La Sección Octava de la Audiencia de Barcelona ha absuelto al expresidente de Caixa Cataluña, al exdirector general Adolf Todó, y a los otros 39 acusados por administración desleal y de apropiación indebida por los sueldos de la entidad.

Según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el tribunal considera que "los hechos declarados probados no son constitutivos del delito de administración desleal ni del de apropiación indebida sostenido por las partes acusadoras".

Las acusaciones sostenían que los acusados cometieron estos delitos por los acuerdos aprobados en varios Consejos de Administración de la entidad en los que, en plena crisis económica, con notable reducción de los beneficios, se incrementó el salario de varios de los principales responsables.

La defensa del expresidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra, ha reclamado este martes su absolución en el juicio en la Audiencia de Barcelona porque, dice, los aumentos de salario a directivos en 2010, en pleno contexto de crisis, eran "perfectamente legales" y no causaron un perjuicio económico a la entidad.

El abogado de Serra, Pau Molins, ha defendido, al presentar su informe final ante la Sección Octava de la Audiencia, que los dos acuerdos aprobados por el consejo de administración de Caixa Catalunya en enero y octubre de 2010 en los que se aprobaron incrementos salariales son "irrelevantes desde una perspectiva penal". Molins ha defendido que Narcís Serra "observó escrupulosamente sus deberes de lealtad a la caja" como presidente, designando a un nuevo equipo directivo liderado por Adolf Todó,—cuyo sueldo fijo se le subió 100.000 euros en 2010— considerado uno de los más cualificados directores generales en activo por su gestión al frente de Caixa Manresa.

En este sentido, ha resaltado que, al fichar a Todó, Serra estaba velando "por el sostenimiento de la entidad" para dar un giro a su política, que en aquel momento adolecía de excesiva dependencia del sector inmobiliario y con alto nivel de morosidad. El abogado de Serra ha destacado que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que inyectó cantidades millonarias en la entidad desde 2011, "hizo exactamente lo mismo que hizo Narcís Serra y el consejo en 2010" y mantuvo las subidas salariales. "¿Por qué a Narcís Serra se le acusa por parte de la acusación pública y la Abogacía del Estado, y no a los señores del Frob si hicieron exactamente lo mismo?", se ha preguntado.

El fiscal Fernando Maldonado ha asegurado este viernes que la subida de sueldos a los directivos aprobada por el consejo de administración de Caixa Catalunya en enero y octubre de 2010 supuso una "grave lesión a los intereses de la entidad" en una situación de crisis económica generalizada y de la entidad, por lo que lo considera dos delitos de administración desleal.

Así lo ha expuesto en su informe final ante la Sección 8 de la Audiencia de Barcelona que juzga al expresidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra, a su exdirector general, Adolf Todó, y a otros 39 acusados que formaban parte del consejo de administración que aprobó las subidas salariales en pleno proceso de fusión con Caixa Manresa y Caixa Tarragona. Para el fiscal, "la entidad era un gigante con pies de barro y los administradores no fueron ni ordenados empresarios ni representantes leales".

Maldonado ha constatado que, en un contexto de crisis extraordinaria en la entidad bancaria, de práctica insolvencia, en sus palabras, la subida salarial en dos consejos de administración, en enero y octubre de 2010, fue "inadecuada y delictiva". Ha citado un informe de junio de 2008 de un supervisor de Caixa Catalunya en el que planteaba que la entidad estaba en un escenario difícil con incremento de la morosidad y deterioro de los ratios de solvencia: "Eran nubarrones lo que caía" sobre la caja.

En su exposición, ha recalcado que Caixa Catalunya era la cuarta entidad de España pero necesitaba al Fondo de reestructuración ordenada bancaria (Frob) —que en 2010 inyectó 1.250 millones de euros, y en 2012 otros 9.000— al ser una "entidad vulnerable", y ha resaltado que en plena subida de sueldos también se estaba negociando un ERE que acabó afectando a 1.600 trabajadores.

El expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra ha afirmado este jueves, al salir de la primera jornada de su juicio en la Audiencia de Barcelona por los sueldos de la entidad, que "estos sueldos escandalosos no existen" y que todas las decisiones fueron legales y legítimas, informa Europa Press.

En declaraciones a los medios, al preguntarle por los sueldos supuestamente desproporcionados que se aprobaron en dos consejos de administración de 2010, ha afirmado: "Estos sueldos escandalosos no existen. El fiscal solo nos acusa del salario del director. No acusa de nada más".

Serra ha admitido que está preocupado: "Sería insólito que una persona estuviera bajo juicio y no estuviera preocupado. Tranquilo y preocupado".

El exministro, que se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión por dos presuntos delitos de administración desleal a petición de la Fiscalía, ha asegurado que demostrará en el juicio que todos los acusados hicieron "lo que correspondía".

"Y que muchas cosas incluso las vimos antes que otras autoridades, que cambiamos la dirección, que no hay más que decisiones legales y legítimas", ha añadido.

A su llegada al tribunal la mañana de este jueves, Serra ya había afirmado que no se arrepiente de su gestión al frente de Caixa Catalunya: "Hice lo que debía hacer".

La Sección 8 de la Audiencia le ha empezado a juzgar junto a otros 40 acusados por la causa de los sueldos supuestamente desproporcionados de la entidad en los años de mayor crisis económica, de 2008 a 2012, y durante la sesión se han planteado las cuestiones previas.

Dispensados de las sesiones

Durante la vista, el tribunal ha aceptado a petición de Pau Molins, abogado de Narcís Serra, que los acusados puedan ausentarse de algunas sesiones si así lo solicitan –están previstas 28 jornadas– una vez hayan declarado como acusados, si bien deberán estar para el turno de la última palabra.

La defensa de Serra ha planteado durante las cuestiones previas que se anule el auto de apertura de juicio oral dictado por el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, al considerar que la CUP, que ejerce de acusación popular, no está legitimada para ejercer la acción civil y reclamar responsabilidades económicas a los acusados.

El tribunal ya ha adelantado que va a rechazar anular dicho auto de apertura de juicio oral, con lo que el juicio podrá proseguir, aunque ha anunciado que motivará por escrito los argumentos sobre si la CUP puede ejercer la acción civil.

Con este mismo argumento sobre la CUP, Pau Molins ha pedido reducir la fianza pedida a sus clientes como responsabilidad civil, porque ni la CUP ni la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) –acusación que se ha retirado– tienen legitimación para pedirles esa responsabilidad civil, con lo que la fianza debería fijarse en la cantidad que pide el fiscal, 2,5 millones de euros, y no 9,5 (por la petición de la CUP).

Juan Segarra –abogado del exdirector de Caixa Catalunya Adolf Todó, uno de los directivos acusados cuyas retribuciones el fiscal ve "desproporcionadas"– ha solicitado que, al retirarse la acusación particular de la CIC, se le debía devolver un aval bancario aportado para cubrir la petición que le hacían, de 800.000 euros de fianza.

Segarra ha pedido, por otro lado, que la Fiscalía excluya de su acusación que el consejo de administración de enero de 2010 aumentara el salario fijo de Todó, ya que en la denuncia inicial y en la instrucción judicial solo se refería al aumento variable, lo que para el letrado puede vulnerar el derecho de defensa y de tutela judicial efectiva.

De admitirse esta petición, algo que el tribunal dirimirá en los próximos días, la cantidad de aumento salarial de Todó derivado de ese acuerdo del consejo que deberá juzgarse pasaría de 700.000 euros a 56.000, según el abogado.

Marc Molins –defensa de otros acusados– ha solicitado durante la vista que se alterara el orden previsto para la declaración de los 41 acusados en el juicio, y que declararan al final para garantizar el derecho de defensa y la igualdad de armas, una petición que ha sido desestimada por el tribunal.

La próxima sesión, al haberse concluido el trámite de cuestiones previas un día antes de lo previsto en el calendario, será el jueves 11 de octubre con la declaración de Serra y Todó.

El que fuera presidente de Caixa Catalunya entre 2005 y 2010 y exministro socialista, Narcís Serra, ha reconocido este miércoles en el Congreso que la estructura inmobiliaria de la caja, Procam, alimentó la burbuja inmobiliaria y que conocían el riesgo que suponía en caso de dificultades económicas.

Durante su intervención ante la comisión que investiga la crisis económica, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros, Serra ha reconocido que la propia estructura de Procam "tendía a la burbuja", ya que concertaba alianzas con diferentes promotores inmobiliarios por todo el país.

"A primera vista era muy inteligente, porque con cuatro o cinco empleados de control se manejaba una pirámide amplia. Ya les digo que era la cuarta inmobiliaria de España. ¿Qué no se hizo bien? Construir una estructura desmesurada respecto a las posibilidades de las cajas, y sobre todo encerraba un peligro enorme en caso de que se produjera una crisis económica", ha aseverado.

En todo caso, Serra ha asegurado ante los diputados que propuso "desmantelar" esta estructura en 2006, incluso sin tener en cuenta la idea de que se pudiera avecinar una crisis económica, pues cree que "el mecanismo no era bueno". "Varios elementos, como el coste de obtención de los fondos necesarios para la expansión o la estructura del instrumento inmobiliario eran insostenibles a medio plazo", ha dicho.

Quebec (Canadá), Escocia (Reino Unido) y Cataluña son territorios geográficamente alejados entre sí, pero con algo en común: el anhelo independentista de una parte de su población. Tanto el Estado federal canadiense como la nación británica son desde hace años una referencia para el independentismo catalán, que los pone como ejemplo de territorios que pudieron votar en un referéndum su eventual secesión –que en ninguno de los dos casos terminó produciéndose–. Y no son los únicos territorios que han valorado esta opción: pese a que nunca ha puesto en marcha el proceso, Irlanda del Norte tiene derecho desde 1998 a organizar una consulta para separarse de Reino Unido y unirse a Irlanda.

A diferencia de lo que ocurre con el 1-O, estas consultas –o la posibilidad de hacerlas, en el caso norirlandés– se pactaron con el Estado, y en las leyes que las ampararon quedaban claros asuntos como la forma de redactar la pregunta, los ciudadanos con derecho a voto o el modo de proceder tras una victoria del sí a la independencia. Este diario ha analizado los aspectos clave de cada una de esas normas, que reglamentan una posibilidad, la de la independencia de una parte del territorio, que el Gobierno español rechaza reconocer y a la que las instituciones catalanas han otorgado una base legal –la Ley de Referéndum– que ha generado multitud de protestas por cómo fue aprobada en el Parlament.

  ¿Cómo se da soporte legal a la consulta?

Esa es precisamente la primera diferencia entre las normas que regulan la autodeterminación en Reino Unido, Quebec e Irlanda del Norte y la catalana: mientras las tres primeras han sido consensuadas entre las autoridades del territorio que aspira a la secesión y las del Estado del que forma parte –que reconoce el derecho a la autodeterminación de una de sus partes–, en Cataluña el Govern y su mayoría en el Parlament han aprobado la ley con la oposición frontal del Gobierno central.

En Canadá, la ley que ofrece la posibilidad de separarse a sus territorios es la Ley de Claridad, aprobada en 2000, tras el segundo referéndum de independencia que se celebró en Quebec en 1995 –el primero había tenido lugar en 1980–, en el que la opción de permanecer en Canadá venció con el 50,58% de los votos. La norma es producto de una cuestión planteada por el Gobierno de Canadá a su Tribunal Supremo a raíz de la pregunta que se hizo en el segundo referéndum, una cuestión muy farragosa que provocó que la corte dejara claras tres cosas: que no existía el derecho de secesión unilateral, que el Gobierno quebequés tenía todo el derecho a preguntar a su población por la independencia y que esta pregunta debía de ser clara y concreta para que sirviera para negociar una separación.

Por su parte, el referéndum que tuvo lugar en Escocia en 2014 tenía como base legal un acuerdo firmado en octubre de 2012 entre los Gobiernos británico y escocés en el que, además, se reconocía al Parlamento Escocés la competencia para aprobar la legislación que posibilitara la consulta. En este acuerdo quedaba claro que ambos Ejecutivos se comprometían a que el referéndum ofreciese "una prueba justa y una expresión decisiva del punto de vista del pueblo de Escocia y un resultado que todo el mundo" respetaría, y establecía las líneas generales en cuanto a cuestiones como la pregunta o el censo electoral.

El documento que ofrece soporte legal a una eventual consulta para la reunificación irlandesa son los Acuerdos de Viernes Santo, firmados en 1998 y con los que se puso punto y final a largas décadas de conflicto armado en Irlanda del Norte. En ese documento se reconoce "la legitimidad de cualquier elección que libremente tome una mayoría del pueblo de Irlanda del Norte con respecto a su estatus, ya sea que prefiera seguir apoyando la unión con Gran Bretaña o una Irlanda unida y soberana", y se establece que es "obligación" de los parlamentos irlandés y británico "introducir legislación" para hacer efectiva una eventual decisión de independencia del Úlster.

  ¿Cómo se convoca un referéndum?

Las legislaciones escocesa, norirlandesa y canadiense explicitan el modo de proceder para convocar la consulta de autodeterminación. En el caso escocés, el acuerdo entre Gobiernos establecía que quedaba en manos del Parlamento Escocés "legislar para un referéndum que tenga lugar en algún momento antes del fin de 2014", y se señalaba que la fecha concreta de la votación sería decidida por la cámara escocesa e incluida en la ley que la regulase.

La Ley de Claridad canadiense también plantea el procedimiento concreto, aunque el primer paso no es acordar la posibilidad de que se celebre un referéndum –esta competencia pertenece directamente a los estados federados–, sino certificar que la pregunta sobre la autodeterminación está suficientemente clara. En su primer artículo, la norma explica que "en un plazo de treinta días después de que el Gobierno de una provincia presente en su asamblea legislativa o haga pública de cualquier otra forma la pregunta que tiene intención de presentar a los votantes en un referéndum de secesión, la Cámara de los Comunes deberá considerarla y decidir por escrito si está clara". Y si entiende que no es así, el referéndum puede seguir adelante, pero el Estado no negociará una eventual independencia incluso ganando el sí.

En los Acuerdos de Viernes Santo, por su parte, se establece que la responsabilidad de convocar un referéndum para decidir la eventual unión del Úlster a la República de Irlanda recae sobre el secretario de Estado para Irlanda del Norte, el ministro del Gobierno encargado de gestionar ese territorio. Quien ocupe ese cargo, señala el documento, convocará un referéndum "si en algún momento le parece probable que una mayoría de los votantes expresen el deseo de que Irlanda del Norte debería dejar de ser parte del Reino Unido y formar parte de una Irlanda unificada". Aunque eso sí: la norma establece que entre consulta y consulta deben pasar como mínimo siete años.

  ¿Cómo se decide la pregunta?

En el caso escocés, el acuerdo con el Gobierno británico establecía que la pregunta sería decidida por el propio Parlamento escocés. Y, en la ley que desarrolló la consulta que tuvo lugar en 2014, esa es la primera cuestión de detalle que se aborda, ya que en el artículo 2 se establece que la pregunta sería "¿debería Escocia ser un país independiente?". Todo lo contrario ocurre en los Acuerdos de Viernes Santo, que pese a reconocer la opción de que pueda organizarse un referéndum de separación del Reino Unido, no establecen detalles sobre cuál debería ser la pregunta.

Pero precisamente la redacción de la pregunta en una consulta es la clave de la Ley de Claridad canadiense, que de hecho tiene ese nombre porque establece la necesidad de que un referéndum de autodeterminación se celebre con una cuestión que deje claro lo que se está decidiendo. La redacción es, inicialmente, responsabilidad del estado federado que se quiera independizar –fundamentalmente, Quebec–, pero la Cámara de los Comunes canadiense considerará que el referéndum no le obliga a abrir negociaciones para la independencia si la pregunta "se limita a pedir un mandato para negociar sin solicitar una expresión directa [...] de si la provincia debería dejar de ser parte de Canadá". Tampoco la cámara baja canadiense se sentiría concernida, señala la ley, si la pregunta "contempla otras posibilidades además de la secesión, tales como acuerdos económicos o políticos con Canadá".

  ¿Hace falta un porcentaje mínimo de participación? ¿Y de síes?

Ni el acuerdo que alcanzaron Escocia y Reino Unido para organizar el referéndum de 2014 ni la ley emanada del Parlamento Escocés para su celebración establecían un porcentaje mínimo de participación para considerar el referéndum vinculante, y tampoco pedían una mayoría reforzada de síes para dar por buena una eventual independencia: con el 50,1% de los votos, se hubiera dado por válida la independencia. Y tampoco lo hacían los Acuerdos de Viernes Santo en el caso norirlandés, que es el que menos detalles deja solventados.

Por el contrario, la legislación canadiense sí se pronuncia al respecto, aunque es ambigua y no establece una barrera clara de participación ni de votos favorables. La Ley de Claridad explica que, si el gobierno de un Estado federado pide iniciar negociaciones para la secesión tras vencer esta opción en un referéndum, la Cámara de los Comunes estará obligada a examinar esta solicitud, salvo en el caso de que previamente hubiera determinado que la pregunta de la consulta no era suficientemente clara.

En su examen, la cámara baja canadiense tendrá que pronunciarse sobre si, a su juicio, en ese referéndum se ha expresado una "determinación clara del deseo de una clara mayoría de la población de esa provincia de que la provincia deje de ser parte de Canadá". Y, para ello, son tres los criterios que el parlamento valoraría: "la amplitud de la mayoría de votos válidos emitidos a favor de la opción secesionista", "el porcentaje de votantes que participan en el referéndum" y "cualquier otro asunto o circunstancia que se considere relevante". Es decir: la participación y la mayoría son asuntos clave para determinar la legitimidad de la petición de independencia, pero la barrera a partir de la cuál un referéndum se consideraría legitimado la decidiría la Cámara de los Comunes.

  ¿Quién vota?

Con respecto al censo, hay coincidencia entre las tres legislaciones: se considera que el derecho de autodeterminación pertenece a los ciudadanos del territorio en cuestión, y por eso son ellos los que se pronuncian sobre la independencia del mismo. El caso canadiense es el más claro al respecto, porque la Ley de Claridad da por hecho que la potestad de consultar a los ciudadanos pertenece al Estado federado y no al Gobierno central, aunque es éste quien debe dar su conformidad a la pregunta para que el referéndum tenga validez.

El acuerdo suscrito entre los gobiernos británico y escocés para la celebración de la consulta de 2014 también dejaba claro que los escoceses eran los que debían votar. "Ambos gobiernos están de acuerdo en que todos aquellos llamados a votar en las elecciones locales y parlamentarias escocesas deberían poder votar en el referéndum", señalaba el pacto, mientras que la ley que lo desarrolló establecía que la edad mínima para ejercer el derecho al sufragio eran los 16 años. En el Reino Unido, habitualmente el mínimo son los 18 años.

Y los Acuerdos de Viernes Santo también son claros y reconocen "sólo para el pueblo de la isla de Irlanda, por acuerdo de las dos partes y sin impedimento externo, el ejercicio de su derecho a la autodeterminación". Este derecho, apunta el acuerdo, debe ejercerse "sobre la base del consentimiento, libre y expresamente dado, del norte y del sur" para confluir en "una Irlanda unida, si así lo desean", y "aceptando que este derecho debe ser alcanzado y ejercido con arreglo al acuerdo y con el consentimiento de la mayoría del pueblo de Irlanda del Norte".

  Y si gana la opción independentista, ¿qué ocurre?

En lo que pasa el día después de la victoria del sí en un referéndum de independencia no hay tanto acuerdo entre las tres legislaciones. El entonces Ministro Principal de Escocia, Alex Salmond, declaró públicamente meses antes del referéndum de 2014 que Escocia necesitaría "entre 15 y 18 meses para constituirse como nación" si vencía el sí a la independencia, un tiempo que se emplearía en poner "en pie la legislación para la transferencia de poderes desde Westminister a Holyrood", la sede del Parlamento Escocés. Pero la norma sobre el referéndum no ofrece detalles sobre cómo hubieran debido desarrollarse estas negociaciones.

Por su parte, la única previsión incluida en los Acuerdos de Viernes Santo con respecto a lo que debe de ocurrir si se aprueba la unificación irlandesa en referéndum es muy escueta: "si, en el futuro, la gente de la isla de Irlanda ejerce su derecho a la autodeterminación [...] para alcanzar una Irlanda unida, será una obligación vinculante para ambos Gobiernos [el británico y el irlandés] introducir y apoyar en sus respectivos parlamentos la legislación necesaria para dar cumplimiento a este deseo".

Mucho menos definitivo sería un sí en un eventual referéndum de independencia en Quebec. Y es que, además del examen de la participación y las mayorías necesarias para considerarlo legítimo, la Ley de Claridad canadiense sólo establece que se abrirán negociaciones tras la victoria de la opción independentista, pero deja todas las opciones abiertas. "El Gobierno de Canadá no comenzará a negociar sobre las condiciones en las que una provincia podría dejar de ser parte de Canadá a menos que la Cámara de los Comunes determine", en base a su análisis, "que ha habido una clara expresión del deseo de una clara mayoría de la población de esa provincia" de querer separarse, señala la norma.

El juez decretó la apertura del juicio oral contra el expresidente de Caixa Catalunya y exministro socialista, Narcís Serra, y otros 40 acusados por los sueldos supuestamente desproporcionados de la entidad en los años de crisis económica, informa Europa Press.

En un auto de este lunes recogido por ña agencia, el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona exige que los 41 acusados, conjuntamente, paguen una fianza de 2.568.000 euros por el supuesto fraude al Fondo de Restauración Ordenaria Bancaria y de 7.000.000 a Caixa Catalunya, ambos por posibles responsabilidades civiles.

El juzgado también reclamó que, además, el que era director general de la entidad, Adolf Todó, abone otra fianza de 808.563 euros: "De no verificarlo, procédase al embargo de sus bienes en cuantía suficiente para cubrir las referidas cantidades", añade el auto.

La querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra el exvicepresidente del Gobierno socialista Narcís Serra y otros 14 exdirectivos de CatalunyaCaixa (después pasó a denominarse Catalunya Banc) especifica en qué proyectos enterró la caja catalana 720 millones de euros en inversiones en diferentes partes de España, pero también en Portugal y Polonia.

Catalunya Banc tuvo que ser rescatada con 12.052 millones de euros de dinero público. En el verano de 2015, esta entidad fue adjudicada al BBVA, que presentó una oferta de 1.187 millones, de los que unos 600 correspondían al desembolso directo de la entidad, 400 millones eran a cargo de los activos fiscales diferidos y el resto correspondía a unos seguros con Mapfre. De esta forma, la pérdida del Estado en esta entidad ha supera los 11.400 millones.

En el documento de la Fiscalía, que ha admitido a trámite el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y al que ha tenido acceso infoLibre, el Ministerio Público reclama la declaración como imputado de Serra y del resto de implicados.

Sin embargo, la querella incluye un atestado elaborado por los agentes de la Guardia Civil adscritos al caso, en el que se plasma la declaración de 9 de febrero de 2016 del propio exvicepresidente del Ejecutivo del Gobierno encabezado por Felipe González, que también fue ministro de Defensa.

Un cargo representativo

En su declaración, Serra aseguró que su cargo de presidente de la entidad financiera, en el que se mantuvo entre 2005 y 2010, era representativo y no ejecutivo. Sin embargo, reconoció que durante este periodo presidió la comisión ejecutiva, y que tanto en el consejo de administración como en la comisión ejecutiva tenía voto por ley.

El entonces presidente de CatalunyaCaixa aseguró que todas las operaciones, que ahora están bajo sospecha, partían de la propuesta del director general, cargo que ejerció José María Loza hasta que fue sustituido en febrero de 2008 por Adolf Todó.

Serra reconoció que el director general presentaba de forma verbal al consejo la información los proyectos, que se presentaban con un texto escueto, "en el que no se entraba en detalle de la operación" sino que describía la inversión que se aprobaba.

En su declaración ante la Guardia Civil, llama la atención que Serra especificó que no se pedía la información de los expedientes "porque parecía una desconfianza hacia los ejecutivos de la caja", que según su versión eran los responsables de "los buenos resultados" de la empresa inmobiliaria de CatalunyaCaixa, Procam, que no inclinaban "a ninguna visión crítica que hiciera dudar de lo que se presentaba".

El 90% de los beneficios

En este sentido, Serra resaltó que la división inmobiliaria de la caja que presidía, Procam, era en 2005 la responsable del 90% de los beneficios de la entidad, "lo que no hacía dudar de ellos".

Además, y como garantía del prestigio de los directivos, el entonces presidente de la caja aseguró que todos los proyectos propuestos por Procam venían informados por los técnicos de forma favorable, lo que justificaría, según su versión, que estas operaciones se aprobaban "siempre por asentimiento".

Sin embargo, Serra declaró a los agentes que su grado de conocimiento de los proyectos se limitaba a aspectos generales "y que difícilmente entraba en detalles de operaciones concretas, pero sí en la marcha de Procam y sus resultados periódicos".

Por este motivo, siempre según el testimonio de Serra, "no se informaba si los activos eran o no del socio inmobiliario, tampoco si existían o no pagos por intermediación, ni si existían o no garantías en función de la recalificación final de los terrenos que asegurasen la inversión".

6 millones de plusvalía

Pero la querella de la Fiscalía pone de manifiesto las importantes plusvalías de las que se aprovecharon los socios de la división inmobiliaria de Catalunya Caixa. Como por ejemplo el Grupo Prasa obtuvo una plusvalía de 6.064.347 euros "sin que se desarrollase ningún hito urbanístico que justificase el incremento", y todo en perjuicio de la entidad presidida por Narcís Serra.

El documento del Ministerio Público alerta también que al menos tres de los directivos implicados adquirieron viviendas a las promotoras presuntamente favorecidas. El principal ejemplo de esta forma de actuar fue la adquisición de una casa por 162.000 euros en 2006 por parte del director ejecutivo de Procam, Eduardo Aznar Berruezo, a la sociedad Construcciones Batlle Cervera SA, una firma que poco después se benefició de un bonus de 1,2 millones otorgados por Procam, encabezada por el propio Eduardo Aznar Berruezo. 

Por todas estas presuntas irregularidades, el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB) presentó una denuncia, al entender que Serra y el resto de directivos causaron un perjuicio a la caja catalana de unos 720 millones en 15 operaciones inmobiliarias. El perjuicio se ha calculado teniendo en cuenta el precio de adquisición de los terrenos y el precio de su adjudicación a la Sareb, el denominado banco malo.

"Terrenos no urbanizables"

En términos generales, Anticorrupción destaca que la caja adquirió "terrenos no urbanizables" o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que conllevaba riesgo en la inversión. Y en la mayoría de los contratos de compra de los terrenos "no se establecían cláusulas suspensivas o resolutorias del pago del precio condicionadas a la efectiva realización de los proyectos".

Tampoco las tasaciones estuvieron libres de irregularidades, pues no las realizaron expertos independientes. Incluso los terrenos llegaron a ser comprados por sus socios a precios bajos "días antes de la venta a la sociedad participada" por Catalunya Caixa.

Estos son los 15 proyectos urbanísticos y el agujero que provocaron a la entidad presidida por Narcís Serra:

  1. PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES CERBAT SL: 41,2 millones

El perjuicio económico en esta operación fue de 41,2 millones de euros. En concreto, esta firma abonó en 2006 al Ayuntamiento de Lleida 49,53 millones de euros, mientras que el 21 de diciembre de 2012 se traspasó al banco malo por 8,3 millones de euros.

  2. VERTIX PROCAM: 29,66 millones

El perjuicio según la auditora de las operaciones de Catalunya Caixa en las promociones de Vertix Procam se originó en las operaciones denominadas La Seda (16,11 millones), Paseo Morella-El Corte Inglés (6,38 millones) y en Palma de Mallorca-Son Güells (7,18 millones).

  3. ADENDIA PROCAM SL: 8,63 millones

El perjuicio causado a la entidad tras el traspaso a la Sareb de las promociones de la sociedad Adendia Procam fue de más de 7 millones en el Proyecto Vejer (Cádiz) y de 1,5 millones en Hacienda del Álamo (Murcia).

  4. ARMILAR PROCAM SL: 119,46 millones

El perjuicio que la caja tuvo en la Región de Murcia, y en concreto en la promoción de Armilar Procam en Hacienda del Álamo, de 108 millones de euros, fue sin duda el más abultado para Catalunya Caixa. También malogró otros 10,6 millones en la urbanización Cortijo de Acevedo (Málaga). 

  5. MILLENNIUM PROCAM, SL: 16,2 millones

Esta empresa de Castelldefels adquirió terrenos en Lorca (Murcia), Molina de Segura (Murcia), Valdemoro (Madrid), Chiclana (Cádiz) por 19,6 millones, que al final fueron valorados por la Sareb por 3,4 millones. 

  6. PRASA PROCAM SL: 58,7 millones

La caja de Narcís Serra utilizó la sociedad Prasa Procam para realizar inversiones en Portugal, Sevilla y Málaga. En el traspaso de participaciones de Prasa Procam a la matriz Procam, Catalunya Caixa obtuvo una pérdida contable de 3,9 millones que sumados a los 54,8 millones que había perdido el grupo previamente supone un perjuicio total de 58,7 millones de euros.

  7. ALCALÁ 120 PROMOCIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA SL: 49,3 millones

En el proyecto de Majuelo Norte (Valdemoro, Madrid) se pagaron 38,9 millones de euros y se traspasaron a la Sareb por un precio de 11,9 millones, por lo que el total de la pérdida fue de 26,9 millones. En Molina de Segura (Murcia) el perjuicio fue de 22,4 millones de euros, los que sumados a los 26,9 millones anteriores da un perjuicio total de 49,3 millones.

  8. BADALONA BUILDING WATERFRONT SL: 20,7 millones

Las pérdidas de la firma Espais Urbanístivos, socia de la caja en una promoción de Badalona (Barcelona), provocan que la finca se devalúe por los deterioros de existencias, por lo que la pérdida o desfase es de 20,7 millones (29 millones de préstamo menos 8,3 del valor de las fincas que constituían las garantías).

  9. PRONORTE UNO PROCAM SA: 20,93 millones

Según la auditora el perjuicio causado a Catalunya Caixa en dos proyectos en la Comunidad de Madrid fue de 20,93 millones, siendo de 16,44 millones en Ciempozuelos y de 4,49 en Moraleja de Enmedio.

  10. EUROLENDER SL: 33 millones

La caja perdió 33 millones de euros en su inversión de varias fincas en Camarma de Esteruelas (Madrid). Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de junio de 2013 calificó de forma definitiva los suelos pertenecientes a Eurolendert como suelos no urbanizables de especial protección, ya que incluye la práctica totalidad de las fincas de la sociedad como Zona ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves).

  11. SEIF-PROCAM SL: 107,8 millones

El total de coste de las fincas de Chiclana denominadas Carboneros (115,7 millones) y Pinar del Hierro (24 millones) supuso un desembolso de 139,7 millones. El total de los activos de SEIF según el precio de traslado a la Sareb fue de 31,9 millones, por lo que el perjuicio ocasionado a Catalunya Caixa en estas dos operaciones fue de 107,8 millones.

  12. AVENIS PROCAM SL: 44,67 millones

Los terrenos del proyecto Perales del Río (Madrid) fueron traspasados al banco malo por 9.722,15 euros y los terrenos del proyecto Molina de Segura (Murcia) por 7.813.366

euros, por lo que el perjuicio económico fue de 44.674.278 euros.

  13. PROMOCIONES MRA-PROCAM SA: 12,2 millones

MRA pagó por unas fincas en Alday-Maliaño (Cantabria) 16,6 millones, que acabaron traspasadas a la Sareb por 4,5 millones, por lo que el perjuicio ocasionado a la entidad fue de 12,2 millones. 

  14. ESPAIS CERDANYOLA SL: 34,7 millones

Según la auditora el valor de adquisición de las fincas en Cerdanyola por la socia de la caja en esta operación, Gescat Gestió del Sol, fue de 40,9 millones y la valoración de las mismas de 6,2 millones, por lo que el perjuicio fue de 34,7 millones. 

  15. JALE PROCAM SL: 6,54 millones

La sociedad Jale Procam SL se constituyó el 19 de mayo de 2005 con la finalidad de realizar negocios inmobiliarios en Andalucía, mediante la adquisición de suelos no urbanizables aunque con expectativas urbanísticas. A la fecha de transmisión de este suelo a Sareb, el día 21 de diciembre de 2012, continuaba siendo no urbanizable. Según la auditora BDO el perjuicio sufrido fue de 6.547.323 euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el exvicepresidente socialista Narcís Serra y otros 14 ex altos cargos de Catalunya Caixa, según han confirmado a infoLibre fuentes de la Audiencia Nacional.

La investigación se inició en 2014 después de que el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB) alertara a la Fiscalía Anticorrupción de las irregularidades detectadas en una quincena de operaciones inmobiliarias realizadas entre 2000 y 2007. Y el Ministerio Público ha investigado desde entonces hasta presentar una querella por un posible agujero de 720 millones de euros.

Anticorrupción considera que Serra, que presidió la caja catalana entre los años 2005 y 2010, fue el principal responsable de estas operaciones que han resultado ruinosas para la entidad financiera, que ha necesitado más de 12.000 millones de euros públicos para evitar su quiebra.

La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado al exvicepresidente del Gobierno socialista Narcís Serra por un presunto agujero de 720 millones de euros de Catalunya Caixa, que presidió el número dos de Felipe González entre los años 2005 y 2010, según la noticia adelantada por El Periódico de Catalunya.

El diario asegura, en concreto, que el Ministerio Público ha presentado una denuncia en la Audiencia Nacional (consulte aquí el documento) contra el expresidente de Catalunya Caixa y otros 14 ex altos cargos, entre ellos el que fuera director general Adolf Todó, por un delito de administración desleal supuestamente cometido al haber causado un perjuicio de 720 millones de euros en una quincena de operaciones inmobiliarias realizadas entre el 2000 y el 2007.

Las irregularidades fueron detectadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), aunque la denuncia la ha interpuesta el fiscal Fernando Maldonado, que en la misma sostiene que durante ese periodo la caja de ahorros "ejecutó una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria" través de su filial Procam. Las inversiones no sólo se hicieron en España, sino también en Polonia y Portugal.

"Falta de preparación"

El rotativo catalán explica que la Fiscalía resalta "la total falta de preparación técnica de la mayor parte" de los miembros del consejo de administración de Catalunya Caixa para la aprobación de "cualquiera de las propuestas" que les plantease el director general. Igualmente, se ha constatado que el expediente que se entregaba a los consejeros contenía una mínima información del proyecto y solo podía ser consultado en la misma sesión de la votación. "No extraña que nunca se realizaron auténticas votaciones y que todos los proyectos se aprobaran por asentimiento", indica.

La "ausencia de un auténtico control" provocaban que Narcís Serra, el director general, José María Loza y Adolf Tod, su adjunto, eran quienes "realmente" decidían en la caja, sin que sus decisiones "jamás" fueran puestas en entredicho.

Pero este no es el único problema judicial de Serra, ya que será juzgado por cobrar sobresueldos "en perjuicio de la entidad" que presidía, que tuvo que ser rescatada con 12.054 millones de dinero público.

La decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona conocida este martes de confirmar el procesamiento del expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra por percibir retribuciones exageradas sitúa al que fuera número dos del Gobierno de Felipe González entre 1991 y 1995 como el segundo vicepresidente del Gobierno de la democracia, tras Rodrigo Rato, al que se le va a juzgar por cobrar sobresueldos "en perjuicio de la entidad" que presidía, que tuvo que ser rescatada con 12.054 millones de dinero público.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Serra y al resto de exdirectivos de Caixa Catalunya de haber cometido el delito de administración desleal, mientras que la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) añade el delito de apropiación indebida para Todó, que afronta una posible pena de diez años de cárcel. La CIC, presidida por Gonzalo Postigo, reclamará cuatro años de prisión para Serra.

Rodrigo Rato está siendo enjuiciado por gastar 99.084 euros con su tarjeta blackblack de Caja Madrid, pero también por ser el responsable de mantener de forma irregular las Visa tras la creación de Bankia. Y todo ello al margen de los órganos de Gobierno de la entidad financiera que presidió hasta que tuvo que ser rescatada con 22.400 millones de euros.

En el caso de las tarjetas black, tanto Rato como Miguel Blesa y otros 63 exdirectivos y exconsejeros están siendo enjuiciados como presuntos autores de los delitos de administración desleal y apropiación indebida. La acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito, que también está personada como acusación en el caso de Narcís Serra, reclama diez años de cárcel para Rato y Blesa.

Retribuciones "desproporcionadas"

La Audiencia barcelonesa ha acordado enviar al banquillo a Narcís Serra, al exdirector Adolf Todó y a otros 30 exmiembros del consejo de administración de la entidad por sus subidas de sueldos, rechazando un total de 11 recursos de las defensas. Según la Fiscalía Anticorrupción, en Caixa Catalunya existieron retribuciones e indemnizaciones "desproporcionadas y ajenas a su real situación de insolvencia", especificó en su denuncia el fiscal Fernando Maldonado Clavero.

En concreto, Serra percibió en siete años 1,2 millones, destacando los ejercicios 2008 y 2009, en los que percibió 260.440 euros en cada uno. Estos ingresos, que incluían retribuciones y dietas, eran muy superiores a los cobrados en 2004, que fueron de 24.801 euros.

Por eso, Anticorrupción asegura que Serra y el resto de directivos actuaron con "evidente abuso del cargo", ya que utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y transcendencia públicas, "en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera".

Extenso relato

En el auto de la Sección 21, adelantado por Europa Press, los magistrados rechazan los recursos interpuestos por las defensas para solicitar el sobreseimiento del caso, porque el auto en el que se cerraba la instrucción del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, del 16 de diciembre de 2014, "cumple sobradamente los requisitos generales de motivación" y contiene un extenso y detallado relato de los hechos.

Considera la Audiencia que de las diligencias de instrucción se desprenden indicios suficientes para atribuir a los recurrentes el delito de administración desleal, que se concretan en los acuerdos que en 2010 adoptaron los imputados, permitiendo "incrementos de las retribuciones salariales que no eran acordes a la situación real de la entidad".

La Audiencia de Barcelona considera, además, que en el momento en el Serra y los otros directivos se aprobaron las subidas de sueldos la situación financiera de la entidad era "especialmente delicada" ya que desde 2007 a 2009 se habían reducido considerablemente sus beneficios, y en el año 2010 se aprobó un expediente de regulación de empleo que afectó a 1.600 personas en total, además de que recibieron 1.250 millones de ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (Frob).

"Espúreo manejo de fondos"

"En el anterior contexto económico, las retribuciones de los máximos directivos de la entidad: Adolf Todó, como director general; Jaume Masana, como director general adjunto, aumentaron considerablemente en perjuicio de los intereses de la entidad y en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea y el Frob", prosigue la Audiencia.

Según Anticorrupción, esta forma de actuar de los exejecutivos de Caixa Catalunya "denota un reprochable y espúreo manejo de los fondos de una entidad cuyo único objetivo debe ser procurar un adecuado beneficio para destinarlo a obra social y evitar un despilfarro de dichos fondos en beneficio de los altos directivos".

En el auto del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona ahora ratificado, en el que cerraba la instrucción, se consideró que todos los acusados actuaron "en perjuicio y desprecio de los intereses de la entidad, de su finalidad, y de los intereses generales".

900 millones de pérdidas

El juez acusó, por tanto, a Serra y a Todó, pero también a los miembros del consejo de administración que votaron a favor de los presuntos sobresueldos de los altos cargos mientras la entidad recibía dinero público por su grave crisis financiera, al ver indicios de un delito de administración desleal.

El fiscal, Fernando Maldonado Clavero, también investiga a Serra y a otros exdirectivos de Caixa Catalunya tras la denuncia presentada por el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancario (Frob) en el marco de una investigación por pérdidas de 900 millones900 millones generadas a través de operaciones hipotecarias.

Según el diario El Mundo, el también exministro de Defensa declaró ante la Guardia Civil el 22 de enero pasado en relación a 16 operaciones financieras presuntamente delictivas.

Los ciudadanos de Sao Paulo, en Brasil, pudieron ver antes de Navidad una imagen muy poco frecuente en España: una protesta de trabajadores del Banco Santander a pie de sucursal. Denunciaban a la primera entidad financiera española por acoso moral. Los objetivos comerciales “exagerados y abusivos” impuestos a la plantilla han deteriorado el clima de trabajo y acabado con la salud de algunos de los empleados. En Brasil, el Santander obtiene el 20% de su beneficios, tantos como en Reino Unido y seis puntos más de los que consigue en España. “Presionan a los comerciales para que vendan lo que es invendible”, explican fuentes de UGT. Esas prácticas abusivas, aseguran, no son más que una copia de las habituales en España. También sus consecuencias.

El sindicato denuncia que en el Banco Santander sus trabajadores hacen 30.000 horas extra diarias. Que no se pagan a la plantilla ni cotizan a la Seguridad Social ni tributan por el IRPF. Según el Estatuto de los Trabajadores, son ilegales todas las horas extraordinarias que superen las 80 anuales. La entidad que dirige Ana Patricia Botín no declara hacer ni una sola hora extra. Así que UGT ha presentado más de un centenar de denuncias ante la Inspección de Trabajo, muchas de las cuales han terminado con la correspondiente sanción. Sin embargo, “el banco paga las multas y continúa con las prolongaciones de jornada”, se queja el sindicato.

El Santander ha obtenido 4.361 millones de euros de beneficios en los tres primeros trimestres del año, un 31,7% más que en el mismo periodo de 2013. Las horas extra realizadas por su plantilla en un solo día equivalen a la jornada anual de 18 trabajadores, cuyas nóminas se ahorra la entidad. Según los cálculos de UGT, unos 15.000 de los 23.602 empleados del Santander prolongan sus horarios. “No da tiempo a hacer todo el trabajo de ocho a tres y media, así que lo normal es continuar de cinco a ocho de la tarde, y sin remunerar”, protesta el sindicato. “Es un fraude no sólo al trabajador, sino también a la Seguridad Social y la Hacienda Pública”. infoLibre ha intentado, sin éxito, recabar la opinión del banco sobre la denuncia sindical.

El 77% hace horas extra sin remunerar

Santander es el primer banco de España y uno de los primeros del mundo. Pero, al igual que el resto del sector financiero nacional, ha sufrido una cura de adelgazamiento brutal durante la crisis. Tras la integración con Banesto en 2013, la plantilla se ha reducido en 3.000 personas gracias a un generoso plan de prejubilacionesla plantilla se ha reducido a partir de los 58 años –de los 55 años en Madrid– y a otro de bajas incentivadas. Ha cerrado 900 oficinas en un año. “Han menguado las plantillas, pero no el número de clientes”, advierten las fuentes de UGT. El recorte de personal, sumado a unos objetivos comerciales inalcanzables, destacan, han disparado el número de horas extra. Por otra parte, un mal histórico del sector: “No son necesarias, responden a la cultura del presentismo y de estar disponibles al máximo”.

Ésa es una de las conclusiones de una encuesta elaborada por UGT entre trabajadores de banca. El 77,67% de los preguntados declaraba hacer horas extra. El 40,34% de ellos, por culpa del exceso de trabajo, y otro 34,5%, por presiones de sus superiores. Según un estudio de CCOO sobre el mismo asunto, las horas extra en el sector financiero se han disparado un 47% sólo en el primer trimestre del año respecto a 2013.

CCOO calcula que en toda la banca española se hacen 57 millones de horas extra ilegales, que suponen un ahorro en salarios para las entidades financieras de 8.600 millones de euros. Y una pérdida de cotizaciones para la Seguridad Social de otros 2.300 millones. UGT cifra en 25.249 el número de puestos de trabajo al que equivalen las horas extra ilegales de la banca española. De ellos, se pueden considerar déficit real de plantilla entre 10.000 y 14.600.

Plantillas mermadas por los ERE, ampliación de horario comercial

Desde 2008, el sector financiero ha perdido 63.500 puestos de trabajo y cerrado 12.000 oficinasel sector financiero ha perdido 63.500 puestos de trabajo. Los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) han superado la decena. Entre ellos, destaca el más voluminoso de la crisis, los 4.500 despidos de Bankia. Pero también ha recortado su plantilla en 1.537 personas el Banco Sabadell, y en 2.349 Catalunya Caixa. Novagalicia, hoy Abanca tras su compra por el venezolano Banesco, firmó en 2013 un ERE para 1.850 trabajadores, pero desde la fusión de Caixanova y Caixa Galicia los sucesivos despidos colectivos han dejado la plantilla en la mitad de sus 8.000 empleados iniciales.Caixabank (2.900 trabajadores) y Banco Ceiss (1.230) son otras entidades cuyos ERE han superado el millar de despidos.

Claro que, a continuación, Bankia decidió abrir “oficinas ágiles” para atender a los clientes con horario ininterrumpido hasta las seis de la tarde. Y Abanca acaba de firmar un acuerdo con parte de los sindicatos para abrir sus sucursales en horario de tarde, hasta las siete. Mientras, resaltan las fuentes de UGT, lo habitual en cualquier oficina es encontrar colas de clientes esperando ante el único empleado que atiende la caja, por ejemplo.

Estrés, medicamentos, sin conciliación familiar

No es de extrañar, pues, que hasta el 68% de los trabajadores encuestados por UGT confiesen que padecen estrés. Casi el 75% rechaza los objetivos que les marca la dirección por inalcanzables. Y el 64% ha advertido que la “actitud negativa de los clientes” –por los abusos de la banca, a la que culpan de la crisis, y por las ayudas económicas recibidas por algunas entidades– ha aumentado e influye en su trabajo. El 30% de los empleados culpa a la presión de los jefes de su estrés laboral. Otro 23%, a esos objetivos tan poco creíbles, y un 21%, al excesivo volumen de trabajo. CCOO revela que entre el 15% y el 20% de los empleados de banca se medica de forma habitual. Y por si fuera poco, UGT asegura que los bancos están utilizando el absentismo laboral como motivo para ejecutar despidos disciplinarios y adelgazar aún más las plantillas.

El sindicato precisa que en las horas extra ilegales no incluyen ni las reuniones convocadas fuera de horario ni las horas de formación. Por lo que no es de extrañar que cunda el ejemplo de una trabajadora de Bankia. Convocada por sus jefes a una reunión a las cinco de la tarde, acudió con su hijo de cuatro años y lo sentó en una silla junto a ella, en la misma mesa donde debatía con sus superiores. A la espera de que alguno de ellos captara los perjuicios de su “cultura horaria”.

El Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona considera que todos los acusados por los supuestos sueldos desproporcionados en Caixa Cataluña actuaron "en perjuicio y desprecio de los intereses de la entidad, de su finalidad, y de los intereses generales". Así lo notifica en un auto al que ha tenido acceso Europa Press y que cierra la fase de instrucción.

Así, este juzgado mantiene acusados al expresidente de Caixa Cataluña Narcís Serra, al exdirector Adolf Todó y más de 30 exmiembros del consejo de administración de la entidad por los sueldos supuestamente desproporcionados, con lo que están a un paso de ser juzgados.

Por tanto, el juez acusa a Serra y a Todó, pero también a los miembros del consejo de administración que votaron a favor de los presuntos sobresueldos de los altos cargos mientras la entidad en 2010 recibía dinero público por su grave crisis financiera. Además, señala que ve indicios de un delito de administración desleal.

Rechaza archivar la causa

Las defensas habían solicitado el archivo de la causa, pero el juez lo ha rechazado y cierra así la investigación del caso, al considerar que no es necesario practicar más diligencias.

La Fiscalía Anticorrupción les acusa "retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real de solvencia", y les reprocha su espúreo manejo de los fondos de la entidad.

Por su parte, la CUP, que ejerce de acusación popular en la causa, se ha felicitado este martes en un comunicado por la decisión judicial, que la consideran "el primer paso en la fiscalización del saqueo de Cataluña Caixa y de la lucha contra la impunidad de los responsables de la dramática situación social y económica actual".

A las defensas todavía les queda la posibilidad de presentar recursos de apelación a la Audiencia de Barcelona, que tendrá que confirmar o revocar la decisión del juzgado de instrucción.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) remitió este viernes a la Fiscalía un total de 23 informes con operaciones irregulares detectadas en la antigua Novacaixagalicia (NCG) y en Catalunya Caixa (CX) que suman un perjuicio económico de 1.500 millones de euros.

Según informó el FROB, la mayoría de las operaciones sospechosas se realizaron entre 2005 y 2008. En concreto, los perjuicios económicos serían de 900 millones de euros en el caso de CX y de 600 millones en NCG.

Por el momento, el FROB ha iniciado o está personado en 19 causas penales en las que se analiza o investiga presuntos delitos relacionados con operaciones financieras o inmobiliarias de entidades con ayudas públicas.

BBVA ha estimado que la compra de Catalunya Banc contribuirá al beneficio neto atribuido del grupo con un promedio de 300 millones de euros al año a partir de 2018, según ha avanzado el director de Estrategia y Finanzas de la entidad, Jaime Sáenz de Tejada.

En una presentación con analistas, Sáenz de Tejada ha explicado que la operación cerrada este lunes cuenta con "riesgos muy bajos" y generará valor al grupo desde el principio.

El directivo del BBVA ha previsto que la operación se cierre en el primer cuatrimestre del próximo año.

Además, ha calculado que los costes de sinergias se situarán por encima del 40% de los costes básicos de Catalunya Banc, y los costes de reestructuración alcanzarán los 450 millones.

BBVA presentó la mejor oferta al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para hacerse con Catalunya Banc, que asciende a 1.187 millones de euros, superando a las otras dos entidades que presentaron oferta vinculante: Banco Santander y Caixabank.

Los magistrados de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, Ismael Moreno y Javier Gómez Bermúdez sentarán en el banquillo a once banqueros de tres cajas de ahorros acusados de autoconcederse indemnizaciones y sueldos que superan los 35 millones de euros, según el recuento realizado por infoLibre basado en los autos de los jueces y en los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.

A los casos ya conocidos de Caixa Penedés y Caixanova, este martes se ha sumado la decisión de Gómez Bermúdez de enviar a juicio al exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y al exresponsable de la comisión de control Ramón Avilés. También están acusados otros 18 integrantes de la caja y cuatro familiares de los imputados.

54 imputados en Caixa Catalunya

Pero el número de banqueros procesados puede incrementarse en los próximos meses, habida cuenta de que en estos momentos juzgados de toda España investigan a cerca de 200 directivos de las cajas de ahorros y empresarios, según adelantó este periódico. Las entidadas financieras con más imputados son Caixa Catalunya (54), Bankia (36) y Banco de Valencia (30)

El primero en tomar la decisión fue Pedraz, que en marzo del año pasado acordó que se juzgara por un delito societario de administración desleal al ex director general de Caixa Penedés Ricardo Pagés, al exdirector general adjunto Manuel Troyano y a otros dos ex altos cargos, Santiago José Abella y Juan Caellas. En su escrito de acusación la Fiscalía Anticorrupción solicitó 3 años y 6 meses de prisión para Pagés y tres años para los otros tres procesados. Jaume Jorba, otro de los querellados por la percepción de indemnizaciones, falleció durante la instrucción del caso.

"Beneficio particular"

El Ministerio Público explica en su escrito de acusación que Ricardo Pagés Font y su círculo de directivos más próximos, actuando de "común acuerdo" para vincular "fraudulentamente" a la caja de ahorros que dirigían, se autonconcedieron obligaciones económicas "para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad, actuando de espaldas a los órganos de control".

En concreto, según Anticorrupción, los imputados diseñaron una estrategia destinada a garantizarse una "desproporcionada" ganancia patrimonial a costa de la entidad, pensada para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo por cualquier motivo. Además, enmascararon su actuación con la intención de que no se conocieran las indemnizaciones.

Según la Fiscalía, Pagés percibió 10,73 millones de euros. Por su parte Abella cobró 1,89 millones y el fallecido Jaume Jorba 2,5 millones de euros. Los otros dos imputados fueron expulsados de la caja, por lo que no se beneficiaron de los fondos previstos. Los cuatro imputados de la caja catalana ya tienen fecha fijada para el juicio: el 19 de mayo.

Caixanova

El segundo juez que ha iniciado los trámites para procesar a los responsables de una caja por aprobarse indemnizaciones millonarias fue Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2. La caja perjudicada fue Caixanova y su sucesora NovacaixagaliciaCaixanova. En este caso los banqueros imputados son cinco, a los que hay que añadir un abogado que se encargó de asesorar a los directivos que se autoconcedieron las indemnizaciones.

En concreto, José Luis Pego Alonso percibió 7.731.487 euros de indemnización; Óscar Rodríguez Estrada, 691.261; Gregorio Gorriarán Laza, 4.833.504, y Javier García de Paredes, 5.650.037 euros. Al igual que en el caso de Caixa Penedés, los pagos de Caixanova, los conceptos incluidos en las liquidaciones y los importes concretos, no fueron conocidos ni aprobados por el consejo de administración de la caja ni tampoco por el Banco de España hasta después de su abono.

Moreno ha acusado de haber cometido un delito de apropiación indebida o alternativamente de estafa al excopresidente de Novacaixagalicia y expresidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y los exdirectivos José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza, Oscar Rodríguez Estrada y Francisco Javier García de Paredes Moro. Además, también acusa de los mismos delitos al abogado Ricardo Pradas Montilla, experto en derecho laboral que asesoró a Novacaixagalicia. La Fiscalía todavía no ha formalizado su petición de penas.

Caja del Mediterráneo

Este martes ha sido el turno del juez Gómez Bermúdez, quien ha dado por concluida la primera de las cuatro piezas que investiga en relación a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Y la ha concluido elevando a juicio oral al ex director general de la caja Roberto López Abad, y al expresidente de la comisión de control de las empresas participadas de la caja, Ramón Avilés. Según el fiscal, López Abad, Avilés y otras 19 personas percibieron 1,5 millones de euros. El Ministerio Público considera que la comisión era únicamente "un instrumento" para elevar los sueldos a los banqueros al margen de la normativa. En concreto, López Abad percibió 308.700 euros.

En este caso, la investigación del Ministerio Público incluye la concesión irregular de créditos por parte de Ramón Avilés, que utilizó a la caja para tratar de solucionar sus problemas de liquidez, perjudicando los intereses de la entidad, que perdió 4,91 millones. López Abad se enfrenta a una petición de pena de cárcel de cuatro años por los delitos de apropiación indebida, administración desleal y delito societario. Ramón Avilés afronta dos años de prisión por los delitos de apropiación indebida, administración desleal, otorgamiento de contrato simulado y un delito societario.

López Abad ya había sido detenido por orden de Bermúdez por su presunta participación en el desvío de 246,5 millones de euros a paraísos fiscales.

La sentencia tuitera:

El titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona ha imputado al expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra, al exdirector general Adolf Todó y a otros 52 miembros del consejo de administración de Catalunya Caixa en 2010, han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La Fiscalía Anticorrupción de Barcelona había pedido su imputación a principios de septiembre por "retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real de solvencia", e imputarles por su reprochable y espurio manejo de los fondos de la entidad, sostenía en su denuncia.

Ahora, el juez Josep Maria Pujan les imputa por un presunto delito de administración desleal, y les cita a declarar desde el 21 de octubre hasta el 11 de noviembre.

La deuda neta de las entidades españolas con el Banco Central Europeo (BCE) ha alcanzado los 246.200 millones de euros en agosto, lo que supone un descenso del 36,7% respecto al mismo mes de 2012, cuando esta cifra se situó en el máximo de 388.736 millones, según los datos del Banco de España y como recogió Europa Press.

En tasa intermensual, la deuda se ha reducido por duodécima vez consecutiva, al caer un 0,8%, con lo que se estabiliza en niveles mínimos de marzo de 2012.

Este importe es el saldo vivo que las entidades residentes en España aún tienen pendiente de devolver al instituto emisor europeo como consecuencia de la financiación que el organismo les ha concedido previamente. El nivel de julio es el más bajo desde hace 17 meses, cuando la deuda neta de la banca con el BCE se situó en 227.600 millones.

El desplome interanual se explica por el menor crédito solicitado por la banca española al instituto que preside Mario Draghi tras la petición del rescate bancario. En términos absolutos, la deuda de la banca española con el BCE se ha reducido en 142.536 millones.

Este importe se incrementó en casi 80.000 millones en marzo de 2012 y superó la barrera de los 200.000 millones. Desde ese momento, la deuda creció hasta alcanzar el máximo de 388.736 registrado en agosto del pasado año, para ir disminuyendo después paulatinamente.

Lo mismo ocurrió con la parte que representa esta financiación neta a la banca española respecto al total del Eurosistema, que se mantuvo en el 34,4%, tras llegar a superar el 80% antes del rescate bancario. La deuda total de la banca que opera en la Eurozona descendió a 714.452 millones, un 0,6% menos respecto al mes anterior.

No obstante, esta cifra no sería representativa si se tiene en cuenta que en algunos países las entidades cuentan con un superávit de liquidez que se salda a través de las facilidades de depósito, con lo que el préstamo neto de estos países se cierra en negativo.

La menor dependencia de las entidades financieras con el BCE se pone de manifiesto también si se tiene en cuenta la cifra de apelación bruta. Esta deuda de la banca española en las subastas de liquidez del instituto emisor tanto a corto como a largo plazo (249.311 millones de euros) se redujo el pasado mes un 1%. Si solo se tiene en cuenta esta apelación bruta en relación con el conjunto europeo (793.752 millones de euros), la financiación del Eurosistema correspondiente a la banca española se reduce al 31,4%.

Este porcentaje aún se mantiene muy por encima del que correspondería a España en función de su aportación al Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro (alrededor del 13%).

La banca reduce de nuevo su 'hucha' en el BCE

El importe bruto de apelación no recoge el dinero que los bancos españoles han tomado prestado al BCE y han vuelto a depositar a resguardo del organismo. La banca española tiene aparcados 3.111 millones de euros en esta 'hucha', frente a los 3.592 millones del mes anterior.

En este sentido, el conjunto de las entidades del Eurosistema depositó 79.440 millones de euros en el BCE, 8.573 millones menos respecto a julio.

El BCE decidió en junio de 2012 dejar de retribuir las facilidades de depósito con el fin de impulsar el crédito, lo que explica la caída de esta 'hucha' de las entidades financieras. Hasta esa fecha, el organismo monetario ofrecía un interés del 0,25% a un día a los recursos que se guardaban en la institución.

Pese a que tanto Mariano Rajoy como varios de los integrantes de su Gobierno y de su partido han dicho lo contrario en múltiples ocasiones, lo cierto es que los españoles ya han perdido 36.931 millones de euros de dinero público en el rescate del sistema financiero español. Así lo demuestran los datos ofrecidos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Ministerio de Economía, que en 2012 ha registrado unas pérdidas de 26.060 millones de euros y tiene un agujero patrimonial de 21.831 millones de euros. A los números rojos del año pasado hay que sumar los de 2011 (10.557 millones) y 2010 (314 millones), cuando el organismo se puso en marcha siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El 7 de noviembre de 2011 fue la primera vez que Mariano Rajoy anunció que no iba a dar dinero público a los bancos. El entonces aspirante del PP a la Moncloa elecciones aseguró en el debate televisivo que mantuvo con el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba que no iba a dar "ni un solo euro de dinero público para el rescate de los bancos".

El 10 de abril de 2012, ya con el PP en el Gobierno tras ganar los comicios por mayoría absoluta, el ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó que el dinero necesario para sanear las entidades financieras que habían sido rescatadas saldría del Fondo de Garantía de Depósitos, cuyos fondos proceden de la propia banca. Guindos especificó, además, que no estaban previstas ayudas públicas para dichos procesos. Dos meses después, el 9 de junio, el titular de la cartera de Economía aseguró que el Ejecutivo impondría unas condiciones especiales a los bancos por el rescate, "pero no a los ciudadanos".

En el Congreso

Mariano Rajoy, ya como presidente del Gobierno y tras recibir de la UE un rescate que puede llegar a 100.000 millones, volvió a reiterar la idea en el Congreso de los Diputados. "Es un préstamo a la banca que pagará la banca", declaró con rotundidad el presidente del Gobierno, el 13 de junio de 2012. Los datos desmienten a Rajoy: a lo largo de 2012, el FROB experimentó un fuerte incremento en el tamaño del pasivo y de su patrimonio con el fin de financiar las inyecciones de capital que debía hacer en las entidades. En concreto, se inyectaron 17.959 millones de euros en Bankia, 9.084 en Catalunya Caixa, 5.425 en Novagalicia y 4.500 en Banco de Valencia, además de 1.703 millones que se invirtieron en la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Precisamente el mismo mes de junio en el que Rajoy, Guindos y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, volvieron a reiterar que el rescate lo pagaría la banca y no los ciudadanos. Ya en agosto, el día 29, Guindos volvió a la carga, garantizando que el denominado banco malo no tendría coste para los ciudadanos.

La vicepresidenta Santamaría

El 31 de agosto de 2012 fue el turno de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien al presentar una batería de medidas para la reestructuración del sistema financiero aseguró que la misma se hacía, además, "con el objetivo básico y fundamental de que no cueste un euro al contribuyente, [...] sin coste para el contribuyente".

El 23 de octubre Rajoy acudió al Senado para reiterar su versión, asegurando que el préstamo de 40.000 millones que se había concedido a la banca española "nunca" lo pagará el Estado y que son las entidades financieras las que "tienen que devolverlo".

En fin, hace solo cuatro meses, Luis de Guindos volvió a mostrar su convencimiento de que Bankia y el resto de entidades nacionalizadas serían capaces de devolver todas las ayudas recibidas.

Ahora, el Estado da por perdida la mayoría de la ayuda a los bancos

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