?

¿Cómo ha pesado sobre usted lo sucedido a lo largo de estos 40 años?

Ha interferido en todo. A partir de la primera agresión sexual, yo empecé a tener trastornos psicológicos de todo tipo, tuve un trastorno de tricotilomanía, empecé a disociarme continuamente, a perder la memoria, a tener problemas de concentración, a padecer estrés postraumático, muchísimos miedos, inseguridad, baja autoestima y muchos problemas para relacionarme. Cuando comencé a trabajar, tuve intensos problemas de bajo rendimiento, sin entender por qué. En mis relaciones personales he seguido sufriendo mucha violencia. Porque si no sanas, sigues sufriendo violencia. Hace diez años empecé con una terapia muy buena, en un servicio de la Comunidad de Madrid, y fue a partir de ahí cuando empecé a sanar de verdad, a procesarlo todo y a poder hablar de ello sin dolor. Porque yo antes ni siquiera podía hablar, no podía pronunciar el nombre de este señor. 

¿Ha sentido apoyo social, mediático e institucional?

Yo tengo un círculo que me apoya, me da credibilidad y nunca me ha juzgado. La verdad es que solo hablo de este tema en sitios en los que me siento segura. A nivel social, hay una parte muy importante que está conmigo y que no pone en duda lo que yo he denunciado, eso es muy importante. Sé que otra parte de la sociedad dice lo contrario, pero no les he hecho mucho caso. Me aconsejaron que no mirase las redes sociales y eso es lo que he hecho. Institucionalmente, creo que se podría haber hecho más, pero todavía no tengo las puertas cerradas, así que voy a seguir insistiendo.

¿Qué siente cuando tiene que coger un avión en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas?

No lo cojo. Desde 2014 solo he cogido dos aviones, lo evito totalmente, y si viene gente tampoco voy a buscarles al aeropuerto. No puedo, me revictimiza mucho escuchar su nombre. 

Además del aeropuerto, señala la serie Anatomía de un instante como un elemento de revictimización.

Sí, la serie me parece un paripé y una mentira, en línea de lo que siempre nos han contado. No la he visto, ni la quiero ver.

La jueza ha decidido archivar la causa. ¿Le gustaría haber podido declarar?

Declarar en sede judicial habría sido bastante sanador para mí. El procedimiento judicial ha sido breve, como se preveía, pero me alegro muchísimo de haber puesto la denuncia. Ha sido muy reparador y muy sanador para mí. El primer auto de archivo me produjo muchas satisfacciones al ver tipificadas como delictivas las conductas que yo había denunciado. Se citaban como delitos de agresión y abuso. Y el segundo auto de archivo era lo esperado, aunque nunca he perdido la esperanza de que se me recibiese en sede judicial. En mi opinión, tiene poco fundamento lógico material decir que, por diligencia debida y el deber de practicar solo actos eficaces, se deniega la única diligencia de investigación solicitada por quien precisa esa reparación. Creo que se ha hecho una interpretación muy estrecha del Código Penal, las leyes y la jurisprudencia, porque aunque los actos están prescritos, yo tengo derecho a ser escuchada. 

El auto de hecho sugiere otras vías de reparación, fuera de la jurisdicción penal. ¿Ha pensado en otras formas de reclamar su derecho a ser escuchada?

Dentro de la vía judicial, no. No voy a apelar más. Pero voy a tocar las puertas de las instituciones y del Gobierno. El 7 de enero, cuando me reuní con Igualdad, la ministra me recibió en su despacho y me dijo que había que separar al personaje de la obra. Me puso el ejemplo de Picasso y el Guernica. Pero ni el aeropuerto ni la serie son obra de Adolfo Suárez, son actos políticos póstumos. Y precisamente por eso tendrían que poder retirar esos reconocimientos.

A día de hoy, ha vuelto a tratar el asunto en recursos especializados y participa en redes de mujeres. ¿Siente que su dolor se ha aliviado en parte?

Por supuesto. Todos estos pasos que estoy dando y todos los avances que estoy consiguiendo, si no tuviese la red de apoyo que tengo, no habrían sido posibles, ni estaría ahora donde estoy. He vuelto al espacio de Igualdad de María Telo y mi intención es moverme en espacios pequeños y seguros, donde yo sienta que no corro peligro, para ir contando mi historia y ayudar a otras personas. Porque el silencio mata y yo necesito contarlo.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como crimen machista el asesinato de una mujer de 64 años este lunes en Córdoba, tras ser apuñalada presuntamente a manos de su expareja, que había sido denunciado recientemente por la víctima por violencia de género.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, a la espera de confirmación del caso de otra mujer fallecida en Pamplona tras precipitarse desde la ventana de un tercer piso.

Tulia Ester murió presuntamente a manos de su expareja, de 65 años, el mismo día en el estaban citados en el juzgado. Contra el presunto agresor, que está a la espera de pasar ante la autoridad judicial, existían antecedentes en VioGén y la víctima le había denunciado recientemente, por lo que había sido detenido el pasado 11 de abril con anterioridad al asesinato.

En ese incidente ocurrido en la vivienda de la mujer, según consta en la denuncia, su expareja entró armado con un martillo y le destrozó el equipo de música, tras lo que la habría cogido por el pecho y la habría amenazado con destrozarle la vivienda. Por estos hechos, el hombre fue detenido y pasó ese mismo sábado a disposición de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, que acordó su puesta en libertad provisional y la adopción de la medida cautelar que fue solicitada por las partes.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado en un comunicado su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Han pedido, además, "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por asesinar a una mujer con un arma blanca en Córdoba, después de haberse atrincherado en su vivienda tras cometer el presunto asesinato, según informa EFE. El crimen ha tenido lugar el lunes a las nueve de la mañana en el Pasaje Virgen de Luna.

Los agentes policiales y los bomberos se han desplazado allí porque el hombre se había atrincherado en casa y había llenado de gas el portal del edificio, tras el crimen.

Finalmente, han sido los bomberos los que han logrado entrar en la vivienda y, una vez dentro, han comprobado que la mujer se encontraba fallecida por heridas de arma blanca, por lo que los agentes de la Policía Nacional han detenido de inmediato al hombre como presunto autor del asesinato.

Según las fuentes, el hombre detenido y a la mujer, que era su expareja, convivían en el mismo bloque del edificio y en plantas consecutivas a pesar de que el presunto asesino ya contaba con una orden de alejamiento y ambos estaban citados este lunes en el juzgado por un episodio de violencia de género ocurrido durante este fin de semana. Concretamente, el hombre fue detenido el pasado sábado por agredir a la mujer, pero tras pasar a disposición judicial quedó en libertad con medidas cautelares.

La mujer asesinada constaba en el Sistema VioGén y la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que está recabando datos de este asesinato por un posible caso de violencia de género

De confirmarse la naturaleza machista del asesinato, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La Policía Municipal de Pamplona investiga la muerte de una mujer de 37 años de edad que se ha precipitado desde una tercera planta en el barrio de San Jorge de Pamplona en la madrugada de este domingo cuando se intentaba descolgar por una ventana con unas prendas de ropa. Un varón de 34 años, con el que la mujer había mantenido una relación sentimental, ha sido detenido por quebrantar una medida cautelar de alejamiento por violencia de género.

El fallecimiento se ha producido en torno a las 4:30 horas de la madrugada en el domicilio en el que vivía la fallecida junto a más personas.

Según han indicado varios vecinos a Diario de Navarra, se escucharon gritos por parte del detenido y de la víctima, que, según han contado, fueron pareja. Esa discusión ha proseguido ya en el interior de la casa, con gritos y llantos, hasta que la víctima ha comenzado a descolgarse por la ventana de la cocina con unas prendas de ropa anudadas hasta el segundo piso, altura desde la que se ha caído. Hasta el lugar se ha desplazado personal sanitario que no ha podido hacer nada por salvar su vida.

Agentes de la Policía Municipal se han trasladado al domicilio en el que han ocurrido los hechos y han procedido a la detención de un varón al que se le imputa un delito de quebrantamiento de una medida cautelar de alejamiento, derivada de una denuncia por malos tratos interpuesta por la víctima en 2025.

El cuerpo de la mujer fallecida ha sido trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLyCF) para realizarle la autopsia, mientras que la Policía Municipal ha asumido la investigación de los hechos.

Febrero de 2025. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se dirige a las principales entidades LGTBIQ+ de su país. Lo hace para lanzarles una advertencia: que no pierdan el tiempo en organizar el próximo Orgullo. Sus palabras no eran sino una amenaza velada, la guinda de una ofensiva contra el colectivo macerada a lo largo de todo su mandato y puesta en práctica con fervor en el último lustro. Aquel ataque directo se transformaría enseguida en una prohibición explícita, pero se topó con algo que no figuraba en los planes del mandatario: la oposición en las calles de todo el mundo. Orbán no se saldría finalmente con la suya, pero sus políticas han generado un daño irreparable para los derechos del colectivo, las mujeres y las personas migrantes. La cita electoral de este domingo obliga a no apartar la mirada de un país que se ha convertido en punta de lanza de la ofensiva reaccionaria en suelo europeo. ¿Es posible revertir los retrocesos y recuperar el rumbo?

"El Gobierno de Hungría ha promovido medidas anti-LGTBIQ+ como parte de una estrategia más amplia de política cultural nacionalista", introduce Dóra Sós, portavoz de la organización húngara Háttér Society. El partido gobernante, continúa la activista, moviliza a su base principal presentando a las personas LGTBIQ+ y la llamada "ideología de género" como una "amenaza para los niños y las familias tradicionales, frente a la cual solo ellos pueden proteger el tejido de una sociedad húngara basada en familias tradicionales". 

Lo cierto es que si existe un lugar que ostenta el dudoso privilegio de alzarse como la cuna de la retórica ultra, ese sitio es la Hungría de Viktor Orbán. El primer ministro sembró con sus políticas reaccionarias lo que pronto se convertiría en un ataque sin paliativos contra los derechos del colectivo, elogiado por sus homólogos europeos y replicado globalmente. Con ese telón de fondo, no parece sencillo reparar las heridas provocadas por las políticas del líder ultra, pero además los comicios de este domingo tampoco ofrecen una alternativa clara hacia un cambio sustantivo. 

El principal opositor y líder en las encuestas, Péter Magyar (Tisza), tiene una posición deliberadamente tibia en lo que respecta a los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+. No condena explícitamente las políticas del actual primer ministro, pero tampoco las respalda. Ninguna propuesta, ni iniciativas concretas, ni una hoja de ruta clara. Sencillamente, las políticas de igualdad no están entre sus prioridades. 

"Su compromiso con los derechos LGTBIQ+ sigue sin estar claro", asiente la activista húngara. Pero además, añade, incluso en caso de un cambio de poder, "las arraigadas barreras institucionales hacen que cualquier restablecimiento significativo de los derechos probablemente sea gradual y esté lejos de estar garantizado". Los activistas sí confían, en cambio, en un empuje a golpe de tribunales. "Tisza se ha comprometido a restablecer el Estado de derecho, así que es probable que no se cuestione el cumplimiento de las sentencias dictadas por Europa".

Es hacia Europa, precisamente, hacia donde miran todos los ojos. "Para acceder a los fondos europeos –actualmente congelados–, es necesario que se pongan en marcha cambios legales", recuerda Esther Martínez, directora de la asociación Reclaim, con sede en Bruselas. La duda radica en el nivel de exigencia por parte de las instituciones europeas: "El riesgo está en conformarse con un cambio en el poder y premiar a Péter Magyar con un acceso a los fondos, antes de que lleve a cabo los cambios".

En este artículo, el analista político Eric Maurice sostiene que, si finalmente Viktor Orbán sale del poder, la Unión Europea se enfrenta al dilema de cómo apoyar una necesaria transición democrática. "Si bien la UE ha desarrollado herramientas para sancionar el retroceso democrático, carece de un marco claro para apoyar y garantizar la recuperación", escribe. No basta con aplaudir un cambio de liderazgo, sino que se hace necesario vigilar cómo se expresa ese relevo desde un punto de vista material y normativo.

Luca Dudits, responsable de incidencia política de la organización ILGA-Europe, recuerda que la Unión Europea "tardó en actuar cuando se introdujeron las primeras medidas" antiderechos, y la situación "se ha deteriorado desde entonces". Por ese motivo, coincide en que las instituciones europeas "no deben repetir ese patrón y tienen que utilizar todas las herramientas disponibles, incluidos los procedimientos de infracción y las medidas provisionales, cuando los derechos fundamentales estén en peligro".

¿Y cuáles son esas leyes e iniciativas que han puesto en peligro a la ciudadanía húngara? "El modus operandi del Gobierno consiste en señalar a un grupo cuyo apoyo social es relativamente bajo, convertirlo en chivo expiatorio y estigmatizarlo", expone Dóra Sós. Esta táctica busca la polarización, asentando la narrativa del "nosotros contra ellos". Esta dinámica "legitima medidas más duras y un control centralizado más estricto" contra los miembros del grupo "señalado como enemigo", a quienes se les presenta como "una amenaza para la soberanía de Hungría". Comenzó, recuerda la activista húngara, con las personas migrantes allá por 2015, al calor de la crisis migratoria, y se desplazó "hacia la comunidad LGTBIQ+ a partir de 2018 aproximadamente".

En el año 2020 saltó por los aires el reconocimiento legal de las personas trans y quedó prohibida la adopción para parejas del mismo género. Un año después, el Gobierno de Hungría aprobó una ley bajo el pretexto de proteger a los menores, cuyo articulado censura la divulgación o representación de las realidades LGTBIQ+ ante personas menores de edad. La ley afecta a medios de comunicación, publicidad, escuelas y parte de una base: la equiparación del colectivo con la pedofilia. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene pendiente emitir una sentencia sobre esta norma, después de que 16 Estados miembros, el Parlamento y la Comisión Europea la llevaran ante la justicia. Por el momento, la abogada general del tribunal, Tamara Ćapeta, expresó el verano pasado que, en su opinión, el país había vulnerado el Derecho de la Unión Europea. 

Orbán también ha estrechado el cerco alrededor de los derechos reproductivos de las mujeres, una ofensiva ligada a un espíritu natalista de sus políticas y a la defensa de la familia tradicional como epicentro. En la Constitución que Hungría aprobó en 2011 –llamada Ley Fundamental–, el líder blindó la protección de "la vida fetal desde la concepción", una declaración de intenciones de su ideario ultra. En 2022 aprobó un decreto que obliga a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo, inspirando a la extrema derecha de todo el mundo.

Hungría se negó a ratificar el Convenio de Estambul, el principal instrumento a nivel europeo de compromiso contra la violencia machista. Y según el último Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo por la Igualdad de Género (EIGE), el país está en el penúltimo puesto en materia de igualdad. 

Buena parte de los cambios para revertir esas políticas, en todo caso, requerirían amplios consensos en el plano político. "La modificación de la Ley Fundamental o la ley de protección a la familia necesitaría una mayoría de dos tercios en el Parlamento", recuerda Dóra Sós. E incluso aquellas leyes que podrían derogarse por mayoría simple deben llevar aparejada una "voluntad política que hasta ahora no hemos visto de forma inequívoca, o que exigirían una legislación compleja". El camino, sea cual sea el resultado del domingo, parece largo todavía.

Especialmente porque no se trata únicamente de cambios legislativos, sino de reconstruir todo un país arrasado por el odio, una sociedad en la que han permeado los discursos difundidos por el altavoz institucional de la extrema derecha.

"En la última década, el sentimiento anti-LGTBIQ+ ha ido en aumento", lamenta Luca Dudits. La administración de Viktor Orbán "ha demostrado que instrumentalizar a las minorías sociales sigue siendo una estrategia política conveniente, utilizada a menudo para desviar la atención de los retos económicos, los escándalos políticos o cuestiones sistémicas como la sanidad o la educación", continúa. Y desde entonces, políticos de todo el mundo "han adoptado tácticas similares, a veces junto con ataques más amplios contra los derechos sexuales y reproductivos y restricciones en los sistemas de asilo y migración". Pero además, Orbán ha sido capaz de tejer toda una red de organizaciones, fundaciones y lobbies financiados con dinero público para exportar su agenda autoritaria.

Se trata de estrategias que tienen un impacto, contribuyen a "crear un entorno hostil" y aumentan "el riesgo de discriminación y violencia". Frente a ello, las organizaciones de la sociedad civil "colaboran cada vez más para reconstruir la cultura democrática y hacer frente a la normalización del discurso del odio", asiente la portavoz de ILGA-Europe. Y ahí es donde sitúa la clave de cara a la construcción de un nuevo escenario esperanzador: "Este tipo de solidaridad entre movimientos es esencial para restablecer la confianza en las instituciones y reforzar la resiliencia democrática".

Coincide Marta Alonso, miembro de la ejecutiva de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), quien equipara las tareas de reparación con el periodo de transición en suelo español tras la dictadura franquista. "Una ley se puede modificar rápido, pero el cambio social requiere de un trabajo de fondo, planificado y a largo plazo", afirma al otro lado del teléfono. Eso sí, recuerda, en Hungría las activistas y organizaciones sociales tienen especialmente difícil hacer pedagogía, debido a la persecución impuesta a golpe de ley, así que el primer paso es necesariamente desarticular toda esa estructura institucional construida sobre las bases del discurso de odio. "Si se levantan esas restricciones, al menos tendríamos por dónde empezar", clama.

El Gobierno se mantiene firme en su propósito de blindar el aborto como un derecho constitucional. El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta un proyecto de reforma para introducir un nuevo precepto a la Constitución: "Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio". 

España no camina sola en su voluntad de alzarse como vanguardia global en la defensa del aborto, sino que tiene un espejo en el que mirarse. Francia aprobó, hace ahora dos años, incorporar la interrupción voluntaria del embarazo en su Constitución de 1958. Lo hizo gracias al consenso social y con un objetivo claro: contener la ofensiva reaccionaria que entonces comenzaba a consolidarse a nivel internacional.

Una ola regresiva que pone en la diana, principalmente, a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La mecha que dio lugar a la iniciativa francesa no prendió en el país galo, sino a miles de kilómetros. En junio de 2022, la Corte Suprema estadounidense anulaba la sentencia Roe contra Wade, dictada hace cinco décadas y consagrada como la principal herramienta para garantizar el acceso al aborto. La decisión de los jueces hizo saltar las alarmas en todo el mundo. También en España: Carmen Calvo fue una de las primeras voces que a nivel público deslizaron la posibilidad de modificar la Constitución, una idea que ha ido tomando forma en los últimos años, hasta aterrizar este martes en el Consejo de Ministros.

Y en el país vecino, la reacción fue similar. La situación actual "exige tomar medidas en Francia" para no tener que pasar por "los retrocesos que puedan existir", expresó en junio de hace cuatro años la diputada Aurore Bergé, presidenta del grupo La República en Marcha, el partido de Emmanuel Macron. Su formación anunciaba entonces una propuesta de ley para "incluir el respeto al aborto" en su Constitución.

Algo menos de dos años después, Francia se convirtió en el primer país en dar el paso. El artículo 34 de la Constitución francesa así lo recoge: "La ley determina las condiciones en las que se ejerce la libertad garantizada a la mujer de recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo". El encaje constitucional tuvo un impacto fundamentalmente simbólico: si bien quedó reforzada la protección del aborto, las condiciones concretas para ejercerlo dependen exclusivamente de la legislación ordinaria. Al contrario de lo que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez, el ejemplo francés se limita a blindar la libertad de las mujeres para abortar, pero evita entrar en detalles respecto a la prestación. 

Y las condiciones, dos años después, siguen presentando importantes deficiencias. El informe IVG: una ‘libertad garantizada’, pero un acceso frágil, publicado en octubre de 2024 por el Senado, ya advertía de que la garantía del acceso al aborto requiere de más pasos que su consagración constitucional, especialmente enfocados en paliar las diferencias territoriales, los desplazamientos forzosos y la desinformación.

En septiembre del año pasado, las estadísticas oficiales recogieron un total de 251.270 interrupciones del embarazo a lo largo de 2024 en Francia, pero el análisis de los datos permite afirmar que "persisten las disparidades territoriales", con tasas de acceso superiores en los territorios de ultramar en comparación con las áreas metropolitanas. Las diferencias desde un punto de vista geográfico propician, no en pocas ocasiones, el desplazamiento de aquellas mujeres que ven limitado su derecho. La presidenta de la Asociación Francesa de Planificación Familiar, Sarah Durocher, advierte en declaraciones a Le Parisien que a día de hoy "las mujeres se ven obligadas a viajar a un departamento distinto al suyo para abortar". Todo ello, a pesar del blindaje constitucional.

No es muy distinto a lo que sucede en suelo español. El último informe del Ministerio de Sanidad recoge un total de doce provincias –Jaén, Huesca, Teruel, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Soria, Segovia, Ávila, Palencia, Zamora y Cáceres– que no notificaron ni un solo aborto en 2024. Y, sin embargo, según los datos recogidos por el Ministerio, un total de 4.636 mujeres residentes en esas provincias sí abortaron ese año, por lo que tuvieron que desplazarse para hacerlo en otro territorio. En la última década, decenas de miles de mujeres se vieron obligadas a traspasar las fronteras de su provincia para poder abortar.

La investigadora Alexandra Pugh, experta en estudios franceses y de género, subraya en un artículo publicado en agosto del año pasado que, a pesar de la victoria simbólica que supuso constitucionalizar el aborto como una libertad fundamental, la realidad material de las mujeres que desean ejercer sus derechos reproductivos no da pie a celebraciones. La reforma constitucional, recuerda, no garantiza por sí sola mejoras prácticas, así que las grietas siguen bien presentes. 

"El acceso al aborto no se respeta de manera equitativa", escribe la autora, quien recuerda a renglón seguido que "una de cada cuatro personas tiene que salir de su departamento para abortar y, entre las que abortan en un centro sanitario, más de la mitad tiene que esperar siete días para conseguir una cita". El 54% de las mujeres que deciden abortar, según los datos oficiales, asumen un tiempo de espera superior a una semana para ser atendidas. 

En Francia, concluye la investigadora, "existe una gran disparidad entre la idea, respaldada por el Estado, de que las mujeres tienen un derecho firme y sin trabas a decidir, y la realidad de la desigualdad en el acceso a la atención reproductiva".

Una desigualdad estructural que impacta especialmente entre las mujeres más vulnerables. "El límite gestacional en Francia [catorce semanas] provoca que muchas personas se vean obligadas a viajar al extranjero", recoge el informe de Amnistía Internacional Cuando los derechos no son reales para todos: la lucha por el acceso al aborto en Europa. A España llegan cada año unas 1.500 mujeres de otros países europeos para poder acceder a la interrupción del embarazo y las francesas son precisamente las que con mayor frecuencia se desplazan, por detrás de las portuguesas, con este propósito. También al Reino Unido, tal y como explica Camille Kumar, directora general de la organización inglesa Abortion Support Network: "Los límites gestacionales son barreras arbitrarias que afectan sobre todo a las personas vulnerables".

Algunas de las mujeres procedentes de suelo francés, prosigue la experta en declaraciones recogidas en el citado informe, se encuentran atravesadas por situaciones complejas, como contextos migratorios, violencia machista, consumo de sustancias o sinhogarismo. Más similitudes con la situación en España: en nuestro país, ocho comunidades incumplen la ley al obstaculizar la atención gratuita a mujeres migrantes que deciden abortar.

A todos estos obstáculos les sigue el estigma. Una encuesta efectuada por Planificación Familiar en 2024 concluye que el 41% de las mujeres que habían abortado recientemente afirmaron sentir que el aborto seguía siendo considerado como un tabú, mientras que el 63% expresó temor ante la posibilidad de ser juzgadas por su entorno o por los profesionales sanitarios. Precisamente con el fin de combatir el estigma, el colegio francés de profesionales de la ginecología y obstetricia reclamó, en junio del año pasado, suprimir la cláusula de conciencia al aborto, si bien la objeción no constituye un debate tan candente como sucede en la política nacional.

La experiencia francesa sugiere que no basta con blindar constitucionalmente el aborto para enyesar las grietas preexistentes, si bien hacerlo es una declaración de intenciones a la hora de contener la ola reaccionaria que amenaza globalmente a las mujeres. A finales del pasado mes de marzo, Luxemburgo decidió seguir los pasos de Francia e incluir el aborto en su Constitución. Si las pretensiones del Gobierno se cumplen, España se convertirá en el tercer país en hacerlo. Más allá del mensaje en un plano simbólico, los efectos reales solo podrán evaluarse con el tiempo.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Viveiro ha ordenado la reapertura de la causa en la que 87 mujeres denunciaron haber sido grabadas con cámaras ocultas mientras orinaban en la vía pública. Los hechos, ocurridos durante la fiesta de A Maruxaina, en agosto de 2019 en San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo), incluyen la posterior subida de estas imágenes a páginas webs pornográficas, informa EFE.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha informado en un comunicado de que la jueza instructora ha aplicado, de esta forma, "la reciente interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el cómputo de plazos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la cual permite la práctica de diligencias en los 12 meses siguientes a la identificación de un nuevo investigado”. Precisa, asimismo, que la sentencia del Tribunal Supremo fue dictada en el tiempo transcurrido entre el auto de sobreseimiento provisional del caso, de fecha 14 de enero de 2026, y el momento en el que se ordena la reapertura.

El Tribunal de Instancia de Viveiro, tras analizar la ausencia de indicios de criminalidad contra el único investigado hasta el momento, acuerda la firmeza del sobreseimiento respecto a él, pero ordena la reapertura de la causa con el objetivo de investigar a otra persona identificada a partir de un informe técnico.

En consecuencia, decreta la práctica de diversas diligencias para esclarecer la participación de este nuevo investigado en los hechos y requiere a las partes que propongan las diligencias adicionales que consideren necesarias. La resolución no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de apelación.

La Policía Nacional ha detenido este martes en Las Palmas de Gran Canaria a un médico cuando salía de su domicilio por supuestamente agredir sexualmente a diez mujeres que atendía en su consulta de Telde, y que ya había sido arrestado por hechos similares en febrero, e incluso condenado en el pasado.

Fuentes del gabinete de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Canarias han informado de que el detenido pasará este miércoles a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha sido el que ha ordenado su detención, según la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Según fuentes cercanas al caso, el facultativo, de 37 años, ha sido arrestado por esta nuevas agresiones sexuales y por delitos contra la intimidad.

El detenido ya no forma parte del personal médico con cargo al Servicio Canario de la Salud, sino que se dedicaba a sus tareas en una consulta privada, han precisado fuentes de la Consejería de Sanidad.

Cuando fue detenido el pasado 3 de febrero por supuestamente agredir sexualmente de dos pacientes, se le impuso como medida cautelar una orden de alejamiento de las dos víctimas, han indicado fuentes cercanas al caso.

Además de la detención del facultativo, la Policía ha practicado un registro de su domicilio en la capital grancanaria donde se han incautado dispositivos electrónicos, han señalado las fuentes policiales.

En febrero, las dos víctimas relataron haber sufrido tocamientos y comportamientos de índole sexual durante las consultas médicas de urgencias.

La investigación entonces reveló que el detenido, presuntamente, se aprovechaba de su condición de facultativo y de la situación de vulnerabilidad de las pacientes para cometer estos hechos.

El Ministerio de Igualdad ha realizado actuaciones contra otras tres cofradías y hermandades para que rectifiquen su exclusión a mujeres a que participen en la celebración de la Semana Santa de sus municipios, al igual que ocurrió en Sagunto (Valencia), según informe Efe.

A través del Instituto de las Mujeres, fuentes del departamento que dirige Ana Redondo han trasladado que se ha detectado el veto a mujeres por parte de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y la Cofradía del Santo Sepulcro de Aguilar de la Frontera, ambas en Córdoba y la Cofradía del Silencio, en Albacete; además de la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto.

El Ministerio de Igualdad ha enviado a todas ellas un oficio, tanto a las cofradías como a los ayuntamientos, por dificultar el acceso a las mujeres en la participación de la Semana Santa de sus municipios.

En el caso de Córdoba, se han iniciado actuaciones tras identificar una posible conducta discriminatoria por parte de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y del Santísimo Cristo de la Clemencia, por impedir la participación de mujeres como costaleras.

En Aguilar de la Frontera (Córdoba), se ha detectado una posible discriminación por razón de sexo por parte de la Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo en su Santo Sepulcro, por limitar el acceso a doce mujeres, y reducir su participación "a un carácter meramente simbólico", han subrayado fuentes del Ministerio.

Asimismo, según se informa, las mujeres no pueden formar parte del núcleo principal de esta hermandad ni acceder a los mismos derechos de participación que los hombres.

En el caso de Albacete, se ha remitido desde el Instituto de la Mujer a la Cofradía del Silencio y Santo Vía Crucis una queja de una posible conducta discriminatoria por establecer como requisito una altura mínima de 1,70 metros para ser costalero, lo que impediría a mujeres a participar en igualdad de condiciones.

En Sagunto, Igualdad ya entregado a la Fiscalía un informe contra la exclusión a que las mujeres entren en su cofradía para que valore si puede actuar de oficio por una posible discriminación por razón de sexo.

En 2025 el Instituto de las Mujeres también actuó enviando un oficio a la cofradía y al Ayuntamiento de Valera de Abajo (Cuenca) por la fiesta de Moros y Cristianos.

Además, en 2024 se envió un oficio a la Cofradía Marraja de Cartagena (Murcia) y al Ayuntamiento de Cartagena y, sobre este caso, se preparan oficios para solicitar al Defensor del Pueblo información sobre la situación del expediente.