Carlos Aguilar, consejero de la CNMC: “El reglamento de medios es un consenso por el bien de la democracia”

Le ha tocado presidir el Media Board, el órgano que reúne a los supervisores de medios de los 27 miembros de la Unión Europea, cuando el que él mismo representa, la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), todavía no ha podido asumir esas funciones porque la ley que debe encomendárselas aún no se ha tramitado en el Congreso. Carlos Aguilar (Barcelona, 1972), doctor en Comunicación Audiovisual y profesor de Economía Aplicada a los Medios, es, en todo caso, la cabeza visible de una supervisión mediática que, a duras penas, se abre camino en España a través del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés).

La EMFA está en vigor, pero nadie se da por aludido. El desarrollo de la norma, que incluye la designación de la CNMC como supervisor, acumula polvo en un Congreso sin mayorías. ¿Qué calendario cree que le espera?

Estamos en stand-by. Hemos hecho el trabajo preparatorio, pero hasta que no se apruebe la norma y se nos atribuyan las competencias, no hay más que podamos hacer. Somos muy activos a nivel europeo: estamos en la presidencia del Media Board, participamos en todos los grupos de trabajo… Tenemos un papel todo lo activo que se puede tener, sin traspasar las competencias que tenemos atribuidas. Somos como el que está en la línea de salida esperando que le den la bandera verde.

Si la ley se retrasa, ¿habrá consecuencias?

Para mí hay dos niveles. Uno es la conciencia de los grupos parlamentarios de que esto es importante, que es algo más allá del capricho partidista, que tiene que ver con la protección de las fuentes, con la transparencia, con una cultura general de lo que deben ser los medios de comunicación. Y otro tiene que ver con la obligación de cumplimiento de las directivas europeas. El segundo tiene un camino largo, pero es verdad que a la larga fuerza a los Estados a actuar. Pero, para mí, lo ideal sería el primero: que los grupos parlamentarios y la sociedad civil entendieran, con una lectura objetiva de la EMFA, lo que realmente pretende. Me consta que la Comisión Europea está haciendo seguimiento y que, a partir de esa información, se inician los procedimientos de infracción.

Como presidente del Media Board, lo sabrá bien: ¿en qué puesto estamos? ¿Somos los últimos de la clase?

Hay países que ya tenían cosas parecidas y están por delante. Y hay países que no están haciendo absolutamente nada. Nosotros estamos en la parte media-baja de la cola. Cuanto más tiempo pase, más abajo nos quedaremos.

¿La CNMC va a poder establecer criterios o indicadores que permitan evaluar la independencia real de los medios públicos, más allá del reparto por cuotas políticas en los consejos, que es a lo que estamos acostumbrados?

Lo que debería pasar es que sea la legislación de los Estados miembros la que especifique estos criterios, y el regulador independiente el que los supervise. Nosotros podremos opinar. La función real del supervisor no es marcar la pauta de qué está bien o mal; eso es potestad de los legisladores. Y desde mi punto de vista —y aquí te doy mi opinión personal— está clarísimo que esto afecta al escalón autonómico y a las corporaciones públicas autonómicas, tanto para garantizar los mismos derechos del artículo 5 como para que exista una supervisión efectiva e independiente.

Lo que es muy relevante es que se apliquen las salvaguardas del artículo 5 de la EMFA: debe haber un sistema claro y transparente de designación de los directivos. Tiene que ser aprobado, evidentemente, por la mayoría del legislativo y luego debe haber un cumplimiento. ¿Qué evitaría eso? Cambios sucesivos con legislación ad hoc, que es lo que nos ha estado pasando últimamente. Y eso daría la garantía que el servicio público necesita para poder desarrollar su trabajo con la tranquilidad necesaria.

Somos como el que está en la línea de salida esperando que le den la bandera verde

¿Harán falta herramientas como consejos de informativos independientes y estatutos que protejan a los periodistas que trabajan en los medios públicos?

Si la pregunta es si serían convenientes, es un hipotético, por lo tanto, si respondo que sí, no hay ningún problema, porque es un hipotético. Pero déjame que vaya un poco a la realidad. Al final, si repasas la normativa europea, la EMFA o incluso la Ley General de Comunicación Audiovisual, es algo que se da por supuesto de manera implícita: debe haber independencia respecto a la propiedad y respecto a la actuación política. Lo que tú planteas, de alguna manera, es que sean estos consejos informativos los encargados de garantizarlo. Es una de las soluciones posibles para hacerlo.

Lo que está claro es que debe haber algún mecanismo dentro de los medios públicos que lo garantice, que esté articulado y que funcione, y que, por lo tanto, exista. Pero la solución por la que se opte puede ser diversa, porque también va a depender del país. No se tomará la misma decisión en España que en Suecia.

¿Deberían reformarse las leyes que regulan los medios públicos en España para adaptarlas a lo que prevé la EMFA?

Yo creo que deberían actualizarse. “Reformar”, a lo mejor, es una palabra demasiado fuerte, pero lo que parece evidente es que es una oportunidad para volver a empezar. No de cero, pero sí para limpiar y reestructurar el cuerpo legislativo que rige los medios públicos, que con los años se ha ido complicando. Sería el momento de sentarse a recolocar las piezas. Pero esto también es una opinión absolutamente personal. Lo digo porque, en este caso, no hablo en nombre de la Comisión.

¿Es una anomalía que la supervisión independiente que deben ejercer las comunidades —en materia audiovisual ahora y en el futuro en relación con los medios— se lleve a cabo directamente desde sus gobiernos?

En términos formales es difícil decir que sea una anomalía, porque la ley permite esta posibilidad. Pero, de una manera natural, la EMFA parece decir que deberían crearse autoridades supervisoras audiovisuales independientes al estilo de los consejos audiovisuales de Cataluña, Andalucía o la Comunitat Valenciana. Esto sí que es un cambio que se tendrá que dar. Dicho esto, que es la opinión formal, parece lógico que la mejor manera de funcionar sea la de crear un regulador independiente. Pero, de nuevo, estamos ante una decisión de los legislativos autonómicos.

Es un poco extraño que la supervisión la ejerzan los gobiernos autonómicos, que son los que tienen que ser supervisados, por ejemplo, en lo que afecta al reparto de la publicidad institucional.

El reglamento es clarísimo en ese punto: quien realiza estas funciones tiene que ser un órgano independiente.

Pero es chocante que ninguna comunidad haya dado el paso para adoptar esa medida.

Estoy contigo, y lo comparto a nivel personal y como académico. Creo, además, que estos pasos se tendrán que dar porque es un reglamento y, si no se hace, entraremos en infracción.

¿Tiene sentido que en España sea el Gobierno quien concede las licencias de TDT —e hipotéticamente tenga la capacidad de revocarlas— en vez de un organismo independiente?

Como CNMC, la respuesta institucional es que no nos pareció contrario a lo que se puede hacer. Pero es verdad que, en este punto, yo hice un voto particular personal al primer anteproyecto de ley del año 2022: debería ser el regulador independiente y no el Gobierno. Pero es solo mi opinión, no tiene nada que ver con la de la institución. Al no entrar en contradicción con el texto de la EMFA, acaba siendo una decisión del legislador.

Las leyes que regulan los medios públicos en España deberían actualizarse

La EMFA ha generado grandes expectativas sobre la transparencia de la propiedad de los medios. Pero, aunque este punto concreto está en vigor desde febrero, casi nadie lo está cumpliendo. ¿Cómo se va a hacer cumplir esta obligación?

Va a ser posible en el momento en que se atribuyan competencias al supervisor y conlleve sanciones a quien no cumpla. El anteproyecto de ley ya va en esa dirección, y creo que es un paso positivo. Pero para mí hay una segunda cosa muy importante: esto debería ser un elemento distintivo de los medios respecto a los ciudadanos y para quienes ponen publicidad. Esa es la cultura que la EMFA quiere transmitir: si quiero publicitarme en un determinado medio, para mí debería ser un prerrequisito que ese medio cumpla una normativa de transparencia respecto a los ciudadanos. Es una cuestión casi cultural: un elemento que me garantiza que, sea cual sea su orientación, un medio está siendo con la información tan transparente como lo es con su propiedad.

Hay quien ha planteado que el acceso a la publicidad institucional esté vinculado a cumplir estrictamente la exigencia de transparencia en la propiedad.

De nuevo no te puedo dar la opinión institucional, pero desde mi punto de vista creo que con lo que te he dicho antes queda absolutamente claro.

Para repartir la publicidad institucional y también para detectar la concentración, es esencial contar con mecanismos fiables de medición de audiencias. El Gobierno ha renunciado a legislar sobre este asunto, así que, ¿cómo salimos de esta? ¿Cuál sería la receta óptima?

Es una pregunta demasiado difícil. Lo que hemos hecho primero es ver cuál es el panorama, hablando con los medidores de audiencia, con los anunciantes y con los medios. Es una primera visión de cuál es el mapa y el estado de situación para acompañar a la Comisión en la elaboración de unas guías. Lo importante es que, sea cual sea el sistema, debemos garantizar que sea transparente, replicable y que recoja las singularidades de un mercado determinado. No solo me parece lo más complicado, sino también lo más sensible, porque de ahí deriva la supervivencia de muchos. Debería alcanzarse por consenso de todos.

Y, en paralelo, lo que sí está ya en funcionamiento es la obligación de que los sistemas de audiencia pasen por una auditoría anual y externa. Esa auditoría es con la que debemos nutrir a las autoridades audiovisuales para empezar a plantear soluciones. Porque ahora tenemos un conocimiento muy limitado.

La obligación de repartir con transparencia y criterios objetivos la publicidad institucional también está en vigor, pero ninguna administración lo está cumpliendo. Si la ley se aprueba, ¿la CNMC podrá obligar al Estado, a las autonomías o a los ayuntamientos a cumplir?

La EMFA dice que, con el fin de evaluar la exhaustividad de la información sobre la publicidad estatal, los organismos reguladores podrán solicitar a las entidades públicas información más pormenorizada.

Tendrá, entonces, el poder de reclamar a las administraciones...

La CNMC recuerda a los medios que tienen que revelar ya su propiedad y la publicidad que reciben

Ver más

Eso es. Esto es un consenso por el bien de los ciudadanos y de la democracia, y de lo que los medios suponen para la democracia. No aceptarlo no es ir contra la EMFA, es ir contra una idea de lo que es Europa y de lo que supone la democracia.

La CNMC supervisa desde hace relativamente poco tiempo a los influencers con más seguidores e ingresos más elevados. ¿Cómo sabe la CNMC que alguien tiene esos ingresos?

Porque los pedimos. Tenemos la capacidad de supervisión, y eso nos da la capacidad de saber. En caso de que no respondan, pasa lo mismo que cuando imponemos una multa: podemos mirar en el Registro Mercantil. No tenemos un convenio con Hacienda a día de hoy, pero digamos que tenemos maneras de llegar a saber lo que alguien declara, porque además es información pública. Indagamos hasta donde es necesario para ver si alguien está o no sujeto a la ley.