Ningún ‘influencer’ del odio se inscribe en el registro de supervisión de la CNMC un año después de su creación

Los grandes influencers, se dediquen al deporte, a la música, a la moda, a la comunicación o directamente a la desinformación, están obligados desde hace algo más de un año a inscribirse en un registro público a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a someter sus contenidos a la supervisión de este organismo. Sin embargo, la mayoría de ellos no lo está haciendo. Y eso que la normativa solo les daba un máximo de dos meses para registrarse.

Según reconoció el pasado 15 de mayo la presidenta de la CNMC,  Cani Fernández, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, hace un mes solo se habían registrado 89, cuando la propia Comisión calcula que la obligación de inscribirse alcanza a unos 1.600. En el momento de redactar esta información, la lista de inscritos era de 93, lo que significa que el 94 % sigue ignorando, un año después de la entrada en vigor de la norma, la obligación de inscribirse en el registro. Este porcentaje incluye la totalidad de los principales agitadores de extrema derecha que potencialmente entran dentro de la categoría de “usuarios de especial relevancia” fijada por el decreto: tener unos ingresos anuales superiores a 300.000 euros derivados del conjunto de su actividad audiovisual y superar el millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones de seguidores en el global de su actividad.

Son cifras muy elevadas, que limitan mucho la obligada inscripción de los influencers. De hecho, el anteproyecto de ley reguladora del derecho de rectificación —que les va a incluir entre los sujetos a los que será exigible rectificar contenidos que cualquiera considere inexactos y que crea que su divulgación pueda causarle perjuicio (algo que hasta ahora solo afectaba a los medios de comunicación)— propone reducir esos umbrales para que sean considerados usuarios de especial relevancia todos aquellos que alcancen, en algún momento, un número de seguidores superior a 100.000 en una única plataforma o 200.000 de forma agregada, sumando todas las plataformas en las que el usuario desarrolle su actividad, sin tener en cuenta siquiera su nivel de ingresos.

Prohibido incitar al odio

Los influencers que están en esta categoría tienen que cumplir con la normativa en materia de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual, como identificar los espacios publicitarios o no hacer publicidad de tabaco, medicamentos o alcohol. Es decir, sus obligaciones se homologarán con las del resto de agentes audiovisuales.

Pero no solo eso. La ley les prohíbe difundir contenidos que inciten a “la violencia, al odio o a la discriminación contra un grupo o miembros de un grupo por razón de edad, sexo, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, raza, color, origen étnico o social, características sexuales o genéticas, lengua, religión o creencias, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, nacionalidad, patrimonio o nacimiento”.

La CNMC, en un informe acerca de la reforma del derecho de rectificación, aprovechó para pedir al Gobierno una reforma de la Ley Audiovisual para que a estos influencers, como sucede con las televisiones y las radios, se les exija cumplir el principio de veracidad en la información, como comunicadores de información que son.

Es imposible saber cuánto ganan los principales influencers gracias a su actividad en redes, pero sí existen cifras, más o menos exactas, de su número de seguidores en las plataformas abiertas. Y muchos de los que forman parte del ecosistema ultra en las redes sociales no están, de momento, obligados a inscribirse en el registro de la CNMC. Solo una rebaja sustancial de las audiencias, como la prevista en el anteproyecto de reforma del derecho de rectificación, les pondría en el punto de mira.

Los ‘influencer’ ultra

Es el caso de Wall Street Wolverine (con aproximadamente dos millones de seguidores entre sus diferentes redes sociales), con un discurso antiinmigración y habitual difusor de noticias falsas. O de Un Tío Blanco Hetero (550.000 sólo en YouTube), volcado contra el feminismo, al igual que Roma Gallardo (más de dos millones de seguidores en YouTube), difusor de tesis extremistas —también sobre la DANA en el País Valenciano—; Ángel Gaitán (2,1 millones de seguidores en Instagram y 648.000 en YouTube).

Hay otros más centrados en la política, como el agitador ultra Vito Quiles (464.000 seguidores en X, 716.000 en Instagram y 389.000 en YouTube), difusor de noticias falsas y que asedia a inmigrantes y políticos publicando vídeos polémicos, una tarea que también realiza, entre otros, Bertrand Ndongo (154.000 seguidores en X, 53.000 en Instagram y 67.000 en YouTube), con el impulso de pseudomedios como EDA TV y Periodista Digital. InfoVlogger, por ejemplo, tiene casi 850.000 seguidores (425.000 en YouTube, 119.000 en Instagram, 172.000 en X, 44.000 en TikTok y 82.000 en Facebook). El eurodiputado Alvise Pérez es otro de ellos, con 706.000 seguidores en Telegram, 1,1 millones en Instagram y 339.000 en YouTube.

Iker Jiménez, presentador de televisión y difusor de bulos, muy apreciado en la extrema derecha, tiene también una amplia presencia en redes sociales y tampoco está en el registro. Solo entre YouTube y X tiene más de dos millones de seguidores.

Hay otro grupo de influencers conservadores y católicos que cumplen todos los criterios asociados a una derecha elitista y religiosa, pero de perfil menos combativo. Entre ellos están Tamara Falcó, María García de Jaime, Tomás Páramo, Victoria Federica Marichalar o María Pombo (la primera y la última sí se han inscrito en el registro de la CNMC).

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Entre los que, de momento, sí se han registrado hay 61 personas físicas y 32 sociedades, como Kings Competition, S.L., o Ac2ality, S.L. Abundan los creadores de contenido sobre moda y estilo de vida o que simplemente se exhiben a sí mismos, como Dulceida, Tamara Falcó, Belén Esteban, Cristina Pedroche o Paula Echeverría. Hay varios cantantes o músicos, como Aitana, Ana Mena, David Bustamante o David Bisbal, algunos deportistas famosos, como los hermanos Márquez, Sergio Ramos o Carlos Alcaraz, así como influencers clásicos con enormes audiencias, como es el caso de Ibai Llanos o de ElRubius.

En mayo, según explicó su presidenta en el Congreso, la CNMC había tramitado “más de 70 actuaciones sobre usuarios de especial relevancia”. No concretó a qué obedecían ni si en algún caso han dado lugar a expedientes de sanción. Sí aseguró que, aunque la inmensa mayoría de los influencers no se ha registrado, la Comisión no va a “hacer dejación de funciones. Igualmente vamos a hacer nuestra supervisión, nuestro seguimiento, nuestros procedimientos sancionadores, llegado el caso, a todos ellos, y estamos llevando a cabo esa labor de supervisión con todos”. “Estamos siendo muy activos”, añadió, porque “es una forma también de mandar mensajes para que, de alguna forma, el impacto de las decisiones que adoptamos llegue a la concienciación de aquellos usuarios de especial relevancia que no se han inscrito todavía y que se deben inscribir en los registros”.

infoLibre preguntó a la Comisión qué puede hacer para obligar a los no inscritos a anotarse en el registro, cómo lleva a cabo su supervisión y qué clase de “actuaciones” ha iniciado en relación con los usuarios de especial relevancia. No obtuvo respuesta.