14 españoles, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación, se encuentran en el crucero donde se ha declarado un brote de hantavirus que ha ocasionado tres muertos durante su travesía por el Atlántico Sur. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este martes que siete personas se han visto afectadas, tres han fallecido y cuatro permanecen enfermas.

El buque MV Hondius zarpó con 150 turistas a bordo el pasado 20 de marzo desde Ushuaia (sur de Argentina) para cruzar el Atlántico Sur con destino al archipiélago canario. Actualmente, se encuentra frente a la costa de Cabo Verde.

Las evidencias apuntan a que las personas afectadas se contagiaron en la embarcación, según el Ministerio de Sanidad. En Sudáfrica, la embarcación hizo una escala, donde uno de los cadáveres dio positivo en hantavirus.

"Las evidencias actuales apuntan a que se contagiaron en la propia embarcación. El hantavirus se contagia sobre todo por excrementos de ratas en zonas donde circula el virus. Una zona de aventuras donde estuvieron los fallecidos es zona de ratas con hantavirus. Aun así, no se descarta que alguno se haya contagiado dentro del barco por ratas o que el médico fuese contagiado con un contacto estrecho con uno de los fallecidos", explica Sanidad.

La transmisión del hantavirus entre humanos es excepcional y difícilmente produce brotes amplios en la población, por lo que no es una enfermedad que deba preocupar, según la especialista en enfermedades infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona, Judit Villar, en declaraciones a EFE.

"No es una infección por la que nos tengamos que preocupar en el sentido de que no produce brotes a nivel poblacional como una gripe, ya que requiere de un contacto estrecho y prolongado para su contagio", explica la jefa de sección de la unidad de enfermedades importadas y salud internacional del Hospital del Mar.

La creciente movilidad humana y los viajes a zonas salvajes han elevado en los últimos años el riesgo de zoonosis, que es lo que ocurre cuando una enfermedad animal salta al humano.

El hantavirus es un virus conocido por los científicos desde hace décadas y se puede transmitir a humanos por el contacto con orina o heces de roedores. Villar ha detallado que hay diferentes cepas de hantavirus y la "más agresiva" es la del continente americano, que puede provocar cuadros a nivel respiratorio.

Si ha causado cuadros de neumonía y tos, esto puede haber facilitado la transmisión dentro del crucero, ha aventurado Villar, aunque ha remarcado que el contagio entre humanos "no deja de ser excepcional", ya que requiere de un contacto "estrecho y prolongado". Como ocurre con otros virus, el hantavirus puede llegar a ser mortal pero esto depende de si la persona infectada tiene patologías de base respiratorias que empeoren el pronóstico y de la atención médica recibida.

El Gobierno neerlandés, país de origen del crucero con un brote de hantavirus, ha anunciado que acogerá a tres pasajeros enfermos, mientras que España anunció que recibirá en Canarias al MV Hondius a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario", según ha informado el Ministerio de Sanidad.

España también ha aceptado una petición formal del Ejecutivo de Países Bajos para acoger al médico del crucero, que se encuentra en situación grave, y que será trasladado de inmediato a Canarias en un avión hospitalizado.

Un comunicado del Ministerio de Exteriores de Países Bajos y de la empresa holandesa Oceanwide Expeditions, operadora del crucero MV Hondius, ha señalado este martes que "tres personas, incluyendo un nacional neerlandés, están siendo evacuados a Países Bajos, donde recibirán el tratamiento médico necesario".

Estaba previsto que el martes por la tarde un equipo de epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevase a cabo una evaluación en el barco fondeado en Cabo Verde para determinar las acciones a seguir. Su intención es conocer el estado de las 147 personas a bordo, que incluyen a catorce españoles, entre ellos cinco catalanes, tres madrileños, un gallego y una valenciana, en principio en buen estado de salud. 

El departamento ministerial español explicó, antes de conocerse que tres pasajeros enfermos serían evacuados a Países Bajos, que "no habría motivo clínico para realizar (...) una escala en las Islas Canarias, salvo que aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las islas Canarias".

Aunque si esto último ocurriera, "por el principio de prestación de socorro, estaría justificada la atención", ha especificado el departamento que dirige Mónica García y como así pasará.

También el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha dicho este martes en Bruselas que el buque "debe ser atendido donde está", en Cabo Verde, antes de regresar de manera directa y sin pasar por Canarias a Países Bajos, lugar en el que está la empresa que opera el crucero.

Emiratos Árabes Unidos (EAU), quinto mayor productor de crudo del mundo y segundo del golfo Pérsico gracias a sus explotaciones petrolíferas, ha anunciado que abandona la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La exclusiva alianza, formada por los 12 países responsables del 43% de la producción mundial de petróleo y el 80% de sus reservas totales, se encarga de regular los precios de esta materia prima en el mercado global.

Tras el cierre del Estrecho de Ormuz por el Gobierno iraní, el negocio del petróleo y el gas ha sufrido un gran revés y se ha visto obligado a reestructurarse, lo que genera movimientos como el de Abu Dabi. La producción de la OPEP se redujo en marzo casi 8 millones de barriles diarios, un 27,5% menos que en febrero, en consecuencia a la guerra de Irán iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

EAU asegura que su salida, efectiva el próximo 1 de mayo, se debe a estas "perturbaciones en el golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz" que “afectan a la dinámica de la oferta”. El país árabe defiende que sus compromisos nacionales son los de satisfacer “las necesidades urgentes” del mercado, especialmente a largo plazo.

Por esta visión a futuro, también luchan por una supuesta reducción de emisiones de carbono y un aumento de la producción de energías renovables. Sin embargo, los intereses comerciales del país son realmente otros. 

La OPEP, liderada por Arabia Saudí y Rusia y fundada, entre otros, por Irán, ha sido criticada recientemente por el presidente Trump por inflar los precios del crudo. El país americano lleva semanas presionando la zona con amenazas económicas y comerciales para reabrir el Estrecho, sin éxito.

La predilección de los EAU por los intereses de Estados Unidos es cada vez mayor. Como gran aliado económico y militar de Washington, el movimiento del país del Golfo acerca posturas con Trump y se posiciona claramente junto a él, formando parte del chantaje a sus vecinos para la reapertura del Estrecho.

Emiratos Árabes produjo 2,9 millones de barriles de petróleo al día en 2024, según cifras de la propia OPEP. Esto lo sitúa como uno de los principales países productores del mundo. No obstante, defiende que, tras su salida de la OPEP, “continuará desempeñando su papel responsable aumentando la producción de forma gradual y prudente", y seguirá "colaborando con sus socios para desarrollar recursos".

En el comunicado, el país agradece a la organización a la que pertenece desde 1967, pero asegura que "ha llegado el momento de centrar los esfuerzos en los intereses nacionales de EAU".

Como consecuencia, Abu Dabi queda eximida de ceñirse a cualquier obligación mercantil de la organización, lo que le dará libertad y flexibilidad a la hora de negociar con su crudo.

Donald Trump ha prorrogado el alto el fuego con Irán pocas horas antes de que terminase la tregua de diez días que se dio, pero este movimiento del presidente de Estados Unidos busca aumentar la presión sobre Teherán y demostrar que en la República Islámica nadie tiene la capacidad de cerrar un acuerdo.

Según la reconstrucción hecha por el medio estadounidense Axios, la decisión de extender unos días más la tregua responde a una ventana de oportunidad muy concreta. "Trump está dispuesto a dar otros tres a cinco días de alto el fuego para permitir que los iraníes pongan orden", resumía una fuente estadounidense. Pero con un matiz importante para el fin del conflicto en Oriente Medio: esta paz "no va a ser indefinida". Desde EEUU esperan nuevas propuestas de Irán para poder sentarse a negociar en Islamabad.

Ese margen temporal, limitado y condicionado, como explican medios estadounidenses sirve para demostrar algo que la Administración Trump lleva tiempo insinuando y es que Irán está fracturado y no hay nadie que parezca poder tomar decisiones. Esto, en medio de la incertidumbre sobre la salud de Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo iraní que todavía no se ha pronunciado y que parece estar, según Irán, grave, y según EEUU, muerto. Desde Axios, una fuente del Gobierno estadounidense asegura que en Irán "ni unos ni otros pueden decir sí" a un acuerdo dada la inestabilidad política del país.

La prórroga no implica una desescalada real. Washington mantiene intacto su principal instrumento de presión: el bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz. Trump acusó a Irán de querer el paso abierto “para ganar 500 millones de dólares al día”, pero en su red social, aseguró que EEUU lo tiene "totalmente bloqueado".

Según subrayan fuentes de la Administración citadas por Politico, la Casa Blanca considera que esa presión económica y militar es precisamente la que puede forzar a Teherán a sentarse a negociar.

La asfixia económica a la que esta guerra está llevando al mercado energético global —dado que por Ormuz pasa una parte importante del petróleo mundial— está contribuyendo al desgaste político interno del Gobierno estadounidense. Trump ya había asegurado en días previos que EEUU había obtenido “todo lo posible” en el plano militar, pero que "la guerra está por terminar".

Un interlocutor próximo al entorno presidencial señalaba a Axios que “Trump no quiere usar más la fuerza militar y ha tomado la decisión de terminar la guerra"; en cambio, en Politico aseguran que el presidente sigue convencido de que EEUU negocia “desde una posición de fuerza”. No lo creen desde Irán, donde ven la extensión de la tregua como una victoria parcial.

La mediación de Pakistán está suspendida precisamente por ese bloqueo interno iraní. El vicepresidente estadounidense JD Vance llegó a tener el Air Force Two preparado para salir hacia el país, pero Teherán retiró a sus negociadores y aseguró, como informa la agencia de noticias iraní Tasnim (próxima al aparato del Estado), que hasta que no se levante el bloqueo naval en Ormuz no se sentarán en la mesa.

Este episodio  ilustra el punto muerto en el que se encuentra la tregua: Washington presiona para negociar y Teherán exige un desbloqueo para sentarse a la mesa. Politico añade que ese desacuerdo sobre el bloqueo naval y la negociación nuclear se han convertido en los principales obstáculos para reactivar las conversaciones mientras EEUU espera nuevas propuestas.

La extensión del alto el fuego no está exenta de costes para Trump. Algunos de sus propios asesores reconocen que prolongar la tregua reduce parte de la presión inmediata sobre Irán. Pero la apuesta del presidente es que el bloqueo naval compensa la pérdida de popularidad.

"Irán está desesperado por dinero", dijo el presidente, insistiendo en que la presión económica limita incluso la capacidad del régimen para pagar a sus fuerzas de seguridad. En esa línea, fuentes citadas por Politico apuntan a que la Casa Blanca confía en que el deterioro económico termine forzando divisiones aún mayores dentro del liderazgo iraní y acerque posiciones con la República Islámica.

Un poco después de las 20:15 horas de este jueves, la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, y el líder regional de Vox, Óscar Fernández, salían de sus despachos para anunciar ante los medios de comunicación que había acuerdo. “Hemos acercado posturas más allá de las diferencias ideológicas, gana la democracia frente a la crispación”, sostenía Guardiola ante los micrófonos. 

Ahora, Fernández puede apuntarse el tanto de una victoria ante el PP, ya que el candidato de Vox será el que dirija la recién creada Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, un departamento que concentrará competencias estratégicas en política social, burocracia administrativa e incluso áreas vinculadas a inmigración y seguridad.

Un modelo que Abascal ha plagiado a su homólogo en Argentina, Javier Milei. En 2024, el mandatario ultraliberal argentino creó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, un organismo orientado a eliminar trabas burocráticas, derogar leyes consideradas innecesarias y fomentar la libre competencia, bajo la dirección de Federico Sturzenegger. 

El nuevo acuerdo entre el PP y Vox para el Gobierno de Extremadura contempla 74 medidas, la mayoría de ellas centradas en materia migratoria y que son un brindis al sol, ya que la ley de extranjería es de aplicación nacional. Además, el partido ultra dirigirá la Consejería de Agricultura y contará con un senador por designación autonómica. Guardiola quiere contentar a Vox y le entrega, de este modo, dos departamentos que son seña de identidad de la formación de Abascal. 

Desde el partido verde defienden que la nueva consejería será una herramienta para impulsar la reducción de trabas administrativas, aplicar políticas sociales bajo su marco ideológico y reforzar medidas relacionadas con la “prioridad nacional”. 

Las acciones que se llevarán a cabo desde esta nueva consejería de Desregulación son, entre otras: la supresión de ayudas económicas para las ONG que asistan a extranjeros, el compromiso de no habilitar más plazas en centros de acogida, la prohibición del uso del burka y niqab en espacios públicos o el retorno de los menores migrantes no acompañados. 

Hay medidas que incluso tienen plazo de cumplimiento. Antes del mes de septiembre se tendrá que haber creado una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva para así tener un mayor control de los empadronamientos de los inmigrantes. Además, y también antes de dicho mes, tendrán que suprimir la aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.

Otras de las que incluyen el acuerdo, como la prohibición del burka y el niqab, eran debates que, aunque ya parecían cerrados desde hace años, se han reabierto. Aun así, el pasado martes el Congreso rechazó su prohibición en una propuesta impulsada por Junts, después de haber tumbado el pasado mes de febrero una iniciativa similar. Esa vez, claro, los impulsores eran los diputados de Vox. 

Ya en 2013 sucedió algo similar. Por aquel entonces, el Tribunal Supremo declaró nula la prohibición del velo integral que había aprobado el Ayuntamiento de Lleida. Además, la institución advirtió del riesgo de aislamiento que estas medidas podrían generar en las mujeres a las que se buscaba “proteger” y que no era posible saber si todas las que lo llevaban lo hacían por coacción externa. 

Además, el nuevo Ejecutivo se “opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”. 

Tampoco destinarán un solo euro a facilitar su entrada o acogida en Extremadura. Pero el pacto no se queda ahí, e incorpora el compromiso de trabajar “activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen” a través de “acuerdos con los países de origen”.

Extremadura es uno de los lugares en España que está perdiendo habitantes más rápidamente. De hecho, según las proyecciones del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), la comunidad podría ver reducida su población en casi 149.000 habitantes de aquí a 2049, una caída del 14% en tan solo 25 años. Esto tiene una traducción clara: menos mano de obra. 

La situación podría solventarse con la llegada de migrantes, que podrían revitalizar la economía de zona. Algo que no pasará con el nuevo Gobierno de PP y Vox. “Han conseguido incrementar su población en 2025 por los migrantes que van allí a trabajar”, asegura Lucila Rodríguez-Alarcón, directora de la Fundación porCausa. “Extremadura necesita mucha inmigración para hacer frente a lo que viene”, sentencia. 

Esto por no hablar de que la ley de extranjería es de ámbito nacional. Es decir, los gobiernos regionales no pueden decidir si dejan entrar a los migrantes o no. Los traslados o las regularizaciones son competencia del Estado. 

“Lo que están haciendo es abrir un debate social sobre un problema que en Extremadura no existe para generar tensión social en la comunidad. Esto está en línea del discurso de Vox, lo vergonzoso es cómo el PP está comprando este discurso, representando no a sus votantes, sino a los de Vox”, añade la directora de porCausa. 

Este miércoles, uno de los diputados de Vox en Murcia señaló que hay que combatir el aborto "incluso con violencia". Dos días después, se ha conocido que su partido estará a cargo del área de Familia en Extremadura. Además, tendrán las competencias de servicios sociales, inclusión, infancia y familia, las de juventud y las de cooperación internacional al desarrollo. 

En el caso de Extremadura, la violencia machista ni siquiera es mencionada en el acuerdo. Solo se refieren a las mujeres una vez. “No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad”, un extracto que justifica la prohibición del burka y el niqab. 

Tampoco habrá una consejería de Igualdad como tal. Aun así, ya hay precedentes de lo que sucede cuando Vox entra en los Gobiernos autonómicos. En el caso de Castilla y León, los de Vox propusieron que se obligara a las mujeres que pretendían abortar a escuchar el latido fetal o acceder a una ecografía 4D. No se puso en marcha, pero sirvió para abrir un debate social que ya estaba resuelto –como en el caso de la inmigración en Extremadura–. 

En Andalucía, el Gobierno de Moreno Bonilla dio partidas a organizaciones contrarias al derecho a la libre interrupción del embarazo, destinadas a la implementación de “actuaciones de fomento de la natalidad”. Este era uno de los requisitos pactados con Vox en los presupuestos de 2021. Mientras, las ayudas económicas en materia de igualdad fueron languideciendo y en 2020, dejó sin fondos a más de un centenar de organizaciones feministas. 

La derogación de la ley de memoria histórica siempre ha sido uno de los objetivos principales de Vox y en algunas comunidades autónomas ya lo han conseguido. Baleares fue la última donde la coalición entre la extrema derecha y los populares consiguieron este objetivo y ya son cinco las comunidades donde PP y Vox están tratando de sustituir esta norma por una ley de “concordia”.

Así sucedió en octubre de 2025 precisamente en Extremadura. La norma salió adelante con los votos a favor del Partido Popular y Vox y el rechazo del PSOE y Unidas por Extremadura. Una ley cuyo objetivo trata en principio de “preservar, mantener y reforzar la concordia, la reconciliación y la convivencia de todos los extremeños sobre la base de los principios democráticos recogidos en la Constitución Española”.

Esta sustitución también se ha dado en otras autonomías gobernadas por la coalición PP-Vox como Cantabria, Aragón o la Comunitat Valenciana. Con ello, la vuelta a una ley de memoria como ya la hubo en Extremadura se antoja complicada. Para la diputada extremeña por Unidas Podemos, Irene de Miguel, esto “demuestra que el franquismo sigue impregnado en su organización”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sufrido un gran contratiempo con una de las medidas clave de su segundo mandato, que comenzó hace poco más de un año. El Tribunal Supremo de su país ha declarado ilegales la mayoría de los aranceles impuestos por el mandatario tras concluir que el Gobierno estadounidense se extralimitó en sus poderes para imponer gravámenes, según recoge EFE.

Tras esta decisión de la justicia de Estados Unidos, Donald Trump ha decidido imponer un arancel global del 15% a determinados productos. Este nuevo tributo entrará en vigor el próximo 24 de febrero y dejará fuera a algunos productos que sí entraban dentro de los parámetros de los gravámenes aprobados hace meses por Trump y ahora anulados por el Supremo.

Mientras que el anterior arancel estaba personalizado para cada país y cada producto, con diferentes porcentajes según las intenciones de Trump con cada industria, el gravamen aprobado el pasado viernes es el mismo para todos, de un 15%.

Este nuevo arancel está basado en la sección 122 de la ley de Comercio de 1974, que permite abordar desequilibrios graves en la balanza de pagos mediante recargos sobre importaciones, sin requerir la aprobación del Congreso para cada caso específico.

Esto lo diferencia de aranceles anteriores que se basaban en otras secciones o en acuerdos internacionales, y que enfrentaron obstáculos legales por exceder la autoridad ejecutiva o por no estar directamente vinculados a problemas específicos de pagos internacionales.

Ramadán es un momento de gran importancia para la comunidad musulmana. Se trata del nombre del noveno mes del hijri, el calendario islámico, y consiste en un período de recogimiento donde las personas que practican el islam trabajan en conectar más con la religión y su espiritualidad, así como con la familia y los seres queridos.

El hijri es un calendario lunar y no coincide con el gregoriano (el que usamos de manera estándar en Occidente), así que cada año las fechas en las que se desarrolla el Ramadán son distintas. En España, este año comprende desde la noche del 17 de febrero hasta el 20 o 21 de marzo, dependiendo del estado de la luna. 

Durante este periodo, que dura entre 29 y 30 días, unos dos millones de personas celebran esta festividad en España, y unos 2.000 millones en todo el mundo. El islam, la segunda religión más seguida del planeta, engloba al 25% de la población mundial.

Durante este mes se transita un período de recogimiento. Se trata de reconectar con uno mismo y con la religión, y de buscar el equilibrio y la estabilidad para revisarse y mejorar. Entre otras cosas, se practica el ayuno durante las horas de sol. Además, se favorece la lectura, el estudio del Corán, la solidaridad y se intenta mejorar las relaciones con los demás.

Desde que sale el sol hasta que se pone no se ingieren alimentos ni bebidas. Tampoco se toma agua ni café ni se mastican chicles. Los niños, las personas ancianas o enfermas, aquellas que estén en período de lactancia, menstruando, etc., están exentas de realizarlo. Esta parte de la práctica suele iniciarse en la preadolescencia, entre los 12 y los 14 años, cuando los niños ya son suficientemente mayores.

Al anochecer es tradición reunirse con la familia y los seres queridos para romper el ayuno y comer los platos especialmente cocinados para la ocasión. La costumbre marroquí, por ejemplo, es la de tomar leche, dátiles y harira (un tipo de sopa). 

Durante el Ramadán no se suele escuchar música, sino que suelen estar presentes grabaciones de versos del Corán, recitados por los mejores oradores.

Al finalizar este período tiene lugar el Eid al-Fitr, que se corresponde con los tres primeros días del mes siguiente (Shawwal). Esta festividad, traducida como “Fiesta de ruptura del ayuno”, se celebra con los seres queridos con mesas repletas de comida y puede felicitarse con la expresión "¡Eid Mubarak!" (¡Feliz Eid!).

Los practicantes del ayuno que no hayan podido realizarlo por algún motivo que sea transitorio, suelen “recuperarlo” a lo largo del año, ayunando otros días. Si, por el contrario, la persona no puede ayunar nunca, por ejemplo, por motivos de salud, es común donar a los más necesitados la cantidad proporcional de dinero o comida que has ingerido durante esas semanas.

El calendario islámico o hijri es un calendario lunar con 12 meses, con 354 o 355 días, dependiendo del año. Se diferencia del gregoriano (el usado en casi todo el mundo, incluido España) en que se guía por las fases de la luna para definir el inicio del nuevo mes. Además, el día comienza cuando cae el sol, y no después de medianoche, como en el gregoriano. 

Comenzó en el 622 d.C., por lo que en la actualidad es el año 1447 H (de la Hégira). Arabia Saudí es el único país que lo usa oficialmente, mientras que el resto de la comunidad musulmana lo usa de guía para conocer las fechas de los eventos relacionados con el islam, como el Ramadán, el Eid, etc.

Para saber cuándo comienza y termina exactamente este noveno mes del hijri, los astrónomos saudíes observan la luna. Cuando comienza la fase creciente, un par de días después de haber desaparecido del cielo en su fase nueva, un nuevo mes da comienzo.

Son muchas las personas musulmanas que forman parte de España. Unos dos millones de ciudadanos en todo el territorio profesan esta religión, que apenas tiene representación a nivel institucional. 

De hecho, a pesar de que España es un país aconfesional no se ha planteado reconocer como festivos algunas fechas muy señaladas, como el Eid al-Fitr, que celebran un gran número de personas. Activistas como Safia El Aaddam reivindican que estos días se incluyan en el calendario escolar y laboral, ya que son fechas para celebrar en familia. 

El Aaddam asegura que “estaría bien” que por el momento, al menos, se feliciten estas fechas a los alumnos en los colegios e institutos: “La diversidad cultural y religiosa en España es latente. Mirar hacia otro lado, no hablar de ello ni felicitar a nuestro alumnado no nos hace más progresistas. Nos aleja de ellos y nos convierte en excluyentes”.

Aunque los puntos claves que rodean el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) van definiéndose, todavía son muchas las incógnitas que envuelven la tragedia que dejó 45 víctimas mortales el pasado 18 de enero. En ese contexto, han ido ganando presencia la información confusa, los sesgos y las imprecisiones. En los últimos días, el foco ha estado situado en un elemento específico que está siendo utilizado por la derecha para pedir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de Pedro Sánchez: el tramo de la vía donde empezó a descarrilar el Iryo. Esto es lo que se sabe hasta el momento sobre este tramo:

Este sábado, el diario El Mundo publicaba una noticia sobre el estado de la vía, un texto en el que se afirmaba que el descarrilamiento se produjo en un tramo de la vía sin renovar y fabricado en 1989. Según el citado periódico, el lugar exacto de la vía en el que descarriló el convoy se correspondería con el punto en el que se produce el cambio de material renovado a material más antiguo.

A raíz de esta publicación, el Partido Popular ha empezado a utilizarla como artillería contra el Gobierno. Este domingo, su secretario general, Miguel Tellado, pidió la "dimisión inmediata" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a quien acusa de haber mentido. Para sostener esta afirmación se basa en las declaraciones del titular de la cartera la misma noche del descarrilamiento, cuando aseguró que la vía había sido "totalmente renovada".

El domingo, el ministro Óscar Puente respondió a El Mundo tachando la pieza de bulo. "El carril roto por el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo", reiteró el líder del departamento. En concreto, añadió en redes sociales, se trata del carril con el número de serie 312592Y101. Fue "fabricado en 2023, con un peso de 60 kg por metro, e instalado durante mayo y junio de 2025".

El ministro añadió además que el carril señalado tiene "su certificado de inspección de haber pasado todas las comprobaciones químicas, mecánicas, metalográficas, de ecuación predictiva, de dureza y de choque e impacto, que son obligatorias para estos materiales antes de su puesta en servicio".

Sí apuntó, en una entrevista concedida este lunes a La hora de La 1, que la quiebra se produjo "junto a la soldadura", por lo que el foco de la investigación está puesto ahora en el motivo de la rotura. "Hay que intentar delimitar si hay un problema en la soldadura" o si se trata de una "rotura por torsión" del carril, matizó el ministro. Para ello, la comisión de investigación debe "examinar tanto el raíl como la soldadura y ver qué es lo que ha pasado".

Además, puntualizó en redes sociales, todos los carriles de Arcelor Mital llevan la marca Ensidesa "porque es su marca comercial, sean del año que sean". Esta última aclaración de Puente busca responder a los comentarios de líderes conservadores, como el diputado Ignacio Catalá (PP), en los que se viene a reseñar que Ensidesa dejó de existir con ese nombre en los noventa, poniendo en duda la veracidad de las facturas aportadas.

Puente se ha detenido también en aclarar la afirmación que hizo de que la vía esta "totalmente renovada": la renovación integral de la línea Madrid-Sevilla. En ese sentido, ha explicado que una renovación completa no implica necesariamente que todos los elementos sean nuevos, sino que es habitual reutilizar componentes o ensamblar tramos antiguos con otros a estrenar. La vía "se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos", reiteró este mismo lunes en la televisión pública.

En diciembre de 1995 se firmó en Madrid el inicio del diálogo para construir el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) para formar la mayor zona de libre comercio del mundo, con 720 millones de habitantes y una quinta parte del PIB global. Después de tres décadas de conversaciones, la semana pasada el Consejo Europeo avaló la firma de este pacto histórico, que se ratificará este sábado en Paraguay y eliminará los aranceles para aproximadamente el 90% de los productos. Los más sonados han sido los agrícolas, que han provocado importantes protestas en toda Europa, también en España, con cortes de carretera en Cataluña o Galicia.

Aunque el acuerdo comercial abarca numerosas industrias, el sector primario europeo ha sido el más beligerante con el pacto porque abre la puerta a que entren masivamente alimentos (vegetales y animales) cultivados y producidos en gigantes agrícolas como Brasil o Argentina que podrían sobreponerse a las empresas europeas con sus precios más bajos. No obstante, se han establecido una serie de salvaguardas agresivas para evitar que el mercado se rompa.

A cambio, Europa podrá exportar sus bienes sin aranceles a Mercosur, principalmente coches, productos industriales, químicos y medicinas, eliminando cada año 4.000 millones de euros en costes de aduanas para las 60.000 empresas europeas que venden allí. Pese a que la esencia del tratado es eliminar barreras arancelarias, los expertos matizan que algunos artículos no tienen hoy aranceles, pero que gracias al tratado se afianzan los lazos entre las dos regiones.

"La soja ya entra sin arancel, pero estos lazos comerciales ayudan a que no se vaya a lugares como China", opina Pablo Resco, analista de mercados agrícolas en Plataforma Tierra Cajamar. "Hace cinco años quizás no era tan importante, pero en el mundo de hoy tener socios y evitar la incertidumbre es un éxito", afirma.

Por otra parte, Víctor Burguete, investigador del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), cree que el pacto llega tarde para los sectores industriales. "El acuerdo es en general positivo para Europa, pero hace diez años hubiera permitido establecer al mercado automovilístico en Latinoamérica, donde ahora hay un gran dominio chino", señala.

El acuerdo ha sido aprobado por el Consejo Europeo, será firmado este fin de semana y entrará en vigor de manera provisional. Sin embargo, debe ser ratificado por el Parlamento Europeo la próxima semana, un paso que podría alargarse incluso dos años si los países críticos –encabezados por Francia– logran llevarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como están tratando de hacer.

El mecanismo reduce a cero los aranceles de millones de productos en las dos direcciones, impulsando el comercio de artículos españoles clave como el vino (actualmente tiene un arancel del 35%), el aceite de oliva (10%), la maquinaria automovilística (35%) o los medicamentos (14%). No obstante, el efecto no será inmediato, ya que algunos bienes tardarán más de una década en perder sus impuestos aduaneros para que la transición sea suave.

La idea original del tratado, según Burguete, era "cambiar alimentos por coches", pero la situación geopolítica ha cambiado tanto en el último año que los expertos destacan más la importancia de tener nuevos socios en un mundo cambiante. La Comisión Europea calcula, en todo caso, que las exportaciones europeas crecerán en 35.000 millones de euros al año hacia Mercosur gracias al tratado, aunque habrá muchos ganadores y unos pocos perdedores.

El centro del debate –y la razón de que se haya tardado tres décadas en formalizar el pacto– está en los productos agrícolas europeos, como los cárnicos, que podrían perder cuota de mercado frente a la competencia de Sudamérica. Para suavizar el impacto, en el caso de la carne de vaca, de cerdo y de pollo, solo se reducirán los aranceles en una cantidad limitada de toneladas del alimento, inferior al 2% de la producción total de la UE.

El bloque de Mercosur, por su parte, también se arriesga a que la gran industria automovilística europea se coma a los fabricantes de coches de Brasil, por ejemplo, de manera que en los dos lados del océano habrá víctimas colaterales.

Francia es el país que más oposición política ha ejercido en Bruselas contra el pacto, y casi logra una mayoría suficiente para frenar el acuerdo en el Consejo Europeo junto a Irlanda, Polonia, Austria y Hungría, pero el cambio de opinión de última hora de Italia permitió sacarlo adelante.

Tomás García Azcárate, doctor en Economía Agraria, explica que el campo francés tiene mucho poder político y el Gobierno teme una fuga de votos hacia la extrema derecha, a lo que se suma la decadencia de su industria agrícola. "En 2026, Francia podría registrar una balanza comercial agraria negativa por primera vez en la historia reciente del país", apunta el analista.

José María Castillo, delegado en Bruselas de la organización agrícola española Asaja, destaca que mejoras que se han logrado en la última semana mejoran la opinión del pacto entre los agricultores, aunque no es suficiente. Por ejemplo, se permitirá destinar más dinero a la Política Agraria Común –hasta 45.000 millones de euros– y se introducirá una salvaguarda en el acuerdo UE-Mercosur que dicta que si un producto varía un 5% o más su precio o su stock en el mercado, se abriría una investigación que podría recuperar los aranceles para evitar un impacto en el sector.