La Guardia Civil investiga como posible crimen machista la muerte de una mujer de 45 años hallada este martes con signos de violencia en una vivienda de Benahavís (Málaga). La víctima presentaba un corte en el cuello provocado por un arma blanca y estaba registrada en el sistema de seguimiento VioGén, aunque su caso se encontraba inactivo. Los agentes buscan a un hombre que habría escapado de la zona después del crimen.

El Ministerio de Igualdad todavía no ha confirmado este caso como violencia de género. Sí ha ratificado los asesinatos ocurridos en las últimas horas en Antequera (Málaga) y Alameda de la Sagra (Toledo), que elevan a 31 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2026 y a 1.372 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas, en 2003.

En Antequera, una mujer de 29 años fue hallada muerta el lunes con lesiones de arma blanca en una vivienda. Según las primeras investigaciones, fue asesinada por su expareja, que se suicidó después de cometer el crimen. La víctima tenía dos hijos menores de edad y existían denuncias previas contra el presunto agresor.

Con este asesinato, Andalucía acumula nueve víctimas mortales por violencia de género en 2026 y se convierte en la comunidad autónoma con más crímenes machistas. El de Antequera es, además, el cuarto asesinato ocurrido en la provincia de Málaga durante el mes de julio, a la espera de que se esclarezca el caso de Benahavís.

El otro crimen confirmado ocurrió el martes en Alameda de la Sagra (Toledo). Una mujer de 45 años fue asesinada con un arma blanca presuntamente por su pareja, un hombre de 48 años que fue detenido por la Guardia Civil. La víctima tenía un hijo menor de edad y tres hijos mayores. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

A estos casos se suma el asesinato de Aicha, una mujer de 31 años que falleció el pasado 17 de julio tras permanecer hospitalizada durante casi seis meses. La joven había sufrido quemaduras graves en el 50% de su cuerpo después de ser rociada con un líquido inflamable y prendida fuego el pasado febrero en Sevilla la Nueva (Madrid), presuntamente por orden de su marido.

Aicha tenía un hijo y dos hijas menores de edad y tampoco existían denuncias previas contra el presunto agresor. Su muerte y los crímenes de Antequera y Alameda de la Sagra forman parte de un repunte que ha vuelto a activar todas las alarmas. Desde el pasado 31 de mayo, nueve mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.

La cifra registrada este año supera ampliamente la de ejercicios anteriores. En estas mismas fechas de 2025 se habían contabilizado 22 asesinatos machistas. Hay que remontarse a 2019, cuando se habían confirmado 37 crímenes, para encontrar un balance peor a estas alturas del año.

En lo que va de año, 20 menores han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia machista. Desde que comenzaron a contabilizarse estos casos en 2013, la cifra asciende a 530.

La autopsia practicada a la mujer de 56 años hallada muerta el lunes por la noche en su domicilio de Almoradí (Alicante) ha descartado que se trate de un asesinato machista.

El examen forense ha concluido que la mujer falleció por causas naturales. Su marido, detenido inicialmente mientras se investigaban las circunstancias de la muerte, ha sido puesto en libertad. El hombre ya había sido arrestado en 2008 por una denuncia presentada por la fallecida.

Ante el repunte de asesinatos, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha convocado para el próximo martes 28 de julio un comité de crisis. Este mecanismo institucional se activa cuando se produce una concentración de asesinatos machistas o cuando concurren circunstancias de especial relevancia en alguno de los casos.

La última reunión de este tipo se celebró el 21 de mayo, después de que cinco mujeres fueran asesinadas durante ese mes. En esta ocasión, el comité analizará los últimos crímenes y las circunstancias que rodeaban a las víctimas, entre ellas la existencia de denuncias o antecedentes en el sistema VioGén.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha advertido de que los periodos vacacionales son “especialmente duros y cruentos” por el aumento de la convivencia con los agresores y la ruptura de las rutinas habituales.

Martínez Perza ha pedido también la implicación de familiares, amistades, vecinos y compañeros de trabajo. “Cualquiera podemos estar al lado de esa víctima, acompañarla, que no se sienta sola y así haremos siempre más difícil que el maltratador actúe”, ha señalado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su “más absoluta condena” y su “rotundo rechazo” ante los últimos feminicidios y ha trasladado su apoyo a los familiares y amistades de las víctimas.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado que la violencia de género continúa siendo una “lacra” que no puede normalizarse ni aceptarse “bajo ningún concepto”. “Ante esta barbarie, solo cabe una respuesta: la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad”, ha declarado tras el Consejo de Ministros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha trasladado su solidaridad a los familiares y amigos de las mujeres asesinadas en Madrid, Málaga y Toledo. “Estamos ante una tragedia insoportable que nos golpea como sociedad y que no podemos normalizar ni aceptar”, ha escrito en la red social X.

Sánchez ha reclamado “más unidad, firmeza y compromiso de toda la sociedad” y ha insistido en que erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva. El presidente ha recordado además que tanto las víctimas como quienes conozcan algún caso pueden recurrir al teléfono 016: “Denuncia. No estás sola”.

Aicha fue asesinada por orden de su marido el pasado febrero al ser rociada con un líquido inflamable y prendida fuego. La joven pasó seis meses agonizando, pero perdió la vida el pasado viernes. El Ministerio de Igualdad acaba de confirmarla como víctima oficial de violencia machista.

El crimen ocurrió en la localidad de Sevilla la Nueva (Madrid). La mujer de 31 años y nacionalidad marroquí falleció el pasado 17 de julio tras permanecer hospitalizada con quemaduras graves en el 50% de su cuerpo desde hacía casi seis meses. La víctima tenía un hijo y dos hijas menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Este lunes fue hallada muerta una mujer de 29 años, con lesiones de arma blanca, en una vivienda de Antequera (Málaga). La víctima fue asesinada por su expareja, un hombre que se suicidó después de cometer el crimen, según fuentes de la investigación. La joven, también confirmada como víctima oficial, deja dos hijos de cuatro y siete años.

Igualmente entra en la estadística el feminicidio cometido este martes en la localidad toledana de Alameda de la Sagra. Una mujer ha sido asesinada a manos de su pareja, un hombre de 48 años que fue detenido. La mujer tenía un hijo menor de edad y tres mayores. Con esta última, la cifra de los crímenes mortales asciende a 31 en lo que va de año.

Más allá de los casos oficiales, la tarde del martes fue hallada muerta en Benahavís (Málaga) una mujer con signos de violencia. La víctima mortal de 45 años estaba registrada en el sistema de seguimiento VioGén, pero su caso se encontraba inactivo. Las autoridades buscan a un hombre que escapó de la zona tras el crimen.

Además, el viernes fue detenido un varón de 25 años tras agredir a su pareja en un campin de Guardamar del Segura (Alicante) y darse a la fuga. El hombre fue interceptado y arrestado poco después por la policía.

El sábado, los Mossos d'Esquadra iniciaron la búsqueda de un hombre sobre el que pesa una orden de alejamiento por violencia machista que provocó un incendio en la casa de su hijo y su expareja en una urbanización de Tossa de Mar (Girona). El agresor había sido detenido días antes por la policía catalana por violencia machista y, tras prender fuego a la casa, huyó en una motocicleta por una zona boscosa de la localidad. La expareja y el hijo del hombre lo vieron acercarse a la casa, por lo que se refugiaron en la de un vecino, a la que el agresor intentó también acceder.

Febrero de 2025. La escritora feminista Cristina Fallarás publica en sus redes sociales el testimonio de una mujer anónima. La autora de la publicación habla de un "copywriter, mayor referente ahora mismo en España, muy macarra" y relata que este hombre, cuyo nombre no se menciona en ningún momento, la "acosó sexualmente", la "engañó, manipuló, chantajeó" y "presionó para que accediera a ser su amante". 

Más de un año después, la periodista y divulgadora se ve obligada a pisar los tribunales en respuesta a una demanda interpuesta por Israel Bravo. Él es copywriter –algo así como un redactor publicitario–, se considera el mejor en su ámbito y cree que hay razones para pensar que el relato de aquella mujer lleva su nombre. Así que ha decidido demandar a Cristina Fallarás, a quien exige una indemnización que asciende a 20.000 euros, por entender que ha vulnerado su honor.

En realidad, la denuncia contra la feminista no es un fenómeno aislado. No son pocos los individuos y organizaciones que han decidido llevar a voces del movimiento feminista ante la justicia, con un fin muy claro: poner coto a la divulgación del mensaje feminista y silenciar a las cientos de miles de mujeres decididas a narrar sus violencias. 

¿Pero quiénes son esos sujetos? Israel Bravo (1977) reside en Andorra –un refugio fiscal por la reducida tributación que ofrece con respecto a España– porque le "sale de los cojones", según él mismo afirma. "Esto lo digo para los podemitas, los envidiosos, los casposos y los medios subvencionados y babosos del estado", escribe él mismo en su página web. Cosecha 26.400 seguidores en Instagram, aunque no cuenta con ninguna publicación en la red social. En realidad, tal y como él mismo admite en diversas entrevistas, su trabajo lo canaliza a través del correo electrónico, con una bolsa de hasta 60.000 suscripciones. También cuenta con una membresía llamada Me la saco, con miles de seguidores.

El nombre escogido resume con precisión las bases sobre las que se asienta su discurso. Porque si bien el publicista se presenta como una suerte de servidor de quienes buscan prosperar en el mundo de los negocios, en realidad su marco discursivo es puramente ideológico. Y uno de los principales canales de difusión que ha encontrado –así suele suceder en tiempos de machosfera– son los podcast. 

En una entrevista emitida en el canal Wall Street Wolverine hace un año, el publicista no tiene ningún pudor en sentar cátedra sobre el feminismo. "El feminismo está haciendo daño a las mujeres y a la sociedad", pronuncia. Y añade: "Cuando el feminismo trata de manipular a las jóvenes les hace sentir odio por las cosas pasadas". Para reforzar sus tesis, incluye también experiencias personales: "A mí me viene una tía con un discurso feminista y, si no se lo desactivo en una tarde –la mayoría de veces sucede, la verdad–, no me interesa en absoluto, porque paso de gente que está metida en una secta".

En el canal Carisma y confianza desarrolla en profundidad esto último, protagonizando el vídeo Ligar provocando (no apta para femilocas), en el que asegura que "la mayoría de las feministas woke están a un buen polvo de votar a Vox". E incluso llega a afirmar que las niñas manipulan a varones adultos: "Las mujeres desde niñas manipulan, hacen daño a otras niñas, desde niñas manipulan y engañan a hombres también".

Con sus intervenciones públicas, el publicista consagra un discurso sólido que busca deslegitimar el feminismo como movimiento político, un posicionamiento ideológico claro que sirve para contextualizar su guerra particular contra militantes feministas como Cristina Fallarás. 

Sergio Candanedo (1988) demandó a la periodista feminista Yolanda Domínguez en noviembre de 2019, también apelando a su derecho al honor. Fue el Tribunal Supremo el encargado de dirimir sobre la demanda interpuesta por el youtuber ultra, más conocido bajo el pseudónimo de Un tío blanco hetero. Ella le llamó "machista, troll y violento con las mujeres". Él decidió denunciarla por haber supuestamente vulnerado su derecho al honor. Los jueces le dieron la razón a la divulgadora feminista.

En el año 2018, el influencer decidió sumergirse en el mundo de las redes sociales especializándose en una materia: el antifeminismo. Lo hizo, además, en un momento simbólico: aquel fue el año de las grandes movilizaciones feministas, las convocatorias contra la sentencia de La Manada y las huelgas del 8M. No tardaría en convertirse en uno de los referentes del ecosistema antigénero en suelo español, aunque hace ahora tres años anunció que dejaba el país por motivos fiscales. 

En sus redes habla de "charocracia", defiende sin matices el falso síndrome de alienación parental –al que sitúa como una forma de "maltrato infantil" que se lleva a cabo "de forma habitual"– y ridiculiza sistemáticamente al movimiento feminista. Hace cuatro meses, publicó en su canal el vídeo Así ha sido el 8M más desquiciado de la historia, en el que se burla reiteradamente de las manifestantes y carga contra figuras públicas como Cristina Fallarás o Irene Montero."Decir que Sarah Santaolalla tiene mitad tetas, mitad tonta, es algo así como un ataque terrorista", ironiza en el mismo vídeo.

En el discurso que se ha esforzado en difundir en los últimos años –no solo en redes sociales, sino también en medios de comunicación y en espacios de debate– insiste en premisas sin fundamento, según las cuales "la vida del hombre vale menos que la de la mujer" o "el feminismo fomenta la mojigatería, la represión y el discurso antisexo", criticando sin tapujos que "ahora se necesite un sí explícito para follar". 

En cuanto a su batalla judicial, lo cierto es que sigue estando detrás de algunas demandas importantes contra feministas, aunque de forma indirecta. En el año 2022, el youtuber recaudó los fondos necesarios para que Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, líder de Infancia Libre, denunciara a la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, y a la secretaria de Estado del ramo, Ángela Rodríguez, Pam, por vulnerar su honor al señalarle como agresor –aunque tampoco habían pronunciado su nombre–. La recaudación de fondos la hizo en alianza con la asociación Anavid, conocida por sus posiciones negacionistas y encargada de organizar junto a Vox una jornada en el Congreso sobre "ideología de género y denuncias falsas".

Fue el responsable también de conseguir financiación para que la jurista Guadalupe Sánchez llevara ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una resolución judicial del Tribunal Constitucional que daba amparo a una mujer y a su hijo, obligados por una sentencia a vivir en la misma ciudad que el padre, quien había sido denunciado por violencia de género. "Sin tu crowdfunding no habría sido posible", le dedicaba la letrada al creador de contenido.

En su cuenta de Instagram, Valentina Ortiz (1996) se define abiertamente como antifeminista y se erige como defensora de los hombres. Tiene 72.900 seguidores, una cifra que se multiplica por cinco en su canal de YouTube La entropía de Valen, en cuyos vídeos incluye direcciones de monederos para recibir aportaciones en bitcoins y criptomonedas. La argentina –residente en suelo español de forma intermitente– fue portavoz de la Asociación Hispanoamericana de Hombres Maltratados, encargada de demandar a la humorista Pamela Palenciano en el año 2021 por su monólogo No solo duelen los golpes. Entre sus argumentos, una supuesta incitación al odio contra los hombres. La causa quedó archivada un año después.

En los últimos años, Ortiz se ha autoproclamado una de las principales creadoras de contenido encargadas de difundir discursos antifeministas en español. Los vídeos que comparte en su perfil acumulan miles de visitas y guardan un evidente parecido estético con los de otros youtubers, como Un tío blanco hetero. El grueso de su contenido está centrado en cargar contra el movimiento feminista, a cuyas militantes se refiere despectivamente como "femibolches" –un término formado por las palabras feminista y bolchevique–.

En su vídeo Odio a las feministas y te explico por qué, publicado hace tres meses, la ultra confronta lo que tilda como "perversiones" del feminismo –siempre en base a bulos e interpretaciones torticeras–, destaca su "repulsión" hacia las mujeres activistas e incluye menciones especiales a Beatriz Gimeno, Marta Nebot y, una vez más, Cristina Fallarás. También contra Sarah Santaolalla, a quien describe como "una choni con cara de muñeca inflable".

En un vídeo con el ultra Roberto Vaquero, llamado La gran estafa detrás de la violencia de género, elogia al negacionista Juan Soto Ivars, relativiza la violencia de género, difunde bulos encaminados a apuntalar la falacia de las denuncias falsas y niega la existencia del patriarcado en los países occidentales. 

Un patrón muy similar sigue el creador de contenido Isaac Parejo (1987). Conocido en las redes sociales como InfoVlogger, el activista construye su contenido a partir de análisis sobre la actualidad política, siempre desde posturas antifeministas y conservadoras. No en vano, él mismo presume de ser uno de los miembros fundadores de la fachosfera. 

A finales de 2022, interpuso una demanda contra Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, después de que este se refiriera en redes sociales a él y al grupo Los Meconios como "degenerados", tras una actuación junto a Vox interpretando la canción Vamos a volver al 36. Una vez más, la demanda se sustentaba en el derecho al honor del agraviado. Y de nuevo, fue desestimada íntegramente. 

En unas jornadas organizadas a mediados del año pasado por el partido de Santiago Abascal en el Congreso, el influencer perfilaba nítidamente su papel dentro del mundo de las redes sociales: "Había un espectro de la sociedad que estaba huérfano. Todo era progresismo, todo era wokismo. Había millones de personas que no tenían una voz y esa es la razón por la que nacimos los fachatubers". Los medios tradicionales, añadía ante los micrófonos, siguen "recibiendo dinero", pero "no están cumpliendo con su trabajo: influir en la sociedad y cambiar el voto de la gente. Y eso no lo están consiguiendo, lo estamos consiguiendo nosotros".

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Nota de la autora: en una primera versión del artículo se señalaba que Valentina Ortiz estaba detrás de la Asociación Hispanoamericana de Hombres Maltratados, una afirmación que ha sido matizada para aclarar que su papel fue el de ejercer la portavocía de la organización.

También se hablaba, en la primera versión, de una resolución del Tribunal Constitucional relativa al caso de una mujer obligada a vivir en la misma ciudad que su maltratador. Ese párrafo ha sido corregido para indicar que se trata de un hombre denunciado por maltrato.

En el nutrido ecosistema de quienes se lucran haciendo negocio con los vientres de alquiler, no solo se encuentran agencias estrictamente publicitarias y empresas dedicadas a la gestión del proceso. En el listado abundan también despachos de abogados especializados en una práctica ilegal en suelo español desde hace años. Es precisamente un bufete jurídico el que ha tenido que encajar un varapalo judicial por su actividad publicitaria de la gestación por sustitución, gracias a la denuncia interpuesta por el Instituto de las Mujeres. Se trata de la Agencia de Gestación Subrogada Galicia, en situación de rebeldía procesal y condenada por promocionar vientres de alquiler bajo la falsa apariencia de asesoramiento jurídico.

En redes sociales, la compañía se describe como "un despacho de abogados especialistas en derecho privado" que se siente en "la obligación moral de buscar soluciones y dar respuestas a personas que quieren ser papás/mamás y no saben cómo afrontar ese proceso". 

Con ese telón de fondo, sus integrantes decidieron especializarse en gestación subrogada para "informar" sobre cuestiones como el "desarrollo del proceso", los "países destino" y los "requisitos médicos y legales exigidos en los mismos". La empresa remata su carta de presentación con un interrogante que interpela a sus clientes: "¿Estás preparado para querer?".

Para la jueza que ha dictado sentencia, es evidente que no se trata de asesoramiento ni información aséptica, sino que el despacho "incita" al consumo de vientres de alquiler sirviéndose de su "asesoramiento legal en la materia". En definitiva, concluye, "se ofrece a ayudar a las familias a llevar a cabo esta práctica y con ello la fomenta". 

La resolución judicial estima que no debe confundirse la simple promoción de un servicio de asesoramiento con el mensaje que lanza el despacho, en el que "claramente se incita a las familias a recurrir a la gestación por sustitución", buscando fomentar la práctica para "incrementar la demanda de sus servicios". La empresa, a juicio de la magistrada, está interesada "en que cada vez más ciudadanos recurran a esta forma de gestación, puesto que de este modo tendrá un mayor número de clientes interesados en estos servicios especializados". 

La justicia lo tiene claro: estamos ante un caso de publicidad ilícita. Es precisamente a lo que se aferró el Instituto de las Mujeres cuando en enero del año pasado presentó un informe jurídico ante la Abogacía del Estado con el objetivo de estudiar acciones legales contra varias agencias, incluida la que acaba de ser condenada. 

Seis meses después, el paso dado por las instituciones comenzó a dar sus frutos. Se formuló entonces una demanda formal, "lo que supuso un hito en la persecución de esta práctica, ya que era la primera vez que se iniciaban acciones legales contra la promoción de una práctica prohibida en nuestro país y cuya publicidad es ilícita", celebra hoy la entidad dependiente del Ministerio de Igualdad. 

Aquel año comenzó a producirse un cierre progresivo de diversas páginas web donde figuraba la promoción de estos servicios. Algunas de las clausuras se llevaron a cabo a golpe de sentencia, como sucedió con el caso de Surrobaby y Go4Baby.

Los avances consolidados en el último año y medio tienen que ver, en gran medida, con la sólida alianza entre las instituciones públicas y los tribunales. La justicia lleva más de diez años pronunciándose de forma crítica contra los vientres de alquiler, llegando a encajarlos como una práctica contraria a "la dignidad de la mujer gestante y del niño".

Aunque la ley prohíbe la gestación subrogada desde hace dos décadas, el Tribunal Supremo ha llamado la atención en torno a la brecha existente entre la legislación y la práctica. Y es ahí donde tradicionalmente han entrado las agencias de intermediación, entidades que han podido actuar "libremente" y sin "ninguna traba", promocionando su contenido a pesar de que la Ley General de Publicidad considera ilícito el contenido que "atente contra la dignidad de la persona".

El movimiento feminista ha sido el principal agente a la hora de exigir que las instituciones tomen las riendas del asunto y pasen a la ofensiva. Si no basta con la legislación ni con el pronunciamiento de los tribunales, se hace necesario tomar medidas que pongan coto a una práctica que se resiste a desaparecer.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprovecha el lanzamiento de una de sus leyes más ideológicas, la del "concebido no nacido", para presumir de su compromiso con las familias, las madres y la vida. Un vistazo a las políticas públicas desarrolladas en la región, sin embargo, evidencia que sus promesas tienen mucho eslogan y poco impacto. La comunidad ya cuenta con líneas de ayuda a la maternidad y la crianza, pero el paso de los años ha demostrado que el grueso de las mujeres quedan sistemáticamente excluidas. 

La medida estrella de la líder regional, en lo que respecta al embarazo, es la ayuda dirigida a mujeres de hasta 30 años. Según las previsiones de la presidenta hace cinco años, cuando anunció la iniciativa, el ingreso de 500 euros al mes para madres hasta que sus hijos cumplan dos años podría llegar a unas 14.000 mujeres cada año. La realidad es que llega a la mitad.

Según datos oficiales, en el año 2025 el gobierno regional concedió 6.082 ayudas de este tipo. Ese mismo año, se registraron un total de 11.236 partos de mujeres con edades comprendidas entre los 20 y 29 años. Es decir, al menos un 45,9% de esas madres se quedaron al margen de la prestación.

Los requisitos trazados por los conservadores en la comunidad explican, en parte, las limitaciones de la ayuda y su alcance relativo. Para obtener el ingreso, además de no haber cumplido la treintena –en este punto cabe destacar que la edad media en términos de maternidad no ha dejado de aumentar en la región–, las mujeres solicitantes deberán tener nacionalidad española o residencia legal en el país, estar empadronadas en la comunidad y haber residido en ella durante al menos cinco años. Con este telón de fondo, las principales perjudicadas son las mujeres extranjeras. 

En respuesta a una pregunta formulada por Lorena Morales, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, el gobierno autonómico reconoce que el año pasado fueron denegadas el 37,4% de las solicitudes presentadas por mujeres extranjeras, mientras que en el caso de las españolas la tasa de rechazo desciende hasta el 22,8%. Un año antes, el 21,8% de las peticiones formuladas por extranjeras no pasaron el filtro administrativo, diez puntos por encima en comparación con las solicitantes españolas. 

Pero, además, las cifras relativas a los dos últimos ejercicios muestran una tendencia preocupante: mientras que las solicitudes han descendido –pasando de 10.127 hace dos años a 8.278 el año pasado–, el porcentaje de rechazo ha crecido –del 14,17% al 26,5%–. Morales cree que los datos no solo constatan el fracaso de una medida anunciada como estrella, sino que además dan cuenta de un sesgo profundamente "racista". 

La literatura científica demuestra que la carga administrativa funciona como una barrera de acceso a derechos formales. A mayores requisitos, menor es la demanda, especialmente entre los grupos vulnerables. Una trabajadora social que tramita este tipo de ayudas confirma a este diario que el requisito de padrón con exigencias residenciales tan estrictas suele dejar fuera a las personas extranjeras. La misma fuente también destaca que el ingreso "tarda más de seis meses" en llegar desde que se confirma la ayuda.

Morales cree importante destacar que las políticas públicas enfocadas a la maternidad y la crianza están además atravesadas por un sesgo "clasista". Para explicarlo, sitúa la mirada en otra ayuda concreta: aquella pensada para la contratación de empleadas del hogar. "Aquí no se pide ni residencia legal, ni antigüedad alguna en el empadronamiento", subraya la parlamentaria. Todo, añade, "para pagarle a las familias pudientes una trabajadora doméstica". La subvención fija un requisito económico de 30.000 euros al año por cada miembro de la unidad familiar. Es decir, una familia con tres hijos e ingresos de 150.000 euros al año podría acceder a ella. El año pasado se concedieron 1.160 ayudas de estas características por un valor de 2,2 millones de euros.

Otro de los grandes anuncios de Ayuso tiene que ver con la prestación por nacimiento múltiple. En 2024, último ejercicio con datos, las solicitudes aprobadas se quedaron tan solo en 210. "El presupuesto pasó de tres millones a solo un millón porque las solicitudes son bajas y las aprobaciones aún más", denuncia Morales. 

Pero además, reflexiona la diputada, mientras la presidenta de la comunidad hace gala de su compromiso por la vida y la maternidad, son muchas las familias que se quedan en los márgenes. La Comunidad de Madrid desarrolló hace cuatro años una línea de ayudas destinadas a familias con menores en cuidados paliativos, financiada con 2,5 millones procedentes de los fondos europeos Next Generation. Cuando los fondos se agotaron, la ayuda finalizó. En 2023, las solicitudes fueron 3.863, pero solo se concedieron 609. Es decir, únicamente el 15,7% del total.

El año pasado, la Comunidad anunció su intención de dar continuidad a esta prestación, aprobando nuevas ayudas para familias con hijos atravesados por patologías crónicas de alta o extrema complejidad. El presupuesto fijado es medio millón inferior al que procedía de los fondos europeos. "Saben de sobra que con esa dotación económica lo que van a vender es humo a las familias que peor lo están pasando, las que tienen a sus criaturas en cuidados paliativos", lamenta Morales. 

Por otro lado, el gobierno madrileño cuenta con ayudas individualizadas de desayuno escolar, un apoyo pensado para las familias más vulnerables cuyo impacto, sin embargo, está también en cuestión. Según la Plataforma de Infancia regional, la pobreza severa infantil alcanza porcentajes del 13,1% en la región, lo que se traduce en cerca de 150.000 niños, niñas y adolescentes en esta situación. Frente a estas cifras, la comunidad ha concedido para el presente curso escolar solamente 1.523 ayudas de desayuno escolar.

Isabel Díaz Ayuso ya puede presumir de haber transformado su discurso ultra en políticas públicas. El pasado jueves, en un pleno extraordinario, la presidenta de la Comunidad de Madrid vio cumplida su pretensión de legislar en torno al "concebido no nacido", una iniciativa que alimenta la guerra cultural contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero que en realidad ni siquiera es obra exclusiva de la líder regional, sino que hereda los pasos que se han ido dando en otros territorios dentro y fuera del país.

El Partido Popular y Vox volvieron a estrecharse la mano para sacar adelante la llamada ley del concebido no nacido en la Asamblea de Madrid. La norma entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y tiene por objeto considerar al "concebido como ya nacido", pasando a ser de esta forma "un miembro más de la unidad familiar a todos los efectos que sean beneficiosos" para el "no nacido, la madre gestante o la unidad familiar". 

La acreditación se realizará a través de un informe médico que certifique la semana de gestación y la fecha prevista para el parto, para así acceder a "aquellos beneficios y derechos" que se deriven de la existencia de hijos ya nacidos. Según el proyecto legislativo, "como regla general no se exigirá" una semana mínima de gestación, si bien el mismo texto sí fija la semana catorce para el reconocimiento de familia numerosa y para el acceso a "ayudas o beneficios de carácter económico". En el caso de que el embarazo no llegue a término, la ley fija la obligación de comunicar la situación, pero la administración "no podrá reclamar la devolución de los beneficios o ayudas" concedidos. 

Poco después de la aprobación del proyecto de ley, el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, elogió públicamente la iniciativa y prometió replicarla a nivel estatal si su partido llega a gobernar. En realidad, el conservador sabe bien de lo que habla. Hace 15 años, el Parlamento de Galicia aprobó una ley de apoyo a la familia que pivota sobre los mismos ejes. Aquella norma ya consagraba la asimilación de lo que considera "descendiente concebido" como puerta de entrada hacia el estatus de familia numerosa o monoparental para el acceso a ayudas públicas. 

La norma establece el requisito de presentar un certificado de "concebido no nacido", a través de la Consellería de Política Social, departamento que en 2019 había expedido "algo más de 400 certificados" para que los "concebidos no nacidos" fuesen "asimilados a la categoría de descendientes", según publica Praza.gal. El Gobierno gallego no ha actualizado la cifra desde entonces.

Con Núñez Feijóo al frente, la Xunta de Galicia institucionalizó un discurso marcadamente antiabortista, contrario a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, camuflado en una suerte de retórica en defensa de la vida y la familia tradicional. No es casualidad que la norma saliera adelante justo un año después de la reforma de la Ley del Aborto. Mientras la legislación nacional recién modificada citaba tratados internacionales para defender el derecho de las mujeres a "tener el control y a decidir libre y responsablemente" sobre su salud sexual y reproductiva, la normativa gallega desplazaba el foco para hablar del "derecho a la vida en formación desde la concepción" y el cómputo de "miembros adicionales" de la familia para acceder a ayudas "desde el momento de la fecundación".

Pero existe todavía un precedente anterior. En el año 2009, el entonces presidente de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, decidió dar respuesta a la reforma legislativa que ultimaba el Gobierno central con una iniciativa muy similar a la anunciada ahora: reconociendo los fetos como hijos a la hora de conseguir plaza en guarderías, colegios e institutos financiados con fondos públicos. También para acreditar la condición de familia numerosa. 

La norma fue recurrida, pero consiguió el aval del Tribunal Constitucional en 2015, en un dictamen citado ahora por la ley madrileña en su exposición de motivos. Hoy, la norma valenciana ya no existe: hace nueve años, el pleno de las Corts Valencianas decidió derogarla. Los parlamentarios consideraron entonces que suponía una "discriminación" y una "tutorización" de las mujeres.

Las políticas que buscan apuntalar narrativas antiabortistas no son exclusivamente patrias. En el Estado de Georgia, un embrión o feto con actividad cardíaca detectable puede ser incluido como dependiente fiscal. En un contexto de ofensiva generalizada en suelo estadounidense, ese es precisamente uno de los estados más restrictivos en lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo.

En Hungría, una reforma constitucional blindó hace casi 15 años la protección de "la vida del feto" desde el momento de la concepción. Unos meses antes, el Gobierno de Viktor Orbán había lanzado una campaña antiabortista financiada con fondos europeos, poniendo las bases para desplegar una línea ideológica contra los derechos sexuales y reproductivos que ya no abandonaría durante todo su mandato. Bruselas exigió la retirada de aquella campaña.

Y en América Latina, países como República Dominicana también incluyen en sus textos constitucionales esa protección simbólica de la vida del no nacido, siempre acompañada de medidas restrictivas que prohíben el derecho a la interrupción libre del embarazo. Hace tan solo tres años, Perú aprobó una ley específica que reconoce los derechos del "niño concebido"

La línea argumental de la presidenta regional, igual que la de sus homólogos, se ha desarrollado siempre en torno a las ideas de familia, natalidad y libertad. No son términos inocentes ni fortuitos, sino que consolidan una narrativa antiabortista cuyos autores intelectuales engrosan las filas de organizaciones ultracatólicas de todo el mundo. La defensa de la maternidad tampoco es casual: es el eje sobre el que han vertebrado sus discursos las mismas entidades que se manifiestan frente a las clínicas de interrupción del embarazo.

Abogados Cristianos se presenta como una organización jurídica en defensa de la "libertad, la vida y la familia". Hazte Oír conjuga con insistencia una defensa a ultranza de la "familia natural", al tiempo que enarbola la bandera de la "libertad religiosa" para oponerse al aborto. Y Red Madre se atrinchera igualmente tras el mismo marco, vertebrando su discurso en torno a las ideas de "justicia, libertad y vida". Esta última organización ha sido especialmente arropada por gobiernos regionales conservadores, como Andalucía, Castilla y León, Murcia o Galicia, en el concepto de ayudas a mujeres embarazadas o madres vulnerables, presentadas institucionalmente como políticas de familia, natalidad y acompañamiento, pero ampliamente criticadas por la oposición por su carácter manifiestamente antiabortista.

"La ley que acaba de aprobar la Comunidad de Madrid lo que tiene detrás es una nueva estructura pensada para atacar el derecho al aborto". Habla Gemma Candela, miembro de la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid. "Es una estrategia más para menoscabar el derecho al aborto", abunda la activista, quien recuerda que en realidad se trata de iniciativas coherentes con la posición política del PP. "El PP recurrió la Ley del Aborto de 2010 ante el Tribunal Constitucional y Madrid es la única comunidad que todavía no cuenta con un registro de objetores", subraya.

Pero lo cierto es que detrás de la retórica articulada por los conservadores, subyace una guerra cultural en auge contra los derechos de las mujeres, una amenaza alimentada por la extrema derecha y los grupos ultracatólicos que con el paso de los años han ido ganando terreno. En ese punto se detiene también al abogado José Antonio Bosch, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). En conversación con este diario, explica que la norma en su literalidad es difícilmente cuestionable –quién va a criticar la concesión de ayudas a mujeres embarazadas, se pregunta–. "El problema está en la música, no en la letra. Una música que es absolutamente retrógrada", asiente. 

Aunque la ley no reconoce personalidad jurídica plena al feto, persigue "normalizar situaciones que ahora no caben en nuestra normativa, pero que en un momento dado sí pueden encajar", subraya el letrado. Es decir, lo que hacen los conservadores es "trabajar a futuro", como parte de una "política general contraria al aborto". Si el contexto político y discursivo siembra la idea del concebido como sujeto de derechos, entonces el aborto encajará con facilidad en la categoría de crimen, como ya sucede en algunas partes del mundo. El ejemplo de Hungría es nítido: incluir en su constitución el blindaje de la vida desde la misma concepción no tuvo un impacto directo en el derecho al aborto, pero sí allanó el camino hacia políticas restrictivas para las mujeres. 

Para Candela, sin embargo, la falta de coherencia en este tipo de discursos es mayúscula. "El hecho de conceder beneficios fiscales o convertir a determinadas familias en numerosas por un ser que no ha nacido no favorece la natalidad", clama la activista, quien defiende que las políticas de acompañamiento se construyen con un "sistema de servicios públicos fuerte, ayudas a la conciliación, educación de calidad y presencia de pediatras en los centros de salud". 

El aumento de las denuncias por violencia sexual en la Comunidad de Madrid ha llevado al Gobierno a impulsar un plan específico para la región. La Delegación del Gobierno ha presentado el Plan de Acción contra la Violencia Sexual 2026-2027 en la región, una estrategia con 20 medidas para reforzar la prevención, mejorar la atención a las víctimas y ordenar la respuesta institucional.

La iniciativa nace tras 53 reuniones con entidades sociales, fuerzas de seguridad, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones empresariales, expertas e instituciones. Pero en ese amplio listado hay una ausencia política relevante: la Comunidad de Madrid no participó en la fase previa. 

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha enviado una carta a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, en la que solicita una reunión para poder presentarle el plan este mes de julio, “trasladarle sus objetivos y medidas, escuchar sus propuestas y, en definitiva, explorar posibles vías de colaboración entre la Delegación del Gobierno y el Gobierno de la Comunidad de Madrid específicamente en este ámbito”.

Este será, precisamente, uno de los puntos clave, ya que varias de las medidas previstas necesitan coordinación con administraciones autonómicas y municipales para no quedarse en una declaración de intenciones. 

“No puedo dejar de lamentar y denunciar que ni el Gobierno de Comunidad de Madrid que usted preside, ni el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, formación que también usted preside, hayan querido participar en este proceso preparatorio”, comenta Martín en la misiva.

Añade que este Plan busca “reforzar la prevención, facilitar la detección temprana, proteger mejor a las víctimas y garantizar una respuesta más eficaz, especializada y cercana”, subrayando que “no pretende sustituir competencias ni invadir ámbitos de actuación de otras administraciones, sino compartir objetivos, sumar esfuerzos, ordenar recursos, mejorar circuitos de actuación y contribuir a que ninguna mujer quede desprotegida ante una situación de violencia sexual”.

“Presidenta, las mujeres de la Comunidad de Madrid, su libertad y su seguridad están por encima de cualquier discrepancia política, partidista o personal. La lucha contra la violencia sexual nos exige altura institucional, con responsabilidad compartida y una voluntad de acuerdo firme. Desde la Delegación del Gobierno mantengo intacta mi disposición al diálogo, a la colaboración y al trabajo conjunto, porque ninguna administración debería situarse al margen de una causa que nos interpela al conjunto de la sociedad”, recuerda el delegado a Ayuso. 

La Delegación impulsará una mesa técnica de seguimiento y evaluaciones semestrales hasta 2028. Madrid tiene ya el diagnóstico, las cifras y la propuesta sobre la mesa; solo falta comprobar si todas las instituciones deciden sentarse.

En 2025, la capital registró 3.149 delitos contra la libertad sexual, un 5,6% más que el año anterior, en un contexto en el que el conjunto de infracciones penales descendió un 1,7%. Las agresiones sexuales con penetración también crecieron, pasando de 368 denuncias en 2017 a 685 en 2025, un incremento del 86% en tan solo ocho años. El dato puede reflejar un aumento de las denuncias por parte de mujeres víctimas de violencia sexual, pero también evidencia que la respuesta institucional aún necesita más recursos, más prevención y mejor coordinación.

El plan se articula en tres ejes —prevención, protección y atención— e incluye campañas sobre consentimiento, medidas contra la misoginia digital, formación afectivo-sexual en centros educativos y puntos violeta en espacios de ocio. También pone el foco en los entornos digitales, donde la ciberdelincuencia sexual creció un 12,3% en 2024 y afectó especialmente a mujeres jóvenes de entre 16 y 20 años.

Hace diez años, en la madrugada del 7 de julio, una joven fue violada por cinco hombres en un portal de Iruña (Navarra). Aquellos que presumían de llamarse La Manada se sentarían en el banquillo más de un año después. Para entonces, las calles ya estaban llenas de rabia y en las plazas retumbaba el grito de cientos de miles de personas que tendían la mano a una víctima que nunca se sintió sola. infoLibre charla con cuatro generaciones de hombres y mujeres que estuvieron allí. Son Teresa Sáez, cofundadora de Lunes Lilas; Patricia Aranguren, miembro de la Comisión 8M de Madrid; Samuel Parra, integrante de la Asociación de Hombres para la Igualdad de Género y el activista Javier P.

Aquel revulsivo precipitaría cambios legislativos de calado, abriría un debate social profundo sobre la noción de consentimiento y pondría en evidencia los sesgos misóginos que echan raíces en la justicia. Pero sobre todo marcaría un antes y un después para todas las mujeres, sembrando uno de los mayores hitos colectivos del feminismo: la ruptura del silencio.

Se hicieron llamar La Manada. Fueron ellos mismos, cinco agresores sexuales, quienes escogieron con escrupuloso cuidado y de forma perversamente premonitoria el sobrenombre. Trascendió a los medios de comunicación al instante, pero el movimiento feminista tuvo la habilidad de darle la vuelta. Las mujeres clamaron al unísono que de haber alguna manada, era la formada por las cientos de miles de compañeras que se organizaban en las calles para arropar a la víctima.

Han pasado diez años desde la agresión grupal en los Sanfermines de 2016, el señalamiento masivo de una hasta entonces sacralizada justicia que fue tildada de patriarcal y uno de los mayores revulsivos sociales de las últimas décadas. Echar la vista atrás se convierte en un imperativo para quienes no desisten en la tarea de construir memoria feminista, especialmente en tiempos inciertos.

En la madrugada del 7 de julio de 2016, cinco hombres –sus nombres: José Ángel Prenda Martínez, Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, Antonio Manuel Guerrero Escudero, Jesús Escudero Domínguez y Ángel Boza Florido– arrinconaron a una joven de 18 años en un portal de Iruña (Navarra). Fuera todavía bullía la fiesta, pero dentro el grupo se sirvió de su superioridad para someter a la víctima, utilizarla como un mero objeto, humillarla y vejarla hasta la extenuación. 

Ella denunció lo sucedido a la mañana siguiente. El caso inició su recorrido judicial en noviembre de 2017 y la Audiencia Provincial de Navarra emitió sus primeras conclusiones cinco meses después: los acusados crearon un escenario opresivo, pero los magistrados dictaminaron que no existió intimidación. En aquel momento, el Código Penal castigaba los delitos sexuales en dos categorías: abuso sexual –siempre que no existiera violencia e intimidación– y agresión sexual –es decir, una violación–. Los jueces determinaron que los hechos eran constitutivos de abuso sexual, pero se toparon con el descrédito de sus compañeros, la rabia de las calles y la desafección de todas las víctimas que llevaban demasiado tiempo expresando su falta de confianza en unas instituciones que no las creían.

Patricia Aranguren recuerda que crecer siendo partícipe de cada 7 de julio, la gran fiesta de su ciudad, significa para las chicas de su generación adquirir, casi sin pretenderlo, la noción feminista de que los espacios de ocio no siempre son seguros para las mujeres. "Recuerdo la agresión de La Manada como otras muchas que se dan en contextos de fiestas populares", asiente hoy. 

El movimiento feminista navarro convocó una concentración de repulsa tan solo un día después de que trascendiera la violación, pero lo sucedido enseguida cobró dimensiones extraordinarias: "Empieza a llegar a los medios nacionales, a moverse por prensa generalista, también se le da un tratamiento más amarillista y pasa a ser un tema del que todo el mundo está hablando", analiza la activista de la Comisión 8M de Madrid.

Cuando el caso entró en los pasillos de los tribunales, Aranguren se dirigió con sus compañeras al centro de Madrid para participar en una concentración de apoyo a la víctima. "Queríamos llegar unos minutos antes para desplegar la pancarta, pero casi no pudimos ni salir del metro por la cantidad de gente que había. Eso que iba a ser una concentración acabó convirtiéndose en una manifestación espontánea". La activista, recién aterrizada en la capital y arañando la veintena, llevaba tan solo unos meses militando en el movimiento feminista, pero en ese instante cobró conciencia de su potencial. Fue la primera vez que llamaron a la huelga feminista. 

Teresa Sáez, cofundadora de la organización Lunes Lilas, conserva el recuerdo nítido de las plazas abarrotadas. "Era muy impresionante ver a tanta gente, chicas jóvenes y también muchos chicos", presume. Aquella respuesta fue masiva también en parte porque interpeló al conjunto de la sociedad, incluidos los hombres. Así lo vivió Javier. Él acababa de cumplir la mayoría de edad en aquel momento y no dudó en participar en las movilizaciones. "Recuerdo perfectamente el día en que salió la sentencia, tengo la impresión de que el mayor momento de movilización fue entonces", comparte. 

Ninguno de los jueces apreció intimidación, pero solo uno hizo una demostración cristalina de cómo la cultura de la violación está instalada en el corazón de los tribunales. Ricardo González emitió un voto particular en el que se posicionó a favor de la absolución y describió lo que él entendía como un "ambiente de regocijo y jolgorio" por parte de los agresores y "menor actividad y expresividad en la denunciante". Aquel voto particular prendería la mecha de una rabia global que trascendió fronteras.

Aquello sirvió para "levantar la alfombra y ver toda la basura que llevábamos guardando mucho tiempo, en este caso con la justicia", completa Aranguren. "Se acumulaban casos en los que se juzgaba más a la víctima que a los agresores, en procesos muy revictimizantes", algo que se hizo evidente aquellos años.

Pero lo sucedido también agitó el debate público y las conversaciones privadas. Aunque en un primer momento se conjugó una "sensación unánime de indignación", conforme el caso fue avanzando emergió un sector que decidió "cuestionar la versión de la víctima", lamenta Javier. Recuerda con claridad aquella evolución: una primera fase de consenso social y otra en la que se consumó una suerte de "división marcada por un sesgo machista", especialmente entre aquellos hombres que "se tomaron a la defensiva el debate y parecían no comprender lo esencial".

Coincide Samuel Parra, miembro de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) y veinte años mayor que su compañero. "Recuerdo las conversaciones en mi entorno de una manera muy dispar", subraya. En la esfera laboral, el sociólogo encontró un discurso que "justificaba a los agresores, precisamente porque veían que entrar en el portal de manera voluntaria significaba" que la víctima, en realidad, sí había consentido. "Los medios tampoco ayudaron", sostiene. En su memoria, la intromisión constante en la vida privada de la joven, las tertulias en torno al contenido que publicaba en redes y la auditoría alrededor de su comportamiento. 

Entre las mujeres feministas emergió una suerte de cuarta ola que problematizó no solo la idea de consentimiento, sino que además puso en el centro el placer y el deseo en las relaciones sexuales. "Todo este caso nos sirvió para pensar en cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos y para pensar también más allá del consentimiento", introduce Aranguren. "Nosotras empezamos a pensar en el deseo, se abrió una reflexión muy interesante". 

En noviembre de 2018, el caso regresó a los juzgados. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) deliberó en torno a los recursos presentados por ambas partes y un mes después ratificó la condena por abuso sexual. Los jueces, sin embargo, introdujeron algunos matices de peso: señalaron que la víctima había prestado "un testimonio convincente", pero además sostuvieron que no era "verosímil que consintiera el maltrato y la vejación, la atmósfera opresiva y el prevalimiento de grupo". 

A pesar de los pasos adelante, las conclusiones de la justicia no terminaban de ser congruentes: si ella no consintió, si su testimonio era verosímil y si existía un ambiente opresivo, ¿cómo era posible que los jueces no apreciaran agresión sexual?

Con ese interrogante, el caso aterrizó en el Tribunal Supremo. Y en julio de 2019 llegó la sentencia definitiva: los cinco agresores actuaron con "pleno conocimiento" de sus actos, "buscaron expresamente la situación, sin que la víctima tuviera conocimiento alguno" de lo que iba a suceder y el silencio de la joven solo se podía "interpretar como una negativa". Lo sucedido en aquel portal había sido una violación.

Pero algo fallaba si para obtener justicia una víctima debía dejarse la piel en los tribunales, una certeza que también comenzó a calar en el plano político. El entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, criticó severamente al juez que emitió el voto particular –lo que desencadenó peticiones de dimisión entre todas las asociaciones de jueces– y puso la primera piedra de cara a una eventual reforma penal de los delitos contra la libertad sexual.

Con el cambio de gobierno, el equipo de Pedro Sánchez toma el testigo y es la vicepresidenta Carmen Calvo quien abandera el compromiso. En marzo de 2019, el Consejo de Ministros aprueba un primer anteproyecto de ley que elimina la distinción entre abuso y agresión, pero también redefine el concepto legal de consentimiento. Eran las primeras semillas de cara al futuro solo sí es sí.

Pero la disolución de las Cortes impidió su continuidad y tuvo que pasar un año hasta que un nuevo gobierno, esta vez de coalición, diera luz verde a otro anteproyecto, muy similar al anterior en sus aspectos esenciales. La ley se aprobó a finales de 2022, seis años después de la agresión en los Sanfermines y cuatro desde la primera sentencia que lo removió todo. No sería el punto y final: la ley sería reformada después de que una revisión de condenas en cadena –entre otras, las de tres miembros de La Manada– provocara un terremoto político entre los socios de gobierno. 

En abril de 2023, entraría en vigor una nueva reforma que ajustaba las horquillas y que introducía de nuevo una graduación penal más dura en aquellos supuestos en los que existiera violencia e intimidación. Unidas Podemos votó en contra, al entender que la reforma rompía el enfoque original de la ley y recuperaba el espíritu anterior.

La agresión de La Manada se produjo en el octavo aniversario de otro crimen grabado en la retina de las mujeres feministas: el de Nagore Laffage. En los Sanfermines de 2008, Diego Yllanes quedaría con la joven, compañera de facultad, tomaría algo con ella y se irían juntos a casa de él. En el interior de aquel apartamento, él intentó violarla y ella trató de resistirse. Yllanes la emprendió a golpes contra ella, la estranguló y acabó con su vida. 

También entonces hubo un juicio y de nuevo sobrevolaron las valoraciones misóginas de quienes debían hacer justicia. "¿Era su hija ligona?", fue la única pregunta que dirigió el jurado popular a una madre completamente rota que había tenido que enterrar a su hija quince meses antes.

Aquella herida volvió a supurar durante los años en los que se prolongó el caso de La Manada. "Veníamos de ocho años de trabajo muy intenso a raíz de su asesinato, fue un punto de inflexión en Navarra", analiza Sáez. Nagore fue el punto de partida. "Ahí empezamos a hablar de las relaciones, la libertad sexual, el derecho a estar en las calles y rompimos con el mensaje del terror sexual", ampliamente analizado por la socióloga Nerea Barjola. "La explosión que hubo con La Manada no habría sido posible sin Nagore", añade la activista, quien subraya que todo lo conseguido en estos diez años ha sido "gracias al feminismo". 

El empuje feminista hizo despertar a una mayoría social que por fin comprendía las razones de quienes llevaban años señalando las costuras del sistema. Pero nada de aquello fue espontáneo: en los cimientos estaba el trabajo previo de las mujeres, casi siempre invisible, la respuesta colectiva ante cualquier agresión y la habilidad de politizar todo lo que hasta no hace mucho quedaba relegado al ámbito de lo privado. También estaba la memoria feminista. La de Nagore y la de tantas otras, la misma que diez años después sigue intacta. 

Las movilizaciones y los gritos de Yo sí te creo que inundaron las calles de España como consecuencia del llamado caso de La Manada, cumplen diez años en julio, lo que supuso un antes y un después de la reacción de la sociedad española ante la violencia sexual, informa EFE.

La violación grupal de cinco hombres a una joven en los Sanfermines de 2016 en Pamplona dieron lugar a la cuarta ola del feminismo.

Así lo ha recordado la presidenta del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, este viernes durante las jornadas Yo sí te creo: diez años de movilización feminista frente a la violencia sexual, que revolucionó la comprensión de la violencia sexual por parte de la sociedad española.

Una fecha que coincide con el 18 aniversario del asesinato y violación de Nagore Laffage, también en Sanfermín.

"Hasta entonces era algo que se ocultaba, de lo que no se hablaba", ha explicado la dirigente de la asociación Lunas Lilas en Pamplona, Teresa Saez, al recordar que "con el caso de La Manada nos dimos cuenta de que el trabajo que habíamos hecho desde el caso de Nagore estaba funcionando por la unión que hubo".

Carmen Echevarría, también de la asociación Lunes Lilas, recuerda como aquel día de hace diez años al salir del trabajo "no podía creer" que hubiera vuelto a ocurrir un acto como el de años atrás y lamenta que algunos jueces hablaran de "fiesta y jolgorio". "Todavía te ensañabas más y tenías más ganas de decir, pues no, estamos nosotras enfrente y no vais a pasar", recalca Echevarría.

Durante las jornadas, la socióloga feminista Rosa Cobo ha explicado que el caso de la Manada de 2016 tuvo unas implicaciones sociales muy específicas en relación con la credibilidad de la palabra de la mujer. "Dio respuesta a esa falta de credibilidad de las mujeres y a ayudarlas a avanzar con el trauma que supone una agresión sexual. Lo más civilizador que ha ocurrido en el siglo XXI ha sido el movimiento feminista", ha explicado.

Actualmente, en la ciudad de Pamplona se lleva a cabo el grupo permanente de San Fermines en Igualdad, donde están todo el año trabajando conjuntamente el ayuntamiento, el movimiento feminista, y los grupos asociativos.

"Podemos hacer que haya las manos y los recursos suficientes para que la culpa y la vergüenza cambie de bando, que la mujer note que la sociedad está a su lado", afirma Teresa Saez, mientras Echevarría incide en que "no nos vamos a apartar, hay que romper el silencio en la calle, en casa, en el bar y donde sea".

Este martes 30 de junio vence el plazo legal para que las empresas que cotizan en el IBEX 35 adapten sus consejos de administración a la ley de paridad, en vigor desde el 1 de agosto de 2024. Esta normativa obliga a las 35 grandes cotizadas a equilibrar la composición de sus órganos de gobierno y la mayoría ya han alcanzado el objetivo. La banca lidera este avance y Bankinter se sitúa como la empresa con mayor presencia de mujeres en su consejo. Sin embargo, cuatro compañías todavía incumplen el mínimo que exige la norma.

La Ley de Representación Paritaria, que traspone la directiva europea conocida como Women on Boards, no exige exactamente que las mujeres ocupen el 40% de cada consejo, sino un número mínimo de consejeras en función del tamaño del órgano. Ese umbral se calcula tomando "el porcentaje más cercano al 40% sin superar el 49%", lo que permite que los consejos más pequeños cumplan la norma sin llegar al 40% exacto. Es el caso de Naturgy, que alcanza el requisito con cuatro consejeras de un total de 11 miembros (36,4%), o de Puig, con cinco de 13 (38,5%).

Las empresas que se quedan por debajo del umbral y, por tanto, siguen incumpliendo son: Solaria, Grifols, Acerinox e Indra. A Grifols y Acerinox, con consejos de 12 miembros, tendrían que incorporar a una quinta consejera; Indra, con 14 asientos, requiere una sexta mujer para adaptarse al mínimo legal (hoy tiene cinco). Un solo nombramiento separa a estas tres compañías del cumplimiento.

El caso más grave es Solaria. Su consejo lo forman seis personas (cinco hombres y una sola mujer), de modo que se queda en el 16,7%, a más de 20 puntos del mínimo y como la única del IBEX que ni siquiera roza el 30%. Para cumplir la normativa necesitaría, como mínimo, duplicar la presencia femenina en su órgano de gobierno. infoLibre se ha puesto en contacto con las cuatro empresas que aún incumplen para saber si van a acometer algún cambio inminente en su consejo de administración, pero ninguna ha respondido por el momento.

Un caso especial es el de Ferrovial. Aunque cotiza en el IBEX 35, en 2023 trasladó su sede social de España a Países Bajos. Por eso, pese a contar con un consejo de administración formado por ocho hombres y cuatro mujeres (33,3% de presencia femenina), no está obligada a cumplir la ley de paridad española, sino que se rige por la normativa holandesa.

Llegar al consejo no es lo mismo que presidirlo. De las 35 empresas que integran el IBEX, solo cinco están presididas por una mujer y únicamente una de ellas ejerce funciones ejecutivas. 

Ana Botín, al frente de Banco Santander, es la única presidenta ejecutiva del selectivo. Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de Inditex, comparte el liderazgo en paridad con un consejo al 50%; María Dolores Dancausa preside Bankinter, el consejo más feminizado (58,3%), de forma no ejecutiva; Beatriz Corredor también es presidenta no ejecutiva de Redeia con un consejo paritario del 50%. Anne-Catherine Berner preside Grifols, la única de las cuatro rezagadas con una mujer en la presidencia. 

La escasa presencia femenina en las presidencias refleja que el reto ya no se limita al acceso a los consejos de administración, sino también a los puestos de mayor poder e influencia dentro de las empresas.

Por actividad, el sector más sólidamente paritario es la banca. Las cinco entidades que cotizan —Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter— cumplen la ley, y Bankinter encabeza el ranking de representación femenina.

También destacan Inditex y Logista, con consejos paritarios al 50%; Colonial, con un 46,2%, e IAG, con un 45,5%. En el extremo opuesto se sitúan la industria y la energía. Las compañías que aún incumplen pertenecen a sectores tradicionalmente masculinizados y con una elevada presencia de perfiles técnicos, como las renovables en Solaria, la siderurgia en Acerinox, la biotecnología en Grifols, o la tecnología y la defensa en Indra.

España ha convertido la paridad en los consejos de administración de las grandes cotizadas en una realidad casi generalizada. Los consejos del IBEX 35 cerraron 2025 con 179 consejeras; en la actualidad son 187. Pero la verdadera asignatura pendiente es la presencia de mujeres en la alta dirección de las empresas con poder ejecutivo real.

El calendario, en todo caso, no termina este martes. La ley reserva el plazo más exigente para las 35 mayores cotizadas, pero da un año más al resto de empresas que cotizan en bolsa fuera del IBEX 35. Tendrán que alcanzar ese mismo 40% de mujeres en sus consejos antes del 30 de junio de 2027. Y aún disponen de más margen las entidades no cotizadas consideradas de interés público por su tamaño, su actividad o su plantilla, que deberán llegar al 33% en 2026 y completar el 40% en 2029.

Hace dos años, el Orgullo de Santa María de los Llanos (Cuenca) se llenó de asistentes ataviados con orejas de conejo. Apenas unos días antes, un vecino del pueblo había compartido en redes sociales su preocupación: "Estos días va a haber más maricones que conejos", se lamentaba. El municipio conquense, habitado por poco más de 600 personas, tiene una sobrepoblación de liebres, una suerte de plaga que afecta severamente a la comarca. La respuesta al disgusto expresado por el vecino fue masiva: "La gente del pueblo empezó a hacer manualidades y creó diademas con orejas de conejo para que todos fuéramos así".

Lo cuenta Noelia al otro lado del teléfono, orgullosa de la capacidad para transformar la hostilidad en combustible. Noelia vive en realidad en Pedro Muñoz (Ciudad Real), pero se encarga de coordinar, como parte de la Asociación Plural LGTBIQA+ Mancha Centro, movilizaciones y actos en distintos pueblos de la comunidad. 

La activista conoce bien las particularidades de organizarse en un mundo rural al que a veces no llegan los recursos, donde muchos desean no ser vistos y otros tantos esperan la oportunidad para señalar a quien tienen al lado. La entidad en la que participa ha conseguido, en los últimos años, llegar a siete pueblos –Villafranca de los Caballeros, Campo de Criptana, Herencia, La Puebla de Almoradiel, Santa María de los Llanos, Alcázar de San Juan y Villacañas–, pero en muchos otros se han topado con un muro infranqueable. "Se nos quedan pueblos en medio, como el mío", lamenta. A veces no basta ni todo el empeño del mundo. 

Noelia presume de ser visible en todas las esferas de su vida, no solo por el discurso que abandera, sino también por los símbolos de los que hace gala. Ella que trabaja con menores sabe bien de la importancia que tienen los gestos, los espejos donde uno pueda reconocerse y la imperiosa necesidad de construir espacios seguros para tender la mano a quien pueda necesitarlo. 

Contar con lugares seguros fue un salvavidas para Sergio. Forma parte de la Asociación Diversas, una organización que nace hace diez años en el norte de Tenerife. El activista trabaja en el Valle de la Orotava, una zona que comprende tres municipios: La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz. Sergio habita en el segundo y conoce a la perfección lo que es salir del armario teniendo que sortear las miradas de quienes hasta ese momento no se habían molestado en dirigirle la palabra. "Recuerdo perfectamente cómo se me perseguía al grito de maricón", comparte. Tenía 14 años y pocos alicientes para expresarse con la normalidad que habría deseado.

Pero sí contó con algunos sostenes. Apenas una semana después de salir del armario, el tinerfeño leyó una noticia en el periódico: su pueblo se declaraba municipio libre de LGTBIfobia. "Creo que mi adolescencia no habría sido igual si yo fuera de una gran ciudad, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que nunca he querido irme de aquí. El hecho de vivir en un pueblo donde estos temas se trabajaban me ayudó salir de esa espiral de odio". 

En Cedeira (A Coruña), la normalidad brotó en los bares, las plazas y los mercados gracias a un grupo de amigas decididas a organizarse. "Queríamos que pasaran cosas", resume Ánxela. Así que llenaron todos los "espacios de socialización" de banderas, charlas y recitales, hasta el nacimiento hace dos años del primer Cedeira Queer. "Ocupamos todo el pueblo, fue hermoso", recuerda hoy la activista. Aquel grupo de amigas construyó con sus propias manos la organización Mestas Cedeira.

Ánxela nació en el municipio costero de Muros, pero terminaría pasando gran parte de su vida en A Coruña, "un núcleo más grande en el que es más fácil pasar desapercibida". Hace cinco años que vive en Cedeira y desde entonces no ha dejado de pensar en la necesidad de crear algo tan sencillo y valioso como puntos de encuentro para la comunidad LGTBIQ+. Conoció a sus compañeras en un acto institucional a iniciativa del concello y enseguida prendió la mecha. "Fuimos a la llamada porque confiamos en encontrar a otras personas del colectivo. Surgió una amistad maravillosa y empezamos a planear cosas". 

La acogida fue inmediata: "Mucha gente del pueblo que no es del colectivo se acerca porque quieren aprender, escuchar y apoyar", presume la activista. También las personas mayores, especialmente fieles a las actividades que organizan. "Ver a dos señoras jubiladas en una charla sobre no monogamias y perspectiva LGTBI es una maravilla". 

Sobre iniciativas que nacen de encuentros informales saben algo Bebi y Claudia. Sus circunstancias son del todo extraordinarias: en la pedanía de La Alberguería (Salamanca) están censadas algo menos de medio centenar de personas, pero solo residen ellas dos. "Si el total de la población es gay, por qué no íbamos a tener nuestro propio Orgullo", relata Bebi. Así fue como nació el festival la Albergayría, sufragado en su totalidad por la pareja. 

La iniciativa caló entre los vecinos de los municipios colindantes. Hasta tal punto que "casi todo el mundo colabora voluntariamente, los negocios de alrededor donan bebidas, comidas y productos para el bingo". El pueblo se tiñe de arcoíris, batucadas, espectáculos drag y mucha reivindicación. Bebi confía en poder reeditar el éxito este año, incluso superarlo. "Que se vea que no pasa nada, que en las zonas rurales, incluso en la Castilla profunda, se puede vivir con libertad". 

Se trata, al fin y al cabo, de hacer más habitable la vida de quienes "viven en los márgenes de los márgenes", asiente Sergio. Y de allanar el camino a todo aquel que lo necesite. "Yo pasé de decirle a mi madre que era gay y que llorase sin parar, a ir acompañado de ella a las manifestaciones del Orgullo", zanja.

"Me gustaría que algún día nos expliquen cómo van a llevar una competencia que se llama Diversidad en el Gobierno autonómico". Las palabras las pronunciaba hace apenas una semana el presidente de la Diputación de Segovia, el conservador Miguel Ángel de Vicente, dirigiéndose al diputado de Vox Pedro María Varela. Lo hacía después de que la formación ultra votara en contra de aprobar una moción para condenar los discursos de odio contra el colectivo LGTBIQ+.

La preocupación expresada en sede parlamentaria es en realidad compartida: ¿en qué lugar dejan los pactos con la extrema derecha a la comunidad LGTBIQ+? Pero quien la verbaliza está, al mismo tiempo, haciendo gala de sus propias contradicciones: estrechar primero la mano de la extrema derecha, para después alarmarse con sus de sobra conocidas posiciones ideológicas. Si Vox lleva el timón de las políticas sociales en Castilla y León es gracias a los acuerdos con los conservadores, quienes no se han preguntado hasta ahora "cómo van a llevar una competencia que se llama diversidad".

Sucede en suelo castellanoleonés, pero son varias las comunidades en las que el colectivo camina en vilo hacia su fecha más importante, temeroso de perder los derechos conquistados y en una suerte de calma tensa, consciente de que cualquier paso en falso puede hacerle retroceder décadas. 

El PP y Vox se han vuelto a dar la mano con una serie de pactos autonómicos rubricados en los últimos meses en cuatro regiones: Castilla y León, Extremadura, Aragón y Andalucía. Ambas fuerzas han resituado sus prioridades y estrategias, reduciendo las discrepancias públicas y buscando, en términos generales, caminar hacia una convivencia marcada por una línea ideológica común en el grueso de los asuntos.

En materia LGTBIQ+, los de Santiago Abascal han decidido bajar los decibelios, pero tanto su ideario como su hoja de ruta no se han movido ni un milímetro: alertan sobre los peligros de la educación en diversidad, rechazan frontalmente las leyes específicas y claman contra el respaldo simbólico al colectivo. 

El caso de Castilla y León es paradigmático, porque el punto de partida es la inacción histórica en materia de políticas públicas. Se trata de la única comunidad sin una ley para el colectivo, una deuda a la que Vox se opone tácitamente, pero que el PP ha venido desoyendo desde hace años. "El PP no termina de entender ni de trabajar en todo lo que respecta a la diversidad". Habla Gema Segoviano, portavoz de Segoentiende. 

En la región, comenta la activista, se reproduce una dinámica que no es extraña: el compromiso de cada territorio varía en función de las sensibilidades particulares de los representantes públicos. En Valladolid, el gobierno municipal del PP ha rechazado un año más cubrir la fachada consistorial con la bandera del colectivo, al contrario de lo que ocurre en otros territorios también conservadores, como Salamanca. "Hay diputaciones que se implican, a nivel local se intenta dar visibilidad a esta realidad, pero hay una brecha enorme en el plano autonómico", traza la activista. 

Se detiene específicamente en la ausencia de una ley propia. "Llevamos más de quince años intentando tramitarla", pero los conservadores se acomodan en pretextos de muy diversa naturaleza para mantenerla en un limbo. "Vox puede frenar iniciativas, pero el PP a nivel autonómico ni siquiera ha dado pasos", lamenta la activista, por lo que a su juicio a los conservadores "les va a venir muy bien" la presencia de la extrema derecha, porque "así tienen la excusa". Sencillamente, vaticina la portavoz, a muchos líderes políticos "no les va a merecer la pena" significarse a favor del colectivo. 

Y eso tiene su eco en el día a día. "En algunos colegios hay ya cierto temor a que en algún momento un padre o madre empiece a levantar la voz y use los argumentos de Vox para no hablar de diversidad afectivo-sexual".

En términos de reparto de poder, desaparece la consejería de Igualdad y el ultra Carlos Pollán asumirá la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Fue Pollán quien, como presidente de las Cortes de Castilla y León, se ha negado en reiteradas ocasiones a colocar la bandera arcoíris en la sede parlamentaria, un gesto que el nuevo líder de la cámara prevé recuperar. 

También quedarán en manos de la ultraderecha todas las políticas vinculadas al colectivo en Aragón. En la comunidad, los pactos de gobierno han llevado al ultra Alejandro Nolasco al frente de la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, borrando de un plumazo la anterior dirección general específica de Igualdad. 

En la comunidad, Vox ha hecho explícito su propósito de derogar, o al menos reformar, las leyes específicas del colectivo. Hace tan solo un año, se quedó solo al intentar fulminar la ley trans aragonesa, encajada por los ultras en el apartado de la "cultura woke" e "ideología de género". Este año, las Cortes de Aragón no emitirán declaración institucional, fruto de la falta de acuerdo entre los grupos.

A Natalia Aventín, sin embargo, le resulta más sangrante la permisividad del PP. Ella es miembro de Euforia Familias Trans-Aliadas y reside en el Valle de Benasque, en el Pirineo aragonés. La fórmula que han encontrado ella y sus compañeros ante un panorama desalentador es la organización de base. "Hay incertidumbre, pero hemos constituido una red de entidades para unir fuerzas entre los diferentes colectivos ya existentes, tener una estrategia, demostrar que estamos aquí y que se sigan desarrollando las leyes", asiente. 

Aventín, quien conoce en primera persona las secuelas del discurso de odio, siente cierto pudor ante la "ignorancia" de la que hacen gala algunos representantes políticos, a través de "las declaraciones que lanzan, sin ningún tipo de complejo, sobre todo contra las identidades trans". La activista recuerda que el PP aragonés votó a favor de todas las leyes específicas del colectivo, pero ahora ha decidido "mirar para otro lado, sin poner líneas rojas que tienen que ver con los derechos humanos y que un partido democrático no debería cruzar". Esa "ambivalencia", asiente la activista, sitúa a los conservadores "en un lugar muy peligroso". 

Igual que sus homólogos aragoneses, los representantes de la ultraderecha institucional en Extremadura persiguen la derogación de la ley autonómica. Hablan de "adoctrinamiento ideológico" en las aulas y lo incluyen como un objetivo irrenunciable. Pero en este caso, al contrario que en los demás territorios analizados, la Consejería de Igualdad no solo no desaparece, sino que permanece en manos del PP, con Ara Sánchez al frente. 

Tanto la consejera como su partido se han esforzado en consagrar la idea de que los derechos del colectivo están garantizados en el territorio. A mediados de mayo, con motivo del día contra la LGTBIfobia, la bandera arcoíris amaneció ondeando en la sede de la Presidencia de Extremadura. El gesto no sorprendió a Vox: "Nos hemos desmarcado, pero respetamos en este caso la sensibilidad de la señora [María] Guardiola y del PP", asintió su secretario general, Ignacio Garriga. 

Aquellas palabras funcionaban como una suerte de declaración de intenciones que insufló alivio al colectivo. Lo explica Sara Ramos, miembro de Extremadura Entiende. "Por ahora estamos tranquilas, pero no significa que no nos preocupe la entrada de la extrema derecha", sostiene. Y añade que la inquietud es global, porque aunque Vox no controle áreas clave para el colectivo, lo cierto es que "los derechos y las necesidades son transversales", así que cualquier retroceso en políticas sociales, laborales y económicas tendrá impacto también en ellos. 

Aunque en esas tres comunidades "el ambiente es más desesperanzador", existen otras muchas señales de preocupación más allá de sus fronteras. Así lo entiende Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+. Su mirada se sitúa casi de inmediato en la Comunidad de Madrid. En la región, se suceden "pequeños grandes gestos que lanzan mensajes muy claros". La activista se refiere a la decisión de no colgar la bandera en los edificios institucionales de la Comunidad y el Ayuntamiento, pero también a la campaña municipal diseñada por el consistorio y que vacía de contenido político al Orgullo.

Iglesias contempla con preocupación también los pasos hacia atrás en la Comunitat Valenciana, donde un intento de reforma legislativa ha sido temporalmente paralizado por el Tribunal Constitucional. PP y Vox estaban decididos a modificar la ley trans de la comunidad, pero el Gobierno de Pedro Sánchez interpuso un recurso debido al recorte de derechos. La dinámica es prácticamente idéntica a la que sucedió ya en la Comunidad de Madrid. También en Valencia, el gobierno regional ha decidido eliminar las referencias a las políticas LGTBIQ+ en los presupuestos del área de Diversidad. 

Y en Totana (Murcia), la derecha y la ultraderecha incluyeron en su acuerdo presupuestario una cláusula que suprime los actos institucionales relacionados con el Orgullo y la colocación de la bandera en los edificios municipales. 

El pasado mes de marzo, la Federación Estatal publicaba su informe sobre el voto de la comunidad LGTBIQ+. Ante la pregunta de si la llegada de un gobierno ultraconservador pondría en riesgo los derechos conquistados, el 64,9% de los encuestados respondía afirmativamente. El principal miedo expresado por quienes participaron en el estudio tenía que ver con una eventual falta de protección frente al odio. Este domingo el colectivo sale a la calle no solo para celebrar, sino también para ponerse de frente ante cualquier intento de retroceso.

El último día de 2024, al límite de un plazo prorrogado, la Xunta puso en servicio cinco centros de crisis para mujeres víctimas de violencia sexual. El proyecto, impulsado por el Gobierno de España mediante fondos europeos transferidos a las autonomías, requería la apertura de, como mínimo, uno de estos centros por provincia. El Ejecutivo gallego optó por instalar cinco en otras tantas ciudades: Vigo, Ourense, Lugo, Santiago y Ferrol.

Más allá de la demora —que afectó a múltiples comunidades autónomas—, estos centros echaron a andar en nuestro país acompañados por varias controversias. Por la decisión de la Consellería de Política Social de encomendar su gestión a empresas privadas —los contratos los ganaron los gigantes multiservicios OHL y Eulen—, por el silencio impuesto sobre su funcionamiento en los primeros meses de andadura. Y por la exclusión de las ciudades de A Coruña y Pontevedra del servicio una vez decidido ir más allá del modelo estrictamente provincial.

Tras el primer año completo de funcionamiento de los centros, el PSdeG volvió a cuestionar al Gobierno gallego sobre la posibilidad de extender los centros de crisis a las dos ciudades que no disponen de ellos. Y Política Social, como ya hiciera meses atrás, vuelve a esquivar esta posibilidad.

En una pregunta parlamentaria registrada el pasado abril por las diputadas Paloma Castro y Silvia Longueira y el diputado Julio Torrado, los socialistas resaltan que fue la propia Xunta la que, en su balance de los primeros doce meses de los centros, concluyó “que se trata de un recurso público imprescindible para dar una respuesta eficaz, integral y basada en los derechos de las víctimas de violencia sexual”. “Sin embargo, a pesar de la relevancia y de los resultados positivos, dos de las principales áreas urbanas de Galicia carecen de estos centros, lo que supone una desigualdad territorial en el acceso a un servicio fundamental”.

Por eso cuestionaron al Ejecutivo si, dado que “los califica como un recurso público imprescindible”, “tiene previsto proceder a la creación y puesta en funcionamiento de centros de crisis 24 horas en A Coruña y Pontevedra”. En su respuesta, registrada el pasado mayo, Política Social e Igualdad evita el compromiso.

Concretamente, el departamento que dirige Fabiola García centra la contestación en describir los centros que sí existen: “Tiene en funcionamiento cinco centros de crisis para la atención a víctimas de violencia sexual, uno más de los que exige la normativa: uno por provincia”, constata. “Están integrados en las respectivas áreas hospitalarias y prestan atención presencial y telefónica las 24 horas del día, basta”.

“Como no podía ser de otra manera”, agrega, “el Gobierno gallego analiza los datos con detalle de sus centros de crisis y, en función de las necesidades, no descarta la apertura de nuevos puntos de atención”, dicen sin ofrecer más detalles. Las primeras cifras de uso de los centros aportadas al Parlamento indican que durante 2025 los cinco centros atendieron a 381 víctimas, algo más de una al día, y que el 57% llegó derivada de otros recursos como centros de información a la mujer o servicios sociales, mientras que el 40% fue por iniciativa propia o de familiares o personas cercanas.

En cuanto a la distribución territorial, la información facilitada al legislativo indica que el 31% de las mujeres atendidas lo fueron en el centro de Vigo. A continuación estuvieron los de Ferrol y Santiago, en el entorno del 20%, y los de Lugo y Ourense, alrededor del 15%.

Por razones obvias, no existen datos de A Coruña y Pontevedra —cuando menos, no en la información divulgada por Política Social—, ciudades en las que durante ese mismo año 2025 los delitos de agresión sexual con penetración fueron 24 y 5, respectivamente —en ambas urbes, con tendencia al alza—; y el resto de delitos contra la libertad sexual, 78 y 22 —incremento interanual en A Coruña, ligero descenso en Pontevedra—, según la información disponible en el Ministerio del Interior.

Women Data Lab – La Ciba (Observatorio de Datos Abiertos y Derechos de las Mujeres) organiza este viernes una jornada para hablar sobre feminismo en el contexto de la inteligencia artificial. Bajo la premisa de que la desinformación se ha convertido en uno de los grandes retos de las democracias actuales, la cita contará con la participación de escritoras, periodistas, representantes políticas y académicas que tratarán la problemática desde distintos puntos de vista.

"En el ámbito de los derechos de las mujeres, la desinformación tiene un impacto específico: contribuye a negar desigualdades, cuestionar las políticas públicas de igualdad, desacreditar el feminismo y reforzar narrativas que invisibilizan o distorsionan la realidad de las mujeres", señalan en la presentación del coloquio.

En las mesas redondas se hablará sobre tres enfoques diferentes. La primera tratará las narrativas desinformativas contra los derechos de las mujeres. Es decir, la conversación versará sobre cómo se construyen y circulan las narrativas desinformativas que niegan desigualdades, desacreditan el feminismo y cuestionan las políticas públicas de igualdad; cómo se amplifican en los entornos digitales y cómo pueden medirse y responderse desde el feminismo de datos, con evidencias. Este debate correrá a cargo de Virginia Pérez Alonso (periodista y directora de infoLibre), junto con Carmen Domingo, filóloga, escritora y ensayista feminista.

La segunda mesa analizará el papel de los datos abiertos como infraestructura democrática y como base para una inteligencia artificial responsable. Qué datos alimentan la IA y los procesos automatizados de decisión pública, con qué calidad, trazabilidad y enfoque de derechos, para garantizar información veraz sobre la realidad de las mujeres y reforzar la confianza institucional. Aquí serán Mireia Fernández-Ardèvol, catedrática de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y Karma Peiró, periodista especializada en tecnología y datos, directora ejecutiva de la Fundación Visualización por la Transparencia, quienes debatirán sobre estos aspectos.

Cerrarán el coloquio la politóloga Ana Gloria Gómez, Laia Garrigó, técnica Data x Woman y Ana Palacios, directora general del Dato en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Las tres expertas debatirán sobre iniciativas que ayudan a pasar del diagnóstico a la acción: proyectos y herramientas tecnológicas que usan datos abiertos, inteligencia artificial, visualizaciones interactivas u observatorios para combatir la desinformación y transformar datos en conocimiento útil para las políticas de igualdad.

El castigo penal de las mal llamadas terapias de conversión sale adelante en el Congreso. Y lo hace a pesar de la oposición de la extrema derecha y la abstención de los conservadores. La iniciativa, una reivindicación histórica del colectivo LGTBIQ+, ha sido aprobada con el voto a favor de todos los grupos, salvo Vox que ha votado en contra y el PP que se ha abstenido. A la votación le ha seguido el estridente aplauso de las entidades presentes durante el pleno celebrado este jueves.

Los conservadores no han dudado en ponerse de perfil, a pesar de sus intentos por presentarse como garantes de los derechos del colectivo. La decisión tiene un gran peso simbólico y deja en vilo a todas las personas que habitan en los territorios donde se han sellado pactos de gobierno entre el PP y Vox. 

En Castilla y León, Extremadura y Aragón, los de Santiago Abascal han seguido expresando su oposición sin matices a las políticas LGTBIQ+, pero los conservadores han tratado de esbozar una imagen pública de contención que choca frontalmente con la panorámica resultante de la votación parlamentaria en la Cámara Baja.

Aunque el diputado Jaime de los Santos (PP) ha reconocido que la ley es fundamental para el colectivo, ha centrado su intervención en desacreditarla. "Estamos ante una ley tan necesaria como corrompida por el sectarismo de algunos", ha lanzado desde el estrado. El parlamentario no ha cargado contra su contenido, ni contra su redacción, ni siquiera ha puesto en duda el objetivo que persigue, sino que sus dardos se han dirigo exclusivamente al Grupo Socialista: "Nos utilizan, retuercen nuestro dolor e instrumentalizan una ley que nos interpela a todos", ha sentenciado, para rematar con una defensa enfervorecida de su partido: "Soy del PP, soy maricón y me siento orgulloso de ambas cosas".

A sus palabras ha replicado la diputada Maribel Vaquero (PNV): "Se le ha olvidado hablar de las terapias de conversión para hacer un alegato defendiendo a su grupo".

Sus principales aliados, sin embargo, sí han escenificado una oposición manifiesta al espíritu de la proposición, una iniciativa que a juicio de María de la Cabeza Ruiz (Vox) busca "imponer una forma de pensar o de actuar a golpe de Código Penal". La diputada cree que se trata de una norma que "cercena la libertad" y que persigue "terapias de conversión que en realidad no lo son". 

Para la parlamentaria ultra, la propuesta legislativa "quiere que nadie cuestione la identidad sexual de otros y que nadie se la cuestione a sí mismo". "Quieren impedir que alguien acuda a un psicólogo, a un sacerdote o a un especialista por su propia voluntad", ha censurado durante su turno de palabra. "¿Quieren llevar a prisión a los sacerdotes a los que los homosexuales acuden voluntariamente para pedir ayuda?", ha insistido. La Iglesia ha demostrado ser uno de los agentes clave a la hora de poner en práctica, normalizar y perpetuar las terapias de conversión.

Con la votación, la ultraderecha no ha hecho otra cosa que reafirmar una posición política de sobra conocida. Los conservadores, en cambio, han evidenciado las grietas de su discurso y la naturaleza de su ideología. Mientras en territorios como Extremadura los líderes del partido se han esforzado en asegurar que las políticas en diversidad están "blindadas", en el Congreso no dudan en obstaculizar la aprobación de una reivindicación clave para la comunidad LGTBIQ+.

"Hoy sembramos una semilla de reparación para todas esas personas que han sido víctimas de la tortura que suponen las mal llamadas terapias de conversión. Esperamos recoger sus frutos en forma de erradicación definitiva de unas prácticas que atentan contra la libertad de un colectivo históricamente agredido y perseguido únicamente por ser y existir fuera de la normatividad", ha celebrado el mismo jueves la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias. 

La ley trans aprobada hace ahora tres años prohibió este tipo de prácticas, pero únicamente contemplaba sanciones administrativas. Con la aprobación de la iniciativa parlamentaria –camino ahora del Senado–, las prácticas serán castigadas con penas de prisión de seis meses a dos años, antecedentes penales y la inhabilitación profesional de los autores del delito.

La actriz Elisa Mouliaá ha negado ante el juez Arturo Zamarriego que quisiera calumniar al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, que presentó una querella contra ella por haber dicho que él extorsionó a testigos en la causa en la que el político está acusado de agredirla sexualmente, informa EFE.

Igualmente Mouliaá ha asegurado que no tenía intención de sustraerse a la actuación judicial del magistrado, que ordenó la semana pasada su detención tras no comparecer el día 15 por tercera vez para declarar en esta causa.

La actriz alegó en las dos primeras ocasiones que estaba de baja y que no debía coincidir con Íñigo Errejón en el Juzgado y en la tercera citación, el día 15, comunicó que estaba trabajando en Emiratos Árabes.

Finalmente, Elisa Mouliaá se ha presentado voluntariamente en la mañana de este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid para declarar por la querella por supuestas calumnias a Errejón, cuya abogada ha pedido al juez que la obligue a comparecer cada quince días en la sede judicial al considerar que ha tenido una actitud de obstrucción a la Justicia.

A su salida de la sede de los juzgados de Madrid Elisa Mouliaá ha explicado que ha decidido acudir "de forma voluntaria", para lo cual ha dicho que ha tenido que cancelar un contrato de trabajo, y ha lamentado el, a su juicio, "trato tan desproporcionado" que ha sufrido tras acreditar una baja médica y un viaje de trabajo y ha insistido en que nunca quiso obstruir la acción de la justicia.

"Al fin y al cabo esta querella es por haber puesto dos tuits en los que acusaba a Errejón de haber amañado la declaración de dos testigos" –en la causa por agresión sexual– porque en ese momento yo pensaba que fue así", ha manifestado.

Y ha abundado: "Vi un vídeo de la declaración de un testigo diciendo que había estado hablando con Errejón y que le había preguntado cuál era el plan". Pero ha reconocido que se pudo haber confundido.

Mouliaá ha estimado que está siendo víctima de "una persecución" por haber denunciado "a una persona con poder" y ha aclarado en referencia a Errejón: "Yo no he destrozado la carrera de nadie, él dimitió antes de que yo hablara por unas denuncias previas y lo único que he hecho ha sido proteger a las mujeres y hacer el bien común por deber moral".

Por ello ha insistido en que es objeto de una investigación a su juicio desproporcionada. "Es un castigo a la víctima por haber denunciado al sistema y a un poderoso, lo que supone la domesticación al final de las mujeres para que no denuncien a sus acosadores, para que nos quedemos en casa calladas, para que tengamos miedo y para que no salgamos a la palestra", ha dicho.

"Y no me he presentado hasta hoy como no se ha presentado tampoco el novio de Ayuso, al que le han aplazado la declaración más de cuatro veces", ha puesto como ejemplo.

En todo caso ha dicho que ha pedido disculpas al juez por no haber comparecido los días en los que fue citada.

Loli Gómez está a punto de quedarse en la calle. Una resolución judicial acaba de confirmar su expulsión de la vivienda de acogida en la que reside desde hace dos años, a la que llegó por encontrarse en una situación de vulnerabilidad extrema. Loli fue una de las muchas víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, una institución franquista que dejó en ella una herida irreparable que todavía supura. 

La víctima atravesó las puertas del recurso residencial, un piso compartido de tres habitaciones, debido a una situación de extrema vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales de su localidad, Torrelavega (Cantabria). El Ayuntamiento, más de dos años después, considera que los hechos que la llevaron a cumplir los requisitos para entrar en la vivienda se han extinguido.

Pero lo cierto es que todo sigue igual para ella. Hasta principios de 2024, la víctima residía en un piso que había heredado de su madre, cuya titularidad comparte con sus hermanos. El mal estado de la casa, sin embargo, comprometía su seguridad: era necesaria una reparación integral que la víctima no podía asumir económicamente. Hace dos años, el consistorio ordenó "el desalojo de la vivienda" debido a la "situación de deterioro y peligrosidad del inmueble", tal y como dejó plasmado en un expediente al que ha accedido este diario. Es el propio Ayuntamiento quien asume la "ejecución subsidiaria de las obras de reparación", dada la imposibilidad de la víctima de costearlas. 

Loli, según consta en el mismo informe, "se encuentra en exclusión social" debido al "estado de su vivienda y la carencia de recursos". Así que es derivada al recurso de acogida de manera temporal y como solución parcial durante el tiempo que duren las obras. Pero estas nunca se llevaron a cabo: "Ni han empezado, hace un año precintaron la vivienda y un mes después quitaron el precinto. Pero nada de obras", asiente hoy la afectada. 

Pese a ello, el consistorio considera que la víctima ya no se encuentra en una situación de riesgo. Lo argumenta apoyándose en el informe de una trabajadora social, quien entre los motivos para acreditar esa supuesta mejora de su contexto económico incluye asuntos como su relación con "una escritora que de forma puntual le presta apoyo económico", las charlas en las que ha participado en los últimos años debido a su paso por el Patronato de Mujeres y la "perspectiva de que sea reconocida como víctima del franquismo y obtener la correspondiente compensación económica". 

Loli asegura que ni obtiene remuneración alguna por los actos en los que participa, ni existe ninguna previsión de que el estatus de víctima se vaya a materializar en el corto plazo en una indemnización económica. Las víctimas del Patronato han obtenido el perdón y el reconocimiento simbólico de los poderes públicos, pero están lejos de conseguir los derechos por los que llevan años peleando.

Los argumentos del gobierno municipal también incluyen la posesión de una vivienda en propiedad, pero se trata de la misma casa de la que fue expulsada debido a unos daños estructurales que todavía a día de hoy no han sido reparados. La administración le reprocha que no ponga a la venta la casa, pero no tiene en cuenta que la operación requeriría del visto bueno del resto de propietarios. Igualmente, indica que la víctima "ha rechazado alternativas habitacionales voluntariamente". 

Lo cierto es que los servicios municipales le plantearon la posibilidad de acceder al alquiler de una habitación por 320 euros al mes. Pero las cuentas, explica al otro lado del teléfono, no salen. "Con unos ingresos de 480 euros mensuales y un gasto fijo de 156 en medicinas, ¿con qué como?", se pregunta. Loli se encuentra en situación de discapacidad, por lo que buena parte de sus ingresos van a parar a gastos médicos.

La entrada en la vivienda de acogida tenía carácter temporal, un plazo que se fue prorrogando en varias ocasiones. Ahí es donde se aferra ahora la justicia para avalar el desalojo: incluso el mantenimiento de una eventual situación de vulnerabilidad, zanja el tribunal, no justifica el uso indefinido de un recurso habitacional cuya naturaleza es temporal por definición. Pero tampoco hay sobre la mesa ninguna alternativa para Loli. Aunque su intención es recurrir la decisión de los jueces, si la justicia no le da la razón la única opción que tiene es volver a la casa familiar, a pesar de su mal estado y de los riesgos que entraña para su integridad.

La situación de vulnerabilidad por la que transita la víctima es indisociable de su paso por la institución franquista. Si bien las supervivientes han sido reconocidas como tal, las investigadoras que han estudiado la historia y raíces de los reformatorios creen que hacen falta más pasos hacia una reparación real del daño. "Los símbolos son importantes y ellas lo vivieron como una especie de acto de catarsis colectiva, pero es preciso un cambio en la Ley de Memoria Democrática para incluir oficialmente una reparación económica", decía recientemente la historiadora Carmen Guillén. "Les partieron la vida, condicionaron su futuro y no les dejaron estudiar", denunciaba.

En ese mismo extremo se detiene Loli. "El primer psiquiatra que me ingresa en el internado, con 12 años, lo hace para que yo prosiga mi formación. Pero eso no sucedió, nunca tuve estudios", lamenta. Así que los obstáculos laborales que ha tenido que enfrentar desde entonces están directamente ligados a lo sucedido dentro de los centros. 

Pero no todos los daños que arrastra son visibles. El Patronato reservaba un lugar especial para las chicas embarazadas. De todos los centros maternales, el más importante fue el de Nuestra Señora de la Almudena, conocido popularmente como Peñagrande. Ahí fue a parar Loli tras las violaciones perpetradas por su progenitor. A ella nadie le preguntó quién era el padre, ni si había sido producto de una agresión sexual. Lo que sí recibió fueron insultos y vejaciones constantes. Loli tuvo dos hijos siendo todavía menor de edad. Nacieron en democracia, pero la institución aún se mantenía con vida y las religiosas que regentaban los centros le obligaron a darlos en adopción. 

La víctima se pregunta de qué manera habría cambiado su futuro si no hubieran hipotecado su infancia y juventud dentro de las paredes de una institución que además mermó su salud mental, dejando secuelas que persisten hasta la actualidad. También se cuestiona la utilidad del perdón público por parte de los responsables, si al mismo tiempo le son negadas las condiciones mínimas para poder cerrar las heridas.

Las investigadoras que han decidido dedicar su tiempo y trabajo a desentrañar las raíces del consumo de prostitución, se han topado tradicionalmente con un muro infranqueable. Ni estudios, ni encuestas, ni prácticamente análisis capaces de dimensionar la magnitud de un fenómeno poco estudiado. Esta semana, el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se han aliado para tratar de arrojar algo de luz a la situación y aportar información precisa, gracias a la Encuesta Nacional de Salud Sexual. Y las cifras son claras: el 26,65% de los hombres encuestados han pagado a una mujer en situación de prostitución para mantener relaciones sexuales alguna vez en su vida. 

El sesgo de género es evidente: ellas no consumen prostitución, en prácticamente ninguna circunstancia e independientemente de su contexto. Solo un 0,3% de las encuestadas dice acceder al sexo de pago, un porcentaje anecdótico y residual.

La encuesta permite trazar el perfil del cliente de prostitución en España, a partir de los microdatos que proporciona y que han sido analizados por infoLibre. Por grupos de edad, la tendencia es clara: son las generaciones de hombres mayores quienes más acostumbran a consumir prostitución. Concretamente, los hombres que tienen entre 65 y 74 años son los que reconocen con mayor frecuencia haber pagado a una prostituta (41,6%), seguidos de los mayores de 75 años (38,9%). 

Conforme la edad disminuye, el consumo de prostitución también lo hace, pero las cifras continúan siendo llamativas. El 33,7% de los hombres de entre 55 y 64 años admiten haber accedido a la prostitución, igual que el 28,9% de aquellos que tienen entre 45 y 54 años y el 24,9% de los que cuentan con edades entre los 35 y los 44 años.

Los hombres jóvenes presentan las tasas más bajas de consumo de prostitución. El 13,3% de los varones de entre 25 y 34 años dice haberlo hecho al menos una vez en la vida, e igualmente el 4,1% de aquellos cuyas edades oscilan entre los 20 y los 24 años. Pero hay un ligero repunte entre los más jóvenes: el 7,8% de los que tienen entre 16 y 19 años dicen haber pagado a una prostituta para tener sexo. Cabe destacar que el 5% de los hombres encuestados señala que su primera experiencia sexual fue con una prostituta. 

En casi todas las franjas de edad, los clientes de prostitución han llamado a la puerta de los burdeles en más de una ocasión, excepto en el caso de los más jóvenes (16-19 años y 25-34 años), quienes en mayor medida describen un acceso aislado y puntual a la prostitución. La mayoría de los entrevistados (21%) asegura que el momento en el que pagó por última vez por mantener relaciones sexuales fue hace más de cinco años.

Si el cliente de prostitución es fundamentalmente un hombre de edad avanzada, cobra sentido que la encuesta sitúe a los jubilados y pensionistas (40%) como aquellos que más frecuentan la industria de la prostitución, solo por detrás de situaciones de inactividad sin especificar. En el reverso, los estudiantes (4,9%) son los que menores tasas presentan.

Por debajo de la media se encuentran profesiones como militares y cuerpos policiales (12,3%), así como profesionales, científicos e intelectuales (17,1%). Y por encima, el grupo de oficiales, operarios y artesanos (29,7%), junto al de operadores de instalaciones y máquinas ensambladoras (30%)

La encuesta permite aproximar la lupa a algunas circunstancias de interés, como la religión de los encuestados. Los hombres católicos presentan las mayores tasas de consumo de prostitución: así lo afirma el 30,7% de los no practicantes y el 30,2% de los practicantes. En el extremo opuesto, son los agnósticos (21,1%) y los ateos (21,4%) los que en menor medida dicen haber pagado a mujeres en contextos de prostitución. En un término medio, se sitúan los creyentes de otras religiones (26,4%) y los que no se identifican con ninguna creencia (26,2%).

En una escala de autoubicación ideológica, los hombres que presumen de posiciones más a la extrema derecha son también quienes más reconocen consumir prostitución (29,6%), pero las diferencias respecto a quienes se sitúan más a la izquierda son irrisorias (29,4%). Siendo el uno el extremo más progresista, aquellos hombres que se ubican en la categoría dos y tres son los que presentan tasas más bajas de consumo de prostitución (19,1% y 19,5% respectivamente).

La encuesta evidencia que es en las localidades pequeñas donde existe un mayor consumo de prostitución. El 29,5% de los hombres encuestados que ha pagado por mantener relaciones, pertenece a municipios con menos de 50.000 habitantes. Por el contrario, los territorios con un menor consumo de prostitución (21,5%) son los que tienen entre 100.001 y 400.000 vecinos. 

En cuanto a la pornografía, la encuesta refleja que el 71,8% de los hombres accede a contenidos pornográficos, siendo en este caso una tendencia mayoritaria entre los más jóvenes. En este caso, las dinámicas se invierten: los hombres menores de 35 años son quienes más porno consumen, una práctica que va descendiendo de forma progresiva conforme aumenta la edad de los entrevistados.

El 28,1% de las mujeres afirma haberse visto forzada a realizar prácticas sexuales no deseadas. Es decir, casi tres de cada diez mujeres reconocen haber sufrido violencia en el marco de sus relaciones sexuales. Es uno de los resultados que arroja la Encuesta Nacional de Salud Sexual, publicada este jueves por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Se trata de la segunda edición del análisis global, tras más de quince años.

¿Y qué sucede con los hombres? El 13,6% admite haber tenido la sensación de obligar a su pareja, en alguna ocasión, a realizar prácticas que no quería hacer. Pero ellos también señalan haber sufrido experiencias violentas en el marco de sus relaciones, especialmente cuando sus parejas sexuales son otros varones. El 12,8% de los hombres encuestados aseguran que ellos mismos también se han sentido forzados, si bien el porcentaje se dispara en el caso de los hombres homosexuales y bisexuales, con porcentajes superiores al 39%. La inmensa mayoría de los entrevistados –9.009 personas mayores de 16 años– entiende que el hecho de forzar una práctica sexual es una forma de violencia.

El consentimiento tiene un peso clave en el análisis. El 27,6% de los hombres está de acuerdo con que algunas personas "necesitan que se les insista para tener relaciones sexuales", un porcentaje que cae al 20% cuando son ellas las interpeladas. Más de la mitad de los hombres (54,3%) cree que existe el deber de terminar un encuentro sexual una vez aceptado, si la otra persona quiere. Las mujeres, en cambio, difieren de la afirmación: el 60,5% de las encuestadas está en desacuerdo con el supuesto compromiso de llegar hasta el final siempre que ya se haya iniciado el encuentro. 

"Aunque ambos sexos rechazan mayoritariamente la coerción explícita, los hombres son más tolerantes con formas sutiles de presión sexual, y son las mujeres quienes declaran haberlas sufrido en mucha mayor medida", concluye el estudio.

El 27,5% de los hombres entrevistados reconoce haber consumido prostitución: el 17,9% dice haberlo hecho más de una vez. La encuesta revela que el 18,8% de quienes mantuvieron relaciones sexuales con penetración vaginal en contextos de prostitución no utilizaron preservativo.

El acceso a la pornografía lleva también el sello masculino. En el último año, el 72% de los hombres han visto porno, un porcentaje que se desploma hasta el 25% en el caso de ellas. El 25,4% de los varones lo hace semanalmente, el 14,5% cada mes y el 26,5% con menos frecuencia. La ministra de Sanidad, Mónica García, cree que los resultados en este epígrafe no deben derivar en discursos "alarmistas", pero sí ponen sobre la mesa la "importancia de la educación afectivo sexual", por delante de "los algoritmos y las pantallas". 

"El 91% de la población quiere que haya educación sexual y afectiva en los colegios", ha destacado la ministra, contraponiendo el apoyo mayoritario de la población a "los debates" en torno al pin parental. La encuesta evidencia que la principal fuente de información sexual proviene del colegio (29,2%), seguida muy de cerca por las madres (26,5%) y la propia experiencia (24,2%).

Un vistazo a los datos desagregados por la ideología de los encuestados desliza también resultados interesantes. El consenso en torno a la necesidad de implementar estrategias de educación sexual en las escuelas es mayoritario entre quienes se sitúan más a la izquierda (96,9%), una tasa que decrece conforme los encuestados se confiesan más conservadores, pero que también recibe apoyo por parte de los entrevistados de la extrema derecha (77,4%).