El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán sigue pendiendo de un hilo tras el fracaso de la negociación abierta en Pakistán y esa incertidumbre se traslada a la apertura del Estrecho de Ormuz. Donald Trump no quiere ni oír hablar de que Teherán cobre peajes de paso a los buques en la autopista marítima por la que navega una quinta parte de los hidrocarburos del planeta. El bloqueo permanece como principal riesgo económico global en las próximas semanas y meses, proyectando su sombra a los flujos comerciales entre países, a sectores industriales y a la actividad diaria de empresas y familias.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advierte que "incluso en el mejor de los casos, no habrá un retorno limpio y claro al statu quo anterior” por culpa de la espiral alcista de los precios energéticos, la destrucción en la infraestructura petrolífera, refinadora y gasista o las interrupciones en las cadenas de suministro que se están experimentando durante las últimas semanas. El FMI está preparando una rebaja en sus previsiones de crecimiento global y para regiones como Oriente Medio, Norteamérica o Europa, como ya ha hecho el BCE para la zona euro.

Las cuentas de la institución dirigida por la economista búlgara, que antes dirigió el Banco Mundial o fue vicepresidenta de la Comisión Europea, hablan de un aumento de la inflación provocado por los shocks en los precios del crudo o de los fertilizantes. El escenario es de estanflación, estancamiento o desaceleración de la actividad en paralelo a la subida de los precios. “La economía europea permanece en riesgo de shock estanflacionista”, ha asegurado el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, quien ha añadido que “las perspectivas a largo plazo siguen oscurecidas por una profunda incertidumbre”.

La Unión Europea está en el ojo del huracán al que el belicismo de Israel ha arrastrado en Oriente Medio a unos proclives Estados Unidos de Trump. En la Comisión Europea temen que esta coyuntura reste al menos cuatro décimas al crecimiento del PIB de la UE este año y dispare un 1% la inflación, según lo explicado esta semana en la Eurocámara por Dombrovskis, el responsable de todo el departamento económico.

Este es el escenario base que manejan en Bruselas, el que ya estaría sucediendo en el conjunto de los Estados miembros, pero si continúan el conflicto bélico y el cierre del Estrecho de Ormuz los problemas serán “más sustanciales”, señaló el político letón, con una caída del PIB comunitario más pronunciada y también un impacto mayor en los precios, tanto este año como previsiblemente en 2027.

Los gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia, Austria, Hungría, Irlanda o Portugal ya han activado medidas excepcionales y temporales para sus empresas y ciudadanos ante el encarecimiento de los precios de los hidrocarburos, con la gasolina un 15% más alta en abril respecto a comienzos de febrero y el diésel un 30%. Según el Boletín Semanal de Precios del Crudo de la Comisión Europea, publicado hace unos días, la gasolina Euro95 escaló ya de media hasta los 1,871 euros el litro y el gasóleo superó ligeramente los dos euros.

Este aumento de los precios del combustible es más pronunciado en Países Bajos, Dinamarca, Alemania y Finlandia, mientras que España se encuentra en el rango bajo de la horquilla. Sólo en Malta, Hungría, Eslovenia, Bulgaria y Eslovaquia es más barato, de acuerdo con los datos del informe de la Comisión. Por el momento, la respuesta de los gobiernos europeos ante esta situación se basa principalmente en aplicar topes a los precios y retirar o rebajar impuestos como el IVA, aunque ya se abren paso los cheques o ayudas fiscales a las familias más necesitadas. La Comisión ha pedido por carta a los 27 que estudien la viabilidad de aplicar medidas adicionales de ahorro energético mientras sus propias propuestas e iniciativas siguen esperándose desde hace dos semanas. Por eso, varios gobiernos han preguntado a Bruselas sobre la posibilidad de introducir algún tipo de gravamen a los beneficios extraordinarios que están disfrutando las compañías energéticas gracias a los altos precios en el mercado de los combustibles y, con esos recursos, financiar el gasto público adicional de las medidas de apoyo lanzadas sólo desde el ámbito estatal.

Es lo que quieren Alemania, Austria, Italia, Portugal y España. “Los que se benefician de las consecuencias de la guerra deben hacer su parte para aliviar la carga del interés público”, señala la carta firmada por los ministros de Economía de los cinco países y enviada a Bruselas. Ahora, la Comisión Europea ha aceptado estas tesis.

“No hay nada que prevenga a los Estados miembros de aplicar esto”, detalló durante su comparecencia en el Parlamento Europeo el comisario Valdis Dombrovskis. “Estamos analizando si podemos presentar algún tipo de enfoque más coordinado a nivel europeo. Es lo que estamos valorando actualmente”, reconoció el político europeo, basándose en la experiencia previa de lo sucedido en 2022 cuando, tras la invasión de Ucrania por Rusia, los precios de la energía se dispararon y la Comisión permitió este tipo de fiscalidad temporal con la que paliar las medidas anticrisis introducidas.

Medidas más radicales como suspender las reglas de déficit para que los Estados incumplan esos límites proyectando su gasto público en favor de los hogares o las Pymes están, por el momento, descartadas. En la Comisión explican que esa decisión sólo se activaría en caso de “tener una desaceleración económica severa y actualmente no estamos en ese escenario”. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, no quiere descartarla si empeora la situación en los mercados energéticos. En Bruselas confían en la mejoría de las tensiones geopolíticas para no tener que aplicar una medida que provocaría tensos debates en la UE entre los halcones de la austeridad, como Alemania, Austria o Finlandia, y las palomas del endeudamiento que habitan en los gobiernos del sur europeo, sea cual sea su color político.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado de nuevo este viernes a los miembros de la UE a suspender el acuerdo de asociación con Israel ante las violaciones "flagrantes" del derecho internacional humanitario que está cometiendo: "No permitamos una nueva Gaza en el Líbano", infoLibre.

En su intervención en el 'European Pulse Forum', organizado por Político y BeBartlet en Barcelona, Sánchez ha llamado a la UE a actuar con coherencia y empatía y responder a un país que está "atropellando y violando" muchos de los artículos de ese acuerdo de asociación.

En su discurso, el jefe del Ejecutivo ha abogado por la reforzar la autonomía de la UE, ha insistido en la necesidad de una política exterior, de seguridad y defensa común y, en ese contexto, ha apostado por avanzar "mañana mismo" hacia un ejército europeo, "no en diez años, ni en dos". 

Como segundo pilar ha defendido un mercado y un marco financiero común para crecer más y, en tercer lugar, ha reivindicado la Europa social, con la mirada puesta en los problemas para acceder a la vivienda.

Sánchez ha abogado por "recuperar la ambición del europeísmo" y reforzar el lugar de la UE en el mundo sin caer en la tentación de asilarse o de resignarse ante el auge de las fuerzas reaccionarias que amenazan el proyecto común.

Frente a esas fuerzas que sostienen que la UE se está quedando atrás y ha perdido el pulso, ha considerado que si el éxito de un modelo se mide por el bienestar de sus ciudadanos "Europa no es el problema, es la referencia".

Y España, ha añadido, es un "modelo de éxito" que nunca hubiera sido posible sin ese paraguas europeo y que ha demostrado, por ejemplo, que es posible crecer y crear empleo estable protegiendo el medio ambiente.

El objetivo debe ser una Europa "más integrada y más soberana", menos dependiente de terceros actores y con una voz propia: "Nuestra autonomía no es una opción, es una condición indispensable para nuestra supervivencia política, económica y también social".

Y en ese camino, ha insistido en dos principios irrenunciables: mantenerse abiertos al mundo -lo que implica, a su juicio, reforzar los lazos comerciales, de Estados Unidos a China, y apostar por una inmigración legal, segura y ordenada- y defender con firmeza el derecho internacional y un orden global basado en reglas.

Para Sánchez, Europa es "confianza, predictibilidad y estabilidad" en un mundo incierto. Mientras crecen las barreras comerciales, ha continuado, la UE debe seguir abierta y cuando retrocede la solidaridad global, tiene que "rearmarse moralmente" para contribuir a la paz.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, calificó de "traición" el comportamiento del entorno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tras las revelaciones periodísticas, reveladas en España por infoLibre, sobre la transmisión de contenidos confidenciales de la Unión Europea (UE) a Rusia, según informa EFE.

"Es una traición a la exigencia de solidaridad que se impone entre los países de la Unión Europea si queremos ser fuertes", manifestó Barrot en una entrevista a la radio France Inter al ser preguntado por las informaciones según las cuales el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, habría compartido detalles de reuniones internas de los Veintisiete con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. 

El jefe de la diplomacia francesa subrayó que, aunque puedan existir desacuerdos entre socios, "es la unidad la que debe prevalecer" en el club comunitario.

Barrot advirtió que este tipo de comportamientos pone en riesgo la cohesión europea en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas crecientes. "Si no estamos unidos y somos solidarios, nos convertiremos en vasallos o en juguetes de las grandes potencias, y eso es precisamente lo que rechazamos", afirmó.

Barrot señaló además que estas filtraciones "arrojan una sombra de duda sobre la integridad de nuestras deliberaciones" en el seno de los consejos europeos, e instó a Orbán a respetar tanto sus compromisos políticos, en particular respecto al apoyo a Ucrania, como los principios de solidaridad que rigen el funcionamiento de la Unión Europea. 

Nuevas grabaciones de audio publicadas el miércoles por varios medios de investigación -VSquare, FrontStory, Delfi Estonia, The Insider y el Centro de Investigaciones Ján Kuciak- recogen conversaciones entre los ministros de Exteriores húngaro y ruso entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 en las que se deduce, según esos medios, que Szijjártó entregó en varias ocasiones documentos de la Unión Europea a Lavrov.

Una hora después de que el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, regresara a Budapest desde San Petersburgo el 30 de agosto de 2024, recibió una llamada telefónica de su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

Lavrov le dijo a Szijjártó que había sido citado en todos los medios rusos tras su visita.

"¿Dije algo mal?", preguntó Szijjártó.

"No, no, no". Lavrov le tranquilizó. "Simplemente decían que estás defendiendo de manera pragmática los intereses de tu país".

En realidad, Lavrov llamaba para hacer una petición: el oligarca ruso Alisher Usmanov quería que su hermana, Gulbahor Ismailova, fuera eliminada de las listas de sanciones de la UE, y Szijjártó había prometido ayudar.

"Te llamo a petición de Alisher, y me ha pedido que te recuerde que estabas haciendo algo respecto a su hermana", dijo Lavrov.

"Sí, absolutamente", respondió Szijjártó. "La cuestión es la siguiente: junto con los eslovacos estamos presentando una propuesta a la Unión Europea para retirarla de la lista. La presentaremos la semana que viene y, como va a comenzar el nuevo periodo de revisión, se incluirá en el orden del día y haremos todo lo posible para sacarla".

Lavrov expresó su agradecimiento por el "apoyo y… la lucha por la igualdad en todos los ámbitos" de Szijjártó.

A partir de ahí, la conversación derivó hacia el desprecio compartido por ambos hacia la Unión Europea y sus funcionarios. Antes de colgar, el húngaro elogió la nueva sede de Gazprom que había visitado en Rusia. "Siempre estoy a tu disposición", añadió.

Siete meses después, Ismailova fue retirada de la lista de sanciones de la UE.

Esta llamada entre los dos ministros de Asuntos Exteriores fue una de varias que tuvieron lugar entre 2023 y 2025. Grabaciones de audio de las conversaciones de Szijjártó con Lavrov, así como con otros funcionarios rusos, fueron obtenidas por periodistas de VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider y el Centro de Investigación Ján Kuciak (ICJK). Los periodistas confirmaron el contenido de forma independiente con fuentes de inteligencia en varios países y consultaron con expertos externos sobre la autenticidad del audio.

Las llamadas ponen de manifiesto la extraordinaria sintonía entre Szijjártó, que representa a un Estado miembro de la UE y la OTAN, y Lavrov, que representa a un país que ha invadido a otro europeo y ha patrocinado incendios provocados y sabotajes contra el flanco oriental de la OTAN.

Las conversaciones entre ambos contienen información sensible sobre las deliberaciones internas tanto de Budapest como de Bruselas, que sin duda resultan de interés para el Kremlin. También aportan pruebas claras del papel de Rusia a la hora de incitar a Hungría y Eslovaquia a suavizar las sanciones de la UE contra individuos y entidades rusas.

En sus intercambios con Lavrov, Szijjártó se muestra deferente, rozando en ocasiones lo servil. "Si quitas los nombres y enseñas estas conversaciones a cualquier agente, jurará que se trata de la transcripción de un oficial de inteligencia trabajando con su activo", afirmó un alto funcionario de inteligencia europeo tras revisar las transcripciones.

Ni Lavrov ni Szijjártó respondieron a las solicitudes de comentarios. El abogado alemán de Usmanov, Joachim Nikolaus Steinhöfel, rechazó responder a preguntas sobre la conversación entre Lavrov y Szijjártó. Describió las sanciones de la UE contra Usmanov y sus familiares como "injustificadas", subrayó su éxito como empresario y filántropo, y destacó que Usmanov había ganado "más de veinte casos judiciales" contra "medios de comunicación, figuras públicas y políticos que difundieron diversas afirmaciones falsas sobre él… muchas de las cuales reproducían los mismos razonamientos utilizados para las sanciones de la UE".

Las comunicaciones de Szijjártó van mucho más allá de Usmanov y sus familiares. En una llamada con otro funcionario ruso, el viceministro de Energía Pavel Sorokin, en el verano de 2025, Szijjártó no solo afirma que ya ha debilitado el 18º paquete de sanciones de la UE, entonces en negociación, sino que además pide argumentos adicionales que hagan que sus esfuerzos parezcan responder al interés de Hungría y no al de Rusia.

"Ya he eliminado 72 [entidades] de la lista, pero había 128. Estoy intentando continuar, pero tengo que decir que esto es en interés de Hungría", afirma Szijjártó.

"Si ellos [el equipo de Sorokin] pueden ayudarme a identificar los efectos directos y negativos sobre Hungría, estaría muy agradecido", añade, "porque si puedo mostrar algo así, me daríais una oportunidad completamente diferente".

La disposición de Szijjártó a actuar en interés de Rusia en el ámbito de la UE ayuda a explicar por qué Moscú está invirtiendo esfuerzos significativos en mantener a Viktor Orbán y a su partido pro-Kremlin Fidesz en el poder en Hungría.

Encuestas independientes sugieren que Orbán va muy por detrás de cara a las elecciones parlamentarias del 12 de abril, con el partido de centroderecha Tisza, liderado por el aspirante Péter Magyar, en clara ventaja.

Mientras la campaña de Orbán tiene dificultades, Rusia estaría interviniendo para ayudar. Como informó VSquare a principios de marzo, el Kremlin ha asignado a Serguéi Kiriyenko —vicejefe de gabinete de Putin y uno de los principales arquitectos de las operaciones de influencia política de Rusia— la tarea de apoyar de forma encubierta la campaña de Orbán. Kiriyenko desempeñó anteriormente un papel clave en la interferencia electoral en Moldavia.

Al mismo tiempo, la campaña de Orbán ha reproducido cada vez más narrativas del Kremlin, organizando provocaciones contra Ucrania y acusando a figuras de la oposición y a críticos de actuar como agentes o espías ucranianos, mientras descarta las acusaciones sobre sus propios vínculos con Rusia.

Las llamadas muestran que Szijjártó informaba de forma habitual a Lavrov sobre discusiones supuestamente confidenciales entre diplomáticos europeos.

Por ejemplo, en la misma llamada del 30 de agosto de 2024 con Lavrov, Szijjártó reveló detalles de una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en la que había participado el día anterior.

"Fue una locura, ya sabes, cuando [el ministro de Exteriores lituano Gabrielius] Landsbergis dijo que contribuimos con un 12% de cada cohete y misil", le dijo Szijjártó a Lavrov, refiriéndose al argumento del ministro de que los pagos húngaros y eslovacos por gas y petróleo estaban ayudando a financiar la guerra de Rusia en Ucrania.

"Le dije: amigo, no tienes razón, porque los europeos contribuyen mucho más… no somos solo los eslovacos y nosotros quienes compramos gas y petróleo directamente a Rusia, sino todos vosotros que compráis lo mismo a través de… India, Kazajistán".

Consultado al respecto, Landsbergis confirmó que esa conversación había tenido lugar.

"Parece que todo este tiempo Putin ha tenido, y sigue teniendo, un topo en todas las reuniones oficiales europeas y de la OTAN", afirmó. "Si se quiere mantener la integridad de estas reuniones, sería apropiado excluir a Hungría de todas ellas".

"Cada generación tiene su Kim Philby", añadió Landsbergis, en referencia al famoso espía del KGB en el servicio secreto británico. "Al parecer, Péter Szijjártó está desempeñando ese papel con entusiasmo".

Aunque la UE ha sancionado a unas 2.700 personas y entidades rusas por su papel en la guerra de Rusia contra Ucrania, el bloque debe votar cada seis meses si prolonga esas sanciones.

Estas decisiones se toman por consenso, lo que significa que los 27 Estados miembros deben estar de acuerdo.

RFE/RL informó en marzo de 2025 de que Hungría y Eslovaquia amenazaron con bloquear la prórroga de las sanciones de la UE ese mes a menos que se retiraran ciertos nombres. No se trataba solo de Ismailova: el empresario ruso Viatcheslav Moshe Kantor y el ministro de Deportes del país, Mijaíl Degtyaryov, también fueron retirados de las sanciones en esa ronda.

Un diplomático europeo estrechamente implicado en las negociaciones, que habló bajo condición de anonimato para poder revelar detalles internos, afirmó que Hungría y Eslovaquia suelen empezar con una larga lista de nombres rusos que quieren eliminar.

"No utilizan argumentos jurídicos", explicó el diplomático. "Simplemente dicen que no quieren a esas personas en la lista de sanciones por motivos políticos".

A medida que avanzan las negociaciones, Budapest y Bratislava suelen reducir su lista a un puñado de personas, como ocurrió con Ismailova, Kantor y Degtyaryov.

Aunque desde hace tiempo se sospechaba que Hungría y Eslovaquia filtraban los detalles de estas negociaciones a Moscú, el diplomático describió las nuevas pruebas obtenidas como valiosas: "Hungría está claramente cumpliendo órdenes políticas de Rusia", afirmó tras revisar las transcripciones.

El alivio económico para individuos no es el único ámbito en el que Hungría actuó en secreto en nombre del Kremlin en Bruselas.

En conversaciones con otro alto funcionario ruso, el viceministro de Energía Pavel Sorokin, Szijjártó afirmó que estaba haciendo todo lo posible para "derogar" un paquete clave de sanciones de la UE dirigido contra la flota fantasma de petroleros de Rusia, el mecanismo mediante el cual Moscú elude las sanciones energéticas occidentales.

En una conversación con Sorokin, Szijjártó se ofreció a eliminar bancos rusos propuestos para ser sancionados por la UE. Incluso pidió al funcionario ruso que le proporcionara argumentos sobre por qué hacerlo sería de interés para Hungría.

En otra llamada, Szijjártó se quejó de que la UE se negaba a compartir con él documentos relacionados con la propuesta de sancionar a 2Rivers, una empresa con sede en Dubái dedicada al comercio de petróleo ruso.

"Dicen que no hay un interés húngaro claro que puedan identificar y, por lo tanto, Hungría no puede pedir legalmente que se eliminen de la lista", dijo Szijjártó después de que Sorokin preguntara por qué Budapest había quedado fuera del proceso.

Según la UE, 2Rivers, anteriormente conocida como Coral Energy, ha sido un actor clave en la venta de petróleo ruso a través de su propia flota fantasma de petroleros y en ocultar el origen del crudo procedente de la empresa estatal rusa Rosneft, actualmente sancionada por Estados Unidos. 2Rivers vende después el crudo por encima del precio máximo internacional fijado y alimenta la maquinaria bélica rusa con ingresos vitales. En diciembre de 2024, el Reino Unido sancionó a 2Rivers y su red de comercio de petróleo.

No está claro qué interés podría tener Hungría —un país sin salida al mar que recibe petróleo a través de oleoductos— en intentar preservar las operaciones de la flota fantasma de Rusia. Pero el beneficio para Rusia es evidente.

Tras informar de que no había tenido éxito con 2Rivers, Szijjártó compartió con Sorokin detalles sobre las negociaciones en curso del 18º paquete de sanciones de la UE.

Explicó que la votación aún no figuraba en el orden del día gracias a un aplazamiento acordado por Hungría y Eslovaquia hasta que la UE accediera a "hacer una excepción" para esos países y "permitirnos seguir comprando gas y petróleo rusos".

El 18º paquete de sanciones fue propuesto por la Comisión Europea el 10 de junio de 2025. Dos semanas después, Szijjártó anunció públicamente que Hungría y Eslovaquia lo estaban bloqueando "en respuesta a los planes de la Unión Europea de eliminar gradualmente las importaciones de energía rusa".

Fue en una llamada con Sorokin una semana más tarde cuando Szijjártó pidió argumentos sobre "efectos negativos para Hungría" para ayudarle a diluir el paquete.

Kinga Redłowska, experta en sanciones y responsable de CFS Europe en el think tank londinense RUSI, señaló que el enfoque de Hungría cumple un doble objetivo.

"A nivel interno, permite a Viktor Orbán reforzar una narrativa antiucraniana", afirmó. "A nivel de la UE, proporciona margen de maniobra para extraer concesiones en áreas no relacionadas, como la financiación europea o los conflictos sobre el Estado de derecho".

Pero, aunque esta estrategia pueda beneficiar al Gobierno de Orbán, permitir que un vecino agresivo capture y mantenga más territorio soberano europeo va en contra del interés nacional de Hungría, señaló: "Debilitar las sanciones corre el riesgo de reforzar la economía de guerra de Rusia y socavar los intereses de seguridad más amplios de todos los Estados miembros de la UE, incluida la propia Hungría".

Las conversaciones entre Szijjártó y Sorokin también abordaron los bancos rusos que estaban en el punto de mira de la UE.

"Comparte conmigo los nombres de esos bancos, puedo comprobar si están en la lista o no, revisaré las bases legales y luego haré todo lo posible", dijo Szijjártó a Sorokin. "Sé que querían incluir el banco de San Petersburgo en la lista, lo cual conseguí evitar; también querían incluir otro banco relacionado con el proyecto de Paks [central nuclear], y también conseguí eliminarlo".

Tras semanas de retrasos por parte de Hungría y Eslovaquia, la Unión Europea adoptó finalmente el 18º paquete de sanciones el 18 de julio de 2025. 2Rivers fue incluida en la lista, lo que la llevó a iniciar su disolución. El paquete también supuso un golpe significativo para la flota fantasma de Rusia y sus esfuerzos por eludir las sanciones al petróleo.

Sin embargo, sigue sin estar claro cuánto mayor podría haber sido el impacto sin los esfuerzos de Szijjártó. Para entonces, su estrecha relación con Rusia ya se había hecho pública.

En abril de 2025, el semanario polaco Polityka informó de que se sospechaba que Szijjártó compartía notas escritas de reuniones ministeriales de la UE con Rusia. A principios de este año, The Washington Post informó de que Szijjártó compartía información regularmente por teléfono con Lavrov durante las pausas en las conversaciones de la UE. "Cada reunión de la UE durante años ha tenido básicamente a Moscú sentado a la mesa", declaró al periódico un funcionario europeo de seguridad.

Politico informó a principios de este mes de que "la UE está limitando el flujo de material confidencial a Hungría y los líderes se reúnen en grupos más reducidos".

El Gobierno húngaro desestimó estos informes calificándolos de "propaganda proucraniana", mientras que Szijjártó, aunque reconoció su frecuente comunicación con Lavrov, calificó las informaciones sobre sus acciones de "noticias falsas".

Esta estrategia parece estar volviéndose en su contra. Szijjártó fue recientemente abucheado por manifestantes, que le gritaron "traidor" y "espía ruso" en un acto de campaña.

La interferencia de Hungría en la política de sanciones de la UE comenzó pocos meses después de la invasión a gran escala de Rusia y se ha endurecido en los cuatro años siguientes hasta convertirse en un esfuerzo sistemático de presión en favor de figuras vinculadas al Kremlin, al que se sumó Eslovaquia.

En junio de 2022, Hungría bloqueó todo el sexto paquete de sanciones de la UE —que incluía el histórico embargo parcial al petróleo ruso— hasta que el patriarca Kirill, antiguo agente del KGB y jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, fue retirado de la lista. El primer ministro Viktor Orbán intervino personalmente alegando "libertad religiosa".

En febrero de 2025, Hungría logró otra exención para Kirill durante las negociaciones del 16º paquete, además de salvar al Comité Olímpico Ruso y a dos clubes de fútbol rusos.

En febrero de 2026, Hungría vetó por completo el 20º paquete de sanciones —la primera vez que Budapest llegaba tan lejos— bloqueando nuevas medidas restrictivas que pretendían conmemorar el cuarto aniversario de la invasión, alegando una disputa sobre los flujos de petróleo a través del oleoducto Druzhba.

En marzo de 2026, Eslovaquia amenazó con vetar la renovación semestral de toda la lista de sanciones individuales existente a menos que Usmanov y otro oligarca ruso, Mijaíl Fridman, fueran eliminados de inmediato, antes de ejecutar lo que los diplomáticos de la UE calificaron como uno de los giros más extraños que habían presenciado, al dar marcha atrás sin conseguir ninguna de las retiradas; Hungría también abandonó su lista de siete objetivos.

* Se puede leer la versión original de esta información en OCCRP y en los medios VSquare (Europa Central, en inglés), FRONTSTORY (Polonia, en polaco), Delfi Estonia (Estonia, en estonio), The Insider (Rusia, en ruso), y en el Centro de Investigación de Ján Kuciak (ICJK) (Eslovaquia, en eslovaco)

Imaginemos que el Senado convoca a declarar al director de un periódico para preguntarle por qué publicó determinada información y no otra, qué fuentes utilizó o por qué dedicó más espacio a un tema que a otro. La escena resultaría, cuando menos, chocante. Pues bien: ese es exactamente el tipo de intervención que el ordenamiento jurídico europeo —y, según muchos analistas, también el español— prohíbe respecto a Radio Televisión Española (RTVE), con independencia de qué mayoría parlamentaria la impulse y de cuál sea el relato con el que se justifique.

El control parlamentario sobre RTVE existe, es necesario y está regulado. Pero tiene fronteras. Y esas fronteras no se basan en la cortesía institucional ni en la tradición democrática: las fija el derecho, con un perímetro que el nuevo marco europeo ha convertido en una obligación jurídica exigible.

El ordenamiento jurídico distingue con claridad entre el control sobre la gestión de un medio público, que es una exigencia democrática, y el control sobre su línea informativa, que es una amenaza a la democracia. El primero corresponde a las Cortes. El segundo estaba en zona gris hasta hace poco. Pero desde agosto de 2025, está prohibido.

Así que la decisión de Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP, de ordenar a sus senadores poner en marcha una comisión de investigación sobre RTVE en la cámara que controlan con mayoría absoluta —lo que significa que controlan los tiempos, la agenda, las comparecencias y las conclusiones, antes siquiera de haber empezado sus reuniones— se adentra en un territorio poco compatible con el derecho a la información y la independencia obligada de los medios públicos.

El control parlamentario de la corporación pública se ejerce a través de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, y su ámbito legítimo de actuación es amplio en lo que respecta a la gestión y la estructura institucional.

La Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal, establece que el Parlamento debe velar por que RTVE cumpla con las funciones de servicio público fijadas en el Mandato Marco, que es el documento que define periódicamente los objetivos estratégicos de la corporación.

Eso significa que los senadores pueden —y deben— preguntar si la programación atiende a las necesidades de información, cultura y educación de la sociedad española; si los presupuestos se ejecutan con transparencia y eficiencia; si la compensación que recibe el ente público por su función de servicio no supera el coste neto real de esa prestación, conforme a los criterios de la Unión Europea; y si la estructura territorial y la plantilla son proporcionadas a los objetivos declarados.

Pero tener derecho a preguntar si la programación atiende a las necesidades de información de la sociedad no autoriza a diputados y senadores a juzgar si una información concreta es “sesgada” o “partidista” desde una comisión política. Aunque se haga en todas las sesiones de la comisión de seguimiento, supone una extralimitación que vulnera la independencia de los profesionales.

La Cámara Alta tiene una función propia a la hora de controlar RTVE. Así lo ratificó la sentencia 134/2021 del Tribunal Constitucional, que declaró que la intervención simultánea de Congreso y Senado es un aspecto sustancial del modelo constitucional.

Pero la citada sentencia del Constitucional no se limitó a reconocer el derecho del Senado a participar de las tareas de control de los medios públicos y a decidir parte de la composición de los órganos de gobierno de RTVE. Fue mucho más lejos.

Estableció, en su fundamento jurídico tercero, que la preservación de la comunicación pública libre prohíbe al poder actuar sobre los contenidos informativos —con la única y limitada excepción de los jueces— y le exige tener “una especial consideración a los medios que aseguran la comunicación social [entre los que está RTVE] y, en razón de ello, a quienes profesionalmente los sirven”.

A ese criterio, que claramente limita lo que la Cámara Alta puede hacer, se suma el Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo —la EMFA, por sus siglas en inglés—, plenamente vigente desde agosto de 2025. A diferencia de una directiva, un reglamento europeo no necesita ser transpuesto al ordenamiento de cada Estado miembro: tiene efecto directo y carácter vinculante desde el primer día. En virtud del principio de primacía del derecho de la Unión, prevalece sobre cualquier norma nacional que lo contradiga.

El artículo 4.2 de la EMFA establece que "los Estados miembros, incluidas las autoridades y organismos reguladores nacionales, no podrán interferir ni tratar de influir en las políticas y las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación".

El Senado es una autoridad nacional. El reglamento no contempla excepciones para las cámaras parlamentarias. Y el verbo elegido no deja lugar a dudas: no dice “ordenar” ni “imponer”; basta con “tratar de influir”.

Es exactamente lo que el partido de Alberto Núñez Feijóo pretende: modificar la línea editorial de RTVE, pero bastaría con que la investigación generase un efecto disuasorio sobre los profesionales para que la iniciativa del PP pueda ser impugnada legalmente.

El mecanismo es bien conocido: cuando los periodistas saben que sus decisiones profesionales pueden convertirse en objeto de escrutinio parlamentario, la consecuencia práctica no requiere ninguna instrucción explícita.

La sola amenaza de comparecer ante una comisión para explicar por qué se eligió un enfoque y no otro basta para que la redacción empiece a modular su trabajo en función de lo que pueda resultar políticamente menos conflictivo. Ese proceso silencioso es exactamente lo que el ordenamiento jurídico trata de prevenir.

El marco legal delega en los Consejos de Informativos de RTVE —no en las cámaras parlamentarias— la función de velar por la independencia de los profesionales y la objetividad de los contenidos.

Son estos órganos internos los competentes para investigar eventuales malas prácticas deontológicas. La arquitectura es deliberada: sitúa el control deontológico dentro de la propia institución y fuera del alcance de la disputa partidista.

El artículo 5 de la EMFA refuerza estas garantías de forma específica para los medios de servicio público, exigiendo que su independencia esté protegida frente a cualquier interferencia política.

Y hay órganos obligados a vigilar todo esto. El reglamento ha creado el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, un organismo con mandato expreso para detectar riesgos estructurales para el pluralismo y garantizar que estas normas de protección no queden, en palabras del propio texto europeo, en papel mojado. La Comisión Europea, por su parte, tiene potestad para actuar contra los Estados miembros que ataquen la independencia editorial de sus medios públicos.

Lo que antes de agosto de 2025 alguien podía interpretar, pese a las sentencias del TC, como una zona de tensión constitucional no resuelta —una ponderación entre el derecho al control parlamentario y la independencia profesional— es ahora una prohibición expresa de derecho europeo. El terreno que el PP quiere transitar ha cambiado.

Los ministros de Economía y Comercio de España, Alemania, Italia, Portugal y Austria pidieron a la Comisión Europea a través de una carta publicada este sábado un impuesto a los beneficios de las empresas energéticas para distribuir "de manera equitativa" las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

"El conflicto en Oriente Medio ha provocado un aumento de los precios del petróleo, lo que supone una carga considerable para la economía europea y para los ciudadanos europeos. Es importante que esta carga se distribuya de manera equitativa", señalaron los ministros en la carta, fechada el 3 de abril y dirigida al comisario europeo de Clima, Neutralidad Climática y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, según informó hoy en X el titular de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo.

Para ello, los ministros de los cinco Estados miembros proponen que el Ejecutivo Europeo desarrolle medidas para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas a través de un "instrumento de contribución a escala de la UE sustentado en una base jurídica sólida".

"Ya en 2022 se introdujo un instrumento similar mediante una contribución solidaria temporal (...) como medida de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía" provocada por la invasión rusa de Ucrania, recordaron los ministros.

Sin embargo, plantearon a la Comisión estudiar si los beneficios obtenidos en el extranjero por las empresas petroleras multinacionales pueden incluirse de una manera más específica de lo que se hizo en 2022.

Los ministros de Economía aseguraron que esta "solución europea" permitiría financiar "ayudas temporales, especialmente para los consumidores, y frenar el aumento de la inflación, sin imponer cargas adicionales a los presupuestos públicos".

Asimismo, mandaría "un mensaje claro" que quienes se beneficien de la guerra deben aportar "para aliviar la carga que recae sobre la población en general".

"Nos complace que la Comisión Europea haya prometido examinar rápidamente la cuestión", concluyeron.

La eurodiputada francopalestina Rima Hassan, del partido de La Francia Insumisa, ha sido convocada este viernes por la policía judicial por un caso diferente al que motivó ayer su detención y por el que será juzgada el próximo 7 de julio por presunta apología del terrorismo por una publicación en sus redes sociales, según fuentes judiciales. La líder de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero, han pedido la liberación inmediata de Hassan y denuncian la "criminalización de quienes denuncian el genocidio en Oriente Medio".

En esta ocasión, Hassan, de 33 años, ha sido convocada por la Brigada de Represión de la Delincuencia contra Personas (BRDP, en sus siglas en francés), precisaron fuentes judiciales citadas por la prensa local; mientras que la víspera había sido detenida en el marco de una investigación llevada a cabo por la Unidad Nacional de Lucha contra el Odio en Internet (PNLH).

Durante su detención de la víspera, los agentes encontraron "sustancias parecidas al CBD (cannabidiol, un compuesto químico que se encuentra en la planta del cannabis) y al 3MMC (una droga sintética estimulante), sobre las que fue interrogada", señaló la Fiscalía de París, al precisar que se trata de asuntos "independientes y serán objeto de un procedimiento distinto" al caso por el que será juzgada en julio próximo.

El coordinador nacional de La Francia Insumisa, Manuel Bompard, aseguró en la emisora Sud Radio que Hassan no llevaba "ninguna droga encima" y denunció, al igual que otros miembros del partido, "informaciones mentirosas" para "ensuciar" su imagen.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, al origen de la denuncia que motivó el arresto de ayer de la eurodiputada, calificó hoy en declaraciones a la televisión BMFTV de "grave" el tuit de Hassan en sus redes sociales del pasado 26 de marzo por el que será juzgada por apología del terrorismo y rechazó que se trate de una "caza de brujas", ya que "nada -dijo- debe quedar impune" y "la acción política debe mantenerse dentro del marco del Estado de derecho".

En ese tuit, Hassan, jurista de 33 años, hacía referencia en X a Kōzō Okamoto, autor de un ataque armado en 1972 en el aeropuerto internacional Ben Gurión, en Israel, que causó 26 muertos.

En su tuit, que iba acompañado de banderas japonesas y palestinas, Hassan recuperaba una frase de Okamoto: "Dediqué mi juventud a la causa palestina. Mientras haya opresión, la resistencia no solo será un derecho, sino un deber".

La eurodiputada también compartió un texto en inglés sobre Okamoto, recordando que había participado en este ataque y una foto en la que era llevado a hombros por hombres vestidos con uniformes militares y kufiyas, según declaró la Fiscalía.

La publicación fue denunciada ante la Fiscalía por el ministro del Interior y posteriormente por la Organización Judía Europea (EJO) y la LICRA (Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo).

La eurodiputada está implicada en otros seis casos, sobre los que la Fiscalía declinó pronunciarse por estar "aún en curso". La mayoría se refieren también a mensajes en redes sociales u otros comentarios denunciados por el Observatorio de Igualdad Judicial, otras organizaciones o diputados.

Belarra ha escrito en un mensaje en X pidiendo la liberación de Hassan en el que se podía leer que "terrorismo es lo que hace Israel con la connivencia de Europa" y ha zanjado: "Basta ya de tanta criminalización a quienes denuncian el genocidio". Ha expresado su apoyo a la eurodiputada de Francia Insumisa y ha remarcado que Podemos exige "su puesta en libertad inmediata".

Montero, compañera en el Europarlamento, ha denunciado que se reprima "la solidaridad" con Palestina, porque es otra "forma de complicidad" con un "Estado terrorista" como Israel, y ha opinado que "los gobiernos europeos deben terminar en el banquillo por ello".

"Terrorista es el Estado de Israel, a quien Europa mantiene como gran socio comercial y militar", ha escrito.

Hassan es muy activa en redes y crítica con la política del Gobierno israelí, al tiempo que ha formado parte en dos ocasiones de las flotillas con ayuda humanitaria a Gaza.

La respuesta conjunta de la Unión Europea contra la crisis económica desatada por la covid abrió un nuevo camino para las políticas comunitarias. Y ahora, el viejo continente se asoma al abismo de un crac que podría acercarse al petrolero del 73. Bruselas y los Estados miembros tienen claro que la senda explorada en 2020 puede ser parte de la respuesta económica. El presidente estadounidense, Donald Trump, acaba de prometer la reapertura del Estrecho de Ormuz en “dos o tres semanas”, cuando espera terminar la guerra contra Irán, una predicción sin fundamento confiando en que así terminen los problemas en el mercado de crudo y derivados, gas o fertilizantes.

La incertidumbre del vaticinio hace que la Comisión ya pida a los 27 que trabajen en seguir reduciendo el consumo de hidrocarburos que vienen acometiendo desde la invasión de Ucrania, empezando por el sector del transporte. En paralelo, el ejecutivo comunitario y los gobiernos europeos estudian, tras la reciente cumbre de marzo, la introducción de ayudas para los hogares, transportistas, agricultores y ganaderos, empresas de distribución o industrias de alto consumo energético. Y aunque la demanda todavía no existe, la sombra de los fondos comunes Next Generation es alargada y la UE contaría con instrumentos dentro de su presupuesto actual para derivar financiación de apoyo a los países. Igual que tampoco se descarta, como durante la pandemia, dar barra libre al gasto público sin afectar a las normas de déficit.

Francia, Hungría, Alemania, Portugal, Bélgica o Irlanda son algunos de los socios que, como España, anuncian sus primeras medidas y la Comisión Europea trabaja en contrarrestar los efectos económicos de una crisis energética cuyo impacto en los mercados no prevé de corta duración. Escenario compartido por el BCE con una inflación como mínimo del 2,6% este año, que podría llegar hasta el 3,5% y, en el escenario más preocupante, al 4,4% en la eurozona. En Bruselas, el rumor de que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, convoque una cumbre extraordinaria ante la delicada situación en Oriente Próximo por sus repercusiones energéticas y económicas cobra fuerza.

El canciller alemán, Friedrich Merz, se encuentra entre los más agoreros entre los líderes europeos con lo que pueda suceder y recientemente declaró que el corte de Ormuz y la continuación de la guerra en Oriente Medio tendrán unas consecuencias “tan grandes como las recientemente experimentadas durante la pandemia de covid o el inicio de la guerra en Ucrania”. Sería un escenario más preocupante que el esbozado por el Banco Central Europeo.

La primera potencia continental ya ha aprobado parlamentariamente límites en el aumento de los precios que las compañías de electricidad o gas aplican a familias y empresas y también a las estaciones de servicios para la gasolina y el diésel. El gobierno de Merz estudia rebajas en los impuestos de las facturas energéticas y la medida más polémica que no descarta es reactivar temporalmente las plantas de carbón para aliviar en situaciones de emergencia el aumento de los precios eléctricos en el mercado mayorista.

Austria y Hungría son otros dos países de Europa central que también han aplicado esos límites al aumento en el precio de los carburantes en las gasolineras. En Budapest, además, el Gobierno de Viktor Orbán mantiene una regulación sobre los precios de las energéticas y existen techos máximos que no se pueden superar para familias y empresas.

Escribe el analista Alistar Keep en la publicación euperspectives.eu que, aunque “el conflicto en Oriente Medio está llevando a precios energéticos desorbitados en toda Europa, Bruselas todavía tiene que acordar una respuesta coordinada, dejando a los gobiernos nacionales actuar solos”. Para este autor, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció “una de las respuestas europeas más amplias, con un paquete de 5.000 millones para ayudar a 20 millones de familias y 3 millones de compañías”.

Italia ha adoptado medidas semejantes a las españolas con descuentos de 25 céntimos por litro para el combustible gracias a rebajas fiscales que asumirá el Estado por un importe de 600 millones de euros. Carga que repercutirá en las cuentas públicas de uno de los países más endeudados de toda la Unión. Irlanda ha ido un poco más allá y aplicará reducciones al IVA de la gasolina, del diésel de los automóviles o también de varios céntimos por litro al petróleo y el gas en el mercado mayorista. Además, se mantendrán los cupones de ayuda que disfrutan durante el invierno casi medio millón de hogares para el combustible de calefacción.

Un rumbo distinto al de rebajar la fiscalidad de los carburantes o controlar los precios de la energía es el que está tomando Francia. París impulsará nuevos permisos para la instalación de plantas fotovoltaicas y de molinos de viento, tanto en tierra como en mar, buscando “el objetivo 2035 de quince gigavatios suplementarios” de producción eléctrica, señala el ministro de Economía, Roland Lescure, con los que reducir a futuro las importaciones de combustibles fósiles. Visión a largo plazo, al tiempo que se pide a las refinerías instaladas en el país evaluar la capacidad para aumentar rápida y temporalmente la producción de los derivados del crudo. El gobierno de Emmanuel Macron todavía estudia si aplicar suspensiones en los pagos de las cotizaciones sociales a sectores vulnerables ante un alza de los combustibles, como la agricultura, la pesca o el transporte.

Si en dos o tres semanas, como promete Trump, el bloqueo del estrecho de Ormuz no se levanta y la actividad petrolera y gasística no retoma la normalidad en toda la región de Oriente Medio, los problemas de los países europeos se agravarán porque la UE tiene una dependencia del Golfo Pérsico especialmente relevante en sectores como el diésel para camiones y barcos o el fuel consumido por aviones. Según los datos oficiales, estas importaciones ascienden al 40%, ya que por ese estrecho navega cerca de una quinta parte del tránsito global de petróleo y su cierre afecta las importaciones de esos derivados a Europa. 

El comisario de Energía, Dan Jorgensen, es claro sobre el riesgo que afronta el continente y en una reciente carta a los diferentes ministerios ha advertido que “aunque la exposición directa de la UE a la oferta de la región antes de este conflicto era limitada, dependemos de los mercados globales para nuestro aprovisionamiento de combustibles fósiles en competencia directa con otros consumidores”. Cuando estalló la crisis del petróleo en 1973 las economías de los países occidentales dependían más del oro negro que hoy en día gracias a la irrupción e implantación progresiva de las renovables, pero no tenían que competir con gigantes como China, India y todo el sudeste asiático por ese combustible. Ahí está, según Bruselas, otra fuente de riesgo ante las guerras de Trump.

La lista de países de la UE que, a poco más de un mes de que venza el plazo europeo para trasponer la directiva europea que busca blindar a los medios de las demandas infundadas que tratan de silenciarlos —conocidas como SLAPP—, es larga. No han iniciado debates parlamentarios, no han presentado proyectos de ley, no han hecho ningún movimiento visible. España está en ese grupo.

Una SLAPP —del inglés Strategic Lawsuit Against Public Participation, o demanda estratégica contra la participación pública— es una acción judicial interpuesta no con el propósito de ganar en los tribunales, sino de agotar al demandado fuera de ellos. Quien la presenta —habitualmente una empresa poderosa, un político o una institución con recursos económicos muy superiores a los de su víctima— no busca obtener justicia ni reparar un daño real, sino obligar al periodista, al activista o a la organización demandada a dedicar tiempo, dinero y energía a defenderse, hasta que decida que no merece la pena seguir investigando, publicando o denunciando.

La Directiva (UE) 2024/1069, conocida informalmente como la Ley Daphne, vincula a los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Son ellos quienes tienen hasta el 7 de mayo de 2026 para incorporarla a sus ordenamientos jurídicos y quienes se exponen a procedimientos de infracción y sanciones del Tribunal de Justicia de la UE si no lo hacen. Junto a España están Dinamarca, Finlandia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Eslovaquia, Hungría e Italia.

Pero hay otra lista negra de países, ajenos a la UE, que también están ignorando el problema. Son los miembros del Consejo de Europa sujetos a la Recomendación CM/Rec(2024)2 del Comité de Ministros de este organismo: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, San Marino, Serbia, Suiza, Turquía, Ucrania y el Reino Unido.

Los datos proceden del informe anual de CASE, la Coalición contra las SLAPP en Europa, publicado en enero de 2026 y elaborado por la Fundación Daphne Caruana Galizia. El estudio, que ya va por su cuarta edición, radiografía el estado de las demandas estratégicas contra la participación pública en el continente y hace un diagnóstico negativo de cómo los gobiernos están respondiendo a sus respectivas obligaciones.

Desde 2010, CASE ha documentado 1.303 casos de SLAPP en Europa. Solo en 2024 se iniciaron 167 nuevos procedimientos, una cifra que supera ligeramente la de 2023 y que consolida una tendencia de crecimiento sostenido desde 2017. El problema se ha extendido también geográficamente: el informe añade Montenegro y Andorra al mapa, elevando a 43 los países europeos donde se han observado este tipo de demandas.

¿Qué países registran más casos? En 2024, Italia encabezaba el ranking con 21 procedimientos, seguida de Alemania (20), Serbia (13), Hungría (12), Turquía (10) y Ucrania (10). En el periodo completo 2010-2024, Polonia acumula el mayor número total (140), seguida de Malta (91), Francia (91), Bulgaria (70), Serbia (73) y Eslovaquia (64).

España suma 29 casos documentados en todo el periodo, una cifra que los autores del informe reconocen que probablemente subestima la realidad: la metodología captura solo los casos que llegan a conocimiento de la red, y muchas víctimas prefieren no dar publicidad a los procedimientos por miedo a nuevas represalias.

El perfil del demandante es consistente. En 2024, las empresas y empresarios concentraron el 40,9% de las demandas, mientras que los políticos y funcionarios públicos sumaron el 29,3%. La base legal más frecuente es la difamación —924 casos de los 1.303 registrados—, pero el informe advierte de una tendencia nueva: el uso creciente del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la normativa europea que regula cómo las organizaciones pueden recopilar, almacenar y usar los datos personales de los ciudadanos, en vigor desde 2018 y directamente aplicable en todos los Estados miembros de la UE sin necesidad de trasposición.

Hay 15 casos en los que el reglamento europeo de protección de datos aparece como base legal explícita, y otros 44 invocan la vulneración de la privacidad. La lógica es perversa: en lugar de discutir si una información es veraz y de interés público, el demandante exige su eliminación por la vía de la protección de datos, eludiendo cualquier debate sobre el fondo.

Para seguir el proceso de trasposición, CASE y el Centro Europeo de Libertad de Prensa y Medios (ECPMF) pusieron en marcha en septiembre de 2025 el Monitor Europeo Anti-SLAPP, una plataforma pública que clasifica a cada país según su grado de avance. Las categorías son: sin información, no iniciado, iniciado, retrasado, parcialmente implementado e implementado. El balance a diciembre de 2025 es desolador.

De los 27 Estados miembros, ninguno ha alcanzado la implementación completa. Solo Malta ha logrado la implementación parcial, y con matices que merecen atención: la legislación maltesa transpone la directiva pero cubre únicamente los casos transfronterizos, dejando sin protección los procedimientos domésticos. Es la paradoja de una ley llamada Daphne que, en su versión más restrictiva, no habría protegido a Daphne Caruana Galizia: ella era maltesa, sus demandantes eran malteses y los tribunales eran malteses. Caruana acabó siendo asesinada en las inmediaciones de su domicilio.

Con todo, hay un grupo más amplio de Estados miembros de la UE que ha iniciado el proceso de trasposición en distinto grado: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Rumania, Eslovenia y Suecia. Son dieciséis países que al menos han arrancado, aunque con velocidades y profundidades muy distintas, y con la preocupación añadida de que los primeros indicios apuntan a que varios de ellos optarán por quedarse en el umbral mínimo que exige la directiva.

Luego están los que no han iniciado el proceso en absoluto. Dentro de la UE, ese grupo incluye a Hungría e Italia —dos de los países con mayor número de casos documentados, lo que no es una coincidencia, y en los que además gobierna la ultraderecha—, así como Luxemburgo, cuya ausencia resulta llamativa dado que alberga instituciones europeas clave.

Y finalmente está el grupo más inquietante desde el punto de vista de la rendición de cuentas: los Estados miembros para los que el Monitor no ha podido identificar ninguna información disponible. España figura aquí, junto con Dinamarca, Finlandia, Letonia, Lituania, Portugal y Eslovaquia. No es que vayan lentos; es que no hay rastro público de que estén haciendo algo. En el caso español, la constatación del Monitor coincide con lo que infoLibre ha podido verificar directamente: no existe proyecto de ley en el Congreso, no hay texto articulado presentado, y el Ministerio de Presidencia no responde a las preguntas de este periódico sobre el estado de la trasposición.

Para los países europeos no integrados en la UE, el marco de referencia es la Recomendación CM/Rec(2024)2 del Consejo de Europa, aprobada también en 2024. No tiene fuerza vinculante —no hay sanciones por incumplirla—, pero establece un estándar político y moral claro sobre lo que los Estados deberían hacer para proteger a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos frente al acoso judicial.

El panorama en este grupo es igualmente sombrío. Albania, Armenia, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Montenegro y Serbia no han iniciado ningún proceso de implementación. El Reino Unido, que abandonó la UE pero sigue siendo miembro del Consejo de Europa, tampoco ha dado pasos en esta dirección, a pesar de contar con una tradición de uso del llamado libel tourism —el turismo de la difamación— que en parte motivó reformas anteriores en su propio derecho.

Para otro conjunto de países del Consejo de Europa no hay información disponible: Andorra, Azerbaiyán, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Moldavia, Mónaco, Noruega, San Marino, Suiza y Turquía. Ucrania, que sí está en proceso de implementación de la directiva como parte de su camino de adhesión a la UE, representa la excepción positiva más notable en este grupo.

El informe de CASE señala un límite estructural de la propia directiva que resulta especialmente relevante. La norma europea solo obliga a proteger los casos transfronterizos: aquellos en que demandante y demandado están domiciliados en países distintos. Pero los datos del propio CASE muestran que el 91,5% de las SLAPP documentadas son puramente domésticas.

Un político español que demanda a un periodista español ante un tribunal español está completamente fuera del ámbito obligatorio de la directiva, a menos que los Estados vayan más allá del mínimo exigido. Y los primeros indicios de la trasposición en los países que han avanzado sugieren que la mayoría no tiene intención de hacerlo.

Hay otro elemento que el informe señala con insistencia: los 1.303 casos documentados son, en sus propias palabras, "la punta del iceberg". La censura más efectiva se produce antes de que haya demanda: a través de cartas de advertencia, requerimientos de cese y desistimiento, y amenazas que nunca llegan a los juzgados pero que consiguen su objetivo —la retirada de una información, el abandono de una investigación— sin dejar rastro.

El Gobierno de Pedro Sánchez incluyó la trasposición de la directiva en su Plan de Acción por la Democracia en septiembre de 2024, como medida 2.2.2. Un año después, menos de la mitad de las 31 propuestas del plan habían comenzado su tramitación. Con el plazo del 7 de mayo a poco más de un mes de distancia, no hay proyecto de ley, no hay texto articulado, no hay señales de movimiento.

Las consecuencias de incumplir el plazo no son solo políticas o reputacionales. La Comisión Europea puede iniciar un procedimiento de infracción que acabe en el Tribunal de Justicia de la UE, con multas a tanto alzado de varios millones de euros más sanciones coercitivas diarias hasta que se complete la trasposición. El coste recaería sobre el conjunto de los ciudadanos. Y mientras tanto, cada semana de retraso es una semana más en la que un periodista que publica una investigación sobre corrupción, o una organización que denuncia prácticas empresariales dudosas, puede recibir una demanda millonaria sin que exista un mecanismo ágil para desestimar, para invertir la carga de la prueba, para sancionar al demandante.

La trasposición de la directiva no resolverá esos casos de golpe ni supone una panacea. Pero añadiría herramientas procesales concretas que hoy no existen: la posibilidad de que un juez archive una demanda manifiestamente abusiva antes de que el coste de defensa haya hecho ya el daño; la obligación del demandante de justificar que su acción no es un instrumento de acoso; o la amenaza de costas y sanciones si la demanda es declarada abusiva.

“Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no necesitan ayuda de España ni de nadie más” para cumplir los objetivos de la guerra emprendida contra Irán. La Casa Blanca responde al Gobierno español por el cierre del espacio aéreo a los aviones estadounidenses que participan en ese conflicto y presume sobre sus capacidades, hasta el punto de rechazar que dependa logísticamente de sus aliados para desarrollar sus planes.

La afirmación oculta, sin embargo, la verdadera realidad del despliegue estadounidense en Europa, en Oriente Medio y el Golfo Pérsico, en el noreste de África y el Océano Índico con decenas de bases gestionadas directamente o en colaboración con el país anfitrión y que juegan un papel trascendental en la actual intervención militar.

La mayor de las instalaciones en los países vecinos de Irán se sitúa en Qatar, la base aérea de Al Udeid, sede del Comando Central de los Estados Unidos que ya ha sido objetivo de las represalias con misiles y drones por parte de la República Islámica. Otro de los pequeños estados bañados en petrodólares, Bahrein, alberga el cuartel general la V Flota de la Marina estadounidense y un poco más al sur, en Emiratos Árabes Unidos, tienen su base de operaciones los modernos cazas de combate furtivos F-22, uno de los pilares de la ofensiva. Sin embargo, las numerosas instalaciones militares con las que cuenta por Europa siguen jugando un papel central y sólo España ha ido tan lejos como para, además de impedir su uso, coartar ahora su actividad al negarles el espacio aéreo.

Italia acaba de prohibir a los bombarderos estadounidenses armados para la guerra de Irán operar desde la base aérea de Sicilia porque, según los acuerdos de la década de los 50, su uso es para propósitos logísticos y de entrenamiento, pero no como centro de tránsito desde el que transportar bombas y armamento hacia conflictos bélicos, salvo permiso expreso en situaciones de emergencia que debe aprobar el gobierno trasalpino tras pasar por el Parlamento.

En un efecto dominó semejante al de hace apenas tres semanas, Giorgia Meloni imita parcialmente las decisiones de España. Fue el 11 de marzo cuando la primera ministra protestó delante de su Parlamento porque “Italia está haciendo” lo mismo que España con su acuerdo bilateral con Estados Unidos sobre la utilización de las bases. Roma, como Madrid, rechaza verse arrastrada a la guerra contra Irán pese a la sintonía ideológica de Meloni con Donald Trump.

Italia intenta evitar cualquier tipo de roce diplomático y político con los Estados Unidos como los que vive España, de ahí que su ministro de Defensa, Guido Crosetto, intente minimizar el impacto de la decisión. “Algunos están intentando lanza el mensaje de que Italia ha decidido suspender el uso de las bases por activos estadounidenses”, afirma Crosetto, “es simplemente falso porque las bases siguen activas, en uso y nada ha cambiado”. Al mismo tiempo, el ministro italiano confirma el bloqueo al señalar que su gobierno “continua haciendo lo que todos los gobiernos italianos siempre han hecho en pleno cumplimiento de los compromisos en el Parlamento. Los acuerdos internacionales regulan claramente y distinguen lo que requiere una autorización específica del Gobierno”.

La acción unilateral de los Estados Unidos e Israel contra Irán sin consultar a los socios europeos está detrás de los recelos para permitir el uso de medio centenar de grandes instalaciones, una red de bases aéreas, puertos para barcos de guerra y centros de internamiento en gran parte heredada de la Guerra Fría y luego expandida al este tras la caída del Muro de Berlín. Según los propios datos del Comando Europeo de los Estados Unidos con cuartel general en Stuttgart albergan cerca de 84.000 soldados, tropa de marinería y de las fuerzas aéreas y demás personal.

Alemania, Italia, Reino Unido y España albergan la mayor concentración de militares estadounidenses y la presencia es creciente en Polonia o Rumanía. Hay bases también en Bélgica, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Irlanda, Hungría, Bulgaria, Malta o Turquía. Las instalaciones son en muchos casos también centros de la OTAN con sistemas de vigilancia centrados en controlar el paso de los estrechos de Gibraltar y Bósforo, la presencia rusa en el Mar Báltico y en la frontera oriental europea o la lucha antiterrorista en Oriente Próximo.

El empleo, igual que en el caso de España e Italia, está regulado por acuerdos bilaterales y en situaciones sensibles exige expresa autorización del país anfitrión. En 1986, cuando el entonces presidente norteamericano Ronald Reagan ordenó ataques aéreos contra Libia, España e Italia negaron los vuelos sobre su territorio y el uso de las instalaciones. El Reino Unido de Margaret Thatcher fue el único país que sí lo autorizó. Las rencillas con los europeos son coyunturales y ya entre 1966 y 1967 las Fuerzas Armadas estadounidenses cerraron sus bases en Francia después de que el presidente galo, Charles de Gaulle, retirase a su país de la estructura de mando conjunta de la OTAN y exigiese la salida de las tropas extranjeras.

En una decisión similar a la de España, pero con otro actor estatal como sujeto, la Francia del actual Emmanuel Macron acaba de prohibir a Israel el uso de su espacio aéreo para transportar armas estadounidenses que puedan emplearse contra Irán. Es la primera vez que París adopta una decisión similar y la diplomacia francesa aclara, ante las acusaciones de Trump este martes por redes sociales, que el veto no afectaría al resto de vuelos militares de las Fuerzas Aéreas norteamericanas, que sí deben recibir autorización francesa individualmente para sobrevolar el hexágono.

Reino Unido se mantiene como el gran liado de los Estados Unidos y sigue siendo hoy uno de los centros logísticos y puntas de lanza para esas fuerzas armadas pese a la tensión política evidente con el gobierno de Keir Starmer. Al menos dos docenas de superbombaderos norteamericanos están aterrizando y despegando desde el sur de Inglaterra para participar en los ataques contra Irán, operaciones que el primer ministro británico define sólo como “defensivas y limitadas”. 

El otro gran aliado estadounidense en Europa, Alemania, tampoco se plantea aplicar medidas similares a las de España, Italia o Francia aunque el gobierno del canciller Friedich Merz tiene en su mesa desde hace días un informe de los expertos legales del Parlamento Federal que considera que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán viola el derecho internacional y alerta ante posiciones implicaciones legales a Alemania ante el uso de las bases estadounidenses en su territorio.

La UE ha gastado 14.000 millones de euros adicionales en importar hidrocarburos el primer mes de guerra en Oriente Medio, dijo este martes el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, quien apremió a los Estados miembros a buscar fórmulas para reducir el consumo de diésel y queroseno.

"Nos enfrentamos a una situación muy seria (...). No hay que hacerse ilusiones de que será corto, porque no lo será" dijo en una rueda de prensa al término de una reunión extraordinaria por videoconferencia de ministros de Energía de los países de la UE.

El político danés indicó que desde el inicio del conflicto el 28 de febrero los precios del gas han aumentado un 70% y los del petróleo un 60%, y subrayó que la principal preocupación concierne al diésel y combustible para aviones, el aumento de las restricciones en el mercado del gas, el contagio a los precios de la electricidad y el impacto en la industria.

"Mejor estar preparados que lamentarlo", añadió.

El comisario había pedido ya a los países que consideraran medidas para reducir el consumo de combustibles fósiles en una carta enviada a las capitales antes de la reunión, basándose en un documento de recomendaciones publicado recientemente por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Estas incluyen aumentar el teletrabajo cuando sea posible, reducir los límites de velocidad en autopistas en al menos 10 km/h, fomentar el transporte público, alternar el acceso de coches privados a las carreteras en grandes ciudades según el día o evitar los viajes en avión cuando haya alternativas.

Jørgensen no fue claro sobre la reacción de los ministros a esas recomendaciones, que sí respaldó en conferencia de prensa el titular de Comercio, Energía e Industria de Chipre, Michális Damianos, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

"Reducir la demanda energética sigue siendo una pieza central" de la estrategia comunitaria, dijo el chipriota.

Por su parte, el comisario dijo que "no hay una solución única": "No esperamos que todos los Estados miembros implementen los diez puntos, pero es una muy buena caja de herramientas", comentó.

Preguntado si son convenientes medidas como las adoptadas por España para bajar impuestos al combustible, que no reduciría el consumo sino que podría incentivarlo, Jørgensen dijo entender que "los distintos países tienen distintas circunstancias".

"Estamos en una situación que puede empeorar y hacer que la reducción de demanda sea necesaria", apostilló.

La Comisión Europea presentará "pronto" una "caja de herramientas" con otras posibles medidas para afrontar una crisis de precios prolongada, añadió el comisario.

Bruselas intentará hacer los contratos por diferencia (CfD) y los acuerdos privados de compraventa de energía eléctrica (PPA) más amplios y fáciles de aplicar, además de recomendar reducir impuestos a la electricidad y facilitar opciones financieras.

Algunas de esas iniciativas ya se ensayaron en 2022 al calor de la crisis de precios del gas desatada por la invasión de Rusia sobre Ucrania, aunque entonces la carestía afectó principalmente al gas y se contagió a la electricidad, mientras que ahora hay "una gama más amplia de problemas".

Por ello, la Comisión también baraja ahora otras soluciones más radicales que ya se introdujeron entonces, como poner un tope a los precios mayoristas del gas o capturar los "beneficios caídos del cielo" de las compañías energéticas si los precios siguieran subiendo.

"Es una posibilidad", dijo Jørgensen, quien insistió en que "nadie sabe cómo de larga será la crisis, pero es muy importante subrayar que no será corta".

Aunque mañana hubiera paz en la región, la infraestructura energética en Oriente Medio ha sido dañada y "no volveríamos a la normalidad en un futuro previsible", sostuvo.

Bruselas acaba de lanzar un nuevo instrumento de inversiones militares entre los países de la UE. Dotado con apenas 115 millones de euros, está diseñado para impulsar programas de tecnologías disruptivas desarrollados por pequeñas empresas y startups que puedan aplicarse en pocos meses en el campo de batalla. La inteligencia artificial, la informática cuántica o los vehículos no tripulados centrarán estas subvenciones.

Hace menos de un año la Comisión Europea puso a disposición de los Estados miembros el Fondo SAFE con 150.000 millones de euros. Préstamos de largo vencimiento a los 27 con los que financiar grandes programas de defensa y compras de material militar mientras se aseguraba que la industria de defensa europea pueda aportar el equipamiento bélico que las fuerzas armadas nacionales exijan.

El nuevo programa Agile es mil veces más pequeño que el SAFE, pero es complementario de este último porque el Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen tiene claro que no debe levantar el pie del acelerador de la remilitarización europea, con la guerra de Ucrania muy presente en la frontera oriental de la UE y con el objetivo de impulsar las capacidades industriales de defensa propias frente a unos Estados Unidos imperialistas y agresivos con sus tradicionales aliados atlánticos.

SAFE no deja de ser el pilar de inversión de la Estrategia ReArm Europe (Rearme Europa) para 2030, rebautizada con ese nombre por la propia Comisión Europea tras las quejas de países como España o Italia, con el objetivo de edulcorar ante la opinión pública su verdadera finalidad. Esta estrategia se suma al Fondo Europeo de Defensa, a las normas que apoyan la producción de munición y las compras conjuntas de equipamiento militar o al programa para el Refuerzo de la Industria Europea de Defensa. “Representan”, explican un reciente trabajo del importante think tank bruselense Bruegel, “un progreso hacia el fortalecimiento de la oferta de bienes militares” porque, según el texto firmado por Guntram Wolff, ex director del German Council of Foreign Relations, y Armin Steinbach, economista jefe en el ministerio de Finanzas alemán, “Europa afronta una grave amenaza de seguridad” y “debe acelerar el rearme a través de una mayor cooperación e innovación en su gobernanza”.

Este mantra está plenamente interiorizado en la capital comunitaria, de ahí que los gobiernos de la Unión también acaben de aprobar el desvío de 34.600 millones de euros de los fondos de cohesión hacia “prioridades estratégicas más urgentes”. Entre ellas, de nuevo, las inversiones bélicas, que recibirán un tercio de esos fondos, 11.900 millones, para “fortalecer capacidades industriales de defensa, movilidad militar y la preparación civil”. Son cuatro veces más que la partida redirigida a vivienda sostenible y asequible e inclusión social o a iniciativas de descarbonización y medioambientales.

“Se están sacrificando las inversiones sociales o en favor de los derechos de los trabajadores, todo a puerta cerrada”, para “destinar dinero público a los fabricantes de armas” con “programas industriales que unen nuestras economías futuras a la guerra”, reprocha el eurodiputado del grupo de la Izquierda, Marc Botenga.

El fondo de 150.000 millones de euros dirigido a inversiones militares creado específicamente por la Comisión Europea empieza a agotar sus recursos. Francia y Croacia son los últimos países en sumarse a esa iniciativa y el instrumento SAFE habrá destinado en próximas semanas 130.000 de esos millones. España, Portugal o Bélgica estuvieron entre los primeros países que solicitaron dinero, Italia, Polonia y la mayoría de socios del este se lanzaron a por los fondos en la segunda tanda. 

Alemania ha declinado participar al contar con mejores condiciones de endeudamiento en los mercados mientras que Hungría presentó hace semanas su plan de inversiones por 16.000 millones, pero su programa parece guardado en un cajón como represalia por el continuo bloqueo que su primer ministro, Viktor Orbán, aplica en los debates europeos, en la ayuda a Ucrania y las sanciones a Rusia y a la espera de ver qué sucede en las elecciones generales del país a mediados de abril.

Las empresas alemanas o húngaras de tecnología militar sí recibirán dinero del fondo Agile, igual que las de los otros 25 socios comunitarios. El objetivo principal de este nuevo instrumento es que tecnologías emergentes salten cuanto antes del laboratorio al campo de batalla, como explicaron en Bruselas los responsables de la Comisión, gracias a subvenciones cuyo plazo de concesión se reducirá a sólo cuatro meses para apoyar a entre veinte y treinta proyectos.

Para los académicos de Bruegel —un think tank que aporta documentos de estudio y posicionamiento político, económico o industrial que sirven de base para futuras iniciativas de la Comisión—, la partida de SAFE, de otros programas militares o partidas más pequeñas como el nuevo Agile no bastarían. Wolff y Steinbach piden crear un Mecanismo de Defensa Europeo a imitación del MEDE entre gobiernos con el que se rescataron los países de la UE durante la crisis de deuda a cambio de austericidas recortes.

Este MEDE militar estaría, por tanto, al margen del escrutinio y supervisión de la Eurocámara, basado en un tratado entre gobiernos y financiado con aportaciones nacionales con las que salir a endeudarse en el mercado y así, explican los autores, aliviar las cargas presupuestarias del rearme. Su cometido sería financiar grandes programas conjuntos de defensa, creando así un mercado único europeo para esta industria y permitiendo la participación de actores no comunitarios como Reino Unido.

Estamos, en palabras de eurodiputados de izquierdas como el alemán de Die Linke, Ózlem Demirel, o Marc Botenga, del Parti du Travail de Belgique, ante una verdadera carrera de armamentos en la UE en la que se “redirigen fondos desde donde más se necesitan” como el gasto social o en la lucha contra el cambio climático “a alimentar la capacidad de producir armas”.

Los últimos datos de la OTAN publicados este jueves ejemplifican con cifras esta denuncia. En 2025, Polonia gastó en defensa el 4,3% de su PIB, las tres repúblicas bálticas entre el 3,4 y el 4%, países con economías pequeñas como Finlandia o Grecia en el entorno del 2,8% de su PIB y España saltó del 1,3%-1,4% al 2% para cumplir por primera vez con un objetivo fijado hace una década. Pese a las críticas continuas de Donald Trump y aunque sigue a la cola de la Alianza Atlántica en términos relativos de gasto militar, España está entre los países donde éste más aumentó el año pasado, un 44%, sólo superada por Luxemburgo, Bélgica, Eslovenia, Albania y Dinamarca.

España acaba de comunicar a la Comisión Europea que retira una ayuda de cerca de 20,7 millones de euros que otorgó en 2017 a Stellantis, entonces aún Peugeot Citroën Automóviles España SA, para su fábrica de Vigo, tras no poder justificar su legalidad durante una investigación que ha durado cerca de siete años. La ayuda la otorgó el Gobierno de Mariano Rajoy sin “ninguna obligación de nuevos puestos de trabajo” y la Comisión Europea dudó de que contribuyese al desarrollo de Galicia. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez retira la ayuda y la UE cierra la investigación.

La ayuda de 20.660.434 euros fue otorgada en diciembre de 2017 al amparo de “incentivos regionales para la corrección de los desequilibrios económicos territoriales” y ya desde su concesión estaba condicionada a una posterior revisión por parte de la Unión Europea. En teoría la subvención debía ir dirigida a innovaciones en el proceso global de producción de automóviles, pero la Comisión Europea sospechó que en realidad iban destinadas a una mejora puntual de la técnica empleada en la fábrica viguesa de una gran empresa, lo que supondría afectar a la libre competencia dentro de la UE con una ayuda de Estado.

La Comisión Europea incoó un “procedimiento de investigación formal” el 1 de julio de 2019 y medio año después, en enero de 2020, desveló en qué se basaban sus objeciones, que fueron varias.

Por un lado, la Comisión Europea manifestó “sus dudas en cuanto a la contribución de los proyectos de inversión al desarrollo de la región en cuestión”, en referencia a Galicia. Puesto que eran unas ayudas estatales de finalidad regional, la UE analizó ese efecto regional y constató que la inversión prevista para Vigo se produciría en detrimento de otra fábrica de la misma empresa en la región eslovaca de Trnava.

“La ayuda pudo desviar la inversión a Trnava, donde, sin ninguna ayuda, a primera vista parece que la ejecución de la inversión habría sido más viable”, decía la Comisión, que añadía que “la inversión habría sido más rentable económicamente o más viable en esa otra localización, al menos igual de desfavorecida”.

Por otra parte, la Comisión Europea también puso el foco en la ausencia de creación de empleo con las inversiones que la empresa iba a realizar con la ayuda recibida. “No existe ninguna obligación de crear nuevos puestos de trabajo”, decía el ejecutivo comunitario, que incluso señalaba que “el número de empleos desciende después de la inversión” y dudaba de las “intenciones” de la empresa “sobre el número de empleos una vez transcurrido” el período de dos años tras la inversión en el que se comprometía “solamente” a mantener el empleo.

La investigación de la Comisión Europea se prolongó durante cerca de siete años sin que España fuera capaz de dar respuesta a todas las objeciones formuladas por la UE. Finalmente, el pasado 28 de enero el Estado “retiró su notificación” de la ayuda a la UE, es decir, la comunicación de la subvención para que fuera revisada por Bruselas antes de su otorgamiento efectivo. Y ahora, dado que España “no continuará con el proyecto de ayuda”, la Comisión decide “concluir el procedimiento de investigación formal”.

Elsa y Abdelsalam se compenetran a la perfección. Basta con observarlos, reunidos en la Casa de la Hospitalidad, en Lyon, el miércoles 11 de marzo, para darse cuenta de ello. “Somos a la vez compañeros de trabajo y amigos”, precisan. Elsa cofundó la asociación LEA, siglas de Lien, écoute, accompagnement (Vínculo, escucha, acompañamiento), y aprendió árabe al relacionarse con ciudadanos sudaneses a los que acompaña en sus misiones. Abdelsalam es eritreo y llegó a Francia en 2022, tras huir de Sudán. Obtuvo protección internacional y continuó sus estudios en un “DU passerelle” (curso de acceso a la universidad, ndt), destinado a personas refugiadas.

“Necesitaba ayuda con los trámites administrativos”, recuerda. “Así fue como conocí a Elsa”. Ella cuenta que enseguida le propuso hacer voluntariado en la asociación, al ver que habla tigrigna (lengua del Estado etíope de Tigray, que también se habla en Eritrea). Abdelsalam podría ser contratado tras las prácticas de larga duración que está realizando.

En enero, al no tener noticias de su primo Sofian, que también había partido de Sudán con la esperanza de llegar a Europa, Elsa hizo todo lo posible por ayudarle. “Me llamó llorando un viernes por la noche, me dijo que ya no sabía a quién creer.” En ese momento, alguien le contó que había visto cómo sacaban del agua el cuerpo de Sofian.

La embarcación en la que viajaba, que debía llegar a la isla griega de Lesbos desde Dikili, en Turquía, naufragó en la noche del 10 al 11 de enero. “Llevaba dos meses en Turquía. Estuve en contacto con él todo ese tiempo. Pero desde el 4 de enero no había tenido noticias suyas”, explica.

Abdelsalam se niega a creerlo. No puede contactar con los amigos de Sofian que sobrevivieron al naufragio, ya que han sido encarcelados. “Este tiempo de incertidumbre duró unas horas. Pero fue muy largo psicológicamente”, subraya Elsa, que acabó llamando a la guardia costera turca esa misma noche para que le confirmaran la información.

Al teléfono, su interlocutor empieza por enumerar los nombres de los supervivientes. “Fue horrible” El de Sofian no aparece entre ellos. Varios náufragos siguen entonces desaparecidos. Pero se han recuperado dos cadáveres: “Sofian estaba en la lista”, continúa. “Toda la información sobre él coincidía. Llevaba su pasaporte encima, así que eso permitió identificarlo”. Media hora después de esa llamada, Abdelsalam recibe un mensaje de voz de un primo que también le anuncia que Sofian ha muerto.

Elsa llama por teléfono a un amigo de Abdelsalam y le pide que pase por su casa para no dejarlo solo. A continuación, les propone ir a su casa para “organizarse”. “Empezamos a ver cómo podríamos ir juntos a Turquía”. Al mismo tiempo comienza “toda una odisea para localizar el cuerpo” de Sofian, que, según les dicen, ha sido trasladado a Esmirna.

El tanatorio indica que solo conserva los restos mortales durante diez días. Abdelsalam es un refugiado y no puede viajar fuera del espacio Schengen sin visado. Por lo tanto, deben acudir al consulado de Turquía al día siguiente para intentar obtener un “visado de urgencia”. “Pero eso no existe. Así que tuvimos que explicar la situación en detalle, presentar el certificado de defunción de Sofian, que habíamos conseguido recuperar a distancia.”

El funcionario que los atiende les hace “un montón de preguntas”, pero al final les sugiere que compren el billete de avión, dando a entender que el visado se les concederá. “Para mí era importante ir”, explica Abdelsalam. “Para los padres de Sofian también. Quería que lo enterraran como es debido”.

Elsa no duda ni un segundo en acompañarlo, consciente de que su presencia, como miembro de una asociación europea, podría ayudar. Al día siguiente de su llegada a Esmirna, el miércoles 14 de enero, la pareja se dirige al depósito de cadáveres y consigue ver lo que queda de Sofian. Abdelsalam lo identifica.

Es la primera vez que ve un cadáver: está conmocionado, pero también aliviado, porque ya no hay ninguna duda sobre su fallecimiento. Para los familiares de los exiliados desaparecidos en el mar, el duelo es mucho más difícil cuando nada materializa la muerte.

“Llamé a sus padres por videollamada para que ellos también estuvieran seguros de su fallecimiento.” Primero el padre. “A su madre se lo mostramos después del lavado mortuorio. No paraba de preguntarme: ‘¿Cómo está?’, como si aún estuviera vivo. Yo le respondía que había muerto.”

El entierro está programado para el viernes, día sagrado en la religión musulmana, en el cementerio municipal de Esmirna. El trámite solo cuesta 20 euros, para sorpresa de Elsa. Abdelsalam y Elsa intentan después recuperar los efectos personales del difunto, pero en vano. El traficante, en cambio, un sudanés, devuelve a Abdelsalam la suma pagada por su primo, es decir, 1.500 dólares. “Si no consigues cruzar, allí te devuelven el dinero”, le susurra, señalando la diferencia con Libia.

Quedan por aclarar las zonas de sombra en torno al naufragio, provocado por la guardia costera griega, según dos supervivientes a los que Mediapart ha podido localizar. Era la 1 de la madrugada, la embarcación que transportaba a Sofian se acercaba a las costas griegas. “Vimos un barco con tres hombres a bordo que se acercaba a nosotros”, relata Muhanad, de 20 años, originario de Darfur. “Nos dijeron que no tuviéramos miedo, que nos iban a escoltar hasta Grecia”.

Pero uno de los hombres, encapuchado y armado según Muhanad, subió a bordo. “Empezó a navegar muy rápido, dando media vuelta hacia Turquía. Luego regresó a su barco y dieron vueltas muy rápido a nuestro alrededor”.

Al parecer, la hélice del barco griego perforó entonces la embarcación neumática, dejando que el agua se filtrara a bordo. “Cayeron al agua dos personas. La gente empezó a ahogarse, otros a aplastarse unos a otros presa del pánico.” Vuelve a ver a Sofian situado en la proa, pero rápidamente aplastado por otros pasajeros. Abdelsalam suspira al volver a escuchar la historia una vez más.

Mohanad continúa su relato. Dice que llamó a los guardacostas turcos, que llegaron a la zona en “diez o quince minutos”. “Lanzaron una escalera y la gente que pudo subir lo hizo, los demás se quedaron. Nadie nos ayudaba.” El cuerpo de Sofian, que ve flotar en el agua, es recuperado por otro barco. Ya demasiado tarde.

Taha, de 22 años, sudanés originario de El Fasher, relata lo mismo (se contactó a ambos por separado, por teléfono). “Había tres hombres. Uno de ellos subió a nuestro barco. Nos llevaron de vuelta a aguas turcas antes de embestirnos. Ese era su objetivo.”

Pero Taha, atormentado por el naufragio, dice que a veces lo sueña por las noches. “Vi morir a gente delante de mí. Caí al agua, nadé para salir y llegar hasta los guardacostas turcos cuando llegaron a rescatarnos.” No ha vuelto a intentar la travesía desde entonces. Por tierra, “se ha vuelto complicado”. Por mar, se enteró de una historia similar a la suya poco después. Está traumatizado.

Al ser preguntados por Mediapart, los guardacostas helenos afirman no tener constancia del “incidente descrito” en sus registros. Sin embargo, el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate turco les informó de una operación de rescate llevada a cabo esa noche por los turcos, entre las zonas marítimas de Dikili y el sureste de Lesbos. Añaden que las investigaciones solicitadas por ese mismo centro “para identificar a posibles personas arrastradas por la corriente hacia la zona griega” no han dado resultados.

En cuanto a las acusaciones formuladas por los supervivientes, la Guardia Costera griega destaca que la vigilancia de las fronteras marítimas de Grecia y de la UE se lleva a cabo “las 24 horas del día con eficacia, un alto sentido de la responsabilidad, profesionalidad y un respeto absoluto por la vida humana y los derechos humanos, de conformidad con el derecho internacional y europeo”. Rechazan “categóricamente cualquier acusación de actividades ilegales” y mencionan que, desde 2015, han realizado más de 6.500 intervenciones y han rescatado a más de 271.000 personas.

Una carta a la que Mediapart ha podido acceder, emitida por la fiscalía de Dikili y firmada de puño y letra por el fiscal, en la que se autoriza el entierro, menciona: “Una embarcación neumática que transportaba a 37 migrantes intentaba llegar a Grecia” el 10 de enero de 2026, “hundida por las fuerzas griega”. También menciona “cuchillazos”, dando a entender que el análisis de la embarcación pudo revelar rastros de cortes; pero los testigos interrogados por Mediapart sostienen que fueron precisamente los golpes provocados por las maniobras de los griegos, así como la hélice del motor de su barco, los que contribuyeron a perforar los flotadores de la lancha neumática.

Se han registrado varios naufragios frente a las costas de Grecia, uno de los cuales, ocurrido el 3 de febrero, suscitó polémica cuando los supervivientes relataron el mismo escenario que Mohanad y Taha: la guardia costera griega habría embestido la embarcación a toda velocidad, provocando la muerte de quince exiliados.

Como reveló Reuters, las autopsias demostraron que las víctimas habían fallecido a causa de “heridas” o “lesiones craneales y cerebrales graves”, lo que sugiere que la embarcación de migrantes sí fue embestida por la guardia costera. En los últimos años, se han documentado regularmente casos de devoluciones ilegales llevadas a cabo por la guardia costera griega, poniendo en peligro la vida de otras personas.

“Sabemos que a veces hacen eso. También le quitan el teléfono y el dinero a la gente que cruza”, comenta Taha. “Suponemos que es para no dejarnos entrar en Europa”, interpreta por su parte Mohanad. “Suelen actuar así, nos sacan de aguas griegas, nos llevan de vuelta a aguas turcas y nos dejan allí. Mueras o no, a ellos les da igual.”

Mohanad ha vuelto a intentar la travesía desde el naufragio, en dos ocasiones, sin conseguir alejarse de la costa. “Es imposible dar marcha atrás. Así que iré a Europa por todos los medios. O llego allí o muero en el mar”, dice quien tiene como objetivo Inglaterra.

“Europa no merece la muerte de mi primo”, opina Abdelsalam, quien también recuerda que otras embarcaciones de exiliados fueron “hundidas” entre Turquía y Grecia en enero. Sofian tenía “lo necesario en Sudán”, donde su padre es propietario de varios negocios.

“Quería venir a Europa para estudiar. Su familia no sabía que había dejado la universidad y que pensaba cruzar así.” El joven había obtenido inicialmente un visado de estudiante para la parte turca de Chipre, y luego había trabajado en la construcción durante un año en la parte griega de la isla, por un salario de 1.700 euros.

“Después se trasladó a Estambul e intentó cruzar por tierra, pagando 4.500 euros a un traficante. Pero fue una estafa.” Ese intento fallido le valió pasar un mes en centro de internamiento.

“Hablaba todo el tiempo con Sofian por teléfono. Unas semanas antes de que se subiera al barco, me decía que pronto estaría conmigo, que quería estudiar en la universidad, que ya había empezado a aprender francés… Que cuando tuviera la nacionalidad francesa, podría dar la vuelta al mundo”, recuerda Abdelsalam, a quien Sofian también le había hablado de las crisis y la guerra que azotan Sudán.

Si la Unión Europea (UE) concediera visados, ellos “no tendrían que correr esos riesgos”. “No puedes hacer nada con un pasaporte sudanés o eritreo, son países pobres. El pasaporte europeo, en cambio, te permite viajar a cualquier parte. Así es el mundo.”

¿Tiene la UE parte de responsabilidad en la muerte de su primo? “Sí. Grecia lo mató”, afirma rotundamente. Para que su muerte no caiga en el olvido, Elsa y él han querido contar su historia. Ahora están pensando en presentar una denuncia para que la justicia europea se ocupe del caso.

Traducción de Miguel López

La alianza del Partido Popular europeo con la extrema derecha está a punto de dar la puntilla definitiva a la garantista protección humanitaria que hasta ahora la UE prestaba a refugiados, demandantes de asilo y migrantes en situación irregular. Este jueves la Eurocámara autorizó abrir las negociaciones con el Consejo y la Comisión para aprobar el Reglamento de Retorno, la propuesta del ejecutivo comunitario que permitirá la expulsión de extranjeros a terceros países.

La Unión Europea impulsará también la construcción de centros en territorios no comunitarios a los que deportar a esas personas. Países como Uganda o Ruanda, igual que Albania donde la primera ministra italiana, Giorgia Meloni ya cerró un acuerdo en 2024, acogerán estas instalaciones propuestas en marzo de 2025 por la Comisión Europea, que también planteó eliminar el requisito de que los migrantes tuviesen un vínculo con el tercer país de los centros de deportación.

Son las medidas más polémicas votadas en el Pleno del Parlamento Europeo por 389 eurodiputados. Fueron legisladores populares, ultraconservadores del grupo ECR, de Meloni o los polacos del PIS, Patriotas de Vox, Le Pen u Orbán y neofascistas de la bancada ESN liderada por los alemanas de la AfD. Enfrente poco más de 200 eurodiputados socialdemócratas, verdes y de izquierdas. La legisladora de los Verdes, Mélissa Camara, destaca precisamente esa alianza derechista para endurecer la política migratoria. “El PP europeo ha estado trabajando mano a mano con la extrema derecha para perseguir políticas migratorias racistas y populistas a nivel de la UE”.

El reglamento esta ya totalmente encaminado para su futura entrada en vigor. Dentro del Consejo, una mayoría de gobiernos populares a los que se suman la Hungría de Viktor Orbán, la Italia de Meloni o la Eslovaquia de Robert Fico respaldan esta expulsión. Sólo España a finales del año pasado las rechazó, quedándose en absoluta minoría. Entonces, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, manifestó en Bruselas sus “serias dudas jurídicas, políticas y económicas” sobre los calificados como hubs de retorno, que para la Comisión son soluciones innovadoras.

En las bancadas progresistas de la Eurocámara se habla de que este Reglamento de Retornos está inspirado más por las políticas de la Administración Trump y el régimen de deportaciones del ICE que por los valores europeos, ignorando derechos fundamentales recogidos en los Tratados de la UE o la Carta de las Naciones Unidas, como el derecho a la dignidad humana, a la libertad o el derecho al asilo. “Se confirma el peor de los pronósticos”, reaccionó la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, calificando el texto como “siniestro” y “pieza clave de la maquinaria de deportaciones”.

Los centros de deportación son la herramienta más polémica de este futuro reglamento migratorio. Se implantarán en países supuestamente considerados seguros, Marruecos, Túnez, Egipto, Colombia, Kosovo, la India o Bangladesh están dentro de esa lista aunque en alguno de ellos existan verdaderas dictaduras, gracias a acuerdos bilaterales con los socios de la Unión.

La deportación a un tercer país dependerá del origen del migrante, de si supuestamente ha pasado por ese territorio de camino a la UE y el Reglamento “también permitiría la posibilidad del retorno a un país que acepte a ese persona basándose en los acuerdos alcanzados con un Estado miembro de la UE”. Como en el caso de los deportados por Italia a Albania, el extranjero podrá ser obligado a terminar en un territorio contra su consentimiento. Frente a esta realidad, el eurodiputado liberal Malik Azmani, del partido neerlandés VVD, asegura que “siempre ha sido mi objetivo alcanzar un reglamento eficiente y factible”.

La futura norma comunitaria recoge que las autoridades de un país emitan órdenes de expulsión a cualquier no nacional de la UE que resida irregularmente en ese Estado miembro e imponerle la obligación de abandonar el territorio. El sistema informático del Espacio Schengen, compartido por 29 países, mostrará esas órdenes a cualquier otro socio para que sean de obligado cumplimiento. Deportaciones que no serán “efectivas, sostenible y dignas”, reprocha la socialista portuguesa Ana Catarina Mendes, quien cree que el mandato negociador aprobado por el Parlamento Europeo “nos mueve en dirección contraria al remover las garantías y desmantelar derechos fundamentales”.

Si la persona extranjera no cooperase en ese proceso de expulsión a terceros países, calificado en el reglamento como retorno voluntario, podrá “se detenido”, “si presenta un riesgo de fuga, un riesgo de seguridad o cualquier otra factor relevante impide su traslado a tiempo” y sufrir sanciones como la prohibición de entrar en territorio comunitario de por vida. En otra muestra del abandono garantista en la política migratoria, la futura norma permitirá que “se ordenen las detenciones de menores no acompañados y de familias con niños” como una medida de último recurso y durante un plazo de hasta veinticuatro horas. En el caso de los adultos las detenciones podrán durar hasta un máximo de 12 meses prorrogables por un periodo semejante.

“Es vergonzoso ver a eurodiputados del PP europeo celebrando sus esfuerzos para encerrar a niños y lanzar lejos la llave”, critica la francesa Camara. La ecologista, ponente en la sombra de la posición de la Euocámara, denuncia que son “los mismos eurodiputados que vergonzosamente han estado haciendo acuerdos secretos en la sombra con la extrema derecha, principalmente ECR, los Patriots y ESN, sólo para hacer la vida miserable de aquellos que están buscando la seguridad en nuestras costas”.

Aunque una de las medidas más denigrantes, la detención de los migrantes en sus propios domicilios, finalmente quedó fuera del texto aprobado por el Parlamento, que empezó a negociarse con la Comisión y el Consejo este mismo jueves por la tarde, la UE sí rechazará que un recurso judicial de la persona extranjera paralice de forma automática su proceso de expulsión, a no ser que el juez así lo dictamine expresamente.

El sector del porcino español, el más potente de la Unión Europea, comienza a convivir con la peste porcina africana (PPA). El foco original, detectado hace exactamente cuatro meses, se ha extendido a una zona mucho mayor y cada semana se detectan nuevos positivos entre los jabalíes silvestres, pero el virus continúa alejado de las granjas y no hay contagios en cerdos, lo que permite mantener el 80% del volumen de exportaciones que había antes de la crisis.

Para considerar a un país libre de la PPA y volver a acceder al 100% de los mercados internacionales deben pasar 12 meses desde la detección del último positivo, pero por ahora no ha empezado a correr ese calendario. El último reporte del Ministerio de Agricultura, del 19 de marzo, registraba cinco contagios nuevos frente al informe de la semana anterior, con un total de 232 positivos divididos en 40 focos. Y ninguna prueba apunta a un cambio de tendencia.

El titular de ese ministerio, Luis Planas, ha subrayado esta semana que aún así el sector está protegido porque la peste porcina no ha entrado en ninguna explotación, y que la mejor prueba de que el control del virus ha funcionado es que el 82% de los certificados –cada uno de los más de 400 productos que se venden procedentes del cerdo– se siguen exportando, así como el 80% del volumen total de productos. "Un país que no diese garantías no estaría ni en el 40%", comentó el ministro en una entrevista en TV3 este martes.

Lo único que ha cambiado desde el estallido de la crisis es el precio del cerdo. En las primeras semanas el coste del animal se desplomó ante la previsión de una sobreoferta –por la caída de las exportaciones–, pero el precio del cerdo vivo ha remontado sin parar en las últimas seis semanas, hasta los 1,25 euros por kilo, alrededor de un 20% más que a cierre de 2025. Y ya está muy cerca de los 1,30 euros que costaba antes de la crisis.

Esta subida no significa que el sector esté sumido en el optimismo por la situación epidemiológica, sino que es una respuesta natural del mercado tras el desplome de precios en diciembre y enero, según Miquel Àngel Bergés, director general de Mercolleida, la lonja porcina de referencia. "La subida de marzo es habitual porque en enero hay exceso de oferta de cerdo y el precio baja, para después volver a subir. En España y en Europa. Y este año se suma que en España teníamos unos precios excesivamente bajos", valora el portavoz. "De momento seguirán subiendo hasta Semana Santa, y después es incierto", añade.

Pablo Resco, experto en mercados agrarios de Plataforma Tierra, describe cómo el porcino español se mantiene en una calma tensa: los precios comienzan a asentarse y parece que las exportaciones no peligran, pero todo depende de que la PPA continúe sin saltar a un cerdo de granja. En este momento ya se han registrado casos en jabalíes silvestres en diez municipios y hay 45 explotaciones ganaderas bajo vigilancia intensa.

"El sector está preocupado, pero no estamos en el pánico del primer momento. Se ha logrado estabilizar la zona afectada y no estamos en el peor escenario", valora Resco.

La crisis ha golpeado además en un momento dorado, con un récord de producción porcina en 2025 de 5,27 millones de toneladas de producto, aunque eso hace todavía más vulnerable al sector, porque acumula un stock mayor de carne mientras la lista de compradores se ha reducido.

Una decena de países han prohibido de manera prácticamente total las importaciones de cerdo español, con Japón, México y Filipinas como los más grandes. Otros 11 tienen limitaciones parciales (entre ellos Brasil y Argentina). La buena noticia es que toda la Unión Europea y China, los dos grandes socios de la ganadería porcina española, permiten la entrada de cerdo de fuera de la provincia de Barcelona. Otros grandes compradores como Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos también tienen la puerta abierta al producto ibérico, así como otro medio centenar de países.

Tomás García Azcárate, vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC), por su parte, señala que esta crisis porcina ha sacado a la luz otros problemas del sector. "Es un buen momento para plantearnos un debate sobre el futuro del cerdo en España", valora. Por ejemplo, si el modelo de sobreproducción es viable a largo plazo. "Creo que el crecimiento que hemos tenido en el sector no volverá a repetirse", añade. Los motivos son varios: China cada vez importa menos cerdo, el impacto ambiental de las granjas intensivas es enorme y criar a millones de cerdos genera una gran dependencia de importaciones de cereales y soja para alimentarlos. 

Varios expertos recuerdan también estos días que la crisis de la peste porcina en Alemania, que sufre desde hace cinco años, ha llevado a pique a la ganadería de cerdo de este país. La producción total ha caído en una cuarta parte desde 2020 y unas 5.000 explotaciones han cerrado.

El ministro Luis Planas también subrayó el martes que España ya está en la fase dos de la respuesta frente a la PPA –la primera fue la de controlar geográficamente el virus–, que consiste en la caza masiva de jabalíes, un animal que es capaz de extender el virus a docenas de kilómetros a la redonda. En los primeros meses del brote, el Gobierno prefirió optar por otras respuestas de control, pero a medida que el área de riesgo ha multiplicado su tamaño –abarca ya 33 municipios, para el riesgo bajo–, hace falta una respuesta más dura.

El ministerio se posiciona así con las demandas que hizo el sector porcino desde el primer minuto de la crisis, que reclamó abatir a todos los jabalíes en un área de 20 kilómetros, una medida que fue rechazada por grupos conservacionistas, como Greenpeace, que valoraron que esa vía era un error porque esos animales "son el mensajero y la víctima de la peste porcina africana, no el culpable de que haya aparecido".

El primer ministro de Eslovenia, el progresista y europeísta, Robert Golob, inició este lunes la compleja labor de lograr apoyos para formar Gobierno, tras obtener su partido, Movimiento Libertad (GS), un escaño de ventaja frente al ultranacionalista SDS en las elecciones legislativas del domingo, marcadas por una presunta injerencia extranjera.

El GS ha sacado apenas 7.700 votos de ventaja al SDS del exprimer ministro Janez Jansa (2004-2008; 2012-2013 y 2020-2022), admirador de Donald Trump, aliado del ultranacionalista húngaro Viktor Orbán y con buenas relaciones con el jefe del Gobierno de Israel, Benjamín Netanyahu.

Los 29 escaños de Golob, doce menos que hace cuatro años, están muy lejos de los 46 que necesitaba para tener mayoría absoluta.

El liberal GS y sus socios de Gobierno, los socialdemócratas (SD) e Izquierda, se quedan con 42 escaños en total, nueve menos que en los comicios de 2022, y no alcanzan la mayoría absoluta ni siquiera sumando a los dos representantes de las minorías italiana y húngara que los apoyaban.

Golob tendrá que buscar un nuevo tipo de coalición, destaca a EFE el politólogo esloveno Alem Maksuti, apuntando hacia el partido centrista Demócratas de Anze Logar, que fue ministro de Exteriores con Jansa y luego se salió de su partido para fundar su propia formación conservadora.

"Movimiento Libertad es un partido 'atrapalotodo' creado hace cuatro años que no tiene plataformas ideológicas que le impidan cooperar con partidos del centro o derecha", destaca el analista.

Considera que para Logar, cuyos Demócratas han ganado siete escaños, una coalición con GS representaría una buena oportunidad de distanciarse definitivamente del radicalismo de Jansa y abrirse camino como futuro líder conservador moderado.

"Si es inteligente, se desvinculará de ese modelo político cancerígeno. En cambio, si tiene un previo acuerdo con Jansa, como algunos dicen, entonces posibilitará un nuevo Gobierno a su antiguo jefe; pero eso sería su fin político", opina Maksuti.

También entran en el Parlamento el democristiano Nueva Eslovenia (nueve escaños), un partido que tradicionalmente se alineaba con Jansa, y Resni.ca (Verdad), que se estrena en el Parlamento esloveno con seis representantes.

Aunque su líder ha jurado que nunca se aliará con Jansa, su programa soberanista y euroescéptico lo sitúa muy lejos de Golob.

Maksuti destaca que una coalición con alguno de estos partidos sería posible sólo si Golob no insiste en mantener en la coalición a Izquierda, también con seis escaños, o bien logra suavizar su programa radicalmente antineoliberal.

Golob ya anunció anoche que desea incluir en su nuevo Gobierno "a todas las fuerzas democráticas en el Parlamento", aunque reconoció que eso supondrá "negociaciones difíciles".

"Creo que no habrá mayores cambios de la política internacional en términos generales. Eslovenia seguirá con su apoyo a Ucrania, la condena de la agresión de Rusia y del genocidio en Palestina, y estará plenamente del lado de la Unión Europea", señala Maksuti en el supuesto de que Golob logre formar un nuevo Ejecutivo.

El analista destacó que en el caso, menos probable, de que Jansa sea quien lidere una coalición, Eslovenia chocará aún más con Bruselas que durante su tercer mandato (2020-2022), y seguiría las políticas de Trump y de Orbán.

Mientras Jansa inició la campaña electoral con una leve ventaja en los sondeos, en la recta final se produjo un viraje a favor de Golob después de que el servicio de inteligencia confirmara una operación de desinformación orquestada por exagentes de inteligencia israelíes con presuntos vínculos con Jansa.

El escándalo estalló tras la difusión de grabaciones secretas que apuntaban a presuntos casos de corrupción y clientelismo en el entorno del Gobierno, que posteriormente fueron atribuidas a una operación encubierta de cara a las elecciones realizada por la compañía privada israelí de espionaje Black Cube.

Jansa pidió responsabilidad judicial de "la mafia de la izquierda", mientras Golob buscó convertir la votación en un plebiscito sobre la soberanía nacional y la defensa de la democracia frente a injerencias y campañas sucias.

Si reúne una coalición mayoritaria, Golob será el primer jefe de Gobierno esloveno en lograr repetir consecutivamente dos plenos mandatos desde la independencia del país (1991), que desde 2004 forma parte de la Unión Europea y de la OTAN.

Las grandes asociaciones europeas de televisión han lanzado una advertencia formal a la Comisión Europea: los sistemas operativos de los smart tv o televisores conectados y los asistentes virtuales —cada vez más potenciados por inteligencia artificial generativa— están acumulando un poder creciente sobre el acceso a los contenidos audiovisuales sin estar sometidos a ninguna de las obligaciones que impone la regulación digital de la UE.

La declaración, dirigida a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Teresa Ribera, llega en un momento clave: la Comisión Europea se encuentra en plena preparación de la próxima revisión de la ley de mercados digitales (DMA, por sus siglas en inglés), la principal herramienta regulatoria de la UE para frenar los abusos de las grandes plataformas tecnológicas. El texto está suscrito por once organizaciones del sector, entre ellas la Asociación Europea de Servicios Comerciales de Televisión y Vídeo bajo Demanda (ACT), la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la española UTECA y la alemana VAUNET.

El documento pone el foco en la rápida concentración del mercado europeo de sistemas operativos para televisores conectados. Entre 2019 y 2024, aseguran, Android TV —propiedad de Google— ha pasado de una cuota del 16% al 23%. Amazon Fire OS ha escalado del 5% al 12%, impulsado por su modelo de dispositivos propios y licencias a fabricantes. Tizen, el sistema operativo de Samsung, se mantiene en torno al 24%. Tres operadores, en definitiva, controlan en la práctica la puerta de entrada a los contenidos audiovisuales de millones de hogares europeos.

Las asociaciones advierten de que esta concentración no es un dato estadístico neutro: implica que un número muy reducido de empresas tecnológicas tiene una capacidad “cada vez mayor” para decidir qué ven los usuarios, con qué facilidad acceden a determinados servicios y qué aplicaciones aparecen destacadas en la pantalla de inicio. Los smart tv, subrayan, actúan como intermediarios centrales entre los proveedores de contenidos y los ciudadanos, y pueden distorsionar esa relación mediante decisiones técnicas, contractuales o de diseño de interfaz.

El riesgo más inmediato, según los firmantes, es el de las llamadas prácticas de cierre: los proveedores de sistemas operativos tienen incentivos para mantener a los usuarios dentro de su propio ecosistema, lo que puede traducirse en restricciones técnicas o contractuales que dificulten la navegación entre aplicaciones de distintos medios, obstaculicen plataformas agregadoras de recomendaciones o limiten la interoperabilidad entre servicios.

La segunda gran preocupación de los radiodifusores son los asistentes virtuales. La DMA los contempla explícitamente como una de las categorías de servicios de plataforma que pueden ser designados como “guardianes de acceso” —la figura que obliga a las grandes tecnológicas a cumplir con requisitos de transparencia, no discriminación y acceso justo—, pero ningún asistente virtual ha recibido esa designación hasta la fecha.

Las asociaciones describen un escenario de despliegue acelerado: asistentes reforzados por IA generativa, chatbots y agentes autónomos que ocupan ya posiciones privilegiadas en teléfonos, altavoces inteligentes y sistemas de infoentretenimiento en vehículos. La ausencia de regulación efectiva crea, a su juicio, un vacío que permite a estos sistemas convertirse de facto en guardianes del acceso al contenido multimedia sin asumir ninguna de las obligaciones que la ley exige a otros intermediarios digitales equivalentes.

La explicación de este vacío, según los firmantes, tiene varias capas. Para que la DMA se aplique a un asistente de inteligencia artificial, el sistema debe superar unos umbrales de uso que las televisiones europeas consideran excesivamente restrictivos, lo que deja fuera a plataformas con un peso real considerable en el mercado. A eso se suma que la ley tiende a subestimar la influencia efectiva de estos sistemas sobre empresas y ciudadanos, tratando como actor secundario lo que en la práctica funciona como una puerta de entrada central a la información y los servicios.

Pero el problema más de fondo es otro: la DMA solo reconoce como “usuario empresarial” de un asistente virtual a quien haya desarrollado una aplicación o funcionalidad específica integrada en él. Esto excluye a medios de comunicación, comercios y empresas de todo tipo que dependen de estos sistemas para llegar a su audiencia, pero que nunca han construido ninguna integración técnica directa con ellos. Un periódico cuyos contenidos aparecen —o dejan de aparecer— en las respuestas de un asistente no tendría, bajo esta definición, ningún derecho reconocido por la ley.

Las asociaciones advierten de que esta interpretación tiene una consecuencia especialmente grave: en la práctica, otorga a los propios proveedores de los asistentes el poder de decidir quién queda dentro o fuera del marco regulatorio, simplemente modificando cómo diseñan su sistema de interoperabilidad con terceros. Dicho de otro modo, las empresas reguladas pueden rediseñar las reglas técnicas para esquivar la regulación, sin que la ley tenga hoy instrumentos para impedirlo.

El tono final de la carta es de urgencia. Los radiodifusores recuerdan que la experiencia en otros mercados digitales muestra que, una vez que los intermediarios consolidan prácticas de cierre y los usuarios se acostumbran a entornos sesgados, resulta “extremadamente difícil” restaurar la competencia efectiva. El momento actual, insisten, es una “oportunidad única” para intervenir antes de que se repita ese patrón en el sector audiovisual.

Las demandas concretas que trasladan a Bruselas son tres. Primero, que se designe como guardianes de acceso a los principales proveedores de sistemas operativos de televisores conectados y de asistentes virtuales. Segundo, que si alguno de ellos no alcanzara los umbrales cuantitativos actuales, se abra una investigación de mercado basada en los umbrales cualitativos previstos en el artículo 3(8) de la DMA para evaluar su poder efectivo. Y tercero, que se revise la definición de “usuarios comerciales” vinculada a los asistentes virtuales para que abarque a todas las empresas que dependen de estas plataformas para llegar a su audiencia.

Las once organizaciones firmantes se declaran dispuestas a aportar datos, análisis y experiencia técnica a la Comisión, y solicitan una reunión para debatir los próximos pasos. Con este esfuerzo coordinado, la radiodifusión europea —pública y comercial— intenta influir en el rediseño de la regulación digital de la UE en un momento en que la inteligencia artificial está reconfigurando quién controla el acceso a la información y el entretenimiento.

Las disposiciones comerciales del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur empezarán a aplicarse de forma provisional a partir del próximo 1 de mayo, anunció la Comisión Europea este lunes en un comunicado, informa EFE. 

"La Unión Europea ha notificado hoy a los países del Mercosur el instrumento de aplicación provisional del Acuerdo Comercial Provisional UE-Mercosur", indicó el Ejecutivo comunitario.

Explicó que, con el envío de su "nota verbal" a Paraguay, país depositario de los tratados del Mercosur, la Comisión Europea ha dado el último paso procedimental necesario para la aplicación provisional, de conformidad con la decisión del Consejo de la UE del pasado 9 de enero.

Así, el acuerdo comercial se aplicará de forma provisional a partir del 1 de mayo entre la UE y todos los países del Mercosur que hayan completado sus procedimientos de ratificación y lo hayan notificado a la UE antes de finales de marzo; Argentina, Brasil y Uruguay ya lo han hecho, mientras que Paraguay ha ratificado recientemente el acuerdo y la CE espera que envíe su notificación en breve.

La aplicación provisional garantiza la eliminación de los aranceles sobre determinados productos "desde el primer día, lo que crea normas predecibles para el comercio y la inversión", recordó la Comisión, que agregó los sectores sensibles de la economía de la UE "están plenamente protegidos por sólidas salvaguardias".

El 16 de octubre de 2017, una bomba colocada bajo el asiento del conductor de un Peugeot 108 mató a Daphne Caruana Galizia muy cerca de su casa en Bidnija, en el norte de Malta. Tenía 53 años. Era la periodista de investigación más leída de su país, una mujer que había dedicado su vida a desenterrar la corrupción que empapaba las instituciones maltesas: los negocios turbios de políticos, los tentáculos de la criminalidad organizada, los secretos que el poder prefería que permanecieran ocultos.

La bomba solo fue el colofón. En el momento en que estalló, Daphne Caruana Galizia tenía pendientes 48 demandas judiciales en su contra. Cuarenta y tres civiles y cinco penales. Todas por supuesta difamación. Ninguna tenía visos de prosperar jurídicamente, pero eso era lo de menos. El objetivo no era ganar en los tribunales; el objetivo era que ella perdiera fuera de ellos: tiempo, dinero, energía, salud, y sobre todo, la capacidad de seguir investigando.

A ese tipo de acoso judicial se le llama hoy SLAPP, por sus siglas en inglés: Strategic Lawsuits Against Public Participation, demandas estratégicas contra la participación pública. Para acabar con ellas, o al menos ponerles freno, la Unión Europea aprobó en 2024 la Directiva 2024/1069, conocida informalmente como la Ley Daphne. España tiene hasta el 7 de mayo de 2026 para incorporarla a su ordenamiento jurídico. Faltan poco más de cuatro semanas. Y el Gobierno sigue sin dar señales de que vaya a cumplir el plazo. Las preguntas que infoLibre ha trasladado en los últimos días al Ministerio de Presidencia, que dirige Félix Bolaños, no han obtenido respuesta.

Para comprender por qué esta directiva importa, hay que entender primero qué es exactamente una demanda SLAPP y por qué resulta tan efectiva como mecanismo de silenciamiento.

La clave está en una paradoja perversa: el proceso judicial, diseñado para resolver conflictos y reparar daños, puede convertirse en un castigo en sí mismo. Un periodista, un activista medioambiental o una organización de derechos humanos que recibe una demanda —aunque sea completamente infundada— se ve obligado a contratar abogados, a dedicar meses o años de su vida a recopilar documentación, a comparecer ante tribunales, a soportar una presión psicológica sostenida. Todo ello mientras quien le demanda —una gran empresa, un político poderoso, un gobierno extranjero— dispone de recursos casi ilimitados para alargar el proceso indefinidamente.

No hace falta ganar el juicio. Basta con que el demandado se agote. Con que decida que no merece la pena. Con que, la próxima vez que esté a punto de publicar una investigación comprometedora, recuerde lo que le costó la anterior y opte por el silencio. Es lo que los especialistas denominan chilling effect: el efecto paralizador que produce el miedo a ser demandado.

Las demandas SLAPP tienen una serie de características comunes que permiten identificarlas. Suelen ser manifiestamente desproporcionadas respecto al supuesto daño alegado. Se presentan en jurisdicciones con procedimientos largos y costosos. Se multiplican sobre un mismo objetivo para maximizar el agotamiento. Y, muy frecuentemente, las interponen actores con capacidad económica muy superior a la de sus víctimas: corporaciones, Estados o individuos con acceso a estructuras legales sofisticadas.

La Directiva Daphne, que aprobó la Unión Europea y que España sigue sin trasladar a su ordenamiento jurídico a pesar del tiempo transcurrido y de que el Gobierno de Pedro Sánchez la incluyó como parte de su flamante Plan de Acción por la Democracia en septiembre de 2024, propone tres líneas de defensa fundamentales contra estas tácticas.

Primero, la desestimación temprana: que los jueces puedan archivar con rapidez una demanda manifiestamente abusiva antes de que el coste de defensa haya hecho ya el daño. Segundo, la inversión de la carga de la prueba: quien demanda debe demostrar que su acción no es un instrumento de acoso. Y tercero, las costas y sanciones disuasorias: si la demanda es declarada abusiva, quien la interpuso paga todos los gastos de defensa del demandado y puede enfrentar además multas específicas.

Son herramientas concretas, procesales, que no pretenden limitar el acceso a la justicia de nadie, sino evitar que ese acceso se convierta en un arma para silenciar voces incómodas.

Que esta directiva es necesaria en España no es una suposición abstracta. Hay casos documentados que ilustran con precisión el tipo de acoso que la norma europea pretende frenar. Le pasó a elconfidencial.com con Iberdrola en 2022, cuando la eléctrica interpuso una demanda contra este medio reclamando 17,6 millones de euros en concepto de daños por su cobertura del llamado *caso Villarejo*, la trama que involucra al excomisario de policía y sus trabajos para diversas empresas.

La cifra era tan desproporcionada que, por sí sola, ponía en cuestión la supervivencia económica del periódico. En 2023, el tribunal desestimó la demanda y reconoció la veracidad de las informaciones publicadas y la diligencia profesional de los periodistas. Iberdrola perdió el juicio. Pero el proceso ya había durado meses, había generado costes considerables y había obligado a la redacción a distraer energías y recursos de su labor informativa.

El periodista Ignacio Cembrero, especializado en el Magreb y en las relaciones entre España y Marruecos, lleva años soportando lo que él mismo ha descrito como un calvario procesal promovido desde las autoridades marroquíes. Uno de los episodios más kafkianos involucra la utilización de la “acción de jactancia”, una figura jurídica medieval —literalmente, del siglo XIII— que sobrevive en el ordenamiento español y que fue empleada para demandarle por haber afirmado públicamente que había sido espiado con el software Pegasus. Cembrero ha ganado todos y cada uno de los juicios. Pero el hostigamiento continúa, y cada nueva acción judicial supone volver a empezar: nuevos abogados, nuevos plazos, nueva presión.

En el ámbito del activismo ambiental, organizaciones como Greenpeace España han denunciado estrategias judiciales orientadas no a obtener una reparación legítima, sino a generar tal presión financiera y procesal sobre la organización que esta se vea obligada a limitar su actividad. La criminalización de la protesta ecologista a través de procedimientos civiles y penales es un fenómeno que va más allá de la anécdota.

Es una situación que enfrenta ahora mismo elDiario.es, al que el cantante Julio Iglesias quiere demandar por injurias y calumnias después de que el periódico publicara el testimonio de dos de sus extrabajadoras que acusan al cantante de agresiones sexuales.

infoLibre tampoco está libre de este tipo de prácticas. Le pasó con la demanda por revelación de secretos que le presentaron Teodoro García Egea, entonces secretario general del Partido Popular, y Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, después de que este medio revelara que el segundo había mediado para que se gestionara la atención a un familiar del primero en la sanidad pública. O con Francisco Serrano, exjuez y dos veces candidato de Vox en Andalucía, además de parlamentario, que trató de someter a infoLibre en los tribunales después de que este periódico hiciese público que el ultraderechista obtuvo una ayuda pública tras declarar que era dueño de una maquinaria industrial que nunca tuvo.

Estos casos no son excepciones. Son síntomas de un problema sistémico que afecta a la calidad de la democracia española. Una democracia en la que los tribunales pueden ser utilizados como instrumentos de acoso, y en la que quienes deberían estar protegidos por la libertad de expresión y el derecho a la información se ven obligados a dedicar sus recursos a defenderse de demandas diseñadas para agotar, no para obtener justicia.

El Gobierno de España no desconoce el problema. En septiembre de 2024, presentó el denominado Plan de Acción por la Democracia, un documento que incluía 31 medidas concretas orientadas a fortalecer el Estado de derecho, la independencia de los medios y los mecanismos de participación ciudadana. Entre esas medidas, la número 2.2.2 prometía la transposición de la Ley Daphne —la Directiva anti-SLAPP—.

Al cumplirse el primer año de la presentación del plan, el balance era decepcionante: menos de la mitad de las 31 medidas habían comenzado su tramitación. La transposición de la Directiva Daphne sigue en un limbo. Hoy, con el plazo del 7 de mayo de 2026 a poco más de un mes de distancia, no hay proyecto de ley en el Congreso, no hay texto articulado presentado, no hay señales de que el proceso vaya a completarse a tiempo.

Y la situación tiene consecuencias que van más allá del incumplimiento simbólico. España tiene un problema serio y documentado con la transposición de directivas europeas. A finales de 2025, el déficit de transposición del país alcanzaba el 3,19%, uno de los más elevados de la Unión Europea, con más de 90 infracciones abiertas por la Comisión Europea. No es un mal dato puntual: es un patrón de comportamiento que convierte a España en un alumno poco cumplidor en la adaptación del derecho comunitario.

Las consecuencias de incumplir el plazo del 7 de mayo no son solo políticas o reputacionales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede imponer multas a tanto alzado que habitualmente ascienden a varios millones de euros, más sanciones coercitivas diarias que se acumulan hasta que se completa la transposición. El coste económico para las arcas públicas puede ser considerable, y recae sobre el conjunto de los ciudadanos.

Pero hay un coste que no aparece en ninguna contabilidad presupuestaria: el coste para periodistas, medios, activistas y organizaciones sociales que siguen trabajando sin la protección que la directiva les garantizaría. Cada semana de retraso es una semana más en la que una demanda abusiva puede presentarse sin que exista un mecanismo ágil para desestimar, para invertir la carga de la prueba, para sancionar al demandante.

Daphne Caruana Galizia fue asesinada antes de poder ver el final de ninguno de los 48 procedimientos judiciales que la asfixiaban. Aquel crimen puso de manifiesto lo que muchos ya sabían pero pocos querían decir en voz alta: que la libertad de prensa en Europa no es un valor abstracto perfectamente garantizado, sino un espacio que se conquista y se defiende día a día, también frente a los tribunales.